La lección de La Española

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Resumen para lectores con prisas

¿Por qué unas naciones prosperan mientras otras permanecen atrapadas en la pobreza?

Ésa es una de las preguntas más antiguas de la Historia. También una de las más actuales.

Durante siglos se han propuesto respuestas muy diversas. Unos culpan al clima. Otros a la geografía, a la escasez de recursos naturales, al colonialismo, a la deuda, a la globalización o a la mala suerte. Todas esas circunstancias influyen en mayor o menor medida. Ninguna basta, por sí sola, para explicar la prosperidad o la decadencia de un pueblo.

Basta observar la realidad para comprobarlo.

Hay países sin apenas recursos naturales que figuran entre los más desarrollados del mundo. Otros, extraordinariamente ricos en petróleo, minerales o tierras fértiles, continúan sumidos en la pobreza. Existen antiguas colonias convertidas hoy en potencias económicas y otras que siguen arrastrando enormes dificultades. Las mismas causas producen resultados muy diferentes.

Este libro sostiene una tesis distinta.

La riqueza de una nación no comienza en el subsuelo, sino en la cabeza y en el corazón de sus ciudadanos; en su cultura del trabajo; en el respeto al Derecho; en la confianza; en la seguridad jurídica; en la calidad de su enseñanza; en la responsabilidad de quienes ejercen el poder y en unas instituciones capaces de premiar el esfuerzo, proteger la libertad y exigir cuentas a los gobernantes.

La economía constituye el fruto visible de una realidad mucho más profunda: la civilización.

Por eso este ensayo no pretende ser únicamente un libro de economía. Tampoco un tratado de Historia o de Derecho. Es, sobre todo, una reflexión sobre las condiciones que permiten a una sociedad prosperar durante generaciones.

El recorrido comienza con uno de los ejemplos más sorprendentes del mundo: la isla de La Española. Dos países vecinos, prácticamente idénticos en clima, geografía y recursos, han seguido trayectorias radicalmente distintas. La comparación entre Haití y la República Dominicana demuestra que la geografía no basta para explicar la prosperidad.

A partir de ahí, el lector recorrerá otros grandes laboratorios de la Historia: Roma, las dos Coreas, las dos Alemanias, Botsuana y Zimbabue, Hong Kong y la China anterior a las reformas de Deng Xiaoping. Todos ellos muestran, desde perspectivas diferentes, cómo las decisiones humanas pesan mucho más que el azar.

Pero este libro aspira también a rescatar una parte olvidada de nuestra propia tradición intelectual.

Con demasiada frecuencia se presenta el nacimiento de la economía moderna como una creación exclusivamente británica o centroeuropea. Sin restar mérito a Adam Smith, David Ricardo, Hayek, Douglass North o tantos otros, conviene recordar que varios siglos antes España había producido una de las escuelas de pensamiento más brillantes de la Edad Moderna.

Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Luis de Molina, Juan de Mariana y otros muchos maestros de la Escuela Española reflexionaron sobre la propiedad, el comercio, la moneda, la inflación, los impuestos, el poder político, la libertad y la justicia cuando buena parte de Europa apenas comenzaba a plantearse esas cuestiones.

Su legado constituye una de las grandes aportaciones españolas al pensamiento universal y merece ocupar el lugar que le corresponde.

Igualmente olvidada permanece otra contribución extraordinaria de nuestra tradición jurídica: la convicción de que quien ejerce el poder debe responder de sus actos.

El Juicio de Residencia, desarrollado en la Corona de Castilla y perfeccionado durante la Monarquía Hispánica, obligaba a virreyes, gobernadores, corregidores y otros altos cargos a rendir cuentas públicamente al concluir su mandato. No era una curiosidad histórica. Era la expresión de un principio profundamente moderno: la autoridad constituye un servicio, nunca un privilegio; y todo servidor público debe responder ante la ley y ante la comunidad.

Ese principio atraviesa silenciosamente todas las páginas de este libro.

No se trata de idealizar el pasado. Ninguna institución histórica fue perfecta. Tampoco la Monarquía Hispánica estuvo libre de errores, abusos o injusticias. La Historia no debe escribirse ni desde la leyenda negra ni desde la leyenda rosa. Debe escribirse con el mismo respeto por los hechos con que un médico realiza un diagnóstico antes de prescribir un tratamiento.

Éste es, precisamente, el método seguido en estas páginas.

Antes de proponer remedios conviene comprender las causas.

Antes de reformar una nación conviene conocer cómo se construyó.

Antes de juzgar el pasado conviene estudiarlo.

Y antes de buscar soluciones fuera de nuestras fronteras conviene recordar que España posee una tradición intelectual, jurídica y política mucho más rica de lo que habitualmente se reconoce.

La conclusión a la que conduce este recorrido resulta sencilla, aunque profundamente exigente.

Las naciones no heredan la prosperidad.

Heredan instituciones, conocimientos, costumbres, ejemplos y una determinada concepción del hombre y del poder.

Cada generación decide si aumenta ese patrimonio, si lo conserva con prudencia o si lo dilapida.

Ésa es, en último término, la verdadera cuestión.

No sólo qué país queremos tener mañana.

Sino qué España deseamos entregar a quienes todavía no han nacido.

Porque la prosperidad nunca ha sido un accidente de la Historia.

Siempre ha sido la consecuencia de millones de decisiones acertadas mantenidas durante generaciones.

Y también puede perderse cuando esas decisiones dejan de tomarse.

Si quieres profundizar, saber más, sigue leyendo

¿Por qué unas naciones prosperan y otras se hunden?

La lección de La Española

La isla de La Española ofrece uno de los ejemplos más claros para comprender por qué hay países pobres, países menos pobres y países prósperos. En un mismo territorio insular conviven dos Estados: Haití, al occidente, y la República Dominicana, al oriente. Comparten clima, ubicación geográfica, mar, montaña, recursos naturales parecidos y un origen histórico común. Sin embargo, sus trayectorias han sido radicalmente distintas.

La diferencia no puede explicarse sólo por la geografía. Hay que mirar más hondo: historia, instituciones, seguridad jurídica, estabilidad política, educación, propiedad, cultura del trabajo, respeto a la ley y capacidad del Estado para proteger la vida, los bienes y la libertad de sus ciudadanos.

Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, toda la isla pasó a formar parte de la Corona española. Durante los primeros tiempos, La Española tuvo una importancia enorme como punto de partida de la presencia española en América. Pero, con el descubrimiento de México, Perú y otros territorios continentales mucho más ricos, la isla fue perdiendo peso. La parte occidental quedó cada vez más abandonada, y allí comenzaron a instalarse piratas, aventureros y colonos franceses.

En 1697, mediante el Tratado de Ryswick, España reconoció a Francia el dominio sobre la parte occidental de la isla. Desde entonces quedaron separadas dos realidades: al este, Santo Domingo español; al oeste, Saint-Domingue francés.

La parte francesa se convirtió durante el siglo XVIII en una de las colonias más ricas del mundo. Producía azúcar, café, algodón e índigo en cantidades inmensas. Pero aquella riqueza descansaba sobre un sistema brutal de esclavitud. Una minoría de propietarios acumulaba fortunas enormes mientras cientos de miles de esclavos vivían sometidos a condiciones extremas.

La explosión llegó en 1791, con la gran rebelión de esclavos. Tras años de guerra, violencia y destrucción, Haití proclamó su independencia en 1804. Fue la primera república negra independiente del mundo. Pero nació devastada: plantaciones arrasadas, élites desaparecidas, técnicos huidos, comercio roto, aislamiento internacional y una indemnización gigantesca impuesta más tarde por Francia como precio para reconocer su independencia.

Haití nació libre, sí, pero nació también exhausta, empobrecida y rodeada de hostilidad. Desde entonces su historia ha estado marcada por golpes de Estado, dictaduras, guerras internas, corrupción, violencia, inseguridad jurídica, miseria y debilidad institucional.

La República Dominicana tampoco tuvo una historia sencilla. Sufrió ocupaciones, dictaduras, intervenciones extranjeras, corrupción y conflictos internos. Pero, con todos sus defectos, logró construir un Estado bastante más estable que el haitiano. Fue consolidando una administración más eficaz, mejores infraestructuras, mayor apertura al exterior, agricultura de exportación, turismo, zonas francas industriales y una economía más conectada con el mundo.

El contraste actual es evidente. Haití es uno de los países más pobres e inestables del continente americano. La República Dominicana, sin ser un paraíso, ha conseguido niveles mucho mayores de renta, seguridad, crecimiento económico, turismo, inversión y servicios públicos.

El caso de La Española demuestra una verdad incómoda: los recursos naturales no bastan. Hay países ricos en minerales, tierras fértiles, bosques o petróleo que viven en la pobreza. Y hay países con pocos recursos naturales que han alcanzado una prosperidad admirable. La diferencia está en cómo se organiza la sociedad.

La prosperidad necesita instituciones. Necesita propiedad privada segura, contratos respetados, tribunales dignos de tal nombre, administración capaz, estabilidad política, moneda relativamente fiable, seguridad en las calles, inversión, ahorro, trabajo productivo y educación exigente. Cuando esos elementos existen, la riqueza puede crecer. Cuando desaparecen, el país se empobrece aunque tenga sol, playas, ríos, minas o tierras fértiles.

La frontera entre Haití y la República Dominicana se ha hecho famosa porque en algunas zonas puede verse incluso desde el aire: de un lado, áreas mucho más deforestadas; del otro, mayor conservación del bosque. Esta imagen simboliza algo más profundo. Donde el Estado no protege, donde la pobreza obliga a talar para sobrevivir, donde no hay energía asequible ni autoridad efectiva, el territorio se degrada. Donde hay más orden, más capacidad administrativa y políticas sostenidas durante décadas, el daño puede contenerse.

La cuestión no es racial, ni climática, ni fatalista. No existen pueblos condenados por naturaleza a la miseria ni pueblos destinados por nacimiento a la prosperidad. Lo que existen son sistemas que premian el trabajo, la inversión y el cumplimiento de la ley, y sistemas que castigan todo eso. Existen países donde quien produce puede conservar razonablemente el fruto de su esfuerzo, y países donde producir se convierte en una aventura peligrosa. Existen Estados que protegen al ciudadano, y Estados que lo abandonan, lo saquean o lo entregan al miedo.

Aquí conviene mirar también hacia España.

España no es Haití, ni mucho menos. Pero ninguna nación tiene garantizada indefinidamente la prosperidad. España fue durante siglos una potencia de primer orden. Dispuso de territorio, población, idioma universal, posición estratégica, tradición jurídica, energía creadora y una huella histórica extraordinaria. Pero la riqueza no se conserva por inercia.

Cuando se debilitan las instituciones, cuando se castiga el mérito, cuando se degrada la enseñanza, cuando se rompe la unidad del mercado, cuando la deuda pública se convierte en una losa, cuando el Estado se transforma en botín de partidos, sindicatos, clientelas y redes subvencionadas, el país empieza a perder fuerza.

La decadencia no siempre llega con ruinas humeantes. A veces llega con formularios, reglamentos, propaganda, impuestos crecientes, inseguridad jurídica, aulas degradadas, jueces presionados, funcionarios multiplicados sin necesidad, jóvenes expulsados al extranjero y una población resignada a vivir peor que sus padres.

Por eso el ejemplo de La Española no sirve sólo para hablar del Caribe. Sirve para recordar que la prosperidad es una construcción frágil. Puede ganarse durante generaciones y perderse en pocas décadas. Un país desarrollado puede dejar de serlo si destruye las bases que lo hicieron prosperar.

La gran lección es sencilla: la pobreza no se combate sólo repartiendo dinero, ni multiplicando discursos, ni culpando eternamente al pasado. Se combate creando condiciones para que las personas puedan trabajar, ahorrar, invertir, emprender, formar familias, educar a sus hijos y confiar en que la ley no será una trampa.

La Española muestra dos caminos en una misma isla. Haití representa el drama de la debilidad institucional, la violencia política, la inseguridad y el empobrecimiento acumulado. La República Dominicana muestra que, aun con defectos y sombras, un país puede mejorar si conserva un mínimo de orden, estabilidad, apertura y capacidad de gobierno.

España debe tomar nota. No pertenece por derecho divino al grupo de los países prósperos. Permanecerá en él sólo mientras conserve —o recupere— lo que hace posible la prosperidad: ley igual para todos, propiedad segura, enseñanza seria, trabajo productivo, unidad nacional, administración austera, jueces independientes, responsabilidad personal y respeto por quienes crean riqueza.

La riqueza de las naciones no depende sólo de lo que tienen bajo sus pies, sino de lo que tienen en sus leyes, en sus costumbres, en sus escuelas, en sus tribunales y en la cabeza de sus ciudadanos.

Ahí empieza la prosperidad.

Y ahí empieza también la decadencia.

La prosperidad no cae del cielo

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PRÓLOGO

¿Por qué Suiza, Singapur o Japón alcanzaron niveles extraordinarios de prosperidad careciendo de grandes recursos naturales?

¿Por qué países inmensamente ricos en petróleo, diamantes, oro o tierras fértiles siguen atrapados en la pobreza?

¿Por qué dos pueblos separados únicamente por una frontera llegan a vivir de manera completamente distinta?

¿Por qué la misma isla alberga uno de los países más pobres del planeta y otro que, con todas sus limitaciones, mantiene una economía dinámica y en crecimiento?

Estas preguntas llevan siglos ocupando a filósofos, economistas, historiadores y gobernantes.

No existe una respuesta única.

Pero sí existen numerosas respuestas equivocadas.

Durante décadas se ha repetido que la pobreza es consecuencia casi exclusiva del colonialismo, del clima, de la falta de recursos naturales, de la mala suerte histórica o de la explotación por parte de otros países.

Sin negar que todos esos factores puedan influir en determinados momentos, ninguno de ellos explica satisfactoriamente la realidad.

Porque la Historia está llena de excepciones.

Hay países colonizados que hoy figuran entre los más ricos del mundo.

Hay antiguos imperios que hoy atraviesan graves dificultades.

Hay Estados sin apenas recursos naturales que generan una enorme riqueza.

Y existen países extraordinariamente ricos en materias primas cuyos ciudadanos viven en condiciones miserables.

La realidad resulta mucho más compleja.

La riqueza de las naciones nace, sobre todo, de las instituciones que crean, de la calidad de sus leyes, del respeto a la propiedad, de la independencia de sus tribunales, de la estabilidad de sus gobiernos, de la educación de sus ciudadanos, de la confianza social, de la cultura del esfuerzo y de la libertad para producir, ahorrar e invertir.

En definitiva, la prosperidad no depende tanto de lo que un país posee bajo el suelo como de lo que posee sobre él: sus instituciones, sus normas y sus ciudadanos.

La isla de La Española constituye uno de los mejores laboratorios históricos para comprobarlo.

Dos países.

Una misma geografía.

El mismo clima.

Recursos semejantes.

Y resultados completamente distintos.

Pero La Española no es una excepción.

La misma lección aparece repetidamente en otros lugares del mundo.

Corea.

Alemania.

China y Hong Kong.

Botsuana y Zimbabue.

Estonia y otros antiguos territorios soviéticos.

La Historia parece insistir una y otra vez sobre la misma enseñanza.

Las sociedades prosperan cuando el poder tiene límites.

Cuando la ley protege al ciudadano.

Cuando el trabajo resulta más rentable que el privilegio.

Cuando el mérito pesa más que el favor político.

Cuando el ahorro genera inversión.

Cuando la enseñanza transmite conocimientos.

Cuando la corrupción deja de ser un modo habitual de ascenso social.

Y, sobre todo, cuando el Estado sirve a los ciudadanos en lugar de servirse de ellos.

España tampoco queda al margen de esta reflexión.

Muchos españoles creen que la prosperidad constituye un patrimonio adquirido para siempre.

No lo es.

La Historia demuestra exactamente lo contrario.

Todos los países pueden enriquecerse.

Y todos pueden empobrecerse.

La decadencia rara vez comienza con una gran catástrofe.

Empieza lentamente.

Con pequeñas renuncias.

Con leyes deficientes.

Con instituciones que dejan de cumplir su función.

Con administraciones cada vez más costosas e ineficaces.

Con una enseñanza que sustituye el conocimiento por consignas.

Con una Justicia que pierde independencia.

Con gobiernos que gastan sistemáticamente más de lo que ingresan.

Con ciudadanos que dejan de confiar unos en otros.

El deterioro apenas se percibe durante años.

Pero termina acumulándose.

Hasta que un día el país descubre que ya no es tan rico como creía.

Que sus jóvenes emigran.

Que la inversión disminuye.

Que la deuda se multiplica.

Que la productividad se estanca.

Que mantener el nivel de vida de generaciones anteriores resulta cada vez más difícil.

Este libro no pretende ofrecer recetas milagrosas.

Pretende algo más modesto.

Comprender.

Porque sólo comprendiendo las causas profundas de la prosperidad y de la pobreza podremos evitar los errores que tantas naciones han cometido antes que nosotros.

Y quizá conservar aquello que nunca está definitivamente asegurado:

La libertad.

La prosperidad.

Y la civilización.

CAPÍTULO I

La pregunta que vale un billón

«¿Por qué unas naciones prosperan mientras otras se empobrecen?»

Pocas preguntas han ocupado durante tanto tiempo a pensadores, gobernantes y ciudadanos corrientes.

Y, sin embargo, pocas reciben respuestas tan simples para explicar una realidad tan compleja.

Unos culpan al clima.

Otros, al colonialismo.

Hay quienes señalan la religión.

Otros hablan de la raza.

No faltan quienes atribuyen la pobreza a la mala suerte, a la explotación extranjera o a la escasez de recursos naturales.

Cada una de estas explicaciones contiene una parte de verdad.

Pero ninguna basta por sí sola.

Si el clima fuera decisivo, ¿cómo explicar la prosperidad de Finlandia, Suecia o Noruega?

Si el calor condenara irremediablemente a la pobreza, ¿cómo entender el éxito de Singapur?

Si los recursos naturales fueran la clave, Venezuela figuraría entre las naciones más prósperas del planeta.

Si el pasado colonial determinara el presente, todos los antiguos territorios coloniales tendrían un nivel de desarrollo parecido.

Y no es así.

La Historia desmiente una y otra vez las explicaciones demasiado sencillas.

Basta observar un mapa del mundo.

Dos Coreas.

Dos Alemanias.

China y Hong Kong.

Botsuana y Zimbabue.

La República Dominicana y Haití.

En todos estos casos aparecen pueblos con un origen semejante que, tras recorrer caminos políticos diferentes, alcanzan resultados completamente distintos.

La Historia, más que cualquier laboratorio, permite comprobar qué decisiones acercan a una nación a la prosperidad y cuáles la conducen al estancamiento.

No existe un experimento más concluyente que el paso del tiempo.

Los economistas construyen modelos.

Los historiadores observan hechos.

La Historia acaba dictando sentencia.

Cuando una determinada forma de organizar la sociedad produce sistemáticamente mayor riqueza, mayor libertad y mejores condiciones de vida allí donde se aplica, conviene prestar atención.

Cuando otra conduce una y otra vez a la pobreza, a la corrupción o a la violencia, también.

No porque la Historia se repita exactamente.

Nunca lo hace.

Pero sí porque la naturaleza humana cambia mucho menos de lo que solemos imaginar.

Los seres humanos seguimos respondiendo a incentivos muy parecidos a los de hace quinientos o dos mil años.

Trabajamos más cuando podemos conservar el fruto de nuestro esfuerzo.

Invertimos cuando confiamos en que nadie nos arrebatará lo invertido.

Ahorramos cuando creemos en el futuro.

Creamos empresas cuando las leyes no convierten cada iniciativa en una carrera de obstáculos.

Y dejamos de hacerlo cuando ocurre exactamente lo contrario.

No existe misterio alguno.

La prosperidad no brota por generación espontánea.

La crean millones de decisiones individuales repetidas durante décadas.

Cada agricultor que cultiva su tierra.

Cada comerciante que abre su tienda.

Cada artesano que perfecciona su oficio.

Cada empresario que arriesga su patrimonio.

Cada trabajador que mejora su formación.

Cada juez que aplica imparcialmente la ley.

Cada profesor que enseña de verdad.

Cada padre y cada madre que transmiten a sus hijos el valor del esfuerzo, del ahorro y de la palabra dada.

La riqueza nacional no es otra cosa que la suma de millones de actos cotidianos.

Del mismo modo, la decadencia tampoco aparece de repente.

Comienza cuando esos incentivos se invierten.

Cuando producir resulta menos rentable que vivir del presupuesto público.

Cuando la influencia política proporciona mayores beneficios que el trabajo.

Cuando la ley deja de proteger por igual a todos.

Cuando la corrupción deja de escandalizar.

Cuando el mérito cede su lugar al favor.

Cuando el ahorro se castiga.

Cuando la deuda sustituye al esfuerzo.

Cuando el ciudadano empieza a desconfiar de sus propias instituciones.

Entonces el deterioro comienza lentamente.

Al principio apenas se percibe.

Las calles siguen iluminadas.

Los aeropuertos funcionan.

Los hospitales continúan abiertos.

Los trenes circulan.

Los supermercados permanecen llenos.

Todo parece igual.

Pero bajo esa apariencia empiezan a resquebrajarse los cimientos.

La riqueza acumulada durante generaciones permite ocultar durante bastante tiempo los errores.

Hasta que llega un momento en el que el deterioro deja de poder disimularse.

Los jóvenes emigran.

La inversión disminuye.

La productividad se estanca.

La deuda crece.

Los impuestos aumentan.

Las familias retrasan sus proyectos.

Las empresas buscan otros lugares donde instalarse.

Y la sociedad descubre demasiado tarde que la prosperidad no era un derecho adquirido.

Era una conquista diaria.

España conoce bien esa enseñanza.

Nuestra Historia ofrece ejemplos admirables de creatividad, trabajo, comercio, ciencia y capacidad de gobierno.

Pero también episodios prolongados de decadencia.

En unos momentos supimos construir instituciones que favorecieron el crecimiento económico y la seguridad jurídica.

En otros las debilitamos hasta convertirlas en instrumentos al servicio de intereses particulares.

No somos una excepción.

Compartimos con el resto de las naciones la misma ley histórica.

Ningún país permanece rico por decreto.

Ningún pueblo conserva indefinidamente su prosperidad si destruye las causas que la hicieron posible.

Ésa es precisamente la cuestión que recorrerá las páginas de este libro.

No para buscar culpables fáciles.

Ni para repartir certificados de virtud.

Sino para comprender qué elementos aparecen una y otra vez allí donde florecen las sociedades libres, prósperas y estables.

Y por qué desaparecen allí donde se impone el privilegio, la arbitrariedad, la corrupción o la inseguridad.

La primera parada de ese viaje será una isla del Caribe.

Una isla donde una simple línea fronteriza resume, quizá mejor que cualquier tratado de economía, la diferencia entre dos maneras de organizar una sociedad.

Y donde la Historia parece haberse empeñado en responder, con hechos y no con teorías, a la pregunta que da título a este capítulo.

CAPÍTULO II

Las falsas explicaciones de la pobreza

«Todo lo que es sencillo suele ser falso; todo lo verdadero suele ser bastante más complejo.»

Cuando se pregunta por qué un país es pobre, rara vez faltan respuestas inmediatas.

El clima.

La falta de recursos.

El pasado colonial.

La mala suerte.

La explotación extranjera.

La deuda.

La globalización.

Las multinacionales.

El capitalismo.

Las potencias occidentales.

Cada época fabrica su explicación favorita.

Y cada generación parece convencida de haber encontrado la causa definitiva.

Sin embargo, basta contemplar un mapamundi para comprobar que ninguna de esas respuestas resiste un examen detenido.

La realidad siempre resulta bastante más rica que los eslóganes.

El clima

Desde la Antigüedad se ha sostenido que el clima determina el carácter de los pueblos.

Los países templados producirían ciudadanos laboriosos.

Los tropicales favorecerían la indolencia.

Los demasiado fríos dificultarían el desarrollo.

A primera vista la explicación parece razonable.

Pero los hechos vuelven a desmentirla.

Si el frío impidiera prosperar, Islandia, Finlandia o Noruega serían países miserables.

No lo son.

Si el calor tropical condenara al atraso, Singapur jamás habría alcanzado uno de los niveles de renta más elevados del planeta.

Lo consiguió.

El clima influye.

Naturalmente que influye.

Condiciona los cultivos.

Las enfermedades.

Los costes de construcción.

La energía necesaria para vivir.

Pero no decide el destino de una nación.

La prueba consiste en que países situados bajo latitudes muy semejantes presentan diferencias enormes.

Los recursos naturales

Otra explicación muy extendida sostiene que los países ricos simplemente tuvieron la suerte de disponer de más recursos.

Petróleo.

Gas.

Carbón.

Oro.

Diamantes.

Tierras fértiles.

La Historia vuelve a ofrecer un panorama muy distinto.

Japón importa buena parte de las materias primas que necesita.

Suiza apenas posee minerales importantes.

Singapur carece prácticamente de recursos naturales.

Y, sin embargo, figuran entre las economías más avanzadas del mundo.

Mientras tanto, numerosos países extraordinariamente ricos en petróleo, minerales o metales preciosos permanecen atrapados desde hace décadas en la pobreza o la inestabilidad.

No es casualidad.

Los economistas hablan incluso de la «maldición de los recursos».

Cuando un Estado obtiene enormes ingresos simplemente vendiendo petróleo o minerales, con frecuencia deja de preocuparse por desarrollar una economía diversificada.

El gobierno descubre que resulta más fácil repartir rentas procedentes del subsuelo que favorecer el nacimiento de miles de empresas productivas.

La riqueza natural puede convertirse así en una tentación permanente para el poder político.

El pasado colonial

Probablemente ninguna explicación goza hoy de mayor popularidad.

Muchos sostienen que la pobreza actual constituye simplemente la consecuencia inevitable del colonialismo europeo.

No cabe duda de que la colonización produjo abusos, guerras, esclavitud y explotación.

Negarlo carecería de sentido.

Pero convertir ese hecho histórico en explicación universal tampoco resuelve el problema.

Si el colonialismo determinara el destino de las naciones, todas las antiguas colonias tendrían un desarrollo parecido.

Y ocurre exactamente lo contrario.

Australia, Canadá o Nueva Zelanda fueron colonias.

También lo fueron India, Nigeria y Kenia.

Los resultados son muy diferentes.

Lo mismo ocurre en Hispanoamérica.

Todos los países comparten una raíz histórica semejante.

Sin embargo, presentan niveles de desarrollo muy distintos.

La colonización forma parte de la explicación.

No constituye toda la explicación.

La ayuda internacional

Durante las últimas décadas se han destinado cientos de miles de millones de dólares a combatir la pobreza.

Algunos programas obtuvieron resultados positivos.

Otros apenas dejaron huella.

Y unos cuantos contribuyeron, involuntariamente, a perpetuar gobiernos corruptos.

La ayuda puede aliviar una catástrofe.

Puede salvar vidas.

Puede reconstruir un hospital tras un terremoto.

Puede combatir una epidemia.

Pero ninguna transferencia económica sustituye a unas instituciones capaces de generar riqueza de forma permanente.

Ningún país se hizo rico viviendo indefinidamente de la ayuda exterior.

La deuda externa

También suele afirmarse que muchos países permanecen pobres porque soportan una deuda insoportable.

La deuda puede convertirse, sin duda, en un obstáculo importante.

Pero la pregunta esencial sigue siendo otra.

¿Por qué unos países consiguen devolver sus préstamos mientras otros vuelven a endeudarse una y otra vez?

¿Por qué algunos atraen capitales de todo el mundo mientras otros provocan una fuga constante de inversiones?

La respuesta vuelve a remitir a la confianza.

Los prestamistas prestan cuando creen que existe seguridad jurídica, estabilidad y capacidad de crecimiento.

No ocurre al revés.

La explotación extranjera

Existe otra explicación muy popular.

Los países pobres serían víctimas permanentes de las naciones ricas.

Sin negar que hayan existido abusos, conviene formular otra pregunta.

¿Por qué unas inversiones extranjeras transforman profundamente un país mientras otras apenas producen desarrollo?

Porque el capital necesita reglas claras.

Donde existen tribunales fiables, contratos respetados y cierta estabilidad política, la inversión crea riqueza.

Donde predominan la arbitrariedad y la corrupción, termina huyendo.

No es el origen extranjero del capital lo decisivo.

Lo decisivo es el entorno en el que trabaja.

Las desigualdades

Se afirma con frecuencia que la pobreza nace de la desigualdad.

La realidad vuelve a ser más compleja.

La desigualdad puede generar tensiones sociales.

Puede resultar injusta cuando procede del privilegio o de la corrupción.

Pero un país puede ser muy igualitario… porque todos sean igualmente pobres.

Y otro puede presentar diferencias importantes de renta mientras la inmensa mayoría mejora progresivamente su nivel de vida.

La cuestión decisiva no consiste únicamente en cómo se reparte la riqueza.

La primera pregunta debería ser otra:

¿Quién crea esa riqueza?

Porque nada puede repartirse antes de haber sido producido.

Esta verdad elemental suele olvidarse con sorprendente facilidad.

La explicación que suele faltar

Después de descartar todas estas causas parciales, aparece inevitablemente la pregunta fundamental.

Si el clima no basta…

Si los recursos naturales tampoco…

Si el colonialismo explica sólo una parte…

Si la ayuda exterior resulta insuficiente…

Si la deuda constituye más una consecuencia que una causa…

Entonces…

¿Qué distingue realmente a las sociedades que prosperan de las que permanecen estancadas?

La respuesta comienza siempre en el mismo lugar.

En las instituciones.

En las leyes.

En la seguridad jurídica.

En el respeto a la propiedad.

En la calidad de la enseñanza.

En la responsabilidad de los gobernantes.

En la independencia de los jueces.

En la confianza que los ciudadanos depositan unos en otros.

Y, sobre todo, en la existencia de unas reglas del juego que premien el trabajo, el ahorro, la inversión y la innovación mucho más que el privilegio, el favor político o la cercanía al poder.

Eso es precisamente lo que empezaremos a examinar en el siguiente capítulo.

No mediante teorías abstractas.

Sino recurriendo a la mejor maestra de todas:

la Historia.

CAPÍTULO III

La verdadera riqueza de las naciones

Cuando en 1776 Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, la mayor parte de Europa seguía creyendo que un país era rico si poseía oro y plata.

Durante siglos los gobiernos habían actuado como si la riqueza consistiera simplemente en llenar las arcas del Estado.

Cuanto mayor fuera el tesoro del rey, más poderoso parecía el reino.

Smith comprendió que aquella idea era profundamente errónea.

El oro no alimenta.

La plata no fabrica zapatos.

Las monedas no construyen barcos.

Ni levantan viviendas.

Ni producen trigo.

Ni curan enfermedades.

La auténtica riqueza de una nación no consiste en los metales que guarda un banco central ni en las cifras que aparecen en los presupuestos públicos.

Consiste en la capacidad diaria de millones de personas para crear bienes y prestar servicios útiles a otros ciudadanos.

Un agricultor que obtiene una buena cosecha crea riqueza.

Un carpintero que fabrica muebles crea riqueza.

Un médico que cura enfermos crea riqueza.

Un ingeniero que diseña un puente crea riqueza.

Un comerciante que acerca productos al consumidor crea riqueza.

Un empresario que organiza una fábrica crea riqueza.

Un investigador que descubre un nuevo medicamento crea riqueza.

Todos ellos aumentan el patrimonio colectivo.

No porque impriman dinero.

Sino porque producen algo que antes no existía.

La riqueza nace del trabajo inteligente.

Del conocimiento.

De la organización.

Del ahorro.

De la inversión.

Y de la libertad para intercambiar aquello que unos producen con aquello que necesitan otros.

Parece evidente.

Sin embargo, durante siglos los gobiernos actuaron como si bastara con recaudar impuestos o acumular metales preciosos.

Incluso hoy continúa existiendo una confusión semejante.

Con frecuencia se identifica el crecimiento del gasto público con el crecimiento de la riqueza.

No son la misma cosa.

El Estado puede gastar mucho.

Puede recaudar mucho.

Puede endeudarse todavía más.

Nada de eso garantiza que el país produzca más.

Conviene recordar una verdad elemental.

Antes de repartir riqueza hay que crearla.

Y sólo después puede discutirse cómo repartirla.

Olvidar este orden lógico conduce inevitablemente al empobrecimiento.

Ninguna familia puede gastar indefinidamente más de lo que ingresa.

Ninguna empresa puede hacerlo.

Tampoco un Estado.

Podrá endeudarse durante algún tiempo.

Incluso durante bastantes años.

Pero llegará el momento en que la realidad presentará la factura.

La Historia ofrece incontables ejemplos.

Desde los últimos tiempos del Imperio romano de Occidente hasta numerosas crisis financieras contemporáneas.

Las leyes económicas poseen una particularidad incómoda.

Pueden ignorarse.

Pero no pueden derogarse.

La gravedad continúa actuando aunque un parlamento apruebe una ley declarando que los cuerpos deben caer hacia arriba.

La economía funciona de forma parecida.

Los gobiernos pueden promulgar miles de normas.

Pueden prohibir.

Regular.

Subvencionar.

Confiscar.

Redistribuir.

Emitir deuda.

Crear dinero.

Pero jamás conseguirán que una sociedad viva permanentemente por encima de lo que produce.

La realidad acaba imponiéndose.

Siempre.

El verdadero capital

Cuando se habla de capital, la mayoría imagina inmediatamente dinero.

Sin embargo, el dinero constituye únicamente una pequeña parte del capital de una nación.

Mucho más importantes son otras formas de riqueza.

El conocimiento acumulado.

La experiencia.

La confianza.

La honradez en los negocios.

La palabra dada.

La seguridad jurídica.

La estabilidad institucional.

Las costumbres que favorecen la cooperación.

La educación.

La disciplina.

El prestigio profesional.

Todo ello forma un inmenso patrimonio invisible.

No aparece en ninguna estadística.

No figura en los balances nacionales.

Pero explica buena parte de la diferencia entre unas sociedades y otras.

Un comerciante concede mercancía a crédito porque confía en que le pagarán.

Un banco presta dinero porque espera recuperar el préstamo.

Un empresario invierte porque cree que podrá conservar el fruto de su inversión.

Todo descansa sobre algo aparentemente intangible.

La confianza.

Cuando esa confianza desaparece, la economía comienza a deteriorarse incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas visibles.

Por eso las grandes crisis económicas suelen estar precedidas por una crisis moral e institucional.

Los contratos dejan de cumplirse.

La palabra pierde valor.

La corrupción se normaliza.

Las leyes cambian constantemente.

Los tribunales dejan de inspirar seguridad.

Y el ciudadano aprende que resulta más rentable buscar un favor político que mejorar su trabajo.

Ése constituye el verdadero principio de la decadencia.

España también debería preguntárselo

Llegados a este punto conviene volver la mirada hacia España.

Nuestro país continúa formando parte del grupo de las economías desarrolladas.

Dispone de excelentes profesionales.

Empresas competitivas.

Infraestructuras modernas.

Una posición geográfica privilegiada.

Universidades centenarias.

Una lengua hablada por centenares de millones de personas.

Un inmenso patrimonio histórico y cultural.

Pero también aparecen síntomas que merecen una reflexión serena.

La deuda pública alcanza cifras que hace apenas unas décadas parecían inimaginables.

La presión fiscal aumenta mientras la complejidad del sistema tributario desanima la inversión y el ahorro.

La productividad crece mucho menos de lo necesario.

La natalidad se desploma.

Miles de jóvenes altamente cualificados buscan oportunidades fuera de España.

La enseñanza pierde exigencia.

La Administración aumenta de tamaño con mucha mayor rapidez que la economía productiva.

Y cada vez resulta más frecuente escuchar que el éxito depende menos del esfuerzo que de la proximidad al poder político, de la subvención o de la regulación favorable.

No conviene exagerar.

España dista muchísimo de encontrarse en la situación de los países verdaderamente fracasados.

Pero precisamente por eso resulta oportuno aprender de la Historia antes de que los problemas se agraven.

Las sociedades no se derrumban de un día para otro.

Se desgastan lentamente.

Como una gran catedral cuyos cimientos comienzan a agrietarse mientras los viajeros siguen admirando la belleza de sus torres.

Durante mucho tiempo nadie percibe el peligro.

Hasta que un día aparecen las primeras grietas en los muros.

Y entonces ya no basta con pintar la fachada.

Es preciso reparar los cimientos.

Ésa será precisamente la cuestión que abordaremos en el siguiente capítulo.

Porque, si la riqueza no nace del azar, tampoco las instituciones aparecen espontáneamente.

Alguien las crea.

Alguien las conserva.

Y, con demasiada frecuencia, alguien termina destruyéndolas.

CAPÍTULO IV

Cuando España enseñó economía al mundo

Existe una curiosa paradoja.

Muchos españoles creen que la ciencia económica nació en Gran Bretaña durante el siglo XVIII.

Otros sitúan su origen en Francia.

Algunos mencionan Alemania.

Muy pocos vuelven la vista hacia España.

Sin embargo, bastante antes de que Adam Smith escribiera La riqueza de las naciones, un grupo extraordinario de juristas, teólogos, filósofos y profesores españoles ya había estudiado muchas de las cuestiones que hoy siguen ocupando a los economistas.

No utilizaban la palabra «economía» en el sentido moderno.

Hablaban de justicia, comercio, moneda, contratos, usura, propiedad, impuestos o precio justo.

Pero estaban analizando exactamente los mismos problemas.

Aquellos hombres pertenecían, en su mayor parte, a lo que hoy conocemos como la Escuela de Salamanca.

Aunque quizá resulte más justo hablar de una Escuela Española, porque sus principales representantes enseñaron no sólo en Salamanca, sino también en Alcalá, Valladolid, Coimbra, Valencia, Sevilla y otras universidades de la Monarquía Hispánica.

No formaban un partido.

Ni una academia cerrada.

Ni una escuela en el sentido moderno.

Compartían un método.

Una manera de razonar.

Y una convicción profunda.

La economía no podía separarse de la moral ni del Derecho.

El comercio debía servir al hombre.

No al revés.

La propiedad privada no era un privilegio concedido por el poder político.

Constituía una prolongación de la libertad personal.

Y el gobernante estaba sometido a la ley tanto como cualquier otro ciudadano.

Estas ideas resultan hoy sorprendentemente modernas.

Francisco de Vitoria

Francisco de Vitoria es conocido sobre todo como uno de los padres del Derecho Internacional.

Pero su pensamiento va mucho más allá.

Defendió que existían derechos anteriores al propio Estado.

Sostuvo que el poder político encontraba límites.

Negó que un rey pudiera hacer cualquier cosa simplemente porque fuera rey.

Afirmó que la autoridad debía buscar siempre el bien común y respetar la dignidad de la persona.

Sin esa limitación del poder resulta imposible construir una sociedad verdaderamente libre.

Domingo de Soto

Domingo de Soto estudió con enorme profundidad la propiedad, la pobreza y el comercio.

Comprendió que la riqueza no nacía del decreto ni del privilegio.

Nacía del trabajo.

De la producción.

Del intercambio voluntario.

Y del respeto a los contratos.

También reflexionó sobre la inflación provocada por la abundancia de metales preciosos procedentes de América.

Mucho antes de que existieran los bancos centrales modernos, ya había observado que aumentar la cantidad de dinero sin aumentar la producción terminaba elevando los precios.

Cinco siglos después seguimos comprobándolo.

Martín de Azpilcueta

Quizá ningún autor español merezca mayor reconocimiento entre los economistas.

Martín de Azpilcueta formuló con extraordinaria claridad la teoría cuantitativa del dinero.

Observó que allí donde abundaba el dinero, éste perdía valor.

Y donde escaseaba, ocurría exactamente lo contrario.

Explicó con admirable sencillez que el dinero también se rige por la ley de la oferta y la demanda.

No utilizó fórmulas matemáticas.

No necesitó complejos modelos econométricos.

Le bastó observar la realidad.

Los comerciantes españoles comprobaban diariamente que los productos costaban más en Castilla después de la llegada masiva de plata americana.

Azpilcueta supo encontrar la explicación.

Luis de Molina

Luis de Molina realizó aportaciones decisivas acerca del precio.

Frente a quienes creían que existía un precio fijado por la autoridad o por una abstracción moral, sostuvo que el precio justo era el que libremente acordaban comprador y vendedor.

Esta idea anticipaba, en buena medida, la moderna teoría del mercado.

No porque alabara cualquier comportamiento.

Sino porque comprendía que ningún gobernante dispone de la información necesaria para fijar correctamente millones de precios.

Cada transacción incorpora conocimientos dispersos que sólo conocen quienes participan en ella.

Tres siglos después, Hayek desarrollaría esa misma intuición con herramientas distintas.

Juan de Mariana

Llegamos probablemente al autor más incómodo para cualquier gobernante.

Juan de Mariana escribió páginas memorables sobre los límites del poder.

Denunció la adulteración de la moneda realizada por los reyes para financiar sus gastos.

Aquella práctica equivale hoy, salvando las diferencias, a emitir dinero sin respaldo suficiente o a utilizar la inflación como un impuesto encubierto.

Mariana comprendió perfectamente el mecanismo.

Cuando el gobernante altera la moneda para gastar más, quien termina pagando la factura es el conjunto de la población mediante la pérdida del poder adquisitivo.

Su crítica conserva una actualidad sorprendente.

También defendió que el gobernante no podía situarse por encima de la ley.

Una afirmación que todavía hoy convendría recordar con frecuencia.

Mucho más que Salamanca

Reducir todo este movimiento intelectual a la Universidad de Salamanca resulta injusto.

La Monarquía Hispánica del siglo XVI constituía probablemente la mayor comunidad universitaria del mundo occidental.

Universidades como Alcalá, Valladolid, Valencia, Sevilla, Coimbra —cuando formaba parte de la Corona durante la Unión Ibérica— y numerosas instituciones americanas participaron en ese extraordinario florecimiento intelectual.

No existía una única escuela.

Existía una forma española de pensar.

Una tradición que unía Derecho, Filosofía, Teología, Economía e Historia.

Hoy tendemos a compartimentar el conocimiento.

Ellos hacían exactamente lo contrario.

Comprendían que la economía no puede entenderse sin conocer la naturaleza humana.

Ni el Derecho sin la moral.

Ni la política sin la Historia.

Quizá ahí resida una de sus mayores enseñanzas.

¿Por qué olvidamos a nuestros propios maestros?

Resulta llamativo que cualquier estudiante conozca a Smith, Ricardo, Marx, Keynes o Hayek y, sin embargo, apenas haya oído hablar de Azpilcueta, Mariana, Molina o Domingo de Soto.

No se trata de establecer competiciones nacionales.

La ciencia pertenece a toda la humanidad.

Pero sí de hacer justicia histórica.

Europa aprendió mucho de aquellos maestros españoles.

Numerosos pensadores posteriores desarrollaron ideas que ya habían sido formuladas, al menos en sus principios, por la Escuela Española.

No reconocerlo empobrece nuestra comprensión de la historia del pensamiento económico.

Y también empobrece nuestra propia memoria.

Porque un pueblo que desconoce a quienes levantaron los cimientos de su cultura corre el riesgo de creer que todo lo valioso siempre vino de fuera.

Y eso, sencillamente, no es verdad.

CAPÍTULO V

Las instituciones no caen del cielo

Existe una palabra que aparece constantemente cuando se habla de prosperidad.

Instituciones.

Es una palabra correcta.

Pero también peligrosa.

A fuerza de repetirla termina pareciendo algo abstracto, casi misterioso.

Como si las instituciones existieran por sí mismas.

Como si fueran una especie de fenómeno atmosférico.

No lo son.

Una institución no es otra cosa que una regla estable de convivencia.

Un conjunto de costumbres.

De leyes.

De procedimientos.

De límites al poder.

De obligaciones y derechos aceptados por la comunidad.

Pero, sobre todo, una institución es un comportamiento repetido durante mucho tiempo.

Cuando los jueces aplican la ley con independencia durante generaciones, esa conducta acaba convirtiéndose en una institución.

Cuando los gobernantes respetan el dinero de los contribuyentes porque saben que deberán responder de sus actos, también.

Cuando un contrato firmado hoy seguirá siendo válido dentro de diez años aunque cambie el Gobierno, estamos igualmente ante una institución.

Las instituciones no son edificios.

No son ministerios.

Ni parlamentos.

Ni tribunales.

Esos edificios pueden permanecer en pie mientras las instituciones ya han desaparecido.

Basta recorrer la Historia.

La República romana conservó durante mucho tiempo el Senado.

Conservó los magistrados.

Conservó muchas de sus leyes.

Pero las antiguas costumbres republicanas habían comenzado a desaparecer mucho antes.

Los edificios seguían allí.

Las instituciones ya no.

Los romanos tenían una expresión magnífica para referirse a ese conjunto de costumbres, virtudes y normas no escritas que sostenían la República.

El mos maiorum.

Las costumbres de los antepasados.

No constituían una ley.

No aparecían recogidas en ningún código.

Pero todos las conocían.

Todos sabían que existían determinados límites que ningún hombre honorable debía traspasar.

Mientras aquellas costumbres permanecieron vivas, Roma creció.

Cuando comenzaron a desaparecer, ninguna ley consiguió sustituirlas.

Ésta constituye una de las grandes enseñanzas de la Historia.

Las leyes importan.

Pero las costumbres importan todavía más.

Un país puede aprobar la mejor Constitución del mundo.

Si nadie está dispuesto a respetarla, acabará convirtiéndose en papel mojado.

Por el contrario, una sociedad cuyos ciudadanos valoran la honradez, la palabra dada, el esfuerzo y el cumplimiento de la ley soporta mucho mejor incluso normas imperfectas.

Porque la verdadera fortaleza de una nación no reside únicamente en sus códigos legales.

Reside en el carácter de sus ciudadanos.

El poder siempre intenta crecer

Existe otra constante histórica.

Todo poder tiende a aumentar.

Nunca ocurre lo contrario de manera espontánea.

Un rey desea gobernar más.

Un parlamento pretende legislar más.

Una administración aspira a disponer de más competencias, más funcionarios y más presupuesto.

Un ministerio nunca propone desaparecer.

Ni reducir voluntariamente su influencia.

Ésta no constituye una crítica.

Es simplemente una observación histórica.

Ya lo comprendieron los romanos.

Lo explicó con enorme lucidez el barón Montesquieu.

Lo repitió siglos después Lord Acton al escribir que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».

Y lo había intuido mucho antes la propia tradición política española.

Los pensadores de la Escuela Española desconfiaban profundamente del poder sin límites.

No porque consideraran malos a los gobernantes.

Sino porque conocían la naturaleza humana.

Sabían que ningún hombre deja de ser hombre por ocupar un trono.

Ni por vestir una toga.

Ni por presidir un consejo de ministros.

Ni por dirigir un banco.

Ni por mandar un ejército.

Todos seguimos siendo igualmente vulnerables a la ambición, al orgullo, a la codicia y a la tentación de utilizar el poder en beneficio propio.

Precisamente por eso el poder necesita límites.

No porque desconfiemos de una persona concreta.

Sino porque desconfiamos prudentemente de cualquier ser humano.

Ésta constituye una diferencia fundamental entre la tradición política clásica y buena parte del pensamiento moderno.

Los clásicos diseñaban instituciones pensando en hombres imperfectos.

No en ángeles.

España conoció bien esa enseñanza

Con demasiada frecuencia se olvida que la Monarquía Hispánica desarrolló mecanismos extraordinariamente avanzados para controlar el ejercicio del poder.

El más conocido fue el Juicio de Residencia.

Todo alto cargo importante —virreyes, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y otros oficiales del rey— debía responder de su gestión al finalizar su mandato.

Cualquier vecino podía presentar denuncias.

Se examinaban las cuentas.

Se investigaban los abusos.

Se escuchaban testigos.

Y, si procedía, se imponían sanciones.

No era un sistema perfecto.

Ninguna institución humana lo es.

Pero partía de una idea extraordinariamente sensata.

Quien ejerce poder debe rendir cuentas.

No basta con haber sido nombrado.

No basta con haber ganado una elección.

No basta con invocar la voluntad popular.

Todo poder necesita control.

Y cuanto mayor sea el poder, mayor debe ser también el control.

Hoy esa idea parece haberse debilitado.

Con demasiada frecuencia se identifica la victoria electoral con una especie de patente de corso para actuar sin límites hasta las siguientes elecciones.

Nuestros antepasados habrían considerado semejante planteamiento profundamente imprudente.

Sabían que cuatro años bastan para causar enormes daños cuando desaparecen los frenos institucionales.

La corrupción comienza mucho antes del dinero

Cuando se habla de corrupción casi todo el mundo piensa en sobres llenos de billetes.

Comisiones ilegales.

Malversaciones.

Contratos amañados.

Todo eso existe.

Pero constituye únicamente la fase final del proceso.

La verdadera corrupción comienza mucho antes.

Empieza cuando un gobernante deja de considerar el cargo como un servicio y empieza a verlo como un patrimonio propio.

Cuando un magistrado piensa antes en su carrera que en la Justicia.

Cuando un profesor sustituye la búsqueda de la verdad por la comodidad.

Cuando un periodista deja de informar para convertirse en propagandista.

Cuando un empresario busca privilegios en lugar de competir.

Cuando un ciudadano acepta como normal aquello que hace pocos años le habría parecido intolerable.

La corrupción económica casi siempre viene precedida por una corrupción moral.

Y ésta suele instalarse silenciosamente.

Sin escándalos.

Sin titulares.

Sin grandes discursos.

Simplemente rebajando, día tras día, el nivel de exigencia.

Hasta que la sociedad termina acostumbrándose.

Roma también pasó por ese proceso.

La Monarquía Hispánica lo conoció.

Las repúblicas italianas.

La Francia del Antiguo Régimen.

La Inglaterra del siglo XVIII.

Los Estados Unidos durante la Gilded Age.

Ninguna nación está vacunada contra esa enfermedad.

Porque no afecta a los edificios.

Ni a las leyes.

Afecta a las personas.

Y las personas seguimos siendo muy parecidas a las de hace dos mil años.

CAPÍTULO VI

La naturaleza humana no cambia

Cada época cree ser completamente distinta de las anteriores.

Cada generación está convencida de vivir un momento excepcional.

Los avances científicos.

La inteligencia artificial.

Internet.

La robotización.

La ingeniería genética.

Las redes de comunicación.

Todo ello resulta nuevo.

Pero hay algo que permanece extraordinariamente constante.

El ser humano.

Cambian las herramientas.

No cambian las pasiones.

Hace dos mil quinientos años los hombres deseaban riqueza.

Hoy también.

Entonces buscaban poder.

Hoy igualmente.

Sentían envidia.

Ambición.

Orgullo.

Generosidad.

Cobardía.

Valor.

Miedo.

Esperanza.

Amor.

Odio.

Seguimos siendo, en lo esencial, los mismos.

Las formas exteriores cambian.

La condición humana permanece.

Éste constituye uno de los grandes errores de muchas teorías políticas modernas.

Suponen que basta modificar las leyes para crear un hombre nuevo.

La Historia demuestra exactamente lo contrario.

Las leyes pueden contener determinados comportamientos.

Pueden premiarlos.

Pueden castigarlos.

Pero no transforman la naturaleza humana.

Por eso fracasan una y otra vez los proyectos que pretenden construir una sociedad perfecta.

No porque sus promotores carezcan necesariamente de buenas intenciones.

Sino porque parten de un diagnóstico equivocado.

Olvidan que el hombre seguirá siendo hombre.

Con sus virtudes.

Y también con sus defectos.

Los clásicos lo comprendieron

Desde Aristóteles hasta Cicerón, pasando por los pensadores cristianos y la Escuela Española, existe una idea común.

La política consiste, ante todo, en organizar la convivencia entre seres humanos imperfectos.

No entre santos.

No entre demonios.

Entre hombres.

Por eso las buenas instituciones no presuponen ciudadanos perfectos.

Precisamente hacen lo contrario.

Intentan impedir que los defectos humanos destruyan la convivencia.

Dividen el poder.

Establecen controles.

Obligan a rendir cuentas.

Protegen la propiedad.

Garantizan la independencia de los jueces.

Limitan la arbitrariedad.

Premian el cumplimiento de la ley.

Castigan el abuso.

Todo ello responde a una intuición muy sencilla.

No podemos cambiar la naturaleza humana.

Pero sí podemos impedir que sus peores impulsos dominen la vida pública.

El gran error del siglo XX

Pocas centurias produjeron tantas utopías como el siglo XX.

El comunismo prometía crear un hombre nuevo.

El nacional-socialismo pretendía fabricar una humanidad superior.

Otros movimientos aseguraban que bastaba transformar las estructuras económicas para transformar automáticamente a las personas.

Los resultados son conocidos.

Millones de muertos.

Dictaduras.

Campos de concentración.

Hambrunas.

Represión.

No porque aquellos sistemas fracasaran únicamente desde el punto de vista económico.

Fracasaron porque partían de una falsa idea del hombre.

Creían posible eliminar el egoísmo mediante decretos.

Suprimir la ambición mediante propaganda.

Erradicar la codicia mediante planificación.

Construir una sociedad perfecta mediante el poder político.

La Historia respondió con una dureza extraordinaria.

No existe poder capaz de rehacer al ser humano.

La Escuela Española ya lo había advertido

Mucho antes de aquellas experiencias, la Escuela Española había llegado a una conclusión profundamente realista.

El gobernante también es un hombre.

No deja de serlo por ocupar el poder.

Por tanto, necesita límites.

Ésta constituye quizá la diferencia esencial entre la tradición política hispánica y muchas concepciones posteriores.

Nuestros juristas y teólogos nunca idealizaron al gobernante.

Ni al rey.

Ni al magistrado.

Ni al funcionario.

Ni siquiera al pueblo.

Todos podían equivocarse.

Todos podían dejarse llevar por la ambición.

Todos podían cometer injusticias.

Precisamente por eso defendían un entramado de leyes, costumbres, tribunales, fueros, municipios, Cortes, universidades y cuerpos intermedios capaces de contener los excesos del poder.

No aspiraban a construir un Estado omnipotente.

Tampoco una sociedad sin autoridad.

Buscaban algo mucho más difícil.

El equilibrio.

La confianza

Existe otro elemento que rara vez aparece en los tratados económicos.

La confianza.

Toda economía desarrollada descansa sobre una inmensa red de confianza.

Cuando depositamos dinero en un banco confiamos en recuperarlo.

Cuando firmamos una escritura confiamos en que un juez la hará respetar.

Cuando una empresa invierte millones de euros, confía en que las reglas del juego no cambiarán arbitrariamente al cabo de unos meses.

Cuando un comerciante vende a crédito, confía en que el comprador pagará.

Cuando un trabajador acepta un empleo, confía en cobrar su salario.

La confianza reduce enormemente los costes de cualquier sociedad.

Donde existe confianza apenas hacen falta controles excesivos.

Donde desaparece, todo se vuelve lento, caro e inseguro.

Cada contrato necesita más cláusulas.

Cada operación exige más garantías.

Cada decisión requiere más autorizaciones.

La economía continúa funcionando.

Pero lo hace con enormes pérdidas de tiempo, dinero y energía.

Por eso la confianza constituye uno de los capitales más valiosos de cualquier nación.

Y también uno de los más difíciles de reconstruir cuando se pierde.

España y la pérdida de confianza

España disfrutó durante siglos de un extraordinario prestigio jurídico.

Las Leyes de Indias.

Las Partidas.

Las Ordenanzas.

Los consulados de comerciantes.

Las universidades.

Los notarios.

Los escribanos.

Los tribunales.

Todo ello generaba una razonable seguridad para el comercio y la vida civil, aun con las limitaciones propias de cada época.

Hoy seguimos disponiendo de magníficos juristas.

Excelentes jueces.

Profesionales de enorme prestigio.

Pero también asistimos a un fenómeno preocupante.

Cada vez más ciudadanos dudan de que las reglas sean iguales para todos.

Empresarios que retrasan inversiones por temor a cambios normativos constantes.

Familias que perciben una creciente inseguridad jurídica.

Profesionales que consideran imprevisible el marco regulador.

Si esa percepción se consolida, el daño económico será inevitable.

Porque la riqueza comienza a retirarse mucho antes de que aparezcan las estadísticas.

La inversión siempre busca seguridad.

Nunca incertidumbre.

Una advertencia de Cicerón

Cicerón escribió hace más de dos mil años una frase que conserva plena actualidad:

«Somos esclavos de las leyes para poder ser libres.»

No existe contradicción alguna.

Las leyes bien hechas no reducen la libertad.

La hacen posible.

Sin reglas comunes sólo queda el predominio del más fuerte.

O del más próximo al poder.

La verdadera libertad nunca consiste en hacer cualquier cosa.

Consiste en vivir protegido frente a la arbitrariedad.

Ésa fue una de las grandes aportaciones de Roma.

Y también una de las grandes herencias que recogió la tradición jurídica española.

CAPÍTULO VII

La civilización es un capital acumulado

Existe un error muy frecuente.

Creer que la civilización constituye el estado natural del ser humano.

Nada más lejos de la realidad.

La civilización no aparece espontáneamente.

No nace con cada generación.

Cada niño viene al mundo sin saber hablar, leer, escribir, cultivar un campo, construir una vivienda o resolver un conflicto mediante el Derecho.

Todo eso debe aprenderlo.

Lo mismo ocurre con las naciones.

Cada generación recibe una inmensa herencia invisible.

Una lengua.

Una historia.

Una cultura.

Un Derecho.

Unas costumbres.

Una forma de entender la familia.

Una determinada idea del trabajo.

Una concepción de la autoridad.

Una manera de resolver los conflictos.

Todo ello constituye un patrimonio mucho más valioso que el oro o el petróleo.

Porque hace posible crear riqueza.

Cuando una sociedad pierde ese patrimonio, comienza a consumir el capital acumulado por generaciones anteriores.

Al principio apenas se nota.

Sucede igual que con una familia que empieza a vivir de sus ahorros.

Durante bastante tiempo mantiene el mismo nivel de vida.

La casa sigue siendo la misma.

El automóvil continúa en el garaje.

Las vacaciones no desaparecen.

Pero los ingresos ya no cubren los gastos.

Cada año el patrimonio disminuye un poco.

Hasta que llega el momento en que los ahorros se agotan.

Entonces aparece la verdadera pobreza.

Con las naciones ocurre exactamente igual.

El tiempo también produce riqueza

Estamos acostumbrados a pensar que el capital se mide en dinero.

No siempre.

El tiempo también produce riqueza.

Una universidad fundada hace quinientos años constituye un capital.

Un puerto que funciona desde hace siglos constituye un capital.

Una tradición artesanal transmitida de padres a hijos constituye un capital.

Un sistema jurídico perfeccionado durante generaciones constituye un capital.

La confianza acumulada entre millones de personas constituye un capital.

Nada de eso puede improvisarse.

Todo exige tiempo.

Muchísimo tiempo.

Por eso resulta tan fácil destruir una civilización.

Y tan difícil reconstruirla.

Un incendio puede reducir a cenizas una biblioteca levantada durante siglos.

Pero harán falta generaciones enteras para recuperar lo perdido.

La Historia ofrece innumerables ejemplos.

La destrucción de la Biblioteca de Alejandría.

Las invasiones bárbaras.

Las guerras de religión.

La Revolución Cultural.

Cada uno de estos episodios destruyó un inmenso patrimonio intelectual y moral cuya recuperación necesitó siglos, cuando fue posible.

España y la continuidad histórica

España posee una singularidad que con frecuencia pasa inadvertida.

Es una de las naciones europeas con mayor continuidad histórica.

El Derecho romano.

La tradición visigoda.

Los fueros medievales.

Las Partidas de Alfonso X el Sabio.

Las Cortes medievales.

La Escuela Española.

La Monarquía Hispánica.

Las Leyes de Indias.

Las universidades.

Todo ello forma una cadena de más de mil años.

Naturalmente hubo errores.

Injusticias.

Guerras.

Fracasos.

Ninguna nación escapa a ellos.

Pero también hubo una continuidad extraordinaria que permitió transmitir conocimientos, instituciones y formas de convivencia.

Cuando un país rompe deliberadamente con su propia tradición corre un riesgo considerable.

No porque todo el pasado sea admirable.

Ningún pasado lo es.

Sino porque una sociedad que desprecia sistemáticamente su propia experiencia acaba perdiendo la capacidad de distinguir entre aquello que merece conservarse y aquello que conviene reformar.

Las naciones inteligentes no adoran su pasado.

Tampoco lo desprecian.

Lo estudian.

Lo comprenden.

Y procuran aprovechar lo mejor de él.

La Escuela Española: una forma de pensar

Aquí conviene hacer una precisión.

Cuando hablamos de la Escuela Española no nos referimos únicamente a un conjunto de autores brillantes.

Nos referimos a una manera de razonar.

Francisco de Vitoria no escribió aislado.

Tampoco Domingo de Soto.

Ni Martín de Azpilcueta.

Ni Diego de Covarrubias.

Ni Luis de Molina.

Ni Juan de Mariana.

Todos participaron en una conversación intelectual que se prolongó durante generaciones.

Ese diálogo tenía varias características comunes.

En primer lugar, partía siempre de la realidad.

No comenzaban elaborando teorías para después buscar ejemplos.

Hacían exactamente lo contrario.

Observaban los hechos.

Escuchaban a comerciantes, navegantes, banqueros, agricultores y juristas.

Y sólo después formulaban principios generales.

Éste constituye uno de los grandes méritos de la Escuela Española.

Era profundamente empírica.

No porque despreciara la filosofía.

Al contrario.

La filosofía servía para comprender mejor la realidad.

No para sustituirla.

En segundo lugar, rechazaba separar completamente la economía del resto de las ciencias humanas.

Hoy resulta habitual estudiar la economía como si fuera una rama de las matemáticas.

Los maestros españoles jamás aceptaron esa separación.

Sabían que detrás de cada contrato hay personas.

Detrás de cada precio hay decisiones humanas.

Detrás de cada impuesto hay consecuencias morales.

Y detrás de cada ley hay una determinada concepción del hombre.

Por eso integraban Derecho, Filosofía, Historia, Moral y Economía.

No confundían unas disciplinas con otras.

Pero tampoco las aislaban.

Quizá ahí resida una de sus enseñanzas más fecundas para nuestro tiempo.

La enfermedad de la especialización

El conocimiento moderno ha alcanzado un desarrollo extraordinario.

Nadie puede dominar todas las ciencias.

La especialización resulta inevitable.

Pero también encierra un peligro.

El especialista corre el riesgo de conocer cada vez más sobre cada vez menos.

Hasta terminar ignorando el conjunto.

Un economista que desconozca la Historia comprenderá peor la economía.

Un jurista que ignore la filosofía acabará aplicando normas cuyo fundamento ya no entiende.

Un político que desprecie la naturaleza humana terminará creyendo que cualquier problema puede resolverse mediante una ley.

La Escuela Española evitó ese error.

Sus maestros eran juristas, teólogos, filósofos, historiadores y observadores de la vida cotidiana al mismo tiempo.

No porque fueran genios irrepetibles.

Sino porque entendían que la realidad no aparece dividida en departamentos.

Somos nosotros quienes la dividimos para estudiarla.

La realidad permanece unida.

CAPÍTULO VIII

La libertad: el recurso más valioso

Cuando se pregunta cuál es el recurso más importante de un país, las respuestas suelen ser previsibles.

Unos hablan del petróleo.

Otros del agua.

Del carbón.

Del litio.

Del gas.

De las tierras raras.

Algunos responden que la educación.

Todos contienen una parte de razón.

Pero existe un recurso todavía más importante.

La libertad.

No cualquier clase de libertad.

No la simple ausencia de normas.

Sino la posibilidad real de trabajar, emprender, ahorrar, contratar, asociarse, comerciar, transmitir un patrimonio a los hijos y expresar las propias ideas sin miedo.

La Historia demuestra que allí donde esas libertades existen de forma razonablemente estable, la riqueza termina apareciendo.

No siempre inmediatamente.

A veces hacen falta décadas.

Pero acaba llegando.

Por el contrario, allí donde cada decisión depende de la autorización del poder, la iniciativa acaba debilitándose.

No porque desaparezcan el talento o la inteligencia.

Sino porque dejan de encontrar terreno donde desarrollarse.

El ingenio humano

El recurso más abundante del planeta no es el petróleo.

Es la inteligencia.

Cada ser humano nace con una capacidad extraordinaria para resolver problemas.

Un agricultor inventa una herramienta mejor.

Un artesano perfecciona su oficio.

Un comerciante descubre una ruta más rápida.

Un médico encuentra un tratamiento más eficaz.

Un ingeniero diseña una máquina más eficiente.

Toda la prosperidad de la humanidad procede, en último término, de esa capacidad inagotable para crear soluciones nuevas.

Pero el ingenio necesita libertad.

Nadie investiga con entusiasmo si sabe que otro se apropiará del fruto de su trabajo.

Nadie invierte si teme que las reglas cambien arbitrariamente.

Nadie arriesga su patrimonio cuando el éxito depende más del favor político que del esfuerzo.

Por eso la libertad no constituye únicamente un derecho moral.

También representa una inmensa fuerza económica.

La experiencia española

España conoció épocas extraordinariamente creativas.

El Siglo de Oro no produjo únicamente grandes escritores.

Produjo ingenieros, cartógrafos, navegantes, juristas, arquitectos, médicos, impresores y comerciantes.

Las universidades españolas atraían estudiantes de numerosos territorios.

Los astilleros construían algunos de los mejores barcos de su tiempo.

Los caminos comerciales unían cuatro continentes.

Las ciudades americanas fundaban universidades cuando buena parte del resto del mundo apenas comenzaba a organizar su enseñanza superior.

Todo ello no surgió por casualidad.

Existía un entramado de municipios, consulados, cofradías, universidades, audiencias, cabildos, gremios y corporaciones que, con todas sus limitaciones, favorecía una notable actividad económica e intelectual.

Sería un error idealizar aquella época.

También conoció monopolios, privilegios, restricciones y errores importantes.

Pero sería igualmente injusto contemplarla únicamente desde sus defectos.

Ninguna civilización sostiene durante siglos un espacio político tan extenso sin una considerable capacidad de organización.

La libertad necesita orden

Existe otra confusión frecuente.

Se presenta el orden y la libertad como si fueran enemigos.

La Historia demuestra justamente lo contrario.

No hay libertad duradera sin orden.

Y tampoco existe un orden estable que suprima indefinidamente la libertad.

El comerciante necesita tribunales.

El agricultor necesita seguridad.

El empresario necesita contratos.

La familia necesita estabilidad.

Todo ello requiere un poder capaz de hacer cumplir la ley.

Pero también exige que ese mismo poder conozca sus propios límites.

Ésa fue precisamente una de las grandes preocupaciones de la tradición jurídica española.

Las Partidas.

Los fueros.

Las Cortes.

El Juicio de Residencia.

Los recursos ante las Audiencias.

Los derechos municipales.

Todo respondía a una misma preocupación.

Que el poder gobernara.

Pero que no pudiera convertirse en arbitrario.

Ni absolutismo ni anarquía

La tradición española nunca defendió una libertad sin freno.

Tampoco un poder sin límites.

Buscó un equilibrio.

Quizá imperfecto.

Como toda obra humana.

Pero profundamente realista.

Los maestros de la Escuela Española sabían que la autoridad resulta necesaria.

Sin jueces no hay Justicia.

Sin ejército no hay defensa.

Sin administración no existe continuidad del Estado.

Pero igualmente comprendían que todo poder necesita frenos.

No por desconfianza hacia una persona concreta.

Sino porque el poder constituye una permanente tentación.

En esto coincidían con Aristóteles, con Polibio, con Cicerón y, siglos más tarde, con Montesquieu.

No inventaban una doctrina nueva.

Perfeccionaban una tradición que venía de muy lejos.

La falsa oposición entre Estado y sociedad

Otro error moderno consiste en imaginar que sólo existen dos protagonistas.

El individuo.

Y el Estado.

La Historia europea jamás funcionó así.

Entre ambos existía un inmenso tejido de instituciones libres.

La familia.

El municipio.

La parroquia.

La universidad.

Los colegios profesionales.

Las cofradías.

Las hermandades.

Los consulados de comerciantes.

Las órdenes militares.

Los hospitales fundados por particulares.

Las obras pías.

Las asociaciones benéficas.

Los gremios.

Cada una cumplía funciones propias.

Muchas nacieron espontáneamente.

Otras recibieron reconocimiento jurídico.

Todas reducían la necesidad de intervención del poder político.

No eran simples organizaciones privadas.

Constituían auténticas escuelas de responsabilidad.

En ellas los ciudadanos aprendían a gobernarse antes de pretender gobernar a los demás.

Tocqueville observó algo parecido siglos después en los Estados Unidos.

Pero esa tradición existía desde mucho antes en numerosos territorios de la Monarquía Hispánica.

Quizá no siempre la hemos valorado suficientemente.

La primera riqueza de una nación

Al final todo vuelve a la misma idea.

La mayor riqueza de un país no son sus minas.

Ni sus fábricas.

Ni siquiera sus universidades.

La primera riqueza consiste en millones de ciudadanos capaces de actuar libremente dentro de un orden jurídico estable.

Cuando esa libertad desaparece, el talento no desaparece.

Emigra.

Se esconde.

Se resigna.

O deja simplemente de crear.

Y ninguna nación puede permitirse desperdiciar el talento de su gente durante mucho tiempo.

CAPÍTULO XII

Nadie debe marcharse sin rendir cuentas

Existe una diferencia enorme entre ejercer un cargo y ser dueño de él.

Hoy tendemos a confundir ambas cosas.

Con demasiada frecuencia se habla de «mi ministerio», «mi consejería», «mi dirección general», «mi empresa pública» o incluso «mi administración».

No lo son.

Nunca lo fueron.

Los cargos pertenecen a la comunidad política.

Las personas sólo los administran durante un tiempo.

Nuestros antepasados comprendieron perfectamente esta diferencia.

Por eso desarrollaron un mecanismo extraordinariamente inteligente.

El Juicio de Residencia.

Gobernar era responder

En la Monarquía Hispánica nadie debía abandonar un cargo importante sin someterse previamente al examen de su actuación.

Virreyes.

Gobernadores.

Corregidores.

Alcaldes mayores.

Oidores.

Funcionarios de la Corona.

Todos sabían que, tarde o temprano, tendrían que explicar cómo habían ejercido su autoridad.

No bastaba con entregar las llaves del despacho.

Era preciso rendir cuentas.

Se abría entonces un procedimiento público.

Durante varias semanas cualquier vecino podía formular denuncias.

Presentar pruebas.

Aportar testimonios.

Se revisaban las cuentas.

Se examinaban las decisiones más importantes.

Se investigaban posibles abusos.

No se trataba de una venganza.

Tampoco de una persecución política.

Mucho menos de una ceremonia simbólica.

Era un auténtico procedimiento jurídico.

Si el funcionario había cumplido correctamente con sus obligaciones, abandonaba el cargo con su honor reforzado.

Si había abusado del poder, podía ser condenado a multas, inhabilitación, devolución de cantidades indebidamente percibidas, pérdida de bienes e incluso penas de prisión, según la gravedad de los hechos.

Todo ello partía de una idea extraordinariamente sencilla.

Quien administra bienes ajenos debe responder de su gestión.

Una idea profundamente española

Conviene subrayarlo.

El Juicio de Residencia no fue una copia de instituciones extranjeras.

Forma parte del desarrollo histórico del Derecho castellano y alcanzó su madurez durante la Monarquía Hispánica.

Desde las Partidas de Alfonso X hasta las recopilaciones legislativas de los siglos XVI y XVII puede seguirse una línea continua de perfeccionamiento de los mecanismos de responsabilidad de los oficiales reales.

No era una ocurrencia aislada.

Respondía a una determinada concepción del poder.

El rey gobernaba.

Pero también quedaba sujeto al Derecho.

Y quienes actuaban en su nombre estaban sometidos a un control todavía más estricto.

No administraban bienes propios.

Administraban bienes públicos.

No ejercían autoridad para su beneficio.

La ejercían como un servicio.

Ésa constituye una diferencia esencial.

El temor saludable

Toda institución eficaz produce un efecto psicológico.

El Juicio de Residencia también.

El corregidor sabía, desde el primer día, que al finalizar su mandato tendría que explicar cada decisión importante.

Ese conocimiento actuaba como un poderoso freno.

No eliminaba completamente la corrupción.

Ningún sistema humano consigue semejante milagro.

Pero elevaba considerablemente el coste del abuso.

El funcionario corrupto no sólo debía preocuparse por ocultar sus actos mientras ocupaba el cargo.

Sabía que, al abandonarlo, comenzaría precisamente el momento más delicado.

La responsabilidad no terminaba con el mandato.

Empezaba entonces.

Ésa constituye quizá la mayor originalidad del sistema.

La ejemplaridad

El Juicio de Residencia perseguía otro objetivo.

Recordar continuamente que ningún servidor público se encontraba por encima de la ley.

La autoridad no confería privilegios permanentes.

Confería mayores obligaciones.

Cuanto más elevado era el cargo, mayor debía ser el nivel de exigencia.

Éste constituye uno de los principios más olvidados de nuestro tiempo.

Hoy parece ocurrir exactamente lo contrario.

Con frecuencia los altos cargos disfrutan de mayores medios para retrasar investigaciones, prolongar procedimientos o dificultar el esclarecimiento de los hechos.

Nuestros antepasados habrían contemplado esa situación con enorme extrañeza.

Para ellos la lógica era justamente la inversa.

Cuanto mayor era el poder, mayor debía ser el control.

¿Sería posible hoy?

Naturalmente, nadie propone restaurar literalmente una institución del siglo XVI.

La Historia no retrocede.

Las instituciones evolucionan.

Pero los principios permanecen.

Y el principio que inspiraba el Juicio de Residencia conserva plena vigencia.

Todo responsable público debería abandonar su cargo tras una auditoría completa de su gestión.

No sólo económica.

También administrativa.

Patrimonial.

Y jurídica.

No como una presunción de culpabilidad.

Sino como una consecuencia natural de haber administrado recursos que pertenecen a todos.

Del mismo modo que una empresa revisa las cuentas antes de relevar a un director general, una nación democrática debería examinar con rigor la actuación de quienes han ejercido responsabilidades públicas.

No para alimentar el revanchismo.

Sino para fortalecer la confianza.

Porque la confianza constituye el verdadero patrimonio de cualquier Administración.

Cuando los ciudadanos saben que nadie escapa al control de la ley, aumenta el prestigio de las instituciones.

Cuando perciben lo contrario, comienza a extenderse la sospecha.

Y la sospecha, prolongada durante demasiado tiempo, termina erosionando la legitimidad del propio Estado.

Una lección para nuestro tiempo

Quizá la mayor enseñanza del Juicio de Residencia no sea jurídica.

Sea moral.

Recordaba constantemente que gobernar nunca fue un privilegio.

Era una carga.

Un servicio.

Una responsabilidad.

No un patrimonio personal.

Ésa constituye una de las aportaciones más valiosas de la tradición política española.

Y quizá una de las que más convendría recuperar.

CAPÍTULO XIII

¿Por qué los pueblos votan su propia decadencia?

Existe una pregunta que resulta incómoda.

Y, precisamente por eso, rara vez se formula.

Si conocemos bastante bien las causas de la prosperidad…

Si la Historia lleva siglos mostrando qué instituciones funcionan mejor…

Si disponemos de miles de ejemplos…

¿Por qué tantos pueblos vuelven a cometer los mismos errores?

No puede atribuirse únicamente a la ignorancia.

Tampoco a la mala fe.

La explicación resulta bastante más compleja.

La memoria es corta

Cada generación nace creyendo que el mundo comenzó con ella.

Es un fenómeno comprensible.

Los jóvenes no han vivido guerras civiles.

Ni hiperinflaciones.

Ni hambrunas.

Ni dictaduras.

Ni quiebras del Estado.

Las conocen por los libros.

Y los libros nunca producen el mismo efecto que la experiencia.

Quien ha visto desaparecer el valor de sus ahorros en pocos meses comprende el significado de la inflación de una forma muy distinta a quien sólo la conoce mediante gráficos.

Quien ha vivido bajo una dictadura aprecia la libertad con una intensidad que resulta difícil transmitir mediante discursos.

Cada generación disfruta del patrimonio moral, político y económico recibido de las anteriores.

Y corre el riesgo de olvidar cuánto costó construirlo.

La prosperidad adormece

Existe una paradoja.

Las sociedades más prósperas suelen producir ciudadanos menos conscientes del esfuerzo necesario para conservar esa prosperidad.

Es lógico.

Cuando el pan nunca falta, pocos piensan en quien sembró el trigo.

Cuando la electricidad funciona todos los días, casi nadie recuerda las inmensas inversiones necesarias para mantener una red eléctrica.

Cuando los supermercados aparecen llenos, se olvida la extraordinaria organización que hace posible ese pequeño milagro cotidiano.

La abundancia vuelve invisible el esfuerzo.

Y cuando el esfuerzo deja de apreciarse, comienza a perder prestigio.

La política de las promesas

Aquí aparece otro fenómeno constante.

Prometer beneficios resulta mucho más fácil que explicar quién terminará pagándolos.

Ésta no constituye una característica exclusiva de un partido, de una ideología o de un país.

Forma parte de la naturaleza de toda competición política.

Ofrecer ventajas inmediatas produce más aplausos que pedir sacrificios.

Reducir obligaciones resulta más agradable que aumentarlas.

Prometer derechos siempre resulta más popular que recordar deberes.

Sin embargo, la realidad económica permanece indiferente a los discursos.

Toda prestación necesita financiación.

Todo gasto exige ingresos.

Toda deuda termina siendo pagada por alguien.

Puede cambiarse el momento.

Nunca el hecho.

Los gobernantes pasan.

Las cuentas permanecen.

El precio de olvidar la Historia

Los romanos ya conocieron este problema.

También las ciudades italianas.

Las Provincias Unidas.

La Monarquía Hispánica.

La Francia revolucionaria.

La Inglaterra victoriana.

Los Estados Unidos.

Cada generación creyó descubrir soluciones completamente nuevas.

Con frecuencia sólo estaba recuperando errores muy antiguos.

Por eso la Historia constituye probablemente la ciencia política más útil.

No predice el futuro.

Pero reduce considerablemente el número de errores que podemos cometer.

Siempre que estemos dispuestos a escucharla.

La enseñanza como transmisión de una civilización

Aquí conviene detenerse.

La enseñanza no existe únicamente para preparar trabajadores.

Ni siquiera para formar profesionales.

Su misión más importante consiste en transmitir una civilización.

Cada generación entrega a la siguiente un patrimonio acumulado durante siglos.

La lengua.

La literatura.

La ciencia.

La filosofía.

El Derecho.

La Historia.

Las artes.

Las costumbres.

Los descubrimientos.

Los errores.

Las victorias.

Las derrotas.

Todo ello constituye la memoria colectiva de una nación.

Cuando esa transmisión se interrumpe, la sociedad comienza a vivir exclusivamente en el presente.

Y un pueblo sin memoria termina convirtiéndose en un pueblo extraordinariamente fácil de manipular.

No porque sus ciudadanos sean menos inteligentes.

Sino porque carecen de puntos de comparación.

Todo les parece nuevo.

Todo parece inevitable.

Todo parece irreversible.

La Historia enseña justamente lo contrario.

Casi nada resulta inevitable.

España posee una experiencia extraordinaria

Nuestro país dispone de una ventaja poco aprovechada.

Acumula más de dos mil años de experiencia política.

Roma.

La Hispania visigoda.

Los reinos medievales.

La Reconquista.

Las Cortes.

Los municipios.

Los fueros.

La Monarquía Hispánica.

Las universidades.

La Escuela Española.

Las reformas ilustradas.

Las guerras civiles.

La Restauración.

La Transición.

Pocas naciones europeas poseen una trayectoria tan extensa y tan rica.

No toda ella merece admiración.

Naturalmente que no.

Pero casi toda merece estudio.

Porque incluso los errores contienen enseñanzas.

Despreciar esa experiencia constituye un lujo que ningún país debería permitirse.

El olvido como forma de pobreza

Existe una pobreza material.

Todos la comprendemos.

Pero también existe una pobreza intelectual.

Y otra moral.

Una nación comienza a empobrecerse mucho antes de que disminuya su renta.

Empieza a hacerlo cuando deja de valorar el conocimiento.

Cuando ridiculiza el mérito.

Cuando convierte la ignorancia en motivo de orgullo.

Cuando sustituye el estudio por el eslogan.

Cuando desprecia a quienes piensan.

Cuando convierte la mentira en herramienta habitual de la vida pública.

Entonces la decadencia ya ha comenzado.

Las estadísticas tardarán años en reflejarla.

Pero el proceso estará en marcha.

CAPÍTULO XIV

Una isla, dos mundos

Existe un lugar donde la Historia realizó un experimento que ningún economista habría podido diseñar.

Una misma isla.

El mismo clima.

La misma latitud.

Recursos naturales muy parecidos.

Y, durante siglos, una historia común.

Sin embargo, basta recorrer unos pocos kilómetros para pasar de un país a otro cuya realidad económica, social y política resulta profundamente distinta.

Ese lugar es La Española.

Pocas fronteras del mundo enseñan tanto.

El mejor laboratorio del planeta

Los científicos intentan aislar las variables para comprender las causas de un fenómeno.

Si desean conocer el efecto de un medicamento, procuran que todo lo demás permanezca igual.

La Historia rara vez permite semejante precisión.

Los pueblos poseen lenguas distintas.

Religiones diferentes.

Recursos desiguales.

Culturas diversas.

Por eso resulta tan difícil descubrir qué factores explican realmente la prosperidad.

La Española constituye una excepción extraordinaria.

No porque ambos países sean idénticos.

No lo son.

Pero las diferencias iniciales resultan mucho menores que en la mayoría de las comparaciones internacionales.

Precisamente por eso el contraste actual adquiere tanta fuerza.

Cuando comenzó la separación

La isla fue el primer gran asentamiento español en América.

Allí nació la ciudad de Santo Domingo.

Allí comenzaron a organizarse las expediciones que transformarían la Historia del continente.

Pero el descubrimiento de México y del Perú desplazó el centro de gravedad de la Monarquía Hispánica.

La atención política y económica se dirigió hacia territorios mucho más extensos y ricos.

La parte occidental quedó progresivamente más despoblada.

Aprovechando esa circunstancia comenzaron a establecerse bucaneros, filibusteros y colonos franceses.

Con el tiempo, la ocupación de hecho terminó convirtiéndose en ocupación de derecho.

España reconoció la soberanía francesa sobre aquella parte de la isla mediante el Tratado de Ryswick.

A partir de ese momento comenzaron dos historias distintas.

No completamente separadas.

Pero sí claramente diferenciadas.

Dos modelos coloniales

Aquí conviene evitar simplificaciones.

Ninguno de los dos sistemas fue perfecto.

Ambos conocieron abusos.

Ambos recurrieron a la esclavitud.

Ambos cometieron graves errores.

Sin embargo, también existieron diferencias importantes.

La colonia francesa orientó buena parte de su economía hacia grandes plantaciones de exportación.

Azúcar.

Café.

Añil.

Algodón.

La producción alcanzó dimensiones extraordinarias.

También la dependencia de la mano de obra esclava.

La parte española evolucionó de manera diferente.

La ganadería tuvo un peso considerable.

Las explotaciones agrícolas fueron generalmente menos concentradas.

La población permaneció más dispersa.

Y el mestizaje alcanzó una amplitud mucho mayor.

Estas diferencias no explican por sí solas la situación actual.

Pero ayudan a comprender por qué ambos territorios llegaron al siglo XIX en circunstancias distintas.

La independencia

La revolución haitiana constituye uno de los acontecimientos más impresionantes de la Edad Moderna.

Por primera vez una gran insurrección de esclavos derrotaba a una potencia europea y fundaba un Estado independiente.

Fue una hazaña política y militar extraordinaria.

Pero el precio resultó inmenso.

Décadas de violencia.

Destrucción de plantaciones.

Fuga de conocimientos técnicos.

Aislamiento diplomático.

Y, poco después, una indemnización gigantesca exigida por Francia para reconocer la independencia.

Aquel nuevo Estado nació soportando una carga enorme.

La República Dominicana siguió otro camino.

También sufrió guerras.

También conoció ocupaciones.

También padeció dictaduras.

Pero logró conservar una continuidad institucional considerablemente mayor.

No porque sus gobernantes fueran siempre mejores.

Sino porque el Estado consiguió mantener una capacidad de organización mucho más estable.

La gran divergencia

A partir del siglo XX las diferencias comenzaron a hacerse cada vez más visibles.

Mientras Haití acumulaba golpes de Estado, dictaduras, violencia política y una creciente debilidad institucional, la República Dominicana iniciaba, con muchas dificultades, un proceso de modernización económica.

El turismo.

La agricultura de exportación.

Las zonas francas.

La inversión extranjera.

Las infraestructuras.

Todo ello contribuyó a elevar progresivamente el nivel de vida.

Naturalmente persistieron problemas importantes.

Corrupción.

Desigualdad.

Clientelismo.

Ningún observador serio los negaría.

Pero la dirección general resultó claramente distinta.

La frontera vista desde el espacio

Existe una imagen que ha recorrido el mundo.

Las fotografías obtenidas por satélite muestran con sorprendente nitidez la frontera entre ambos países.

No porque exista un muro.

Ni una cordillera.

Ni un gran río.

Lo que aparece es un contraste en la cobertura vegetal.

La República Dominicana conserva una superficie forestal muy superior.

Haití sufrió durante décadas una intensa deforestación.

No porque los haitianos sintieran menor aprecio por los árboles.

Sino porque millones de personas necesitaban carbón vegetal para cocinar y sobrevivir.

Cuando la pobreza se hace extrema, el horizonte temporal cambia.

La preocupación inmediata desplaza a cualquier otra consideración.

La conservación del bosque deja de ser una prioridad cuando la familia necesita preparar la comida del día.

Ésta constituye una de las tragedias más crueles de la pobreza.

Obliga a consumir el futuro para sobrevivir en el presente.

Lo que realmente cambió

Muchos observadores se detienen en el paisaje.

El paisaje sólo representa la consecuencia.

La verdadera diferencia apareció mucho antes.

En la fortaleza del Estado.

En la continuidad administrativa.

En la seguridad.

En la protección de la propiedad.

En la capacidad para atraer inversiones.

En la formación de capital humano.

En la confianza.

En definitiva, en aquello que llevamos varios capítulos llamando civilización.

Porque la prosperidad no surge cuando aumenta el dinero.

El dinero aparece cuando antes han surgido las condiciones que permiten producirlo.

Ésa es la verdadera lección de La Española.

CAPÍTULO XV

Las diez leyes de la prosperidad

La Historia nunca se repite exactamente.

Cada nación posee su lengua.

Su cultura.

Su religión.

Su geografía.

Su pasado.

Sin embargo, cuando se estudian con detenimiento cientos de años de historia aparecen determinadas constantes.

No son leyes en el sentido de las ciencias físicas.

La libertad humana impide semejante precisión.

Son tendencias.

Regularidades.

Principios que reaparecen una y otra vez.

No garantizan el éxito.

Pero su ausencia casi siempre anuncia dificultades.

Primera ley

Ningún pueblo se hace rico consumiendo más de lo que produce

Ésta constituye quizá la verdad económica más sencilla.

Y también una de las más olvidadas.

Una familia puede endeudarse.

Una empresa también.

Un Estado igualmente.

Pero ninguno puede vivir indefinidamente gastando mucho más de lo que produce.

La deuda puede adelantar consumo.

Nunca crea riqueza por sí misma.

Toda deuda representa trabajo futuro comprometido.

Cuanto mayor sea, menor será el margen de libertad de las generaciones siguientes.

Los romanos ya distinguían entre el patrimonio y el gasto.

Los tratadistas españoles del Siglo de Oro insistieron una y otra vez en la necesidad de administrar con prudencia los recursos públicos.

Hoy seguimos sometidos exactamente a la misma realidad.

Las cifras han cambiado.

La naturaleza económica permanece.

Segunda ley

La riqueza pertenece primero a quien la crea

Parece una afirmación evidente.

No siempre se actúa como si lo fuera.

Todo sistema político necesita impuestos.

Ninguna sociedad compleja puede prescindir de ellos.

La cuestión decisiva consiste en otra cosa.

Recordar siempre que el Estado no produce la riqueza que administra.

La obtiene previamente de millones de ciudadanos que trabajan, emprenden, invierten, comercian, ahorran y arriesgan su patrimonio.

Olvidar este orden altera completamente la relación entre gobernantes y gobernados.

El servidor termina creyéndose propietario.

Y el propietario acaba tratado como si fuera un simple contribuyente obligado a justificar continuamente lo que ha creado.

La tradición jurídica española nunca confundió ambas realidades.

El rey administraba.

No era dueño del reino.

Los oficiales reales ejercían funciones públicas.

No adquirían derechos de propiedad sobre ellas.

El Juicio de Residencia recordaba precisamente esa diferencia.

Tercera ley

La confianza vale más que el oro

Una economía moderna funciona porque millones de personas confían diariamente unas en otras.

Confían en los contratos.

En la moneda.

En los tribunales.

En los registros.

En los notarios.

En las escrituras.

En los bancos.

Cuando esa confianza desaparece, toda la maquinaria económica comienza a ralentizarse.

Los costes aumentan.

La inversión disminuye.

Las decisiones se retrasan.

El miedo sustituye a la iniciativa.

La riqueza tarda años en construirse.

La desconfianza puede destruirla en muy poco tiempo.

Cuarta ley

La corrupción nunca permanece aislada

Con frecuencia se presenta la corrupción como un problema exclusivamente penal.

No lo es.

Antes constituye un problema político.

Y antes aún, un problema moral.

La corrupción modifica los incentivos.

Quien trabaja honradamente descubre que progresa más despacio que quien utiliza influencias.

El empresario competitivo pierde contratos frente al empresario bien relacionado.

El funcionario íntegro contempla cómo ascienden otros menos capaces.

La consecuencia termina extendiéndose a toda la sociedad.

No sólo roba el corrupto.

También disminuye la producción de quienes dejan de confiar en el sistema.

Ése constituye el coste invisible de la corrupción.

Y suele ser mucho mayor que el dinero directamente sustraído.

Quinta ley

La enseñanza constituye la inversión más rentable

Las materias primas se agotan.

Las máquinas envejecen.

Los edificios necesitan reparación.

El conocimiento, en cambio, aumenta cuando se comparte.

Cada generación comienza allí donde terminó la anterior.

Siempre que la enseñanza cumpla verdaderamente esa misión.

No basta escolarizar.

No basta entregar títulos.

Una nación progresa cuando transmite conocimientos rigurosos.

Métodos de trabajo.

Sentido crítico.

Disciplina intelectual.

Amor por la verdad.

Sin ellos la enseñanza pierde su finalidad.

Y la economía termina pagándolo.

Sexta ley

La libertad necesita responsabilidad

Ninguna sociedad permanece libre durante mucho tiempo si sus ciudadanos consideran que sólo poseen derechos.

Toda comunidad política descansa igualmente sobre deberes.

Cumplir los contratos.

Respetar la ley.

Pagar las deudas.

Responder de los propios actos.

Educar a los hijos.

Contribuir al sostenimiento de la comunidad.

Defenderla cuando sea necesario.

La tradición española nunca entendió la libertad como ausencia completa de obligaciones.

La entendía como una responsabilidad ejercida dentro del Derecho.

Séptima ley

El poder exige vigilancia permanente

No existe gobernante inmune a la tentación del abuso.

Precisamente por eso las sociedades libres desarrollan mecanismos de control.

División de funciones.

Tribunales independientes.

Auditorías.

Publicidad de las cuentas.

Responsabilidad patrimonial.

Y, en la tradición española, el Juicio de Residencia.

No porque se presumiera que todos los gobernantes fueran corruptos.

Sino porque nadie debía quedar exento de responder por sus decisiones.

Ésa constituye una diferencia esencial.

El control protege tanto al ciudadano como al gobernante honrado.

Octava ley

La prosperidad necesita tiempo

No existen atajos.

Una empresa tarda años en consolidarse.

Una universidad necesita generaciones.

Un puerto comercial requiere décadas.

Una cultura jurídica tarda siglos en madurar.

Las revoluciones prometen resultados inmediatos.

La Historia enseña exactamente lo contrario.

Las grandes civilizaciones siempre fueron obras pacientes.

Novena ley

La decadencia comienza mucho antes de que aparezca la pobreza

Ésta constituye probablemente la ley más difícil de comprender.

Cuando disminuye el respeto por la ley.

Cuando el mérito deja de apreciarse.

Cuando el favor sustituye al esfuerzo.

Cuando el conocimiento pierde prestigio.

Cuando la mentira deja de escandalizar.

La decadencia ya ha comenzado.

Aunque todavía no aparezca reflejada en las estadísticas.

Los síntomas morales suelen preceder durante años a los económicos.

Décima ley

Ninguna nación posee asegurada la prosperidad

Ésta quizá sea la enseñanza más importante de todas.

No existen pueblos elegidos.

Ni economías inmunes.

Ni civilizaciones eternas.

Roma creyó ser invencible.

También Venecia.

También el Imperio español.

También el británico.

Todos conocieron momentos de esplendor extraordinario.

Y todos experimentaron posteriormente dificultades.

No porque existiera una maldición.

Sino porque ninguna sociedad puede permitirse destruir indefinidamente los principios que hicieron posible su prosperidad.

La riqueza exige ser creada cada día.

Nunca queda definitivamente adquirida.

CAPÍTULO XVI

Las élites: cuando los mejores gobiernan… y cuando gobiernan los peores

Toda sociedad posee élites.

Siempre.

No existe una sola excepción en la Historia.

Cambian los nombres.

Cambian los títulos.

Cambian las formas de acceder al poder.

Pero las élites permanecen.

En unas épocas fueron nobles.

En otras, sacerdotes.

Más tarde, comerciantes.

Militares.

Juristas.

Industriales.

Profesores.

Empresarios.

Hoy predominan los políticos profesionales, los altos funcionarios, los dirigentes de los grandes partidos, los responsables de importantes empresas, los magistrados de los altos tribunales, los rectores universitarios, los directivos de los medios de información y quienes ocupan los principales centros de decisión económica y cultural.

La cuestión, por tanto, no consiste en eliminar las élites.

Eso nunca ha sucedido.

La cuestión verdaderamente importante es otra.

¿Qué clase de élites tiene una nación?

La selección de los mejores

Durante siglos la palabra aristocracia tuvo un significado muy distinto del que hoy suele atribuírsele.

Procede de dos voces griegas.

Aristos.

Los mejores.

Kratos.

Gobierno.

En su sentido original significaba simplemente el gobierno de los mejores.

Naturalmente, la realidad casi nunca respondió plenamente a ese ideal.

Pero el ideal existía.

Toda comunidad necesita personas especialmente preparadas para desempeñar determinadas responsabilidades.

Un cirujano.

Un magistrado.

Un piloto.

Un ingeniero.

Un general.

Un profesor.

Nadie confiaría esas tareas al azar.

Sin embargo, con frecuencia olvidamos aplicar el mismo criterio cuando hablamos del gobierno de una nación.

La degeneración

Los griegos observaron que toda forma de gobierno podía corromperse.

La monarquía podía convertirse en tiranía.

La aristocracia en oligarquía.

La democracia en demagogia.

No condenaban ninguna forma política de manera absoluta.

Advertían simplemente que todas degeneran cuando quienes las dirigen dejan de perseguir el bien común.

Ésta constituye una observación extraordinariamente moderna.

Porque desplaza el problema.

No pregunta únicamente quién gobierna.

Pregunta también para qué gobierna.

El mérito

Una nación comienza a deteriorarse cuando el mérito deja de constituir el principal criterio de selección.

No sucede de un día para otro.

Empieza lentamente.

Primero aparece el favor.

Después la recomendación.

Más tarde el parentesco.

La obediencia.

La fidelidad al jefe.

La pertenencia al grupo adecuado.

Finalmente el mérito queda relegado.

Cuando eso ocurre, la mediocridad empieza a ascender.

Y el talento comienza a marcharse.

La fuga de cerebros no constituye únicamente un problema económico.

Representa el síntoma de una enfermedad institucional.

Los mejores buscan lugares donde su esfuerzo tenga recompensa.

Los mediocres procuran modificar las reglas para no competir con ellos.

La Historia ofrece demasiados ejemplos de este proceso.

La advertencia de Joaquín Costa

Aquí conviene recuperar a una de las figuras fundamentales del regeneracionismo español.

Joaquín Costa denunció con enorme energía el caciquismo.

Pero el caciquismo no consistía únicamente en una forma de manipulación electoral.

Era una manera de organizar toda la vida pública.

El favor sustituía al Derecho.

La recomendación desplazaba al mérito.

La influencia resultaba más útil que la capacidad.

Costa comprendió que semejante sistema terminaría empobreciendo al país.

No sólo moralmente.

También económicamente.

Porque ninguna nación puede prosperar durante mucho tiempo si desaprovecha sistemáticamente a sus ciudadanos más capaces.

La Escuela Española ya había llegado antes

Mucho antes de Costa, nuestros juristas habían planteado exactamente el mismo problema.

Juan de Mariana insistía en que el gobernante debía rodearse de hombres competentes y virtuosos.

Saavedra Fajardo advertía contra los aduladores.

Castillo de Bovadilla exigía preparación, prudencia y rectitud a quienes administraban justicia.

No era una cuestión secundaria.

Sabían perfectamente que una mala elección realizada en la cúspide del poder terminaba afectando a toda la comunidad.

Un mal corregidor podía arruinar una ciudad.

Un mal virrey perjudicar un reino entero.

Por eso insistían tanto en la responsabilidad personal.

La circulación de las élites

Aquí aparece otra cuestión fundamental.

Ninguna élite permanece indefinidamente.

Todas terminan siendo sustituidas.

La verdadera pregunta consiste en saber cómo se produce esa renovación.

Existen dos caminos.

El primero consiste en incorporar continuamente a los mejores.

Con independencia de su origen familiar.

De su fortuna.

De sus relaciones.

Sólo importa su capacidad.

El segundo resulta mucho más sencillo.

Los grupos dirigentes comienzan a cerrarse sobre sí mismos.

Los cargos circulan entre los mismos círculos.

Las familias.

Los partidos.

Las organizaciones.

Los intereses creados.

Poco a poco dejan de entrar personas nuevas.

La élite termina convirtiéndose en una casta.

Y cuando una élite deja de renovarse, comienza inevitablemente su decadencia.

La ley de hierro de las oligarquías

El sociólogo alemán Robert Michels formuló a comienzos del siglo XX una observación inquietante.

Toda organización compleja tiende a ser dirigida por un grupo cada vez más reducido.

Con independencia de sus ideales iniciales.

Partidos.

Sindicatos.

Asociaciones.

Cooperativas.

Empresas.

Todas desarrollan una dirección permanente.

Hasta aquí Michels tenía razón.

Pero quizá quedó incompleta su explicación.

Porque la cuestión verdaderamente importante no consiste en que aparezcan élites.

Eso resulta inevitable.

La cuestión consiste en impedir que esas élites dejen de responder ante quienes les confiaron el poder.

Y aquí vuelve a aparecer la originalidad de la tradición española.

La respuesta española

Mientras buena parte de Europa discutía quién debía gobernar, nuestros juristas añadían otra pregunta.

¿Quién vigila al que gobierna?

No bastaba elegir.

No bastaba nombrar.

No bastaba confiar.

Había que controlar.

Había que examinar.

Había que exigir responsabilidades.

El Juicio de Residencia respondía precisamente a esa necesidad.

No pretendía formar gobernantes perfectos.

Sabía que no existen.

Intentaba algo mucho más sensato.

Recordar permanentemente que el poder constituye un préstamo.

Nunca una propiedad.

Ésta es, probablemente, una de las aportaciones más originales de la tradición política española al pensamiento universal.

CAPÍTULO XVII

La primera riqueza de una nación es el carácter de sus ciudadanos

Hay países ricos que terminaron siendo pobres.

Y países pobres que lograron enriquecerse.

En cambio, existe algo que nunca aparece de repente.

El carácter de un pueblo.

No hablamos de una supuesta personalidad colectiva inmutable.

Los pueblos cambian.

Y mucho.

Basta comparar la Inglaterra del siglo XIII con la del XIX.

La Alemania de 1850 con la de 1950.

El Japón feudal con el Japón industrial.

La España de los Reyes Católicos con la España ilustrada.

Las naciones evolucionan.

Pero esa evolución siempre requiere tiempo.

Porque el carácter colectivo no nace de las leyes.

Nace de la educación, del ejemplo, de las costumbres y de la experiencia acumulada durante generaciones.

Las virtudes que crean riqueza

Los economistas suelen hablar de productividad.

De inversión.

De capital.

De innovación.

Todo ello es importante.

Pero rara vez se preguntan de dónde proceden esas realidades.

¿Por qué un empresario decide invertir?

¿Por qué un investigador dedica años a resolver un problema?

¿Por qué un artesano perfecciona su trabajo?

¿Por qué un comerciante conserva su prestigio durante décadas?

Porque existen determinadas virtudes personales sin las cuales ninguna economía puede prosperar.

La laboriosidad.

La puntualidad.

La palabra dada.

La prudencia.

La austeridad.

La previsión.

La constancia.

La honradez.

La capacidad de aplazar una satisfacción inmediata para obtener un beneficio mayor en el futuro.

Ninguna de ellas puede imponerse mediante decreto.

Todas deben aprenderse.

El largo aprendizaje de la libertad

Toda sociedad libre exige un elevado grado de autodominio.

Quien únicamente actúa correctamente por miedo al castigo jamás será verdaderamente libre.

La libertad comienza cuando el ciudadano cumple la ley incluso cuando nadie le observa.

Cuando devuelve una cartera perdida.

Cuando paga una deuda.

Cuando reconoce un error.

Cuando rechaza un soborno.

Cuando cumple un contrato aunque pudiera eludirlo.

Ese comportamiento no depende principalmente del Código Penal.

Depende del carácter.

Y el carácter constituye una obra lenta.

La familia: la primera escuela de la prosperidad

Mucho antes de que existan universidades o empresas, existe una institución decisiva.

La familia.

En ella aprendemos las primeras nociones de responsabilidad.

De disciplina.

De cooperación.

De esfuerzo.

De respeto.

De autoridad.

De servicio.

No todas las familias educan igual.

Naturalmente.

Pero ninguna sociedad ha encontrado todavía una institución capaz de sustituir completamente esa función.

La familia transmite mucho más que afecto.

Transmite hábitos.

Y los hábitos terminan convirtiéndose en destino.

Un niño que aprende desde pequeño a terminar lo que empieza, a respetar la palabra dada, a cuidar lo que recibe y a asumir las consecuencias de sus actos llega a la vida adulta con un capital invisible de enorme valor.

Ese capital no aparece en ninguna estadística.

Sin embargo, explica buena parte de la prosperidad de una nación.

La enseñanza del ejemplo

Existe una antigua máxima latina.

Verba movent; exempla trahunt.

Las palabras convencen.

Los ejemplos arrastran.

Ningún libro enseña tanto como la conducta de quienes nos rodean.

Un gobernante austero educa más que cien campañas de propaganda.

Un juez íntegro fortalece la confianza mucho más que cualquier discurso.

Un profesor exigente deja una huella más profunda que decenas de manuales.

Un padre trabajador transmite una lección diaria.

La civilización se conserva principalmente mediante el ejemplo.

No mediante consignas.

El prestigio social

Toda sociedad recompensa determinados comportamientos.

Y desprecia otros.

Ésa constituye una decisión cultural de enorme importancia.

Cuando el prestigio corresponde al investigador, al empresario honrado, al maestro competente, al agricultor laborioso, al médico entregado o al artesano excelente, la comunidad envía una señal muy clara.

Vale la pena esforzarse.

Pero cuando el éxito parece depender sobre todo de la influencia, de la proximidad al poder, del privilegio o de la capacidad para vivir a costa del trabajo ajeno, el mensaje cambia por completo.

Los jóvenes aprenden rápidamente dónde se encuentran las verdaderas recompensas.

Y adaptan su conducta.

La prosperidad futura comienza a decidirse mucho antes de que entren en el mercado de trabajo.

La España del esfuerzo

Conviene recordar una realidad que con frecuencia olvidamos.

España fue durante siglos una sociedad extraordinariamente emprendedora.

Basta contemplar el mapa.

Universidades.

Hospitales.

Puentes.

Canales.

Catedrales.

Puertos.

Caminos.

Ciudades fundadas en varios continentes.

Sistemas jurídicos.

Instituciones municipales.

Todo ello exigió una inmensa capacidad de organización.

No lo construyó una generación.

Lo levantaron muchas.

Con enormes sacrificios.

Con aciertos y errores.

Pero también con una extraordinaria capacidad para emprender empresas difíciles.

Esa España existió.

Negarlo sería tan absurdo como idealizarla.

La cuestión importante no consiste en mirar con nostalgia hacia el pasado.

Consiste en preguntarnos qué virtudes hicieron posibles aquellas realizaciones.

Y cuáles convendría conservar.

La herencia invisible

Cada generación recibe dos herencias.

Una material.

Edificios.

Carreteras.

Puertos.

Bibliotecas.

Empresas.

Y otra mucho más importante.

La confianza.

Las costumbres.

La lengua.

El Derecho.

Las virtudes cívicas.

La experiencia histórica.

La primera puede destruirse mediante una guerra.

La segunda requiere mucho más tiempo para desaparecer.

Pero, cuando finalmente se pierde, reconstruirla resulta infinitamente más difícil.

Por eso las grandes civilizaciones dedicaron tanta atención a la educación del carácter.

Sabían que las leyes podían corregir determinadas conductas.

Pero no podían fabricar ciudadanos virtuosos.

Esa tarea pertenecía principalmente a la familia, a la enseñanza, a la religión, a las corporaciones, a los municipios y al ejemplo cotidiano de quienes ejercían alguna autoridad.

CAPÍTULO XVIII

Una nación no puede prosperar viviendo de la mentira

Hay una riqueza visible.

Las fábricas.

Los puertos.

Las cosechas.

Los talleres.

Las empresas.

Y existe otra riqueza que no puede tocarse.

La verdad.

A primera vista ambas parecen no tener relación alguna.

Sin embargo, están profundamente unidas.

Toda sociedad desarrollada descansa sobre millones de decisiones que sólo pueden adoptarse correctamente cuando quienes las toman conocen la realidad.

El agricultor necesita saber qué semillas producen mejor.

El médico necesita un diagnóstico correcto.

El ingeniero debe conocer la resistencia de los materiales.

El juez necesita averiguar qué ocurrió realmente.

El comerciante debe saber cuánto cuestan sus productos.

La verdad constituye el punto de partida de toda acción inteligente.

Cuando una sociedad comienza a sustituir la realidad por la propaganda, termina tomando decisiones equivocadas.

Y los errores acumulados siempre acaban teniendo consecuencias económicas.

La verdad no entiende de ideologías

La gravedad no distingue entre conservadores y progresistas.

Las leyes de la física permanecen indiferentes a los parlamentos.

La biología tampoco cambia porque una mayoría apruebe una ley.

La contabilidad sigue obedeciendo a las mismas reglas.

La cosecha depende del clima, del suelo y del trabajo.

No de los discursos.

La economía pertenece a ese mismo ámbito.

Una empresa obtiene beneficios o pérdidas.

Un presupuesto está equilibrado o no lo está.

Una deuda aumenta o disminuye.

Los hechos no cambian porque los nombremos de otra manera.

La Historia está llena de gobiernos que intentaron sustituir la realidad por palabras más agradables.

Ninguno consiguió modificar los hechos.

El lenguaje también puede empobrecer

Los romanos afirmaban que el principio de la sabiduría consiste en llamar a cada cosa por su nombre.

No era una cuestión estilística.

Era una necesidad política.

Quien deja de nombrar correctamente la realidad termina perdiendo la capacidad de comprenderla.

Si el despilfarro recibe el nombre de inversión.

Si la deuda permanente pasa a llamarse estímulo.

Si el fracaso escolar se convierte en éxito administrativo.

Si la inflación deja de ser pérdida del poder adquisitivo.

Si el privilegio aparece presentado como derecho.

La sociedad comienza a vivir rodeada de palabras que ya no describen la realidad.

Y cuando el lenguaje deja de servir a la verdad, empieza a servir al poder.

No es un fenómeno nuevo.

Los sofistas ya enseñaban en la Atenas clásica que el éxito dependía más de convencer que de tener razón.

Platón respondió que ninguna ciudad podía sostenerse indefinidamente sobre esa base.

Veinticinco siglos después seguimos enfrentándonos al mismo problema.

La Escuela Española y el amor por la realidad

Uno de los rasgos más admirables de la Escuela Española consiste precisamente en su respeto por los hechos.

Francisco de Vitoria escuchaba a los juristas, a los comerciantes y a los cronistas antes de formular sus conclusiones.

Martín de Azpilcueta observó la llegada masiva de metales preciosos desde América y comprobó que los precios aumentaban.

No elaboró primero una teoría para buscar después ejemplos favorables.

Hizo exactamente lo contrario.

Partió de la experiencia.

Juan de Mariana criticó las alteraciones de la moneda porque veía sus efectos sobre la vida cotidiana.

Los grandes maestros españoles no razonaban desde la abstracción.

Razonaban desde la realidad.

Ésa constituye quizá una de sus mayores enseñanzas metodológicas.

La mentira siempre termina siendo cara

Puede proporcionar ventajas inmediatas.

Puede ocultar un problema durante algún tiempo.

Puede retrasar decisiones difíciles.

Pero nunca elimina la realidad.

Un agricultor que se engañe acerca de la calidad de su cosecha terminará descubriendo el error cuando llegue el mercado.

Una empresa que falsifique sus cuentas podrá retrasar la quiebra.

No evitarla.

Un gobierno que oculte sus dificultades financieras terminará encontrándose con ellas.

Las leyes económicas poseen una enorme paciencia.

Esperan.

Pero nunca olvidan.

España y el deber de llamar a las cosas por su nombre

Aquí conviene recuperar una tradición muy nuestra.

Los grandes arbitristas españoles escribían para advertir al rey de los problemas del reino.

No eran propagandistas.

No escribían para agradar.

Escribían para corregir.

Martín González de Cellorigo denunció el espejismo de una riqueza basada exclusivamente en la llegada de metales americanos.

Sancho de Moncada advirtió sobre la despoblación y el abandono de la agricultura.

Pedro Fernández Navarrete señaló los peligros del exceso de gasto y de la pérdida de actividad productiva.

Podían equivocarse.

Naturalmente.

Pero compartían una actitud intelectual admirable.

Preferían una verdad incómoda a una mentira tranquilizadora.

Sabían que un médico sólo puede curar correctamente después de establecer un diagnóstico acertado.

Lo mismo ocurre con las naciones.

El primer deber de un gobernante consiste en conocer la realidad.

El segundo, decirla.

Aunque resulte desagradable.

La verdad como patrimonio nacional

Existe una forma de capital que nunca aparece en los presupuestos.

La confianza en que las instituciones dicen la verdad.

Cuando los datos oficiales merecen crédito.

Cuando las estadísticas son fiables.

Cuando los tribunales investigan con independencia.

Cuando los informes técnicos no se modifican por conveniencia política.

Toda la sociedad funciona mejor.

Las decisiones económicas mejoran.

La inversión aumenta.

La incertidumbre disminuye.

Por el contrario, cuando nadie sabe dónde termina la información y dónde empieza la propaganda, el coste termina pagándolo toda la nación.

Porque nadie invierte con tranquilidad en un país donde la realidad permanece oculta tras un velo de intereses.

CAPÍTULO XIX

Donde el Derecho es fuerte florece la riqueza

Hay una escena que se ha repetido miles de veces a lo largo de la Historia.

Un comerciante llega a una ciudad desconocida.

Trae mercancías.

Capital.

Experiencia.

Está dispuesto a invertir.

Antes de descargar un solo saco formula siempre las mismas preguntas.

¿Quién protege mi propiedad?

¿Quién resolverá un conflicto si alguien incumple un contrato?

¿Quién impedirá que un funcionario me despoje arbitrariamente de mis bienes?

¿Quién garantizará que las reglas no cambien mañana?

La respuesta a esas preguntas vale mucho más que cualquier subvención.

Porque la riqueza viaja allí donde encuentra seguridad.

No donde escucha promesas.

El Derecho reduce el miedo

Toda actividad económica supone un riesgo.

El agricultor puede perder la cosecha.

El armador puede naufragar.

El comerciante puede equivocarse.

El empresario puede fracasar.

Ese riesgo resulta inevitable.

Forma parte de la vida.

Lo que ninguna economía soporta durante mucho tiempo es otro riesgo distinto.

La arbitrariedad.

Cuando nadie sabe qué ocurrirá mañana.

Cuando las normas cambian constantemente.

Cuando los contratos dejan de respetarse.

Cuando las decisiones dependen del capricho del gobernante.

Entonces el miedo sustituye a la iniciativa.

Y el capital busca refugio en otro lugar.

No porque sea cobarde.

Porque intenta sobrevivir.

Roma comprendió el problema

Roma no conquistó el Mediterráneo únicamente mediante sus legiones.

Lo hizo también mediante su Derecho.

Un ciudadano romano sabía, con bastante precisión, cuáles eran sus derechos y sus obligaciones.

Los contratos.

La propiedad.

Las sucesiones.

Las sociedades mercantiles.

Las servidumbres.

Todo fue desarrollándose lentamente durante siglos.

El comerciante encontraba algo extraordinariamente valioso.

Previsibilidad.

Podía calcular.

Invertir.

Planificar.

Ese patrimonio jurídico resultó casi tan importante como las propias calzadas romanas.

España heredó aquella tradición

Con demasiada frecuencia olvidamos que el Derecho castellano constituye uno de los grandes monumentos jurídicos de Europa.

No surgió de la nada.

Recibió la herencia romana.

La visigoda.

La experiencia medieval.

Y la enriqueció continuamente.

Las Partidas de Alfonso X representan mucho más que un código.

Constituyen una concepción completa de la vida jurídica.

El Ordenamiento de Alcalá buscó armonizar fuentes diversas.

Las Leyes de Toro resolvieron numerosos problemas civiles.

Las Leyes de Indias intentaron proporcionar un marco jurídico estable a unos territorios inmensos y extraordinariamente complejos.

No siempre lo consiguieron.

Naturalmente.

Pero el esfuerzo merece ser reconocido.

El Derecho como límite

Aquí aparece una diferencia fundamental.

Para la tradición española el Derecho no servía únicamente para ordenar la convivencia.

También limitaba el poder.

El rey gobernaba conforme a las leyes.

No por encima de ellas.

Los oficiales reales respondían de sus actos.

Los municipios conservaban competencias propias.

Las Cortes participaban en determinadas decisiones.

Los fueros protegían derechos concretos.

Todo ello podía funcionar mejor o peor según las épocas.

Pero la idea permanecía.

El poder no bastaba para crear el Derecho.

Debía someterse a él.

Ésta constituye una de las grandes aportaciones de nuestra tradición política.

La ley y la confianza

El economista observa una inversión.

El jurista contempla un contrato.

El historiador ve una costumbre.

En realidad los tres están observando el mismo fenómeno.

La confianza.

Nadie invierte millones de euros porque exista una ley.

Invierte porque cree que esa ley seguirá protegiendo sus derechos dentro de diez o veinte años.

La estabilidad jurídica reduce la incertidumbre.

Y la incertidumbre constituye uno de los mayores enemigos de la prosperidad.

El Derecho necesita jueces

Aquí conviene detenerse.

Las leyes, por sí solas, no resuelven nada.

Hace falta alguien que las interprete.

Y que las haga cumplir.

Los romanos lo sabían.

Los maestros de la Escuela Española también.

Por eso concedían tanta importancia a la independencia del juez.

Un magistrado sometido al poder político deja de ser plenamente juez.

Se convierte en otra cosa.

Podrá conservar el cargo.

Incluso la toga.

Pero habrá desaparecido aquello que daba sentido a su función.

La independencia no constituye un privilegio del juez.

Constituye una garantía del ciudadano.

La tradición española de exigir responsabilidad

Llegamos de nuevo a uno de los aspectos más originales de nuestra Historia.

No bastaba con nombrar jueces o corregidores.

Había que vigilar su actuación.

El Juicio de Residencia no distinguía entre quien había administrado justicia y quien había administrado recursos.

Todos respondían.

Todos.

Ésa era precisamente su grandeza.

El poder nunca quedaba definitivamente libre de examen.

Hoy seguimos discutiendo cómo controlar mejor la corrupción.

Nuestros antepasados ya habían comprendido que el control debía formar parte natural del ejercicio del cargo.

No aparecer únicamente cuando estallaba un escándalo.

Una enseñanza para el siglo XXI

Vivimos rodeados de tecnología.

Inteligencia artificial.

Comercio electrónico.

Mercados financieros globales.

Sin embargo, el principio sigue siendo exactamente el mismo que hace quinientos años.

La inversión busca seguridad.

La innovación necesita libertad.

El trabajo exige recompensa.

Y la propiedad requiere protección.

Todo ello depende, en último término, del Derecho.

No existe riqueza duradera sin un orden jurídico digno de ese nombre.

CAPÍTULO XX

Las civilizaciones no suelen morir asesinadas. Casi siempre se suicidan.

Cuando desaparece una gran civilización solemos buscar una explicación espectacular.

Una invasión.

Una epidemia.

Un terremoto.

Una guerra.

Naturalmente, todos esos acontecimientos influyen.

Pero pocas veces bastan para explicar, por sí solos, el derrumbe de una sociedad compleja.

Roma sufrió invasiones.

También las sufrió el Imperio bizantino.

Y sobrevivió casi mil años más.

España perdió la Armada Invencible.

Sin embargo, continuó siendo durante mucho tiempo una de las grandes potencias del mundo.

Francia padeció derrotas militares devastadoras.

Alemania quedó prácticamente destruida en 1945.

Japón perdió una guerra total.

Y, sin embargo, todos lograron recuperarse.

¿Por qué unas naciones se levantan y otras desaparecen?

Porque las causas profundas suelen encontrarse mucho antes de la catástrofe visible.

La enfermedad comienza mucho antes de aparecer los síntomas

Todo médico sabe que la fiebre no constituye la enfermedad.

Es un síntoma.

La auténtica dolencia puede haberse desarrollado durante semanas o meses.

Con las civilizaciones sucede algo parecido.

La inflación no empobrece una nación por sí sola.

Es el síntoma de desequilibrios anteriores.

La corrupción tampoco constituye normalmente el origen del problema.

Representa la manifestación visible de un deterioro previo.

El endeudamiento excesivo.

La pérdida de productividad.

La inseguridad jurídica.

La decadencia demográfica.

La huida del talento.

Todo ello suele aparecer bastante después de que la enfermedad haya comenzado.

¿Y dónde comienza?

En las ideas.

Primero cambian las ideas

Ninguna civilización modifica su comportamiento sin haber cambiado antes su manera de pensar.

Primero cambian las palabras.

Después las costumbres.

Más tarde las leyes.

Finalmente cambian las instituciones.

Y sólo entonces aparecen las consecuencias económicas.

Éste constituye uno de los grandes errores del análisis exclusivamente económico.

Observa únicamente la última fase del proceso.

Pero el origen suele encontrarse mucho antes.

Los grandes juristas españoles comprendieron perfectamente esta relación.

Sabían que una mala ley no nace por casualidad.

Antes ha cambiado la concepción de la Justicia.

La moneda no se altera únicamente por necesidad financiera.

Antes alguien ha dejado de considerar inviolable la confianza depositada por los ciudadanos.

La corrupción tampoco aparece de repente.

Antes se ha debilitado el sentido del deber.

El lujo de las sociedades maduras

Existe un fenómeno curioso.

Las sociedades más prósperas pueden permitirse errores que arruinarían inmediatamente a otras mucho más pobres.

Poseen un inmenso capital acumulado.

Infraestructuras.

Conocimientos.

Empresas.

Prestigio internacional.

Ahorro.

Instituciones.

Todo ello actúa como un colchón.

Durante bastante tiempo la decadencia permanece oculta.

Los aeropuertos siguen funcionando.

Las carreteras continúan abiertas.

Los hospitales mantienen su actividad.

Los ciudadanos apenas perciben cambios importantes.

Precisamente por eso el peligro resulta mayor.

La ilusión de normalidad retrasa la reacción.

Roma también conoció esa sensación.

Durante generaciones siguió pareciendo invencible.

Mientras tanto, sus fundamentos iban debilitándose lentamente.

La falsa sensación de riqueza

Aquí aparece otro fenómeno que se repite una y otra vez.

Confundir consumo con prosperidad.

Un país puede consumir muchísimo.

Importar grandes cantidades de bienes.

Multiplicar el gasto público.

Endeudarse.

Construir edificios monumentales.

Celebrar acontecimientos espectaculares.

Nada de ello demuestra necesariamente que sea más rico.

La pregunta decisiva continúa siendo otra.

¿Produce más de lo que consume?

¿Aumenta su patrimonio?

¿Invierte pensando en la siguiente generación?

¿O está viviendo del esfuerzo acumulado por quienes le precedieron?

La diferencia resulta enorme.

Las familias la comprenden perfectamente.

Las naciones parecen olvidarla con demasiada frecuencia.

El patrimonio invisible

Cuando hablamos de patrimonio solemos pensar en edificios.

Carreteras.

Puertos.

Empresas.

Existe otro patrimonio mucho más importante.

La credibilidad.

El prestigio.

La confianza.

La palabra dada.

La cultura jurídica.

La excelencia profesional.

La capacidad para cooperar.

Todo ello tarda siglos en construirse.

Y puede comenzar a desaparecer en muy pocos años.

No porque alguien lo destruya deliberadamente.

Basta con dejar de cuidarlo.

Los romanos tenían una expresión magnífica.

Corruptio optimi pessima.

La corrupción de lo mejor produce los peores efectos.

Porque cuanto más elevada sea una institución, mayor será también el daño provocado por su deterioro.

España conoce bien ese peligro

Nuestra Historia ofrece numerosos ejemplos.

Hubo épocas en las que España fue admirada por sus juristas.

Por sus universidades.

Por sus navegantes.

Por sus ingenieros militares.

Por sus teólogos.

Por sus administradores.

También conoció momentos en los que perdió parte de ese prestigio.

No porque los españoles cambiaran de naturaleza.

Sino porque determinadas decisiones políticas, económicas y culturales fueron debilitando lentamente algunas de las bases que habían hecho posible aquel florecimiento.

Precisamente por eso conviene estudiar nuestra propia Historia.

No para repartir elogios o condenas.

Sino para comprender.

Porque una nación que ignora las causas de su grandeza difícilmente comprenderá las razones de su decadencia.

Ninguna nación está condenada

Éste quizá sea el mensaje más esperanzador de todo el libro.

Si las sociedades pueden deteriorarse, también pueden recuperarse.

La Historia ofrece numerosos ejemplos.

Alemania.

Japón.

Corea del Sur.

Irlanda.

Estonia.

Incluso la propia España conoció etapas de extraordinaria recuperación después de largos períodos de crisis.

La decadencia nunca constituye un destino inevitable.

Pero exige una condición.

Reconocer primero la realidad.

Ningún médico puede curar una enfermedad cuya existencia se niega.

Ningún arquitecto repara un edificio mientras insiste en que las grietas no existen.

Ningún país recupera su prosperidad si convierte el diagnóstico en un tabú.

Ésa constituye probablemente la mayor enseñanza de toda la tradición intelectual española.

Desde los arbitristas del siglo XVII hasta Joaquín Costa, nuestros mejores pensadores comenzaron siempre por el mismo punto.

Mirar la realidad de frente.

Sin complacencia.

Sin derrotismo.

Sin leyendas doradas.

Sin leyendas negras.

Sólo así resulta posible corregir los errores y conservar los aciertos.

CAPÍTULO XXI

Antes de la riqueza existió la confianza

Existe una pregunta que rara vez se formula.

¿Quién inventó el mercado?

La mayoría responderá inmediatamente:

Nadie.

Y tendrá razón.

El mercado no fue creado por un rey.

Ni por un parlamento.

Ni por un economista.

Surgió lentamente.

Muchísimo antes de que existieran los tratados de economía.

Nació cuando dos personas descubrieron que cooperar resultaba más beneficioso que enfrentarse.

Un pastor intercambió lana por trigo.

Un alfarero cambió vasijas por aceite.

Un pescador obtuvo herramientas a cambio de pescado.

Todo parecía muy sencillo.

Pero detrás de aquella operación existían ya varios descubrimientos extraordinarios.

La confianza.

La propiedad.

La palabra dada.

El respeto al acuerdo alcanzado.

En realidad, la economía comenzó mucho antes que la propia ciencia económica.

El contrato más antiguo

Todo contrato contiene una promesa.

«Yo cumpliré mi parte.»

Y espera otra promesa equivalente.

«Yo cumpliré la mía.»

Sin esa doble confianza desaparece el comercio.

Ninguna ley consigue sustituir completamente esa realidad.

Puede sancionar al tramposo.

Puede indemnizar al perjudicado.

Pero ninguna sentencia elimina totalmente el daño causado por la pérdida de confianza.

Por eso las sociedades más prósperas suelen caracterizarse por un rasgo poco llamativo.

La mayoría de sus ciudadanos cumple normalmente su palabra.

No porque todos sean virtuosos.

Sino porque descubrieron hace siglos que la honradez resulta extraordinariamente rentable.

La gran invención

Con frecuencia se afirma que la rueda cambió la Historia.

También la imprenta.

La máquina de vapor.

La electricidad.

Internet.

Todo ello es cierto.

Pero quizá la mayor invención de la humanidad sea otra.

La posibilidad de confiar en desconocidos.

Cuando un comerciante acepta un pagaré firmado por alguien a quien nunca había visto.

Cuando un banco concede un préstamo.

Cuando un empresario envía mercancías a otro continente.

Cuando un ciudadano deposita sus ahorros.

Cuando un juez hace cumplir un contrato entre dos personas completamente extrañas.

Toda la economía moderna descansa sobre esa inmensa red de confianza.

Y esa confianza constituye una creación cultural.

No aparece espontáneamente.

El mercado necesita una moral

Durante demasiado tiempo se ha presentado el mercado como si funcionara independientemente de cualquier consideración moral.

Nuestros maestros jamás pensaron así.

Francisco de Vitoria.

Domingo de Soto.

Luis de Molina.

Martín de Azpilcueta.

Juan de Mariana.

Todos partían de una idea muy sencilla.

El comercio exige justicia.

No puede sobrevivir sin ella.

Porque el fraude sistemático destruye el intercambio.

La mentira destruye el crédito.

La violencia destruye la propiedad.

La arbitrariedad destruye la inversión.

Por eso la economía nunca fue, para ellos, una actividad aislada.

Constituía una consecuencia del orden moral y jurídico de la comunidad.

Ésta es probablemente una de las mayores diferencias entre la Escuela Española y buena parte del pensamiento económico posterior.

El comerciante y el bandido

Imaginemos dos caminos.

Por uno viajan comerciantes.

Por otro, salteadores.

Los comerciantes producen riqueza.

Los bandidos únicamente la trasladan de unas manos a otras.

A primera vista ambos pueden enriquecerse.

Pero sólo los primeros aumentan el patrimonio de la comunidad.

Esta diferencia, aparentemente elemental, constituye una de las grandes enseñanzas de toda la Historia económica.

Las sociedades prosperan cuando resulta más rentable comerciar que saquear.

Cuando producir proporciona mayores beneficios que apropiarse del trabajo ajeno.

Cuando el ingenio supera a la violencia.

Cuando el contrato vale más que la espada.

Toda civilización representa, en el fondo, una victoria progresiva del acuerdo sobre la fuerza.

El Estado apareció después

Ésta es otra cuestión importante.

Con frecuencia se habla como si el Estado hubiera creado la sociedad.

La Historia muestra justamente lo contrario.

Antes existieron las familias.

Las aldeas.

Los mercados.

Los municipios.

Las costumbres.

Los gremios.

Las cofradías.

Las universidades.

Las ferias.

Sólo mucho después aparecieron estructuras políticas más complejas.

La sociedad no nació del Estado.

El Estado nació de una sociedad que ya existía.

Los juristas españoles comprendieron perfectamente esta realidad.

Por eso concedieron tanta importancia a los cuerpos intermedios.

Municipios.

Cabildos.

Universidades.

Consulados.

Hermandades.

Cofradías.

Todos desempeñaban funciones propias.

No esperaban que el poder central resolviera todos los problemas.

España y el gobierno de proximidad

Una de las mayores fortalezas históricas de España residió precisamente en esa riqueza institucional.

Miles de municipios.

Cabildos.

Concejos abiertos.

Hermandades.

Diputaciones de oficios.

Universidades.

Audiencias.

Consulados del Mar.

Cada institución resolvía problemas concretos.

Cada una acumulaba experiencia.

Cada una generaba confianza.

No todo dependía de la Corte.

Ni podía depender.

La Monarquía Hispánica gobernaba territorios repartidos por cuatro continentes.

Sólo pudo hacerlo porque descansaba sobre una inmensa red de instituciones locales.

Ésa constituye una enseñanza extraordinariamente moderna.

Las sociedades fuertes no concentran toda la inteligencia en un único centro.

La distribuyen.

La riqueza comienza mucho antes del dinero

Llegamos así a una conclusión importante.

Cuando hablamos de prosperidad solemos pensar inmediatamente en salarios.

En empresas.

En bancos.

En bolsas de valores.

Todo eso pertenece a la última fase del proceso.

Mucho antes aparecieron otras realidades.

La confianza.

La responsabilidad.

La familia.

La palabra dada.

La justicia.

La cooperación.

La libertad.

Sin ellas jamás habría surgido una economía capaz de sostener una civilización.

CAPÍTULO XXII

Un Estado fuerte no es necesariamente un Estado grande

Existe una idea muy extendida.

Cuando un país atraviesa dificultades, basta con aumentar la intervención del Estado.

Crear nuevos organismos.

Más departamentos.

Más funcionarios.

Más normas.

Más controles.

Más procedimientos.

Más autorizaciones.

Más inspecciones.

La Historia invita a ser mucho más prudentes.

Porque un Estado puede crecer indefinidamente sin hacerse más eficaz.

Del mismo modo que una empresa puede aumentar su plantilla y, sin embargo, producir menos.

El tamaño no garantiza la calidad.

¿Qué es un Estado fuerte?

No es el Estado que dicta más leyes.

Ni el que recauda más impuestos.

Ni el que posee más ministerios.

Ni el que aprueba más reglamentos.

Un Estado fuerte es aquel que cumple eficazmente las funciones que le son propias.

Garantiza la seguridad.

Protege la propiedad.

Hace cumplir los contratos.

Administra justicia en un plazo razonable.

Defiende las fronteras.

Mantiene el orden público.

Protege las libertades fundamentales.

Persigue el fraude y la corrupción.

Y administra con prudencia los recursos que recibe de los ciudadanos.

Nada de eso exige necesariamente una administración gigantesca.

Exige, sobre todo, competencia.

La hipertrofia administrativa

Existe una enfermedad que ha acompañado a casi todos los grandes imperios.

El crecimiento continuo de la burocracia.

Cada problema origina un nuevo cargo.

Cada nuevo cargo crea nuevos procedimientos.

Cada procedimiento necesita nuevos funcionarios.

Cada nueva oficina justifica su existencia proponiendo nuevas regulaciones.

El proceso parece no tener fin.

Roma lo conoció.

También el Imperio otomano.

La Francia borbónica.

La Monarquía de los Austrias en determinados períodos.

Y numerosos Estados contemporáneos.

No porque los funcionarios sean el problema.

Sería profundamente injusto afirmarlo.

La inmensa mayoría cumple honestamente su trabajo.

El problema aparece cuando la organización empieza a servir principalmente a su propia conservación.

Entonces deja de preguntarse:

«¿Qué necesita el ciudadano?»

Y comienza a preguntarse:

«¿Cómo justificamos nuestra existencia?»

La advertencia de los arbitristas

Aquí conviene recuperar nuevamente a nuestros grandes autores del siglo XVII.

Martín González de Cellorigo denunciaba una economía en la que demasiadas personas vivían indirectamente del patrimonio producido por otros.

Sancho de Moncada advertía contra la pérdida de agricultores, artesanos y fabricantes.

Pedro Fernández Navarrete insistía en la necesidad de fortalecer la producción antes que el consumo.

No criticaban la existencia de servidores públicos.

Criticaban otra cosa.

Que aumentaran los oficios improductivos mientras disminuían quienes creaban riqueza.

La diferencia resulta fundamental.

Una nación necesita jueces.

Soldados.

Profesores.

Notarios.

Ingenieros públicos.

Administradores.

Pero necesita todavía más agricultores.

Industriales.

Comerciantes.

Investigadores.

Transportistas.

Constructores.

Profesionales liberales.

Empresarios.

En definitiva, personas capaces de aumentar el patrimonio colectivo.

España conoció otro modelo

Conviene recordar un hecho poco conocido.

Durante siglos la Monarquía Hispánica gobernó territorios inmensos con una administración sorprendentemente reducida para los criterios actuales.

¿Cómo fue posible?

Porque buena parte de las funciones descansaban sobre instituciones locales.

Los municipios.

Los cabildos.

Las diputaciones forales.

Las Audiencias.

Los consulados de comerciantes.

Las universidades.

Las órdenes religiosas.

Las cofradías.

Las hermandades.

La Corona coordinaba.

Supervisaba.

Nombraba determinadas autoridades.

Pero no pretendía dirigir directamente todos los aspectos de la vida cotidiana.

Naturalmente aquel sistema también conoció ineficiencias.

Sería absurdo negarlo.

Pero contenía una enseñanza muy actual.

Cuanto más capaz sea una sociedad de resolver sus propios problemas, menos necesita recurrir continuamente al poder central.

La subsidiariedad antes de que existiera la palabra

Hoy se habla con frecuencia del principio de subsidiariedad.

Muchos creen que se trata de una formulación reciente.

En realidad, la práctica política española conoció durante siglos una idea muy semejante.

El problema debía resolverse allí donde pudiera resolverse mejor.

El municipio no debía hacer lo que correspondía a la familia.

La provincia no debía absorber las funciones del municipio.

La Corona no debía intervenir constantemente en asuntos que podían resolverse localmente.

No siempre se respetó este criterio.

Pero la tendencia general resulta claramente reconocible.

La experiencia había enseñado que cuanto más se alejaba la decisión del problema concreto, mayor era el riesgo de equivocarse.

El coste oculto

Toda organización consume recursos.

Edificios.

Personal.

Tiempo.

Dinero.

Eso resulta inevitable.

La cuestión consiste en saber si el beneficio obtenido supera el coste.

Las empresas responden diariamente a esa pregunta.

Si dejan de hacerlo, desaparecen.

Las administraciones públicas rara vez afrontan una prueba semejante.

Cuando una oficina pierde utilidad, no suele cerrar.

Con frecuencia solicita más presupuesto.

Más competencias.

Más personal.

Éste constituye uno de los mayores desafíos de cualquier Estado moderno.

Cómo conservar aquello que funciona.

Y cómo reformar aquello que ha dejado de cumplir su finalidad.

El servidor y el señor

Existe una palabra que conviene recuperar.

Servidor.

Durante siglos se hablaba de servidores del rey.

Más tarde de servidores públicos.

La expresión encerraba una profunda enseñanza.

Quien ocupaba un cargo servía a una comunidad.

No se servía de ella.

No era propietario del cargo.

Ni de los recursos administrados.

Ni de la autoridad recibida.

El Juicio de Residencia recordaba precisamente esa diferencia.

Cuando terminaba el mandato desaparecía el poder.

Permanecía únicamente la responsabilidad.

Quizá esa sea una de las mayores lecciones que nuestra tradición política puede ofrecer al siglo XXI.

CAPÍTULO XXIII

La responsabilidad: el precio de la libertad

Existe una palabra que ha ido desapareciendo lentamente del debate público.

Responsabilidad.

Se habla constantemente de derechos.

Con mucha menos frecuencia de obligaciones.

Y, sin embargo, ambas forman las dos caras de una misma moneda.

No puede existir una sin la otra.

Todo derecho reconocido a una persona supone una obligación para otra.

Toda libertad exige aceptar las consecuencias de su ejercicio.

Quien firma un contrato responde de él.

Quien contrae una deuda debe devolverla.

Quien administra bienes ajenos tiene la obligación de conservarlos.

Quien gobierna una nación responde de sus decisiones.

Ésta fue una convicción compartida por los juristas romanos, por la Escuela Española y por toda la tradición jurídica europea.

No se trataba únicamente de una exigencia moral.

Era una condición indispensable para la convivencia.

La responsabilidad crea confianza

Imaginemos dos ciudades.

En la primera, los comerciantes cumplen sus contratos.

Los jueces resuelven los litigios con rapidez.

Los gobernantes rinden cuentas.

Los funcionarios responden de sus decisiones.

Los ciudadanos pagan sus deudas.

En la segunda ocurre exactamente lo contrario.

Los contratos apenas se respetan.

Los pleitos duran años.

La corrupción permanece impune.

Las promesas políticas nunca se cumplen.

Las responsabilidades siempre recaen sobre otros.

¿Dónde invertirá un empresario?

¿Dónde abrirá una fábrica?

¿Dónde establecerá su familia?

La respuesta resulta evidente.

No elegirá necesariamente el lugar con menores impuestos.

Ni el de mejores carreteras.

Escogerá aquel donde pueda prever razonablemente las consecuencias de sus actos.

Porque la responsabilidad genera confianza.

Y la confianza constituye el verdadero cemento de toda economía.

El privilegio destruye la responsabilidad

Durante siglos los pensadores españoles combatieron una idea extraordinariamente peligrosa.

La existencia de personas situadas por encima de la ley.

No siempre lograron eliminarla.

Pero nunca dejaron de denunciarla.

Juan de Mariana escribió páginas durísimas contra los abusos del poder.

Castillo de Bovadilla insistía en las obligaciones de los corregidores.

Saavedra Fajardo advertía que el príncipe debía ser el primero en someterse al Derecho.

No era una cuestión secundaria.

Comprendían perfectamente que el privilegio constituye el mayor enemigo de la responsabilidad.

Cuando algunos saben que nunca responderán por sus actos, toda la sociedad termina deteriorándose.

No porque todos quieran comportarse de la misma manera.

Sino porque desaparece el ejemplo.

El ejemplo vale más que la ley

Una ley puede imponer una sanción.

No puede inspirar respeto.

Éste nace principalmente del ejemplo.

Cuando el gobernante reconoce un error.

Cuando el juez rechaza una presión.

Cuando el funcionario actúa con imparcialidad.

Cuando el empresario cumple su palabra incluso perdiendo dinero.

Cuando el profesor califica con justicia.

Cuando el periodista rectifica una información falsa.

Toda la comunidad recibe una lección silenciosa.

Así se construye una civilización.

No mediante grandes discursos.

Sino mediante miles de actos cotidianos.

Los romanos llamaban a esta forma de enseñar auctoritas.

No era simplemente autoridad.

Era prestigio moral.

Se obedecía a determinadas personas porque habían demostrado merecer esa obediencia.

La fuerza imponía.

La auctoritas convencía.

La diferencia resulta enorme.

La Escuela Española y el deber

Existe un aspecto de nuestra tradición intelectual que merece ser recuperado.

Nuestros grandes juristas apenas hablaban de privilegios.

Hablaban continuamente de deberes.

Los deberes del rey.

Los deberes del juez.

Los deberes del corregidor.

Los deberes del padre.

Los deberes del comerciante.

Los deberes del maestro.

Cada función llevaba aparejada una responsabilidad.

Nadie quedaba dispensado de ella por ocupar un cargo elevado.

Al contrario.

Cuanto mayor era la autoridad, mayor era también la obligación.

Ésta constituye una diferencia esencial respecto a muchas concepciones posteriores del poder.

La cadena invisible

Toda sociedad funciona gracias a una inmensa cadena de responsabilidades.

El agricultor siembra confiando en que alguien comprará su cosecha.

El panadero trabaja de madrugada porque sabe que los vecinos acudirán a su horno.

El médico estudia durante años para atender correctamente a sus pacientes.

El arquitecto calcula un puente pensando en personas a las que jamás conocerá.

Cada uno cumple con su deber.

Y precisamente por eso los demás pueden cumplir el suyo.

Cuando esa cadena comienza a romperse, la riqueza desaparece lentamente.

No porque falte dinero.

Falta algo mucho más importante.

La confianza mutua.

El gran error contemporáneo

Existe una tendencia que merece una reflexión.

Con frecuencia se buscan explicaciones impersonales para cualquier fracaso.

Siempre es culpa del sistema.

De las circunstancias.

Del contexto.

De la estructura.

Naturalmente, todo ello influye.

Pero la Historia enseña otra verdad.

Las decisiones individuales siguen importando.

Muchísimo.

Una nación no mejora únicamente reformando leyes.

Mejora cuando millones de ciudadanos realizan cada día correctamente su trabajo.

Cuando los jueces juzgan.

Los médicos curan.

Los profesores enseñan.

Los empresarios producen.

Los agricultores cultivan.

Los periodistas informan.

Los gobernantes gobiernan.

Y todos aceptan responder por aquello que hacen.

Ésa constituye la verdadera base de la prosperidad.

El Juicio de Residencia como símbolo

Llegamos nuevamente a una institución que atraviesa todo este ensayo.

El Juicio de Residencia.

Ahora podemos comprenderlo mucho mejor.

No era simplemente un procedimiento jurídico.

Era una representación pública de una idea mucho más profunda.

Nadie abandona una responsabilidad sin responder previamente por ella.

El mensaje iba dirigido tanto al gobernante como al ciudadano.

La autoridad no constituye un privilegio.

Constituye un servicio.

Y todo servicio exige rendición de cuentas.

Quizá esa sea una de las aportaciones más originales de la tradición política española.

No tanto la institución concreta, sino la filosofía que la inspiraba.

CAPÍTULO XXIV

El lujo de tener buenos antepasados

Todo ser humano nace dos veces.

La primera, el día en que viene al mundo.

La segunda, cuando descubre que no empieza la Historia desde cero.

Pocas ideas resultan tan empobrecedoras como creer que cada generación inaugura una civilización completamente nueva.

Nada más lejos de la realidad.

Cuando nacemos encontramos una lengua ya formada.

Un Derecho elaborado durante siglos.

Ciudades construidas por otros.

Caminos abiertos mucho antes de nuestra llegada.

Puertos.

Bibliotecas.

Universidades.

Hospitales.

Iglesias.

Puentes.

Canales.

Archivos.

Costumbres.

Canciones.

Refranes.

Todo ello existía antes de nosotros.

No lo hemos creado.

Lo hemos recibido.

La inmensa herencia invisible

Cuando se habla de herencia casi todo el mundo piensa en bienes materiales.

Una vivienda.

Un terreno.

Una empresa.

Sin embargo, la mayor parte de la riqueza que disfrutamos no aparece en ninguna escritura notarial.

Nadie hereda el idioma español de sus padres.

Lo recibe gratuitamente de cientos de generaciones.

Nadie inventa el Derecho.

Ni las matemáticas.

Ni la agricultura.

Ni la escritura.

Ni la navegación.

Cada generación comienza donde terminó la anterior.

Ésa constituye la mayor acumulación de riqueza jamás creada por la humanidad.

No el dinero.

El conocimiento.

España como obra colectiva

España no apareció una mañana por decisión de un rey.

Ni por la firma de un tratado.

Es el resultado de más de dos mil años de historia.

La Hispania romana.

La monarquía visigoda.

Los reinos cristianos medievales.

La Reconquista.

Las Cortes.

Los municipios.

Los fueros.

La Escuela Española.

La empresa americana.

La Ilustración.

Las reformas del siglo XIX.

La industrialización.

Todo ello forma parte de una misma corriente histórica.

Naturalmente hubo guerras.

Errores.

Retrocesos.

Injusticias.

Ninguna nación está libre de ellos.

Pero también hubo continuidad.

Y esa continuidad explica buena parte de nuestra capacidad para seguir existiendo como comunidad política.

El patrimonio que no puede comprarse

Existe una riqueza imposible de adquirir con dinero.

El prestigio de una universidad.

La reputación de un tribunal.

La confianza en una moneda.

El crédito de un comerciante.

La fama de una escuela.

La seriedad de una administración.

Todo ello exige décadas.

A veces siglos.

Una empresa puede comprar maquinaria.

No puede comprar inmediatamente prestigio.

Un país puede construir un edificio judicial.

No puede fabricar de la noche a la mañana jueces respetados.

Las grandes instituciones crecen lentamente.

Como los árboles.

Precisamente por eso conviene protegerlas.

La gratitud

Vivimos en una época poco inclinada a la gratitud.

Se habla constantemente de derechos.

Muy pocas veces de agradecimiento.

Sin embargo, la gratitud constituye uno de los fundamentos de cualquier civilización.

No porque obligue a aceptar todo lo recibido.

Naturalmente que no.

Cada generación tiene el deber de corregir los errores heredados.

Pero también posee la obligación de reconocer los aciertos.

Resulta imposible mejorar aquello que previamente despreciamos.

Quien ignora completamente su pasado termina perdiendo incluso la capacidad de juzgarlo con justicia.

Los constructores

Pensemos durante un instante en quienes levantaron una catedral medieval.

Sabían perfectamente que jamás contemplarían la obra terminada.

Trabajaban para personas que todavía no habían nacido.

Lo mismo hicieron quienes plantaron encinas cuya sombra disfrutarían sus nietos.

O quienes fundaron universidades destinadas a perdurar siglos.

Aquellos hombres comprendían algo que hoy tendemos a olvidar.

La civilización siempre constituye una empresa intergeneracional.

Nadie la construye solo.

La obligación de transmitir

Toda herencia crea una obligación.

No basta conservarla.

Debe entregarse enriquecida.

Ésa constituye quizá la mayor responsabilidad de cualquier generación.

Recibimos un idioma.

Debemos transmitirlo vivo.

Recibimos un Derecho.

Debemos perfeccionarlo.

Recibimos instituciones.

Debemos fortalecerlas.

Recibimos libertad.

Debemos ampliarla.

Recibimos una nación.

Debemos procurar que quienes vengan después encuentren una comunidad más justa, más culta y más próspera.

No porque el pasado fuera perfecto.

Sino porque el futuro merece algo mejor que el presente.

La diferencia entre administrar y consumir

Aquí aparece una distinción decisiva.

Puede resumirse mediante dos verbos.

Administrar.

Consumir.

El buen administrador entrega aquello que recibió en mejores condiciones.

El mal administrador agota el patrimonio.

Las familias conocen perfectamente esta diferencia.

También las empresas.

Y las explotaciones agrícolas.

¿Por qué habría de ser distinta una nación?

Una sociedad que vive permanentemente del endeudamiento, del consumo de su capital acumulado o del prestigio heredado termina encontrándose, tarde o temprano, con la realidad.

No existe ninguna excepción histórica.

España y la responsabilidad histórica

España posee un patrimonio extraordinario.

No únicamente artístico.

También jurídico.

Lingüístico.

Cultural.

Científico.

Institucional.

Nuestro deber no consiste en venerarlo como una reliquia.

Tampoco en destruirlo por considerarlo anticuado.

Nuestra obligación consiste en comprenderlo.

Conservar aquello que el tiempo ha demostrado valioso.

Y reformar aquello que la experiencia haya revelado insuficiente.

Éste fue precisamente el método de nuestros mejores juristas.

Nunca confundieron tradición con inmovilismo.

Ni reforma con demolición.

Una civilización no pertenece a una generación

Quizá ésta sea la idea más importante de todo el capítulo.

Ninguna generación es propietaria de su nación.

Cada una ocupa únicamente un lugar en una larga cadena.

Recibe.

Administra.

Entrega.

Nada más.

Cuando olvidamos esta verdad comenzamos a comportarnos como herederos irresponsables que venden el patrimonio familiar creyendo que jamás tendrán que responder ante nadie.

Nuestros antepasados llamaban a esa actitud imprudencia.

Hoy quizá deberíamos llamarla simplemente falta de responsabilidad histórica.

CAPÍTULO XXV

¿Qué España dejaremos a quienes todavía no han nacido?

Existe una costumbre muy humana.

Cada generación cree enfrentarse a problemas completamente nuevos.

No suele ser cierto.

Cambian las circunstancias.

Cambian las herramientas.

Cambian las palabras.

Pero las grandes cuestiones permanecen sorprendentemente estables.

¿Cómo limitar el poder?

¿Cómo garantizar la Justicia?

¿Cómo transmitir el conocimiento?

¿Cómo premiar el mérito?

¿Cómo proteger la libertad?

¿Cómo impedir que la riqueza creada durante siglos termine desapareciendo en pocas décadas?

Los romanos ya se formularon esas preguntas.

También los juristas medievales.

Los maestros de la Escuela Española.

Los arbitristas.

Los ilustrados.

Joaquín Costa.

Nosotros seguimos buscando respuestas.

El verdadero patrimonio

Durante estas páginas hemos hablado de dinero.

De mercados.

De instituciones.

De leyes.

De jueces.

De impuestos.

De comercio.

Pero ninguno de ellos constituye el patrimonio más importante de una nación.

El verdadero patrimonio está formado por algo mucho menos visible.

La confianza.

La responsabilidad.

La honradez.

La cultura del trabajo.

La independencia de la Justicia.

La estabilidad del Derecho.

La calidad de la enseñanza.

El prestigio de las instituciones.

La libertad.

Todo ello no puede fabricarse en una legislatura.

Ni siquiera en una generación.

Con frecuencia exige siglos.

Precisamente por eso conviene administrarlo con enorme prudencia.

España no comienza con nosotros

Quizá éste sea el mayor error de cualquier época.

Imaginar que todo empieza hoy.

España existía antes de nosotros.

Y continuará existiendo cuando ya no estemos.

Hemos recibido una lengua extraordinaria.

Uno de los patrimonios jurídicos más ricos de Europa.

Una tradición universitaria de más de siete siglos.

Una experiencia política incomparable.

Una cultura que ha influido decisivamente en medio mundo.

Naturalmente hemos heredado también errores.

Fracasos.

Injusticias.

Ninguna nación puede escapar de ellos.

Pero incluso esos errores forman parte de nuestra experiencia histórica.

Y la experiencia siempre resulta preferible a la ignorancia.

La responsabilidad de una generación

No elegimos la época en que nacemos.

Pero sí decidimos cómo actuamos dentro de ella.

Cada generación escribe un capítulo de una historia mucho más larga.

Algunas construyen.

Otras conservan.

Otras destruyen.

La Historia termina juzgándolas por sus resultados.

No por sus intenciones.

Ésta constituye quizá la enseñanza más severa de toda la experiencia humana.

Las buenas intenciones nunca bastaron para levantar una civilización.

Hicieron falta inteligencia.

Trabajo.

Sacrificio.

Prudencia.

Justicia.

Responsabilidad.

Una lección española

Si este libro pretendiera resumirse en una sola aportación específicamente española, elegiría ésta.

Nuestros mejores juristas nunca preguntaron únicamente quién debía gobernar.

Formularon una cuestión mucho más exigente.

¿Cómo conseguir que quien gobierna recuerde siempre que está al servicio del reino y no el reino a su servicio?

De esa pregunta nacieron instituciones admirables.

Las Cortes.

Los fueros.

Las Audiencias.

Las Leyes de Indias.

El Juicio de Residencia.

La responsabilidad patrimonial de muchos oficiales.

Los memoriales de los arbitristas.

La Escuela Española.

No fueron instituciones perfectas.

No existe ninguna que lo sea.

Pero todas compartían una intuición extraordinariamente moderna.

El poder necesita límites.

Y quien administra bienes públicos debe responder de su gestión.

Cinco siglos después seguimos intentando responder a la misma cuestión.

Una advertencia

Toda civilización corre un peligro constante.

Confundir el patrimonio heredado con una riqueza inagotable.

Nada resulta más engañoso.

Las grandes catedrales requieren mantenimiento.

Los bosques necesitan cuidado.

Las universidades exigen maestros.

Las leyes necesitan jueces íntegros.

La libertad necesita ciudadanos responsables.

Todo patrimonio abandonado termina deteriorándose.

También las naciones.

Una esperanza razonable

No comparto el pesimismo de quienes anuncian continuamente el fin de Occidente.

La Historia demuestra que las sociedades poseen una extraordinaria capacidad de recuperación.

España también la ha demostrado repetidas veces.

Después de guerras.

De invasiones.

De epidemias.

De bancarrotas.

De conflictos civiles.

Siempre encontró hombres y mujeres capaces de reconstruir.

¿Por qué habría de ser imposible ahora?

La condición continúa siendo la misma.

Llamar a las cosas por su nombre.

Reconocer los errores.

Aprender del pasado.

Conservar aquello que merece conservarse.

Reformar aquello que deba reformarse.

Y trabajar pensando en quienes todavía no han nacido.

La última enseñanza de la Historia

Después de recorrer tantos siglos aparece una conclusión inesperadamente sencilla.

La prosperidad nunca fue un regalo.

Siempre constituyó una conquista.

Y todas las conquistas pueden perderse.

No existe ningún pueblo elegido.

Ninguna economía invulnerable.

Ninguna civilización eterna.

Sólo existen generaciones que reciben un legado.

Y deciden qué hacer con él.

Unas lo engrandecen.

Otras lo administran prudentemente.

Otras lo consumen.

La Historia conserva memoria de todas ellas.

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EPÍLOGO

Una conversación con el lector

Si has llegado hasta aquí, quizá esperes encontrar una lista de soluciones.

No la habrá.

Sería una falta de respeto hacia la inteligencia del lector.

Los problemas complejos no admiten remedios milagrosos.

Pero sí permiten extraer algunas certezas.

Sabemos que ninguna nación se hace rica destruyendo la seguridad jurídica.

Sabemos que ninguna sociedad prospera premiando el privilegio por encima del mérito.

Sabemos que ninguna economía florece cuando el trabajo pierde prestigio.

Sabemos que la corrupción termina empobreciendo incluso a quienes aparentemente se benefician de ella.

Sabemos que la libertad necesita responsabilidad.

Sabemos que el Derecho vale más que la arbitrariedad.

Sabemos que las instituciones importan.

Sabemos que la enseñanza importa.

Sabemos que la familia importa.

Sabemos que la verdad importa.

Todo eso lo sabían ya Aristóteles, Cicerón, los juristas romanos, la Escuela Española, los arbitristas y tantos otros pensadores que nos han acompañado durante estas páginas.

No porque fueran más inteligentes que nosotros.

Sino porque observaron con atención la naturaleza humana.

Y comprendieron algo que nunca dejará de ser cierto.

El ser humano cambia mucho menos de lo que imagina.

Por eso la Historia sigue siendo nuestra mejor maestra.

No porque repita exactamente los acontecimientos.

Sino porque repite constantemente las consecuencias.

Cada generación puede ignorar sus lecciones.

Ninguna consigue escapar de ellas.

APÉNDICE FINAL

España ante el espejo

«Una nación que sólo recuerda sus fracasos termina avergonzándose de sí misma. Una nación que únicamente recuerda sus victorias acaba siendo incapaz de aprender. La madurez consiste en contemplar la propia historia completa.»

Al terminar este ensayo conviene regresar al punto de partida.

Comenzamos preguntándonos por qué unas naciones prosperan mientras otras permanecen estancadas o retroceden.

Recorrimos la isla de La Española.

Visitamos Roma.

Recordamos a los grandes pensadores de Grecia.

Nos detuvimos en la Escuela Española, en los arbitristas, en Adam Smith, en Tocqueville, en Burke, en Douglass North y en tantos otros.

Analizamos el Derecho, la libertad, la responsabilidad, el mérito, la confianza, las instituciones y la naturaleza humana.

Sin embargo, el verdadero destinatario de estas páginas siempre fue España.

No porque España sea el centro del mundo.

No porque su historia resulte más importante que la de otras naciones.

Sino porque es la comunidad histórica y política a la que pertenecemos.

Y porque nadie puede comprender plenamente su propio presente si desconoce el camino recorrido por quienes le precedieron.

Dos deformaciones

Desde hace mucho tiempo los españoles contemplamos nuestra historia a través de dos espejos deformantes.

El primero es la leyenda negra.

Según esa interpretación, España apenas habría aportado otra cosa que intolerancia, atraso, fanatismo, violencia e incapacidad para incorporarse a la modernidad.

Todo cuanto realizó aparecería explicado únicamente por la fuerza.

Todo cuanto consiguió sería fruto del azar.

Toda su obra histórica merecería una condena sin matices.

Frente a esa visión surgió, como reacción, otra deformación distinta.

La leyenda rosa.

En ella casi todo se convierte en motivo de orgullo.

Los errores desaparecen.

Las injusticias se minimizan.

Las contradicciones se silencian.

La Historia deja de estudiarse para convertirse en un motivo permanente de autocelebración.

Ninguna de esas dos actitudes sirve para comprender el pasado.

Ambas sustituyen la investigación por el prejuicio.

Ambas empobrecen la inteligencia.

Y ambas terminan impidiendo que una nación aprenda de su propia experiencia.

España fue una obra humana

España no fue un milagro.

Tampoco un accidente.

Fue una construcción histórica.

Como toda obra humana, conoció aciertos extraordinarios y errores muy graves.

Fundó universidades cuando buena parte del mundo apenas comenzaba a organizar sus estudios superiores.

Desarrolló uno de los sistemas jurídicos más completos de su tiempo.

Contribuyó decisivamente al nacimiento del Derecho Internacional moderno.

Produjo una de las escuelas económicas más brillantes de la Edad Moderna.

Creó instituciones municipales admirables.

Levantó hospitales, caminos, puentes, puertos y ciudades en varios continentes.

Pero también conoció arbitrariedades.

Rigideces.

Privilegios.

Errores económicos.

Derrotas militares.

Conflictos civiles.

Ninguna nación escapa a esa condición.

La cuestión no consiste en negar unos hechos para destacar otros.

Consiste en comprenderlos todos.

Una herencia extraordinaria

España ha recibido un patrimonio difícilmente comparable.

Una lengua compartida por centenares de millones de personas.

Una tradición jurídica que hunde sus raíces en Roma, en los visigodos y en la Castilla medieval.

Una literatura universal.

Un legado artístico excepcional.

Una experiencia política acumulada durante más de dos mil años.

La Escuela Española.

Las Partidas.

Las Cortes medievales.

Los fueros.

Las Leyes de Indias.

El Juicio de Residencia.

Los arbitristas.

Jovellanos.

Donoso Cortés.

Joaquín Costa.

Todo ello forma parte de un mismo patrimonio intelectual.

No pertenece a un partido.

Ni a una ideología.

Pertenece a la historia de España.

Y, por ello mismo, pertenece también al patrimonio cultural de Occidente.

El verdadero patriotismo

Con demasiada frecuencia se confunde el patriotismo con la complacencia.

No son la misma cosa.

El verdadero patriotismo consiste en querer suficientemente a una nación como para desear verla mejorar.

Quien ama a su familia no oculta sus problemas.

Procura resolverlos.

Quien aprecia una institución intenta corregir aquello que la perjudica.

No destruirla.

Del mismo modo, amar a España no significa considerarla perfecta.

Significa reconocer con serenidad sus errores y defender con igual serenidad aquello que hizo bien.

Sólo quien conoce su historia puede reformarla sin destruirla.

El deber de nuestra generación

Cada generación recibe una España que no ha construido.

La recibe de quienes la precedieron.

Con sus luces.

Con sus sombras.

Con sus éxitos.

Con sus fracasos.

Nuestra obligación no consiste en comenzar la Historia desde cero.

Consiste en administrar con prudencia esa inmensa herencia.

Conservar aquello que el tiempo ha demostrado valioso.

Reformar aquello que la experiencia aconseje modificar.

Y transmitir a quienes vengan después una nación más libre, más justa, más culta y más próspera.

No existe una tarea política más noble.

La última reflexión

La prosperidad nunca ha sido únicamente una cuestión económica.

Siempre fue el resultado visible de algo mucho más profundo.

Una determinada concepción del hombre.

Del Derecho.

De la libertad.

Del deber.

De la responsabilidad.

Del poder.

Y de la justicia.

Por eso ninguna nación se hace grande exclusivamente por la abundancia de sus recursos.

Se hace grande cuando millones de personas comprenden que forman parte de una empresa común mucho más antigua que ellas y mucho más duradera que sus propias vidas.

Ese sentimiento permitió levantar ciudades.

Fundar universidades.

Cruzar océanos.

Escribir leyes.

Descubrir continentes.

Crear empresas.

Cultivar campos.

Transmitir conocimientos.

Y sostener civilizaciones enteras.

Nada garantiza que esa obra continúe.

Depende de cada generación.

Depende también de la nuestra.

Dentro de cien años nadie recordará nuestros discursos.

Ni nuestras polémicas.

Ni siquiera la mayor parte de nuestros nombres.

Pero nuestros descendientes vivirán entre las consecuencias de lo que hoy hagamos.

Ése constituye el verdadero juicio de residencia al que toda generación termina sometiéndose.

No lo preside un tribunal.

Lo preside la Historia.

Y sus sentencias, aunque tarden en llegar, siempre acaban siendo inapelables.

A MODO DE DESPEDIDA

Hay libros que pretenden convencer.

Otros desean entretener.

Algunos aspiran únicamente a informar.

Éste ha perseguido un propósito distinto.

Invitar al lector a pensar.

Nada más.

Y nada menos.

Vivimos en una época extraordinariamente rica en información.

Nunca habíamos dispuesto de tantos datos.

De tantas estadísticas.

De tantos informes.

De tantos especialistas.

Y, sin embargo, quizá nunca resultó tan necesario detenerse unos instantes para formular las preguntas verdaderamente importantes.

¿Por qué unas sociedades prosperan y otras se empobrecen?

¿Por qué algunas civilizaciones perduran durante siglos mientras otras desaparecen casi sin dejar rastro?

¿Por qué pueblos dotados de enormes recursos permanecen sumidos en la pobreza?

¿Por qué otros, casi desprovistos de riquezas naturales, alcanzan niveles admirables de bienestar?

La respuesta, como hemos visto, nunca depende de una sola causa.

No existe una llave mágica.

Ni una receta universal.

La Historia desconfía profundamente de las soluciones sencillas para problemas complejos.

Pero sí nos permite reconocer ciertos principios que reaparecen una y otra vez.

La libertad necesita responsabilidad.

El Derecho necesita jueces independientes.

La economía necesita confianza.

La política necesita límites.

La enseñanza necesita verdad.

La prosperidad necesita trabajo.

Y la civilización necesita memoria.

Quizá ésta sea la palabra más importante de todas.

Memoria.

No para vivir instalados en el pasado.

Sino para no comenzar cada generación desde la ignorancia.

Un árbol no puede sobrevivir mucho tiempo si reniega de sus raíces.

Una nación tampoco.

Durante demasiados años los españoles hemos discutido apasionadamente acerca de nuestra Historia.

Con frecuencia lo hemos hecho para juzgarla.

Con mucha menos frecuencia para comprenderla.

Unos sólo contemplan las sombras.

Otros únicamente las luces.

Ambos terminan alejándose de la realidad.

La Historia de España, como la de cualquier gran nación, contiene páginas admirables y páginas dolorosas.

Conquistas intelectuales de extraordinario valor.

Errores políticos de enorme trascendencia.

Instituciones ejemplares.

Y otras manifiestamente mejorables.

Reducir más de dos mil años de historia a un juicio sumarísimo constituye una grave injusticia.

También un enorme empobrecimiento intelectual.

Tal vez haya llegado el momento de reconciliarnos con nuestra propia Historia.

No para idealizarla.

Ni para pedirle perdón permanentemente.

Sino para conocerla.

Porque sólo quien conoce el camino recorrido puede orientarse con alguna seguridad hacia el futuro.

A lo largo de estas páginas han aparecido con frecuencia nombres españoles.

Francisco de Vitoria.

Domingo de Soto.

Martín de Azpilcueta.

Luis de Molina.

Juan de Mariana.

Diego de Saavedra Fajardo.

Jovellanos.

Joaquín Costa.

No han sido citados por patriotismo.

Han sido citados por justicia.

Europa no sería exactamente la misma sin sus aportaciones.

Y comprender el pensamiento político y económico moderno resulta mucho más difícil cuando se olvida la contribución de la Escuela Española.

No necesitamos exagerar sus méritos.

Basta con reconocerlos.

Del mismo modo que tampoco necesitamos ocultar nuestros errores.

Basta con estudiarlos.

Las naciones maduras no viven de la propaganda.

Viven del conocimiento.

Quizá por eso los pueblos más sólidos no son necesariamente aquellos que nunca se equivocan.

Son los que poseen el coraje suficiente para aprender de sus equivocaciones.

España ya lo hizo otras veces.

Después de invasiones.

Después de guerras.

Después de crisis económicas.

Después de divisiones profundas.

Siempre encontró hombres y mujeres capaces de reconstruir lo que parecía perdido.

No porque fueran superiores a nadie.

Sino porque comprendieron que una nación nunca se salva únicamente mediante leyes o discursos.

Se salva cuando millones de personas realizan con honradez el trabajo que les corresponde.

El agricultor cultivando.

El maestro enseñando.

El juez impartiendo justicia.

El médico curando.

El empresario creando riqueza.

El periodista buscando la verdad.

El gobernante sirviendo al bien común.

Y el ciudadano recordando que la libertad no consiste únicamente en reclamar derechos, sino también en asumir responsabilidades.

Ésa fue la gran enseñanza de nuestros mejores juristas.

Y quizá también la más olvidada.

El poder nunca pertenece a quien lo ejerce.

Pertenece a la comunidad.

El gobernante administra.

No posee.

Sirve.

No reina sobre un patrimonio propio.

Por eso la tradición española creó instituciones tan singulares como el Juicio de Residencia.

No nacieron del deseo de castigar.

Nacieron del convencimiento de que toda autoridad debe responder de sus actos.

Cinco siglos después seguimos buscando fórmulas para alcanzar ese mismo objetivo.

Tal vez convenga volver la vista hacia quienes ya reflexionaron sobre él con extraordinaria profundidad.

No para copiar literalmente sus soluciones.

La Historia no retrocede.

Pero sí para recuperar el espíritu que las inspiró.

El convencimiento de que la ley debe proteger al débil frente al poderoso.

De que la autoridad necesita límites.

De que la responsabilidad constituye el precio inevitable del poder.

Y de que ninguna sociedad puede prosperar cuando olvida esas verdades elementales.

Al cerrar este libro sólo queda una última pregunta.

No va dirigida a los gobiernos.

Ni a los parlamentos.

Ni a los jueces.

Ni a los economistas.

Va dirigida a cada lector.

¿Qué herencia recibimos?

¿En qué estado la entregaremos?

Porque, al fin y al cabo, una nación no pertenece a una generación.

Cada generación ocupa únicamente un breve lugar en una larga cadena.

Recibe una obra comenzada mucho antes de su nacimiento.

La modifica.

La mejora o la deteriora.

Y finalmente la entrega a quienes vienen detrás.

Ésa constituye nuestra verdadera responsabilidad histórica.

No sabemos cómo será España dentro de cien años.

Nadie puede saberlo.

Pero sí sabemos una cosa.

Los españoles de entonces vivirán entre las consecuencias de nuestras decisiones.

Del mismo modo que nosotros vivimos hoy entre las consecuencias de quienes nos precedieron.

Ojalá puedan decir que recibimos una gran herencia.

Que supimos reconocer sus errores sin renegar de sus aciertos.

Que procuramos fortalecer la libertad sin debilitar la responsabilidad.

Que defendimos el Derecho frente a la arbitrariedad.

Que exigimos a los gobernantes la misma ejemplaridad que reclamábamos a los ciudadanos.

Y que comprendimos, quizá un poco mejor que antes, una verdad tan antigua como siempre nueva:

Las naciones no se construyen para una generación.

Se construyen para todas las que todavía no han nacido.

Si este libro consigue despertar esa reflexión en algunos lectores, habrá cumplido sobradamente su propósito.

Nada más.

Y nada menos.