YO SIGO INSISTIENDO: SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL, ¿PARA QUÉ QUIEREN GOBERNAR ESPAÑA?
Ni supresión de las autonomías, ni derogación de la ley del aborto, ni compromisos claros. ¿Acabaremos votando a Abascal para que gobierne Feijóo y continúe buena parte de lo que prometieron combatir?
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
4 de noviembre de 2026
A falta de veinticinco días para las elecciones generales del 29 de noviembre, vuelvo a insistir en algo que llevo reclamando desde hace tiempo y que, a juzgar por las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, resulta cada vez más necesario.
SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: ANTES DE PEDIRNOS EL VOTO, EXPLIQUEN QUÉ PIENSAN HACER CON ESPAÑA.
Y no me refiero a sus discursos de campaña, sus entrevistas televisivas, sus ocurrencias, sus promesas de ocasión o sus interminables reproches a Pedro Sánchez.
Me refiero a algo bastante más serio: un programa de gobierno completo, negociado, escrito, firmado y presentado públicamente antes de las elecciones.
Con objetivos, plazos, presupuestos y responsables.
Porque los españoles tenemos derecho a saber si estamos votando para cambiar el rumbo de España o, sencillamente, para cambiar a los ocupantes de los despachos oficiales.
Y las declaraciones de Abascal de esta mañana merecen una reflexión detenida.
I. AHORA RESULTA QUE LO URGENTE NO ES LO QUE NOS VENÍAN CONTANDO
Santiago Abascal ha explicado que la supresión del Estado autonómico no constituye una prioridad inmediata y que tampoco dispone de una mayoría social suficiente para llevar adelante sus posiciones sobre el aborto.
Nos dice que hay cosas que deben hacerse gradualmente, que no todas las reformas pueden acometerse durante una legislatura y que España tiene otras urgencias.
¡Acabáramos!
¿Y cuándo han descubierto semejante obviedad?
Porque las dificultades para reformar la Constitución no aparecieron esta mañana mientras Abascal desayunaba. Tampoco es ninguna novedad que el PP defiende el Estado autonómico y que no tiene intención de derogar la legislación sobre el aborto.
Eso se sabía desde hace años.
Y, sin embargo, durante todo ese tiempo hemos escuchado discursos sobre la recuperación de la soberanía nacional, el desmantelamiento del Estado autonómico, la protección de la vida humana desde su concepción, la derogación de determinadas leyes y la necesidad de cambiar profundamente las instituciones españolas.
Ahora, cuando se aproxima la posibilidad de participar en un Gobierno presidido por Feijóo, algunas de aquellas grandes transformaciones pasan a ocupar un lugar secundario.
Se nos explica que son cuestiones graduales.
Comprendo perfectamente que una reforma constitucional exige mayorías especiales y que ningún gobernante puede hacer cuanto le venga en gana.
Precisamente por eso llevo meses insistiendo en que los partidos deben explicar qué pueden hacer, qué no pueden hacer y qué están dispuestos a negociar.
Lo que resulta inadmisible es presentar durante años determinadas aspiraciones como señales de identidad y, cuando llega el momento de negociar el poder, descubrir que pueden esperar indefinidamente.
¿Estamos ante un programa de gobierno o ante un catálogo de buenas intenciones que se exhibe en la oposición y se guarda en el armario al entrar en el Consejo de Ministros?
II. LAS LÍNEAS ROJAS DE FEIJÓO Y LAS RENUNCIAS DE ABASCAL
Feijóo ya ha explicado cuáles son algunas de sus condiciones.
No piensa derogar la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Tampoco pretende eliminar la actual legislación sobre el aborto.
Y quiere conservar las competencias gubernamentales en materia de Igualdad.
Es decir, tres asuntos en los que Vox ha mantenido durante años posiciones significativamente distintas.
¿Qué hará Abascal?
¿Aceptará esas condiciones para conseguir un acuerdo de gobierno?
¿Exigirá modificaciones concretas?
¿Renunciará a determinados compromisos electorales?
¿O nos explicará, una vez celebradas las elecciones, que lo verdaderamente importante es impedir que Pedro Sánchez continúe gobernando?
Ya conocemos demasiado bien semejante argumento.
Primero hay que echar a los malos. Después, cuando los buenos ocupen sus despachos, tendremos ocasión de comprobar si eran tan distintos.
Y, mientras tanto, los contribuyentes seguiremos pagando la función.
Personalmente, considero especialmente grave que se renuncie a revisar profundamente una legislación que, a mi juicio, contiene disposiciones que merecen una crítica severa desde el principio de igualdad ante la ley y la presunción de inocencia.
Llevo más de veinte años cuestionando aspectos de la Ley Orgánica 1/2004 y defendiendo la necesidad de combatir todas las formas de violencia doméstica sin convertir el sexo de las personas en un criterio que determine diferencias penales.
Por eso quisiera saber qué piensa hacer exactamente un eventual Gobierno de PP y Vox.
¿Mantener la legislación actual sin alteraciones?
¿Reformarla parcialmente?
¿Sustituirla por otra que proteja a todas las víctimas de violencia doméstica con independencia de su sexo?
Y respecto al aborto, ¿qué medidas concretas se comprometerán a adoptar para proteger la maternidad, ayudar a las embarazadas en dificultades y favorecer los nacimientos?
No me bastan las declaraciones sentimentales.
Quiero propuestas legislativas, presupuestos y fechas.
Porque una cosa es reconocer que no se dispone de mayoría para realizar determinadas reformas y otra muy distinta es dejar de defenderlas a cambio de participar en el Gobierno.
III. ¿Y QUÉ OCURRE CON EL ESTADO AUTONÓMICO?
Aquí tenemos otra cuestión fundamental.
España mantiene una organización territorial extraordinariamente costosa, con diecisiete comunidades autónomas, dos ciudades autónomas y una multitud de organismos, empresas, entidades y administraciones cuyas competencias se entrecruzan.
No toda esa organización es necesariamente superflua, pero nadie debería discutir la conveniencia de examinar sus costes y eliminar duplicidades.
Vox lleva años denunciando el Estado autonómico.
El PP, por el contrario, constituye uno de sus principales sostenedores y ha gobernado numerosas comunidades autónomas durante décadas.
Ahora Abascal reconoce que no existe mayoría suficiente para suprimir ese modelo.
Muy bien.
Pero ¿qué propone hacer mientras tanto?
¿Recuperar competencias estatales en enseñanza, sanidad, justicia o seguridad?
¿Suprimir organismos duplicados?
¿Reducir las administraciones políticas?
¿Eliminar televisiones públicas deficitarias?
¿Modificar el sistema de financiación autonómica?
¿Acabar con determinados privilegios territoriales?
¿Reducir las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y organizaciones afines?
¿O nos conformaremos con cambiar algunos consejeros, viceconsejeros y directores generales?
Porque también convendría recordar que el PP ha contribuido decisivamente a construir y mantener buena parte del edificio administrativo que ahora se nos presenta como necesitado de reforma.
No se puede prometer una revolución administrativa y acabar haciendo una mudanza de despachos.
Y si Abascal considera que la supresión de las autonomías no puede abordarse durante la próxima legislatura, debería explicar qué transformaciones intermedias exigirá a Feijóo y cuáles serán irrenunciables.
Eso es lo que necesitan conocer sus electores.
IV. LAS CUENTAS NO SE ARREGLAN CON DISCURSOS
Hay otro asunto que me preocupa especialmente.
España arrastra una deuda pública gigantesca.
Los pasivos financieros totales de las administraciones públicas superaban los 2.300.000 millones de euros en el segundo trimestre de 2026.
Conviene distinguir esta magnitud de la deuda consolidada utilizada habitualmente para calcular el porcentaje de deuda pública respecto al producto interior bruto, que es inferior.
Pero la magnitud de las obligaciones financieras del conjunto de las administraciones debería bastar para acabar con las promesas económicas formuladas alegremente.
Porque escuchamos que van a reducir impuestos.
Que van a garantizar las pensiones.
Que reforzarán las Fuerzas Armadas.
Que mejorarán los servicios públicos.
Que aumentarán los medios de las fuerzas de seguridad.
Que construirán infraestructuras.
Que reducirán las listas de espera sanitarias.
Y que todo ello será posible gracias a una reducción del gasto político, burocrático e innecesario.
Estupendo.
Pero ¿cuánto dinero piensan ahorrar?
¿En qué partidas?
¿En qué plazos?
¿Con qué consecuencias para los presupuestos de las administraciones públicas?
¿Y cuánto costarán sus nuevas promesas?
Esta mañana Abascal ha asegurado que las pensiones se pagarán, sea cual sea el procedimiento necesario.
Me parece magnífico que se quiera garantizar el sustento de millones de pensionistas.
Pero las pensiones no se pagan mediante declaraciones solemnes.
Se pagan con cotizaciones, impuestos, transferencias y, cuando los ingresos no bastan, recurriendo también al endeudamiento.
Y la deuda habrá que devolverla o refinanciarla, pagando sus correspondientes intereses.
Por tanto, señor Abascal, explicar cómo se financiarán las pensiones no es un detalle accesorio.
Es una obligación fundamental de quien aspira a gobernar.
Y lo mismo le digo al señor Feijóo.
No se puede prometer simultáneamente gastar más, recaudar menos, reducir la deuda y mantener intactas todas las prestaciones sin presentar unas cuentas que permitan comprobar cómo pretenden conseguirlo.
Eso no es un programa económico.
Es pedirle al elector que tenga fe.
V. ¿Y QUÉ VAN A DEROGAR DEL SANCHISMO?
Durante años hemos escuchado que es necesario acabar con el sanchismo.
De acuerdo.
Pero ¿qué significa exactamente acabar con el sanchismo?
¿Que Pedro Sánchez abandone la Moncloa?
¿Que sus ministros sean sustituidos por otros?
¿Que los altos cargos socialistas cedan sus sillones a personas propuestas por el PP y Vox?
¿O que se produzca una transformación profunda de las leyes, las instituciones y las prácticas políticas que ambos partidos llevan años denunciando?
Quisiera conocer la relación completa de las leyes que piensan derogar o modificar.
La Ley de Memoria Democrática.
La legislación de amnistía.
Las leyes educativas.
Las disposiciones sobre vivienda.
Las normas sobre extranjería y nacionalidad.
La legislación sobre violencia doméstica, aborto y eutanasia.
Los organismos administrativos creados durante los últimos años.
Las subvenciones a organizaciones políticas, sindicales y empresariales.
Y, naturalmente, las reformas necesarias para recuperar una verdadera separación de poderes.
¿Qué harán con el Consejo General del Poder Judicial?
¿Y con el Tribunal Constitucional?
¿Y con el Tribunal de Cuentas, cuya composición depende en buena medida de acuerdos entre los partidos políticos?
¿Van a acabar con los repartos partidistas de cargos o simplemente se proponen participar en ellos?
Porque si el propósito consiste en conservar las instituciones tal como están, pero colocar al frente de ellas a personas de confianza, el resultado será perfectamente reconocible.
El mismo perro, con distinto collar.
VI. CEUTA, MELILLA, MARRUECOS Y LAS AMISTADES INTERNACIONALES
Abascal ha situado la situación de Ceuta entre sus principales preocupaciones y ha hablado de reforzar las fronteras.
Celebro que conceda importancia a la soberanía española.
Pero convendría ir más allá de las palabras.
Marruecos mantiene estrechas relaciones estratégicas con Estados Unidos e Israel.
Y ambos países tienen intereses propios en el norte de África que no siempre coinciden con los españoles.
Por eso vuelvo a plantear dos preguntas que considero fundamentales.
SEÑOR ABASCAL: SI NETANYAHU RESPALDA LAS PRETENSIONES DE MOHAMED VI EN UNA CRISIS TERRITORIAL CON ESPAÑA, ¿A QUIÉN RESPALDARÁ USTED?
SEÑOR FEIJÓO: SI WASHINGTON ANTEPONE SUS INTERESES EN MARRUECOS A LOS DE ESPAÑA, ¿QUÉ MEDIDAS ADOPTARÁ SU GOBIERNO?
No estoy proponiendo enemistarnos con Estados Unidos ni con Israel.
Estoy reclamando una política exterior española que no dependa de simpatías personales, fotografías de dirigentes o compromisos que puedan perjudicar nuestros intereses nacionales.
¿Revisarán la posición española sobre el Sáhara Occidental?
¿Exigirán a Rabat un reconocimiento inequívoco de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla?
¿Reforzarán los medios militares necesarios para defenderlas?
¿Qué harán si Marruecos vuelve a utilizar la entrada irregular de personas como instrumento de presión sobre España?
¿Cómo piensan coordinar nuestra política exterior, la defensa nacional y la protección del Estrecho de Gibraltar?
Y, sobre todo, ¿cuánto costarán las medidas anunciadas?
Porque tampoco las fronteras se defienden mediante discursos encendidos.
VII. VOTAR A ABASCAL PARA QUE GOBIERNE FEIJÓO
Llegamos a la cuestión esencial.
¿Qué ocurrirá si PP y Vox consiguen una mayoría parlamentaria suficiente para constituir un Gobierno?
¿Quién determinará realmente su programa?
¿El partido que aporte más diputados?
¿El que consiga los ministerios considerados más importantes?
¿El que amenace con abandonar la coalición?
¿O acabarán ambos presentando como una gran victoria un acuerdo que conserve buena parte de lo que habían prometido transformar?
Los electores del PP deberían saber qué propuestas de Vox está dispuesto a aceptar Feijóo.
Y los electores de Vox deberían saber qué compromisos está dispuesto a sacrificar Abascal para facilitar la investidura y la posterior acción de gobierno.
Porque sería bastante curioso que millones de españoles votaran a Vox para poner fin a determinadas políticas y acabaran contribuyendo a la formación de un Gobierno que las mantuviera.
Y no menos curioso resultaría que los electores populares descubrieran, después de votar, que su partido ha aceptado reformas que sus dirigentes habían descartado solemnemente.
¿PARA QUÉ SIRVE UN PROGRAMA ELECTORAL SI SUS COMPROMISOS FUNDAMENTALES PUEDEN NEGOCIARSE DESPUÉS DE QUE LOS CIUDADANOS HAYAMOS DEPOSITADO NUESTROS VOTOS?
La respuesta no puede consistir en que primero hay que ganar las elecciones y después ya se verá.
Precisamente porque no sabemos qué resultado arrojarán las urnas, debemos conocer de antemano qué posibilidades de acuerdo existen.
No pido que ambos partidos se fusionen.
Ni que renuncien a sus diferencias.
Les pido que las hagan públicas y expliquen cuáles están dispuestos a superar.
¿Tan complicado resulta?
VIII. EL CONTRATO QUE DEBEN FIRMAR ANTES DEL 29 DE NOVIEMBRE
Mi propuesta sigue siendo exactamente la misma.
Que Feijóo y Abascal se sienten a negociar antes de las elecciones y presenten un verdadero contrato político con los ciudadanos.
No un manifiesto de buenas intenciones.
No una declaración solemne sobre la necesidad de salvar España.
No una colección de frases destinadas a arrancar aplausos en los mítines.
UN CONTRATO POLÍTICO PÚBLICO, FIRMADO Y COMPROBABLE.
En él deberían figurar, al menos:
- Un diagnóstico de la situación real de España, con especial atención a la deuda pública, las pensiones, los servicios públicos, la seguridad, la defensa y el funcionamiento de las administraciones.
- La relación de leyes que se comprometen a derogar, modificar o aprobar, indicando cuáles requieren mayorías parlamentarias especiales.
- Las reformas del Estado y de las instituciones, precisando las competencias que pretenden recuperar, los organismos que eliminarán y los ahorros previstos.
- Un programa económico completo, con ingresos, gastos, inversiones, previsiones de ahorro y consecuencias sobre el déficit y la deuda.
- Un calendario de actuación, con compromisos para los primeros cien días, el primer año y el conjunto de la legislatura.
- Los acuerdos y desacuerdos entre ambos partidos, de manera que ningún elector desconozca qué propuestas pueden quedar excluidas de un eventual Gobierno conjunto.
- Mecanismos independientes de comprobación, que permitan conocer periódicamente el grado de cumplimiento de los compromisos.
- Responsabilidades por incumplimiento, incluyendo la obligación de comparecer públicamente, explicar las desviaciones y asumir las consecuencias políticas que previamente hayan aceptado.
Nada de esto impide reconocer que pueden surgir dificultades imprevistas.
Pero una cosa es incumplir por imposibilidad material debidamente acreditada y otra muy distinta es prometer algo sabiendo que no se tiene intención de realizarlo.
La primera situación merece una explicación.
La segunda merece que los electores retiren su confianza.
Y cuando, además, existan conductas ilícitas, negligencias graves, malversación o daños causados por actuaciones contrarias a Derecho, deberán exigirse las correspondientes responsabilidades civiles, administrativas o penales.
Porque gobernar no debería otorgar patente de corso.
Y porque seguimos necesitando recuperar una idea tan antigua como elemental: quien administra bienes y dinero ajenos debe rendir cuentas de lo que hace con ellos.
IX. NO BASTA CON ECHAR A SÁNCHEZ
Comprendo perfectamente el deseo de millones de españoles de poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez.
Pero sustituir a un presidente no equivale necesariamente a cambiar las políticas que ha desarrollado.
Y mucho menos garantiza por sí solo una mejora de las instituciones, de la economía o de los servicios públicos.
Es perfectamente posible que cambien los gobernantes y permanezcan los mismos problemas.
También es posible que los nuevos responsables descubran que muchas de las medidas anunciadas en la oposición eran bastante más difíciles de aplicar de lo que aseguraban.
Y entonces comenzará la habitual representación.
Que si Bruselas no permite.
Que si los tribunales ponen obstáculos.
Que si no hay suficiente mayoría.
Que si la situación económica es peor de lo previsto.
Que si el socio de gobierno no acepta.
Que si las reformas necesitan tiempo.
Y, finalmente, que hay que esperar a la siguiente legislatura.
¡Magnífico!
Cuatro años más de sueldos, ministerios, asesores, nombramientos y promesas.
Y vuelta a empezar.
No estoy dispuesto a aceptar que semejante manera de gobernar sea inevitable.
Ni que los ciudadanos debamos conformarnos con elegir periódicamente a quienes administrarán nuestro dinero sin exigirles cuentas precisas.
X. SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: RESPONDAN ANTES DE PEDIRNOS EL VOTO
Termino como empecé.
Las declaraciones de Abascal de hoy no hacen sino reforzar la necesidad de formular públicamente las preguntas que llevo planteando desde hace semanas.
Si la reforma del Estado autonómico puede esperar, ¿qué reformas no pueden esperar?
Si la derogación de la legislación sobre el aborto no es una prioridad inmediata, ¿qué medidas concretas se adoptarán?
Si Feijóo no está dispuesto a modificar determinadas leyes, ¿qué hará Vox?
Si pretenden reducir impuestos, ¿qué gastos eliminarán?
Si prometen garantizar las pensiones, ¿cómo las financiarán?
Si anuncian una profunda reforma de las instituciones, ¿qué mecanismos impedirán que vuelvan a repartirse los cargos entre los partidos?
Y si se comprometen a defender la soberanía española, ¿qué harán cuando nuestros intereses entren en conflicto con los de nuestros aliados?
No me digan que todo eso se negociará después del 29 de noviembre.
¡NEGÓCIENLO AHORA!
No me digan que necesitan conocer primero los resultados electorales.
Precisamente porque los ciudadanos vamos a decidir esos resultados, tenemos derecho a conocer las condiciones de sus futuros acuerdos.
No me pidan que entregue un cheque en blanco.
Ya hemos firmado demasiados.
Y, sobre todo, no intenten convencerme de que votar contra Sánchez significa necesariamente votar a favor de un cambio profundo.
Eso habrá que demostrarlo.
Con propuestas.
Con leyes.
Con presupuestos.
Con compromisos.
Y con responsabilidades.
Porque si al final resulta que votando a Abascal contribuimos a que gobierne Feijóo, y gobernando Feijóo se mantienen buena parte de las leyes, las instituciones, los organismos y las prácticas políticas que ambos aseguraban combatir, tendremos motivos para preguntarnos qué clase de cambio nos han vendido.
¿Un cambio de rumbo?
¿O simplemente un cambio de conductores para continuar circulando por la misma carretera?
SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: SI QUIEREN GOBERNAR JUNTOS, EXPLIQUEN ANTES DE LAS ELECCIONES QUÉ VAN A HACER JUNTOS.
Y también qué no piensan hacer.
Qué promesas renuncian a cumplir.
Qué compromisos consideran irrenunciables.
Cuánto costará todo ello.
Y quién responderá cuando las cosas salgan mal por negligencia, incompetencia o incumplimiento deliberado.
No les estamos pidiendo que hagan milagros.
Les estamos pidiendo que nos traten como ciudadanos adultos.
Como personas capaces de comprender las dificultades, examinar las cuentas y distinguir las promesas realizables de los cuentos electorales.
PRIMERO, EL PROGRAMA.
DESPUÉS, EL ACUERDO.
LUEGO, EL VOTO.
Y, SI INCUMPLEN, QUE RESPONDAN.
Porque España no necesita otros cuatro años de promesas solemnes que terminan en el cajón de los recuerdos.
Y porque, señores Feijóo y Abascal, para cambiar de Gobierno no hace falta cambiar de principios; pero para cambiar España hace falta algo más que cambiar de Gobierno.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
4 de noviembre de 2026
