SAHARAUIS ESPAÑOLES
¿Por qué un Gobierno que durante años negó y bloqueó el reconocimiento de ese derecho decide impulsarlo precisamente ahora?
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
Resumen para lectores con prisas
Durante casi cincuenta años, la situación jurídica de los antiguos ciudadanos españoles del Sáhara permaneció en un limbo del que ningún Gobierno quiso ocuparse seriamente. España abandonó el territorio en 1975-1976, pero nunca resolvió de forma clara qué ocurría con quienes habían nacido siendo españoles, poseían Documento Nacional de Identidad español, figuraban en los registros civiles españoles, cotizaban a la Seguridad Social o habían servido en el Ejército español.
Aquella incertidumbre no fue fruto del azar. Todos los gobiernos, desde la Transición hasta nuestros días, prefirieron aplazar un problema incómodo antes que afrontarlo. La Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista y el Partido Popular administraron el silencio. Mientras tanto, miles de saharauis quedaron atrapados entre distintas nacionalidades, otros permanecieron en una situación cercana a la apatridia y muchos conservaron durante décadas documentos expedidos por la Administración española, prueba evidente de un vínculo jurídico que nunca terminó de desaparecer del todo.
Por ello, el reconocimiento de la nacionalidad española a los antiguos ciudadanos del Sáhara y, en determinados casos, a sus descendientes puede interpretarse como un acto de justicia. Si aquellos hombres y mujeres nunca debieron perder su condición de españoles, el Estado no estaría concediendo una nacionalidad nueva, sino reconociendo, con medio siglo de retraso, un derecho que jamás debió extinguirse.
Sin embargo, esa explicación, siendo importante, no basta para comprender lo que está ocurriendo.
El verdadero objeto de este ensayo no consiste únicamente en defender la reparación de una injusticia histórica. Pretende responder a una pregunta mucho más incómoda:
¿Por qué un Gobierno que durante años negó o bloqueó el reconocimiento de ese derecho decide impulsarlo precisamente ahora?
Ésa es la cuestión que recorre todas las páginas de este trabajo.
Porque la cronología de los acontecimientos invita, cuando menos, a la reflexión.
Durante años, el Partido Socialista mantuvo paralizada la iniciativa. En 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez modificó de manera radical la posición tradicional de España respecto al Sáhara Occidental al respaldar el plan marroquí de autonomía, provocando una grave crisis diplomática con Argelia y un profundo malestar en el Frente Polisario. Meses después, numerosos saharauis quedaron excluidos de otros procesos extraordinarios de regularización. Y, de forma repentina, la ley se desbloquea precisamente cuando el Gobierno atraviesa la etapa políticamente más delicada de toda la legislatura, con una creciente erosión institucional, múltiples investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno y unas encuestas que pronostican una importante derrota electoral.
A ello se añade otra circunstancia igualmente llamativa. El desbloqueo de la ley coincide con el anuncio de una visita oficial de Pedro Sánchez a Argelia pocos días antes de la votación definitiva en el Congreso. Todo ello obliga a contemplar también la dimensión internacional de esta decisión.
Porque el conflicto del Sáhara Occidental nunca ha sido exclusivamente español.
Marruecos considera el territorio parte inseparable de su soberanía nacional.
Argelia mantiene desde hace décadas su respaldo político y diplomático al Frente Polisario.
Naciones Unidas continúa considerando el Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización y mantiene la MINURSO con el mandato de facilitar un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse.
Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y, cada vez más, China observan atentamente una región cuya importancia estratégica va mucho más allá del propio conflicto saharaui.
La recuperación de la nacionalidad española constituye, por tanto, una decisión con consecuencias jurídicas, históricas, diplomáticas y geopolíticas de enorme alcance.
El ensayo analiza todas esas dimensiones.
Examina la evolución de la política española desde 1975 hasta nuestros días.
Reconstruye la situación jurídica de los antiguos ciudadanos del Sáhara Español.
Estudia los cambios de posición del Partido Socialista y del Partido Popular.
Analiza las reacciones del Frente Polisario, de Marruecos y de Argelia.
Y se pregunta cuáles pueden ser las consecuencias diplomáticas, sociales y políticas de una decisión que llega medio siglo después de los hechos que pretende reparar.
El lector comprobará que existen diversas hipótesis para explicar este cambio de criterio.
Puede tratarse del reconocimiento tardío de una deuda histórica.
Puede responder a la presión ejercida por los socios parlamentarios del Gobierno.
Puede formar parte de una estrategia destinada a recomponer las relaciones con Argelia sin romper las mantenidas con Marruecos.
Puede obedecer a una combinación de factores históricos, jurídicos y diplomáticos.
Y también cabe preguntarse si el momento elegido puede responder, al menos en parte, a consideraciones de carácter político.
El ensayo no presenta esa posibilidad como un hecho demostrado. No existen pruebas públicas suficientes para afirmarlo categóricamente. Pero tampoco considera ilegítimo formular la pregunta cuando la sucesión temporal de los acontecimientos resulta tan llamativa y cuando el propio Gobierno no ha ofrecido una explicación completa y convincente de un cambio de criterio tan profundo.
Existe, además, una paradoja que merece especial atención.
Diversos representantes del Frente Polisario han manifestado públicamente que mantienen un profundo resentimiento hacia el Partido Socialista por su cambio de posición respecto al Sáhara Occidental. Si esa apreciación refleja realmente el sentir mayoritario del pueblo saharaui, la hipótesis de un supuesto «voto de gratitud» pierde buena parte de su fuerza. Ello obliga a buscar explicaciones más amplias y más complejas que una simple interpretación electoral.
La conclusión a la que llega este trabajo es deliberadamente prudente.
La recuperación de la nacionalidad española puede constituir un acto de justicia histórica largamente esperado. Pero el momento elegido para llevarlo a cabo plantea interrogantes que el Gobierno todavía no ha respondido de manera satisfactoria.
Los gobiernos tienen derecho a rectificar.
Lo que no deberían pretender es rectificar sin explicar por qué rectifican.
Ésa es la razón de ser de este ensayo.
No pretende dictar sentencia.
Pretende formular las preguntas que, hasta ahora, casi nadie ha querido plantear.
Porque, cuando una decisión de Estado modifica medio siglo de política española, la transparencia deja de ser una cortesía institucional para convertirse en una obligación democrática.
Si quieres saber más, profundizar, sigue leyendo
Hay noticias que ocupan durante semanas las portadas de los medios de información y desaparecen poco después sin dejar apenas huella. Otras pasan casi inadvertidas, eclipsadas por acontecimientos de mayor impacto inmediato, pese a que sus consecuencias pueden prolongarse durante décadas.
La recuperación de la nacionalidad española por los antiguos ciudadanos del Sáhara Español pertenece, sin duda, a esta segunda categoría.
Mientras la opinión pública española permanece absorbida por la sucesión casi diaria de escándalos políticos, investigaciones judiciales, presuntos casos de corrupción, tensiones institucionales y un intenso debate sobre el futuro del Gobierno, apenas ha despertado atención una iniciativa de enorme trascendencia histórica, jurídica y política: el reconocimiento de la nacionalidad española a decenas de miles de saharauis nacidos bajo administración española y, en determinados supuestos, también a sus descendientes.
A primera vista, la medida parece responder a una exigencia elemental de justicia. Durante décadas, numerosos saharauis han sostenido que jamás debieron perder la condición de españoles, pues nacieron cuando el Sáhara era una provincia española y fueron abandonados por el propio Estado al producirse la retirada de 1975-1976. Desde esa perspectiva, España no estaría concediendo un privilegio, sino reconociendo, con medio siglo de retraso, un derecho que nunca debió desaparecer.
Si ésa fuera toda la explicación, probablemente este libro no habría llegado a escribirse.
Pero los acontecimientos de los últimos meses obligan a formular una pregunta mucho más incómoda.
¿Por qué precisamente ahora?
¿Por qué una cuestión que permaneció olvidada durante cincuenta años se convierte de pronto en una prioridad política?
¿Por qué el mismo Partido Socialista que durante tanto tiempo rechazó o mantuvo paralizada esta iniciativa decide ahora impulsarla?
¿Por qué ese cambio coincide con el mayor desgaste político del Gobierno, con un panorama electoral extraordinariamente adverso, con el desbloqueo parlamentario de la proposición de ley y con una visita oficial del presidente del Gobierno a Argelia pocos días antes de su votación definitiva?
Las respuestas no son evidentes.
Tal vez estemos asistiendo, simplemente, al reconocimiento tardío de una deuda histórica que ningún Gobierno anterior tuvo el valor de afrontar.
Tal vez la explicación se encuentre en la presión ejercida por los socios parlamentarios del Ejecutivo.
Tal vez forme parte de una estrategia diplomática más amplia destinada a recomponer las relaciones con Argelia sin romper definitivamente las mantenidas con Marruecos.
O quizá concurran simultáneamente todas esas circunstancias.
También existen quienes consideran que la medida podría producir efectos políticos y electorales que el Gobierno no ignora. Esa posibilidad merece ser analizada, pero no presentada como un hecho mientras no existan pruebas que permitan demostrarla. Un ensayo serio debe distinguir siempre entre los hechos acreditados, las deducciones razonables y las simples conjeturas, por verosímiles que éstas parezcan.
Este libro no pretende alimentar teorías ni ofrecer respuestas definitivas donde todavía sólo existen interrogantes.
Su propósito es mucho más modesto y, al mismo tiempo, más ambicioso.
Reconstruir la historia de una deuda que España mantiene con los antiguos ciudadanos del Sáhara Español; analizar la evolución de la posición de los distintos gobiernos españoles; estudiar las implicaciones jurídicas, diplomáticas y geopolíticas de la recuperación de la nacionalidad; y, finalmente, examinar con serenidad las razones que pueden explicar un cambio político tan profundo y tan repentino.
Porque, más allá de las simpatías o antipatías que cada lector pueda sentir hacia unos u otros partidos, existe una pregunta que ningún Gobierno debería eludir.
Si aquellos saharauis tenían derecho a seguir siendo españoles, ¿por qué hubo que esperar medio siglo para reconocerlo?
Y si no lo tenían, ¿qué ha ocurrido para que el mismo Gobierno que durante años negó o bloqueó ese reconocimiento decida impulsarlo precisamente ahora?
Ésa es la verdadera cuestión.
Y es también el punto de partida de las páginas que siguen.
España abandonó el Sáhara… pero no resolvió el problema de los españoles del Sáhara
El 26 de febrero de 1976 terminó oficialmente la presencia española en el Sáhara Occidental. Para muchos españoles, aquello constituye un episodio casi olvidado de la historia reciente. Para decenas de miles de saharauis, en cambio, marcó el comienzo de una situación de incertidumbre jurídica y humana que, medio siglo después, continúa sin resolverse plenamente.
Con frecuencia se presenta la retirada española como un simple episodio de la descolonización africana. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente.
El Sáhara no era, en los últimos años de presencia española, una colonia en el sentido clásico del término. Desde 1958 había sido convertido en provincia española. Sus habitantes disponían de Documento Nacional de Identidad, figuraban en los registros civiles españoles, cotizaban a la Seguridad Social, realizaban el servicio militar, podían acceder a la función pública y participaban, con las limitaciones propias del régimen político de la época, en las instituciones españolas.
En otras palabras, no eran extranjeros administrados por España.
Eran españoles.
Ése constituye el punto de partida imprescindible para comprender todo cuanto ocurrió después.
La denominada Marcha Verde, organizada por Marruecos en noviembre de 1975, coincidió con la agonía del general Franco y con una profunda crisis política en España. En aquel contexto, el Gobierno español optó por abandonar el territorio mediante los llamados Acuerdos de Madrid, suscritos con Marruecos y Mauritania.
Aquella decisión continúa siendo objeto de intensa controversia desde el punto de vista histórico, político y jurídico.
Numerosos especialistas sostienen que dichos acuerdos no transfirieron la soberanía sobre el territorio, sino únicamente determinadas responsabilidades administrativas, extremo que tampoco alteró la consideración del Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización en el ámbito de Naciones Unidas.
Sea cual fuere la interpretación jurídica que se adopte, existe un hecho difícilmente discutible.
España abandonó el territorio.
Pero nunca resolvió de forma clara la situación jurídica de quienes habían sido ciudadanos españoles.
Ésa fue la verdadera herencia del abandono.
Miles de familias quedaron divididas entre el territorio ocupado por Marruecos, los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y diversos países de acogida. Muchos conservaron durante años documentos españoles. Otros siguieron percibiendo determinadas prestaciones o pensiones. Algunos mantuvieron vínculos administrativos con España. Otros quedaron convertidos, de hecho, en apátridas o en personas cuya situación jurídica nunca terminó de definirse con claridad.
Mientras tanto, los distintos gobiernos españoles fueron aplazando indefinidamente la resolución del problema.
Durante casi cincuenta años apenas existieron iniciativas de verdadero alcance destinadas a aclarar si aquellos antiguos ciudadanos conservaban algún derecho derivado de su condición de españoles o si, por el contrario, España consideraba definitivamente extinguida cualquier obligación hacia ellos.
Ese prolongado silencio político constituye, probablemente, uno de los aspectos más llamativos de toda esta historia.
Porque, si realmente aquellos saharauis habían dejado de ser españoles, el Estado debió explicarlo con claridad, establecer un régimen jurídico preciso y asumir las consecuencias de aquella decisión.
Y si, por el contrario, nunca perdieron plenamente ese vínculo con España, resulta todavía más difícil comprender por qué hubo que esperar medio siglo para reconocer unos derechos cuya existencia hoy parece admitir el propio Gobierno.
La paradoja resulta evidente.
Durante décadas, la cuestión apenas ocupó espacio en el debate político nacional. Ni los sucesivos gobiernos de la Unión de Centro Democrático, ni los del Partido Socialista, ni los del Partido Popular hicieron de esta cuestión una prioridad. Todos reconocieron, en mayor o menor medida, la existencia de un problema histórico. Ninguno lo resolvió.
Entretanto, el conflicto del Sáhara Occidental continuó desarrollándose en otros escenarios.
Marruecos consolidó progresivamente su control sobre la mayor parte del territorio.
El Frente Polisario mantuvo su reivindicación del derecho de autodeterminación y constituyó la autodenominada República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por diversos Estados.
Argelia acogió durante décadas a decenas de miles de refugiados en los campamentos de Tinduf y convirtió la causa saharaui en uno de los ejes de su política regional.
Naciones Unidas mantuvo abierto el proceso de descolonización, creó la Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y continuó considerando pendiente la celebración de una consulta de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse.
España, entretanto, permaneció instalada en una posición cada vez más incómoda.
Por un lado, seguía siendo considerada por numerosos juristas y por distintos organismos internacionales como la antigua potencia administradora del territorio.
Por otro, procuraba preservar sus relaciones estratégicas con Marruecos, mantener una cooperación razonable con Argelia y evitar cualquier decisión que pudiera alterar un equilibrio diplomático extraordinariamente delicado.
Ese equilibrio terminó rompiéndose cuando el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la posición tradicional española y expresó su respaldo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, provocando una grave crisis diplomática con Argelia y un profundo malestar entre el Frente Polisario y buena parte del movimiento solidario con la causa saharaui.
Precisamente por ello resulta todavía más sorprendente que el mismo Gobierno que protagonizó aquel cambio de posición impulse ahora una iniciativa destinada a reconocer la nacionalidad española a quienes nacieron bajo administración española y, en determinados casos, también a sus descendientes.
Ese giro constituye el verdadero objeto de este ensayo.
Porque la cuestión ya no consiste únicamente en determinar si España mantiene una deuda histórica con los antiguos ciudadanos del Sáhara Español.
La verdadera pregunta es otra.
¿Por qué un Gobierno que durante años negó o bloqueó el reconocimiento de ese derecho decide impulsarlo precisamente ahora?
Responder a esa pregunta exige recorrer los últimos cincuenta años de historia española, analizar la evolución de nuestra política exterior y examinar un complejo entramado de intereses jurídicos, diplomáticos, estratégicos y políticos que trasciende con mucho el propio conflicto saharaui.
Ése será el camino que emprenderemos en las páginas siguiente
Cincuenta años de silencio
Hay silencios que hablan más que muchos discursos.
El relativo a la situación jurídica de los antiguos ciudadanos españoles del Sáhara constituye uno de ellos.
Durante casi medio siglo, ningún Gobierno español afrontó de manera decidida una cuestión que afectaba a decenas de miles de personas nacidas bajo soberanía española. Cambiaron los presidentes del Gobierno, cambiaron las mayorías parlamentarias, cambiaron las circunstancias internacionales e incluso cambió profundamente la posición española respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Lo único que permaneció prácticamente inalterable fue la ausencia de una solución para quienes, hasta 1975-1976, habían sido ciudadanos españoles.
Resulta difícil creer que semejante vacío obedeciera únicamente al olvido.
El Sáhara nunca desapareció completamente de la agenda política española. Cada cierto tiempo resurgía con motivo de una resolución de Naciones Unidas, de una crisis diplomática entre Marruecos y Argelia, de un cambio de posición internacional o de alguna iniciativa parlamentaria. Sin embargo, el debate casi siempre giraba alrededor del futuro del territorio y muy pocas veces sobre el destino de quienes habían sido españoles.
Era como si el problema jurídico hubiese quedado deliberadamente suspendido en el tiempo.
Ni plenamente reconocido.
Ni definitivamente negado.
Simplemente aplazado.
Ese aplazamiento permanente produjo situaciones difíciles de comprender desde una perspectiva jurídica.
Muchos saharauis conservaron durante años documentación expedida por la Administración española.
Otros continuaron percibiendo determinadas prestaciones.
Algunos mantuvieron vínculos administrativos con España.
Otros quedaron convertidos en apátridas o vieron enormemente dificultado el reconocimiento de una nacionalidad estable.
Todo ello revelaba una realidad incómoda: el problema nunca había quedado completamente resuelto.
Mientras tanto, la política española evolucionaba en otra dirección.
Durante muchos años existió un amplio consenso en torno a una idea básica: el conflicto del Sáhara Occidental debía resolverse conforme a las resoluciones de Naciones Unidas y mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Esa posición, compartida con distintos matices por los principales partidos políticos, comenzó a modificarse cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió respaldar el plan marroquí de autonomía como la propuesta «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.
Aquella decisión supuso uno de los cambios más profundos de la política exterior española desde la Transición.
Las consecuencias no tardaron en aparecer.
Argelia reaccionó con extraordinaria dureza.
Las relaciones diplomáticas sufrieron un grave deterioro.
Las relaciones comerciales quedaron seriamente afectadas.
El Frente Polisario denunció una ruptura de la tradicional posición española.
Y una parte muy importante del propio Partido Socialista mostró públicamente su incomodidad con aquel giro.
Paradójicamente, pocos años después, el mismo Gobierno que había protagonizado ese cambio comienza a impulsar el reconocimiento de la nacionalidad española para numerosos saharauis.
La contradicción resulta evidente.
Durante años se argumentó que cualquier decisión relativa al Sáhara debía adoptarse con extrema prudencia para evitar tensiones diplomáticas con Marruecos.
Sin embargo, ahora el Gobierno respalda una iniciativa que, inevitablemente, posee importantes consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas.
La pregunta vuelve a imponerse.
¿Qué ha cambiado?
La respuesta oficial apunta a la reparación de una injusticia histórica.
Sin duda, ese argumento posee una considerable fuerza moral.
Pero inmediatamente surge otra cuestión.
Si el Gobierno estaba convencido de la existencia de esa injusticia, ¿por qué permitió que permaneciera sin resolver durante tantos años?
No parece existir una explicación sencilla.
Más bien da la impresión de que confluyen diversas circunstancias.
Por una parte, la presión ejercida desde hace años por las asociaciones saharauis y por numerosos juristas.
Por otra, la insistencia de Sumar, que convirtió esta iniciativa en uno de sus principales compromisos políticos.
También influye la necesidad de recomponer parcialmente las relaciones con Argelia tras la profunda crisis diplomática provocada por el cambio de posición sobre el Sáhara.
Y todo ello coincide con un momento político extraordinariamente delicado para el Gobierno.
No faltan quienes consideran que esa coincidencia temporal responde también a un cálculo político.
Es una hipótesis que merece ser examinada, aunque no pueda presentarse como un hecho demostrado.
Las democracias exigen pruebas, no simples sospechas.
Ahora bien, también exigen transparencia.
Cuando un Gobierno modifica de forma tan profunda una posición mantenida durante años, resulta perfectamente legítimo que los ciudadanos conozcan las razones de ese cambio.
Más aún cuando la iniciativa aparece en un contexto político tan excepcional.
Existe, además, una circunstancia que introduce un matiz inesperado.
Lejos de mostrar entusiasmo hacia el Partido Socialista, numerosos representantes del Frente Polisario han manifestado públicamente su profundo malestar por el giro protagonizado por Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. Algunos llegan incluso a afirmar que pasarán años antes de que muchos saharauis vuelvan a confiar políticamente en el PSOE.
Ese dato obliga a revisar algunas interpretaciones demasiado simplistas.
Si el supuesto beneficio electoral no resulta tan evidente, el análisis debe ampliarse necesariamente hacia otros ámbitos.
La política exterior.
La estabilidad del Magreb.
Las relaciones con Marruecos.
La recuperación de los vínculos con Argelia.
La posición de España dentro de la Unión Europea.
Las relaciones con Estados Unidos.
La importancia estratégica del norte de África.
Y, por supuesto, la necesidad de afrontar, aunque sea con medio siglo de retraso, un problema jurídico que nunca debió quedar sin resolver.
Todo ello conduce a una conclusión provisional.
La recuperación de la nacionalidad española por los antiguos ciudadanos del Sáhara difícilmente puede explicarse mediante una sola causa.
Nos encontramos, más bien, ante la convergencia de factores históricos, jurídicos, diplomáticos y políticos.
Precisamente por eso resulta imprescindible analizar cada uno de ellos por separado antes de intentar comprender el conjunto.
Ése será el objeto del siguiente capítulo.
El sorprendente giro del Gobierno
La política, como la vida, conoce rectificaciones. Ningún Gobierno está obligado a mantener eternamente una decisión si considera que las circunstancias han cambiado. Lo que sí debe hacer es explicar con claridad las razones de ese cambio.
Y eso es, precisamente, lo que hasta ahora no ha sucedido.
Durante años, el Gobierno de Pedro Sánchez mantuvo bloqueada cualquier iniciativa destinada a reconocer la nacionalidad española a los antiguos ciudadanos del Sáhara Español. Paralelamente, protagonizó el mayor cambio de la política española respecto al conflicto saharaui desde la retirada de 1975, al respaldar públicamente el plan marroquí de autonomía como la propuesta «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.
Aquella decisión sorprendió incluso a buena parte de quienes tradicionalmente habían apoyado al Partido Socialista.
Durante décadas, los sucesivos gobiernos españoles habían mantenido, con mayor o menor convicción, una posición inspirada en las resoluciones de Naciones Unidas. España evitaba pronunciarse sobre la soberanía definitiva del territorio y defendía una solución negociada dentro del marco internacional.
Ese equilibrio desapareció de forma abrupta.
Las consecuencias fueron inmediatas.
Argelia retiró a su embajador, suspendió buena parte de la cooperación económica y comercial y las empresas españolas sufrieron pérdidas millonarias. El Frente Polisario acusó al Gobierno español de abandonar la legalidad internacional y de traicionar al pueblo saharaui. Incluso dentro del propio Partido Socialista surgieron voces críticas con una decisión adoptada sin debate parlamentario previo.
Todo parecía indicar que la prioridad del Gobierno consistía en consolidar una nueva etapa de relaciones privilegiadas con Marruecos.
Sin embargo, apenas unos años después, el panorama cambia nuevamente.
El Ejecutivo desbloquea una ley que llevaba largo tiempo paralizada y acepta reconocer la nacionalidad española a quienes habían nacido bajo administración española y, en determinados casos, también a sus descendientes.
La pregunta resulta inevitable.
¿Qué ha ocurrido entre una decisión y otra?
Hasta el momento, el Gobierno no ha ofrecido una explicación completa.
Se limita a presentar la iniciativa como un acto de justicia histórica.
Es posible que esa explicación sea sincera.
Pero también resulta manifiestamente insuficiente.
Porque la injusticia histórica existía exactamente igual hace cinco años, diez años, veinte años o cuarenta años.
La deuda histórica no nació en 2026.
Existe desde que España abandonó el territorio sin resolver definitivamente la situación jurídica de sus habitantes.
Por ello, la cuestión esencial no consiste en determinar si la medida es justa.
Muchos consideran que lo es.
La verdadera incógnita reside en comprender por qué el reconocimiento llega precisamente ahora.
La cronología vuelve a resultar significativa.
Después de permanecer bloqueada durante largo tiempo, la proposición de ley avanza repentinamente en el Congreso.
Pocos días después, Pedro Sánchez anuncia una visita oficial a Argelia para entrevistarse con el presidente Abdelmadjid Tebboune.
La votación definitiva queda prevista para finales de julio.
Todo ello ocurre mientras el Gobierno atraviesa una situación política extraordinariamente delicada, con una creciente erosión parlamentaria, numerosos procedimientos judiciales que afectan a personas de su entorno político y familiar y unas encuestas que pronostican una importante derrota electoral.
Ninguno de esos acontecimientos demuestra, por sí solo, una relación de causa y efecto.
Pero todos ellos forman parte del contexto político en el que debe analizarse esta iniciativa.
Existe, además, otra circunstancia igualmente llamativa.
El mismo Gobierno que ahora promueve la recuperación de la nacionalidad había excluido pocos meses antes a numerosos saharauis apátridas de otros procesos extraordinarios de regularización, lo que provocó un profundo malestar entre diversas organizaciones vinculadas al pueblo saharaui.
La sucesión de decisiones aparentemente contradictorias dificulta todavía más la comprensión del conjunto.
Por otra parte, el cambio de posición del Partido Socialista tampoco ha servido para recomponer plenamente sus relaciones con el Frente Polisario.
Muy al contrario.
Diversos dirigentes saharauis han manifestado públicamente que continúan considerando una grave traición el respaldo español al plan marroquí de autonomía y afirman que la recuperación de la nacionalidad, siendo una medida positiva, no basta para restablecer la confianza perdida.
Este dato merece especial atención.
Porque introduce un importante elemento de incertidumbre respecto a algunas interpretaciones que han circulado en el debate público.
Si una parte significativa del movimiento saharaui mantiene un profundo resentimiento hacia el Partido Socialista, resulta mucho menos evidente que la recuperación de la nacionalidad pueda traducirse automáticamente en un apoyo político al actual Gobierno.
Ello obliga a contemplar un panorama mucho más complejo.
Tal vez el Ejecutivo pretenda cerrar una vieja herida histórica.
Tal vez aspire a mejorar sus relaciones con Argelia sin deteriorar las mantenidas con Marruecos.
Tal vez responda a compromisos adquiridos con sus socios parlamentarios.
O quizá concurran simultáneamente todas esas razones.
No puede descartarse tampoco que existan otros factores de naturaleza diplomática o estratégica que todavía no han trascendido a la opinión pública.
La política internacional rara vez responde a una única motivación.
Y el Sáhara Occidental constituye, desde hace décadas, uno de los escenarios geopolíticos más sensibles del norte de África.
Precisamente por ello conviene ampliar todavía más el análisis.
Porque comprender el cambio de posición del Gobierno español exige mirar más allá de la política nacional.
Obliga a observar el conjunto del tablero internacional, donde Marruecos, Argelia, Estados Unidos, Francia, Naciones Unidas, la Unión Europea e incluso China mantienen intereses que, en ocasiones, convergen y, en otras, chocan frontalmente.
Sólo desde esa perspectiva más amplia podrá intentarse responder, con la prudencia que exige una cuestión tan compleja, a la pregunta que da título a este ensayo.
¿Por qué ahora?
La pregunta del millón: ¿por qué precisamente ahora?
Después de recorrer los principales acontecimientos de los últimos cincuenta años, la pregunta continúa sin respuesta.
¿Por qué un Gobierno que durante años negó o bloqueó el reconocimiento de la nacionalidad española a los antiguos ciudadanos del Sáhara decide impulsarlo precisamente ahora?
No se trata de una cuestión menor.
Tampoco de una mera curiosidad política.
Comprender las razones de ese cambio significa comprender una parte importante de la política española contemporánea y, al mismo tiempo, de la compleja realidad geopolítica del norte de África.
La primera explicación que ofrece el propio Gobierno resulta, en apariencia, irreprochable.
Se trataría, sencillamente, de reparar una injusticia histórica.
Muchos juristas, historiadores y asociaciones de apoyo al pueblo saharaui sostienen desde hace años que España nunca resolvió adecuadamente la situación jurídica de quienes habían nacido siendo ciudadanos españoles. Desde esa perspectiva, la nueva ley no concedería un privilegio, sino que reconocería tardíamente un derecho preexistente.
Ese argumento posee una evidente fuerza moral.
Pero plantea inmediatamente otra pregunta.
Si la injusticia era conocida desde hace décadas, ¿por qué ningún Gobierno —y especialmente los sucesivos gobiernos socialistas— decidió corregirla antes?
La explicación deja entonces de ser suficiente.
La segunda interpretación apunta hacia la política parlamentaria.
La iniciativa fue promovida por Sumar y defendida con especial intensidad por la diputada saharaui Tesh Sidi. Durante mucho tiempo el Partido Socialista mantuvo paralizada su tramitación. Finalmente, cambió de posición y permitió que continuara su recorrido parlamentario.
Resulta razonable pensar que la necesidad de mantener la cohesión de la mayoría parlamentaria haya influido en esa decisión.
Sin embargo, tampoco esa explicación basta por sí sola.
El Gobierno ha soportado en otras ocasiones fuertes discrepancias con sus socios sin modificar sustancialmente su posición.
¿Por qué, entonces, hacerlo precisamente en este caso?
La tercera explicación conduce inevitablemente a la política exterior.
España intenta recuperar unas relaciones fluidas con Argelia tras la grave crisis provocada por el cambio de posición respecto al Sáhara Occidental.
Al mismo tiempo procura conservar el excelente entendimiento alcanzado con Marruecos.
Ambos objetivos resultan extraordinariamente difíciles de compatibilizar.
Argelia mantiene desde hace décadas su apoyo al Frente Polisario.
Marruecos considera el Sáhara parte inseparable de su territorio nacional.
España necesita mantener una relación estable con ambos países por razones energéticas, comerciales, migratorias y de seguridad.
No parece imposible que la recuperación de la nacionalidad española para los antiguos ciudadanos del Sáhara constituya también un gesto destinado a mejorar parcialmente las relaciones con Argel sin cuestionar formalmente el reconocimiento del plan marroquí de autonomía.
Se trataría de un delicado ejercicio de equilibrio diplomático.
Pero tampoco esta hipótesis explica completamente el momento elegido.
Existe una cuarta posibilidad.
No puede ignorarse que la iniciativa aparece cuando el Gobierno atraviesa el período más difícil de toda la legislatura.
Las investigaciones judiciales que afectan a personas próximas al presidente del Gobierno, el deterioro de la mayoría parlamentaria, el creciente desgaste político y unas encuestas persistentemente desfavorables forman parte del contexto en que esta decisión se adopta.
¿Influye esa situación en el cambio de criterio?
Responder afirmativamente exigiría pruebas que hoy no existen.
Pero tampoco puede sostenerse seriamente que el contexto político carezca de importancia.
Toda decisión gubernamental posee inevitablemente una dimensión política.
Y cuanto mayor es su trascendencia, más necesario resulta examinar todas las circunstancias que la rodean.
A ello se añade otro elemento que introduce nuevas dudas.
Quienes sostienen que el Gobierno persigue un beneficio electoral parten de una premisa que quizá no resulte tan evidente.
Suponen que el pueblo saharaui responderá con gratitud hacia quienes impulsan esta ley.
Sin embargo, las declaraciones realizadas por diversos representantes del Frente Polisario dibujan un panorama bastante distinto.
Lejos de expresar entusiasmo hacia el Partido Socialista, muchos recuerdan el profundo malestar provocado por el cambio de posición del Gobierno respecto al Sáhara Occidental y afirman que esa herida política continúa abierta.
Si tales declaraciones reflejan el sentir mayoritario de los antiguos ciudadanos del Sáhara Español, la hipótesis de un beneficio electoral automático pierde buena parte de su consistencia.
Ello obliga a contemplar un escenario mucho más complejo.
Quizá el Gobierno no espere obtener un apoyo político inmediato.
Quizá aspire simplemente a cerrar un problema histórico que ha terminado convirtiéndose también en un problema diplomático.
O quizá confluyan simultáneamente razones humanitarias, jurídicas, estratégicas y políticas.
No sería la primera vez que una decisión de Estado responde a una pluralidad de intereses legítimos y de cálculos políticos.
La historia está llena de ejemplos semejantes.
Pero, precisamente porque todas esas hipótesis resultan posibles, corresponde al Gobierno disipar las dudas mediante una explicación clara, completa y coherente.
Hasta ahora no lo ha hecho.
Y esa ausencia de explicaciones constituye, probablemente, el principal motivo por el que continúan multiplicándose las preguntas.
Porque, en realidad, éste no es sólo un debate sobre la nacionalidad española de los antiguos ciudadanos del Sáhara.
Es también un debate sobre la coherencia del Estado.
Un Estado que durante cincuenta años dejó sin resolver una cuestión jurídica de enorme importancia y que ahora, de forma repentina, decide afrontarla.
Todo Gobierno tiene derecho a rectificar.
Lo que ningún Gobierno debería pretender es rectificar sin explicar por qué rectifica.
Ésa es, en definitiva, la cuestión que continúa esperando una respuesta convincente.
¿Quién sale beneficiado?
Cuando se analiza una decisión política de esta magnitud conviene desconfiar de las explicaciones simples.
Con frecuencia se presenta la política como un escenario en el que existe un único vencedor y un único derrotado. La realidad suele ser bastante más compleja. Una misma decisión puede favorecer simultáneamente a unos actores, perjudicar a otros y producir consecuencias inesperadas para todos.
La recuperación de la nacionalidad española por los antiguos ciudadanos del Sáhara constituye un buen ejemplo.
Los primeros beneficiarios son, sin duda, los propios saharauis.
Al menos aquellos que puedan acogerse a la futura ley.
Muchos recuperarán un vínculo jurídico con España que consideran injustamente interrumpido hace cincuenta años. Obtendrán acceso a los derechos propios de la ciudadanía española y, por extensión, a los derivados de la pertenencia de España a la Unión Europea. Desde un punto de vista humano, difícilmente puede negarse que la medida mejora su situación personal y familiar.
Ahora bien, la cuestión no termina ahí.
También España puede obtener determinados beneficios.
Durante décadas, nuestro país ha convivido con una contradicción incómoda. Por una parte, numerosos dirigentes políticos afirmaban que existía una deuda moral con el pueblo saharaui. Por otra, ningún Gobierno afrontaba realmente la cuestión de quienes habían sido ciudadanos españoles.
La nueva ley permite aliviar parcialmente esa contradicción.
No resuelve el conflicto del Sáhara Occidental.
No decide sobre la soberanía del territorio.
Pero sí reconoce, aunque sea tardíamente, una realidad histórica que durante demasiado tiempo permaneció relegada.
Sin embargo, el alcance de la medida trasciende ampliamente el ámbito español.
Marruecos también observará atentamente sus consecuencias.
Desde una primera perspectiva, la recuperación de la nacionalidad española podría facilitar que parte de la población saharaui establezca definitivamente su residencia en España, reduciendo así una parte del problema humano asociado al conflicto.
Pero existe otra lectura muy distinta.
Miles de nuevos ciudadanos españoles mantendrían un vínculo jurídico permanente con un territorio cuya soberanía Rabat considera definitivamente incorporada al Reino de Marruecos.
No parece evidente que esa circunstancia resulte plenamente satisfactoria para las autoridades marroquíes.
Argelia tampoco constituye un actor secundario.
Desde hace medio siglo soporta la presencia de los campamentos de refugiados de Tinduf y mantiene un decidido respaldo político, diplomático y militar al Frente Polisario.
Una eventual disminución de la población refugiada aliviaría determinadas cargas materiales.
Pero, al mismo tiempo, Argelia difícilmente renunciará a una de las principales bazas de su política regional frente a Marruecos.
También el Frente Polisario se encuentra ante una situación paradójica.
Por una parte, considera positiva la recuperación de la nacionalidad española porque entiende que supone el reconocimiento de un derecho histórico.
Por otra, mantiene una profunda desconfianza hacia el Partido Socialista después del cambio de posición protagonizado por Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental.
Esta circunstancia introduce un elemento particularmente interesante.
Si quienes deberían sentirse más directamente beneficiados continúan mostrando un profundo recelo hacia el Gobierno español, resulta mucho más difícil sostener que la iniciativa garantice automáticamente un rendimiento político para quienes la promueven.
Esa constatación obliga a abandonar cualquier explicación simplista.
Quizá el mayor beneficiario no sea ninguno de los actores considerados individualmente.
Quizá lo sea la propia estrategia diplomática española.
Desde hace años, la política exterior de España intenta desenvolverse sobre una cuerda extraordinariamente frágil.
Necesita mantener unas excelentes relaciones con Marruecos por razones migratorias, económicas y de seguridad.
Necesita igualmente conservar una relación estable con Argelia, principal suministrador energético durante muchos años y actor imprescindible en el equilibrio estratégico del Magreb.
Al mismo tiempo, no puede ignorar las resoluciones de Naciones Unidas ni la especial responsabilidad histórica derivada de haber administrado el Sáhara durante casi un siglo.
Satisfacer simultáneamente intereses tan diferentes constituye una tarea extremadamente difícil.
Quizá imposible.
Pero todavía queda otro aspecto por analizar.
Toda ampliación del cuerpo electoral suscita inevitablemente preguntas de carácter político.
No ocurre únicamente en España.
Ha sucedido en numerosas democracias.
Cada reforma de la legislación sobre nacionalidad, inmigración o derecho de sufragio provoca debates semejantes.
Resulta perfectamente legítimo preguntarse si la incorporación de nuevos ciudadanos puede producir consecuencias electorales.
Lo que ya no resulta legítimo es afirmar, sin pruebas suficientes, que esa consecuencia constituye necesariamente la finalidad perseguida por el legislador.
Las democracias se fundamentan sobre pruebas.
No sobre sospechas.
Ahora bien, tampoco sobre la ingenuidad.
Cuando una decisión de tanta trascendencia coincide con un momento político extraordinariamente delicado, cuando modifica una posición mantenida durante décadas y cuando el propio Gobierno ofrece explicaciones incompletas o insuficientes, resulta lógico que surjan dudas.
Las dudas no constituyen pruebas.
Pero sí justifican la necesidad de exigir transparencia.
Y precisamente ahí reside, quizá, la principal debilidad de todo este proceso.
No en la recuperación de la nacionalidad, que muchos consideran una decisión justa.
Sino en la ausencia de una explicación plenamente convincente acerca de las razones por las que esa justicia llega exactamente ahora.
Porque las decisiones de Estado no sólo deben ser conformes al Derecho.
También deben resultar comprensibles para los ciudadanos.
Y cuando una rectificación afecta a medio siglo de historia, la sociedad tiene derecho a conocer no sólo qué ha cambiado, sino también por qué ha cambiado.
Ésa sigue siendo la gran cuestión pendiente.
EPÍLOGO
Medio siglo después
Toda nación posee episodios de su historia que preferiría no recordar.
España no constituye una excepción.
La retirada del Sáhara Español forma parte de esas páginas incómodas que durante demasiado tiempo permanecieron relegadas a un segundo plano de la memoria colectiva. Con el paso de los años, el debate dejó de centrarse en las responsabilidades políticas de aquel abandono y pasó a girar casi exclusivamente alrededor del conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. Entretanto, quedó prácticamente olvidada una cuestión mucho más cercana y, quizá, más incómoda: ¿qué ocurrió con los españoles del Sáhara?
Ésa es, en realidad, la pregunta que recorre este ensayo desde su primera hasta su última página.
Porque antes de existir un conflicto internacional hubo ciudadanos españoles.
Antes de las resoluciones de Naciones Unidas hubo familias inscritas en registros civiles españoles.
Antes de la geopolítica hubo hombres y mujeres que poseían Documento Nacional de Identidad español, cotizaban a la Seguridad Social española, servían en el Ejército español y desarrollaban su vida bajo la soberanía de España.
Después llegó el abandono.
Y, con él, medio siglo de silencio.
Sería injusto atribuir esa responsabilidad exclusivamente al actual Gobierno.
Durante estos cincuenta años se sucedieron gobiernos de la Unión de Centro Democrático, del Partido Socialista y del Partido Popular. Ninguno afrontó de manera definitiva la situación jurídica de aquellos ciudadanos. Todos encontraron razones para aplazar el problema. Todos dejaron la solución para otro momento.
Ese otro momento parece haber llegado ahora.
Y, precisamente por eso, resulta inevitable formular la pregunta que da título a este libro.
¿Por qué precisamente ahora?
Es posible que la respuesta sea sencilla.
Tal vez el Estado español haya decidido, por fin, asumir una deuda histórica que nunca debió permanecer pendiente durante tanto tiempo.
O quizá concurran también razones diplomáticas, estratégicas y políticas que todavía desconocemos.
La historia demuestra que las grandes decisiones de Estado rara vez obedecen a una única causa.
Pero existe una diferencia fundamental entre comprender esa complejidad y aceptar resignadamente la falta de explicaciones.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué cambia la política de su país.
Más aún cuando ese cambio afecta a decisiones mantenidas durante medio siglo.
La recuperación de la nacionalidad española por los antiguos ciudadanos del Sáhara puede constituir un acto de justicia.
Ojalá así sea.
Pero ninguna justicia llega plenamente a su destino cuando se presenta desprovista de memoria.
Porque la memoria no consiste únicamente en recordar.
Consiste también en asumir responsabilidades.
España no puede modificar hoy una decisión histórica sin explicar con claridad por qué aquella decisión se adoptó, por qué permaneció inalterada durante cincuenta años y por qué precisamente ahora considera necesario rectificar.
No se trata de reabrir viejas heridas.
Se trata de comprenderlas.
Las naciones maduras no construyen su futuro ocultando los errores del pasado.
Los estudian.
Los reconocen.
Aprenden de ellos.
Y procuran no repetirlos.
Quizá ésa sea la principal enseñanza que deja la historia del Sáhara Español.
No sólo para los gobernantes.
También para los ciudadanos.
Porque una democracia no se fortalece cuando olvida.
Se fortalece cuando pregunta.
Y cuando exige respuestas.
Por eso este ensayo termina exactamente igual que comenzó.
Con una pregunta.
No porque carezca de respuestas.
Sino porque las respuestas corresponde ofrecerlas a quienes ejercen el poder.
Si los antiguos ciudadanos del Sáhara Español nunca dejaron realmente de ser españoles, España ha tardado cincuenta años en reconocer un derecho que jamás debió desaparecer.
Y si dejaron de serlo, el Estado tiene la obligación de explicar qué ha cambiado para reconocer precisamente ahora aquello que durante medio siglo negó, ignoró o mantuvo en suspenso.
Todo lo demás pertenece al terreno del debate político.
Ésta, en cambio, es una cuestión de responsabilidad histórica.
Y las responsabilidades históricas, por mucho tiempo que transcurra, nunca prescriben.
APÉNDICE
Cronología de medio siglo de incertidumbre
Del Sáhara Español a la recuperación de la nacionalidad
1884
España establece oficialmente su protectorado sobre la costa del Sáhara Occidental durante la Conferencia de Berlín, iniciándose una presencia que se prolongará durante casi un siglo.
1958
El Sáhara deja de ser considerado una colonia y pasa a integrarse administrativamente como una provincia española.
No se trata de una mera modificación terminológica.
Sus habitantes adquieren la condición de ciudadanos españoles, disponen de Documento Nacional de Identidad, figuran en los registros civiles españoles, pueden acceder a la Administración, cotizan a la Seguridad Social y realizan el servicio militar.
Éste constituye uno de los aspectos esenciales de toda la controversia posterior.
Décadas de 1960 y 1970
Las Naciones Unidas impulsan el proceso de descolonización de los territorios no autónomos.
España manifiesta reiteradamente su disposición a celebrar un referéndum de autodeterminación.
Octubre de 1975
El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya concluye que los vínculos históricos existentes entre algunas tribus saharauis y Marruecos o Mauritania no implican soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental y reafirma el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación.
Noviembre de 1975
Marruecos organiza la llamada Marcha Verde.
Decenas de miles de civiles cruzan la frontera hacia el Sáhara mientras España atraviesa una gravísima crisis institucional provocada por la agonía del general Franco.
14 de noviembre de 1975
Se firman los Acuerdos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania.
Desde entonces persiste una intensa controversia jurídica acerca de su verdadero alcance.
Para numerosos especialistas, dichos acuerdos transfirieron determinadas funciones administrativas, pero no la soberanía sobre el territorio.
20 de noviembre de 1975
Fallece Francisco Franco.
España inicia el proceso que desembocará en la Transición política.
26 de febrero de 1976
España concluye oficialmente su presencia en el Sáhara Occidental.
Comienza el gran vacío jurídico que afecta a miles de ciudadanos españoles residentes en el territorio.
27 de febrero de 1976
El Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática.
Comienza una nueva etapa del conflicto.
1976-1991
Guerra entre Marruecos y el Frente Polisario.
Miles de saharauis se refugian en los campamentos de Tinduf, en territorio argelino.
1991
Alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas.
Se crea la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), cuyo objetivo consiste en organizar una consulta de autodeterminación.
Más de treinta años después, ese referéndum continúa sin celebrarse.
1991-2021
Los distintos gobiernos españoles mantienen, con matices, una posición basada en las resoluciones de Naciones Unidas y evitan reconocer expresamente la soberanía marroquí sobre el territorio.
Durante esos mismos años, ninguno afronta de forma definitiva la situación jurídica de los antiguos ciudadanos españoles del Sáhara.
Marzo de 2022
Pedro Sánchez comunica oficialmente al rey Mohamed VI que España considera el plan marroquí de autonomía como la propuesta «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.
Se produce el mayor cambio de la política española respecto al Sáhara desde la retirada de 1975.
2022
Argelia responde retirando a su embajador y suspendiendo buena parte de la cooperación económica y comercial con España.
Las relaciones diplomáticas atraviesan una de sus mayores crisis.
2023-2025
Continúan las iniciativas parlamentarias destinadas a facilitar la recuperación de la nacionalidad española por los antiguos ciudadanos del Sáhara.
El Partido Socialista mantiene bloqueada su tramitación durante un largo periodo.
Primavera de 2026
Diversas asociaciones saharauis denuncian la exclusión de numerosos apátridas de otros procedimientos extraordinarios de regularización.
Persisten las críticas al Gobierno por su política respecto al Sáhara Occidental.
Junio de 2026
El Partido Socialista modifica su posición y acepta desbloquear la proposición de ley promovida por Sumar para reconocer la nacionalidad española a numerosos saharauis nacidos bajo administración española y, en determinados casos, también a sus descendientes.
Julio de 2026
Pedro Sánchez anuncia una visita oficial a Argelia pocos días antes del debate definitivo de la proposición de ley.
La coincidencia temporal alimenta numerosas preguntas acerca de las razones políticas y diplomáticas del cambio de criterio.
23 de julio de 2026
Está prevista la votación parlamentaria de una iniciativa que puede afectar a decenas de miles de antiguos ciudadanos del Sáhara Español y abrir una nueva etapa en las relaciones entre España, Marruecos, Argelia y el pueblo saharaui.
Una última reflexión
Esta cronología permite apreciar un hecho difícilmente discutible.
La cuestión de la nacionalidad de los antiguos ciudadanos del Sáhara no nació en 2026.
Tampoco en 2022.
Ni siquiera en 1976.
Su origen se encuentra en el momento mismo en que España abandonó el territorio sin establecer de manera clara cuál sería el futuro jurídico de quienes habían nacido siendo ciudadanos españoles.
Todo lo sucedido desde entonces —el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, las resoluciones de Naciones Unidas, la creación de la MINURSO, los sucesivos cambios de posición de los gobiernos españoles, la crisis diplomática con Argelia o la actual iniciativa legislativa— constituye, en mayor o menor medida, una consecuencia de aquella decisión inicial.
Quizá por eso la pregunta que da título a este ensayo sigue plenamente vigente.
No sólo por qué ahora, sino también por qué hubo que esperar cincuenta años para afrontar una cuestión que debió resolverse en el mismo momento en que España abandonó el Sáhara.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES COMENTADAS
Ningún ensayo sobre el Sáhara Occidental puede aspirar a ofrecer una verdad absoluta. Nos encontramos ante uno de los conflictos más complejos de la política internacional contemporánea, en el que confluyen interpretaciones históricas, jurídicas y políticas muy diferentes.
Precisamente por ello, este trabajo ha procurado acudir a fuentes de procedencia diversa y, en ocasiones, claramente discrepantes entre sí. El lector encontrará documentos oficiales, resoluciones internacionales, estudios académicos, obras históricas, artículos periodísticos y testimonios de los propios protagonistas del conflicto.
Sólo el contraste de perspectivas permite aproximarse razonablemente a la verdad.
I. DOCUMENTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES
Carta de las Naciones Unidas.
Especialmente los principios relativos a la libre determinación de los pueblos.
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas (1960).
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
Texto imprescindible para comprender el proceso general de descolonización.
Resolución 1541 (XV).
Desarrolla los criterios aplicables a los territorios no autónomos.
Resolución 2229 (XXI).
Solicita la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental.
Dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia (16 de octubre de 1975).
Probablemente el documento jurídico más importante de todo el conflicto.
Debe leerse íntegramente.
Con frecuencia se cita parcialmente.
Muy pocas veces se estudia completo.
Acuerdos de Madrid (14 de noviembre de 1975).
Su verdadero alcance jurídico continúa siendo objeto de controversia.
Constituyen uno de los documentos esenciales del debate.
Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la MINURSO.
Especialmente las aprobadas desde 1991 hasta la actualidad.
II. DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Boletín Oficial del Estado.
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Registro Civil español.
Normativa relativa a la nacionalidad.
Debates parlamentarios sobre la proposición de ley relativa a la nacionalidad de los antiguos ciudadanos del Sáhara Español.
III. HISTORIA DEL SÁHARA ESPAÑOL
Carlos Ruiz Miguel.
Uno de los mayores especialistas españoles en Derecho Internacional aplicado al Sáhara Occidental.
Julio Caro Baroja.
Sus trabajos ayudan a comprender la realidad histórica y antropológica del territorio.
Tomás Bárbulo.
Autor de referencia sobre la historia contemporánea del conflicto.
Javier Alvarado Planas.
Especialmente útil para estudiar la organización administrativa española en el Sáhara.
IV. DERECHO INTERNACIONAL
Antonio Remiro Brotóns.
José Antonio Pastor Ridruejo.
Manuel Díez de Velasco.
Las obras de estos juristas permiten comprender el estatuto jurídico internacional del territorio.
V. POLÍTICA EXTERIOR
Real Instituto Elcano.
Casa Árabe.
Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Diversos estudios sobre el Magreb y la política exterior española.
VI. DOCUMENTACIÓN SAHARAUI
Comunicados oficiales del Frente Polisario.
Documentación de la República Árabe Saharaui Democrática.
Archivos históricos de la Media Luna Roja Saharaui.
Testimonios de antiguos ciudadanos españoles del Sáhara.
VII. DOCUMENTACIÓN MARROQUÍ
Documentos oficiales del Reino de Marruecos.
Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores.
Textos relativos al Plan de Autonomía.
VIII. DOCUMENTACIÓN ARGELINA
Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia.
Comunicados oficiales.
Documentación diplomática relativa al conflicto.
IX. PRENSA ESPAÑOLA
ABC.
El Debate.
El Mundo.
La Razón.
The Objective.
Confidencial Digital.
Voz Ibérica.
El Independiente.
El Confidencial.
Europa Press.
EFE.
La diversidad de fuentes resulta imprescindible para contrastar versiones frecuentemente contradictorias.
X. PRENSA INTERNACIONAL
Le Monde.
Le Figaro.
Reuters.
Associated Press.
France Presse.
Al Jazeera.
The Washington Post.
The New York Times.
XI. REFLEXIÓN FINAL
Este ensayo no pretende cerrar un debate.
Aspira, sencillamente, a reabrirlo.
Durante demasiado tiempo, la situación jurídica de los antiguos ciudadanos españoles del Sáhara quedó relegada a un segundo plano, eclipsada por las controversias diplomáticas entre Marruecos, Argelia, el Frente Polisario y las grandes potencias.
Sin embargo, antes de convertirse en un problema geopolítico, existieron personas concretas.
Hombres y mujeres que nacieron siendo españoles.
Familias que vieron desaparecer, casi de un día para otro, el Estado al que pertenecían.
Ciudadanos cuya situación jurídica permaneció durante medio siglo envuelta en una incertidumbre que ningún Gobierno quiso resolver definitivamente.
Si la iniciativa actualmente en tramitación sirve para reparar, aunque sólo sea parcialmente, aquella anomalía histórica, merecerá ser bienvenida.
Pero esa reparación no debería impedir formular las preguntas que cualquier democracia madura tiene la obligación de hacerse.
¿Por qué fue necesario esperar cincuenta años?
¿Por qué quienes durante décadas bloquearon o rechazaron esta posibilidad deciden impulsarla precisamente ahora?
¿Por qué coinciden este cambio de criterio, el viaje oficial del presidente del Gobierno a Argelia, el nuevo contexto diplomático en el Magreb y un momento político especialmente delicado para el Ejecutivo?
Quizá algún día conozcamos todas las respuestas.
Entretanto, sólo disponemos de los hechos.
Y los hechos invitan a reflexionar.
Porque las democracias no se fortalecen aceptando acríticamente las decisiones del poder.
Se fortalecen cuando los ciudadanos conocen su historia, examinan las razones de quienes gobiernan y se atreven a formular las preguntas que otros prefieren evitar.
Ése ha sido, desde la primera hasta la última página, el único propósito de este ensayo.
ANEXO DOCUMENTAL
Los documentos que ayudan a comprender medio siglo de incertidumbre
Todo ensayo que aspire a analizar un problema histórico, jurídico y político debe apoyarse, antes que nada, en los documentos.
Las opiniones pueden ser discutibles.
Las interpretaciones pueden diferir.
Los hechos documentados permanecen.
Por ello, antes de formular conclusiones, conviene recordar cuáles son los principales textos sobre los que descansa toda la controversia relativa al Sáhara Occidental y, especialmente, a la situación jurídica de quienes fueron ciudadanos españoles.
I
El Sáhara dejó de ser una colonia para convertirse en una provincia española
Con frecuencia se olvida un hecho fundamental.
El Sáhara Occidental no permaneció siempre bajo un régimen colonial clásico.
En 1958, España reorganizó administrativamente el territorio y lo convirtió en provincia española.
Aquella decisión produjo importantes consecuencias jurídicas.
Los habitantes del territorio pasaron a disponer de Documento Nacional de Identidad español.
Fueron inscritos en registros civiles españoles.
Accedieron a la Seguridad Social.
Muchos prestaron servicio militar.
Otros ingresaron en la Administración pública.
Existía representación política dentro de las instituciones del régimen vigente.
Todo ello explica que numerosos juristas sostengan hoy que no nos encontramos simplemente ante antiguos habitantes de una colonia, sino ante ciudadanos españoles cuya situación jurídica nunca quedó completamente resuelta.
Éste constituye el punto de partida de todo el debate.
II
El Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia
El 16 de octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia emitió uno de los dictámenes consultivos más importantes de toda la historia del conflicto.
Su conclusión suele resumirse de forma simplificada.
Sin embargo, merece una lectura mucho más atenta.
El Tribunal reconoció la existencia de determinados vínculos históricos entre algunas tribus saharauis y los sultanes de Marruecos, así como con determinadas entidades mauritanas.
Pero añadió inmediatamente una precisión decisiva.
Esos vínculos históricos no suponían soberanía territorial.
Y, precisamente por ello, reafirmó el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a ejercer libremente la autodeterminación.
Este documento continúa siendo uno de los principales fundamentos jurídicos de la posición mantenida por Naciones Unidas.
III
Los Acuerdos de Madrid
El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania firmaron los llamados Acuerdos de Madrid.
Durante décadas se ha repetido que mediante ellos España entregó el Sáhara.
La realidad jurídica resulta bastante más compleja.
Numerosos especialistas sostienen que aquellos acuerdos únicamente transfirieron determinadas responsabilidades administrativas.
No transfirieron la soberanía.
No podían modificar las obligaciones internacionales derivadas del proceso de descolonización.
Y tampoco alteraban las competencias de Naciones Unidas.
Precisamente por ello, la Organización de las Naciones Unidas continuó considerando el Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización.
IV
Naciones Unidas nunca dio por terminado el proceso
Éste constituye otro de los aspectos peor conocidos.
A diferencia de lo ocurrido en otros procesos de descolonización, Naciones Unidas nunca consideró definitivamente resuelto el caso del Sáhara Occidental.
Las sucesivas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad continuaron insistiendo en una solución conforme al principio de libre determinación.
En 1991 se creó la MINURSO.
Su finalidad consistía en organizar un referéndum.
Más de tres décadas después, ese referéndum continúa pendiente.
Pocas misiones de Naciones Unidas ilustran mejor la dificultad de resolver un conflicto internacional enquistado.
V
La legislación española sobre la nacionalidad
La futura ley relativa a los antiguos ciudadanos del Sáhara no crea un problema jurídico nuevo.
Pretende resolver uno muy antiguo.
Precisamente por ello resulta imprescindible analizar conjuntamente:
— la legislación española sobre nacionalidad;
— las distintas resoluciones judiciales dictadas durante estos años;
— las modificaciones introducidas por la denominada Ley de Memoria Democrática;
— la llamada Ley de Nietos;
— y la futura ley relativa a los antiguos ciudadanos españoles del Sáhara.
Sólo así puede comprenderse el alcance real de la iniciativa.
VI
¿Concesión o reconocimiento?
Quizá ésta sea la cuestión jurídica más importante de todo el ensayo.
El lenguaje nunca resulta inocente.
Si el Estado concede la nacionalidad, está creando una situación jurídica nueva.
Si, por el contrario, reconoce una nacionalidad preexistente, la perspectiva cambia completamente.
En este segundo supuesto no existiría una concesión.
Existiría una reparación.
Toda la discusión gira, en gran medida, alrededor de esa diferencia.
Porque no es lo mismo otorgar un derecho que reconocer uno ya existente.
VII
La gran contradicción
Después de examinar todos estos documentos, aparece una contradicción difícil de ignorar.
Durante medio siglo, los distintos gobiernos españoles actuaron como si la cuestión hubiese quedado definitivamente resuelta.
Ahora, sin embargo, el propio Estado reconoce implícitamente que seguía existiendo un problema.
Y si existía un problema…
¿por qué nadie lo resolvió antes?
Ésa es la pregunta que atraviesa este libro de principio a fin.
No constituye una acusación.
Ni siquiera una conclusión.
Es, sencillamente, la consecuencia lógica de los propios documentos.
Porque los documentos hablan.
Y, en ocasiones, hablan mucho más alto que los discursos políticos.
DOCUMENTOS CUYA LECTURA RESULTA IMPRESCINDIBLE
- Dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia (16 de octubre de 1975).
- Acuerdos de Madrid (14 de noviembre de 1975).
- Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas.
- Resolución 1541 (XV).
- Resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la MINURSO.
- Código Civil español (preceptos relativos a la nacionalidad).
- Debates parlamentarios sobre la proposición de ley relativa a la nacionalidad de los antiguos ciudadanos del Sáhara Español.
- Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.
- Boletín Oficial del Estado.
Consideración final
El lector advertirá que este ensayo formula numerosas preguntas.
No podría ser de otra manera.
Las preguntas nacen precisamente de la lectura de estos documentos.
Y eso constituye, probablemente, la mejor prueba de que el debate sigue abierto.
Porque, cuando medio siglo después continúan existiendo interpretaciones jurídicas enfrentadas acerca de una misma realidad histórica, la obligación del investigador no consiste en simplificar el problema, sino en exponerlo con honestidad intelectual y permitir que el lector, a la luz de los documentos, forme su propio juicio.
