SI YO FUERA JORDI WILD…
Sentaría a Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau alrededor de una mesa. Y, antes de permitirles hablar de sus maravillosos proyectos para España, les preguntaría qué piensan hacer con los más de DOS BILLONES TRESCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS de obligaciones financieras que acumulan nuestras administraciones públicas.
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión

Jordi Wild ha conseguido algo que hace unos años parecía reservado a los grandes medios de comunicación: que los principales aspirantes a presidir el Gobierno de España acepten someterse a las preguntas de alguien ajeno a los circuitos habituales del periodismo político.
El pasado 13 de noviembre publicó sus conversaciones con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau. Santiago Abascal, que también había aceptado inicialmente la invitación, acabó cancelándola.
Es una lástima. Y no solamente por el espectáculo que habría supuesto reunir a los cuatro.
Porque, si yo fuera Jordi Wild, aprovecharía la extraordinaria audiencia de The Wild Project para organizar algo todavía más interesante: un debate a cuatro, o a cinco, en el que los participantes tuvieran que enfrentarse a las cuentas de España y explicar, con cifras y compromisos concretos, qué piensan hacer para evitar que continuemos endeudando a nuestros hijos, nietos y bisnietos.
Sentaría frente a frente a Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau. Y, si añadiera una quinta persona, invitaría a un economista independiente, bien documentado, capaz de detectar inmediatamente cuándo alguno intenta confundir las cosas.
Nada de discursos preparados por los asesores. Nada de preguntas previamente pactadas. Nada de interminables respuestas que comienzan hablando de la deuda pública y terminan explicándonos las bondades de la transición ecológica, la igualdad, la regeneración democrática o cualquier otra expresión de esas que los políticos repiten hasta la náusea.
Tampoco admitiría que Sánchez respondiera hablando de Franco, que Feijóo se refugiara en las fechorías socialistas, que Abascal se limitara a denunciar la traición a España o que Colau nos recitara las habituales letanías sobre los ricos y los pobres.
Les preguntaría por dinero. Por el dinero de los españoles. Por cuánto ingresan, cuánto gastan, cuánto deben y cuánto piensan seguir pidiendo prestado.
Y, sobre todo, les preguntaría quién va a pagar la cuenta.
Porque llevo muchos años observando una curiosa coincidencia entre nuestros gobernantes: todos presumen de gestionar estupendamente los recursos públicos, todos aseguran que sus adversarios despilfarran y todos prometen mejorar los servicios sin explicar satisfactoriamente de dónde van a sacar el dinero.
Una maravilla.
Pero antes de comenzar el interrogatorio económico, considero indispensable aclarar un par de cuestiones que nuestros políticos, sus asesores y sus seguidores más entusiastas parecen empeñados en confundir.
La primera es que UN PROGRAMA ELECTORAL NO ES UN PROGRAMA DE GOBIERNO.
La segunda es que LA POLÍTICA NO DEBERÍA CONSISTIR EN ORGANIZAR COMPETICIONES DE SENTIMENTALISMO TÓXICO PARA CONSEGUIR LA ADHESIÓN INCONDICIONAL DE LOS VOTANTES.
Y ambas cuestiones guardan una estrechísima relación.
PROGRAMAS ELECTORALES: PROMETER ES GRATIS; GOBERNAR CUESTA DINERO
Todos los partidos concurren a las elecciones con sus correspondientes programas electorales.
Unos publican documentos interminables, repletos de promesas que difícilmente leerán sus propios militantes. Otros prefieren versiones más breves, con grandes titulares y frases destinadas a convertirse en consignas.
Todos prometen mejorar la vida de los ciudadanos.
Todos ofrecen soluciones a problemas que llevan décadas sin resolverse.
Todos aseguran que administrarán los recursos con mayor eficacia que sus adversarios.
Todos denuncian la corrupción, el despilfarro, las injusticias y las deficiencias de los servicios públicos.
Y casi todos presentan el acceso al poder como el principio de una época maravillosa.
¡Qué coincidencia!
El problema es que un programa electoral es, fundamentalmente, una declaración de intenciones destinada a conseguir votos.
Otra cosa es un programa de gobierno.
Un verdadero programa de gobierno tiene que identificar las decisiones que se adoptarán, las normas que deberán modificarse, los organismos encargados de ejecutar las reformas, los recursos humanos y materiales necesarios, su coste económico, las fuentes de financiación, los plazos y los mecanismos de comprobación de los resultados.
Y también debe explicar qué medidas tendrán preferencia sobre otras cuando los recursos resulten insuficientes.
Porque el dinero no es infinito.
Aunque nuestros gobernantes parezcan convencidos de lo contrario.
Si un partido promete reducir los impuestos, debe explicar cuánto dejará de ingresar la Hacienda pública.
Si promete aumentar las pensiones, debe demostrar cómo las financiará.
Si anuncia nuevas inversiones, tiene que explicar cuánto costarán, cuánto tiempo necesitará para ejecutarlas y qué gastos de conservación ocasionarán posteriormente.
Si promete reducir la deuda, debe identificar los recursos que dedicará a conseguirlo.
Y si pretende hacer todo eso simultáneamente, tendrá que presentar unas cuentas que cuadren.
UN PROGRAMA ELECTORAL SIRVE PARA PEDIR EL VOTO. UN PROGRAMA DE GOBIERNO SIRVE PARA EXPLICAR QUÉ SE HARÁ CON EL PODER Y CÓMO SE RESPONDERÁ DE SU EJERCICIO.
No es una diferencia menor.
Es la diferencia entre vender ilusiones y presentar un proyecto de administración pública.
Por eso, Jordi, lo primero que haría sería pedir a los cuatro participantes que entregaran sus respectivos programas de gobierno.
No sus catálogos de promesas.
No sus declaraciones de principios.
No sus repertorios de frases solemnes.
SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO, CON CIFRAS, PLAZOS, MEDIDAS CONCRETAS Y RESPONSABILIDADES.
Y a quien no tuviera preparado semejante documento le pediría que explicara por qué pretende gobernar España sin presentar previamente un plan suficientemente desarrollado para hacerlo.
Porque aspirar a presidir un Gobierno no debería consistir en proclamar que uno posee mejores sentimientos, intenciones o principios que sus adversarios.
Los buenos sentimientos no pagan las facturas.
Las buenas intenciones no mantienen las carreteras.
Las declaraciones solemnes no reducen la deuda.
Y los eslóganes no sirven para financiar las pensiones.
¡De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno!
Y de promesas incumplidas, la historia política española.
ABASCAL, EL GRAN AUSENTE: UNA MEDIOCRIDAD POLÍTICA QUE MERECE EXPLICACIONES
Llegados a este punto, conviene detenerse en Santiago Abascal.
Porque su ausencia en las entrevistas de Jordi Wild merece bastante más que una mención de pasada.
Abascal había aceptado participar.
Después canceló su intervención.
Vox alegó sus diferencias con el programa La Revuelta, de David Broncano, en relación con la utilización de las grabaciones de una entrevista anterior, y manifestó su intención de controlar el uso posterior de sus intervenciones.
Pero Jordi Wild había ofrecido publicar íntegramente las conversaciones, sin cortes, alteraciones ni manipulaciones.
Incluso había establecido las correspondientes garantías con los invitados.
El propio Wild expresó públicamente su decepción y explicó que Abascal tendría que haberse enfrentado a preguntas incómodas sobre cuestiones políticas y económicas.
Pues bien, a mí esta espantada me parece una demostración de mediocridad política.
Porque resulta muy cómodo comparecer ante un auditorio entregado, rodeado de banderas, aplausos y seguidores dispuestos a celebrar cualquier ocurrencia.
Lo complicado es sentarse frente a alguien que formula preguntas cuya respuesta exige conocimientos, capacidad de razonamiento y un verdadero proyecto de gobierno.
Es muy fácil denunciar el despilfarro, la proliferación de organismos innecesarios, los impuestos abusivos, la corrupción y la decadencia de España.
Lo complicado es explicar cómo se corregirán esos problemas, cuánto costarán las reformas y qué consecuencias tendrán.
Y, especialmente, cómo se financiarán.
Abascal dispone de un programa electoral.
Eso nadie lo discute.
LO QUE YO QUIERO CONOCER ES SU PROGRAMA DE GOBIERNO.
Quiero saber cuántos organismos públicos piensa suprimir, qué competencias pretende reorganizar, cuántos puestos políticos desaparecerán, cuánto dinero ahorrará con esas decisiones y qué cantidades dedicará a amortizar la deuda.
Quiero saber cuánto disminuirá la recaudación si lleva a cabo sus prometidas rebajas fiscales.
Quiero saber cómo financiará las prestaciones sociales y las inversiones que pretende mantener o aumentar.
Y quiero saber qué compromisos está dispuesto a sacrificar cuando llegue el momento de negociar con el Partido Popular ministerios, vicepresidencias, altos cargos y demás sillones.
Porque una cosa es proclamar principios irrenunciables durante un mitin y otra muy distinta mantenerlos cuando hay puestos de poder sobre la mesa.
¿CUÁNTO VALE UN PRINCIPIO IRRENUNCIABLE CUANDO HAY UN MINISTERIO EN JUEGO?
Ésa es una pregunta que me gustaría escuchar en un debate con Jordi Wild.
Pero tampoco voy a conceder gratuitamente a Sánchez, Feijóo y Colau una superioridad que no han demostrado por el simple hecho de haber acudido a sus entrevistas.
Una entrevista no constituye un examen completo de la capacidad de gobierno.
Y comparecer ante las cámaras no demuestra que se disponga de un programa de gobierno económicamente viable.
Por tanto, mi exigencia sería exactamente la misma para los cuatro.
Nada de pedir confianza.
Nada de exigir adhesiones.
Nada de vender salvaciones milagrosas.
¡ENSEÑEN SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO Y EXPLIQUEN CÓMO PIENSAN EJECUTARLOS!
HOBBITS, HOOLIGANS Y VULCANOS: LA INDUSTRIA DEL SENTIMENTALISMO POLÍTICO
Aquí aparece otra de las grandes cuestiones que me gustaría plantear a los cuatro aspirantes.
¿Por qué sus campañas electorales recurren constantemente a las emociones, los temores, los resentimientos, las esperanzas y los sentimientos de pertenencia?
¿Por qué dedican tanto esfuerzo a entusiasmar a sus seguidores y tan poco a explicar las consecuencias económicas de sus proyectos?
¿Por qué prefieren conquistar adhesiones personales en lugar de someter sus propuestas a un examen riguroso?
Mi respuesta es que buena parte de la propaganda electoral ha convertido el sentimentalismo en un instrumento para conseguir y conservar votantes.
Unos invocan el miedo a la extrema derecha.
Otros anuncian las calamidades del socialismo.
Otros proclaman que España está al borde de su desaparición.
Otros advierten de que los ricos, los empresarios o el capitalismo acabarán arrebatándonos todos nuestros derechos.
Cada partido dispone de su correspondiente colección de enemigos.
Y todos procuran convencer a sus seguidores de que el futuro será espantoso si gobiernan los otros.
¡PURO SENTIMENTALISMO TÓXICO!
No se trata solamente de convencer a los ciudadanos de que determinadas propuestas son mejores que otras.
Se trata de conseguir que identifiquen emocionalmente su propia suerte con la victoria de un partido.
Y que consideren cualquier crítica a sus dirigentes como una agresión contra ellos mismos.
Aquí viene a cuento el filósofo estadounidense Jason Brennan y su libro Contra la democracia, publicado originalmente en 2016 con el título Against Democracy.
Brennan distingue tres modelos de ciudadanos según su relación con la política: hobbits, hooligans y vulcanos.
Los hobbits son quienes apenas prestan atención a los asuntos políticos. Prefieren ocuparse de su trabajo, su familia, sus amistades, sus aficiones y sus problemas cotidianos. Suelen carecer de opiniones firmes sobre numerosas cuestiones públicas y poseen conocimientos políticos limitados.
Los hooligans son los aficionados políticos apasionados. Contemplan la política como una competición entre equipos rivales. Defienden a los suyos, buscan argumentos que confirmen sus convicciones y rechazan con frecuencia los datos que las contradicen.
Los vulcanos representan el ideal de ciudadanos que examinan los asuntos públicos mediante el razonamiento, procuran conocer los hechos, escuchan argumentos contrarios y están dispuestos a rectificar cuando descubren que se han equivocado.
Son modelos explicativos, no etiquetas que describan perfectamente a cada persona.
Pero sirven para comprender buena parte de la política española.
Porque nuestros partidos necesitan hooligans.
Necesitan militantes y simpatizantes que llenen mítines, difundan consignas, defiendan a sus dirigentes, justifiquen sus contradicciones y desacrediten a sus adversarios.
Y también necesitan que esos mismos hooligans movilicen a los hobbits.
Imaginemos a un ciudadano cualquiera.
Ha trabajado durante toda la semana.
Llega el domingo y tiene previsto descansar.
Ha organizado una comida con sus familiares, una excursión con sus amigos, una jornada deportiva, un viaje a su segunda residencia o, sencillamente, unas horas de tranquilidad.
La política no figura entre sus principales preocupaciones.
No ha leído los programas electorales.
No conoce las cifras de la deuda pública.
No sabe cuánto cuestan las promesas de los candidatos.
Y tampoco siente especial entusiasmo por ninguno.
Entonces aparece el hooligan.
El amigo, el familiar, el conocido o el militante que considera indispensable convencerlo de que acuda al colegio electoral.
Y comienza la representación.
¡Tienes que votar!
¡Nos jugamos el futuro de España!
¡Como ganen los otros, estamos perdidos!
¡Van a acabar con nuestros derechos!
¡Van a arruinarnos!
¡Van a destruir la democracia!
¡Van a destruir España!
¡Van a quitarnos todo!
Naturalmente, las desgracias anunciadas cambian según el partido al que pertenezca el predicador.
Pero el procedimiento es esencialmente el mismo.
¡EL APOCALIPSIS ELECTORAL COMO SUSTITUTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO!
El objetivo es conseguir que el ciudadano abandone durante unas horas sus ocupaciones dominicales y acuda a votar.
No necesariamente después de estudiar las propuestas y sus consecuencias.
Basta con que sienta suficiente miedo, entusiasmo, indignación o rechazo hacia los adversarios.
Y así es como una actividad que debería exigir reflexión termina convertida, demasiadas veces, en una competición de pasiones partidistas.
Cada partido tiene sus colores.
Sus cánticos.
Sus héroes.
Sus enemigos.
Sus consignas.
Y sus seguidores dispuestos a justificar cualquier contradicción del jefe.
Porque el hooligan político no necesita que su dirigente tenga razón.
Necesita que gane.
Y cuando gana, celebra la victoria.
Cuando pierde, busca culpables.
Cuando su partido incumple una promesa, encuentra una explicación.
Cuando el adversario incumple exactamente la misma promesa, exige responsabilidades inmediatas.
¡Admirable sentido de la coherencia!
Por eso preguntaría a Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau:
—¿PREFIEREN USTEDES CIUDADANOS QUE EXAMINEN SUS PROPUESTAS O SEGUIDORES QUE LAS APLAUDAN SIN HABERLAS LEÍDO?
—¿CUÁNTOS DE SUS MILITANTES CONOCEN REALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE SU PROGRAMA ELECTORAL?
—¿CUÁNTOS ESTÁN DISPUESTOS A EXIGIR RESPONSABILIDADES A LOS DIRIGENTES DE SU PROPIO PARTIDO?
—¿QUIEREN CIUDADANOS QUE PIENSEN O CLIENTELAS ELECTORALES QUE OBEDEZCAN?
Y todavía añadiría algo.
Los sentimientos son una parte inevitable de la vida humana y de la política.
El problema comienza cuando se utilizan para sustituir el razonamiento, ocultar los hechos y convertir la lealtad partidista en una obligación superior a la verdad.
Porque una democracia no mejora por el simple hecho de que millones de personas depositen una papeleta después de escuchar una colección de amenazas apocalípticas.
Mejora cuando los ciudadanos disponen de información suficiente para examinar las propuestas y exigir responsabilidades.
Y ése es precisamente el terreno en el que los hooligans resultan especialmente perjudiciales.
No porque defiendan ideas políticas.
Sino porque demasiados de ellos están dispuestos a defenderlas incluso cuando los hechos las contradicen.
LA PRIMERA PREGUNTA: ¿SABEN USTEDES CUÁNTO DEBEMOS?
Y ahora sí.
Comenzaría el debate colocando una cifra gigantesca en la pantalla:
2.309.015.000.000 DE EUROS.
Dos billones trescientos nueve mil quince millones de euros.
Es el importe de los pasivos financieros totales de las administraciones públicas españolas al finalizar el segundo trimestre de 2026, según los datos del Instituto Nacional de Estadística procedentes de las cuentas financieras del Banco de España.
Después mostraría otra:
1.750.000.000.000 DE EUROS.
Es la deuda pública calculada según el Protocolo de Déficit Excesivo correspondiente a agosto de 2026.
Son dos magnitudes distintas.
La primera comprende un conjunto más amplio de obligaciones financieras de las administraciones, algunas de ellas correspondientes a relaciones entre entidades públicas.
La segunda se calcula conforme al criterio europeo utilizado habitualmente para expresar la deuda pública en relación con el Producto Interior Bruto.
No deben sumarse.
Pero ambas merecen ser conocidas.
Y entonces preguntaría:
—Señor Sánchez, ¿por qué presume de haber reducido la deuda pública cuando su importe continúa aumentando en euros?
El Banco de España publicó el 21 de octubre que la deuda calculada conforme al criterio europeo representaba en agosto el 99,7 % del PIB, pero su importe había aumentado un 2,9 % respecto al año anterior.
Lo que disminuyó fue su proporción respecto al tamaño de la economía.
No la cantidad adeudada.
Y los acreedores no cobran en porcentajes.
Cobran en euros.
—Señor Feijóo, ¿qué cantidad concreta de deuda se compromete usted a reducir durante sus primeros cuatro años de Gobierno? ¿Qué gastos eliminará para conseguirlo?
—Señor Abascal, ¿cuánto dinero ahorrará realmente con sus propuestas de reorganización administrativa? ¿En qué partidas se reflejará ese ahorro?
—Señora Colau, ¿cómo financiará las nuevas prestaciones e inversiones que defiende sin aumentar continuamente el endeudamiento?
Y a los cuatro:
—¿CUÁL ES SU PROGRAMA PARA DEJAR DE GASTAR SISTEMÁTICAMENTE MÁS DE LO QUE INGRESAN LAS ADMINISTRACIONES?
No quiero discursos sobre justicia social.
Ni declaraciones solemnes sobre la libertad.
Ni promesas de salvar España.
Ni explicaciones sobre las maldades de los adversarios.
Quiero cifras.
Cuánto ingresarán.
Cuánto gastarán.
Cuánto pedirán prestado.
Qué cantidad deberán las administraciones cuando termine su mandato.
Y qué decisiones adoptarán para conseguirlo.
Porque cualquier familia que lleva sus cuentas sabe que no es posible gastar indefinidamente más de lo que se ingresa sin afrontar las consecuencias.
Nuestros gobernantes, en cambio, parecen haber descubierto una fórmula extraordinaria: gastar hoy, pedir prestado mañana y dejar las obligaciones para pasado mañana.
Y después presumir de una gestión económica maravillosa.
LOS INTERESES: CASI CINCO MILLONES DE EUROS CADA HORA
A continuación, mostraría otra cifra:
43.500 MILLONES DE EUROS.
Ésa es la cantidad que, según las previsiones publicadas por Funcas en octubre de 2026, alcanzará aproximadamente el pago de intereses de la deuda pública española durante este año.
Unos 119 millones diarios.
Casi cinco millones de euros cada hora.
¡Y hablamos solamente de intereses!
No de devolver el dinero prestado.
Las mismas previsiones de Funcas contemplan que, en ausencia de medidas correctoras, la factura anual de intereses alcance alrededor de 63.700 millones de euros en 2031.
Entonces preguntaría:
—¿Cuántas carreteras podrían conservarse con ese dinero?
—¿Cuántos hospitales podrían equiparse?
—¿Cuántas infraestructuras ferroviarias podrían repararse?
—¿Cuántos juzgados podrían recibir los medios que necesitan?
—¿Cuántos impuestos podrían reducirse?
—¿Qué sucederá si aumentan los costes de financiación?
—¿Cuánto dinero piensan dedicar a amortizar obligaciones en lugar de limitarse a refinanciarlas?
Y, especialmente:
—¿CÓMO EXPLICAN USTEDES QUE UN PAÍS QUE PRESUME DE CRECIMIENTO ECONÓMICO CONTINÚE ACUMULANDO DEUDAS DE ESTA MAGNITUD?
Por supuesto, endeudarse no constituye necesariamente una mala decisión.
Una familia solicita una hipoteca para comprar su vivienda.
Una empresa pide un préstamo para ampliar sus instalaciones.
Un Estado financia inversiones que proporcionarán beneficios durante muchos años.
Lo importante es que los recursos se empleen razonablemente y exista capacidad suficiente para atender las obligaciones contraídas.
Pero convertir el endeudamiento permanente en un modo habitual de financiar gastos que nadie se atreve a revisar constituye una práctica que merece un examen mucho más riguroso.
Y ése es el examen al que sometería a los cuatro candidatos.
DIECISIETE GOBIERNOS AUTONÓMICOS Y UNA FORMIDABLE COLECCIÓN DE ADMINISTRACIONES
España dispone de un Gobierno central, diecisiete gobiernos autonómicos, dos ciudades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, más de ocho mil ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, fundaciones, empresas públicas y organismos administrativos de toda condición.
Y, naturalmente, esa maquinaria necesita presidentes, vicepresidentes, consejeros, concejales, directores, subdirectores, asesores, gabinetes, edificios, despachos y presupuestos.
No todos son innecesarios.
Pero ¿cuántos resultan imprescindibles?
¿Cuántas competencias se repiten?
¿Cuántos organismos desarrollan funciones semejantes?
¿Cuántas empresas públicas viven de las transferencias de otras administraciones sin acreditar resultados suficientes?
¿Cuántas fundaciones se mantienen con subvenciones?
¿Cuántos cargos existen por razones políticas antes que por verdaderas necesidades administrativas?
Preguntaría:
—¿Cuánto cuesta mantener toda esa estructura?
—¿Qué organismos suprimirán?
—¿Qué competencias reorganizarán?
—¿Cuántos puestos políticos desaparecerán?
—¿Qué cantidad de dinero ahorrarán?
—¿Cuándo se harán efectivos esos ahorros?
Y, sobre todo:
—¿ESTÁN DISPUESTOS A RENUNCIAR A UNA PARTE CONSIDERABLE DE LOS CARGOS QUE SUS PARTIDOS ESPERAN REPARTIR CUANDO LLEGUEN AL PODER?
Porque denunciar los chiringuitos de los adversarios es muy sencillo.
Lo complicado es cerrar los propios.
Y aquí volvería a interesarme especialmente la respuesta de Abascal.
¿Qué sucederá si Vox llega a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular?
¿Qué reformas exigirá?
¿Qué compromisos renunciará a cumplir?
¿Qué puestos aceptará?
¿Qué gastos suprimirá de verdad?
Pero la misma pregunta vale para Feijóo.
¿Cuántas promesas abandonará para conseguir los votos que necesita?
Y para Sánchez.
¿Cuánto dinero costarán los acuerdos que le permitan conservar el poder?
Y para Colau.
¿Qué propuestas defenderá hasta sus últimas consecuencias y cuáles sacrificará para participar en un Gobierno?
Porque UNA COSA ES PROMETER CUANDO SE ESTÁ EN LA OPOSICIÓN Y OTRA MUY DISTINTA GOBERNAR CUANDO HAY QUE TOMAR DECISIONES.
NI SIQUIERA SOMOS CAPACES DE APROBAR UNOS PRESUPUESTOS NUEVOS
Hay otra cuestión que merece una explicación especialmente detallada.
España continúa funcionando en 2026 sobre la base de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados sucesivamente.
Cuarto año con la misma estructura presupuestaria inicial, aunque modificada mediante los procedimientos legales correspondientes.
Y estamos a punto de celebrar unas nuevas elecciones generales.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha documentado esta situación y sus consecuencias para la planificación y el control presupuestario.
Mi pregunta a Pedro Sánchez sería inmediata:
—¿CÓMO JUSTIFICA USTED HABER AGOTADO LA LEGISLATURA SIN CONSEGUIR APROBAR UNOS NUEVOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO?
Y a los demás:
—¿Qué harán si sus socios parlamentarios impiden aprobar las cuentas?
—¿Qué concesiones económicas están dispuestos a realizar para obtener apoyos?
—¿Cuánto costarán esas concesiones?
—¿Qué ocurrirá si los acuerdos políticos exigen gastos incompatibles con sus compromisos de reducción de la deuda?
Porque los presupuestos son mucho más que un documento contable.
Son el instrumento esencial para conocer las previsiones de ingresos, las autorizaciones de gasto y las obligaciones económicas del Estado.
Y el Parlamento tiene la obligación de examinar las cuentas.
No basta con reunir los votos necesarios para conservar la Presidencia.
Hay que demostrar que se dispone de un proyecto de gobierno coherente y de los apoyos necesarios para llevarlo a cabo.
PENSIONES: ¿QUIÉN VA A PAGAR LAS PROMESAS?
Después introduciría el asunto de las pensiones.
España cuenta con alrededor de diez millones de pensionistas.
El envejecimiento de la población y la jubilación de generaciones numerosas obligan a examinar cuidadosamente la financiación del sistema durante las próximas décadas.
Y los partidos continúan prometiendo mantener o mejorar las prestaciones.
Estupendo.
Pero quiero conocer las cuentas.
—¿Cuántos pensionistas habrá dentro de diez, veinte y treinta años?
—¿Cuántos trabajadores cotizantes se necesitarán?
—¿Qué previsiones de salarios y productividad utilizan?
—¿Qué parte del gasto se financiará mediante cotizaciones?
—¿Qué transferencias serán necesarias desde los presupuestos generales?
—¿Qué impuestos soportarán esas obligaciones?
—¿Qué consecuencias tendrán sus propuestas sobre el empleo?
Y formularía la pregunta que considero fundamental:
—¿CÓMO PIENSAN GARANTIZAR LAS PENSIONES SIN CONVERTIR A LOS TRABAJADORES DE MAÑANA EN CONTRIBUYENTES CADA VEZ MÁS EXPRIMIDOS?
No quiero enfrentar a los jubilados con sus hijos y nietos.
Quiero conocer cómo se sostendrá el sistema.
Y que nadie vuelva a utilizar a los pensionistas como rehenes sentimentales de una campaña electoral.
Porque prometer prestaciones sin explicar cómo se financiarán constituye una manera muy cómoda de conseguir votos.
Pero no equivale a presentar un programa de gobierno.
IMPUESTOS, SUBVENCIONES Y EL DINERO DE LOS DEMÁS
Tampoco olvidaría los impuestos.
Preguntaría:
—¿Qué impuestos se comprometen a reducir?
—¿Cuánto dinero dejará de recaudar la Hacienda pública?
—¿Qué gastos eliminarán para compensarlo?
—¿Qué nuevos tributos piensan establecer?
—¿Cuánto dinero más tendrá que pagar una familia trabajadora durante los próximos cuatro años?
Y añadiría una pregunta especialmente incómoda:
—¿EN QUÉ MOMENTO CONSIDERAN USTEDES QUE EL ESTADO DEJA DE ESTAR AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS Y COMIENZA A VIVIR A COSTA DE ELLOS?
Porque el dinero público no pertenece a los políticos.
No es de Sánchez.
No es de Feijóo.
No es de Abascal.
No es de Colau.
Procede del trabajo, del ahorro, del consumo y del patrimonio de millones de españoles.
Y cuando un gobernante anuncia que destinará miles de millones a una determinada finalidad, no está repartiendo su propio dinero.
Está administrando recursos ajenos.
Por eso preguntaría también por las subvenciones a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones, fundaciones y entidades privadas.
¿Cuánto dinero reciben?
¿Para qué lo reciben?
¿Quién comprueba su utilización?
¿Qué resultados acreditan?
¿Qué ayudas se suprimirán?
¿Qué cantidades se recuperarán cuando se demuestre que han sido utilizadas indebidamente?
Y una pregunta que no debería faltar:
—¿POR QUÉ TIENEN QUE FINANCIAR OBLIGATORIAMENTE LOS CONTRIBUYENTES A ORGANIZACIONES PRIVADAS CUYAS IDEAS, ACTIVIDADES O FINALIDADES NO COMPARTEN?
No me sirven las habituales promesas de combatir el despilfarro.
Quiero saber qué partidas presupuestarias desaparecerán.
Con nombres.
Con cantidades.
Y con fechas.
INFRAESTRUCTURAS: INAUGURAR ES MUY BONITO; CONSERVAR, BASTANTE MENOS
Otro asunto fundamental sería el mantenimiento de las infraestructuras.
España ha gastado cantidades enormes en carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles, estaciones, aeropuertos, hospitales y grandes obras públicas.
Muchas han supuesto avances extraordinarios.
Otras han resultado desproporcionadamente caras.
Y determinadas instalaciones padecen un deterioro que exige inversiones importantes para recuperar unas condiciones adecuadas de funcionamiento.
Entonces preguntaría:
—¿Cuánto dinero se necesita anualmente para conservar correctamente las infraestructuras existentes?
—¿Cuánto se dedica realmente a esa finalidad?
—¿Cuánto se invierte en nuevas obras y cuánto en mantenimiento?
—¿Quién autoriza los sobrecostes?
—¿Quién comprueba su justificación?
—¿Qué responsabilidades se exigen cuando se incumplen gravemente las obligaciones legales de conservación?
Y añadiría:
—¿ESTÁN DISPUESTOS A RENUNCIAR A ALGUNAS INAUGURACIONES PARA DESTINAR MÁS DINERO A CONSERVAR LO QUE YA TENEMOS?
Porque inaugurar una línea ferroviaria proporciona fotografías.
Mantenerla correctamente durante décadas exige una gestión mucho menos vistosa.
Y los ciudadanos no viven de las fotografías de los ministros.
Necesitan servicios que funcionen.
Especialmente en territorios como Extremadura, donde las deficiencias históricas de las comunicaciones ferroviarias constituyen una vergüenza difícil de justificar.
Me interesaría conocer qué piensan hacer los cuatro candidatos para mejorar el ferrocarril convencional, conservar las carreteras y garantizar que las inversiones respondan a necesidades reales.
Y no a la conveniencia de cortar una cinta antes de unas elecciones.
CORRUPCIÓN: ¿QUIÉN DEVUELVE EL DINERO?
Por supuesto, dedicaría una parte importante del debate a la corrupción.
España lleva décadas asistiendo a escándalos políticos, investigaciones judiciales, contratos cuestionados, adjudicaciones sospechosas, subvenciones irregulares y promesas solemnes de regeneración.
Los partidos denuncian las irregularidades de sus adversarios.
Y, cuando las investigaciones afectan a sus propios dirigentes, aparecen las excusas, las explicaciones, los ataques a los investigadores y las acusaciones de persecución política.
Por eso preguntaría:
—¿Qué controles establecerán para impedir los contratos amañados?
—¿Cómo garantizarán la independencia de los organismos fiscalizadores?
—¿Qué medidas adoptarán para proteger a quienes denuncien irregularidades?
—¿Cómo conseguirán recuperar las cantidades malversadas?
—¿Qué responsabilidades exigirán a quienes participen en actuaciones delictivas?
—¿Están dispuestos a aplicar los mismos criterios a los dirigentes de sus propios partidos?
Y especialmente:
—¿QUIÉN DEVUELVE EL DINERO CUANDO SE DEMUESTRA QUE HA SIDO MALVERSADO?
Porque una cosa es equivocarse al adoptar una decisión política y otra muy distinta cometer un delito o incumplir gravemente las obligaciones legales.
La responsabilidad política no depende necesariamente de que exista una condena penal.
Y cuando se demuestra judicialmente que alguien ha cometido una infracción, deben aplicarse las consecuencias correspondientes.
Sin privilegios.
Sin tratamientos de favor.
Sin convertir la pertenencia a un partido en una patente de impunidad.
ANTES DE MARCHAROS, TENDRÉIS QUE RESPONDER: EL JUICIO DE RESIDENCIA
Y aquí introduciría una propuesta que considero fundamental.
RECUPERAR EL ESPÍRITU DEL ANTIGUO JUICIO DE RESIDENCIA.
Durante siglos, determinados funcionarios y gobernantes de la Monarquía Hispánica estaban sometidos, al finalizar sus mandatos, a un examen de su actuación.
Se investigaban los abusos, se comprobaban las irregularidades y se exigían las responsabilidades correspondientes.
Hoy disponemos de instituciones, procedimientos y tribunales propios de nuestro ordenamiento jurídico.
Pero la idea esencial conserva todo su valor.
QUIEN ADMINISTRA DINERO AJENO TIENE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS.
Y no mediante discursos.
Ni mediante entrevistas complacientes.
Ni mediante declaraciones solemnes ante los militantes.
Mediante un examen riguroso de sus decisiones.
De los contratos.
De las subvenciones.
De las inversiones.
De los sobrecostes.
De las obligaciones financieras.
De los resultados obtenidos.
Y de las responsabilidades derivadas de las conductas legalmente sancionables.
Les preguntaría:
—¿Aceptarían someterse, al finalizar su mandato, a una auditoría rigurosa e independiente?
—¿Estarían dispuestos a publicar una comparación detallada entre su programa de gobierno y los resultados conseguidos?
—¿Aceptarían que se examinaran las decisiones que hubieran causado perjuicios mediante incumplimientos graves de las obligaciones legales?
—¿Apoyarían que quienes hayan cometido actuaciones fraudulentas respondan con su patrimonio en los términos establecidos por las leyes?
—¿Se comprometerían a facilitar la recuperación del dinero malversado?
Y terminaría:
—¿ESTÁN DISPUESTOS A RESPONDER PERSONALMENTE POR SUS ACTOS O PRETENDEN LIMITARSE A ABANDONAR EL CARGO Y DEJAR LAS FACTURAS A LOS ESPAÑOLES?
Porque gobernar no debería consistir en disfrutar de los beneficios políticos de las decisiones y trasladar sus consecuencias negativas a los contribuyentes.
Quien toma decisiones debe responder de ellas.
Y quien administra dinero público debe demostrar que lo ha hecho correctamente.
EL EXAMEN DEFINITIVO: PAPEL, BOLÍGRAFO Y CINCO RESPUESTAS
Después de varias horas de debate, propondría algo muy sencillo.
Retiraría los discursos preparados.
Nada de asesores.
Nada de argumentarios.
Nada de mensajes enviados por los responsables de comunicación.
Entregaría papel y bolígrafo a Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau.
Y pediría que respondieran por escrito a cinco preguntas.
PRIMERA. ¿Cuánto dinero prevén ingresar anualmente las administraciones durante su mandato?
SEGUNDA. ¿Cuánto dinero prevén gastar y cómo lo distribuirán?
TERCERA. ¿Qué déficit público anual consideran admisible y qué medidas adoptarán para reducirlo?
CUARTA. ¿Qué gastos concretos eliminarán, cuánto ahorrarán y en qué plazos?
QUINTA. ¿Cuál será, según sus previsiones, el importe de la deuda pública cuando termine su mandato?
Después colocaría las respuestas en una pantalla.
Y pediría al economista independiente que examinara las cifras, sus fundamentos y sus contradicciones.
Porque no basta con escribir cantidades.
Hay que comprobar que las cuentas cuadren.
Que las promesas de gasto dispongan de financiación.
Que las rebajas fiscales tengan consecuencias calculadas.
Que las inversiones cuenten con recursos suficientes.
Y que las previsiones de crecimiento económico no sean simples deseos presentados como certezas.
Entonces formularía la pregunta definitiva:
—¿SE COMPROMETEN USTEDES A PUBLICAR ANUALMENTE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ESTAS PREVISIONES, EXPLICAR LOS INCUMPLIMIENTOS Y ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES?
Eso sí sería un debate político.
No una competición de frases ingeniosas.
No una sucesión de reproches.
No una representación teatral destinada a reforzar las convicciones de quienes ya tienen decidido su voto.
Sería un examen público de las propuestas de quienes aspiran a administrar los recursos de España.
Y permitiría distinguir entre un programa de gobierno y un catálogo de buenos propósitos.
JORDI WILD, AQUÍ TIENES UNA OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA
No pretendo que Jordi Wild se convierta en economista, profesor de Hacienda Pública o fiscal del Tribunal de Cuentas.
Tampoco le pido que sustituya a los periodistas.
Le propongo que aproveche la oportunidad que le proporciona su extraordinaria audiencia.
Ha demostrado que es capaz de conseguir que dirigentes políticos de primera fila participen en conversaciones largas, alejadas de los formatos habituales.
Pues bien, ¿por qué no dar un paso más?
¿Por qué no reunirlos alrededor de una mesa?
¿Por qué no exigirles que comparezcan con verdaderos programas de gobierno?
¿Por qué no permitir que un economista independiente examine las cuentas y advierta de sus contradicciones?
¿Por qué no impedir que las preguntas concretas se conviertan en discursos sobre asuntos que nadie ha planteado?
Cada vez que alguno comenzara a hablar de las maldades de sus adversarios, bastaría con interrumpirlo:
—Muy bien. Ya sabemos lo malos que son los demás. Ahora conteste usted a la pregunta.
Si se pregunta cuánto ahorrará una reforma, hay que decir cuánto.
Si se pregunta qué organismo se eliminará, hay que identificarlo.
Si se pregunta qué impuesto se reducirá, hay que explicar cuánto disminuirá la recaudación.
Si se promete mejorar las pensiones, hay que demostrar cómo se financiarán.
Si se anuncia la reducción de la deuda, hay que explicar qué medidas permitirán conseguirla.
Y cuando alguno responda con una declaración de buenas intenciones, bastaría con recordarle:
—SEÑOR CANDIDATO, NO LE HE PREGUNTADO QUÉ DESEA CONSEGUIR. LE HE PREGUNTADO CÓMO PIENSA CONSEGUIRLO.
¡Así de sencillo!
Porque para escuchar discursos sentimentales ya tenemos los mítines.
Para contemplar enfrentamientos entre aficionados ya tenemos los estadios de fútbol.
Y para escuchar declaraciones de amor a España, al pueblo, a la democracia, a la libertad o a la justicia social ya tenemos a nuestros políticos profesionales.
Lo verdaderamente interesante sería comprobar qué ocurre cuando alguien les exige abandonar las frases hechas y explicar cómo piensan gobernar.
LA PREGUNTA FINAL: ¿CUÁNTO NOS VA A COSTAR QUE USTEDES GOBIERNEN?
Y llegados al final, Jordi, yo les diría lo siguiente:
Señores Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau:
Ustedes pretenden gobernar España.
Quieren decidir cuánto dinero nos van a cobrar mediante impuestos.
Quieren decidir cómo se gastará.
Quieren aprobar leyes, establecer obligaciones, distribuir subvenciones, nombrar altos cargos, construir infraestructuras y comprometer recursos que todavía no se han recaudado.
Quieren administrar el dinero de millones de españoles.
Y quieren que confiemos en sus promesas.
Muy bien.
Pero antes expliquen qué piensan hacer con los más de dos billones trescientos mil millones de euros de pasivos financieros que acumulaban nuestras administraciones públicas.
Expliquen cómo financiarán las pensiones.
Expliquen cómo mantendrán las infraestructuras.
Expliquen cómo mejorarán los servicios.
Expliquen qué gastos eliminarán.
Expliquen qué impuestos cobrarán.
Expliquen cuánto dinero piensan seguir pidiendo prestado.
Y, sobre todo, expliquen qué responsabilidades asumirán cuando incumplan sus compromisos.
No necesitamos que nos describan un futuro maravilloso.
Necesitamos saber cómo piensan construirlo.
No necesitamos que nos expliquen lo perversos que son sus adversarios.
Necesitamos conocer sus propios proyectos.
No necesitamos dirigentes capaces de entusiasmar a sus hooligans.
Necesitamos gobernantes capaces de administrar responsablemente nuestros recursos.
Y no necesitamos que conviertan cada convocatoria electoral en una campaña de sentimentalismo tóxico para conseguir que sus fieles arrastren a los hobbits hasta los colegios electorales.
Necesitamos ciudadanos que examinen las propuestas y exijan explicaciones.
Porque el dinero público no cae del cielo.
Sale de nuestros bolsillos.
Y la deuda tampoco desaparece mediante discursos.
Se paga.
Se refinancia.
O continúa aumentando.
Pero alguien acaba soportando sus consecuencias.
Por eso, si yo fuera Jordi Wild, cerraría el debate con una sola pregunta, dirigida a los cuatro:
«SEÑORES, ¿CUÁNTO NOS VA A COSTAR QUE USTEDES GOBIERNEN ESPAÑA, DE DÓNDE PIENSAN SACAR EL DINERO Y QUIÉN PAGARÁ LAS FACTURAS?»
Y después guardaría silencio.
Sin permitir que Sánchez hablara de Franco.
Sin permitir que Feijóo se refugiara en los escándalos socialistas.
Sin permitir que Abascal recitara otra declaración solemne sobre la salvación de España.
Sin permitir que Colau respondiera mediante un discurso sobre las maldades de los ricos.
La pregunta es concreta.
Y merece una respuesta concreta.
PORQUE GOBERNAR NO CONSISTE EN PROMETER LO IMPOSIBLE, REPARTIR DINERO AJENO, ENDEUDAR A LAS GENERACIONES FUTURAS Y MARCHARSE DEJANDO LA CUENTA SOBRE LA MESA.
Gobernar exige conocimientos, capacidad de ejecución, prudencia, responsabilidad y disposición a rendir cuentas.
Y quien aspira a presidir el Gobierno de España debería demostrar que posee esas cualidades antes de pedir el voto.
De otro modo, seguiremos asistiendo a la misma representación de siempre.
Los partidos elaborarán sus catálogos de promesas.
Los dirigentes pronunciarán sus discursos.
Los hooligans celebrarán cada frase.
Los hobbits serán llamados a votar para evitar alguna calamidad apocalíptica.
Los vencedores repartirán los cargos.
Los derrotados denunciarán las barbaridades de los vencedores.
Y los contribuyentes continuaremos pagando.
Mientras tanto, la deuda seguirá donde está.
O será todavía mayor.
Y los futuros gobernantes volverán a explicarnos que todo se solucionará cuando ellos lleguen al poder.
¡BASTA YA DE TOMADURAS DE PELO!
¡MENOS PROGRAMAS ELECTORALES REPLETOS DE BUENAS INTENCIONES Y MÁS PROGRAMAS DE GOBIERNO CON CIFRAS, PLAZOS Y RESPONSABILIDADES!
¡MENOS SENTIMENTALISMO TÓXICO, MENOS HOOLIGANS, MENOS ESLÓGANES Y MENOS POLÍTICOS QUE CONFUNDEN GOBERNAR CON PRONUNCIAR DISCURSOS!
¡Y, SOBRE TODO, ANTES DE MARCHAROS, TENDRÉIS QUE RESPONDER!
Porque la fiesta termina.
Los gobernantes cambian.
Los ministros desaparecen.
Los diputados pierden sus escaños.
Los asesores buscan otros despachos.
Pero las facturas se quedan.
Y alguien tiene que pagarlas.
¡Y YA ESTÁ BIEN DE QUE ESE ALGUIEN SEAMOS SIEMPRE LOS MISMOS!
Carlos Aurelio Caldito Aunión
15 de noviembre de 2026