SUMA, SUMA, SUMA
Lo que cuesta la «broma» de la democracia realmente existente.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
Nos aproximamos a un nuevo ciclo electoral y, como sucede periódicamente, comenzaremos a oír hablar de candidaturas, listas, encuestas, pactos, mítines, debates, carteles, papeletas y promesas.
También volveremos a oír que la democracia no tiene precio.
Puede ser.
Pero coste sí tiene.
Y mucho.
Muchísimo.
El problema es que normalmente se nos enseña sólo una pequeña parte de la factura.
Se habla de lo que cuesta organizar unas elecciones y se acabó.
Pero las urnas son solamente la punta del iceberg.
Si queremos conocer aproximadamente cuánto cuesta la democracia realmente existente, habrá que hacer algo muy poco sofisticado:
SUMAR.
Sumar elecciones.
Sumar campañas.
Sumar subvenciones electorales.
Sumar subvenciones ordinarias a los partidos.
Sumar Congreso.
Sumar Senado.
Sumar parlamentos autonómicos.
Sumar diputaciones.
Sumar cabildos y consejos insulares.
Sumar grupos políticos.
Sumar asesores.
Sumar personal eventual.
Sumar propaganda institucional.
Sumar toda la estructura que permanece funcionando entre elección y elección.
Y luego volver a sumar.
Porque seguramente todavía quedarán cosas fuera.
PRIMERO: PONER LAS URNAS
Tomemos como referencia los últimos grandes procesos electorales estatales comparables.
Las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 tuvieron un presupuesto estatal de:
203.667.880,95 euros.
Sólo el operador postal absorbió 94,8 millones.
Las administraciones públicas, otros 78,94 millones.
La logística electoral costó 13,27 millones.
El escrutinio provisional y las telecomunicaciones, 13,41 millones.
Dos meses después llegaron las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
Presupuesto:
220.872.805,92 euros.
Más de 60.000 mesas electorales.
Más de 22.000 locales.
210.000 urnas.
59.000 cabinas.
Y más de 90.000 efectivos encargados del despliegue de seguridad.
Sumemos:
203,67 millones + 220,87 millones = 424,54 millones.
Y estamos hablando de dos convocatorias celebradas en 2023.
No en 2027.
Por tanto, cuando llegue el nuevo ciclo electoral habrá que contar con precios superiores.
Si municipales, autonómicas y generales se celebrasen en fechas distintas, repetiríamos buena parte del aparato electoral:
colegios;
mesas;
Correos;
seguridad;
sistemas informáticos;
personal;
impresión;
transportes;
escrutinio;
campañas.
Una estimación razonable permite pensar que solamente la gran maquinaria electoral de 2027 puede moverse, según cómo se organicen las convocatorias, en el entorno de:
450 A 650 MILLONES DE EUROS.
No es todavía una cifra oficial.
No puede serlo porque las convocatorias y sus presupuestos no han sido aprobados.
Es un orden de magnitud construido sobre los últimos costes oficiales conocidos.
Pero medio millar de millones ya constituye un buen punto de partida.
Sólo de partida.
SEGUNDO: PAGAMOS TAMBIÉN A LOS PARTIDOS
Los partidos políticos no viven exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y de las aportaciones privadas.
Reciben financiación pública.
Todos los años.
Haya elecciones o no.
Durante solamente el segundo trimestre de 2026, el Estado distribuyó entre las formaciones con representación en el Congreso más de 13,17 millones de euros para gastos ordinarios de funcionamiento.
Multipliquemos aproximadamente por cuatro:
MÁS DE 52 MILLONES DE EUROS AL AÑO.
Pero existe otra partida.
Las subvenciones destinadas a gastos de seguridad de esas mismas formaciones.
Sólo durante el segundo trimestre de 2026 se distribuyeron alrededor de 676.000 euros.
Anualizado:
unos 2,7 millones.
Sumemos:
APROXIMADAMENTE 55 MILLONES ANUALES
solamente en esas dos líneas estatales de financiación.
Y todavía no hemos llegado a las subvenciones electorales extraordinarias.
Ni a la financiación de grupos parlamentarios.
Ni a las ayudas existentes en otras administraciones.
Suma.
TERCERO: EL CONGRESO
El Congreso tampoco funciona con aire.
Su presupuesto ronda los 110 millones de euros anuales. La previsión aprobada para 2025 fue de 109,31 millones, después de partir de los 110,42 millones presupuestados en 2023.
De esa cantidad, más de 54 millones correspondían a gastos de personal en la previsión de 2025.
Otros 40,78 millones, a bienes y servicios.
Más de 11 millones, a transferencias corrientes, entre las que figuran también subvenciones a los grupos parlamentarios.
Otros:
109 MILLONES.
Suma.
CUARTO: EL SENADO
El presupuesto prorrogado del Senado para 2026 asciende a:
64.136.450 EUROS.
Sólo los gastos de personal representan más de 31 millones.
Los bienes y servicios, otros 22 millones.
Las transferencias corrientes superan los 7,8 millones.
Otros:
64 MILLONES.
Suma.
HAGAMOS UNA CUENTA MUY INCOMPLETA
Pongamos juntos solamente cuatro grandes conceptos:
Congreso: unos 109 millones.
Senado: unos 64 millones.
Subvenciones estatales ordinarias y de seguridad a partidos: unos 55 millones anuales.
Gran ciclo electoral de 2027: aproximadamente entre 450 y 650 millones.
Total:
ENTRE 678 Y 878 MILLONES DE EUROS.
Y repito:
NO ES EL COSTE DE TODO EL SISTEMA POLÍTICO.
Ni remotamente.
Es solamente una suma parcial.
Porque faltan muchas cosas.
DIECISIETE PARLAMENTOS MÁS
España no tiene solamente Congreso y Senado.
Tiene además diecisiete parlamentos autonómicos.
Diecisiete.
Añadamos las asambleas de Ceuta y Melilla.
Cada una con diputados.
Presidentes.
Vicepresidentes.
Mesas.
Grupos parlamentarios.
Portavoces.
Gabinetes.
Funcionarios.
Asesores.
Servicios jurídicos.
Prensa.
Informática.
Seguridad.
Edificios.
Viajes.
Dietas.
Publicaciones.
Subvenciones.
Y gastos generales.
Cada parlamento tiene su presupuesto.
Cada presupuesto se paga.
Suma.
Y DIECISIETE GOBIERNOS AUTONÓMICOS
Presidentes.
Vicepresidentes.
Consejeros.
Secretarios generales.
Directores generales.
Gabinetes.
Asesores.
Personal eventual.
Departamentos de comunicación.
Protocolos.
Vehículos.
Sedes.
Delegaciones.
Organismos dependientes.
Y una estructura política que se reproduce, con distintas dimensiones, en cada territorio.
Suma.
Y LUEGO LAS DIPUTACIONES
Donde existen.
Presidentes.
Vicepresidentes.
Diputados provinciales.
Grupos políticos.
Asesores.
Personal eventual.
Gabinetes.
Sedes.
Dietas.
Desplazamientos.
Publicidad.
Suma.
Y MÁS DE OCHO MIL AYUNTAMIENTOS
Alcaldes.
Concejales.
Juntas de gobierno.
Grupos municipales.
Asesores.
Personal eventual.
Indemnizaciones.
Dietas.
Despachos.
Gabinetes.
Publicidad institucional.
Muchos concejales no cobran dedicación exclusiva.
Muchos alcaldes de pequeños municipios tampoco viven de su cargo.
Conviene decirlo.
Pero el conjunto del entramado municipal genera un coste político y administrativo gigantesco porque estamos hablando de miles de corporaciones simultáneamente.
Suma.
CABILDOS, CONSEJOS INSULARES Y OTRAS ESTRUCTURAS
Suma.
PARLAMENTO EUROPEO
Suma.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Suma.
ASESORES
Suma.
PERSONAL EVENTUAL
Suma.
PROPAGANDA INSTITUCIONAL
Suma.
SUBVENCIONES ELECTORALES
Suma.
ENVÍOS DE PROPAGANDA A LOS DOMICILIOS
Suma.
ELECCIONES ANTICIPADAS
Vuelva a sumar.
REPETICIONES ELECTORALES
Vuelva a empezar.
Y AHORA VIENE LA PARTE MÁS INTERESANTE
Todo esto podría parecernos magníficamente empleado si existiese un procedimiento capaz de localizar entre millones de ciudadanos a:
los más sabios;
los más capaces;
los más prudentes;
los más honrados;
los más virtuosos;
los que mejor conocen los asuntos públicos;
los mejores administradores;
los que mejor saben utilizar el dinero ajeno.
Pero unas elecciones no realizan semejante selección.
No han sido concebidas para eso.
Una elección cuenta votos.
Eso es exactamente lo que hace.
Determina qué candidatura obtiene suficientes votos para transformar esos votos en representantes conforme a unas determinadas reglas.
Nada más.
UNA URNA NO ES UNA OPOSICIÓN
Para ser juez hay que superar pruebas.
Para ser abogado hay que estudiar Derecho.
Para ser médico hay que estudiar Medicina.
Para pilotar un avión hay que demostrar que se sabe pilotar.
Para dirigir determinadas instalaciones hay que acreditar conocimientos.
Para conducir un automóvil necesitamos permiso.
Para ejercer innumerables oficios debemos demostrar una competencia mínima.
Pero para participar en decisiones que afectan a decenas de millones de ciudadanos no existe un examen equivalente.
Un candidato no tiene que demostrar que conoce:
Economía.
Hacienda.
Historia.
Derecho constitucional.
Administración.
Defensa.
Política exterior.
Energía.
Demografía.
Agricultura.
Industria.
Contabilidad pública.
No tiene que demostrar que sabe interpretar un presupuesto.
No tiene que haber administrado con éxito una empresa.
Ni un ayuntamiento.
Ni siquiera una pequeña organización.
Puede saber muchísimo.
O muy poco.
El procedimiento electoral no lo averigua.
TAMPOCO EXISTE UN EXAMEN DE VIRTUD
Y aquí aparece una dificultad todavía mayor.
Porque la buena gobernación no exige solamente inteligencia.
Exige también prudencia.
Templanza.
Honradez.
Sentido del deber.
Capacidad para resistir presiones.
Respeto por el dinero ajeno.
Aceptación de límites.
Y disposición a abandonar el poder.
¿Cómo medimos eso con una papeleta?
No lo medimos.
Podemos intentar inferirlo.
Podemos juzgar una trayectoria.
Podemos confiar.
Podemos equivocarnos.
Pero las elecciones no certifican ninguna de esas cualidades.
UN MILLÓN DE VOTOS NO CONVIERTE A NADIE EN SABIO
Ni cinco millones.
Ni diez.
Los votos confieren representación y poder político conforme a unas reglas.
No convierten automáticamente a quien los recibe en:
economista;
jurista;
estadista;
buen gestor;
persona prudente;
persona honrada;
ni administrador competente.
La aritmética electoral y la excelencia personal son cosas diferentes.
Y EN ESPAÑA HAY ADEMÁS UNA PARTICULARIDAD
Para el Congreso votamos normalmente listas cerradas y bloqueadas.
El elector no confecciona su propia selección de candidatos.
Recibe una lista.
Puede escogerla.
O escoger otra.
Pero no puede decir:
quiero al número uno;
al tres;
al cinco;
al doce;
pero no quiero al dos;
ni al cuatro;
ni al siete.
El partido ha efectuado previamente una selección decisiva.
Después llega el ciudadano y escoge entre selecciones ajenas.
Eso concede un enorme poder a quienes confeccionan las candidaturas.
¿QUÉ INCENTIVOS CREA ESO?
La pregunta merece pensarse sin caricaturas.
Si para ser diputado necesito entrar en una lista y para entrar en esa lista necesito contar con la confianza de quienes controlan mi partido, aparece inevitablemente una relación de dependencia.
El político puede tener convicciones firmísimas.
Puede rebelarse.
Puede votar contra su grupo.
Puede abandonar el partido.
Naturalmente.
Pero el sistema introduce un incentivo evidente:
quien quiera continuar necesita conservar también la confianza de quienes intervienen en su futura candidatura.
No hace falta ninguna conspiración.
Es estructura institucional.
EL VOTANTE ESCOGE, PERO ESCOGE ENTRE OFERTAS PRESELECCIONADAS
Ésa es otra realidad que convendría repetir más.
El ciudadano no entra en una habitación donde se encuentran los cuarenta y ocho millones de españoles y señala:
—Quiero que me gobiernen estos quinientos.
No.
Partidos y coaliciones elaboran candidaturas.
Después los ciudadanos elegimos entre ellas.
Por tanto, existen al menos dos filtros:
primero seleccionan las organizaciones políticas;
después seleccionan los electores.
Y el primer filtro condiciona enormemente al segundo.
EL PROBLEMA DEL DINERO AJENO
Existe otra cuestión todavía más delicada.
Los gobernantes administran enormes cantidades de dinero.
Pero no es suyo.
Procede fundamentalmente de:
impuestos;
cotizaciones;
tasas;
y deuda.
Es decir:
dinero de otros.
Y aquí aparece uno de los problemas clásicos de la economía política.
Cuando administramos nuestro propio patrimonio sufrimos directamente las consecuencias del despilfarro.
Si gastamos mal cien mil euros nuestros, perdemos cien mil euros.
Cuando un gobernante decide mal sobre cien millones de euros públicos, su patrimonio personal normalmente no disminuye en cien millones.
El incentivo es distinto.
Por eso la administración del dinero público requiere controles mucho mayores que la del propio.
MILTON FRIEDMAN LO EXPLICABA DE MANERA MUY SENCILLA
Podemos gastar:
nuestro dinero en nosotros;
nuestro dinero en otros;
el dinero de otros en nosotros;
o el dinero de otros en terceros.
La combinación en la que menos incentivos naturales existen para vigilar simultáneamente precio y resultado es precisamente gastar dinero ajeno en terceros.
Y buena parte del gasto público consiste exactamente en eso.
De ahí que los controles institucionales sean esenciales.
Fiscalización.
Publicidad.
Separación de poderes.
Responsabilidad.
Contrapesos.
Auditoría.
Y consecuencias.
LA CUESTIÓN NO ES ESTAR CONTRA LAS ELECCIONES
Sería una simplificación absurda.
El problema interesante es otro:
¿podemos mejorar el procedimiento mediante el cual seleccionamos, vigilamos y sustituimos a quienes administran el poder?
Porque ninguna institución humana merece convertirse en dogma.
Las instituciones existen para servir a los ciudadanos.
No los ciudadanos para servir a las instituciones.
LA DEMOCRACIA NO TERMINA AL INTRODUCIR UNA PAPELETA
Una elección es un método para decidir quién ocupa determinados cargos.
Nada más.
La calidad de un sistema político depende también de muchas otras cosas:
de la división real del poder;
de la independencia de quienes controlan;
de la responsabilidad de los gobernantes;
de la capacidad del ciudadano para conocer lo que se hace con su dinero;
de la posibilidad de sustituir a quienes gobiernan mal;
de los incentivos existentes;
de los mecanismos de selección;
y de las barreras contra el abuso.
La urna es importante.
Pero no hace milagros.
LA URNA ELIGE; NO HOMOLOGA
Ésa podría ser la regla.
La urna elige.
No expide títulos.
No concede sabiduría.
No proporciona honradez.
No otorga prudencia.
No enseña economía.
No convierte automáticamente a nadie en buen gestor.
No transforma a un mediocre en excelente.
No convierte al más popular en el más capaz.
Y tampoco garantiza que la persona más capaz sea la más popular.
Son atributos distintos.
EL PROBLEMA DE LA POPULARIDAD
En una elección importa convencer.
Eso significa comunicar.
Organizar.
Movilizar.
Obtener notoriedad.
Construir una imagen.
Conseguir apoyos.
Dominar los medios de comunicación.
Utilizar bien las redes sociales.
Elaborar un mensaje eficaz.
Simplificar asuntos complejos.
Generar adhesión.
Todas esas capacidades tienen importancia política.
Pero no son necesariamente las mismas que hacen falta para:
elaborar unos presupuestos excelentes;
reformar una Administración;
negociar tratados;
dirigir una política energética;
organizar la defensa;
reducir una deuda;
gestionar servicios públicos;
o planificar infraestructuras durante treinta años.
Un gran candidato puede ser un mal gobernante.
Un magnífico gobernante potencial puede ser un candidato pésimo.
El mecanismo electoral no resuelve esa contradicción.
Y AUN ASÍ PAGAMOS UNA MAQUINARIA COLOSAL
Aquí llegamos finalmente a la cuenta completa.
O, mejor dicho, a la imposibilidad de obtenerla mediante una simple suma de cuatro partidas.
Porque el sistema político español está repartido entre multitud de administraciones y presupuestos.
Estado.
Comunidades autónomas.
Provincias.
Islas.
Municipios.
Cámaras legislativas.
Partidos.
Grupos.
Procesos electorales.
Por eso quien quiera saber de verdad cuánto cuesta deberá consolidar miles de partidas y eliminar duplicidades.
Pero una cosa resulta evidente incluso antes de terminar semejante trabajo:
NO ESTAMOS HABLANDO DE UNOS POCOS MILLONES.
Estamos hablando de una estructura cuyo coste agregado es enorme.
Y recurrente.
Año tras año.
EL DÍA DE LAS ELECCIONES SOLAMENTE VEMOS EL ESCAPARATE
Vemos la urna.
La mesa.
El presidente.
Los vocales.
Los interventores.
Las papeletas.
Los sobres.
Los policías.
Los periodistas.
Los candidatos.
Pero detrás se encuentra una maquinaria permanente.
Y cuando cerramos el colegio electoral a las ocho de la tarde esa maquinaria no desaparece.
Continúa funcionando.
El lunes.
El martes.
El mes siguiente.
Durante cuatro años.
Hasta que un día vuelve a empezar la campaña.
Y VOLVEMOS A PAGAR
Nuevas papeletas.
Nuevos sobres.
Nuevos envíos.
Nuevos carteles.
Nuevas campañas.
Nuevas subvenciones.
Nuevos mítines.
Nuevos debates.
Nuevas promesas.
Nuevas encuestas.
Nuevas caravanas.
Nuevas fotografías de candidatos paseando por mercados que probablemente no volverán a pisar hasta dentro de cuatro años.
Y vuelta a empezar.
SUMA, SUMA, SUMA
Ésa es la operación que casi nunca hacemos.
Elecciones.
Suma.
Partidos.
Suma.
Congreso.
Suma.
Senado.
Suma.
Parlamentos autonómicos.
Suma.
Gobiernos autonómicos.
Suma.
Diputaciones.
Suma.
Ayuntamientos.
Suma.
Cabildos.
Suma.
Consejos insulares.
Suma.
Asesores.
Suma.
Personal eventual.
Suma.
Subvenciones.
Suma.
Campañas.
Suma.
Propaganda.
Suma.
Y cuando crea que ha terminado:
SIGA SUMANDO.
PERO DESPUÉS HAGA OTRA CUENTA
Porque el dinero solamente constituye la mitad del problema.
La otra pregunta es mucho más difícil:
¿QUÉ OBTENEMOS A CAMBIO?
No se responde diciendo simplemente que hemos votado.
Haber celebrado correctamente unas elecciones demuestra que hemos aplicado un procedimiento.
La cuestión siguiente consiste en examinar sus resultados institucionales.
¿Seleccionamos buenos administradores?
¿Existen suficientes contrapesos?
¿Los gobernantes responden realmente por sus errores?
¿Puede el ciudadano controlar eficazmente lo que hacen?
¿Existen incentivos para ahorrar dinero público?
¿Se premia la competencia?
¿Se castiga la incompetencia?
¿Las organizaciones políticas promocionan a los mejores?
¿O promocionan con demasiada frecuencia a quienes mejor sobreviven dentro de ellas?
Son preguntas.
Pero son las preguntas importantes.
LA DEMOCRACIA REALMENTE EXISTENTE
Quizá el problema empiece cuando dejamos de distinguir entre democracia como ideal y las instituciones concretas mediante las cuales intentamos practicarla.
Una cosa es defender que los ciudadanos deben participar en la elección y control de sus gobernantes.
Otra muy distinta pensar que cualquier procedimiento electoral existente es perfecto simplemente porque recibe el nombre de democrático.
No lo es.
Ningún sistema humano lo es.
Por eso puede reformarse.
Debe examinarse.
Puede compararse con otros.
Puede corregirse.
Puede incorporar mejores mecanismos de selección y control.
Porque el objetivo no debería consistir simplemente en elegir gobernantes.
Debería consistir en conseguir:
LOS MEJORES GOBERNANTES POSIBLES.
Los más capaces.
Los más prudentes.
Los más preparados.
Los más íntegros.
Los mejores administradores del dinero ajeno.
Y después vigilarlos.
Mucho.
Porque incluso los mejores siguen siendo seres humanos.
LA GRAN PREGUNTA
Dentro de unos meses volveremos a votar.
Tal vez una vez.
Tal vez varias.
La maquinaria volverá a ponerse en marcha.
Y costará centenares de millones.
Eso podemos medirlo.
Pero existe una cifra mucho más difícil de calcular:
¿cuánto cuesta elegir mal?
Una mala ley puede costar miles de millones.
Una inversión equivocada puede costar miles de millones.
Una regulación absurda puede destruir empresas y empleos.
Una deuda innecesaria puede pagarse durante décadas.
Una decisión energética puede afectar a una generación.
Una mala política educativa puede producir consecuencias durante treinta años.
Comparado con eso, los cientos de millones que cuesta poner las urnas pueden terminar pareciendo calderilla.
Por eso quizá hemos estado mirando la cifra equivocada.
La pregunta decisiva no es únicamente:
¿CUÁNTO CUESTA ELEGIR A NUESTROS GOBERNANTES?
La pregunta verdaderamente importante es:
¿TENEMOS UN SISTEMA QUE NOS AYUDE A ELEGIR A LOS MEJORES?
Y, después:
¿TENEMOS UN SISTEMA CAPAZ DE IMPEDIR QUE LOS MALOS NOS CUESTEN MUCHO MÁS DE LO QUE YA PAGAMOS POR ELEGIRLOS?
Porque ésa sí puede ser la verdadera broma.
Y puede salirnos extraordinariamente cara.
