URGENTE | MANOS LIMPIAS ANUNCIA UNA DENUNCIA PENAL CONTRA PEDRO SÁNCHEZ POR LAS REVELACIONES DE CARLES PUIGDEMONT
El sindicato considera de extrema gravedad las declaraciones del dirigente separatista sobre los acuerdos que permitieron la investidura de Sánchez y solicitará a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que Puigdemont declare como testigo para esclarecer lo negociado.
Madrid, 19 de noviembre de 2026

Las recientes declaraciones de Carles Puigdemont han desencadenado una nueva iniciativa judicial contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. El sindicato Manos Limpias, encabezado por su secretario general, Miguel Bernad Remón, anuncia que mañana, viernes 20 de noviembre, presentará una denuncia penal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por unos hechos que considera constitutivos de una gravísima traición a España y a los españoles.
El origen de esta iniciativa se encuentra en la entrevista concedida por Puigdemont al diario El Mundo, publicada el 18 de noviembre de 2026, en la que el expresidente de la Generalidad de Cataluña expone detalles de las negociaciones mantenidas entre Junts y el PSOE para conseguir la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023.
El dirigente separatista ha reconocido abiertamente que su formación aprovechó las ambiciones políticas del presidente para obtener importantes concesiones, entre ellas la ley de amnistía. Su declaración más contundente resume el alcance político de lo sucedido:
«Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España».
No se trata de una interpretación atribuida a Puigdemont por sus adversarios políticos. Son palabras pronunciadas por el propio dirigente separatista, recogidas por distintos medios de información españoles.
Manos Limpias exige que se investigue hasta dónde llegaron los compromisos
Para Manos Limpias, las revelaciones conocidas exigen esclarecer si las negociaciones fueron más allá de los acuerdos políticos públicamente reconocidos y si incluyeron compromisos contrarios al ordenamiento jurídico o dirigidos a interferir en el funcionamiento independiente de la Justicia.
La denuncia anunciada se dirige contra Pedro Sánchez Pérez-Castejón y solicitará que Carles Puigdemont preste declaración en calidad de testigo, con objeto de conocer directamente el contenido, los participantes y las circunstancias de aquellas conversaciones.
La cuestión esencial no consiste únicamente en determinar qué concesiones políticas obtuvo Junts. También se trata de averiguar qué ofrecieron los negociadores socialistas, quién autorizó esos compromisos y si alguno afectó a obligaciones legales que ningún gobernante tiene facultades para dejar sin efecto mediante pactos privados.
Una cosa es negociar una investidura parlamentaria, posibilidad legítima en una democracia. Otra, muy distinta, es comprometer el funcionamiento de las instituciones, la independencia judicial o la aplicación de las leyes como contraprestación para conservar el poder.
El Gobierno responde ante la Constitución y las leyes, no ante los intereses particulares de quienes facilitan su permanencia en la Moncloa.
¿Traición política o delito de traición?
Manos Limpias califica de alta traición el comportamiento que atribuye al presidente del Gobierno. La gravedad de esta acusación exige investigar los hechos y determinar su verdadero alcance.
En el ordenamiento jurídico español, los delitos de traición están regulados en los artículos 581 y siguientes del Código Penal. Además, el artículo 102.2 de la Constitución establece un procedimiento especial para acusar al presidente del Gobierno por traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones: iniciativa de una cuarta parte del Congreso y aprobación por mayoría absoluta. BOE+1
Por tanto, la consideración política de una conducta como traición no equivale automáticamente a la comisión del correspondiente delito penal.
Precisamente por ello, la iniciativa anunciada por Manos Limpias pretende que se examine la documentación y se determinen las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.
Puigdemont, testigo fundamental de lo negociado
La declaración de Puigdemont resulta especialmente relevante porque participó directamente, como dirigente de Junts, en las negociaciones que hicieron posible la investidura de Sánchez.
El político separatista ha afirmado que el PSOE aceptó la amnistía y otras exigencias que su formación planteó durante aquellas conversaciones. También ha explicado que Junts pretendía comprobar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Sánchez para conseguir la presidencia del Gobierno. heraldo.es+1
Las preguntas son inevitables: ¿qué compromisos concretos se asumieron?, ¿existieron acuerdos no publicados?, ¿se ofrecieron garantías sobre la actuación de instituciones que deben permanecer ajenas a las instrucciones del Gobierno?, ¿quiénes participaron en las negociaciones y qué documentos permiten reconstruirlas?
Manos Limpias reclama que estas cuestiones sean examinadas por la Justicia, sin privilegios políticos ni excepciones personales.
La iniciativa se produce, además, después de que Vox haya presentado este jueves 19 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por las mismas revelaciones, solicitando que se investiguen los acuerdos de investidura y su eventual trascendencia penal. LaSexta+1
La independencia de la Justicia no tiene precio
La denuncia anunciada por Manos Limpias plantea una cuestión que afecta al fundamento mismo del Estado de derecho: ningún dirigente político tiene derecho a disponer de los tribunales, de los fiscales ni de los procedimientos judiciales como si fueran instrumentos particulares de negociación.
La separación de poderes no es una concesión graciosa del Gobierno. Es una garantía constitucional de todos los españoles, incluidos quienes no votan al partido que ocupa la Moncloa.
Cuando un dirigente separatista presume públicamente de haber aprovechado la ambición del presidente para derrotar a España, esas declaraciones merecen una explicación política completa. Y cuando surgen indicios concretos de posibles delitos, corresponde investigarlos conforme a la ley.
Ni la necesidad de conseguir una investidura ni el deseo de conservar el poder justifican actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
Manos Limpias sostiene que las revelaciones de Puigdemont representan un motivo de extraordinaria alarma institucional y anuncia su decisión de llevar los hechos ante el Tribunal Supremo el viernes 20 de noviembre.
La denuncia anunciada todavía no consta presentada en el momento de redactar esta información. Su contenido definitivo, su admisión y las diligencias que procedan corresponderán a las autoridades judiciales competentes.
«La Justicia no se negocia, no se somete ni se vende. ¡Se defiende!»
Con esta declaración, Manos Limpias resume la posición que inspira su nueva iniciativa judicial:
«La Justicia no se negocia, no se somete ni se vende. ¡Se defiende! Porque sin una Justicia independiente, no hay libertad ni verdadero Estado de derecho».
El sindicato exige que se conozca toda la verdad sobre los compromisos asumidos entre el PSOE y Junts y que se depuren las responsabilidades que correspondan si la investigación acredita hechos delictivos.
España no es propiedad de ningún presidente del Gobierno. Sus instituciones no son moneda de cambio y la Justicia no pertenece a quienes negocian mayorías parlamentarias.
Esta es la cuestión de fondo. Y exige respuestas, no eslóganes.