OCHO AÑOS DE SANCHISMO: LA GRAN ESTAFA DEL «PROGRESO»
Crónica de un presidente que prometió regenerar España, descubrió las ventajas de mandar y pretende que los españoles le agradezcan hasta las facturas.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
18 de octubre de 2026
EL PRODIGIOSO ARTE DE GOBERNAR SIN TENER JAMÁS CULPA DE NADA…
En junio de 2018 apareció en La Moncloa un hombre que prometía regenerar España, devolver la dignidad a las instituciones, acabar con la corrupción y conducirnos hacia un futuro esplendoroso.
Se llamaba Pedro Sánchez.
Venía, según explicó, a salvarnos.
No especificó de qué.
Ocho años después, muchos españoles comienzan a sospechar que habría sido preferible que nos dejara sin salvar.
Porque España ha conocido durante este tiempo una variedad extraordinaria de calamidades, despropósitos, escándalos, impuestos, prohibiciones y disparates, todos ellos debidamente acompañados de discursos gubernamentales asegurándonos que jamás habíamos estado mejor.
El mérito es indiscutible.
No resulta sencillo convencer a un ciudadano de que está prosperando mientras comprueba que su salario pierde poder adquisitivo, su hijo no puede alquilar una vivienda, Hacienda recauda cantidades cada vez mayores y la deuda del país alcanza cifras que ni un aficionado a la ciencia ficción se habría atrevido a imaginar.
Pero Sánchez lo intenta.
Y cuando las cifras resultan incómodas, cambia de cifras.
Cuando los acontecimientos contradicen su discurso, cambia de discurso.
Cuando las promesas estorban, cambia de promesas.
Y cuando alguien le recuerda lo que dijo anteriormente, acusa al recordatorio de estar contaminado por la extrema derecha.
¡Así se gobierna!
Pedro Sánchez ha conseguido perfeccionar una modalidad política verdaderamente admirable: atribuirse personalmente los éxitos, repartir entre sus adversarios las responsabilidades de los fracasos y considerar cualquier intento de pedirle cuentas un ataque a la democracia.
Porque, al parecer, la democracia empieza donde comienza su autoridad y termina donde alguien se atreve a contradecirlo.
Veamos qué ha sucedido realmente durante estos ocho años de tan extraordinario «progreso».
I. HACIENDA, ESA AMANTE INSACIABLE
Comencemos por el bolsillo.
Es un lugar especialmente adecuado para estudiar los efectos de las políticas gubernamentales.
En 2018, la Agencia Tributaria recaudó 208.685 millones de euros.
En 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones.
Es decir, unos 116.700 millones de euros más al año, alrededor de un 56 % de incremento nominal.
Es verdad que una parte se explica por el crecimiento económico, el aumento del empleo y la inflación. Pero también intervienen nuevas medidas tributarias y el aumento de la carga fiscal sobre determinadas rentas.
La inflación, además, proporciona a Hacienda una ventaja extraordinaria: cuando suben los precios y los salarios nominales, aumenta la recaudación aunque el ciudadano no se haya enriquecido.
Un procedimiento verdaderamente ingenioso.
El Gobierno se lamenta de la inflación, promete combatirla y, mientras tanto, recauda más gracias a sus consecuencias.
¡Qué maravillosa coincidencia!
Naturalmente, el dinero recaudado debe servir para financiar servicios públicos de calidad.
Pero aquí aparece una pregunta desagradable:
¿Recibimos los españoles unos servicios públicos proporcionados al dinero que entregamos?
¿Han desaparecido las interminables listas de espera sanitarias?
¿Funciona la justicia con la rapidez exigible?
¿Ha mejorado suficientemente la calidad de la enseñanza?
¿Se han reducido los trámites administrativos?
¿Puede un ciudadano resolver sus asuntos sin atravesar un laberinto de formularios, contraseñas, certificados y citas previas?
El sanchismo ha descubierto algo que nuestros antepasados ignoraban: para mejorar la vida de los ciudadanos no siempre es necesario resolver sus problemas.
A veces basta con crear un ministerio que se ocupe de ellos.
Después se crea una secretaría de Estado.
Luego una dirección general.
Más tarde un observatorio.
Y, finalmente, una comisión de expertos encargada de estudiar por qué los organismos anteriores no han conseguido resolver nada.
El problema continúa, pero ya tiene presupuesto, plantilla, sede y coche oficial.
Eso es progreso.
II. CASI TRES BILLONES DE DEUDA EXTERNA: LA HERENCIA QUE DEJAREMOS A QUIENES TODAVÍA NO HAN NACIDO
Llegamos a uno de los capítulos más sobrecogedores.
La deuda.
Esa antigua costumbre de gastar ahora y dejar que otros paguen después.
Al cierre del segundo trimestre de 2026, la deuda externa bruta de España alcanzó los 2.925.500 millones de euros.
Casi tres billones.
El equivalente al 168,4 % del PIB.
No estamos hablando de una cantidad imaginaria, ni de un cálculo inventado por algún adversario del Gobierno. Es una cifra publicada por el Banco de España.
Conviene precisar que la deuda externa bruta reúne obligaciones de distintos sectores españoles frente al extranjero, incluidos las administraciones, los bancos y las empresas. No toda es deuda del Gobierno ni toda ha nacido durante estos ocho años.
Pero existe.
Y hay que responder por ella.
Por otro lado, la deuda pública de las administraciones, calculada con el criterio europeo habitual, se situaba en junio de 2026 en torno a 1,76 billones de euros.
Es cierto que su proporción respecto del PIB ha descendido desde los máximos de la pandemia.
Pero su importe absoluto continúa siendo gigantesco.
Y aquí comienza otra representación teatral.
El Gobierno presume de que la economía crece.
¡Estupendo!
Pero ¿cuánto cuesta mantener el funcionamiento del Estado? ¿Cuánto debemos refinanciar cada año? ¿Qué intereses pagamos? ¿Qué ocurrirá cuando las condiciones de financiación resulten menos favorables?
Porque hay una diferencia fundamental entre crear riqueza y financiar el gasto mediante obligaciones futuras.
En una familia, gastar permanentemente más de lo que se ingresa se considera una conducta imprudente.
En un Gobierno, se presenta como una política expansiva.
Y si alguien plantea reducir gastos superfluos, recibe inmediatamente una reprimenda por su falta de sensibilidad social.
El dinero público, según parece, posee propiedades sobrenaturales.
Nunca se acaba.
Siempre puede encontrarse más.
Y, cuando falta, basta con pedirlo prestado.
El sanchismo ha conseguido convertir a nuestros nietos en contribuyentes anticipados: todavía no han nacido y ya les estamos preparando la factura.
III. EL MILAGRO DE LA PROSPERIDAD QUE NO PERMITE LLEGAR A FIN DE MES
El Gobierno celebra regularmente la buena marcha del empleo.
Y hay datos positivos que nadie necesita ocultar.
En el segundo trimestre de 2026, España alcanzó los 22.779.000 ocupados, mientras la tasa de paro se situó en el 9,87 %.
También ha aumentado el salario mínimo.
Pero una economía no puede evaluarse exclusivamente contando trabajadores.
Importa cuánto producen, cuánto cobran, cuánto pueden ahorrar y qué vida pueden permitirse.
La pregunta decisiva no es solamente cuántos españoles trabajan.
Es cuántos trabajadores pueden mantenerse dignamente con su salario.
Y aquí termina la fiesta de las estadísticas triunfales.
Según el INE, el 25,7 % de la población española se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025.
Más de una cuarta parte.
En un país donde se presume de crecimiento económico y empleo.
El contraste resulta bastante menos divertido para quien lo padece.
Porque la prosperidad no consiste en anunciar grandes cifras macroeconómicas mientras las familias ven cómo aumentan sus gastos imprescindibles.
Tampoco consiste en repartir ayudas para compensar las consecuencias de políticas que no han conseguido solucionar los problemas de fondo.
El procedimiento gubernamental parece responder a una lógica peculiar:
Primero se encarece la vida.
Después se anuncia una ayuda.
Más tarde se presentan sus beneficiarios como prueba del extraordinario carácter social del Gobierno.
Y finalmente se felicita al ministro correspondiente.
El ciudadano que antes podía mantenerse por sí mismo acaba dependiendo de una subvención, mientras el gobernante presume de haber aumentado el número de beneficiarios de sus políticas sociales.
¡Otra victoria del progreso!
IV. EL DERECHO A UNA VIVIENDA QUE NO EXISTE O QUE NO PODEMOS PAGAR
Si hay un terreno donde el sanchismo ha alcanzado cotas especialmente brillantes de contradicción, ése es la vivienda.
Durante estos ocho años hemos escuchado promesas, anuncios, planes, declaraciones solemnes, compromisos de construcción, ayudas al alquiler y toda clase de iniciativas.
Pero los precios siguen dando noticias bastante menos satisfactorias.
En septiembre de 2026, el precio medio anunciado de venta alcanzaba los 2.930 euros por metro cuadrado, un 11,8 % más que un año antes, según Idealista.
El alquiler medio anunciado se situaba en 15,1 euros por metro cuadrado.
Eso significa que alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados puede representar, a ese precio medio nacional, unos 1.208 euros mensuales.
¡Una ganga!
Sobre todo para un joven que cobra poco más de mil euros.
La solución parece evidente: que continúe viviendo con sus padres.
Y si tiene pareja, que compartan habitación.
Y si desean tener hijos, que esperen.
Y si se cansan de esperar, que emigren.
Mientras tanto, el Gobierno seguirá celebrando reuniones para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
La cuestión es que las viviendas no aparecen porque el Consejo de Ministros anuncie su existencia.
Hay que disponer de suelo, financiación, seguridad jurídica, infraestructuras, trabajadores, materiales y condiciones razonables para construirlas.
Pero construir requiere tiempo, inversión y decisiones difíciles.
Pronunciar discursos sale bastante más barato.
En la España de Sánchez, el derecho a la vivienda parece consistir en el derecho a escuchar indefinidamente que algún día tendremos una.
V. LAS PENSIONES: LA MAYOR FÁBRICA DE PROMESAS ELECTORALES
España tiene más de 9,5 millones de pensionistas que reciben, en conjunto, más de 10,5 millones de pensiones.
En septiembre de 2026, la nómina mensual de pensiones contributivas rondaba los 14.500 millones de euros.
Los pensionistas constituyen una fuerza electoral formidable.
Y nuestros políticos lo saben.
De ahí el curioso espectáculo que se repite cada vez que se acercan unas elecciones.
Todos prometen mantener las pensiones.
Todos proclaman su compromiso con los mayores.
Todos aseguran que sus adversarios constituyen una amenaza para los jubilados.
Pero apenas se escuchan explicaciones completas sobre cómo afrontar el envejecimiento demográfico, la jubilación de generaciones muy numerosas y la creciente presión sobre los presupuestos públicos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha advertido que cumplir formalmente las reglas actuales de gasto en pensiones no garantiza la sostenibilidad futura de las cuentas públicas.
Una observación sumamente inoportuna.
Porque obliga a hablar de ingresos, gastos, deuda, productividad, edad efectiva de jubilación y equilibrio entre generaciones.
Y eso resulta muchísimo menos rentable electoralmente que prometer nuevas subidas.
El sistema español es fundamentalmente de reparto: las cotizaciones actuales financian las prestaciones actuales, completadas cuando es necesario con otros ingresos públicos.
No existe una hucha individual en la que cada jubilado haya guardado íntegramente su futura pensión.
Por eso resulta imprescindible contar con suficientes trabajadores, salarios y productividad, además de unas finanzas públicas capaces de atender los compromisos.
Prometer pensiones es fácil. Garantizar que puedan pagarse durante las próximas décadas exige algo más que una rueda de prensa.
Y, naturalmente, no se trata de enfrentar a jóvenes y mayores.
Se trata de impedir que los gobernantes enfrenten sus intereses futuros mediante promesas que nadie se atreve a presupuestar seriamente.
VI. LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA ACABA SENTADA EN EL BANQUILLO
Aquí aparece el capítulo más grotesco de toda la representación.
Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 mediante una moción de censura contra Mariano Rajoy, presentada bajo la bandera de la lucha contra la corrupción.
La regeneración democrática era el gran argumento.
La ejemplaridad, la gran promesa.
La decencia, el distintivo que debía diferenciar a los nuevos gobernantes de los antiguos.
Ocho años después, el panorama resulta verdaderamente pintoresco.
José Luis Ábalos, antiguo ministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión por delitos relacionados con el caso de las mascarillas y otras irregularidades.
Su antiguo asesor Koldo García, a 19 años y ocho meses.
El Tribunal Supremo rechazó el 14 de octubre sus peticiones de nulidad.
Santos Cerdán, otro destacado dirigente socialista, ha estado investigado por presuntas irregularidades vinculadas a contratos públicos.
Begoña Gómez, esposa del presidente, ha sido enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras la Fiscalía ha pedido su absolución.
Distintas situaciones judiciales, desde luego.
Pero todas ellas forman parte del balance político de estos años.
Y conviene recordar algo elemental: una cosa es la responsabilidad penal de cada persona y otra la responsabilidad política de quien nombró, respaldó o mantuvo a sus principales colaboradores.
La segunda no desaparece porque alguien repita que desconocía cuanto sucedía a su alrededor.
Porque entonces surge una pregunta verdaderamente inquietante:
¿Qué clase de presidente es aquel que presume de controlarlo todo cuando las cosas van bien y de no enterarse de nada cuando aparecen los escándalos?
Si conocía lo sucedido, debe explicar su conducta.
Si lo desconocía, debe explicar cómo fue posible que personas de su máxima confianza actuaran a sus espaldas.
No hay tercera posibilidad que permita convertir semejante desastre en una hazaña de regeneración democrática.
Aunque siempre queda recurrir al procedimiento habitual:
Culpar a la derecha.
A la ultraderecha.
A determinados jueces.
A algunos periodistas.
A las cloacas.
Al clima político.
Y, si todo falla, a Franco.
Franco lleva medio siglo muerto, pero continúa siendo uno de los colaboradores involuntarios más útiles de la propaganda gubernamental.
VII. GOBERNAR SIN PRESUPUESTOS: LA NUEVA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA
Los Presupuestos Generales del Estado no son un trámite decorativo.
Permiten al Parlamento autorizar y fiscalizar los grandes ingresos y gastos públicos.
Sin embargo, España lleva más de mil días funcionando con las cuentas de 2023 prorrogadas.
La Constitución permite las prórrogas presupuestarias.
Pero lo que nació para garantizar la continuidad administrativa no debería convertirse en una manera ordinaria de gobernar.
Sánchez ha conseguido mantenerse en La Moncloa sin aprobar nuevos presupuestos durante años.
Y lo más extraordinario es que presenta su permanencia como una demostración de estabilidad.
Una estabilidad bastante singular.
No hay mayoría suficiente para aprobar unas nuevas cuentas.
Pero sí para seguir ocupando los ministerios.
No se puede acordar el presupuesto del Estado.
Pero se considera imprescindible continuar gobernando.
Los acuerdos parlamentarios son cada vez más difíciles.
Pero el problema, naturalmente, siempre lo tienen los demás.
La democracia parlamentaria, reinterpretada por el sanchismo, parece consistir en que el Parlamento apoye al Gobierno cuando le convenga y se abstenga de molestarlo cuando le resulte incómodo.
Todo ello acompañado de reales decretos-leyes, prórrogas, modificaciones presupuestarias y explicaciones ministeriales suficientemente extensas para agotar la paciencia de cualquier ciudadano.
VIII. LA AMNISTÍA: CUANDO LA NECESIDAD ELECTORAL SE CONVIERTE EN VIRTUD
Una de las mayores habilidades de Sánchez consiste en descubrir principios morales nuevos cuando necesita votos parlamentarios.
Recordemos el itinerario.
Primero, los indultos a los dirigentes separatistas catalanes.
Después, las reformas penales relativas a la sedición y la malversación.
Finalmente, la amnistía de 2024.
Todo convenientemente presentado como una política de reconciliación y convivencia.
La ley ha recibido el respaldo del Tribunal Constitucional en sus aspectos fundamentales, pero su oportunidad política continúa siendo discutible.
Y aquí cabe una pregunta de enorme sencillez:
¿Habría aprobado Sánchez la amnistía si no hubiera necesitado los votos independentistas para conseguir la investidura?
El presidente sostiene que sus decisiones responden al interés general.
Sus adversarios consideran que responden a su interés particular.
Pero el hecho políticamente decisivo resulta difícil de disimular: las concesiones se produjeron en un contexto de necesidad parlamentaria.
La aritmética precedió a la reconciliación.
El acuerdo político llegó antes que la explicación moral.
Y la virtud apareció cuando ya se conocía el número de diputados necesarios.
¡Qué extraordinaria coincidencia!
En el sanchismo, la necesidad de conservar el poder tiene la asombrosa capacidad de transformarse en un nuevo principio democrático.
IX. EL ESTADO PEDAGOGO: CIUDADANOS CONVERTIDOS EN ALUMNOS PERPETUOS
Existe otra particularidad de estos años que merece atención.
Nuestros gobernantes no se conforman con administrar.
También pretenden educarnos.
Decirnos qué debemos pensar, cómo debemos hablar, qué debemos consumir, cómo debemos desplazarnos y hasta qué actitudes resultan moralmente aceptables.
El Estado se ha ido convirtiendo en una especie de maestro severo que considera a los ciudadanos incapaces de tomar decisiones responsables.
Y lo curioso es que muchos de esos gobernantes proceden de tradiciones políticas que hicieron de la libertad individual, la irreverencia y la rebeldía sus grandes banderas.
Ahora parecen especialmente entusiasmados con la disciplina.
La disciplina de los demás, claro está.
El problema no consiste en que existan normas de protección de la salud, del medio ambiente o de los derechos ajenos.
El problema comienza cuando cada objetivo político se utiliza para justificar nuevas restricciones sin examinar suficientemente su necesidad, proporcionalidad y consecuencias.
Una cosa es proteger a los ciudadanos.
Otra muy distinta es tratarlos como menores de edad.
Una cosa es combatir la discriminación.
Otra es pretender dictar desde el poder el vocabulario moralmente obligatorio.
Y una cosa es defender la convivencia democrática.
Otra es presentar sistemáticamente al adversario como una amenaza para la democracia.
La libertad no consiste en que el Gobierno nos autorice a hacer aquello que previamente ha decidido permitirnos.
Consiste, precisamente, en establecer límites claros al poder de los gobernantes.
Pero quizá eso resulte demasiado revolucionario para algunos antiguos revolucionarios.
X. MARRUECOS, EL SÁHARA Y CEUTA: LA EXTRAORDINARIA DIPLOMACIA DE LA BUENA VECINDAD
La política exterior de Sánchez merece también un capítulo propio.
En marzo de 2022, el presidente modificó la posición española sobre el Sáhara Occidental y respaldó el plan marroquí de autonomía como vía para resolver el conflicto.
Una decisión de enorme trascendencia, comunicada mediante una carta a Mohamed VI.
Después llegaron las explicaciones sobre la necesidad de mejorar las relaciones con Marruecos.
Todo muy razonable, aparentemente.
La cuestión es qué resultados concretos ha obtenido España a cambio.
Porque en julio de 2026 Ceuta padeció una gravísima crisis fronteriza, con la entrada masiva de más de 70.000 personas desde territorio marroquí, según las informaciones difundidas sobre aquellos acontecimientos.
Y en octubre, el propio Sánchez reconoció que buques de guerra marroquíes habían entrado sin autorización en aguas españolas durante la crisis.
No hablamos de un pequeño desacuerdo comercial.
Hablamos de presión sobre una frontera española y de incursiones navales que afectan directamente a nuestra soberanía.
El Gobierno sigue defendiendo la importancia de la cooperación con Rabat.
Nadie discute que España debe mantener relaciones con sus vecinos.
Pero la cooperación exige reciprocidad.
La diplomacia exige firmeza.
Y la buena vecindad no consiste en tolerar que el vecino decida hasta dónde llegan sus atribuciones y dónde comienzan las nuestras.
Ceuta y Melilla son españolas. No son piezas de una negociación permanente ni mercancía diplomática disponible para satisfacer las exigencias de Mohamed VI.
Por eso resulta legítimo exigir explicaciones detalladas sobre las decisiones adoptadas durante aquella crisis, las órdenes impartidas, la actuación de las Fuerzas Armadas y los compromisos diplomáticos alcanzados con Marruecos.
No se defiende la soberanía exclusivamente con discursos.
Mucho menos con sonrisas protocolarias.
XI. EL FABULOSO MINISTERIO DE LA CULPA AJENA
Si hubiera que elegir una institución que resumiera estos ocho años, yo propondría crear el Ministerio de la Culpa Ajena.
Sería, probablemente, el único ministerio capaz de explicar todas las decisiones gubernamentales.
Tendría diferentes departamentos.
Uno dedicado a culpar a la derecha.
Otro a la extrema derecha.
Otro a los empresarios.
Otro a los propietarios de viviendas.
Otro a las comunidades autónomas.
Otro a los medios de comunicación incómodos.
Otro a los jueces cuyas resoluciones desagradan al Ejecutivo.
Y una dirección general destinada a recuperar acontecimientos históricos suficientemente antiguos para que los responsables ya no puedan defenderse.
El sistema funcionaría admirablemente.
¿Faltan viviendas?
La culpa es de los propietarios.
¿Suben los precios?
La culpa es de los especuladores.
¿Los servicios públicos presentan deficiencias?
La culpa es de las comunidades autónomas.
¿No se aprueban los presupuestos?
La culpa es del Parlamento.
¿Aparecen escándalos de corrupción?
La culpa es de quienes los investigan o publican.
¿Surgen problemas en Ceuta?
La culpa es de Marruecos, de Europa o de quien resulte más conveniente en cada momento.
¿El Gobierno se contradice?
No se contradice.
Evoluciona.
¿Incumple una promesa?
No la incumple.
La adapta a las nuevas circunstancias.
¿Hace justamente lo contrario de lo que anunció?
No ha cambiado de principios.
Ha adquirido una visión más amplia de la realidad.
En definitiva, el Gobierno nunca se equivoca. Y si se equivoca, la responsabilidad corresponde al ciudadano que todavía no ha aprendido a comprenderlo.
XII. EL 29 DE NOVIEMBRE: LA HORA DE PRESENTAR LA FACTURA
El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones generales.
Pedro Sánchez volverá a solicitar el voto de los españoles.
Está en su derecho.
Pero los ciudadanos también tienen derecho a exigirle un balance de su gestión.
No un catálogo de intenciones.
No un repertorio de eslóganes.
No una colección de anuncios electorales.
Un balance.
Con ingresos y gastos.
Con resultados y fracasos.
Con cifras y responsabilidades.
Con una explicación de los casi tres billones de deuda externa bruta del país y de los compromisos financieros públicos.
Con una relación de las medidas efectivamente adoptadas para facilitar el acceso a la vivienda.
Con una evaluación del funcionamiento de los servicios públicos.
Con una explicación del futuro del sistema de pensiones.
Con respuestas sobre los escándalos de corrupción que han alcanzado a personas fundamentales de su entorno político.
Con información clara sobre los acuerdos alcanzados con los separatistas.
Con explicaciones sobre la política seguida respecto a Marruecos, el Sáhara, Ceuta y Melilla.
Y con una respuesta particularmente necesaria:
¿Por qué habría que concederle otros cuatro años de poder a quien ya ha dispuesto de más de ocho para realizar cuanto ahora vuelve a prometer?
Tampoco deberían librarse de estas preguntas quienes aspiran a sustituirlo.
El Partido Popular y VOX tienen la obligación de explicar qué piensan hacer, cómo lo harán, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y en qué plazos se comprometen a cumplirlo.
Y deberían firmar un verdadero contrato político con sus electores.
Porque cambiar de gobernantes para conservar las mismas prácticas constituye una forma especialmente cara de perder el tiempo.
EPÍLOGO: LA EXTRAORDINARIA FELICIDAD DE LOS ADMINISTRADOS
Imaginemos por un momento que Pedro Sánchez comparece ante los españoles para explicar el balance de sus ocho años de gobierno.
Se coloca frente a las cámaras.
Sonríe.
Se ajusta la corbata.
Y comienza:
—Españolas, españoles: gracias a mi Gobierno, nunca habéis vivido mejor.
Un ciudadano levanta la mano.
—Presidente, no puedo pagar el alquiler.
—Precisamente por eso hemos aprobado importantes medidas en materia de vivienda.
Otro interviene:
—Presidente, pago más impuestos y apenas consigo ahorrar.
—Eso demuestra que estamos fortaleciendo nuestro Estado del bienestar.
Una pensionista pregunta:
—¿Y quién pagará las pensiones dentro de veinte años?
—Nuestro compromiso con los mayores es absoluto.
Un joven insiste:
—¿Y nosotros podremos jubilarnos algún día?
—El Gobierno trabaja intensamente para garantizar la solidaridad intergeneracional.
Un empresario se atreve a preguntar:
—¿Por qué tenemos tantos trámites, tasas y obligaciones?
—Porque estamos modernizando la Administración.
Otro ciudadano exclama:
—¡Pero es que España tiene casi tres billones de deuda externa!
Sánchez sonríe todavía más.
—Eso demuestra la confianza internacional en nuestra economía.
Desde el fondo de la sala, alguien grita:
—¡Presidente, qué hay de Ábalos, de Koldo, de Cerdán…!
—¡La regeneración democrática es uno de nuestros compromisos fundamentales!
—¿Y la amnistía?
—¡Convivencia!
—¿Y Marruecos?
—¡Buena vecindad!
—¿Y Ceuta?
—¡Cooperación internacional!
—¿Y los presupuestos?
—¡Estabilidad!
—¿Y la vivienda?
—¡Derechos sociales!
—¿Y la deuda?
—¡Crecimiento!
—¿Y los impuestos?
—¡Justicia fiscal!
—¿Y los escándalos?
—¡Extrema derecha!
Entonces, un anciano que había permanecido silencioso al fondo de la sala levanta lentamente la mano.
—Oiga, señor presidente…
—Dígame, buen hombre.
—Después de ocho años escuchándole, creo que por fin he comprendido su manera de gobernar.
Sánchez sonríe, satisfecho.
—Me alegra mucho. ¿Y qué conclusión ha sacado?
El anciano se levanta, se coloca bien la chaqueta y responde:
—QUE USTED NOS COBRA POR PROTEGERNOS DE LOS PROBLEMAS QUE NO CONSIGUE RESOLVER, NOS PIDE QUE LE AGRADEZCAMOS EL SACRIFICIO Y, ENCIMA, PRETENDE QUE LE VOLVAMOS A VOTAR.
Se produce un silencio incómodo.
Sánchez mira a sus asesores.
Los asesores consultan sus teléfonos.
El portavoz del Gobierno interviene rápidamente:
—Señor presidente, creo que ese ciudadano ha sido víctima de la desinformación.
—¿Y qué podemos hacer?
—Crear un organismo que estudie sus peligros.
—¿Con presupuesto?
—Naturalmente.
—¿Con personal?
—Por supuesto.
—¿Y quién lo pagará?
El portavoz parece sorprendido por la pregunta.
—Los ciudadanos, presidente. ¿Quiénes van a ser?
Sánchez recupera la sonrisa.
—Magnífico. Convóquese inmediatamente una rueda de prensa.
Y así concluyen ocho años de gobierno.
O quizá no.
Porque todavía queda una última posibilidad.
Que el próximo 29 de noviembre los españoles decidan que ya han aprendido suficientemente bien la lección.
Y que para continuar progresando no necesitan otros cuatro años de explicaciones.
Sino algo bastante más sencillo:
UN GOBIERNO QUE ADMINISTRE, EN VEZ DE ADOCTRINAR; QUE RESUELVA, EN VEZ DE PROMETER; QUE RINDA CUENTAS, EN VEZ DE REPARTIR CULPAS; Y QUE RECUERDE, DE UNA MALDITA VEZ, QUE LOS ESPAÑOLES NO ESTAMOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO.
ES EL GOBIERNO QUIEN DEBE ESTAR A NUESTRO SERVICIO.
Y, si no sirve, se cambia.
Que para eso, entre otras cosas, se inventaron las elecciones.
Carlos Aurelio Caldito Aunión
Referencias para las cifras y hechos utilizados: Banco de España, estadísticas de deuda externa y deuda pública de 2026; Agencia Tributaria, informes anuales de recaudación de 2018 y 2025; Instituto Nacional de Estadística, EPA del segundo trimestre de 2026 y Encuesta de Condiciones de Vida de 2025; AIReF, informe de sostenibilidad de las pensiones de mayo de 2026; Seguridad Social, nómina de pensiones de septiembre de 2026; Idealista, informes de precios de septiembre de 2026; Tribunal Supremo, sentencia del caso de las mascarillas; BOE, convocatoria de elecciones generales de 2026; informaciones de Reuters sobre la crisis de Ceuta.
