PREGUNTAS QUE FEIJÓO Y ABASCAL, VOX Y PP, DEBERÍAN CONTESTAR ANTES DE LAS ELECCIONES DEL 29 DE NOVIEMBRE.
No basta con echar a Pedro Sánchez: hay que explicar qué harán después, cómo, cuándo, con qué dinero y quién responderá si incumplen lo prometido.
Si PP y VOX contemplan gobernar juntos, ya es hora de que se sienten a negociar antes de las elecciones y expliquen públicamente en qué están de acuerdo y en qué discrepan.
Firmen un contrato público con sus electores… y si no cumplen, rindan cuentas y asuman responsabilidades.
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
RESUMEN PARA LECTORES APRESURADOS
El próximo 29 de noviembre los españoles estamos convocados a las urnas. PP y VOX aspiran a sustituir al Gobierno de Pedro Sánchez, pero hay algo que sus dirigentes deberían hacer antes de pedirnos el voto: sentarse, negociar y presentar públicamente un programa de gobierno común, con objetivos precisos, calendario, presupuesto y medios para ejecutarlo.
Y, sobre todo, firmar un verdadero contrato político con sus electores, comprometiéndose a cumplirlo y a rendir cuentas si no lo hacen.
No basta con prometer que derogarán el sanchismo. Deben especificar qué leyes derogarán, cuáles modificarán, cómo las sustituirán y qué harán con las instituciones, organismos y estructuras administrativas creadas o reforzadas durante los últimos años.
Especialmente importantes son las cuestiones económicas, las pensiones, la inmigración, la seguridad, la defensa nacional y la política exterior.
Porque hay una pregunta que no admite evasivas: ¿qué harán Feijóo y Abascal si los intereses de Estados Unidos e Israel, aliados preferentes de Marruecos, entran en conflicto con la soberanía española sobre Ceuta y Melilla?
Los españoles no tenemos por qué entregar otro cheque en blanco a quienes pretenden gobernarnos.
Primero, el contrato. Después, el voto. Y, si incumplen, que respondan.
I. CAMBIAR DE INQUILINOS NO EQUIVALE A CAMBIAR DE RÉGIMEN
Estamos a seis semanas de unas elecciones generales que pueden determinar el rumbo político de España durante los próximos cuatro años.
Y, como es costumbre en esta España nuestra, la campaña electoral amenaza con convertirse en una sucesión interminable de insultos, ocurrencias, acusaciones, promesas y espectáculos destinados a entretener al personal.
Pedro Sánchez y sus adversarios se dedican a combatirse verbalmente, mientras los ciudadanos asistimos al espectáculo como si estuviéramos presenciando un partido de fútbol.
Unos gritan que hay que detener a la derecha. Otros, que hay que echar a Sánchez.
Perfecto.
Pero yo quiero hacerles una pregunta bastante elemental a los señores Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal:
¿Y DESPUÉS, QUÉ?
Supongamos que el resultado electoral les permite constituir un Gobierno de coalición.
¿Qué harán desde el primer día? ¿Y durante los primeros cien? ¿Qué transformaciones impulsarán durante el primer año? ¿Qué reformas deberán haber concluido antes de terminar la legislatura?
¿Van a limitarse a sustituir a los ministros, secretarios de Estado, directores generales, asesores y demás beneficiarios del presupuesto por otros de su confianza?
¿O se proponen cambiar de verdad las estructuras políticas, administrativas y económicas cuya existencia llevan años denunciando?
Porque si el propósito consiste en conservar el mismo edificio, con idénticos despachos, idénticos privilegios y semejante reparto del poder, pero sustituyendo a sus ocupantes, el resultado no será una transformación del Estado.
Será una mudanza.
Y una mudanza no justifica tantas promesas.
II. ANTES DE LAS ELECCIONES, UN ACUERDO DE GOBIERNO. NO DESPUÉS
Hay algo que debería resultar perfectamente normal en un país cuyos dirigentes presumen de democráticos.
Si PP y VOX contemplan gobernar juntos, que se sienten a negociar antes de las elecciones y expliquen públicamente en qué están de acuerdo y en qué discrepan.
No les estoy pidiendo que renuncien a sus respectivos programas o que se fusionen en un solo partido.
Les estoy pidiendo que traten a los electores como adultos.
Que dejen de actuar como si los pactos de gobierno fueran asuntos privados que únicamente pueden resolverse después de contar los votos.
Porque el elector del PP tiene derecho a conocer qué propuestas de VOX está dispuesto a aceptar Feijóo.
Y el elector de VOX tiene idéntico derecho a saber cuáles de sus compromisos piensa sacrificar Abascal para entrar en el Consejo de Ministros.
¿Recentralización o mantenimiento del Estado autonómico? ¿Reducción del gasto público o continuidad presupuestaria? ¿Reforma de la legislación sobre inmigración o simples retoques? ¿Derogación de determinadas leyes o modificaciones cosméticas?
¿En qué cuestiones existen acuerdos y cuáles constituyen obstáculos?
Lo razonable sería publicar un acuerdo político antes de las elecciones, no organizar después una subasta de ministerios, cargos y competencias.
Y ese acuerdo debería constituir la base de un programa de gobierno completo, con compromisos presupuestarios y legislativos.
III. DIAGNÓSTICO, OBJETIVOS, PLAZOS Y PRESUPUESTOS: LO MÍNIMO QUE SE EXIGE A CUALQUIER PERSONA SERIA.
Cuando un empresario solicita financiación para desarrollar un proyecto, tiene que explicar qué pretende hacer, cuáles son sus objetivos, qué recursos necesita y cómo espera obtener resultados.
Cuando una familia solicita una hipoteca, el banco examina sus ingresos, patrimonio, deudas y capacidad de devolución.
Cuando un ciudadano presenta una solicitud de subvención, debe justificar los gastos, cumplir determinados requisitos y demostrar que ha realizado las actividades comprometidas.
En cambio, quienes aspiran a administrar centenares de miles de millones de euros de los contribuyentes pueden presentarse ante los electores con un puñado de eslóganes y promesas imposibles de cuantificar.
¡Qué admirable sistema!
Por eso habría que exigir a PP y VOX un diagnóstico de la situación real de España.
Sin propaganda y sin maquillaje.
¿Cuál es la deuda pública? ¿Cuáles son las necesidades de financiación y los vencimientos previstos? ¿Cuánto cuesta mantener las distintas administraciones? ¿Cuántos empleados públicos, organismos, empresas y entidades dependientes existen?
¿Cuánto dinero se destina realmente a servicios públicos y cuánto al sostenimiento de estructuras políticas y administrativas?
¿Cuál es la situación de la Seguridad Social? ¿Qué obligaciones futuras tiene contraídas el Estado? ¿Qué compromisos presupuestarios procedentes de Bruselas debemos cumplir?
Y, una vez elaborado el diagnóstico, habría que responder a la pregunta siguiente:
¿QUÉ PROPONEN HACER PARA RESOLVER CADA PROBLEMA?
No me sirve que prometan reducir impuestos sin explicar qué gastos reducirán.
Tampoco que anuncien enormes inversiones sin identificar las fuentes de financiación.
Ni que aseguren que acabarán con la corrupción, el despilfarro o la delincuencia sin especificar los instrumentos necesarios.
Cada propuesta debería acompañarse de objetivos mensurables, responsables de su ejecución, recursos económicos y fechas de cumplimiento.
No es ninguna extravagancia. Es lo mínimo exigible a quien pretende gobernar.
IV. ¿QUÉ LEYES DEL SANCHISMO VAN A DEROGAR Y CÓMO?
Durante años, PP y VOX han denunciado buena parte de las leyes aprobadas por los gobiernos de Pedro Sánchez.
Muy bien.
Pero ahora toca pasar de las palabras a los hechos.
¿Derogarán la Ley de Memoria Democrática?
¿Qué harán con la ley de amnistía?
¿Modificarán la legislación de vivienda? ¿En qué sentido? ¿Qué medidas concretas facilitarán la construcción y el acceso a una vivienda?
¿Qué reformas plantean sobre la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y la legislación relativa a la violencia de género?
¿Qué harán con las leyes educativas, los contenidos de los programas escolares, el régimen lingüístico y las competencias educativas de las comunidades autónomas?
¿Revisarán la legislación sobre nacionalidad, extranjería, reagrupación familiar y regularizaciones?
¿Y qué ocurrirá con las medidas que no proceden de leyes, sino de reales decretos, acuerdos administrativos, instrucciones ministeriales o decisiones políticas?
Conviene recordar que no todas las normas se modifican del mismo modo. La derogación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en la votación final correspondiente, y una reforma constitucional está sometida a procedimientos especialmente exigentes.
Por tanto, no basta con gritar «¡derogaremos!».
Hay que identificar cada norma, explicar qué se pretende hacer con ella, redactar la alternativa y precisar qué apoyos parlamentarios serán necesarios.
Y, si no tienen intención de derogar determinadas disposiciones, que lo digan.
Los electores también tenemos derecho a saber qué políticas de Sánchez piensan conservar.
V. EL ESTADO AUTONÓMICO, EL GASTO PÚBLICO Y LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES
Aquí aparece una de las diferencias más importantes entre PP y VOX.
VOX ha defendido reiteradamente la recuperación de competencias estatales. El PP mantiene su compromiso con el modelo autonómico, aunque reclame modificaciones en su funcionamiento.
¿Cómo se concilian ambas posiciones?
¿Pretenden reducir administraciones duplicadas? ¿Cuáles?
¿Eliminarán organismos que consideren innecesarios? ¿Cuántos? ¿Con qué ahorro anual?
¿Qué harán con las diputaciones, las televisiones públicas, los organismos consultivos, las empresas públicas deficitarias, las subvenciones a organizaciones políticas y sociales y los miles de cargos designados discrecionalmente?
¿Reformarán el sistema de financiación autonómica?
¿Cambiarán el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial?
¿Y qué harán con el Tribunal de Cuentas?
Porque resulta particularmente llamativo que los partidos participen en la elección de los doce consejeros de la institución encargada de fiscalizar sus cuentas.
El Tribunal posee facultades fiscalizadoras y jurisdiccionales, pero su funcionamiento, su composición y la demora de determinados informes merecen una revisión profunda.
Todavía recuerdo aquel episodio de octubre de 2002, cuando, después de conocerse irregularidades en los fondos destinados a cursos de formación, Xavier Trias, entonces portavoz parlamentario de Convergència i Unió, atribuyó las prácticas examinadas por el Tribunal de Cuentas a la «picaresca española».
Y tan satisfechos.
Aquello no fue una resolución oficial del Congreso, sino una declaración de un destacado dirigente parlamentario. Pero retrata una manera de contemplar la administración del dinero público que merece ser recordada.
¿Piensan PP y VOX reformar de verdad los mecanismos de fiscalización o se conformarán con colocar a personas de su confianza donde ahora se sientan las de otros partidos?
VI. EL DINERO DE LOS PARTIDOS: ¿QUIÉN PAGA Y QUÉ RECIBE A CAMBIO?
Existe una vieja máxima: «El que paga manda».
En política, además, no siempre resulta necesario entregar un sobre o ingresar dinero directamente en las cuentas de un partido.
La influencia económica puede discurrir mediante fundaciones, asociaciones, entidades vinculadas, campañas, servicios y redes internacionales de apoyo.
La legislación contempla controles sobre partidos y entidades vinculadas, pero los controles legales no eliminan por sí solos la posibilidad de relaciones económicas encubiertas.
Por eso las preguntas deben formularse sin rodeos.
¿Están dispuestos PP y VOX a publicar información detallada sobre sus fuentes de financiación, sus fundaciones y asociaciones vinculadas y sus relaciones económicas con organizaciones extranjeras, respetando las garantías legales de protección de datos?
¿Qué vínculos económicos o compromisos mantienen con entidades próximas a gobiernos, partidos o grandes grupos de presión internacionales?
¿Qué mecanismos permitirán comprobar que ninguna organización extranjera condiciona sus decisiones?
Y estas mismas preguntas deberían dirigirse al PSOE y al resto de las formaciones que reciben fondos públicos.
La transparencia no consiste en asegurar que todo es legal, sino en ofrecer información suficiente para que los ciudadanos puedan comprobar cómo se financia la actividad política.
VII. LAS PENSIONES: DIEZ MILLONES DE PENSIONISTAS MERECEN ALGO MÁS QUE PALABRAS TRANQUILIZADORAS
No podemos seguir fingiendo que la financiación de las pensiones es un asunto que se resuelve mediante buenas intenciones.
El sistema español es fundamentalmente de reparto: las cotizaciones de quienes trabajan financian las prestaciones actuales, complementadas con transferencias y otros recursos públicos.
La evolución demográfica, las jubilaciones, los salarios, el empleo y las obligaciones futuras condicionan su sostenibilidad.
Y, sin embargo, acercándose las elecciones, los dirigentes suelen convertirse en maestros del arte de tranquilizar a los pensionistas sin explicar suficientemente cómo piensan financiar las promesas.
Señores Feijóo y Abascal:
¿Qué modelo de pensiones defienden?
¿Mantendrán el sistema de reparto? ¿Introducirán mecanismos complementarios de capitalización?
¿Cómo financiarán las prestaciones durante las próximas décadas?
¿Cuáles son sus previsiones de cotizaciones, transferencias del Estado y gasto?
¿A qué edad se jubilarán los trabajadores? ¿Qué ocurrirá con los períodos de cotización? ¿Y con las pensiones mínimas?
¿Presentarán una estimación económica que permita conocer el efecto de sus propuestas sobre trabajadores, empresarios, pensionistas y Hacienda?
Y una pregunta especialmente incómoda:
¿Se comprometen a explicar el coste real de sus propuestas aunque la respuesta pueda disgustar a una parte de los electores?
Porque las pensiones no se pagan con aplausos, ni con discursos, ni con las hojas de los árboles.
Se pagan con dinero.
Y las cuentas tienen que cuadrar.
VIII. INMIGRACIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS FRONTERAS
Otro asunto que reclama respuestas precisas es el de la inmigración.
No basta con anunciar que se combatirá la inmigración irregular.
¿Cómo se hará?
¿Reformarán la Ley de Extranjería? ¿Qué requisitos establecerán para la residencia, la reagrupación familiar y la obtención de la nacionalidad?
¿Qué procedimientos permitirán ejecutar las expulsiones acordadas legalmente?
¿Qué harán cuando un país se niegue a readmitir a sus nacionales?
¿Qué medios tendrán la Policía Nacional, la Guardia Civil y las autoridades encargadas del control fronterizo?
¿Se incrementarán sus plantillas? ¿Cuánto costará? ¿De qué partidas presupuestarias saldrá el dinero?
¿Habrá acuerdos efectivos de readmisión con los países de procedencia?
¿Se revisarán las ayudas y subvenciones destinadas a organizaciones que intervienen en la acogida y atención de inmigrantes? ¿Con qué criterios de eficacia y fiscalización?
¿Y qué medidas específicas establecerán para combatir las redes de tráfico de personas?
Las fronteras no se protegen mediante discursos pronunciados desde una tribuna parlamentaria.
Se protegen mediante leyes aplicables, fuerzas de seguridad dotadas de medios suficientes, acuerdos internacionales y decisiones políticas sostenidas en el tiempo.
Y todo ello requiere presupuesto, organización y responsabilidades claramente atribuidas.
IX. CEUTA, MELILLA, MARRUECOS Y LOS AMIGOS DE NUESTROS FUTUROS GOBERNANTES
Llegamos a una cuestión que considero especialmente importante y sobre la que PP y VOX deberían ofrecer respuestas inequívocas.
Marruecos es uno de los principales socios estratégicos de Estados Unidos e Israel en el norte de África.
Washington mantiene una intensa cooperación militar con Rabat.
Israel restableció oficialmente sus relaciones diplomáticas con Marruecos en diciembre de 2020, dentro del proceso de normalización asociado a los Acuerdos de Abraham.
Y el 17 de julio de 2023 Netanyahu reconoció expresamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
No es una suposición. Consta en las comunicaciones oficiales de ambos Estados.
Mientras tanto, Marruecos mantiene reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, ciudades españolas cuya soberanía no corresponde negociar a ningún gobierno extranjero.
Aquí es donde surgen preguntas que van bastante más allá de las simpatías personales entre dirigentes.
Abascal mantiene relaciones políticas estrechas con Netanyahu y el Likud.
Feijóo defiende unas relaciones privilegiadas con nuestros aliados occidentales, especialmente Estados Unidos y los socios europeos.
Perfectamente.
Pero ¿qué sucederá cuando los intereses estratégicos de esos aliados no coincidan con los intereses españoles?
¿Qué postura adoptará un Gobierno PP-VOX sobre el Sáhara Occidental?
¿Revisará la posición asumida por Pedro Sánchez en marzo de 2022 respecto al plan marroquí de autonomía?
¿Exigirá a Marruecos una declaración inequívoca de respeto a la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las demás plazas españolas norteafricanas?
¿Qué medidas adoptará ante nuevas presiones fronterizas, incursiones en aguas españolas o reivindicaciones territoriales?
¿Solicitará compromisos adicionales a nuestros aliados sobre la protección de Ceuta y Melilla?
¿Revisará los acuerdos de cooperación con Rabat si considera que Marruecos incumple sus obligaciones?
Y, especialmente:
SEÑOR ABASCAL: SI NETANYAHU RESPALDA A MOHAMED VI EN UNA CRISIS CON ESPAÑA, ¿A QUIÉN RESPALDARÁ USTED?
SEÑOR FEIJÓO: SI WASHINGTON CONSIDERA PRIORITARIOS SUS INTERESES ESTRATÉGICOS EN MARRUECOS, ¿QUÉ HARÁ SU GOBIERNO PARA DEFENDER LOS INTERESES ESPAÑOLES?
Nadie está pidiendo que España rompa relaciones con Israel o Estados Unidos.
Se trata de algo mucho más elemental: saber si quienes aspiran a gobernarnos tienen una política exterior propia y qué harán cuando sus alianzas internacionales planteen conflictos de intereses.
Porque los aliados también defienden sus propios intereses.
Y España tiene que defender los suyos.
X. ¿CUÁL SERÁ LA POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL?
España forma parte de la OTAN y de la Unión Europea, pero pertenecer a organizaciones internacionales no elimina la obligación de disponer de medios propios de defensa.
¿Qué presupuesto militar plantean PP y VOX?
¿Qué capacidades de las Fuerzas Armadas consideran prioritarias?
¿Reforzarán la Armada, la vigilancia aérea y marítima, la defensa antiaérea y las unidades desplegadas en Ceuta y Melilla?
¿Qué inversiones realizarán en instalaciones, personal, armamento, inteligencia y vigilancia?
¿De qué manera pretenden garantizar el control y la seguridad del Estrecho de Gibraltar?
¿Qué posición mantendrán respecto a las bases estadounidenses de Rota y Morón?
¿Impulsarán la industria española de defensa?
¿Están dispuestos a estudiar algún modelo de servicio cívico-militar, voluntario o de otra naturaleza, compatible con nuestro ordenamiento jurídico?
¿Y cómo piensan afrontar la singular situación de Ceuta y Melilla dentro de los compromisos territoriales de defensa colectiva de la OTAN?
No basta con afirmar que España tendrá unas Fuerzas Armadas poderosas.
Hay que determinar cuáles, con qué efectivos, qué equipos, qué presupuesto y qué objetivos estratégicos.
Y sería conveniente que esas decisiones se adoptaran pensando en las necesidades españolas, no simplemente en satisfacer las preferencias de otros gobiernos.
XI. EDUCACIÓN, SANIDAD, VIVIENDA Y EMPLEO: ¿DÓNDE ESTÁ EL PROGRAMA?
Después de tantos años de reformas y contrarreformas, ¿qué modelo educativo pretenden establecer?
¿Revisarán los planes de estudio, las pruebas de evaluación, la formación del profesorado y las exigencias académicas?
¿Qué harán para mejorar los resultados de los estudiantes españoles en las evaluaciones internacionales?
¿Qué medidas adoptarán para reducir las listas de espera sanitarias y mejorar la atención primaria?
¿Qué compromisos asumirán respecto a la dependencia y la discapacidad?
¿Dispondrán de un plan de vivienda que especifique cuántas viviendas nuevas se pretende facilitar, dónde, mediante qué procedimientos y a qué coste?
¿Reducirán los obstáculos administrativos para construir?
¿Qué medidas fiscales y laborales pondrán en marcha para favorecer la contratación y la creación de empresas?
¿Qué harán para recuperar actividad económica y población en la España rural?
Y, nuevamente, la pregunta imprescindible:
¿CUÁNTO COSTARÁ TODO ELLO Y DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO?
Si anuncian que gastarán más, deben explicar cómo financiarán ese aumento.
Si prometen reducir impuestos, deben identificar la reducción de gastos correspondiente o el incremento de actividad e ingresos que esperan obtener.
Y si sostienen que eliminarán el despilfarro, tienen que cuantificarlo.
No mediante una cifra sacada de la chistera, sino mediante una previsión económica que los ciudadanos puedan examinar.
XII. EL CONTRATO CON LOS ELECTORES: FIRMADO, PÚBLICO Y CON OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS
Y llegamos a lo que considero la exigencia fundamental de todas las anteriores.
PP Y VOX DEBERÍAN FIRMAR, ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE, UN CONTRATO POLÍTICO CON SUS ELECTORES.
No un manifiesto lleno de grandes palabras.
No una colección de promesas redactadas por expertos en propaganda.
No un acuerdo secreto destinado a repartirse ministerios.
UN CONTRATO.
Un compromiso público, escrito, firmado por Feijóo y Abascal, que contenga las bases de su eventual acción de gobierno.
Ese contrato debería incorporar, como mínimo, las siguientes cláusulas:
- Diagnóstico inicial. Descripción precisa de la situación económica, institucional, social y estratégica de España, con fuentes y datos comprobables.
- Compromisos legislativos. Relación de leyes y disposiciones que pretenden derogar, modificar o aprobar, con indicación de los procedimientos necesarios.
- Objetivos medibles. Resultados concretos que se comprometen a conseguir, diferenciando aquello que depende directamente del Gobierno de lo que requiere acuerdos parlamentarios o internacionales.
- Calendario obligatorio de evaluación. Compromisos para los primeros cien días, el primer año, el segundo año y la finalización de la legislatura.
- Presupuesto de ejecución. Coste estimado de cada medida, previsión de ingresos, fuentes de financiación y consecuencias sobre déficit y deuda pública.
- Responsables identificados. Ministerios y cargos encargados de ejecutar y supervisar cada compromiso.
- Información pública periódica. Publicación trimestral del estado de cumplimiento, con explicaciones de retrasos, modificaciones, gastos efectuados y resultados.
- Rendición de cuentas. Comparecencia pública anual de los firmantes para explicar lo prometido, lo realizado, lo incumplido y las razones de cada incumplimiento.
- Consecuencias políticas. Compromiso de explicar los incumplimientos graves y asumir responsabilidades, incluida la renuncia voluntaria al cargo cuando así se haya establecido expresamente para determinados compromisos esenciales.
- Prohibición de alterar los compromisos a escondidas. Toda modificación sustancial del programa pactado deberá hacerse pública, justificarse y someterse al conocimiento de los electores.
No estoy hablando de convertir cada promesa electoral en una obligación cuyo incumplimiento determine automáticamente una condena judicial.
Hablo de algo perfectamente comprensible: un contrato político que obligue a quienes lo firman a responder públicamente por sus compromisos.
Naturalmente, pueden surgir acontecimientos imprevistos, crisis internacionales y dificultades económicas.
Pero una cosa es explicar razonadamente por qué ha resultado imposible cumplir un compromiso y otra muy distinta prometer una cosa para conseguir votos y hacer después la contraria.
Y sería conveniente que el contrato contemplase una evaluación externa, realizada por profesionales independientes, cuyos resultados se pusieran a disposición de los ciudadanos.
Porque si se trata de administrar el dinero de todos, lo mínimo exigible es una contabilidad comprensible de lo que se ha hecho con él.
XIII. SI NO CUMPLEN, ¿QUIÉN RESPONDE?
Esta es, posiblemente, la pregunta que menos gusta a quienes aspiran a ejercer el poder.
¿QUÉ OCURRE SI NO CUMPLEN?
En la vida corriente, los compromisos tienen consecuencias.
Un trabajador responde por sus obligaciones laborales.
Un empresario debe cumplir sus contratos.
Un ciudadano que deja de pagar sus impuestos se enfrenta a reclamaciones, recargos y posibles sanciones.
Pero nuestros dirigentes pueden incumplir una parte considerable de sus programas y, llegada la siguiente campaña electoral, volver a pedirnos confianza como si nada hubiera sucedido.
Y eso debe cambiar.
No propongo que una previsión económica equivocada o una promesa incumplida por causas ajenas a la voluntad del Gobierno se conviertan automáticamente en una infracción.
Propongo distinguir entre las dificultades justificadas y el incumplimiento deliberado de compromisos esenciales.
Si Feijóo y Abascal firman un contrato político con los ciudadanos, deberían asumir expresamente las consecuencias de quebrantarlo.
Si prometen una reforma fundamental y, disponiendo de los medios necesarios, renuncian a realizarla sin justificación convincente, deben comparecer, dar explicaciones y aceptar la responsabilidad política correspondiente.
¿Estarían dispuestos a comprometer sus cargos ante determinados incumplimientos graves?
¿Aceptarían someter el grado de ejecución de sus programas a auditorías públicas independientes?
¿Se comprometerían a no esconder el incumplimiento detrás de la habitual excusa de que la culpa siempre corresponde al socio de gobierno, a Bruselas, a los mercados o a quienes gobernaron antes?
Porque conocemos demasiado bien esa representación teatral.
Cuando están en la oposición, tienen soluciones para todos los problemas.
Cuando llegan al Gobierno, descubren que las cosas son mucho más difíciles de lo que imaginaban.
Y cuando abandonan el poder, vuelven a tener soluciones para todo.
¡Qué prodigiosa capacidad de recuperación!
XIV. ¿PARA QUÉ QUIEREN GOBERNAR, EXACTAMENTE?
Quisiera terminar regresando al principio.
Feijóo y Abascal han hecho de su oposición al Gobierno de Sánchez una parte esencial de su actividad política.
Pero ser adversario de Sánchez no constituye, por sí solo, un programa de gobierno.
Los españoles necesitamos saber qué modelo de Estado, de economía, de sociedad y de relaciones internacionales pretenden establecer.
Y, sobre todo, qué diferencias reales existen entre ese proyecto y las políticas que dicen combatir.
Si aspiran a gobernar juntos, que expliquen cómo resolverán sus contradicciones.
Si prometen reducir el gasto, que cuantifiquen el ahorro.
Si anuncian que derogarán leyes, que identifiquen cuáles y cómo.
Si aseguran que protegerán nuestras fronteras, que expliquen con qué medios.
Si defienden las pensiones, que presenten las cuentas.
Si proclaman que combatirán la corrupción, que acepten mecanismos de control independientes y transparentes.
Si pretenden reformar el Estado, que especifiquen qué instituciones transformarán y qué competencias modificarán.
Y si presumen de mantener excelentes relaciones con Trump, Netanyahu u otros dirigentes internacionales, que aclaren hasta dónde llegan esas amistades cuando entran en conflicto con los intereses de España.
Porque una nación no puede tener como política exterior una colección de fotografías de sus gobernantes estrechando manos extranjeras.
La política exterior española debe estar al servicio de España.
Y su política interior, al servicio de los ciudadanos, no de las organizaciones que ocupan el poder.
EPÍLOGO. ANTES DE DARLES LAS LLAVES, QUE FIRMEN EL CONTRATO
En definitiva, quedan seis semanas para las elecciones del 29 de noviembre.
Tiempo suficiente para que PP y VOX negocien un acuerdo de gobierno y presenten sus principales compromisos.
Tiempo suficiente para explicar qué quieren cambiar, cómo piensan hacerlo y cuánto costará.
Tiempo suficiente para responder a las preguntas que los ciudadanos tienen derecho a formular.
Y tiempo suficiente para firmar públicamente un contrato político con sus electores.
Un contrato con compromisos precisos, plazos establecidos, presupuestos conocidos y responsabilidades por incumplimiento.
Porque, al fin y al cabo, los ciudadanos somos quienes pagamos los sueldos de nuestros representantes, financiamos las instituciones y soportamos las consecuencias de sus decisiones.
No somos súbditos obligados a agradecerles que nos permitan votar cada cuatro años.
Somos ciudadanos que tenemos derecho a pedir explicaciones antes de entregar el poder y a exigir cuentas después.
Y una última consideración.
Si dos partidos que aspiran a formar un Gobierno no son capaces de ponerse de acuerdo antes de las elecciones sobre las grandes cuestiones nacionales, ¿por qué habríamos de suponer que lograrán hacerlo después, cuando entren en juego los ministerios, los nombramientos y el reparto efectivo del poder?
Si no pueden acordar un diagnóstico, unos objetivos, un calendario y un presupuesto, ¿qué garantía ofrecen de que sabrán gobernar conjuntamente?
SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: NO LES PEDIMOS MILAGROS. LES PEDIMOS QUE EXPLIQUEN QUÉ VAN A HACER, QUE SE COMPROMETAN POR ESCRITO Y QUE RESPONDAN SI INCUMPLEN.
No parece demasiado pedir a quienes pretenden dirigir los destinos de casi cincuenta millones de españoles.
Y si consideran excesiva esta exigencia, convendría que nos explicaran por qué.
Porque los españoles hemos conocido demasiados gobiernos que pedían confianza ilimitada y consideraban una impertinencia que alguien les exigiera responsabilidades.
EL VOTO NO ES UN CHEQUE EN BLANCO.
EL PODER NO ES UNA PROPIEDAD PRIVADA.
Y GOBERNAR NO CONSISTE EN COBRAR UN SUELDO PÚBLICO A CAMBIO DE PROMESAS QUE NADIE ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR.
Así que, antes de pedirnos las llaves de España, señores Feijóo y Abascal:
SIÉNTENSE, NEGOCIEN, PRESENTEN LAS CUENTAS Y FIRMEN EL CONTRATO.
Y SI NO LO CUMPLEN, RINDAN CUENTAS.
Que ya va siendo hora.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
18 de octubre de 2026
