Lo que no se cuenta acaba dejando de existir.
¿Quién decide de qué debemos preocuparnos?
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Resumen para lectores con prisas
¿Quién decide de qué debemos preocuparnos, de qué debemos ocuparnos, sobre qué debemos pensar y qué opinión terminaremos formando?
Cada año los españoles asistimos al mismo ritual.
Se hace balance de las mujeres asesinadas por sus esposos, exesposos, novios, exnovios…
Gobierno, partidos, asociaciones y grandes grupos de información dedican días enteros a analizar las cifras, reclamar nuevas medidas y anunciar más recursos económicos.
Toda víctima merece ese respeto.
Toda vida humana tiene el mismo valor.
Pero la pregunta es inevitable.
¿Por qué ese balance ocupa durante semanas el debate público mientras otros dramas mucho más frecuentes apenas reciben atención?
En España se suicidan cada año cerca de cuatro mil personas.
La inmensa mayoría son hombres.
Miles de ancianos sufren abandono o malos tratos.
Centenares de menores padecen abusos o mueren a manos de sus cuidadoras.
La siniestralidad laboral continúa causando cientos de muertos.
Sin embargo, ninguna de esas tragedias moviliza el mismo interés político, mediático e institucional.
No porque sean menos graves.
Sino porque no forman parte de las prioridades establecidas por quienes fijan la agenda pública.
Ésa constituye la verdadera cuestión.
No quién tiene razón.
Sino quién decide qué problemas merecen ocupar nuestra atención.
Porque la atención constituye hoy el recurso político más valioso.
Aquello de lo que se habla acaba pareciendo el principal problema del país.
Y aquello de lo que no se habla termina desapareciendo de la conciencia colectiva.
Así se construyen los relatos.
No siempre mediante la mentira.
Con frecuencia basta con repetir unos hechos hasta la saciedad y relegar otros al silencio.
Durante más de veinte años, la llamada «violencia de género» ha ocupado un lugar privilegiado en la legislación, las campañas institucionales, los presupuestos públicos y el debate político.
España ha desarrollado un modelo singular en Europa, con una categoría jurídica específica y una estructura administrativa dedicada exclusivamente a ese fenómeno.
Mientras tanto, otras formas de violencia han permanecido en un discreto segundo plano.
No porque produzcan menos sufrimiento.
Sino porque reciben menos atención.
Resulta especialmente llamativo que hace más de una década una amplia investigación promovida desde las instituciones públicas situara a España entre los países europeos más seguros para las mujeres, si no el que más.
Aquellas conclusiones apenas tuvieron repercusión.
No abrieron informativos.
No ocuparon portadas.
No modificaron el discurso dominante.
Cuando un dato confirma el relato, se difunde.
Cuando lo cuestiona, suele desaparecer con sorprendente rapidez.
Ésa es una de las enseñanzas más importantes de nuestro tiempo.
No hace falta prohibir las noticias.
Basta con decidir cuáles merecen ser repetidas y cuáles quedarán enterradas entre miles de páginas oficiales.
La selección de los hechos termina siendo tan importante como los propios hechos.
Las palabras también desempeñan un papel decisivo.
Nombrar un problema equivale a interpretarlo.
Y quien consigue imponer las palabras acaba condicionando la forma en que la sociedad entiende la realidad.
No es casualidad que España haya convertido la expresión «violencia de género» en uno de los conceptos políticos y jurídicos más repetidos de las últimas décadas, mientras la mayor parte de los países europeos emplean otras denominaciones.
El lenguaje nunca es neutral.
Moldea la percepción, orienta las políticas públicas y condiciona el debate.
Todo ello conduce a una reflexión más amplia.
Una sociedad libre no sólo necesita libertad para expresar opiniones.
Necesita disponer de información suficiente, plural y proporcionada para poder formarlas.
Cuando unas víctimas ocupan permanentemente el primer plano y otras permanecen invisibles; cuando unos problemas reciben miles de millones de euros y otros apenas unos minutos de atención; cuando unos informes se convierten en titulares y otros desaparecen sin dejar rastro, resulta legítimo preguntarse si las prioridades responden realmente a la gravedad de los hechos o a intereses políticos, ideológicos o económicos.
Al final, el mayor poder no consiste en decirnos qué debemos pensar.
Eso sería demasiado burdo.
El verdadero poder consiste en decidir de qué debemos preocuparnos, de qué debemos ocuparnos, sobre qué debemos pensar y qué opinión terminaremos formando.
Quien fija la agenda pública no sólo condiciona el debate.
Condiciona también las leyes, el reparto de los recursos y la percepción que una sociedad tiene de sí misma.
Porque, en definitiva, quien decide las preguntas condiciona también las respuestas.
Si quieres profundizar, saber más, sigue leyendo.
Lo que no se cuenta acaba dejando de existir.
¿Quién decide de qué debemos preocuparnos, de qué debemos ocuparnos, sobre qué debemos pensar y qué opinión terminaremos formando?
Todos los años asistimos al mismo ritual.
Hacia mediados de año aparecen los primeros balances.
¿Cuántas mujeres han sido asesinadas desde el 1 de enero por un esposo, exesposo, novio o exnovio?
Comienzan entonces las declaraciones.
Los comunicados oficiales.
Las comparecencias.
Las entrevistas.
Los debates.
Se habla de lacra, de vergüenza, de emergencia, de violencia estructural y de uno de los mayores problemas de España.
Se anuncian nuevas medidas.
Más leyes.
Más organismos.
Más campañas.
Más subvenciones.
Más dinero.
Y cuando diciembre toca a su fin, el ritual vuelve a repetirse.
Se hace el balance definitivo del año.
Se comparan las cifras con las del año anterior.
Se insiste en que todavía queda mucho por hacer.
Se anuncian nuevas iniciativas.
Y el ciclo vuelve a comenzar.
Nadie discute que cada una de esas mujeres merece ser recordada.
Nadie discute que cada uno de esos asesinatos constituye un crimen execrable.
Nadie discute que sus autores deben recibir el máximo reproche moral y penal.
Pero, precisamente porque hablamos de vidas humanas, conviene hacerse una pregunta que casi nadie formula.
¿Por qué sólo se hace balance de unas muertes y no de otras?
Porque, mientras se cuentan una y otra vez esas víctimas, casi nadie recuerda que, durante esos mismos años, miles de españoles se han quitado la vida.
En 2024, fueron asesinadas 49 mujeres por un esposo, exesposo, novio o exnovio.
Ese mismo año 3.953 personas se suicidaron.
2.941 eran hombres.
En 2025, las cifras apenas cambiaron.
48 mujeres murieron asesinadas por un esposo, exesposo, novio o exnovio.
Ese mismo año 3.808 personas decidieron poner fin a su vida.
2.784 eran hombres.
Durante esos dos años, 5.725 hombres se suicidaron.
Sin embargo, nadie realizó un balance semestral de ellos.
Nadie abrió los informativos con sus nombres.
Nadie dedicó semanas enteras a preguntarse qué estaba ocurriendo.
Y no se trata únicamente del suicidio.
Cada año miles de españoles mueren como consecuencia de caídas.
Centenares fallecen en accidentes laborales.
Miles pierden la vida en accidentes de tráfico.
Muchos otros fallecen por causas evitables relacionadas con enfermedades, adicciones o errores humanos.
Todos dejan una silla vacía en la mesa.
Todos dejan padres.
Hijos.
Hermanos.
Amigos.
Sin embargo, muy pocos ocupan un lugar estable en la conversación pública.
Aquí aparece la cuestión fundamental.
No se trata de discutir si unas víctimas merecen más compasión que otras.
Todas la merecen.
La pregunta es otra.
¿Quién decide qué tragedias ocupan durante meses las portadas, los discursos políticos y las campañas institucionales, mientras otras apenas sobreviven unas horas en una breve noticia?
Porque esa decisión no la toman las estadísticas.
Las estadísticas sólo cuentan.
La toman quienes poseen la capacidad de fijar la agenda pública.
Los gobiernos.
Los partidos políticos.
Los grandes grupos de información.
Las empresas demoscópicas.
Las organizaciones subvencionadas.
Y cuantos viven, directa o indirectamente, de mantener determinadas causas en el centro del debate político y social.
A partir de ese momento todo se pone en marcha.
Se redactan leyes.
Se crean observatorios.
Se nombran directores generales.
Se contratan asesores.
Se financian asociaciones.
Se organizan congresos.
Se elaboran materiales didácticos.
Se lanzan campañas publicitarias.
Se destinan cientos de millones de euros.
Todo ello presentado bajo un propósito aparentemente irreprochable.
Combatir una injusticia.
Proteger a las víctimas.
Erradicar una lacra.
Pero precisamente porque los fines se presentan como nobles, conviene examinar también los medios.
Y, sobre todo, preguntarse si las prioridades de un país deben establecerse según la gravedad objetiva de los problemas o según la utilidad política, ideológica, económica o propagandística que algunos puedan obtener de ellos.
Ésa es la reflexión que da origen a estas páginas.
No pretenden restar importancia a ninguna víctima.
Pretenden preguntarse por qué unas ocupan el centro permanente del escenario mientras otras desaparecen del horizonte colectivo casi en silencio.
Porque una sociedad que deja que otros decidan de qué debe preocuparse acaba dejando también que otros decidan qué pensar, qué sentir y qué ignorar.
Del problema al negocio político
Las sociedades no hablan espontáneamente de unos asuntos y olvidan otros.
Siempre hay alguien que establece el orden del día.
Siempre hay alguien que decide qué merece ocupar la portada, abrir un informativo o monopolizar una tertulia.
Ese poder es mucho mayor de lo que parece.
Quien consigue que un asunto ocupe diariamente la atención de millones de personas termina influyendo también en aquello que esas personas consideran importante.
Así se fabrica la agenda pública.
Primero se identifica un problema.
Después se insiste en él día tras día.
Se repiten las mismas imágenes.
Las mismas palabras.
Las mismas cifras.
Las mismas historias.
Llega un momento en que la sociedad deja de preguntarse si realmente ése es el principal problema del país.
Simplemente lo da por supuesto.
El siguiente paso resulta casi automático.
Si el problema es enorme, hacen falta soluciones enormes.
Se aprueban nuevas leyes.
Se crean organismos.
Se nombran directores, asesores y comisiones.
Se financian asociaciones.
Se organizan congresos.
Se editan manuales.
Se imparten cursos.
Se lanzan campañas publicitarias.
Y, naturalmente, llegan nuevas partidas presupuestarias.
Cada año más dinero.
Cada año más personal.
Cada año más estructura administrativa.
Todo ello se presenta como una empresa noble.
¿Quién podría oponerse a luchar contra un asesinato?
¿Quién podría mostrarse contrario a proteger a las víctimas?
Nadie.
Y precisamente por eso conviene formular la pregunta que casi nunca se plantea.
¿Cómo se decide qué problemas justifican semejante despliegue de recursos públicos y cuáles no?
Porque el dinero es limitado.
Cada euro destinado a un programa deja de destinarse a otro.
Cada funcionario incorporado a una oficina no trabaja en otra.
Cada campaña institucional desplaza otras campañas posibles.
Gobernar consiste, precisamente, en elegir.
Y elegir obliga a establecer prioridades.
La cuestión es saber con qué criterio se fijan.
¿Con arreglo al número de víctimas?
¿Al coste humano?
¿Al coste económico?
¿A la posibilidad real de prevenir el problema?
¿O a la utilidad política que ofrece?
La experiencia demuestra que no siempre coinciden.
Hay problemas relativamente poco frecuentes que reciben una atención extraordinaria.
Y hay tragedias que afectan a miles de familias y apenas sobreviven unas horas en la actualidad.
Ése es el terreno en el que conviene detenerse.
No para enfrentar unas desgracias con otras.
Sería una indecencia.
Sino para comprobar si el criterio utilizado para repartir la atención, los recursos y el dinero público responde realmente al interés general.
Porque, cuando un problema permanece durante años en el centro del debate, alrededor de él acaba formándose todo un ecosistema.
Departamentos administrativos.
Fundaciones.
Observatorios.
Institutos.
Asociaciones.
Empresas de formación.
Consultoras.
Empresas de publicidad.
Subvenciones.
Contratos.
Convenios.
Miles de personas terminan viviendo, directa o indirectamente, de esa causa.
Y entonces aparece un fenómeno conocido en Economía y en Ciencia Política.
Toda estructura tiende a perpetuarse.
Toda organización procura justificar su propia existencia.
Todo presupuesto aspira a crecer.
Y toda burocracia encuentra razones para ampliar sus competencias.
No hace falta imaginar conspiraciones.
Basta comprender cómo funcionan los incentivos.
Cuando muchas personas dependen de que un problema siga ocupando el primer plano, desaparece cualquier estímulo para reconocer que ese problema ha disminuido o que existen otros más graves que reclaman mayor atención.
Ése es el motivo por el que conviene desconfiar siempre de quienes viven de administrar un problema.
No porque necesariamente actúen de mala fe.
Sino porque los incentivos rara vez empujan en la dirección de reducir aquello de lo que depende su propio sustento.
Y aquí aparece otra pregunta incómoda.
¿Cuánto dinero público se ha destinado durante los últimos veinte años a combatir determinadas causas?
¿Qué resultados objetivos se han obtenido?
¿Quién ha evaluado esos resultados?
¿Qué organismos se han suprimido porque ya habían cumplido su misión?
La respuesta resulta tan llamativa como inquietante.
Casi nunca desaparece nada.
Lo normal es exactamente lo contrario.
Cada año aparecen nuevos organismos.
Nuevas oficinas.
Nuevos observatorios.
Nuevos planes estratégicos.
Nuevos cargos.
Nuevos presupuestos.
Como si el éxito de una política no consistiera en resolver un problema, sino en convertirlo en permanente.
Y precisamente por eso conviene volver al principio.
A las cifras.
Porque los números no cobran subvenciones.
No votan.
No hacen propaganda.
No necesitan justificar un presupuesto.
Simplemente cuentan lo que ocurre.
Y, a veces, cuentan una historia muy distinta de la que escuchamos todos los días.
iga el dinero
Existe una vieja recomendación utilizada por jueces, investigadores y periodistas de investigación.
«Siga el dinero.»
Con frecuencia, el dinero explica mejor que los discursos lo que realmente está ocurriendo.
Cada vez que una causa consigue instalarse en el centro del debate público, comienza a crecer toda una estructura alrededor de ella.
Primero aparecen los organismos públicos.
Después llegan los observatorios.
Las oficinas.
Los institutos.
Las direcciones generales.
Los asesores.
Las fundaciones.
Las asociaciones.
Las campañas publicitarias.
Los cursos obligatorios.
Los congresos.
Los estudios.
Las subvenciones.
Los contratos.
Las consultorías.
Las empresas de formación.
Y, naturalmente, los presupuestos.
Muchos presupuestos.
Año tras año.
No hablamos de unos pocos miles de euros.
Hablamos de cientos de millones.
En ocasiones, de miles de millones.
Y cuando una actividad mueve semejantes cantidades de dinero, deja de ser únicamente una política pública.
Se convierte también en un modo de vida para miles de personas.
No es un juicio moral.
Es una constatación.
Hay funcionarios cuya carrera profesional depende de esa estructura.
Hay asociaciones cuya supervivencia depende de las subvenciones.
Hay empresas que viven de impartir cursos.
Hay consultoras que elaboran informes.
Hay agencias que diseñan campañas.
Hay despachos que asesoran a las administraciones.
Hay expertos cuya presencia permanente en los medios de información depende de que el asunto nunca desaparezca de la actualidad.
Todo ello forma un ecosistema.
Y todos los ecosistemas tienen una característica común.
Tienden a conservarse.
A crecer.
A defenderse.
Rara vez a desaparecer.
Por eso resulta tan difícil encontrar organismos públicos que cierren sus puertas porque ya han cumplido su misión.
Lo habitual es exactamente lo contrario.
Cada año aparece una nueva oficina.
Un nuevo observatorio.
Un nuevo plan estratégico.
Una nueva campaña.
Un nuevo cargo.
Un nuevo presupuesto.
Como si el éxito consistiera en aumentar continuamente la estructura y no en reducir el problema.
No hace falta imaginar conspiraciones.
Basta comprender algo tan antiguo como la naturaleza humana.
Cuando el sueldo, el prestigio o el poder de muchas personas dependen de la existencia de un problema, desaparecen los incentivos para reconocer que ese problema disminuye.
Y aparecen, por el contrario, fuertes incentivos para presentarlo como permanente, creciente o insuficientemente atendido.
No significa necesariamente que alguien mienta.
Significa que los incentivos rara vez empujan en dirección contraria a los propios intereses.
Ésta es una de las enseñanzas más importantes de la Economía.
Las personas responden a incentivos.
También los políticos.
También los funcionarios.
También las asociaciones.
También las empresas.
También quienes viven de informar.
Y precisamente por eso resulta indispensable someter cualquier política pública a una evaluación periódica.
¿Cuánto dinero se ha gastado?
¿Qué objetivos concretos se fijaron?
¿Qué resultados se han obtenido?
¿Qué medidas han funcionado?
¿Cuáles han fracasado?
¿Qué organismos pueden desaparecer porque ya no son necesarios?
En España esas preguntas casi nunca se formulan.
Los presupuestos aumentan.
Las estructuras crecen.
Las competencias se amplían.
Pero las evaluaciones independientes brillan por su ausencia.
Y cuando alguien se atreve a preguntar por la eficacia de determinadas políticas, con demasiada frecuencia recibe una descalificación en lugar de una respuesta.
Ése constituye uno de los mayores síntomas de deterioro de una sociedad.
Cuando hacer preguntas comienza a resultar incómodo.
Cuando pedir cuentas se interpreta como una agresión.
Cuando discutir el destino del dinero público parece un acto de deslealtad.
En ese momento deja de buscarse la verdad.
Se busca proteger un relato.
Y los relatos, por muy nobles que parezcan, nunca deberían situarse por encima de los hechos.
Cuando una causa se convierte en una industria
Las causas nobles existen.
Y deben existir.
Combatir el crimen.
Ayudar a los enfermos.
Proteger a los menores.
Atender a las personas con discapacidad.
Prevenir el suicidio.
Reducir los accidentes.
Todo eso constituye una obligación de cualquier sociedad civilizada.
El problema aparece cuando una causa deja de ser únicamente una causa.
Y se convierte en una industria.
No una industria que fabrique automóviles o medicamentos.
Una industria que vive de administrar un problema.
Entonces cambian muchas cosas.
El objetivo deja de ser exclusivamente resolverlo.
Empieza a ser también mantener toda la estructura creada a su alrededor.
Porque esa estructura cuesta dinero.
Mucho dinero.
Y da trabajo a mucha gente.
Ministerios.
Consejerías.
Direcciones generales.
Observatorios.
Institutos.
Fundaciones.
Asociaciones.
Empresas de formación.
Consultoras.
Agencias de publicidad.
Gabinetes jurídicos.
Psicólogos.
Sociólogos.
Expertos.
Asesores.
Miles de personas.
Ninguna de ellas tiene necesariamente malas intenciones.
No hace falta.
Basta con comprender cómo funciona cualquier organización humana.
Toda organización procura sobrevivir.
Toda organización intenta crecer.
Toda organización considera insuficiente su presupuesto.
Y toda organización encuentra razones para justificar su continuidad.
Es una ley casi tan antigua como la propia Administración.
Por eso resulta extraordinariamente raro que un organismo público desaparezca porque ya ha cumplido su misión.
Lo normal es exactamente lo contrario.
Cada año solicita más competencias.
Más personal.
Más oficinas.
Más presupuesto.
Más capacidad de actuación.
Y ese crecimiento casi siempre se presenta como una necesidad moral.
«Todavía queda mucho por hacer.»
«Nunca es suficiente.»
«No podemos bajar la guardia.»
Son frases que cualquiera ha escuchado cientos de veces.
Y probablemente sean sinceras.
Pero también cumplen otra función.
Justificar que la estructura continúe creciendo.
Mientras tanto, muy pocos preguntan algo elemental.
¿Qué resultados se han obtenido?
No cuántos folletos se han repartido.
No cuántos cursos se han impartido.
No cuántos congresos se han celebrado.
No cuántas oficinas se han inaugurado.
No cuántos funcionarios o asesores se han contratado.
La pregunta importante es mucho más sencilla.
¿Han disminuido los problemas que justificaron toda esa estructura?
Porque ésa debería ser la única medida del éxito.
No el tamaño del presupuesto.
No el número de empleados.
No la cantidad de campañas publicitarias.
Sino la reducción efectiva del problema.
Y aquí aparece otra anomalía.
En España casi nunca se evalúan las políticas públicas con ese criterio.
Se anuncian cantidades.
Se anuncian planes.
Se anuncian estrategias.
Se anuncian pactos.
Pero rara vez se presenta una auditoría independiente que responda con claridad a una pregunta muy simple.
¿Qué hemos conseguido exactamente después de gastar cientos o miles de millones de euros?
En cualquier empresa privada esa pregunta sería obligatoria.
Si después de veinte años el problema continúa prácticamente igual, nadie felicitaría al director.
Le pedirían explicaciones.
Y, probablemente, lo sustituirían.
En la Administración sucede con frecuencia lo contrario.
Cuando los resultados no llegan, la explicación suele ser siempre la misma.
Hace falta más dinero.
Más competencias.
Más personal.
Más campañas.
Más leyes.
Como si el fracaso demostrara la necesidad de ampliar aquello mismo que ha fracasado.
Ésta constituye una de las paradojas más llamativas del Estado contemporáneo.
Cuanto peores son los resultados, mayor suele ser la petición de recursos.
Y muy pocas veces alguien se atreve a plantear otra posibilidad.
Tal vez el problema no sea la falta de dinero.
Tal vez el problema sea el diagnóstico.
Porque ningún tratamiento puede curar una enfermedad que ha sido mal diagnosticada.
Y un diagnóstico equivocado conduce inevitablemente a políticas equivocadas, por muy nobles que sean las intenciones de quienes las impulsan.
La atención: el recurso más valioso del siglo XXI
Hace apenas unas décadas se decía que la información era poder.
Hoy esa afirmación se ha quedado pequeña.
La información abunda.
Lo que escasea es la atención.
Cada ciudadano dispone de veinticuatro horas al día.
No puede leer todos los periódicos.
No puede ver todos los informativos.
No puede escuchar todas las tertulias.
No puede seguir todas las redes sociales.
Tiene que seleccionar.
Y, precisamente por eso, quien consigue dirigir la atención de millones de personas adquiere un poder extraordinario.
No necesita convencerlas de todo.
Le basta con decidir de qué van a hablar.
Porque la inmensa mayoría de los ciudadanos no opina sobre todos los asuntos.
Opina sobre aquellos asuntos que llegan constantemente hasta ellos.
Lo que no aparece acaba por no existir.
Lo que no se menciona termina desapareciendo del debate público.
No porque carezca de importancia.
Sino porque nadie lo recuerda.
Ésa constituye una de las formas más eficaces de ejercer el poder.
No consiste en prohibir hablar de un problema.
Basta con conseguir que casi nadie hable de él.
Mientras tanto, otro asunto ocupa diariamente las portadas, los informativos, las tertulias y las campañas institucionales.
Al cabo de unos meses, la mayoría de los ciudadanos acaba convencida de que ése es el principal problema del país.
No porque haya comparado datos.
No porque haya estudiado estadísticas.
Sino porque es el asunto del que todo el mundo habla.
La repetición produce un efecto poderoso.
Lo que se repite acaba pareciendo más frecuente.
Más grave.
Más cercano.
Más urgente.
Aunque las cifras objetivas no siempre respalden esa percepción.
La Psicología conoce bien este mecanismo.
Nuestro cerebro concede mucha más importancia a aquello que recuerda con facilidad que a aquello que apenas aparece ante nuestros ojos.
Por eso un hecho repetido cientos de veces en los medios de información puede parecer mucho más frecuente que otro objetivamente muy superior, pero apenas mencionado.
No se manipulan necesariamente los datos.
Se seleccionan.
Y seleccionar también significa influir.
Porque toda portada excluye otras noticias.
Todo minuto dedicado a un asunto deja sin ese minuto a otro.
Toda campaña institucional desplaza otras campañas posibles.
Toda prioridad implica renunciar a otra.
Ésa es una realidad ineludible.
El tiempo.
El dinero.
La atención.
Todo es limitado.
Por eso resulta tan importante preguntarse quién establece las prioridades.
No sólo porque influye sobre lo que pensamos.
También porque influye sobre el destino de miles de millones de euros de dinero público.
Un problema que ocupa permanentemente la conversación nacional termina recibiendo leyes específicas.
Organismos específicos.
Presupuestos específicos.
Subvenciones específicas.
Personal específico.
Mientras tanto, otros problemas permanecen prácticamente invisibles.
No porque hayan desaparecido.
Sino porque nadie los mantiene en el escaparate.
Y aquí aparece una pregunta incómoda.
¿Quién decide qué ocupa ese escaparate?
La respuesta oficial suele ser tranquilizadora.
Se afirma que son los medios de información quienes seleccionan las noticias según su importancia.
Pero la realidad resulta bastante más compleja.
Los gobiernos poseen gabinetes de comunicación.
Los partidos políticos elaboran diariamente consignas y argumentarios.
Las administraciones distribuyen notas de prensa.
Convocan ruedas de prensa.
Organizan actos.
Presentan informes.
Anuncian planes.
Los grandes grupos de información seleccionan después qué merece abrir una portada, cuánto espacio recibe cada asunto y cuánto tiempo permanece en la conversación pública.
No hace falta una conspiración.
No hace falta una reunión secreta.
Ni siquiera hace falta que todos piensen igual.
Basta con que unos y otros compartan intereses, incentivos o marcos de interpretación semejantes.
El resultado salta a la vista.
Hay asuntos que permanecen durante semanas en la conversación nacional.
Otros desaparecen en apenas unas horas.
Y algunos jamás llegan a existir para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Cuando eso ocurre, la sociedad corre un riesgo evidente.
Confundir la actualidad con la importancia.
Creer que lo más repetido es necesariamente lo más grave.
Aceptar que las prioridades políticas deben fijarse por el volumen del ruido y no por la magnitud objetiva de los problemas.
Y ése constituye uno de los mayores peligros para una sociedad libre.
Porque una ciudadanía bien informada no es la que recibe más información.
Es la que recibe una información proporcionada, plural y suficiente para comparar, valorar y sacar sus propias conclusiones.
Cuando esa proporción desaparece, también empieza a debilitarse la libertad de juicio.
Y una sociedad que pierde la capacidad de distinguir entre lo importante y lo accesorio acaba aceptando, casi sin darse cuenta, que otros piensen por ella.
Creo que el siguiente paso debe responder a una objeción que muchos lectores se estarán haciendo.
«¿Está usted diciendo que esas tragedias no son importantes?»
No.
Justamente lo contrario.
Todas las víctimas merecen el mismo respeto
Existe una trampa intelectual que aparece con frecuencia en cualquier debate público.
Consiste en atribuir al adversario una idea que nunca ha defendido.
Si alguien pregunta por qué determinadas tragedias reciben una atención desproporcionada, enseguida aparece quien responde:
—Entonces usted está quitando importancia a esas víctimas.
No.
Ésa no es la cuestión.
Toda víctima merece respeto.
Toda muerte injusta constituye una tragedia.
Toda familia destrozada merece apoyo.
Sin excepciones.
Precisamente por eso resulta tan difícil comprender que unas víctimas parezcan pertenecer a una categoría superior y otras apenas reciban atención.
La compasión no debería administrarse por decreto.
Ni depender de la repercusión política del momento.
El dolor de una madre que pierde a su hija asesinada no vale más que el de otra madre cuyo hijo se ha suicidado.
El sufrimiento de un niño que pierde a su padre en un accidente laboral no es menor que el de otro que pierde a su madre asesinada.
El vacío que deja una persona fallecida no entiende de estadísticas.
Ni de ideologías.
Ni de campañas institucionales.
El dolor humano no admite jerarquías.
Las administraciones, en cambio, sí establecen prioridades.
Y tienen la obligación de hacerlo.
No pueden dedicar los mismos recursos a todos los problemas.
Pero precisamente porque administran dinero que pertenece a todos los ciudadanos, están obligadas a explicar por qué destinan más recursos a unas causas que a otras.
Y esa explicación debe apoyarse en criterios objetivos.
No en emociones.
No en consignas.
No en intereses partidistas.
Cuando el reparto de recursos deja de obedecer a criterios verificables, aparece la arbitrariedad.
Y la arbitrariedad constituye el primer paso hacia la injusticia.
Porque tratar de forma distinta situaciones semejantes exige una justificación sólida.
Si esa justificación no existe, la desigualdad deja de ser razonable.
Se convierte en privilegio.
Por eso conviene distinguir siempre dos planos diferentes.
El plano moral.
Y el plano político.
Desde el punto de vista moral, todas las víctimas poseen la misma dignidad.
No hay víctimas de primera y de segunda.
No hay muertos importantes y muertos olvidables.
No hay familias cuyo sufrimiento merezca mayor consideración que otras.
Desde el punto de vista político, en cambio, los recursos son limitados.
Y precisamente por eso las prioridades deben responder a criterios transparentes.
Si un gobierno considera que un problema merece una inversión extraordinaria, debe explicar por qué.
Debe demostrar que esa inversión resulta proporcionada.
Debe fijar objetivos concretos.
Debe rendir cuentas.
Y debe aceptar que los ciudadanos examinen los resultados.
Ésa es la esencia de cualquier gestión responsable.
Lo contrario consiste en convertir determinadas políticas en dogmas.
Y un dogma posee una característica muy sencilla.
No admite preguntas.
Quien pregunta molesta.
Quien duda incomoda.
Quien solicita cifras es acusado de insensibilidad.
Quien exige evaluaciones pasa a ser sospechoso.
Sin embargo, una sociedad libre funciona exactamente al revés.
Cuanto más dinero público se destina a una política, mayor debe ser el control.
Cuanto mayor sea el poder concedido a una Administración, mayor debe ser la exigencia de responsabilidad.
Y cuanto más noble se presente una causa, más necesario resulta comprobar si los medios empleados son eficaces y respetan los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad y buena administración.
Porque las buenas intenciones nunca han bastado para justificar una mala política.
La Historia está llena de ejemplos.
Y casi todos comenzaron proclamando un objetivo noble e indiscutible.
Hasta que alguien se atrevió a preguntar si los resultados estaban a la altura de las promesas.
Ése es, precisamente, el propósito de este ensayo.
No discutir la dignidad de las víctimas.
Esa discusión no existe.
Lo que debe discutirse es si las políticas públicas responden realmente al interés general o si, con el paso del tiempo, algunas han terminado convirtiéndose en instrumentos al servicio de intereses políticos, burocráticos o económicos ajenos al problema que decían combatir.
Porque en una democracia constitucional —o, más exactamente, en un Estado de Derecho— ninguna política pública debería quedar al margen del análisis crítico, de la evaluación objetiva y de la rendición de cuentas.
¿Quién vigila a quienes fijan las prioridades?
En toda sociedad organizada existe una pregunta que nunca pierde actualidad.
¿Quién controla a quienes ejercen el poder?
La cuestión no es nueva.
Hace más de dos mil años el poeta romano Juvenal la resumió en una frase que ha llegado hasta nosotros:
«¿Quién vigila a los vigilantes?»
La pregunta sigue siendo la misma.
Sólo han cambiado los protagonistas.
Hoy el poder no consiste únicamente en aprobar leyes o recaudar impuestos.
También consiste en decidir qué preocupa a la sociedad.
Qué problemas ocupan las portadas.
Qué asuntos desaparecen de la conversación pública.
Qué investigaciones reciben financiación.
Qué campañas institucionales se ponen en marcha.
Qué asociaciones reciben subvenciones.
Qué organismos nacen.
Y cuáles jamás llegarán a existir.
Ése es un poder inmenso.
Probablemente uno de los mayores poderes de nuestro tiempo.
Porque quien consigue decidir de qué habla una sociedad termina influyendo también en las decisiones que esa sociedad considera aceptables.
No hace falta imponer.
Basta con orientar.
No hace falta censurar.
Basta con seleccionar.
No hace falta prohibir una noticia.
Basta con ocultarla bajo una montaña de otras noticias.
Ésta constituye una forma de poder mucho más eficaz que la censura tradicional.
La censura provoca rechazo.
La selección pasa inadvertida.
El ciudadano cree haber llegado libremente a una conclusión.
Con frecuencia ignora que nunca tuvo acceso al conjunto de los hechos.
Sólo conoció aquellos que alguien decidió colocar delante de sus ojos.
Por eso resulta tan importante el pluralismo.
No como palabra de adorno.
Como garantía de libertad.
Una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que todos repiten el mismo discurso.
Es aquella en la que pueden convivir diagnósticos distintos, interpretaciones distintas y soluciones distintas.
Sin miedo.
Sin descalificaciones.
Sin convertir cualquier discrepancia en un delito moral.
Porque cuando una explicación deja de poder discutirse, deja también de pertenecer al terreno del conocimiento.
Empieza a convertirse en un dogma.
Y los dogmas poseen una enorme ventaja para quienes los administran.
Liberan de la obligación de demostrar.
Ya no hace falta convencer.
Basta con etiquetar.
El discrepante deja de ser un interlocutor.
Pasa a convertirse en un enemigo.
En un insensible.
En un reaccionario.
En un negacionista.
En un extremista.
Las palabras cambian según la época.
El procedimiento permanece.
Se desacredita a quien formula la pregunta para evitar responder a la pregunta.
Es una técnica muy antigua.
Y extraordinariamente eficaz.
Sin embargo, ninguna sociedad progresa castigando la duda.
La Ciencia avanza gracias a quienes dudan.
La Justicia mejora gracias a quienes recurren las sentencias.
La Medicina progresa porque alguien cuestiona tratamientos anteriores.
La Economía evoluciona porque nuevas ideas sustituyen a las viejas.
La libertad también depende de esa misma actitud.
Preguntar.
Comparar.
Comprobar.
Rectificar cuando los hechos obligan a hacerlo.
Por eso las políticas públicas no pueden convertirse en materias sagradas.
Ninguna.
Absolutamente ninguna.
Todas deben someterse al mismo examen.
Todas deben justificar el dinero que reciben.
Todas deben demostrar los resultados obtenidos.
Todas deben aceptar la crítica.
Y todas deben desaparecer cuando dejan de cumplir la finalidad para la que fueron creadas.
Eso es administrar con responsabilidad.
Lo contrario consiste en crear estructuras permanentes que sobreviven a los gobiernos, aumentan cada año sus competencias y terminan desarrollando un interés propio, distinto del interés general.
Y cuando eso ocurre, el ciudadano deja de ser el destinatario de la Administración.
Empieza a convertirse en su financiador.
Y, en demasiadas ocasiones, también en su súbdito.
¿Quién fija las prioridades?
Los recursos son limitados.
También lo son el tiempo y la atención de los ciudadanos.
Por eso, gobernar consiste, en buena medida, en decidir qué problemas ocupan el primer lugar.
Esa decisión nunca es inocente.
Lo que ocupa las portadas acaba ocupando los debates.
Lo que domina los debates termina influyendo en las leyes.
Y las leyes determinan el destino de miles de millones de euros.
La pregunta es evidente:
¿Quién decide qué problemas merecen semejante atención?
Los gobiernos impulsan unas prioridades.
Los partidos políticos las convierten en discurso.
Los grandes grupos de información las difunden.
Y una parte de la sociedad acaba aceptándolas como si fueran el reflejo exacto de la realidad.
No hace falta ocultar los demás problemas.
Basta con hablar constantemente de unos pocos.
Porque aquello de lo que nadie habla acaba desapareciendo de la conciencia colectiva.
Ésa es una forma de poder mucho más eficaz que la censura.
No prohíbe.
Selecciona.
Y quien selecciona también influye.
Por eso una sociedad libre necesita ciudadanos que comparen datos, hagan preguntas y desconfíen de los relatos únicos.
Las prioridades públicas deben nacer de los hechos.
No de la propaganda.
No del interés electoral.
Y mucho menos del interés económico de quienes viven de administrar un determinado problema.
La realidad no cambia; cambia el foco
Dos personas pueden contemplar el mismo paisaje y describir dos mundos completamente distintos.
No porque una mienta y la otra diga la verdad.
Sino porque cada una dirige la mirada hacia un lugar diferente.
Con la información sucede exactamente lo mismo.
Un gobierno puede presumir de haber creado cientos de miles de empleos.
Y omitir que buena parte de ellos son temporales, a tiempo parcial o financiados con dinero público.
Otro puede destacar el crecimiento del producto interior bruto.
Y callar el aumento de la deuda.
Puede hablar del incremento de la recaudación.
Y silenciar que los ciudadanos pagan cada vez más impuestos.
Los datos existen.
Todos ellos.
La diferencia está en cuáles se muestran y cuáles permanecen en segundo plano.
Lo mismo ocurre con la delincuencia.
Con la educación.
Con la sanidad.
Con la vivienda.
Con la inmigración.
Con el desempleo.
Y con cualquier otro asunto de interés público.
Un mismo país puede parecer próspero o decadente, seguro o peligroso, libre o cada vez más intervenido, según el foco que se elija.
Por eso resulta tan importante desconfiar de las verdades incompletas.
Una media verdad puede resultar más engañosa que una mentira.
Porque conserva la apariencia de verdad.
El ciudadano prudente no debería conformarse nunca con un único dato.
Debe preguntarse siempre:
¿Qué información falta?
¿Qué cifras no me están mostrando?
¿Con qué otros datos debería comparar éstos?
Sólo entonces comienza a acercarse a la realidad.
Porque la realidad no cambia cuando cambia el discurso.
Lo único que cambia es el ángulo desde el que nos la enseñan.
Y quien controla ese ángulo posee una enorme capacidad para influir sobre la opinión pública.
Ésa es la razón por la que la libertad de información no consiste únicamente en poder publicar.
Consiste también en que los ciudadanos puedan acceder a perspectivas distintas, contrastar los hechos y formar su propio juicio.
Sin comparación no existe criterio.
Y sin criterio, la libertad termina convirtiéndose en una simple ilusión.
Porque quien sólo escucha una versión de los hechos acaba creyendo que no existe ninguna otra.
Ése constituye, quizá, el triunfo más completo de cualquier relato.
No cuando logra convencer a todos.
Sino cuando consigue que casi nadie se plantee hacer preguntas.
Cuando las palabras cambian la realidad
Las palabras nunca son inocentes.
Nombrar un problema de una manera o de otra no constituye una simple cuestión lingüística.
Es una forma de interpretarlo.
Y, en consecuencia, de orientar las soluciones.
Durante siglos se habló de homicidio, asesinato, lesiones, amenazas o coacciones.
Los jueces analizaban los hechos, las pruebas y la responsabilidad de cada acusado.
Con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 apareció en España una expresión prácticamente desconocida en el resto de Europa: «violencia de género».
No era únicamente una nueva denominación.
Era una nueva forma de explicar la violencia.
La agresión dejaba de interpretarse exclusivamente como el acto criminal de un individuo para presentarse como la manifestación de una desigualdad estructural entre hombres y mujeres.
A partir de ese momento cambió el lenguaje.
Y cuando cambia el lenguaje, cambia también la forma en que la sociedad contempla la realidad.
Los informativos dejaron de hablar simplemente de homicidios cometidos en el ámbito de la pareja.
Comenzaron a contabilizar «víctimas de violencia de género».
Las campañas institucionales, las estadísticas, los presupuestos y los organismos públicos empezaron a organizarse alrededor de esa nueva categoría.
Mientras tanto, otras formas de violencia continuaban existiendo.
Violencia contra ancianos.
Contra menores.
Contra hombres.
Entre hermanos.
Entre hijos y padres.
Entre parejas del mismo sexo.
Todas producen víctimas.
Todas destruyen vidas.
Pero ninguna ocupa el mismo espacio político, mediático e institucional.
Porque, en ocasiones, el poder no consiste en decidir qué debemos pensar.
Basta con decidir de qué debemos hablar.
Y quien consigue imponer las palabras termina condicionando también la manera en que una sociedad interpreta la realidad.
Ese es, quizá, el mayor triunfo de cualquier relato político. No necesita convencer a todo el mundo. Le basta con conseguir que todo el mundo utilice su mismo lenguaje.
El informe que desapareció
Hace ya más de una década ocurrió algo que hoy muy pocos recuerdan.
A instancias de organizaciones de mujeres y con la participación de las instituciones públicas españolas, se elaboró una amplia investigación sobre la violencia sufrida por las mujeres.
El resultado no coincidía con el discurso dominante.
Muy al contrario.
España aparecía situada entre los países más seguros de Europa para las mujeres y, según aquel estudio, ocupaba la mejor posición o una de las mejores en cuanto a la menor incidencia de esa violencia.
Cabría pensar que semejante conclusión habría sido motivo de satisfacción.
Que los responsables políticos la habrían destacado.
Que los informativos habrían abierto con ella.
Que periódicos, radios y televisiones la habrían analizado durante semanas.
No ocurrió así.
El informe apenas tuvo repercusión.
Desapareció de la conversación pública con una rapidez sorprendente.
En cambio, cada nuevo dato que reforzaba el relato de una España especialmente peligrosa para las mujeres recibía una cobertura mucho mayor.
No deja de resultar paradójico.
Si un país consigue situarse entre los más seguros para las mujeres, lo razonable sería estudiar las causas de ese éxito para consolidarlas y servir de ejemplo a otros.
Sin embargo, el reconocimiento de ese logro apenas encontró eco.
Porque, a veces, la realidad importa menos que el relato.
Y cuando un dato contradice el discurso dominante, deja de ser noticia.
No hace falta prohibir su publicación.
Basta con no darle difusión.
El silencio suele resultar mucho más eficaz que la censura.
Y esa es, precisamente, una de las características de las sociedades contemporáneas.
No siempre se manipula diciendo cosas falsas.
Con frecuencia basta con seleccionar cuidadosamente qué hechos merecen ocupar las portadas y cuáles quedarán relegados al olvido.
El ciudadano termina creyendo que conoce la realidad.
En realidad, conoce la parte de la realidad que otros han decidido mostrarle.
Ese constituye uno de los mayores poderes de nuestro tiempo.
No el poder de fabricar los hechos.
Sino el de decidir cuáles existen para la opinión pública y cuáles quedan sepultados bajo toneladas de silencio.
pílogo
¿Quién decide de qué debemos preocuparnos?
Ninguna sociedad puede prestar la misma atención a todos sus problemas.
Es inevitable establecer prioridades.
La verdadera cuestión es quién las establece.
¿Los ciudadanos?
¿Los hechos?
¿Las estadísticas?
¿O quienes poseen el poder político, controlan el presupuesto público y ejercen una influencia decisiva sobre los grandes grupos de información?
Ésa es la pregunta que ha recorrido estas páginas.
No se trata de negar el sufrimiento de ninguna víctima.
Toda vida humana posee el mismo valor.
Todo asesinato constituye una tragedia.
Todo delito merece ser perseguido y castigado.
Lo preocupante es comprobar que no todas las víctimas reciben la misma atención, ni todos los problemas ocupan el mismo lugar en la conciencia colectiva.
Algunos monopolizan durante años el debate político, las campañas institucionales, los recursos económicos y los titulares.
Otros, aun siendo mucho más frecuentes o causando un daño muy superior, apenas consiguen abrirse paso durante unos minutos antes de desaparecer.
No porque sean menos graves.
Sino porque alguien ha decidido que no constituyen una prioridad.
Así se construyen los relatos.
No siempre mediante la mentira.
Con frecuencia basta con seleccionar unos hechos y silenciar otros.
Con iluminar una parte de la realidad mientras el resto permanece en penumbra.
El ciudadano cree disponer de toda la información necesaria para formarse una opinión.
Pero, en demasiadas ocasiones, sólo conoce aquella parte de la realidad que otros han considerado conveniente mostrarle.
Ése constituye uno de los mayores poderes de nuestro tiempo.
No el poder de decir a los ciudadanos lo que deben pensar.
Eso resulta demasiado burdo.
El verdadero poder consiste en decidir de qué deben preocuparse, de qué deben ocuparse, sobre qué deben pensar y qué opinión terminarán formando.
Quien fija la agenda pública condiciona el debate político.
Quien fija la agenda pública orienta el gasto de miles de millones de euros.
Quien fija la agenda pública determina qué problemas merecen leyes específicas, organismos propios, campañas permanentes y atención constante.
Y, por exclusión, también decide cuáles permanecerán en un discreto segundo plano, aunque afecten a muchas más personas.
La libertad de una sociedad no depende únicamente de que sus ciudadanos puedan expresar libremente sus opiniones.
Depende también de que dispongan de una información completa, plural y proporcionada, que les permita llegar por sí mismos a esas opiniones.
Porque una ciudadanía mal informada puede votar.
Puede debatir.
Puede manifestarse.
Pero difícilmente podrá decidir con plena libertad.
Al fin y al cabo, quien decide las preguntas acaba condicionando también las respuestas.
Y quizá la pregunta más importante de todas sea ésta:
¿Quién decide de qué debemos preocuparnos, de qué debemos ocuparnos, sobre qué debemos pensar y qué asuntos, sencillamente, dejarán de existir para la opinión pública?
