MARRUECOS, EL MACABRO NEGOCIO DEL ESTRECHO Y LA RENDICIÓN DE ESPAÑA
Hachís, narcotráfico, tráfico de seres humanos, inmigración, delincuencia, remesas multimillonarias, puertos, intereses del Majzén y reivindicaciones territoriales: las distintas piezas de una estrategia de poder que España lleva décadas sin afrontar con la determinación necesaria.
12 de octubre de 2026 — Día de la Fiesta Nacional de España
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
I. DON FELIPE VISITARÁ MAÑANA CEUTA. YA ERA HORA (QUIZÁ MEJOR, «A BUENAS HORAS, MANGAS VERDES»).
Mañana, martes 13 de octubre de 2026, don Felipe VI, rey de España, acompañado por doña Letizia, visitará oficialmente Ceuta. Al día siguiente hará lo propio en Melilla.
Una noticia que debería resultar tan ordinaria como anunciar que los Reyes visitarán Zaragoza, Badajoz, Valladolid o cualquier otra ciudad española.
Pero no.
En esta España nuestra, donde hemos conseguido convertir lo normal en extraordinario y lo extraordinario en costumbre, que el jefe del Estado visite dos ciudades españolas constituye un acontecimiento diplomático de primer orden.
¿Por qué?
Porque Marruecos sigue reivindicando unos territorios que no le pertenecen y porque nuestros gobernantes llevan demasiado tiempo organizando sus relaciones con el vecino del sur alrededor de una preocupación casi enfermiza: no molestar al rey Mohamed VI.
Don Felipe será el primer monarca español que visite oficialmente Ceuta y Melilla desde que Juan Carlos I y doña Sofía lo hicieron en noviembre de 2007.
Han transcurrido diecinueve años.
Diecinueve años durante los cuales ningún rey de España ha vuelto a pisar oficialmente esas dos ciudades.
En 2007, Marruecos respondió a la visita retirando a su embajador en Madrid.
¡Faltaría más!
El monarca español se había atrevido a visitar territorio español sin solicitar previamente el beneplácito del monarca marroquí.
La ofensa, por lo visto, resultaba intolerable.
Mañana, don Felipe llegará a Ceuta en circunstancias especialmente graves, después de la extraordinaria crisis fronteriza de finales de julio y de conocerse que buques de guerra marroquíes realizaron incursiones no autorizadas en aguas españolas próximas a la ciudad.
Al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí participaron en aquellas maniobras, que obligaron a intervenir a unidades de nuestra Armada.
El Gobierno español acabó declarando una situación de interés para la seguridad nacional.
Y ahora, casi tres meses después, celebramos la visita del Rey.
Bienvenida sea.
Pero conviene recordar algo elemental: Ceuta y Melilla no necesitan únicamente una visita regia, sino una política de Estado capaz de garantizar permanentemente su soberanía, su seguridad y su prosperidad.
Porque los Reyes se marcharán.
Los ceutíes y melillenses seguirán allí.
Y Mohamed VI también.
Con sus reivindicaciones territoriales, sus grandes proyectos económicos, sus poderosos instrumentos diplomáticos y una política nacional que, a diferencia de la española, parece concebida para sobrevivir a los gobiernos de turno.
La cuestión no es solamente qué hará don Felipe durante su visita.
La verdadera cuestión es qué pretende hacer España durante los próximos diez, veinte, treinta… años.
Y para comprenderla debemos examinar un negocio extraordinariamente rentable que se desarrolla a ambos lados del Estrecho.
Un negocio que mezcla actividades legales e ilegales, intereses económicos, delincuencia organizada, movimientos migratorios y disputas de poder.
Bienvenidos al macabro negocio del Estrecho de Gibraltar.
II. UNA FRONTERA, DOS ESTADOS Y UNA EXTRAORDINARIA DESIGUALDAD DE VOLUNTADES
Miremos un mapa.
Entre España y Marruecos se encuentra uno de los pasos marítimos más importantes del mundo.
Por sus aguas circulan diariamente buques mercantes, petroleros, portacontenedores y embarcaciones de toda clase.
A un lado, España, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.
Al otro, Marruecos, monarquía norteafricana con ambiciones económicas, comerciales y territoriales perfectamente conocidas.
La geografía ha colocado a ambos países frente a frente.
La política ha hecho el resto.
Durante décadas, Marruecos ha desarrollado una estrategia sostenida para reforzar su influencia regional.
Invierte en puertos.
Atrae empresas internacionales.
Desarrolla infraestructuras industriales.
Negocia acuerdos comerciales.
Utiliza su situación geográfica como instrumento de influencia.
Y mantiene sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.
España, por su parte, ha combinado momentos de firmeza con demasiados períodos de complacencia, improvisación y concesiones diplomáticas.
Nuestros gobernantes parecen especialmente inclinados a considerar que cualquier problema con Marruecos puede resolverse mediante una reunión bilateral, una declaración de amistad o una nueva transferencia de recursos.
Y así hemos llegado a una situación verdaderamente grotesca.
Mientras Marruecos construye grandes instalaciones portuarias junto a nuestras ciudades norteafricanas, España se felicita por la excelente marcha de las relaciones bilaterales.
Mientras las mafias continúan introduciendo toneladas de hachís, escuchamos discursos sobre la cooperación policial.
Mientras miles de personas atraviesan nuestras fronteras, nuestros gobernantes anuncian nuevas políticas de acogida.
Y cuando unidades militares marroquíes penetran en aguas españolas, descubrimos que la estabilidad bilateral necesita nuevas conversaciones diplomáticas.
Todo muy cordial.
Todo muy institucional.
Y todo extraordinariamente satisfactorio para quien consigue avanzar mientras el otro se dedica a administrar las consecuencias.
III. EL MAJZÉN: DONDE EL PODER POLÍTICO Y EL ECONÓMICO SE DAN LA MANO
Para comprender a Marruecos resulta imprescindible conocer el Majzén.
Con este nombre se designa tradicionalmente al entramado de poder que rodea a la monarquía marroquí: la Corona, las principales instituciones, las élites administrativas, los servicios de seguridad y las redes de influencia política y económica.
No estamos ante una simple organización gubernamental.
Hablamos de una estructura histórica de poder que ha sobrevivido a sucesivos monarcas y a numerosas transformaciones del país.
Y en su cúspide aparece Mohamed VI.
El rey no es solamente el jefe del Estado.
Ejerce una influencia decisiva sobre la política exterior, la defensa, la seguridad y las grandes orientaciones del reino.
Pero existe otra dimensión de la monarquía marroquí que merece una atención especial.
La familia real participa en un poderoso entramado empresarial con intereses en sectores fundamentales de la economía nacional.
El grupo Al Mada, heredero de la antigua Société Nationale d’Investissement, constituye una de las principales expresiones de ese poder económico.
Sus intereses se extienden al sector bancario, la minería, los seguros, la distribución comercial, la energía y otras actividades estratégicas.
Empresas como Attijariwafa Bank y Managem figuran entre sus participaciones más conocidas.
Hace años, la revista Forbes estimó la fortuna personal de Mohamed VI en unos 5.700 millones de dólares.
Las valoraciones actuales de las participaciones empresariales relacionadas con la familia real reflejan igualmente una enorme concentración de riqueza.
Compárese semejante poder económico con los problemas sociales del país.
Desempleo juvenil.
Pobreza rural.
Desigualdades territoriales.
Carencias educativas y sanitarias.
Emigración.
Resulta difícil encontrar una demostración más elocuente de que la acumulación de riqueza en las proximidades del poder político no garantiza necesariamente la prosperidad de los gobernados.
Y surge una pregunta fundamental.
¿Quién vigila los intereses económicos de quienes controlan las instituciones encargadas de regular la economía?
Otra.
¿Cómo se garantiza la igualdad ante la ley cuando los principales poderes políticos y económicos se encuentran tan estrechamente relacionados?
Y una tercera, directamente relacionada con España.
¿Qué consecuencias tiene esa concentración de poder cuando el Gobierno marroquí negocia con nosotros acuerdos comerciales, fronterizos, energéticos y diplomáticos?
No estamos hablando de las relaciones ordinarias entre dos democracias con poderes independientes y mecanismos equivalentes de control.
Estamos hablando de un Estado en el que la monarquía conserva una influencia extraordinaria.
Y cuya política exterior responde a objetivos estratégicos sostenidos durante décadas.
IV. EL HACHÍS: UNA INDUSTRIA CLANDESTINA CON DÉCADAS DE ANTIGÜEDAD
Marruecos lleva décadas ocupando una posición destacadísima en la producción y exportación clandestina de resina de cannabis destinada a Europa.
Las regiones septentrionales del país, especialmente el Rif, han desempeñado un papel fundamental en esa actividad.
Durante muchos años, las grandes rutas de distribución han tenido como destino principal España y el resto del mercado europeo.
No hablamos de un fenómeno marginal.
Tampoco de pequeños cultivadores que producen unas cuantas plantas para su consumo.
Hablamos de una actividad clandestina internacional que mueve enormes cantidades de mercancía y dinero.
Y que necesita una organización considerable.
Cultivadores.
Intermediarios.
Transportistas.
Propietarios de embarcaciones.
Almacenistas.
Distribuidores.
Blanqueadores de capitales.
Y, cuando las circunstancias lo permiten, funcionarios dispuestos a vender su colaboración.
El negocio no consiste únicamente en producir droga.
Consiste en trasladarla, introducirla en los mercados, distribuirla y transformar sus beneficios en bienes aparentemente legales.
En otras palabras: el narcotráfico comienza en los cultivos, pero puede terminar en despachos, cuentas bancarias, empresas e inversiones inmobiliarias.
Ya en los años noventa, distintos informes y publicaciones internacionales denunciaban la dimensión del tráfico de hachís procedente de Marruecos y las redes de corrupción que facilitaban su actividad.
El Observatorio Geopolítico de las Drogas llevó estas cuestiones al debate público europeo.
Desde entonces han transcurrido más de treinta años.
Y el problema continúa.
Mientras tanto, España ha dedicado enormes recursos policiales y judiciales a perseguir a las organizaciones que operan en el Estrecho, el litoral andaluz y otras regiones.
Se han intervenido embarcaciones, cargamentos, vehículos, inmuebles y cantidades millonarias de dinero.
Han sido detenidos miles de delincuentes.
Pero las mafias continúan adaptándose.
Porque cuando existe una demanda elevada, beneficios extraordinarios y posibilidades de corrupción, la delincuencia organizada desarrolla una capacidad de regeneración formidable.
Y cuanto mayores son sus recursos financieros, más dificultades encuentran las instituciones para combatirla.
La droga destruye vidas.
Pero el dinero del narcotráfico puede destruir también instituciones.
Y esa segunda consecuencia resulta especialmente peligrosa.
V. EL «PABLO ESCOBAR DEL SÁHARA»: CUANDO LOS NEGOCIOS SUCIOS LLEGAN A LA POLÍTICA
En junio de 2026 se produjo un acontecimiento especialmente revelador.
Un tribunal de Casablanca condenó a dos antiguos dirigentes políticos marroquíes en el proceso relacionado con Ahmed Ben Brahim, conocido como el Pablo Escobar del Sáhara.
Abdenbi Bioui recibió una condena de doce años de prisión.
Saïd Naciri, de diez.
Ambos habían pertenecido al Partido Autenticidad y Modernidad, formación de considerable importancia dentro del sistema político marroquí.
Bioui había ocupado responsabilidades territoriales relevantes.
Naciri había sido diputado y presidente del Wydad de Casablanca.
No eran dos delincuentes de poca monta que transportaban unos paquetes de hachís escondidos en un automóvil.
Eran personalidades con relaciones políticas, contactos empresariales y capacidad de influencia.
La investigación sacó a la luz una trama de corrupción, tráfico de influencias y operaciones relacionadas con el narcotráfico internacional.
He aquí la verdadera cuestión.
¿Cómo consiguen prosperar durante años estas redes y penetrar en círculos políticos de semejante importancia?
¿Cuántos negocios aparentemente respetables se han construido con dinero de procedencia criminal?
¿Cuántas voluntades pueden comprarse cuando los beneficios del narcotráfico superan los ingresos legales de quienes deberían perseguirlo?
Y, sobre todo, ¿qué está haciendo España para impedir que las consecuencias de esas redes terminen extendiéndose por nuestro territorio?
Los traficantes no respetan fronteras.
Los blanqueadores de capitales tampoco.
Y quienes dirigen las organizaciones criminales suelen comprender perfectamente las ventajas de establecer relaciones con personas influyentes.
Una cosa es combatir a quienes transportan la droga.
Otra, mucho más difícil, consiste en desmantelar el sistema económico y de corrupción que permite mantener el negocio.
VI. LOS NARCOTÚNELES DE CEUTA: EL NEGOCIO YA DISCURRE POR DEBAJO DE NUESTRAS NARICES
El 31 de marzo de 2026, la Policía Nacional informó del descubrimiento de una compleja infraestructura subterránea utilizada para introducir hachís en Ceuta desde Marruecos.
La operación permitió detener a veintisiete personas.
Se intervinieron más de diecisiete toneladas de droga.
También aparecieron aproximadamente 1,43 millones de euros en efectivo, vehículos de lujo y numerosos equipos de comunicación.
La instalación descubierta parecía concebida por ingenieros especializados.
Disponía de varios niveles, cámaras de almacenamiento y una conexión destinada a trasladar clandestinamente los fardos.
Los investigadores señalaron a dos dirigentes principales de la organización, uno situado en Marruecos y otro en Ceuta.
El primero fue descrito como el «narcoarquitecto».
Magnífico.
Mientras a un ciudadano español le exigen innumerables trámites para obtener una licencia de obras, las mafias construyen instalaciones clandestinas para atravesar una frontera internacional.
Mientras nuestros políticos debaten sobre nuevas estrategias de seguridad, los narcotraficantes desarrollan sus propias infraestructuras.
Y mientras algunos ministros se felicitan por la extraordinaria cooperación con Marruecos, los delincuentes demuestran una capacidad de coordinación verdaderamente admirable.
Admirable, naturalmente, desde el punto de vista organizativo.
Porque las consecuencias son devastadoras.
El caso demuestra hasta qué punto determinadas mafias disponen de capital, medios técnicos y colaboradores suficientes para desarrollar operaciones de gran envergadura.
Y obliga a formular otra pregunta.
¿Cuántas instalaciones semejantes han funcionado durante años sin ser descubiertas?
La frontera no es solamente una valla.
También es un espacio marítimo, terrestre y económico en el que operan organizaciones muy distintas.
Por eso su protección exige bastante más que discursos, fotografías y declaraciones de buenas intenciones.
VII. EL OTRO NEGOCIO MACABRO: COBRAR POR ARRIESGAR LA VIDA DE LOS DEMÁS
Junto al narcotráfico encontramos otra actividad criminal especialmente repugnante.
El tráfico de seres humanos.
Durante décadas, miles de personas procedentes de distintos países africanos han entregado sus ahorros a organizaciones que les prometen trasladarlas irregularmente a territorio europeo.
Algunas pagan cantidades extraordinarias para sus posibilidades económicas.
Otras contraen deudas.
Muchas quedan sometidas a intermediarios que controlan su alojamiento, transporte y desplazamientos.
Y demasiadas terminan muriendo en el Mediterráneo o en el Atlántico.
El negocio presenta una característica verdaderamente monstruosa.
El traficante cobra por adelantado; el cliente asume el peligro; y, cuando todo termina en tragedia, generalmente no existe devolución posible.
La desesperación se convierte en mercancía.
El miedo se convierte en una oportunidad comercial.
Y la frontera, en una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
Pero las consecuencias no terminan ahí.
Cuando las personas llegan a España, las administraciones deben proporcionar identificación, asistencia sanitaria, protección de menores, servicios de emergencia y alojamiento cuando corresponde.
El Estado de destino asume una parte considerable de los costes.
Las mafias, entretanto, ya han cobrado.
He aquí una de las grandes paradojas de nuestro tiempo.
Los delincuentes encuentran un negocio extraordinariamente rentable en la explotación de quienes quieren entrar en Europa.
Los gobiernos europeos dedican grandes cantidades a gestionar las consecuencias.
Y los países de origen siguen teniendo enormes problemas de desempleo, pobreza y falta de oportunidades.
Un mecanismo que puede perpetuarse durante décadas.
Y que exige una explicación mucho más seria que la habitual alternativa entre sentimentalismo y descalificaciones.
La compasión por quienes sufren no obliga a renunciar al control de las fronteras.
Todo lo contrario.
Cuanto más eficaz sea el control de las rutas clandestinas, menos oportunidades tendrán las mafias para enriquecerse explotando la desesperación humana.
VIII. LAS REMESAS: CUANDO TRABAJAR EN EUROPA TAMBIÉN FINANCIA LA ECONOMÍA MARROQUÍ
Hay otra dimensión de la emigración que suele recibir mucha menos atención.
Las remesas.
Los marroquíes que viven y trabajan fuera de su país envían cantidades considerables de dinero a sus familias.
La Oficina de Cambios de Marruecos publicó que esas transferencias alcanzaron durante 2025 los 122.023 millones de dírhams.
En 2024 habían ascendido a 118.979 millones.
El incremento fue del 2,6 %.
Estamos hablando de unos once mil millones de euros anuales, según el tipo de cambio.
Una cantidad extraordinaria.
Ese dinero permite sostener hogares, financiar gastos familiares, mejorar viviendas, consumir productos e invertir.
Y también fortalece la economía marroquí mediante una entrada considerable de divisas.
No es necesario que las remesas terminen directamente en las arcas públicas para que el Estado obtenga beneficios económicos indirectos.
El consumo genera actividad.
La actividad proporciona ingresos fiscales.
Las divisas refuerzan las cuentas exteriores.
Y los hogares que reciben dinero del extranjero soportan mejor determinadas dificultades económicas.
El resultado merece una reflexión política.
La emigración reduce una parte de la presión sobre el mercado laboral del país de origen y contribuye económicamente a mantener a numerosas familias.
Por tanto, constituye una solución parcial para problemas que las autoridades marroquíes no consiguen resolver mediante la creación suficiente de oportunidades dentro del país.
Y surge la pregunta incómoda.
¿Qué incentivos tiene un sistema político para transformar radicalmente una situación de la que su economía obtiene semejantes beneficios?
No estamos hablando de impedir que un trabajador envíe dinero a sus familiares.
Hablamos de examinar las consecuencias económicas y políticas de una realidad que afecta a millones de personas.
Y también de preguntarnos por qué España debe organizar parte de su política migratoria alrededor de las dificultades estructurales de un Estado vecino.
La cooperación es necesaria.
Pero la cooperación no consiste en que uno de los países conserve los beneficios mientras el otro soporta indefinidamente las consecuencias.
IX. LA INMIGRACIÓN Y LA DELINCUENCIA: CUANDO LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES RESULTAN INCÓMODAS
Llegamos a una de las cuestiones más discutidas de la política española.
La relación entre inmigración y delincuencia.
Durante años, numerosos dirigentes políticos y creadores de opinión han preferido convertir cualquier discusión sobre esta materia en un enfrentamiento moral.
Pero existe una manera mucho más sencilla de comenzar.
Consultar las estadísticas.
El Instituto Nacional de Estadística publicó el 14 de julio de 2026 los resultados correspondientes a la población condenada adulta en 2025.
Se registraron 306.237 personas adultas condenadas mediante sentencia firme.
El 70,2 % tenía nacionalidad española.
El 29,8 % tenía nacionalidad extranjera.
Pero la comparación más importante no es esa.
Es la tasa de personas condenadas por cada mil habitantes mayores de edad.
Entre los españoles fue de 6,1.
Entre los extranjeros, de 15,3.
Es decir, la tasa correspondiente a ciudadanos extranjeros multiplicó por 2,5 la de los españoles.
No se trata de una encuesta.
Ni de una sospecha policial.
Ni de una apreciación personal.
Estamos hablando de condenas firmes registradas oficialmente.
Y esos resultados deben ser estudiados sin convertir el debate en una representación teatral.
La nacionalidad extranjera no constituye por sí misma una explicación de la delincuencia. La edad, el sexo, la situación económica, los antecedentes, la integración y la actividad de las organizaciones criminales influyen en las diferencias observadas.
Precisamente por eso hace falta investigar cuáles son los factores determinantes y qué medidas permiten reducir los delitos.
Porque el objetivo de una política de seguridad no consiste en ganar discusiones ideológicas.
Consiste en impedir que los ciudadanos sufran agresiones, robos, amenazas y otras conductas delictivas.
Y esas víctimas tienen derecho a exigir resultados.
No sermones.
X. CATALUÑA Y LOS PRESOS EXTRANJEROS: UNA RADIOGRAFÍA QUE EXIGE EXPLICACIONES
Las estadísticas penitenciarias de Cataluña merecen especial atención.
Según los datos oficiales del Instituto de Estadística de Cataluña, al finalizar 2024 había 8.594 personas encarceladas en sus centros penitenciarios.
De ellas, 4.454 tenían nacionalidad extranjera.
Representaban el 51,8 % del total.
Más de la mitad.
Dentro de la población penitenciaria extranjera, 1.937 personas procedían del Magreb.
El dato resulta particularmente significativo por el peso de la emigración marroquí en Cataluña y por la importancia de las relaciones económicas y sociales entre ambos territorios.
Ahora bien, para estudiar correctamente las diferencias entre poblaciones, hay que comparar tasas respecto a sus respectivas poblaciones, no limitarse a observar porcentajes absolutos de presos.
También es importante distinguir entre presos preventivos y condenados.
Y entre delincuencia común, delincuencia organizada y delitos relacionados con determinadas actividades económicas clandestinas.
La necesidad de hacer esas distinciones no reduce la importancia del problema.
La aumenta.
Porque permite preguntarse qué políticas han funcionado, cuáles han fracasado y dónde se encuentran las mayores dificultades.
Durante años, los responsables de las políticas autonómicas de integración han desarrollado programas, campañas y discursos destinados a promover la convivencia.
Pues bien, ha llegado el momento de evaluar sus resultados.
¿Cuántas personas encuentran empleo?
¿Cuántas abandonan prematuramente sus estudios?
¿Qué relación existe entre exclusión social y reincidencia?
¿Qué barrios soportan mayores concentraciones de delincuencia?
¿Qué medidas policiales, judiciales y sociales han conseguido reducirla?
Un Gobierno responsable debería responder mediante datos.
Y no mediante la cómoda costumbre de desacreditar a cualquiera que formule preguntas incómodas.
XI. ESPAÑA HA CAMBIADO DEMOGRÁFICAMENTE A UNA VELOCIDAD EXTRAORDINARIA
La evolución de la población española durante las últimas décadas constituye otro fenómeno de enorme importancia.
A 1 de julio de 2026, España tenía 49.801.559 habitantes.
De ellos, 7.437.543 eran extranjeros.
Aproximadamente el 14,9 % de la población.
Pero existe una cifra todavía más reveladora.
Más de 10,29 millones de residentes habían nacido fuera de España.
La diferencia entre ambas magnitudes se explica, entre otros factores, por las adquisiciones de nacionalidad española.
Esto significa que los datos de nacionalidad no describen completamente la magnitud de la transformación migratoria experimentada por el país.
España ha recibido durante las últimas décadas a millones de personas.
Una parte considerable se ha incorporado al mercado laboral y participa plenamente en la vida nacional.
Pero semejante transformación también plantea exigencias extraordinarias.
Vivienda.
Sanidad.
Educación.
Infraestructuras.
Empleo.
Seguridad.
Administración de justicia.
Y capacidad efectiva de integración.
Ningún Estado puede desarrollar una política migratoria seria sin calcular sus necesidades económicas, sus recursos y las consecuencias sobre los servicios públicos.
Y una política que se limite a aumentar continuamente la población sin acompañar ese crecimiento de suficientes inversiones termina trasladando dificultades a los residentes, tanto españoles como extranjeros.
Cuando falta vivienda, todos compiten por un recurso escaso.
Cuando los servicios públicos están saturados, todos sufren las consecuencias.
Y cuando los procedimientos administrativos son ineficaces, también salen beneficiados quienes viven de la ilegalidad.
La inmigración no puede gestionarse como una suma interminable de improvisaciones.
Requiere planificación, normas claras y capacidad para hacerlas cumplir.
Precisamente lo que demasiadas veces ha faltado.
XII. JULIO DE 2026: CEUTA DESCUBRE CUÁNTO VALE UNA FRONTERA
Los días 30 y 31 de julio de 2026 marcaron un antes y un después en la seguridad de Ceuta.
La entrada masiva de personas procedentes de Marruecos alcanzó dimensiones extraordinarias.
Las informaciones publicadas hablan de más de setenta mil entradas durante aquella crisis.
La situación desbordó las capacidades ordinarias de identificación, control y acogida.
Los servicios públicos quedaron sometidos a una presión excepcional.
Y el Gobierno español terminó aprobando el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declaró una situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta.
Es decir, el propio Ejecutivo reconoció oficialmente la dimensión extraordinaria de los acontecimientos.
No hablamos de una incidencia administrativa.
Ni de un problema local.
Hablamos de una crisis que afectó a la capacidad del Estado para ejercer sus competencias esenciales.
Y aquí aparecen las preguntas que los españoles tienen derecho a formular.
¿Dónde estuvo la prevención?
¿Qué información poseían los servicios de inteligencia?
¿Qué medidas se habían preparado ante la posibilidad de una entrada masiva?
¿Qué papel desempeñaron las autoridades marroquíes en el control de sus propias fronteras?
¿Y qué compromisos asumidos previamente por ambos gobiernos dejaron de funcionar?
La política de fronteras no puede convertirse en una sucesión de emergencias gestionadas después de producirse.
Un Estado debe prever.
Y cuando no consigue evitar una crisis, tiene la obligación de examinar qué ha fallado para impedir su repetición.
De lo contrario, la excepcionalidad termina convirtiéndose en costumbre.
Y la costumbre, en vulnerabilidad permanente.
XIII. LAS INCURSIONES DE LA MARINA MARROQUÍ: UNA ADVERTENCIA DE EXTRAORDINARIA GRAVEDAD
Hoy, 12 de octubre de 2026, hemos conocido nuevos detalles sobre los acontecimientos de finales de julio.
Buques de guerra marroquíes realizaron incursiones no autorizadas en aguas españolas próximas a Ceuta.
Entre las unidades implicadas figuraban una fragata y varias patrulleras.
La Armada española respondió desplegando el buque de acción marítima Rayo y las fragatas Santa María y Navarra.
Las maniobras provocaron momentos de tensión y riesgo de colisión entre embarcaciones militares.
La situación acabó estabilizándose después de actuaciones navales y gestiones diplomáticas.
El propio Pedro Sánchez ha confirmado la entrada de buques marroquíes en aguas próximas a Ceuta.
Lo sucedido constituye una cuestión de enorme importancia nacional.
Porque no estamos hablando solamente de la circulación irregular de personas.
Estamos hablando de unidades militares de un Estado extranjero que mantienen una actuación incompatible con el respeto debido al espacio marítimo español.
Y ese Estado conserva reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.
¿De verdad puede seguir analizándose nuestra relación con Marruecos exclusivamente desde el lenguaje de la cooperación y la buena vecindad?
Una relación internacional no puede considerarse satisfactoria cuando se producen incidentes de semejante gravedad.
Y una política exterior que aspire a defender eficazmente los intereses nacionales debe establecer límites perfectamente comprensibles.
España no necesita proclamar hostilidad hacia Marruecos.
Necesita que Marruecos comprenda que el respeto a nuestra soberanía constituye una condición imprescindible para mantener relaciones verdaderamente amistosas.
La amistad no consiste en soportarlo todo.
Tampoco en fingir que no ha sucedido nada.
Y menos todavía en convertir cada incidente en una oportunidad para anunciar otra etapa de entendimiento.
XIV. TÁNGER MED: EL PUERTO QUE DEMUESTRA QUE MARRUECOS SABE PLANIFICAR
Hasta aquí hemos hablado de actividades criminales, inmigración y seguridad.
Pero la transformación económica de Marruecos presenta una importancia estratégica igualmente considerable.
El puerto de Tánger Med cerró 2025 con 11.106.164 contenedores equivalentes de veinte pies, un 8,4 % más que el año anterior.
Valencia movió aproximadamente 5,66 millones.
Algeciras, alrededor de 4,74 millones.
Por tanto, un solo complejo portuario marroquí superó el tráfico conjunto de los dos principales puertos españoles.
Y lo hizo después de menos de veinte años de actividad.
No estamos ante un éxito improvisado.
Marruecos ha desarrollado alrededor de Tánger Med una extensa estructura industrial y logística.
Zonas francas.
Fábricas.
Centros de distribución.
Infraestructuras de transporte.
Instalaciones automovilísticas.
Industrias exportadoras.
Y acuerdos con grandes compañías internacionales.
El negocio no consiste únicamente en mover contenedores.
Consiste en atraer actividad económica.
En generar redes de proveedores.
En integrar producción y transporte.
Y en convertir una ventaja geográfica en riqueza e influencia.
España continúa disponiendo de un sistema portuario muy importante.
En 2025 nuestros puertos alcanzaron un récord histórico de 18,6 millones de contenedores equivalentes.
Por tanto, el problema no consiste en que hayan dejado de crecer.
Consiste en que Marruecos ha desarrollado un competidor extraordinariamente poderoso en un espacio donde España disfrutaba de ventajas decisivas.
Y continúa ampliándolo.
XV. NADOR WEST MED: EL SEGUNDO GRAN PROYECTO, ESTA VEZ JUNTO A MELILLA
Si Tánger Med amenaza con alterar la posición comercial de Algeciras, el desarrollo de Nador West Med abre otro frente junto al territorio español de Melilla.
El nuevo complejo pretende convertirse en un gran centro portuario, industrial, energético y logístico.
El grupo CMA CGM y la operadora marroquí Marsa Maroc han establecido acuerdos para explotar una terminal de contenedores cuya entrada progresiva en funcionamiento se prevé para 2027.
La instalación occidental tendrá capacidad para aproximadamente 1,8 millones de contenedores equivalentes anuales.
El proyecto general contempla ampliaciones y nuevas capacidades.
Marruecos pretende reproducir buena parte del modelo que ha convertido a Tánger Med en una instalación de importancia internacional.
Y aparece una circunstancia geográfica que merece mucha atención.
Tánger Med se desarrolla junto al entorno de Ceuta.
Nador West Med crece junto al entorno de Melilla.
Dos grandes concentraciones industriales y portuarias en las proximidades de nuestras dos ciudades norteafricanas.
Ningún análisis serio de la seguridad económica española puede ignorar esa transformación.
Porque los puertos generan comercio.
El comercio genera inversiones.
Las inversiones generan dependencia o influencia.
Y la influencia económica termina teniendo consecuencias políticas.
Resulta perfectamente legítimo que Marruecos aspire a desarrollar sus puertos.
Lo incomprensible sería que España no respondiera mediante una estrategia propia suficientemente ambiciosa.
XVI. BRUSELAS Y LA COMPETITIVIDAD: UNA EXTRAÑA MANERA DE DEFENDER LA ECONOMÍA EUROPEA
La Unión Europea también merece una parte importante de nuestra crítica.
Desde 2024, el transporte marítimo se encuentra incluido progresivamente en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión.
La obligación se aplica de manera escalonada.
El 40 % de las emisiones correspondientes a 2024.
El 70 % en 2025.
Y el 100 % a partir de 2026, con las entregas de derechos correspondientes en los años siguientes.
El objetivo declarado consiste en reducir las emisiones contaminantes.
Pero las consecuencias competitivas requieren especial atención.
Los puertos europeos afrontan un marco normativo que no siempre tiene equivalencia en los países vecinos.
Eso puede favorecer desplazamientos de actividad e inversiones hacia instalaciones extracomunitarias.
El problema afecta especialmente a los grandes centros de distribución marítima.
Y también a España.
El Instituto Español de Estudios Estratégicos publicó en marzo de 2026 su Cuaderno de Estrategia 234, dedicado a los puertos y la defensa nacional.
Entre sus contenidos figura el análisis de la importancia estratégica del Estrecho de Gibraltar.
La cuestión es fundamental.
Los puertos no constituyen solamente negocios privados o infraestructuras comerciales.
Son también instrumentos de soberanía económica y seguridad nacional.
Por eso, una política europea que pretenda reducir emisiones debe examinar cuidadosamente si sus medidas trasladan actividad hacia competidores externos sin conseguir reducciones equivalentes de la contaminación global.
Porque semejante resultado tendría consecuencias verdaderamente grotescas.
Europa perdería competitividad.
Las inversiones buscarían otros destinos.
Los empleos se crearían fuera.
Y las mercancías continuarían circulando.
Lo que cambiaría sería la localización de los negocios.
Parece una manera extraordinariamente peculiar de defender la prosperidad europea.
XVII. LAS ADUANAS DE CEUTA Y MELILLA: EL ARTE DE CONVERTIR UNA PROMESA EN UNA CEREMONIA
El funcionamiento de las aduanas comerciales constituye otro ejemplo revelador.
En 2018, Marruecos cerró unilateralmente la aduana comercial de Melilla.
En abril de 2022, Pedro Sánchez anunció una nueva etapa de relaciones bilaterales que incluía avances en la normalización comercial fronteriza.
La recuperación de los intercambios se presentó como una demostración del éxito diplomático español.
Pero los resultados han sido extraordinariamente modestos.
Durante 2025, la aduana comercial de Ceuta registró solamente cincuenta operaciones.
Cuarenta y nueve fueron importaciones.
Una, exportación.
Cincuenta operaciones durante todo un año.
Difícilmente puede encontrarse una demostración más pintoresca de la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad económica.
Se anuncia la normalización.
Se preparan instalaciones.
Se organizan reuniones.
Se pronuncian discursos.
Y el comercio continúa sometido a limitaciones considerables.
Mientras tanto, Tánger Med desarrolla una actividad extraordinaria.
La comparación merece ser estudiada.
Porque las fronteras comerciales no son únicamente lugares por los que atraviesan mercancías.
También son instrumentos que condicionan la prosperidad de las poblaciones fronterizas.
Y un Estado que puede alterar unilateralmente su funcionamiento dispone de una herramienta de presión considerable.
Por eso Ceuta y Melilla necesitan fortalecer sus conexiones económicas con la Península y diversificar su actividad productiva.
Una ciudad española no puede quedar permanentemente expuesta a las decisiones comerciales del Gobierno de un país que cuestiona su soberanía.
XVIII. EL SÁHARA OCCIDENTAL: DAR PRIMERO Y PREGUNTAR DESPUÉS
La política española hacia el Sáhara Occidental constituye uno de los episodios más importantes de nuestras relaciones recientes con Marruecos.
En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó sustancialmente la posición española y presentó la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto.
La decisión se comunicó mediante una carta dirigida a Mohamed VI.
No surgió de un gran acuerdo nacional.
Ni estuvo precedida de un debate parlamentario de la importancia que merecía semejante cambio diplomático.
Se presentó como el comienzo de una nueva etapa de relaciones con Marruecos.
Y desde entonces hemos escuchado numerosas declaraciones sobre la estabilidad, el entendimiento y la cooperación.
Pero conviene evaluar los resultados.
¿Ha renunciado Marruecos a sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla?
No.
¿Se han normalizado completamente las relaciones comerciales fronterizas?
Tampoco.
¿Han desaparecido las crisis migratorias?
Los sucesos de julio de 2026 responden por sí solos.
¿Se ha fortalecido suficientemente la seguridad de nuestras ciudades norteafricanas?
Las incursiones navales marroquíes obligan a formular preguntas muy serias.
Por tanto, el Gobierno español debe explicar qué contrapartidas concretas obtuvo mediante aquella decisión.
Porque negociar significa intercambiar compromisos.
No consiste en ofrecer concesiones importantes y esperar después que el interlocutor se muestre agradecido.
La gratitud puede ser una virtud personal.
Pero no constituye una estrategia de política exterior.
XIX. EL NEGOCIO TAMBIÉN TIENE COLABORADORES Y BENEFICIARIOS EN ESPAÑA
Sería un error atribuir todos nuestros problemas a Marruecos.
Las mafias del narcotráfico necesitan compradores, distribuidores y colaboradores españoles.
Las redes de tráfico de personas encuentran oportunidades cuando los controles funcionan deficientemente.
El trabajo clandestino prospera porque existen empresarios dispuestos a contratar irregularmente.
Y el blanqueo de capitales necesita introducir dinero criminal en actividades económicas aparentemente respetables.
Por tanto, España tiene una responsabilidad directa.
Una parte importante de las organizaciones que operan en el Estrecho desarrolla actividades a ambos lados de la frontera.
Y los beneficios pueden terminar en viviendas, negocios, sociedades mercantiles y propiedades situadas dentro de nuestro territorio.
La persecución de los delitos exige desmantelar esas estructuras económicas.
No basta con detener a quienes conducen las embarcaciones.
Hay que perseguir a los organizadores.
Identificar las fortunas.
Investigar las sociedades utilizadas para blanquear dinero.
Y castigar a los funcionarios que colaboren con las redes criminales.
También necesitamos una política migratoria que permita contratar legalmente a los trabajadores que nuestro mercado laboral necesita y que garantice sus derechos.
Pero esa política debe ir acompañada de controles fronterizos efectivos, procedimientos claros y mecanismos de retorno aplicables cuando corresponda.
No puede dejarse la gestión de la inmigración en manos de traficantes.
Ni convertir la entrada irregular en una actividad comercial cuyos beneficios se quedan los delincuentes mientras los costes recaen sobre el conjunto de la sociedad.
La legalidad debe ser la norma.
No una opción reservada para quienes no pueden permitirse incumplirla.
XX. LA SITUACIÓN NO COMENZÓ CON PEDRO SÁNCHEZ, PERO SU RESPONSABILIDAD ES INELUDIBLE
Conviene recordar que los problemas de nuestras relaciones con Marruecos no nacieron en 2018.
La historia es considerablemente más larga.
En 1975, la Marcha Verde puso de manifiesto la capacidad marroquí para aprovechar una situación de debilidad política española.
En 2002, la ocupación del islote de Perejil desembocó en una intervención militar española para recuperar el control.
En 2007, Marruecos reaccionó diplomáticamente contra la visita de Juan Carlos I a Ceuta y Melilla.
En 2018 se produjo el cierre unilateral de la aduana comercial de Melilla.
En 2021, Ceuta sufrió otra importante crisis fronteriza.
En 2022 llegó el cambio de posición española respecto al Sáhara Occidental.
Y en 2026 hemos asistido a una crisis de dimensiones extraordinarias, acompañada de graves incidentes en aguas próximas a Ceuta.
La sucesión de acontecimientos obliga a examinar la responsabilidad de todos los gobiernos españoles.
Socialistas y populares.
Porque ninguno puede presumir de haber resuelto definitivamente las vulnerabilidades estructurales que condicionan nuestras relaciones con Marruecos.
Pero la responsabilidad de Pedro Sánchez resulta particularmente importante.
Su Gobierno asumió el giro diplomático sobre el Sáhara.
Su Gobierno ha presentado reiteradamente las relaciones con Rabat como un éxito.
Y su Gobierno ha tenido que afrontar la crisis de 2026.
Por tanto, le corresponde explicar los resultados de su política.
Sin esconderse detrás de declaraciones genéricas.
Sin convertir cada fracaso en una nueva promesa.
Y sin presentar la ausencia momentánea de incidentes como una victoria estratégica.
Gobernar no consiste en conseguir que el problema desaparezca de los titulares durante unas semanas.
Consiste en evitar que vuelva a producirse.
XXI. ESPAÑA NECESITA UNA POLÍTICA DE ESTADO. Y LA NECESITA YA, SIN APLAZAMIENTOS.
La respuesta no puede limitarse a una sucesión de medidas improvisadas.
Necesitamos un proyecto nacional que contemple conjuntamente la seguridad, la economía, la diplomacia y el futuro de nuestras ciudades norteafricanas.
Sus objetivos deberían ser perfectamente claros.
Primero. Defender la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Reforzar la vigilancia terrestre y marítima, mantener capacidades militares adecuadas y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidente que afecte al territorio español.
Segundo. Acabar con la dependencia económica fronteriza. Diversificar las actividades productivas de ambas ciudades, mejorar las comunicaciones con la Península y facilitar inversiones que proporcionen empleo y prosperidad.
Tercero. Perseguir a las organizaciones criminales hasta desmantelar sus estructuras económicas. Incautar bienes ilícitos, investigar el blanqueo de capitales y reforzar la cooperación policial internacional.
Cuarto. Exigir a Marruecos compromisos verificables. La cooperación fronteriza no puede depender de declaraciones amistosas. Debe evaluarse mediante resultados.
Quinto. Recuperar la iniciativa económica en el Estrecho. Modernizar Algeciras y los demás puertos estratégicos, mejorar las conexiones ferroviarias y desarrollar condiciones competitivas para atraer industrias.
Sexto. Defender en Bruselas los intereses portuarios españoles. La legislación ambiental europea debe aplicarse sin generar desventajas injustificadas frente a instalaciones extracomunitarias.
Séptimo. Establecer una política migratoria ordenada. Contratación legal cuando exista demanda de trabajadores, protección frente a la explotación, controles de entrada y ejecución eficaz de las resoluciones administrativas y judiciales.
Octavo. Combatir la reincidencia y evaluar la integración mediante datos. Las estadísticas de condenados, delitos y población penitenciaria deben servir para orientar actuaciones concretas.
Noveno. Someter a evaluación pública los acuerdos con Marruecos. El Gobierno debe explicar qué compromisos ha asumido cada parte, qué resultados se han obtenido y cuáles siguen pendientes.
Décimo. Recuperar una política exterior española con continuidad. Los intereses fundamentales de la nación no pueden modificarse en función de las necesidades parlamentarias o electorales de cada presidente.
Y todo ello debería acompañarse de una política europea mucho más exigente.
Porque Ceuta y Melilla no son únicamente frontera española.
Son también frontera exterior de la Unión Europea.
Y su defensa afecta al conjunto de los Estados miembros.
XXII. DON FELIPE, MAÑANA EN CEUTA: UNA BANDERA NO BASTA PARA DEFENDER UNA NACIÓN
Volvamos al comienzo.
Mañana, 13 de octubre, don Felipe VI visitará Ceuta.
Pasado mañana estará en Melilla.
La presencia del jefe del Estado posee un evidente significado institucional.
Y constituye un gesto de respaldo a unos españoles que llevan demasiado tiempo contemplando cómo su situación territorial se convierte en asunto delicado de las relaciones diplomáticas.
Pero conviene no confundir el símbolo con la solución.
Las visitas terminan.
Los discursos se olvidan.
Las ceremonias concluyen.
Y los problemas permanecen.
El Rey no gobierna.
No le corresponde decidir las inversiones portuarias, dirigir la política migratoria ni negociar por su cuenta los acuerdos con Marruecos.
Pero su visita puede recordar solemnemente algo que nuestros gobernantes deberían tener siempre presente.
Ceuta y Melilla forman parte de España. No están pendientes de ninguna autorización extranjera para seguir siéndolo.
Y su prosperidad, su seguridad y su futuro constituyen responsabilidades permanentes del Estado español.
No compromisos ocasionales.
Ni asuntos que convenga relegar para evitar tensiones diplomáticas.
La política exterior debe desarrollarse desde el respeto mutuo.
Pero ese respeto comienza por exigir que los demás respeten aquello que nos pertenece.
XXIII. EPÍLOGO: MARRUECOS TIENE UN PROYECTO. ¿CUÁL ES EL DE ESPAÑA?
Llegados a este punto, conviene reunir las piezas.
Marruecos desarrolla enormes infraestructuras portuarias.
Atrae inversiones internacionales.
Dispone de importantes intereses económicos relacionados con su monarquía.
Recibe remesas multimillonarias de sus emigrantes.
Mantiene una posición fundamental en el comercio mediterráneo.
Conserva sus reivindicaciones territoriales.
Y ejerce una influencia decisiva sobre las relaciones fronterizas con España.
Al mismo tiempo, su territorio ha sido durante décadas un centro destacado de producción y salida de hachís hacia Europa.
Las redes del narcotráfico han penetrado en círculos económicos y políticos, como demuestran las condenas dictadas este mismo año.
Las mafias dedicadas al tráfico de personas siguen encontrando oportunidades para enriquecerse mediante la explotación de la desesperación humana.
Y España soporta una parte considerable de las consecuencias policiales, judiciales, presupuestarias y sociales de esos fenómenos.
Todo ello sucede en un espacio geográfico extraordinariamente reducido.
El Estrecho de Gibraltar.
Uno de los lugares más importantes del mundo para el comercio, la seguridad y las comunicaciones internacionales.
Y, sin embargo, seguimos contemplando estos acontecimientos como si fueran problemas separados.
Un día hablamos de pateras.
Otro, de narcotráfico.
Al siguiente, de delincuencia.
Después, de una crisis diplomática.
Más tarde, de las inversiones en Tánger Med.
Y finalmente, de las dificultades comerciales de Ceuta y Melilla.
Como si nada tuviera relación con nada.
Como si la economía, la seguridad y la soberanía pertenecieran a universos distintos.
Como si pudiera comprenderse una política nacional examinando cada acontecimiento sin considerar sus consecuencias sobre el conjunto.
Esa fragmentación del análisis constituye uno de nuestros mayores errores.
Porque la posición internacional de un país depende de la acumulación de capacidades.
Capacidad económica.
Capacidad militar.
Capacidad diplomática.
Capacidad para controlar sus fronteras.
Capacidad para atraer inversiones.
Y capacidad para exigir el cumplimiento de los compromisos.
Marruecos ha trabajado intensamente para fortalecer varias de esas capacidades.
España debe hacer lo mismo.
Y debe comenzar por abandonar una costumbre verdaderamente suicida: considerar que defender los intereses propios constituye una provocación.
No lo es.
Lo que resulta provocador para los españoles es contemplar cómo sus gobiernos aceptan periódicamente situaciones que debilitan la seguridad y la prosperidad nacional.
Lo provocador es anunciar normalizaciones comerciales que apenas producen resultados.
Lo provocador es presentar concesiones diplomáticas como éxitos sin explicar qué se ha obtenido a cambio.
Lo provocador es que los ciudadanos descubran, meses después, que buques militares extranjeros entraron sin autorización en aguas españolas mientras se desarrollaba una crisis fronteriza.
Y lo provocador es seguir organizando nuestra relación con Marruecos como si los españoles tuviéramos que demostrar continuamente nuestra buena voluntad mientras la reciprocidad permanece pendiente de comprobación.
Mañana don Felipe visitará Ceuta.
Ojalá sea el comienzo de una presencia institucional más frecuente y de una atención política verdaderamente sostenida.
Pero ninguna visita resolverá por sí sola los problemas que hemos examinado.
Ni acabará con el narcotráfico.
Ni desmantelará las mafias.
Ni modernizará nuestros puertos.
Ni garantizará la competitividad industrial.
Ni impedirá nuevas crisis fronterizas.
Todo eso exige decisiones de gobierno.
Decisiones acompañadas de medios, presupuestos, objetivos y responsabilidades.
Porque una nación no se defiende únicamente mediante declaraciones.
Se defiende creando riqueza.
Protegiendo a sus ciudadanos.
Garantizando el cumplimiento de sus leyes.
Y procurando que sus enemigos, competidores o interlocutores sepan que las promesas de sus gobernantes tienen consecuencias.
Marruecos no necesita conquistarnos militarmente para ganar posiciones económicas o diplomáticas.
Le basta con desarrollar sus proyectos mientras España descuida los suyos.
Y cuando un país permite que sus ventajas estratégicas se debiliten durante décadas, corre el peligro de descubrir demasiado tarde que la pérdida de influencia también tiene consecuencias sobre su soberanía.
El problema no es que Mohamed VI defienda los intereses de Marruecos.
EL PROBLEMA ES QUE LOS ESPAÑOLES LLEVAMOS DEMASIADOS AÑOS PREGUNTÁNDONOS CUÁNDO CARAJOS VAN A DEFENDER NUESTROS GOBERNANTES LOS INTERESES DE ESPAÑA CON LA MISMA PERSEVERANCIA.
Porque los puertos no se construyen con discursos.
Las fronteras no se protegen mediante declaraciones sentimentales.
Las mafias no desaparecen porque los ministros anuncien nuevos planes.
Y la soberanía no se conserva a fuerza de fotografías.
Mañana habrá banderas españolas en Ceuta.
Habrá autoridades, saludos, ceremonias y discursos.
Todo ello está muy bien.
Pero al día siguiente seguirá existiendo el Estrecho.
Seguirán existiendo Marruecos y sus intereses.
Seguirán existiendo las redes criminales.
Seguirán existiendo Tánger Med y Nador West Med.
Y seguirán existiendo Ceuta y Melilla.
La cuestión es si España continuará limitándose a administrar los acontecimientos o si, por fin, decidirá orientar su propio futuro.
Porque una nación que renuncia a defender eficazmente sus intereses no necesita que nadie la conquiste.
Termina organizando ella misma su retirada.
