¿Qué ha acordado exactamente Pedro Sánchez con el Reino Unido de Gran Bretaña sobre Gibraltar? ¿Por qué callan PP y VOX? ¿A qué esperan para exigir la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados?
La desaparición de la Verja no puede ocultar la pregunta esencial: ¿qué ha cedido España, qué conserva el Reino Unido y por qué el Gobierno se resiste a explicar con claridad unos acuerdos que afectan a una cuestión de Estado pendiente desde hace más de tres siglos?
«Las naciones empiezan a perder su libertad cuando los ciudadanos dejan de pedir explicaciones a quienes gobiernan en su nombre.»
Resumen para lectores presurosos
¿Qué ha acordado exactamente Pedro Sánchez con el Reino Unido de Gran Bretaña sobre Gibraltar? Ésa es la pregunta que da origen a este artículo. No una pregunta retórica, sino una cuestión de Estado que el Gobierno debería responder con absoluta claridad ante el Congreso de los Diputados y ante todos los españoles.
Se ha hablado mucho de la desaparición de la Verja, de una supuesta «nueva etapa» y de un «acuerdo histórico». Sin embargo, continúa sin conocerse de manera clara y detallada el alcance de los compromisos asumidos por España. ¿Qué obligaciones acepta nuestro país? ¿Qué conserva el Reino Unido? ¿Quién ejercerá los controles? ¿Quién pagará las nuevas cargas? ¿Qué obtiene España a cambio? Son preguntas legítimas que siguen esperando respuesta.
El artículo sostiene que los asuntos relacionados con Gibraltar no pueden resolverse mediante comunicados oficiales, fotografías y frases grandilocuentes. Afectan a una cuestión de Estado pendiente desde hace más de tres siglos y, por tanto, exigen transparencia, debate parlamentario y rendición de cuentas.
También se analiza la inquietud expresada por asociaciones profesionales de la Guardia Civil acerca del futuro de numerosos agentes destinados en la Verja, así como la necesidad de explicar de qué manera se garantizarán la vigilancia fronteriza, la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada en una zona especialmente sensible.
Igualmente, el artículo plantea interrogantes sobre el coste económico de los acuerdos. Los controles fronterizos, las aduanas, las instalaciones y el personal no son gratuitos. Si España asume nuevas responsabilidades, los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto costarán y quién las financiará.
Finalmente, el texto dirige una crítica no sólo al Gobierno, sino también a la oposición. Si el Partido Popular y VOX consideran que estos acuerdos perjudican los intereses de España, resulta difícil comprender por qué no han exigido con toda firmeza la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para que explique, documento en mano, qué se ha acordado exactamente con el Reino Unido de Gran Bretaña sobre Gibraltar.
Porque, al fin y al cabo, en una democracia la cuestión no consiste únicamente en lo que un Gobierno acuerda, sino en su obligación de explicarlo. Y cuando lo que está en juego es una cuestión de Estado, el silencio nunca constituye una respuesta satisfactoria.
Si tu deseo es profundizar y saber más, sigue leyendo.
¿Qué ha acordado exactamente Pedro Sánchez con el Reino Unido de Gran Bretaña sobre Gibraltar? ¿Por qué callan PP y VOX? ¿A qué esperan para exigir la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados?
¿Qué demonios se ha acordado realmente?
Eso es lo primero que habría que preguntar.
No dentro de unos meses.
No cuando el acuerdo comience a producir sus efectos.
Ahora.
Porque, cuanto más se habla del llamado «acuerdo histórico» sobre Gibraltar, menos claro resulta su verdadero contenido.
Abundan las fotografías.
Sobran los comunicados triunfalistas.
Se multiplican los discursos sobre una supuesta «nueva etapa».
Pero nadie parece dispuesto a responder a unas cuantas preguntas muy sencillas.
¿Qué ha acordado exactamente Pedro Sánchez con el Reino Unido de Gran Bretaña?
¿Qué obligaciones asume España?
¿Qué conserva el Reino Unido?
¿Quién ejercerá realmente el control de la frontera?
¿Quién pagará los nuevos gastos?
¿Qué cambia respecto de la situación anterior?
Y, sobre todo, ¿qué obtiene España a cambio?
Hasta ahora, el Gobierno ha preferido hablar de las ventajas de eliminar la Verja antes que explicar el contenido íntegro de los acuerdos alcanzados.
Y una democracia seria no puede funcionar de esa manera.
Porque los asuntos de Estado no se despachan mediante notas de prensa ni campañas de propaganda.
Se explican.
Se debaten.
Y se someten al control de las Cortes Generales.
La soberanía nacional no pertenece al presidente del Gobierno
Hay una costumbre que comienza a resultar preocupante.
Cada vez con mayor frecuencia, los grandes asuntos nacionales parecen resolverse mediante reuniones discretas, declaraciones institucionales y acuerdos cuyo contenido sólo se conoce parcialmente.
Después llegan las fotografías.
Los apretones de manos.
Los comunicados cuidadosamente redactados.
Y asunto concluido.
Pero no.
En España la soberanía nacional no pertenece al presidente del Gobierno.
Ni al Consejo de Ministros.
Ni mucho menos a quienes negocian en nombre del Estado.
La Constitución es meridianamente clara.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, representado por las Cortes Generales.
Por eso resulta difícil comprender que unos acuerdos que afectan a Gibraltar —una cuestión que España mantiene abierta desde el Tratado de Utrecht de 1713— no hayan sido objeto de un debate amplio, público y detallado en el Congreso de los Diputados.
Porque aquí no se está hablando de abrir una carretera o de modificar el horario de una oficina.
Se está hablando de una parte del territorio cuya recuperación constituye desde hace siglos una posición constante del Estado español.
Y eso exige algo más que un titular optimista.
Exige transparencia.
Exige explicaciones.
Exige control parlamentario.
¿Qué celebran exactamente?
El Gobierno insiste en presentar la desaparición de la Verja como un éxito diplomático de primera magnitud.
Muy bien.
Pero conviene separar los símbolos de la realidad.
Que desaparezca una barrera física puede facilitar la vida diaria de miles de trabajadores y residentes.
Eso nadie lo discute.
La cuestión es otra muy distinta.
¿Desaparece también el dominio británico sobre Gibraltar?
La respuesta, hasta donde hoy se conoce, parece evidente.
No.
La bandera británica continúa ondeando sobre el Peñón.
La base militar británica permanece.
La Marina Real continúa utilizando el puerto.
El aeropuerto sigue bajo control británico.
Las autoridades de Gibraltar continúan ejerciendo sus funciones.
Entonces surge una pregunta inevitable.
¿Qué ha cedido realmente el Reino Unido?
Porque, si todo eso permanece igual, resulta lógico preguntarse si quien asume nuevas obligaciones no será precisamente España.
Y esa es una cuestión que merece una respuesta clara, documentada y completa.
No un eslogan.
No una fotografía.
No otro ejercicio de propaganda.
Si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué no se explica?
Existe un viejo principio político que rara vez falla.
Cuando un Gobierno está orgulloso de una decisión, procura explicarla hasta el último detalle.
Cuando, por el contrario, abundan las frases ambiguas, los comunicados cuidadosamente redactados y las respuestas evasivas, lo normal es que existan aspectos que se prefiere mantener en segundo plano.
Eso parece ocurrir también con Gibraltar.
El Gobierno asegura que estamos ante un acuerdo magnífico.
Entonces, ¿qué dificultad existe para publicarlo íntegramente?
¿Por qué no comparece el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados y responde, una por una, a todas las preguntas de los representantes de la soberanía nacional?
No debería resultar tan complicado.
Bastaría con responder, sin rodeos, a cuestiones muy sencillas.
¿Quién ejercerá los controles fronterizos?
¿Quién pagará esos controles?
¿Quién sostendrá las nuevas instalaciones?
¿Qué funciones desempeñarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas?
¿Qué competencias conserva el Reino Unido?
¿Qué competencias asume España?
¿Qué ocurre con la reclamación histórica de la soberanía española sobre Gibraltar?
Y, sobre todo, ¿qué contraprestación obtiene España?
Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, toda celebración resulta, cuando menos, precipitada.
La factura siempre termina llegando
Hay otra costumbre muy española.
Primero se anuncian los grandes acuerdos.
Después llegan los gastos.
Y, finalmente, aparece el contribuyente.
Porque todo cuesta dinero.
Los edificios cuestan dinero.
Los controles aduaneros cuestan dinero.
Los sistemas informáticos cuestan dinero.
Las embarcaciones cuestan dinero.
Los vehículos cuestan dinero.
Los guardias civiles, policías nacionales, funcionarios de Aduanas y demás empleados públicos cobran un sueldo.
Nada de eso aparece por generación espontánea.
Si España asume nuevas obligaciones, alguien tendrá que financiarlas.
Y ese alguien vuelve a ser, como casi siempre, el contribuyente español.
Por eso conviene formular otra pregunta.
¿Cuánto costará todo esto?
No una estimación aproximada.
No una cifra orientativa.
Una memoria económica completa.
Porque los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto dinero compromete el Gobierno en un acuerdo internacional.
Mucho ruido con la Verja… y muy pocas preguntas sobre el Peñón
Desde que se anunció el acuerdo, casi toda la atención se ha concentrado en la desaparición de la Verja.
Como si la Verja fuera el verdadero problema.
Pero la Verja nunca fue el fondo de la cuestión.
Era únicamente un símbolo.
El problema siempre ha sido otro.
La soberanía.
Porque la Verja puede desaparecer mañana mismo.
Y, sin embargo, Gibraltar continuará siendo administrado por el Reino Unido.
La base militar seguirá allí.
Los submarinos británicos continuarán entrando en el puerto.
La Royal Navy continuará utilizando sus instalaciones.
La bandera británica seguirá ondeando sobre el Peñón.
Entonces cabe preguntarse qué ha cambiado realmente.
Porque los símbolos tienen importancia.
Pero la soberanía tiene mucha más.
El silencio de la oposición también merece explicación
Tan sorprendente como el comportamiento del Gobierno resulta la actitud de la oposición.
El Partido Popular y VOX han formulado críticas.
Han publicado comunicados.
Han concedido entrevistas.
Pero eso no basta.
La función constitucional de la oposición consiste en controlar al Gobierno.
Y controlar significa exigir responsabilidades.
No limitarse a emitir notas de prensa.
Si consideran que el acuerdo perjudica a España, deberían actuar con la misma energía con la que denuncian otros asuntos.
Solicitar la comparecencia inmediata del presidente del Gobierno.
Exigir la publicación íntegra de todos los acuerdos.
Pedir todos los informes jurídicos.
Reclamar la memoria económica.
Promover un debate específico en el Congreso.
Obligar al Gobierno a responder públicamente.
Eso es ejercer la oposición.
Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en simple teatro parlamentario.
Gibraltar no admite improvisaciones
Conviene recordar algo que parece olvidarse con demasiada frecuencia.
Gibraltar no constituye un problema surgido ayer.
España mantiene desde hace más de tres siglos una reclamación permanente sobre la soberanía del Peñón.
Han pasado gobiernos de todos los colores.
Han cambiado reyes.
Han cambiado constituciones.
Ha cambiado incluso el mapa político de Europa.
Sin embargo, la posición oficial española había mantenido una notable continuidad.
Precisamente por eso cualquier acuerdo relativo a Gibraltar debería examinarse con lupa.
Sin precipitaciones.
Sin triunfalismos.
Y, sobre todo, sin ocultar información a los ciudadanos.
Porque cuando se trata de cuestiones de Estado, la primera obligación de un Gobierno consiste en decir toda la verdad.
No únicamente la parte que cabe en un titular o en una fotografía oficial.
Cuando el Estado desaparece, otros ocupan su lugar
Existe un principio muy antiguo en política.
La naturaleza aborrece el vacío.
Y el poder también.
Cuando el Estado retrocede, siempre aparece alguien dispuesto a ocupar el espacio que deja libre.
En el Campo de Gibraltar esa lección se conoce demasiado bien.
Durante décadas aquella comarca ha soportado una presión constante del contrabando, del narcotráfico, del blanqueo de dinero y de otras formas de delincuencia organizada.
Guardias civiles, policías nacionales, Vigilancia Aduanera y jueces lo saben mejor que nadie.
Por eso sorprende que, mientras el Gobierno presenta este acuerdo como un éxito diplomático, apenas se hable de las consecuencias que puede tener sobre la vigilancia de una de las fronteras más sensibles de Europa.
Porque una frontera no es solamente una línea pintada sobre un mapa.
Es también un instrumento de control.
Control de mercancías.
Control de personas.
Control sanitario.
Control fiscal.
Control policial.
Y cuando se modifica ese sistema resulta obligado explicar con absoluta claridad cómo funcionará el nuevo.
No basta con decir que «todo seguirá igual».
Hay que demostrarlo.
Las preguntas incómodas
Sería deseable que el Gobierno respondiera, una por una, a cuestiones tan elementales como éstas.
¿Quién decidirá qué personas pueden entrar o salir?
¿Quién inspeccionará las mercancías?
¿Quién perseguirá el contrabando?
¿Quién controlará los movimientos de capital?
¿Cómo se coordinarán las policías española, gibraltareña y británica?
¿Qué ocurrirá si surge un conflicto de competencias?
¿Quién tendrá la última palabra?
Porque las fronteras no funcionan mediante declaraciones de buena voluntad.
Funcionan mediante normas claras.
Y esas normas deben ser conocidas por todos.
Los grandes olvidados: los guardias civiles
Mientras ministros, comisarios europeos y diplomáticos intercambian sonrisas, existe otro grupo de personas que apenas aparece en las fotografías.
Los guardias civiles destinados durante años en la Verja.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha denunciado públicamente una situación que merece, como mínimo, una explicación.
Según esa organización profesional, numerosos agentes desconocían hasta fechas muy recientes cuál iba a ser exactamente su destino, dónde prestarían servicio y en qué condiciones desarrollarían su trabajo.
También denunciaba que las nuevas instalaciones no estaban completamente terminadas y que persistían numerosas incertidumbres.
Si tales denuncias son correctas, resulta difícil comprender cómo puede presentarse como modélico un proceso cuya organización suscita tantas dudas entre quienes deberán hacerlo funcionar cada día.
Porque los guardias civiles no son piezas intercambiables de un tablero burocrático.
Son servidores públicos.
Merecen información.
Merecen respeto.
Y merecen que nadie juegue con su futuro profesional para obtener una fotografía de éxito diplomático.
¿Y si dentro de unos años descubrimos que el negocio era para otros?
En España existe una curiosa costumbre.
Los acuerdos internacionales siempre se presentan como una victoria.
Nunca como una concesión.
Jamás como una renuncia.
Siempre ganamos.
Siempre avanzamos.
Siempre inauguramos una nueva etapa.
Sin embargo, la experiencia aconseja cierta prudencia.
Los verdaderos efectos de un acuerdo no suelen apreciarse el día de su firma o de su anuncio.
Aparecen con el paso del tiempo.
Cuando comienzan a aplicarse.
Cuando llegan las facturas.
Cuando aparecen los problemas imprevistos.
Cuando se descubren las lagunas.
Entonces desaparecen los discursos triunfalistas.
Y quienes presentaban el acuerdo como un éxito ya ocupan otros cargos o han abandonado la política.
Por eso conviene formular desde ahora todas las preguntas.
No después.
Ahora.
Porque una vez asumidos determinados compromisos internacionales, deshacerlos suele resultar extraordinariamente difícil.
Gibraltar merece algo más que propaganda
El Gobierno tiene perfecto derecho a defender los acuerdos que considere beneficiosos para España.
Lo que no resulta aceptable en una democracia parlamentaria es pretender que los ciudadanos los acepten sin conocer todos sus términos.
Ni la propaganda sustituye a la información.
Ni los titulares sustituyen a los documentos.
Ni las fotografías sustituyen al debate parlamentario.
Y mucho menos cuando se trata de Gibraltar.
Un territorio cuya recuperación ha formado parte de la política exterior española durante más de trescientos años.
No parece excesivo pedir que los españoles sepan exactamente qué se ha acordado en su nombre.
Ni parece desproporcionado exigir que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados para explicarlo.
Al contrario.
Eso constituye la esencia misma de la democracia representativa.
Una simple comparecencia bastaría para despejar todas las dudas
En realidad, todo este debate podría resolverse en una sola mañana.
Bastaría con que el presidente del Gobierno compareciera en el Congreso de los Diputados.
Sin prisas.
Sin propaganda.
Con todos los documentos sobre la mesa.
Que explicara qué se ha acordado.
Qué obligaciones asume España.
Qué mantiene el Reino Unido.
Qué coste tendrá para los contribuyentes.
Y qué obtiene nuestra nación a cambio.
Si el acuerdo es tan beneficioso como asegura el Gobierno, esa comparecencia reforzaría su posición.
Si, por el contrario, se evita cualquier explicación detallada, serán los propios ciudadanos quienes extraigan sus conclusiones.
Porque en democracia la transparencia nunca perjudica a un buen acuerdo.
Lo que perjudica es el oscurantismo.
El silencio también tiene consecuencias
Tan preocupante como el comportamiento del Gobierno resulta el de la oposición.
El control parlamentario no consiste únicamente en intervenir durante la sesión de control de los miércoles.
Ni en publicar mensajes en las redes sociales.
Ni en conceder entrevistas.
Consiste, sobre todo, en obligar al Gobierno a rendir cuentas.
Por eso resulta difícil comprender que un asunto de esta importancia no haya provocado todavía un gran debate parlamentario.
Si PP y VOX consideran que el acuerdo perjudica a España, disponen de instrumentos suficientes para exigir explicaciones públicas.
Y si no los utilizan, muchos ciudadanos acabarán preguntándose por qué.
Epílogo. Gibraltar merece algo más que un titular
La desaparición de la Verja puede tener un enorme valor simbólico.
Pero los símbolos nunca sustituyen a la realidad.
La realidad está escrita en los acuerdos.
En las obligaciones asumidas.
En los gastos comprometidos.
En las competencias que se ejercen.
Y en las consecuencias que aparecerán con el paso del tiempo.
Por eso la pregunta sigue siendo la misma con la que comenzábamos este artículo.
¿Qué ha acordado exactamente Pedro Sánchez con el Reino Unido de Gran Bretaña sobre Gibraltar?
Mientras esa pregunta no reciba una respuesta completa, documentada y debatida en el Congreso de los Diputados, seguirán existiendo razones para la duda.
Porque la soberanía nacional no pertenece a ningún gobierno.
Pertenece a todos los españoles.
Y lo mínimo que éstos pueden exigir es saber qué se acuerda en su nombre.
