REGULARIZACIONES MASIVAS: CUANDO LA EXCEPCIÓN SE CONVIERTE EN NORMA
¿Quién decide quién formará parte de la nación española?
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
Resumen para lectores con prisas
Durante los últimos cuarenta años, España ha recurrido repetidamente a regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en situación irregular. Lo que nació como una medida excepcional ha terminado convirtiéndose en una práctica recurrente. Y cuando una excepción se repite una y otra vez, deja de ser una excepción para convertirse en una forma de gobernar.
La regularización no constituye el verdadero problema. Es la consecuencia de otro anterior: la incapacidad —o la falta de voluntad— para controlar eficazmente las fronteras, aplicar la legislación vigente y evitar que la inmigración irregular alcance dimensiones que, años después, se presentan como irresolubles.
Cada nueva regularización plantea interrogantes que apenas reciben respuesta. ¿Cuántas personas se beneficiarán realmente? ¿Cuál será el coste económico? ¿Qué impacto tendrá sobre la sanidad, la educación, la vivienda, la seguridad, la justicia y los servicios sociales? ¿Cuántos familiares podrán incorporarse posteriormente mediante la reagrupación familiar? Y, junto con las nuevas adquisiciones de la nacionalidad española —incluida la denominada «Ley de Nietos»—, ¿cómo evolucionará el cuerpo electoral de la nación?
Sorprende que decisiones de semejante trascendencia se adopten sin una memoria económica completa, sin estudios demográficos conocidos y sin una planificación pública que permita valorar sus consecuencias a medio y largo plazo. Ninguna empresa asumiría un compromiso económico de esa magnitud sin hacer antes las cuentas. Un país tampoco debería hacerlo.
Toda nación tiene derecho a decidir quién puede establecerse en su territorio y bajo qué condiciones puede incorporarse a la comunidad nacional. Ese derecho no pertenece al Gobierno de turno, sino a la propia nación. El Estado debe ejecutar las leyes; no limitarse a administrar los hechos consumados.
La solidaridad y el respeto a la dignidad de toda persona no son incompatibles con el control de las fronteras ni con la exigencia de cumplir la ley. Al contrario, una política migratoria seria exige humanidad, pero también previsión, transparencia y responsabilidad.
Gobernar no consiste en improvisar regularizaciones cuando el problema ya resulta inmanejable. Gobernar consiste en prevenir, planificar y rendir cuentas.
Después de cuatro décadas de regularizaciones sucesivas, la pregunta continúa siendo la misma:
¿Quiere España decidir quién forma parte de la nación o seguirá permitiendo que sean los hechos consumados quienes decidan por ella?
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¿Quién decide quién formará parte de la nación española?
Introducción
Cada cierto tiempo, España vuelve a encontrarse ante el mismo debate.
Una nueva regularización extraordinaria de inmigrantes.
Se discute cuántas personas podrán beneficiarse, quién tiene derecho a permanecer en nuestro país o cuáles serán las consecuencias políticas de la medida.
Sin embargo, casi nadie formula la pregunta verdaderamente importante.
¿Cómo hemos llegado otra vez hasta aquí?
Porque una regularización extraordinaria nunca constituye el origen del problema.
Es su consecuencia.
Antes ha debido producirse la entrada irregular de miles de personas.
Después, su permanencia durante años en territorio nacional.
Más tarde, la incapacidad —o la falta de voluntad— para aplicar eficazmente la legislación vigente.
Y, finalmente, la decisión de convertir una situación excepcional en una nueva normalidad.
Lo preocupante es que este proceso no constituye una excepción.
Se ha repetido tantas veces durante los últimos cuarenta años que resulta difícil seguir calificándolo de extraordinario.
Cuando una excepción se convierte en costumbre, deja de ser una excepción.
Pasa a ser una forma de gobernar.
Y eso obliga a formular otra pregunta.
¿Existe realmente una política migratoria en España o simplemente se administran las consecuencias de haber perdido el control?
I. CUARENTA AÑOS TROPEZANDO CON LA MISMA PIEDRA
La historia reciente demuestra que las regularizaciones extraordinarias no han constituido episodios aislados.
Se han sucedido una tras otra.
Cada una fue presentada como la solución definitiva.
Ninguna lo fue.
Poco tiempo después, el problema reaparecía con mayor intensidad.
El mecanismo resulta perfectamente reconocible.
Primero se permite que aumente la inmigración irregular.
Después se comprueba que cientos de miles de personas permanecen en España sin haber regularizado su situación.
Finalmente se concluye que resulta imposible mantener ese escenario y se aprueba una nueva regularización extraordinaria.
El ciclo vuelve entonces a empezar.
Cuando un mismo remedio debe aplicarse una y otra vez durante cuatro décadas, quizá haya llegado el momento de preguntarse si el verdadero problema no reside precisamente en el sistema que hace necesaria esa repetición.
Porque ninguna nación puede aspirar a controlar la inmigración si convierte las regularizaciones periódicas en una pieza habitual de su forma de actuar.
Una medida concebida para resolver una situación excepcional termina convirtiéndose, de hecho, en un incentivo para que el mismo problema vuelva a reproducirse.
La excepción deja de corregir el sistema.
Empieza a formar parte de él.
II. EL VERDADERO PROBLEMA EMPIEZA MUCHO ANTES
Toda regularización extraordinaria constituye, en realidad, el reconocimiento implícito de un fracaso anterior.
Si las fronteras hubieran funcionado eficazmente, si las normas se hubieran aplicado con rigor y si las resoluciones de expulsión se hubieran ejecutado cuando procedía, no existiría una bolsa de población irregular tan numerosa que terminara haciendo necesaria una medida excepcional.
La regularización no crea el problema.
Simplemente intenta resolverlo cuando ya ha adquirido unas dimensiones difíciles de gestionar.
Pero esa solución plantea una cuestión inevitable.
¿Qué impedirá que el mismo proceso vuelva a repetirse?
Si las causas permanecen inalteradas, los efectos terminarán reapareciendo.
La experiencia de las últimas cuatro décadas parece confirmarlo.
Después de cada regularización se anunció que el problema había quedado resuelto.
Sin embargo, pocos años más tarde volvía a plantearse otra.
La conclusión resulta evidente.
No basta con actuar sobre las consecuencias.
Es preciso corregir las causas.
Y la primera de todas consiste en garantizar que las fronteras dejen de ser, en la práctica, un coladero.
Porque una nación puede decidir admitir más o menos inmigración.
Lo que no puede hacer es dejar que sea la inmigración irregular quien determine, de hecho, su política migratoria.
Eso supone invertir el orden lógico de cualquier país organizado.
Primero debería decidirse quién puede entrar.
Después, aplicar la ley.
No al revés.
III. GOBERNAR ES HACER LAS CUENTAS ANTES
Existe una pregunta que apenas aparece en este debate.
¿Quién ha hecho las cuentas?
Toda decisión pública de gran alcance exige una evaluación previa.
Así ocurre cuando se construye una autovía, un hospital, un puerto o una línea ferroviaria.
Se estudian los costes.
Los beneficios.
Los riesgos.
Las alternativas.
¿Por qué habría de actuarse de otro modo cuando se trata de una decisión que afectará durante décadas a la población, a la economía y a los servicios públicos?
Hasta ahora apenas se conocen estimaciones parciales.
Pero una medida de semejante trascendencia debería ir acompañada, al menos, de una memoria económica completa.
¿Cuánto costará la asistencia sanitaria?
¿Cuántas nuevas plazas escolares serán necesarias?
¿Cuántas viviendas harán falta?
¿Cuánto aumentará el gasto en justicia, seguridad y servicios sociales?
¿Existe alguna previsión sobre el efecto que todo ello tendrá sobre la deuda pública?
Los ciudadanos tienen derecho a conocer esas respuestas antes de que se adopten decisiones irreversibles.
No después.
Gobernar consiste, precisamente, en prever.
Improvisar resulta mucho más sencillo.
Pero también mucho más caro.
IV. LA FACTURA NO TERMINA EL DÍA DE LA REGULARIZACIÓN
La regularización constituye únicamente el primer paso.
A partir de ese momento comienza un proceso cuyos efectos pueden prolongarse durante décadas.
Toda persona que pasa a residir legalmente en España utiliza los servicios propios de cualquier país desarrollado.
Acude a los centros de salud.
Utiliza las carreteras.
Sus hijos ocupan plazas escolares.
Hace uso de la Administración de Justicia cuando resulta necesario.
Puede acceder, si reúne los requisitos legales, a distintas prestaciones públicas.
Todo ello forma parte del funcionamiento normal de cualquier Estado moderno.
Precisamente por eso resulta imprescindible calcular previamente su coste.
Sorprende que apenas se hable de esta cuestión.
Porque toda decisión pública lleva aparejada una memoria económica… o debería llevarla.
No basta con anunciar una regularización.
Es necesario explicar cuánto costará.
Y, sobre todo, quién asumirá ese coste.
Los recursos públicos no aparecen por generación espontánea.
Proceden del trabajo, del ahorro y de los impuestos que pagan millones de ciudadanos.
Por eso, antes de adoptar una decisión de semejante alcance, cualquier Gobierno debería presentar una evaluación rigurosa de sus consecuencias económicas.
No hacerlo supone pedir un acto de fe.
Y los asuntos públicos no deberían administrarse mediante actos de fe.
V. EL EFECTO MULTIPLICADOR
Existe, además, otro aspecto que rara vez ocupa titulares.
La regularización no afecta únicamente a quienes obtienen la residencia.
En numerosos casos constituye el comienzo de un proceso más amplio.
La legislación prevé la posibilidad de reagrupación familiar cuando concurren determinados requisitos.
Nada hay que objetar a la existencia de ese derecho si así lo establece la ley.
Lo que sí resulta obligado es calcular sus efectos.
Porque el impacto final ya no dependerá únicamente del número inicial de personas regularizadas.
Habrá que añadir quienes puedan incorporarse posteriormente.
Y, más adelante, quienes adquieran la nacionalidad española por las distintas vías previstas en el ordenamiento jurídico.
La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en saber cuántas personas serán regularizadas hoy.
La verdadera pregunta es otra.
¿Cuántas personas vivirán en España dentro de diez o quince años como consecuencia directa o indirecta de esa decisión?
Sorprende que una cuestión de semejante importancia apenas forme parte del debate público.
VI. LA NACIONALIDAD Y EL FUTURO DEL CUERPO ELECTORAL
A este fenómeno debe añadirse otro de enorme trascendencia.
Durante los últimos años ha aumentado considerablemente el número de personas que adquieren la nacionalidad española por distintos procedimientos, entre ellos la denominada «Ley de Nietos».
Cada expediente puede estar plenamente ajustado a Derecho.
No es ésa la cuestión.
La cuestión consiste en analizar el efecto conjunto de todas esas decisiones.
Regularizaciones.
Reagrupaciones familiares.
Nacionalizaciones.
Todo ello modifica progresivamente la composición de la población española.
Y también el cuerpo electoral.
Resulta sorprendente que apenas existan estudios oficiales que analicen cuál será esa evolución dentro de veinte o treinta años.
No se trata de discutir la legalidad de cada medida.
Se trata de reclamar algo mucho más sencillo.
Transparencia.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo evolucionará la población española, cuál será el impacto sobre los servicios públicos y cómo afectarán esas decisiones a la composición del censo electoral.
No para alimentar polémicas.
Sino para que un asunto de semejante trascendencia pueda debatirse con datos y no únicamente con consignas.
VII. UNA NACIÓN TIENE DERECHO A DECIDIR SU FUTURO
Las fronteras no existen por casualidad.
Tampoco constituyen un vestigio del pasado.
Existen porque toda nación necesita un territorio definido, unas leyes comunes y unas instituciones encargadas de hacerlas cumplir.
Sin fronteras, la nación deja de decidir quién puede incorporarse a la comunidad nacional.
Son los hechos consumados quienes terminan imponiendo las decisiones.
Ésa es, probablemente, la cuestión esencial de todo este debate.
No se trata de discutir la dignidad de las personas.
Toda persona merece respeto.
Lo que está en discusión no es la dignidad humana.
Es el derecho de una nación a decidir quién puede establecerse en su territorio, quién adquiere la nacionalidad y quién pasa a formar parte de su cuerpo electoral.
Ese derecho no pertenece al Gobierno de turno.
Pertenece a la nación.
El Gobierno administra.
La nación permanece.
Los gobiernos cambian.
La nación continúa.
Precisamente por eso, decisiones capaces de modificar la composición demográfica de España durante generaciones deberían adoptarse con el mayor consenso posible, con absoluta transparencia y después de explicar detalladamente sus consecuencias.
No basta con afirmar que una medida responde a razones humanitarias o económicas.
Es preciso demostrar que resulta compatible con el interés general del país.
Gobernar no consiste únicamente en resolver los problemas del presente.
También exige proteger el futuro.
VIII. EL GRAN AUSENTE: LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Existe otra cuestión que rara vez aparece en este debate.
¿Quién responde cuando las previsiones fallan?
Si dentro de diez años los servicios públicos resultan insuficientes…
Si el déficit continúa aumentando…
Si la vivienda sigue siendo inaccesible…
Si las infraestructuras quedan desbordadas…
¿Quién asumirá la responsabilidad?
En España parece haberse impuesto una extraña costumbre.
Los problemas aparecen.
Se anuncian soluciones.
El tiempo pasa.
Y nadie responde por los resultados.
Nadie dimite.
Nadie es destituido.
Nadie comparece para reconocer que una política pública no produjo los efectos anunciados.
Simplemente comienza un nuevo debate.
Y el ciclo vuelve a repetirse.
Sin embargo, gobernar implica asumir responsabilidades.
Quien toma decisiones debe responder de sus consecuencias.
Éste fue, durante siglos, uno de los principios básicos del buen gobierno en España.
Al concluir su mandato, muchos cargos públicos debían someterse al llamado juicio de residencia. Cualquier ciudadano podía denunciar abusos, negligencias o arbitrariedades cometidos durante el ejercicio del cargo.
La idea era tan sencilla como eficaz.
Quien ejerce poder debe responder por el uso que hace de ese poder.
Cinco siglos después, ese principio conserva toda su vigencia.
Porque la responsabilidad constituye el mejor antídoto contra la improvisación.
IX. LA PREGUNTA QUE SIGUE SIN RESPUESTA
Después de cuarenta años de regularizaciones extraordinarias, la cuestión continúa siendo la misma.
¿Cuál es el modelo migratorio de España?
¿Cuántos inmigrantes necesita realmente nuestro país?
¿Con qué criterios?
¿Hasta qué número?
¿Con qué capacidad de integración?
¿Con qué previsión presupuestaria?
¿Con qué planificación de vivienda, sanidad, educación y empleo?
Y, sobre todo…
¿Quién ha elaborado esos cálculos?
Si no existen respuestas claras a estas preguntas, resulta difícil sostener que exista una verdadera política migratoria.
Existen decisiones.
Existen declaraciones.
Existen regularizaciones.
Pero una política de Estado exige algo más.
Exige objetivos.
Planificación.
Evaluación.
Y rendición de cuentas.
CONCLUSIÓN
España necesita un debate sereno sobre inmigración.
Un debate basado en datos.
En previsiones.
En responsabilidades.
No en descalificaciones.
Ni en consignas.
Regularizar puede resolver una situación concreta.
Pero ninguna regularización sustituirá nunca al control eficaz de las fronteras, a la aplicación de la ley ni a una planificación rigurosa.
Las naciones no pierden su futuro de un día para otro.
Lo van cediendo poco a poco, decisión tras decisión, cuando renuncian a gobernar los acontecimientos y aceptan que sean los acontecimientos quienes gobiernen a la nación.
Porque, en último término, ésta es la única pregunta que importa.
¿Desea España decidir su propio futuro o prefiere limitarse a adaptarse al que otros —o la simple inercia de los hechos— terminen imponiéndole?
