EL SALARIO MÍNIMO: LA OCURRENCIA DE FABRICAR RIQUEZA POR DECRETO
Cuando los gobernantes deciden cuánto debes ganar, aunque nadie pueda contratarte.
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
5 de noviembre de 2026
En España hemos llegado a tal grado de sabiduría política que ya no hace falta trabajar más, producir mejores mercancías, ahorrar, invertir ni crear empresas para enriquecerse.
Basta con que el Gobierno firme un decreto.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, acaba de proponernos otra de sus grandes ocurrencias: aumentar el salario mínimo un 5,3% para 2027, hasta alcanzar los 18.004 euros brutos anuales.
Sus propios expertos habían recomendado una subida del 4,9%. Pero la ministra ha decidido ser todavía más generosa.
¡Qué fácil resulta ser generoso con el dinero ajeno!
La subida, todavía pendiente de aprobación, podría recibir el visto bueno del Consejo de Ministros el 17 de noviembre, en plena campaña de las elecciones generales del día 29.
¡Qué casualidad!
Ahora bien, antes de que empiecen a sonar las trompetas de la propaganda gubernamental, convendría formular una pregunta elemental:
¿De dónde sale el dinero con el que se pagan los salarios?
Porque, por mucho que nuestros gobernantes se empeñen en hacernos creer lo contrario, el dinero no nace en los ministerios, no crece en los árboles ni aparece por ensalmo cada vez que un ministro firma un papel.
¿POR QUÉ NO DECRETAR UN SALARIO MÍNIMO DE CINCO MIL EUROS?
Si aumentar los salarios por decreto sirve para enriquecer a los trabajadores, ¿por qué conformarnos con 1.286 euros mensuales en catorce pagas?
¿Por qué no establecer un salario mínimo de tres mil euros?
¿O de cinco mil?
¿Acaso no sería magnífico que todos los españoles ganasen diez mil euros mensuales, trabajasen tres días a la semana y disfrutasen de vacaciones durante medio año?
¡Adelante, señora ministra! ¡No se quede corta!
Si la riqueza se fabrica mediante decretos, acabemos con la pobreza de una vez.
El problema, naturalmente, es que las cosas no funcionan así.
Un empresario no puede pagar a sus trabajadores lo que se le antoje, ni tampoco lo que se le antoje a Yolanda Díaz.
Puede pagar lo que los ingresos de su negocio le permitan, contando con que también debe atender los demás gastos, reponer herramientas, comprar mercancías, pagar impuestos, devolver préstamos y reservar algún dinero para cuando vengan mal dadas.
Y si los gastos superan los ingresos, la empresa pierde dinero.
Si pierde dinero durante demasiado tiempo, acaba cerrando.
Una verdad tan sencilla que debería comprender cualquier niño de escuela, aunque parece que cuesta muchísimo entenderla en determinados ministerios.
EL SALARIO MÍNIMO NO ES LO QUE COBRA EL TRABAJADOR
Hay algo que nuestros gobernantes suelen olvidar cuando anuncian sus grandes conquistas sociales.
Un trabajador que cobra 18.004 euros brutos anuales cuesta bastante más dinero a quien lo contrata.
Hay que añadir las cotizaciones que paga el empresario a la Seguridad Social y los demás gastos que lleva consigo mantener ese puesto de trabajo.
Además, de los 18.004 euros brutos, el trabajador tampoco recibe todo el dinero: se le descuentan sus propias cotizaciones y, cuando corresponde, el impuesto sobre la renta.
De manera que el empresario desembolsa mucho más de lo que el empleado lleva finalmente a casa.
¿Quién paga esa diferencia?
El empresario.
¿De dónde obtiene el dinero?
De lo que produce y vende.
¿Y qué sucede si no consigue vender lo suficiente?
Pues que no puede contratar, tiene que reducir gastos o acaba echando el cierre.
No parece un razonamiento especialmente complicado.
Pero, por lo visto, hay que explicarlo.
EL COMERCIANTE DE PUEBLO Y LA MINISTRA DE MADRID
Imaginemos una pequeña tienda de ultramarinos en un pueblo extremeño.
Su propietario lleva años levantándose al amanecer y cerrando cuando ya es de noche. Entre atender a los clientes, recibir mercancías, hacer cuentas y limpiar el establecimiento, apenas encuentra tiempo para comer tranquilamente.
Le gustaría contratar a un ayudante.
Con ello podría atender mejor el negocio, ampliar algunas horas la apertura y disfrutar de algo tan extraordinario como pasar un rato con su familia.
Encuentra incluso a un muchacho del pueblo dispuesto a trabajar por las tardes.
Ambos hablan y llegan a un acuerdo que consideran conveniente.
Pero aparece el Gobierno y les dice que no pueden contratar por debajo de la cantidad que ha decidido establecer.
Al tendero no le salen las cuentas.
El muchacho sigue sin trabajo.
El comerciante continúa trabajando hasta reventar.
Y Yolanda Díaz celebra en Madrid otra victoria de los derechos de los trabajadores.
¡Con dos bemoles!
Porque el joven que no ha sido contratado podrá seguir sin ganar un céntimo, pero tendrá el consuelo de saber que, si algún día encuentra empleo, el Gobierno ya ha decidido cuánto debe cobrar como mínimo.
LA EXTRAÑA LIBERTAD DE QUIEN NO PUEDE DECIDIR
Supongamos que un joven sin experiencia encuentra a un empresario dispuesto a enseñarle un oficio.
El muchacho quiere trabajar, ganar algún dinero y aprender.
El empresario necesita ayuda, pero solo puede ofrecer una cantidad inferior al salario mínimo.
Los dos están de acuerdo.
Nadie amenaza a nadie.
Nadie engaña a nadie.
Ambos creen que el trato les conviene.
Sin embargo, la ley les impide llevarlo a cabo.
Resulta una situación bastante curiosa.
El Estado reconoce al muchacho como mayor de edad, le permite votar, casarse, endeudarse, comprar una vivienda, crear una empresa y tomar decisiones que pueden comprometer buena parte de su vida.
Pero no le permite aceptar un trabajo por una cantidad inferior a la que el Gobierno considera adecuada.
¡Qué manera tan singular de defender la libertad!
Por supuesto, hay que perseguir el engaño, el incumplimiento de los contratos, las amenazas y los abusos.
Pero una cosa es proteger a las personas frente a quienes pretenden aprovecharse de ellas y otra muy distinta prohibirles llegar a acuerdos que consideran beneficiosos.
Y conviene no olvidar que el trabajo que no llega a ofrecerse tampoco proporciona salario, experiencia ni oportunidades.
LOS TOMATES DE CINCO EUROS
Pongamos otro ejemplo.
Imaginemos que el Gobierno decide que ningún agricultor podrá vender tomates por menos de cinco euros el kilo.
¿Por qué?
Porque considera que los agricultores deben obtener unos ingresos dignos.
La intención parece excelente.
¡Qué hermoso propósito!
Pero ¿qué sucedería si los consumidores no estuvieran dispuestos a pagar cinco euros por los tomates?
Pues que muchos dejarían de comprarlos.
Algunos agricultores conseguirían venderlos al precio establecido, pero otros se encontrarían con la cosecha sin vender.
Y los tomates acabarían pudriéndose.
¿De qué les serviría a esos agricultores tener reconocido por ley el derecho a cobrar cinco euros si nadie les comprase los tomates?
Con el salario mínimo puede ocurrir algo semejante.
El Gobierno establece cuánto debe pagar, como mínimo, quien contrata a un trabajador.
Pero no puede obligar a los empresarios a contratarlo.
Y si el coste supera lo que determinada empresa puede permitirse, el puesto de trabajo puede no llegar a existir.
Naturalmente, los trabajadores no son tomates. Las relaciones laborales presentan problemas y desigualdades que no existen en la compraventa de hortalizas.
Pero hay una verdad económica que no desaparece por mucho que se repitan consignas: prohibir vender por debajo de determinado precio no obliga a nadie a comprar.
LOS PERJUDICADOS QUE NO SALEN EN LA FOTOGRAFÍA
Cuando se aumenta el salario mínimo, quienes conservan su empleo y reciben más dinero salen beneficiados.
Eso nadie sensato debería discutirlo.
Pero ¿qué sucede con quienes todavía están buscando trabajo?
¿Qué ocurre con el joven que no tiene experiencia?
¿Con el hombre de cincuenta y tantos años que lleva mucho tiempo desempleado?
¿Con quien no ha podido aprender un oficio?
¿Con las personas que viven en pueblos donde apenas quedan empresas?
Es posible que algunos empresarios, ante el aumento de los gastos, decidan no contratar a nadie más.
Otros reducirán las horas de trabajo que ofrecen.
Algunos intentarán subir sus precios.
Y habrá quienes sencillamente no puedan continuar con el negocio.
No significa que todos los aumentos del salario mínimo provoquen esos resultados. Las consecuencias dependen de cuánto se suba, de la marcha de la economía y de las posibilidades de cada empresa.
Pero el peligro existe.
Y quienes celebran las subidas deberían preocuparse también por esas personas que no llegan a ser contratadas.
Porque el trabajador que conserva su empleo puede enseñar una nómina con la subida.
El que nunca consiguió el puesto no tiene ninguna nómina que enseñar.
Y, por lo visto, tampoco merece aparecer en los discursos ministeriales.
UNA ESPAÑA DE REALIDADES MUY DISTINTAS
No cuesta lo mismo mantener una empresa en Madrid que en una pequeña localidad extremeña.
Tampoco dispone de los mismos medios una compañía con miles de empleados que un pequeño taller donde trabajan el dueño y dos ayudantes.
Sin embargo, el Gobierno establece un mismo salario mínimo para todo el territorio nacional.
La cifra es idéntica para una gran empresa que vende sus productos por todo el mundo y para un pequeño comercio cuya clientela disminuye año tras año.
¿Es razonable?
Un salario que una empresa puede pagar sin grandes dificultades puede resultar insoportable para otra.
Y eso sucede especialmente en las zonas rurales, donde abundan los pequeños negocios y escasean las oportunidades de empleo.
Curiosa manera de combatir la despoblación: encarecer la contratación precisamente donde más falta hace que alguien se anime a abrir un negocio.
Después vendrán los discursos sobre la España vaciada, las ayudas para fijar población y las promesas de devolver la vida a nuestros pueblos.
Pero, cuando un pequeño empresario intenta contratar a alguien, se encuentra con los mismos gastos y obligaciones que una gran empresa.
¡Y luego se extrañan de que los jóvenes se marchen!
LOS SINDICATOS Y SU GENEROSIDAD SIN LÍMITES
UGT y Comisiones Obreras reclamaban para 2027 una subida del salario mínimo del 7%.
El Gobierno propone el 5,3%.
Los expertos habían recomendado el 4,9%.
Y todos discuten sobre cuánto deben aumentar los salarios que habrán de pagar otros.
Porque ni los ministros ni los dirigentes sindicales tienen que sacar el dinero de sus bolsillos.
Es muy fácil exigir aumentos cuando quien debe pagarlos es el dueño de una tienda, un taller, una pequeña explotación agrícola o un restaurante.
Y todavía resulta más fácil hacerlo cuando los ingresos propios proceden, en buena medida, de presupuestos públicos, cuotas o subvenciones.
La verdadera defensa de los trabajadores debería preocuparse tanto por quienes tienen empleo como por quienes desean trabajar y no encuentran quién los contrate.
Porque los desempleados también son trabajadores en potencia.
Y algunos necesitan, antes que nada, que alguien les abra una puerta.
¿HAN AUMENTADO LOS SALARIOS TANTO COMO LA RIQUEZA?
En 2018 el salario mínimo español era de 735,90 euros mensuales en catorce pagas.
En 2026 alcanza los 1.221 euros.
Para 2027 el Gobierno pretende elevarlo hasta los 1.286.
Eso supone un aumento aproximado del 75% desde 2018.
Una subida considerable.
Pero ¿es España un país un 75% más rico?
¿Ha aumentado la producción por trabajador en esa misma proporción?
¿Se ha abaratado la vivienda?
¿Pagan menos impuestos los españoles?
¿Resulta más fácil que un joven pueda independizarse?
¿Han desaparecido los problemas para llegar a fin de mes?
No.
Y es que una cosa es aumentar la cifra escrita en una nómina y otra muy distinta mejorar de verdad la vida de quien la cobra.
Si el sueldo sube, pero también aumentan el alquiler, los alimentos, la electricidad y los demás gastos, el trabajador puede descubrir que su supuesta prosperidad desaparece antes de terminar el mes.
Lo verdaderamente importante no es cuántos euros figuran en el papel, sino qué puede comprar una persona con ellos.
Y tampoco deberíamos olvidar que los impuestos y las cotizaciones reducen el dinero que finalmente recibe el trabajador y aumentan lo que cuesta contratarlo.
El Estado recauda por ambos lados.
¡Negocio redondo!
LA RIQUEZA SE CREA TRABAJANDO, AHORRANDO E INVIRTIENDO
¿Por qué se pagan salarios elevados en los países más prósperos?
No porque sus ministros sean más generosos.
Se pagan porque sus trabajadores cuentan, por regla general, con mejores herramientas, máquinas, conocimientos, instalaciones y medios para producir.
Un agricultor con un tractor moderno puede cultivar más tierra que otro que solo dispone de una azada.
Un carpintero con buena maquinaria puede fabricar más muebles que quien trabaja exclusivamente con herramientas manuales.
Un taller bien equipado puede reparar más vehículos y hacerlo con mayor rapidez.
Eso permite producir más, vender más y pagar mejores salarios.
Pero para conseguirlo hacen falta ahorro, inversiones, empresarios dispuestos a arriesgar su dinero y trabajadores preparados.
También hace falta que existan suficientes empresas para que compitan entre sí por contratar a los trabajadores.
Porque cuando hay muchos empresarios buscando empleados, los trabajadores disponen de más posibilidades de elegir y negociar mejores condiciones.
En cambio, cuando escasean las empresas, las oportunidades disminuyen.
Por eso, si nuestros gobernantes desean realmente que los españoles cobren más, deberían preocuparse de facilitar la creación de empresas y de reducir los gastos y obstáculos que dificultan su crecimiento.
No de presumir continuamente de lo mucho que obligan a pagar a quienes todavía consiguen mantener sus negocios abiertos.
¿Y SI SUPRIMIÉRAMOS EL SALARIO MÍNIMO?
Sé perfectamente que esta propuesta hará que algunos se lleven las manos a la cabeza.
Pero no estaría de más discutir seriamente si el salario mínimo legal cumple siempre la función que sus defensores le atribuyen.
Suprimirlo no tendría por qué significar permitir los engaños, las amenazas, los incumplimientos de los contratos ni las condiciones de trabajo peligrosas.
Tampoco implicaría negar que existen empresarios capaces de aprovecharse de la necesidad ajena.
Significaría estudiar hasta qué punto la libertad de contratación, acompañada de garantías frente al abuso, permitiría abrir oportunidades que ahora permanecen cerradas.
Existen países prósperos, como Dinamarca y Suecia, que no tienen un salario mínimo general establecido por ley. En ellos, buena parte de los salarios se fija mediante acuerdos entre empresarios y sindicatos.
No son países sin reglas laborales, ni sus trabajadores carecen de protección.
Lo que demuestra su experiencia es que la intervención directa del Gobierno no constituye la única manera de establecer salarios.
Naturalmente, suprimir el salario mínimo tampoco garantiza por sí solo que desaparezca el paro.
El empleo depende de muchas circunstancias.
Pero precisamente por eso resulta absurdo presentar una subida obligatoria como si fuese un remedio infalible para mejorar las condiciones de vida.
La cuestión merece bastante más reflexión que una fotografía de ministros sonrientes.
LA PROSPERIDAD NO SE DECRETA
Señora ministra:
Si de verdad desea que los españoles ganen más dinero, empiece por preguntarse por qué tantas empresas tienen dificultades para crecer y contratar.
Pregúntese por qué a tantos jóvenes les cuesta encontrar su primer empleo.
Por qué hay pequeños negocios que apenas consiguen mantenerse abiertos.
Por qué tantos trabajadores no pueden ahorrar.
Por qué crear una empresa supone enfrentarse a tantos trámites, gastos y obligaciones.
Y por qué tantos españoles tienen que destinar una parte desmesurada de sus ingresos a pagar una vivienda.
Después, en lugar de anunciar otra subida salarial como si hubiera descubierto el secreto de la riqueza, explique qué piensa hacer para que existan más empresas, más producción y más oportunidades de empleo.
Porque los salarios altos son mucho más fáciles de sostener cuando los trabajadores producen más y las empresas pueden pagarles mejor.
Lo demás son deseos convertidos en obligaciones.
Y resulta especialmente cómodo imponer obligaciones cuando la factura la pagan otros.
EPÍLOGO: PROHIBIDO SER POBRE
Imagino una próxima reunión del Consejo de Ministros.
Pedro Sánchez preside la mesa.
Yolanda Díaz pide la palabra.
—Presidente, tengo una propuesta para terminar definitivamente con la pobreza.
—Adelante, Yolanda.
—Propongo prohibirla por decreto.
—¡Magnífica idea!
—Además, podemos establecer multas para quienes no lleguen a fin de mes.
—¿Y qué hacemos con los desempleados?
—Muy sencillo. Prohibimos también el desempleo.
—¿Y si no encuentran trabajo?
—Pues que se apunten a un curso para aprender a encontrarlo.
Los ministros aplauden.
Los sindicatos celebran la histórica conquista.
Las televisiones anuncian que España vuelve a ser ejemplo para el mundo.
Y, mientras tanto, un pequeño comerciante echa el cierre porque no puede pagar sus facturas, un joven continúa buscando su primer trabajo y una familia hace cuentas para llegar a fin de mes.
Pero eso sí: todo estará debidamente regulado.
Porque nuestros gobernantes parecen haber descubierto una manera extraordinaria de acabar con la pobreza: prohibir que los ciudadanos trabajen por menos de lo que ellos decidan, aunque el resultado sea que algunos no puedan trabajar en absoluto.
Y si alguien sigue siendo pobre, que no se preocupe.
Siempre podrá consolarse leyendo el Boletín Oficial del Estado.
