Manos Limpias solicita la aclaración y complemento de la sentencia del «caso David Sánchez». ¿Puede una sentencia dejar sin responder las pretensiones de una acusación?
La petición presentada ante la Audiencia Provincial de Badajoz reabre un debate que trasciende este procedimiento: el deber de los tribunales de dictar resoluciones completas, motivadas, comprensibles y respetuosas con los derechos procesales de todas las partes.
MIGUEL BERNAD REMÓN. Manos Limpias.
Resumen para lectores con prisas
La publicación de una sentencia no siempre pone fin al debate jurídico. En ocasiones, antes incluso de que se interpongan los recursos correspondientes, surge una cuestión previa: ¿ha respondido el tribunal a todas las pretensiones planteadas por las partes y ha explicado con suficiente claridad las razones de su decisión?
Eso es lo que ha sucedido tras la Sentencia 152/2026 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, recaída en el denominado caso David Sánchez.
El Sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, ha presentado un escrito solicitando la aclaración, subsanación y complemento de la resolución. No pretende, por ahora, modificar el fallo ni reabrir el juicio sobre los hechos. Lo que solicita es que la sentencia refleje con mayor fidelidad el desarrollo del proceso y dé respuesta expresa a determinadas cuestiones que, a su juicio, han quedado sin resolver.
La primera petición consiste en que la sentencia incorpore o resuma las conclusiones definitivas formuladas específicamente por Manos Limpias. La acusación sostiene que una referencia genérica a todas las acusaciones populares no permite conocer cuál fue la posición jurídica de cada una de ellas cuando mantenían criterios distintos. Más allá del caso concreto, la cuestión invita a reflexionar sobre la importancia de que una sentencia reproduzca con precisión el verdadero objeto del debate procesal.
La segunda solicitud se refiere a un pasaje de la fundamentación jurídica en el que la Sala reprocha a determinadas acusaciones haber modificado su calificación jurídica para intentar evitar la prescripción de un delito. Manos Limpias afirma que esa crítica no puede alcanzar a su actuación, ya que aceptó expresamente la prescripción del delito previsto en el artículo 406 del Código Penal respecto de los hechos de 2017. Por ello solicita que el Tribunal identifique expresamente a qué acusaciones dirige ese reproche, evitando que una apreciación de carácter general pueda proyectarse sobre quienes sostuvieron una posición distinta.
La tercera cuestión posee especial interés jurídico. Según Manos Limpias, la sentencia guarda silencio sobre la reserva expresa de acciones penales y civiles formulada respecto del denominado Bloque C, después de que Miguel Ángel Gallardo quedara excluido del ámbito subjetivo de enjuiciamiento en ese extremo. La acusación popular entiende que esa omisión debe ser subsanada mediante un pronunciamiento expreso, pues los tribunales están llamados a resolver todas las pretensiones relevantes formuladas por las partes, aunque finalmente las desestimen.
Estas tres cuestiones permiten abordar un debate mucho más amplio que el del propio procedimiento. El artículo analiza la obligación constitucional de motivar las resoluciones judiciales, el deber de evitar la denominada incongruencia omisiva, la importancia de la seguridad jurídica y el alcance de la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución.
Especial atención merece la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2002 y, con demasiada frecuencia, olvidada. En ella se proclama el derecho de los ciudadanos a obtener resoluciones claras, comprensibles, motivadas y completas, redactadas de forma que permitan conocer qué pidió cada parte, qué argumentos fueron aceptados, cuáles rechazados y cuáles son las razones jurídicas que sustentan la decisión del tribunal.
El debate, por tanto, trasciende ampliamente el denominado caso David Sánchez. Afecta a cualquier ciudadano que algún día pueda verse obligado a acudir a los tribunales.
Porque las garantías procesales no pertenecen a una acusación, a una defensa o a un juez.
Pertenecen al Estado de Derecho.
Y una Justicia que razona con claridad, responde a todas las pretensiones formuladas y explica con precisión el fundamento de sus decisiones no sólo fortalece los derechos de las partes: fortalece la confianza de toda la sociedad en la Administración de Justicia.
Si tu deseo es profundizar y saber más, sigue leyendo.
Manos Limpias solicita la aclaración y complemento de la sentencia del «caso David Sánchez». ¿Puede una sentencia dejar sin responder las pretensiones de una acusación?
La petición presentada ante la Audiencia Provincial de Badajoz reabre un debate que trasciende este procedimiento: el deber de los tribunales de dictar resoluciones completas, motivadas, comprensibles y respetuosas con los derechos procesales de todas las partes.
La actualidad judicial no siempre termina con la publicación de una sentencia. En muchas ocasiones, una resolución abre un nuevo debate jurídico acerca de si el tribunal ha respondido a todas las cuestiones planteadas durante el juicio o si, por el contrario, ha dejado aspectos relevantes sin resolver.
Eso es precisamente lo que acaba de suceder en el denominado caso David Sánchez.
El Sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, ha presentado ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz un escrito solicitando la aclaración, subsanación y complemento de la Sentencia 152/2026, dictada el pasado 14 de julio.
Conviene hacer una precisión importante desde el principio.
No nos encontramos todavía ante un recurso contra el fondo de la resolución, ni ante una discusión sobre la valoración de las pruebas practicadas durante el juicio.
El escrito presentado al amparo del artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal persigue un objetivo diferente: que la sentencia refleje con exactitud lo ocurrido durante el proceso y que dé respuesta expresa a determinadas cuestiones que, según sostiene la acusación popular, han quedado sin contestación.
Puede parecer una discusión exclusivamente técnica.
No lo es.
En un Estado de Derecho, la forma también constituye una garantía.
Las sentencias no sólo ponen fin a un litigio; también explican cómo y por qué se ha llegado a una determinada decisión. De esa explicación dependen, en buena medida, el derecho de defensa de las partes, la posibilidad de recurrir con eficacia y, en último término, la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia.
Precisamente por ello merece la pena detenerse en las tres cuestiones planteadas por Manos Limpias, pues todas ellas trascienden ampliamente este procedimiento concreto y afectan a principios esenciales del proceso penal español.
El debate ya no consiste únicamente en determinar si una persona debe ser condenada o absuelta.
La cuestión pasa a ser otra, mucho más amplia: ¿qué requisitos debe reunir una sentencia para que pueda considerarse verdaderamente completa, motivada y respetuosa con los derechos procesales de quienes han intervenido en el procedimiento?
Ésta es la verdadera importancia del escrito presentado ante la Audiencia Provincial de Badajoz.
No discute todavía el contenido del fallo.
Interroga, antes que nada, sobre la forma en que la Justicia explica sus decisiones.
Y esa pregunta afecta a todos los ciudadanos, con independencia de cuál sea el proceso o de quién ocupe el banquillo de los acusados.
Porque la fortaleza de un Estado de Derecho no depende únicamente de que existan jueces independientes.
Depende también de que las resoluciones judiciales permitan comprender con claridad qué pidió cada parte, qué argumentos fueron aceptados, cuáles fueron rechazados y cuáles son las razones jurídicas que sustentan esa decisión.
No en vano, desde hace más de dos décadas existe un documento que resume con extraordinaria claridad ese compromiso institucional y que, pese a su importancia, rara vez ocupa titulares: la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002.
Su lectura resulta hoy tan oportuna como entonces. En ella se proclama que los ciudadanos tienen derecho a una Justicia comprensible, transparente, motivada y respetuosa con todas las garantías procesales. Las resoluciones judiciales deben redactarse con claridad, responder a las pretensiones formuladas por las partes y permitir que cualquier ciudadano pueda conocer las razones que fundamentan la decisión adoptada.
No se trata de una mera recomendación literaria ni de un simple código de buenas prácticas.
Es la expresión de un principio básico del Estado de Derecho: la Justicia no sólo debe impartirse; también debe explicarse.
Y es precisamente a la luz de esos principios como conviene analizar las tres peticiones formuladas por Manos Limpias en su escrito de aclaración y complemento de sentencia.
Primera cuestión: ¿debe una sentencia reflejar las conclusiones de todas las acusaciones?
El primero de los motivos invocados por Manos Limpias puede parecer, a primera vista, una simple cuestión de forma.
Sin embargo, basta examinar con detenimiento el contenido de la solicitud para comprobar que plantea un problema de mayor calado.
La acusación popular sostiene que, en los antecedentes de hecho de la sentencia, el Tribunal realiza una referencia genérica a las conclusiones definitivas de las acusaciones populares, pero no incorpora ni resume de manera individualizada las pretensiones concretas formuladas por cada una de ellas.
Puede parecer una omisión menor.
No necesariamente lo es.
El proceso penal español se rige por el llamado principio acusatorio. Dicho de forma sencilla, los tribunales sólo pueden pronunciarse sobre aquello que las partes han sometido a su consideración y dentro de los límites fijados por las acusaciones y las defensas.
Por esa razón, conocer con precisión qué pidió cada una de las partes no constituye una simple formalidad documental. Forma parte de la propia arquitectura del proceso.
No todas las acusaciones mantienen necesariamente la misma tesis.
En procedimientos especialmente complejos, como el presente, puede ocurrir que el Ministerio Fiscal, una acusación particular y varias acusaciones populares discrepen entre sí respecto a la calificación jurídica de los hechos, la responsabilidad de los acusados o incluso la interpretación de determinadas pruebas.
En esos casos, agruparlas bajo una referencia genérica puede dificultar la comprensión del verdadero debate procesal.
Precisamente por ello, Manos Limpias invoca el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige que las sentencias contengan las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa.
Naturalmente, ello no significa que el tribunal deba reproducir íntegramente cientos de páginas de escritos procesales.
Nadie pretende convertir una sentencia en una copia literal de las conclusiones de las partes.
Lo razonable consiste en que la resolución permita identificar, aunque sea de forma resumida, cuál era la posición jurídica de cada una de las acusaciones cuando éstas sostienen tesis distintas.
Sólo así resulta posible comprender después por qué determinados argumentos han sido aceptados y otros rechazados.
La cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando, como sostiene Manos Limpias, su posición procesal difería de la mantenida por otras acusaciones populares.
Si esa diferencia desaparece en la narración de los antecedentes, el lector difícilmente podrá reconstruir el verdadero desarrollo del juicio.
Y ello no afecta únicamente al interés de quienes participaron en el procedimiento.
También interesa a un eventual tribunal superior encargado de revisar posteriormente la resolución.
Una sentencia no sólo sirve para resolver un litigio.
También constituye el documento sobre el que se edificará, en su caso, el recurso posterior.
Cuanto más precisa sea en la descripción del debate procesal, mayor seguridad jurídica ofrecerá a todas las partes.
Una sentencia es mucho más que un fallo.
Con frecuencia, cuando se publica una resolución judicial, la atención pública se concentra exclusivamente en el fallo: condena o absolución.
Sin embargo, los juristas saben bien que el verdadero valor de una sentencia reside en su fundamentación.
El fallo ocupa apenas unas líneas.
La motivación ocupa decenas o incluso centenares de páginas.
Y no por casualidad.
La legitimidad de una resolución judicial no descansa únicamente en la autoridad del tribunal que la dicta, sino también en la solidez de la explicación que la sustenta.
Por eso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional insiste desde hace décadas en que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende también el derecho a obtener una resolución motivada y congruente.
No basta con decidir.
Es necesario explicar.
Y explicar significa exponer con claridad cuáles eran las pretensiones de las partes, qué argumentos se aceptan, cuáles se rechazan y cuáles son las razones jurídicas que conducen a esa decisión.
Esa exigencia no responde a un formalismo vacío.
Constituye una garantía frente a la arbitrariedad.
Cuanto más completa y comprensible sea una sentencia, mayor será también la confianza que inspire en quienes la leen, incluso cuando discrepen de sus conclusiones.
En palabras que podrían resumir el espíritu de la propia Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, una buena resolución judicial no sólo debe resolver el conflicto: debe permitir comprender por qué lo resuelve de ese modo.
Segunda cuestión: Cuando una sentencia formula un reproche, ¿debe precisar a quién se dirige?
El segundo motivo del escrito presentado por Manos Limpias reviste un interés todavía mayor.
No se refiere ya al contenido de los antecedentes de hecho, sino a una afirmación realizada por la propia Sala en la fundamentación jurídica de la sentencia.
En ella se sostiene, en esencia, que determinadas acusaciones modificaron de forma sorpresiva su calificación jurídica con la finalidad de evitar la prescripción de uno de los delitos inicialmente atribuidos al acusado David Sánchez.
La resolución considera que ese cambio obedecía a un propósito contrario al ordenamiento jurídico y llega a calificar dicha actuación como un supuesto de fraude de ley, afirmando que la modificación introducida «no será tenida en cuenta».
Se trata de una afirmación jurídicamente relevante.
Sin embargo, según sostiene Manos Limpias, la sentencia no identifica qué acusaciones llevaron a cabo esa modificación ni cuáles mantuvieron desde el principio una posición distinta.
Y ahí reside precisamente el núcleo de la controversia.
La acusación popular afirma que, en sus conclusiones definitivas, aceptó expresamente la prescripción del delito previsto en el artículo 406 del Código Penal respecto de los hechos de 2017, precisamente por entender que así lo imponían el principio de legalidad y la seguridad jurídica.
Es decir, sostiene que nunca intentó eludir la prescripción mediante un cambio de calificación.
Si ello fue realmente así —extremo que deberá valorar la propia Sala a la vista de las actuaciones—, la petición de aclaración adquiere pleno sentido.
Porque una cosa es reprochar una conducta procesal concreta.
Y otra muy distinta es formular ese reproche de manera genérica cuando intervienen varias acusaciones con estrategias jurídicas diferentes.
En un proceso penal cada parte responde únicamente de sus propios actos procesales.
No existe una responsabilidad colectiva entre las acusaciones.
Cada una firma sus escritos.
Cada una sostiene sus conclusiones.
Cada una asume las consecuencias jurídicas de sus decisiones.
Por ello, cuando una sentencia atribuye una determinada actuación a «las acusaciones» sin mayor precisión, puede surgir una duda razonable acerca de quién realizó efectivamente esa conducta.
Y esa duda resulta especialmente relevante cuando el reproche afecta al rigor técnico o a la corrección profesional con la que una parte ha actuado durante el procedimiento.
La individualización también forma parte de la tutela judicial efectiva
En Derecho procesal existe un principio tan sencillo como importante: las resoluciones judiciales deben ser precisas.
La precisión no sólo afecta a los hechos probados o al fallo.
También alcanza a la motivación.
Cuando el tribunal considera que una determinada parte ha actuado de forma incorrecta, lo normal es que identifique expresamente a quién dirige esa crítica.
No por cortesía procesal.
Sino porque la motivación judicial debe ser suficientemente concreta para evitar interpretaciones equívocas.
En este punto conviene recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 24 de la Constitución no protege únicamente frente a las resoluciones arbitrarias.
También exige que las decisiones judiciales sean suficientemente motivadas y permitan conocer con claridad las razones que justifican cada pronunciamiento.
La jurisprudencia constitucional ha insistido reiteradamente en que la motivación constituye una garantía frente a la arbitrariedad y un presupuesto indispensable para el ejercicio del derecho de defensa.
Si una resolución contiene afirmaciones que pueden proyectarse indistintamente sobre varias partes procesales, cuando en realidad sólo afectarían a algunas de ellas, la aclaración solicitada deja de ser una cuestión meramente formal para convertirse en una exigencia de precisión jurídica.
No se trata de modificar el criterio del tribunal.
Ni de discutir todavía el fondo de la sentencia.
Lo que se solicita es algo mucho más sencillo: que la resolución identifique con claridad quién realizó la conducta que se reprocha y quién no participó en ella.
Una precisión de esa naturaleza no altera el fallo.
Pero sí puede evitar confusiones posteriores.
El prestigio de la Justicia también descansa sobre la precisión de sus resoluciones
Los jueces ejercen una función constitucional de enorme trascendencia.
Precisamente por ello, sus resoluciones poseen una autoridad que trasciende el procedimiento concreto.
Cada palabra utilizada en una sentencia tiene importancia.
Cada afirmación puede proyectar efectos más allá del proceso.
Por eso la precisión constituye una virtud especialmente valiosa en el lenguaje judicial.
No sólo protege a quienes intervienen en el procedimiento.
También fortalece la credibilidad de la propia resolución.
Una sentencia cuidadosamente motivada, que distingue con claridad la actuación de cada una de las partes, reduce las posibilidades de confusión y facilita tanto su comprensión por los ciudadanos como su eventual revisión por los tribunales superiores.
En definitiva, la precisión no debilita la autoridad judicial.
La refuerza.
Tercera cuestión: cuando una sentencia guarda silencio sobre una pretensión de las partes
El tercer motivo alegado por Manos Limpias constituye, probablemente, el aspecto de mayor trascendencia jurídica del escrito presentado ante la Audiencia Provincial de Badajoz.
Aquí ya no se discute cómo aparece resumido el proceso ni si un determinado reproche debe individualizarse mejor.
La cuestión es otra.
Mucho más sencilla de formular y, al mismo tiempo, mucho más importante desde el punto de vista procesal:
¿Puede una sentencia dejar sin responder una pretensión expresamente formulada por una de las partes?
Según sostiene Manos Limpias, la respuesta debería ser negativa.
Durante el juicio oral, la Sala acordó excluir del ámbito subjetivo de enjuiciamiento a Miguel Ángel Gallardo respecto de los hechos correspondientes al denominado Bloque C, relativos a la creación del puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas Transfronterizos y a su posterior adjudicación.
Ante esa decisión, la acusación popular hizo constar expresamente en sus conclusiones definitivas que se reservaba el derecho a ejercitar nuevamente acciones penales y civiles respecto de esos hechos.
No se trataba de una manifestación retórica.
Era una auténtica pretensión procesal incorporada formalmente a las conclusiones definitivas.
Sin embargo, según afirma el escrito ahora presentado, la sentencia no contiene pronunciamiento alguno sobre esa reserva de acciones.
Y precisamente por ello solicita que la resolución sea completada.
No basta con resolver; hay que resolver todo lo que debe resolverse
Conviene detenerse un momento en esta cuestión.
Con frecuencia se piensa que una sentencia sólo debe pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.
En realidad, su contenido es mucho más amplio.
Los tribunales deben responder a todas aquellas cuestiones que las partes hayan planteado de forma pertinente y que resulten relevantes para la resolución del procedimiento.
Naturalmente, responder no significa necesariamente dar la razón.
Una petición puede ser estimada.
Puede ser desestimada.
Incluso puede declararse improcedente.
Pero lo que difícilmente resulta compatible con las garantías procesales es que permanezca completamente sin respuesta.
Aquí aparece uno de los conceptos clásicos del Derecho procesal: la incongruencia omisiva.
Existe incongruencia omisiva cuando el órgano judicial deja sin resolver una pretensión oportunamente formulada y cuya respuesta resulta necesaria para agotar el objeto del proceso.
El Tribunal Constitucional ha recordado en numerosas ocasiones que el derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución comprende también el derecho a obtener una resolución motivada que responda a las cuestiones esenciales planteadas por las partes.
Ello no obliga al juez a contestar una por una todas las alegaciones secundarias ni cada argumento desarrollado por los litigantes.
Pero sí exige que exista un pronunciamiento, expreso o claramente deducible, sobre las verdaderas pretensiones formuladas durante el proceso.
Ésa es precisamente la cuestión que ahora plantea Manos Limpias.
No afirma que el Tribunal estuviera obligado a aceptar su reserva de acciones.
Lo que sostiene es que debía pronunciarse sobre ella.
Y no hacerlo, si efectivamente se hubiera producido esa omisión, justificaría la petición de complemento de sentencia prevista en nuestro ordenamiento.
La tutela judicial efectiva también comprende el derecho a obtener respuesta.
Con frecuencia se identifica el derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho a acudir a los tribunales.
Sin embargo, su contenido es bastante más amplio.
El ciudadano tiene derecho a obtener una resolución fundada en Derecho.
Tiene derecho a conocer las razones de esa resolución.
Y tiene derecho a que el tribunal responda a las cuestiones esenciales que ha sometido a su consideración.
Por ello la jurisprudencia constitucional insiste en que el silencio judicial sólo resulta admisible cuando la respuesta puede deducirse de forma inequívoca del conjunto de la resolución.
Si no existe esa posibilidad, la omisión puede llegar a vulnerar el artículo 24 de la Constitución.
Ésa es la razón por la que el legislador prevé mecanismos como la aclaración, la subsanación y el complemento de sentencia.
No se trata de reabrir el juicio.
Tampoco de modificar el sentido del fallo.
Su finalidad consiste precisamente en evitar que errores materiales, omisiones o falta de pronunciamiento sobre determinadas cuestiones obliguen a acudir directamente a recursos de mayor entidad.
En cierto modo, constituyen un mecanismo de autocorrección del propio órgano judicial.
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia cobra aquí todo su sentido.
Llegados a este punto, conviene volver sobre un documento que rara vez aparece citado en los debates públicos y que, sin embargo, resume admirablemente cuál debería ser el funcionamiento de la Administración de Justicia.
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por el Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, proclama que los ciudadanos tienen derecho a obtener resoluciones claras, motivadas, comprensibles y completas.
No es una simple declaración institucional.
Representa un compromiso asumido por las instituciones para acercar la Justicia a los ciudadanos y reforzar la confianza en los tribunales.
La Carta recuerda que toda persona tiene derecho a comprender las resoluciones que le afectan, a conocer las razones jurídicas que las sustentan y a recibir respuesta a las pretensiones planteadas conforme a Derecho.
No exige que todas las solicitudes sean estimadas.
Ni pretende limitar la independencia judicial.
Lo que reclama es algo mucho más elemental: que la Justicia explique sus decisiones con claridad y no deje sin respuesta aquellas cuestiones sobre las que está llamada a pronunciarse.
Ese principio adquiere una importancia especial en procedimientos de gran repercusión pública.
Cuanto mayor es el interés social de una causa, mayor debe ser también el esfuerzo por redactar resoluciones transparentes, completas y comprensibles.
Porque la autoridad de los tribunales no depende únicamente de la fuerza ejecutiva de sus sentencias.
Depende también de la calidad de su motivación.
Y una Justicia que razona, explica y responde fortalece el Estado de Derecho mucho más que una Justicia que simplemente decide.
Más allá del caso concreto: la importancia de unas sentencias completas y comprensibles
Con independencia de cuál sea la respuesta que la Audiencia Provincial de Badajoz dé al escrito presentado por Manos Limpias, la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que rara vez ocupa el debate público: la calidad formal de las resoluciones judiciales.
Con frecuencia, la atención de los medios de comunicación se concentra exclusivamente en el fallo.
Se habla de condenas.
Se habla de absoluciones.
Se habla de años de prisión o de inhabilitación.
Sin embargo, pocas veces se analiza si la sentencia responde realmente a todas las cuestiones planteadas durante el proceso, si explica adecuadamente sus razones o si permite comprender con claridad el camino lógico que conduce desde los hechos probados hasta la decisión final.
Y, sin embargo, ahí reside buena parte de la fortaleza de la Justicia.
Una resolución judicial no es únicamente un acto de autoridad.
Es también un ejercicio de razonamiento.
Su fuerza no deriva sólo del poder coercitivo del Estado, sino de la calidad de su fundamentación.
Cuanto mejor explica un tribunal por qué decide lo que decide, mayor resulta la aceptación social de sus resoluciones, incluso entre quienes discrepan de ellas.
Ésa constituye una de las principales diferencias entre el Estado de Derecho y cualquier forma de ejercicio arbitrario del poder.
En un Estado de Derecho no basta con mandar.
Hay que convencer mediante la razón jurídica.
La motivación no protege únicamente a las partes.
Existe una idea equivocada bastante extendida.
Se suele pensar que la obligación de motivar las sentencias protege exclusivamente a quienes intervienen en el procedimiento.
No es así.
También protege a los propios jueces.
Una resolución cuidadosamente razonada permite comprender el proceso intelectual seguido por el tribunal.
Facilita su control mediante los recursos previstos en la ley.
Reduce el riesgo de interpretaciones erróneas.
Y fortalece la confianza pública en la imparcialidad de la Justicia.
No debe olvidarse que los jueces ejercen uno de los poderes del Estado.
Como cualquier poder público, sus decisiones deben estar sometidas al Derecho.
Y la mejor garantía frente a cualquier sospecha de arbitrariedad consiste precisamente en explicar de forma clara y completa las razones que justifican cada decisión.
Por ello, la motivación no constituye una carga burocrática.
Es una exigencia constitucional.
La seguridad jurídica también se construye con buenas sentencias.
El artículo 9.3 de la Constitución Española proclama el principio de seguridad jurídica.
Con frecuencia se identifica ese principio con la estabilidad de las leyes.
Pero su alcance es mucho más amplio.
También exige que las resoluciones judiciales sean previsibles, coherentes y suficientemente fundamentadas.
Una sentencia incompleta genera incertidumbre.
Una sentencia ambigua favorece interpretaciones contradictorias.
Una sentencia que omite pronunciarse sobre determinadas pretensiones obliga, con frecuencia, a iniciar nuevos incidentes procesales o nuevos recursos.
Todo ello prolonga innecesariamente los procedimientos y aumenta la sensación de inseguridad.
Por el contrario, una resolución clara, exhaustiva y bien motivada contribuye a cerrar definitivamente el conflicto.
La seguridad jurídica no depende únicamente del contenido de las leyes.
Depende también de la forma en que los tribunales las aplican y explican.
Una lección que trasciende este procedimiento
Sea cual sea la respuesta que finalmente reciba la solicitud presentada por Manos Limpias, el debate suscitado resulta útil.
Obliga a reflexionar sobre algo que afecta a cualquier ciudadano que algún día pueda verse obligado a acudir a los tribunales.
Todos esperamos que un juez sea independiente.
Todos esperamos que actúe con imparcialidad.
Pero también esperamos algo más.
Esperamos comprender por qué decide como decide.
Esperamos que responda a nuestras pretensiones, aunque las rechace.
Esperamos que sus resoluciones no dejen cuestiones esenciales sin contestación.
Y esperamos, en definitiva, que la Justicia no sólo sea justa, sino también inteligible.
Porque una resolución incomprensible difícilmente puede fortalecer la confianza de los ciudadanos.
Epílogo: Una Carta que no debería dormir en un cajón
Hace ya casi un cuarto de siglo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
No fue concebida como un texto retórico ni como una mera declaración institucional.
Nació con una finalidad muy concreta: recordar que la Administración de Justicia existe para servir a los ciudadanos y no al contrario.
En aquella Carta se afirmaba que toda persona tiene derecho a una Justicia comprensible, cercana, transparente, diligente y respetuosa con la dignidad de quienes acuden a ella.
Se insistía en la necesidad de redactar resoluciones claras, inteligibles y suficientemente motivadas.
Se reclamaba un lenguaje jurídico que, sin perder el rigor técnico, pudiera ser entendido por quienes no son especialistas en Derecho.
Y se recordaba que el ciudadano tiene derecho a conocer las razones por las que un tribunal acepta o rechaza sus pretensiones.
Han transcurrido más de veinte años desde entonces.
Sin embargo, aquellos principios conservan hoy toda su vigencia.
Cada sentencia constituye una oportunidad para hacer realidad ese compromiso.
Y cada vez que una resolución explica con claridad qué ocurrió, qué pidió cada parte, qué argumentos acepta y cuáles rechaza, la Justicia sale fortalecida.
Por el contrario, cuando una resolución deja dudas sobre el alcance de sus pronunciamientos, omite responder a alguna pretensión relevante o utiliza expresiones susceptibles de interpretaciones equívocas, resulta perfectamente legítimo que las partes utilicen los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico pone a su disposición para solicitar las aclaraciones, subsanaciones o complementos que estimen oportunos.
No se trata de cuestionar la independencia judicial.
Tampoco de discutir anticipadamente el acierto o desacierto del fallo.
Se trata, sencillamente, de hacer valer unas garantías procesales que existen para todos.
Porque hoy pueden ser invocadas por una acusación popular.
Mañana podrían necesitarlas un ciudadano particular, una empresa, una Administración pública o incluso el propio Ministerio Fiscal.
Ésa es, probablemente, la enseñanza más valiosa que deja este episodio.
Las garantías procesales no pertenecen a ninguna de las partes.
Pertenecen al Estado de Derecho.
Y cuanto más escrupulosamente se respeten, mayor será la confianza de los ciudadanos en la Justicia y más sólida será la legitimidad de sus resoluciones.
