Un pequeño manual para distinguir la realidad de la propaganda

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Resumen para lectores con prisas

Vivimos rodeados de discursos que apelan constantemente a las buenas intenciones, a la igualdad, al progreso, a la solidaridad o a la justicia social. Sin embargo, las buenas intenciones nunca bastan para convertir una mala política en una buena política.

Este ensayo propone un criterio mucho más sencillo y exigente: juzgar las políticas por sus resultados y no por los fines que proclaman perseguir.

Aristóteles nos enseñó que la realidad existe al margen de nuestros deseos. Guillermo de Ockham recordó que no debemos complicar las explicaciones cuando una sencilla basta. Frédéric Bastiat advirtió de la necesidad de mirar también lo que no se ve: el coste oculto de toda decisión pública. Hayek denunció la fatal arrogancia de quienes creen que unos pocos pueden dirigir mejor la vida de millones de personas que esos millones de personas por sí mismas. Thomas Sowell insistió en que las políticas deben evaluarse por sus consecuencias, y Mancur Olson explicó que el poder responde a incentivos y tiende a perpetuarse creando dependencias y clientelas.

Desde esa perspectiva, el ensayo analiza críticamente el igualitarismo, las llamadas «acciones positivas», la denominada «discriminación positiva», el crecimiento permanente del intervencionismo y la expansión del poder político.

La conclusión es sencilla.

La igualdad ante la ley constituye una conquista irrenunciable.

La igualdad de resultados exige intervenir constantemente sobre la sociedad.

La primera protege la libertad.

La segunda amplía el poder del Estado.

Cada privilegio legal, cada trato de favor y cada excepción crean nuevos agravios, nuevos grupos de presión y nuevas demandas de privilegios. El resultado suele ser una sociedad más dependiente del poder, más burocratizada y más dividida.

Las sociedades libres no necesitan gobernantes infalibles.

Necesitan instituciones que limiten el poder, ciudadanos capaces de pensar por sí mismos y gobernantes dispuestos a rectificar cuando la experiencia demuestra que una política no funciona.

Porque la realidad no entiende de propaganda.

No vota.

No negocia.

Y, antes o después, siempre acaba dictando sentencia.

Si quieres saber más, sigue leyendo.

¡Basta ya de tomar a los ciudadanos por idiotas!

Entrega I

La realidad siempre tiene la última palabra

Aristóteles enseñó hace más de dos mil trescientos años una verdad tan sencilla que hoy parece revolucionaria: la realidad existe con independencia de nuestros deseos.

Las cosas son lo que son.

No lo que nos gustaría que fueran.

No lo que proclame un Gobierno.

No lo que vote un Parlamento.

No lo que repitan los medios de comunicación.

No lo que dicte la última moda ideológica.

La realidad permanece completamente indiferente a nuestras opiniones.

Ésa es la primera gran lección que conviene recordar.

Porque buena parte de la política contemporánea parece construida sobre la idea contraria: basta cambiar el nombre de las cosas para cambiar las cosas mismas.

Así aparecen expresiones como «acción positiva», «discriminación positiva», «justicia social», «perspectiva de género», «lenguaje inclusivo», «transición ecológica», «gobernanza» o tantos otros vocablos cuidadosamente elegidos para despertar emociones favorables antes incluso de que el ciudadano tenga ocasión de preguntarse qué significan realmente.

Guillermo de Ockham nos legó otra herramienta extraordinariamente útil.

Si una explicación sencilla basta para comprender un fenómeno, introducir hipótesis adicionales sólo sirve para complicarlo.

Es la célebre navaja de Ockham.

Conviene tenerla siempre a mano cuando escuchamos el discurso político.

Porque pocas actividades humanas producen más palabras para explicar tan pocos resultados.

Cuando una política fracasa nunca falta una explicación.

Que si no hubo presupuesto suficiente.

Que si la oposición puso obstáculos.

Que si la herencia recibida.

Que si la crisis internacional.

Que si el cambio climático.

Que si los bulos.

Que si la falta de pedagogía.

Que si…

La lista nunca termina.

Sin embargo, casi nadie formula la pregunta verdaderamente importante.

¿Y si la política aplicada era sencillamente equivocada?

Resulta sorprendente comprobar cómo muchas personas, perfectamente racionales en su vida cotidiana, dejan de aplicar el sentido común cuando hablan de política.

Si un agricultor siembra durante diez años la misma semilla y obtiene diez malas cosechas, cambia de semilla.

Si un empresario mantiene un negocio ruinoso durante una década, cambia de estrategia.

Si un médico administra un tratamiento que no cura a sus pacientes, busca otro tratamiento.

Sólo en política parece razonable insistir indefinidamente en aquello que no funciona.

Y cuanto peores son los resultados…

Más recursos se reclaman.

Más leyes.

Más organismos.

Más impuestos.

Más poder.

Como si el fracaso fuese la prueba de que hace falta exactamente más de lo mismo.

Éste será el hilo conductor de las páginas que siguen.

No discutiremos intenciones.

No juzgaremos sentimientos.

Ni siquiera analizaremos ideologías.

Haremos algo mucho más sencillo.

Preguntarnos si las políticas producen realmente los resultados que prometen.

Porque la realidad posee una costumbre muy poco democrática.

Nunca negocia.

Y siempre acaba imponiéndose.

ENTREGA II

La igualdad ante la ley y el espejismo del igualitarismo

Una de las palabras más prestigiosas del vocabulario político moderno es igualdad.

Pocas personas se atreven a cuestionarla.

Y hacen bien.

La igualdad ante la ley constituye uno de los mayores logros de la civilización occidental.

Que todos los ciudadanos respondan ante las mismas leyes; que los tribunales juzguen conforme a las mismas normas; que el acceso a la función pública dependa de la capacidad y del mérito; que nadie disfrute de privilegios por razón de nacimiento, fortuna, sexo, raza, religión o ideología… todo ello representa una conquista histórica de valor incalculable.

Pero precisamente porque la igualdad jurídica posee semejante prestigio, resulta relativamente sencillo utilizar esa palabra para introducir ideas muy distintas.

Aquí comienza la confusión.

Una cosa es la igualdad ante la ley.

Otra muy distinta es el igualitarismo.

La primera protege la libertad.

El segundo pretende modelar la sociedad hasta aproximarla a un determinado ideal de igualdad de resultados.

Aristóteles ya advirtió que la justicia no consiste en tratar igual lo que es diferente, sino en tratar igual a quienes son iguales en aquello que realmente importa, y de forma distinta cuando existen diferencias objetivas y relevantes.

La naturaleza jamás produce dos seres humanos idénticos.

Cada persona posee capacidades, intereses, inteligencia, temperamento, vocación, esfuerzo y circunstancias diferentes.

La diversidad no constituye un defecto del ser humano.

Es una de sus características esenciales.

Precisamente por ello, pretender que todos alcancen idénticos resultados exige intervenir continuamente sobre la realidad.

Si las personas son distintas, pero el objetivo político consiste en obtener resultados semejantes, alguien deberá corregir constantemente las consecuencias de esa diversidad.

Y ese «alguien» suele ser el poder político.

Aquí aparece uno de los grandes errores del pensamiento igualitarista.

Confundir igualdad de oportunidades con igualdad de resultados.

La primera consiste en procurar que todos puedan competir bajo unas mismas reglas.

La segunda exige modificar continuamente esas reglas para acercar los resultados al ideal previamente establecido.

La diferencia parece pequeña.

En realidad, separa dos maneras completamente distintas de entender la libertad.

La igualdad ante la ley limita el poder.

El igualitarismo necesita ampliarlo.

Porque cada diferencia estadística acaba interpretándose como una injusticia que exige una nueva intervención.

Si en una profesión predominan los hombres, habrá quien reclame cuotas.

Si predominan las mujeres, raramente se plantea el mismo problema.

Si un colectivo obtiene peores resultados académicos, se propone modificar los criterios de evaluación.

Si otro destaca especialmente, pronto aparecen voces denunciando un supuesto privilegio estructural.

La consecuencia es evidente.

La igualdad deja de ser un principio jurídico para convertirse en un objetivo político permanentemente revisable.

Y cuando los objetivos nunca terminan de alcanzarse, las intervenciones tampoco terminan nunca.

Éste constituye uno de los mecanismos más eficaces para el crecimiento indefinido del poder.

Thomas Sowell dedicó buena parte de su obra a estudiar este fenómeno.

Su pregunta era extraordinariamente sencilla.

No discutamos las intenciones.

Observemos los resultados.

Si una política lleva décadas aplicándose, resulta legítimo preguntarse qué efectos ha producido realmente.

No basta con proclamar que perseguía un fin noble.

Casi todas las políticas públicas nacen envueltas en nobles intenciones.

La cuestión verdaderamente importante es otra.

¿Han mejorado la situación que pretendían corregir?

¿O han generado problemas nuevos que exigen nuevas intervenciones?

Ésa es la pregunta que muy pocas veces se formula.

Y, sin embargo, debería ser la primera.

Porque, como veremos en la siguiente entrega, cuando el poder deja de perseguir la igualdad ante la ley para perseguir la igualdad de resultados, aparece casi inevitablemente una expresión tan seductora como engañosa:

la llamada «discriminación positiva».

ENTREGA III

Cuando la igualdad deja de ser justicia

Llegados a este punto conviene detenerse en una expresión que, probablemente, constituye uno de los mayores aciertos propagandísticos de las últimas décadas:

«discriminación positiva».

Basta analizarla durante unos segundos para advertir la contradicción.

En español, discriminar significa distinguir, diferenciar o dar un trato distinto. Cuando esa diferencia supone una ventaja o un perjuicio para alguien por razón de su pertenencia a un determinado grupo, estamos hablando de un trato desigual.

Añadir el adjetivo «positiva» no modifica la naturaleza del hecho.

Únicamente pretende hacerlo más aceptable.

Si un Gobierno concede prioridad a unas personas sobre otras por razón de su sexo, de su raza, de su origen o de cualquier otra circunstancia personal, está estableciendo un trato preferente.

Ésa es la realidad.

Y llamar «positiva» a esa preferencia no altera su naturaleza.

Guillermo de Ockham probablemente habría sonreído.

¿Por qué recurrir a una expresión tan rebuscada cuando existe otra mucho más sencilla?

Porque las palabras importan.

Mucho.

Quien consigue bautizar una política con un nombre emocionalmente atractivo obtiene una ventaja antes incluso de comenzar el debate.

Nadie desea aparecer públicamente como enemigo de algo que lleva el apellido «positivo».

Ése es precisamente el poder de los eufemismos.

No cambian la realidad.

Cambian la percepción de la realidad.

Sin embargo, el problema principal no es lingüístico.

Es jurídico y moral.

La igualdad ante la ley significa que el Estado no debe favorecer ni perjudicar a ningún ciudadano por razón de circunstancias personales ajenas a su conducta.

La ley contempla personas.

No categorías.

No sexos.

No razas.

No religiones.

No ideologías.

No apellidos.

Contempla ciudadanos.

Cuando el poder abandona ese principio y comienza a repartir ventajas o desventajas según la pertenencia a un determinado grupo, la igualdad jurídica deja de ser el fundamento del sistema.

Empieza a ser sustituida por una lógica completamente distinta.

La lógica del privilegio.

Los defensores de estas políticas suelen invocar una idea recurrente.

La existencia de una deuda histórica.

Se sostiene que determinados colectivos fueron discriminados por generaciones anteriores y que, por tanto, corresponde al poder público compensar hoy a sus descendientes mediante ventajas legales, cuotas o preferencias.

El planteamiento puede resultar emocionalmente atractivo.

Pero plantea una pregunta difícil de eludir.

¿Puede una injusticia cometida hace cien años legitimar otra injusticia en el presente?

La responsabilidad jurídica siempre ha sido personal.

Cada individuo responde de sus propios actos.

No de los cometidos por sus padres.

Ni por sus abuelos.

Ni por quienes compartían su sexo, su religión o el color de su piel hace siglos.

Si aceptáramos el principio contrario, desaparecería uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

Dejaríamos de juzgar personas.

Empezaríamos a juzgar linajes.

Y eso supondría regresar a formas de organización social que la civilización occidental tardó siglos en superar.

Thomas Sowell dedicó varios estudios al análisis comparado de las políticas de acción afirmativa en distintos países.

Su método era extraordinariamente simple.

No preguntaba qué pretendían conseguir.

Preguntaba qué habían conseguido realmente.

Ésa es, probablemente, la pregunta más incómoda para cualquier poder político.

Porque las intenciones pertenecen al terreno de la retórica.

Los resultados pertenecen al terreno de la realidad.

Y la realidad, como recordábamos al comienzo de este ensayo, no entiende de propaganda.

En la próxima entrega analizaremos una cuestión aún más importante.

¿Por qué políticas que producen resultados discutibles suelen mantenerse durante décadas?

La respuesta nos obligará a abandonar el terreno de las buenas intenciones para entrar en otro mucho más revelador:

el de los incentivos del poder.

ENTREGA IV

El poder nunca actúa sin incentivos.

Existe una pregunta mucho más importante que ésta:

¿Qué pretende hacer un Gobierno?

La pregunta verdaderamente importante es otra:

¿Qué incentivos tiene para hacerlo?

Ésta constituye una de las grandes aportaciones de la Economía y de la Ciencia Política modernas.

Durante siglos se discutió cómo debía ser el gobernante ideal.

Si debía ser sabio.

Virtuoso.

Honrado.

Patriota.

Filósofo.

Aristóteles ya comprendió que las virtudes personales importan, pero también sabía que las instituciones deben diseñarse teniendo en cuenta que los seres humanos no son perfectos.

Muchos siglos después, James Buchanan y Gordon Tullock desarrollaron una idea semejante desde la Economía.

Los gobernantes no dejan de ser personas cuando ocupan un cargo público.

Siguen teniendo intereses.

Ambiciones.

Temores.

Deseos de conservar el poder.

Deseos de aumentar su prestigio.

Deseos de favorecer a quienes sostienen su posición.

En definitiva, responden a incentivos como cualquier otro ser humano.

Mancur Olson llevó esta reflexión un paso más allá.

Su célebre teoría del «bandido estacionario» resulta extraordinariamente esclarecedora.

Un bandido que saquea una población una sola vez obtiene un beneficio inmediato.

Pero un bandido que controla permanentemente ese territorio descubre algo mucho más rentable.

Puede recaudar impuestos año tras año.

Conceder privilegios.

Repartir favores.

Crear dependencias.

Comprar lealtades.

No necesita destruir la riqueza.

Le basta con administrarla en beneficio propio.

Naturalmente, los Estados modernos no son bandas de salteadores.

Sería una caricatura afirmar lo contrario.

Pero la lógica de los incentivos descrita por Olson continúa siendo útil para comprender muchos comportamientos políticos.

Quien administra recursos ajenos dispone de una poderosa herramienta para construir apoyos.

Cada subvención genera beneficiarios.

Cada privilegio crea un grupo interesado en conservarlo.

Cada excepción legal produce nuevos demandantes de excepciones similares.

Así, poco a poco, la política deja de consistir en establecer reglas generales aplicables a todos.

Empieza a consistir en distribuir ventajas particulares.

Unos reciben ayudas.

Otros obtienen cuotas.

Otros disfrutan de beneficios fiscales.

Otros consiguen protección frente a la competencia.

Otros reciben contratos públicos.

Y todos ellos descubren que mantener esas ventajas depende, en gran medida, de que continúe gobernando quien las concedió.

Éste constituye uno de los motores más poderosos del crecimiento del intervencionismo.

No porque exista necesariamente una conspiración.

Ni porque todos los gobernantes actúen de mala fe.

Sino porque los incentivos funcionan.

Siempre.

Y afectan tanto a los gobernantes como a los gobernados.

Por eso conviene desconfiar de cualquier política que divida a los ciudadanos en categorías con derechos, beneficios o cargas diferentes.

No sólo porque pueda vulnerar el principio de igualdad ante la ley.

También porque cada privilegio crea nuevos grupos interesados en reclamar privilegios semejantes.

Y una sociedad organizada alrededor de privilegios acaba sustituyendo el mérito por la influencia, el esfuerzo por la proximidad al poder y la igualdad jurídica por la negociación permanente de favores.

Quizá ésta sea una de las enseñanzas más valiosas de todo este ensayo.

Antes de preguntarnos qué promete una política, conviene preguntarnos a quién beneficia realmente, quién paga su coste y qué incentivos crea para el futuro.

Porque, una vez más, las buenas intenciones explican muy poco.

Los incentivos explican muchísimo más.

ENTREGA V

Lo que se ve… y lo que no se ve

En 1850, Frédéric Bastiat publicó un breve ensayo que sigue siendo una de las mejores lecciones de economía jamás escritas.

Su título era extraordinariamente sencillo:

Lo que se ve y lo que no se ve.

Toda política pública produce efectos visibles.

Y otros que apenas nadie percibe.

Los primeros aparecen en los titulares.

Los segundos rara vez llegan a conocerse.

Ésa es una de las grandes ventajas del poder.

Puede exhibir lo que construye.

Difícilmente alguien le exigirá cuentas por aquello que impidió construir.

Cuando un Gobierno inaugura un hospital, una carretera, un polideportivo o un nuevo organismo público, todos contemplamos la obra terminada.

Eso es lo que se ve.

Lo que no se ve es el coste de oportunidad.

Ese hospital ha sido financiado con recursos que ya no podrán destinarse a otros fines.

Ese organismo público consume dinero, edificios, funcionarios y tiempo que dejan de estar disponibles para otras necesidades.

Ese subsidio sale necesariamente del bolsillo de otro ciudadano, hoy mediante impuestos o mañana mediante deuda.

Nada es gratuito.

Nunca.

Todo recurso empleado en una finalidad deja de estar disponible para otra.

Ésta es una de esas verdades elementales que la política procura ocultar.

Porque reconocerla obligaría a responder una pregunta incómoda.

¿Era ésta la mejor utilización posible de unos recursos necesariamente limitados?

La escasez constituye una ley de la naturaleza.

Los deseos humanos son prácticamente ilimitados.

Los recursos nunca lo son.

Precisamente por eso toda decisión implica una renuncia.

Cuando un Gobierno decide gastar más en una determinada política, está decidiendo gastar menos en otra, o cargar ese coste sobre los contribuyentes presentes o futuros.

No existe una tercera posibilidad.

Las denominadas «acciones positivas», los programas de subvenciones permanentes, las ayudas selectivas, los organismos creados para gestionar nuevos derechos o cualquier otra política pública deberían someterse siempre a la misma pregunta.

No basta con conocer cuánto cuestan.

Hay que preguntarse qué habría podido hacerse con esos mismos recursos.

Porque el verdadero coste de una decisión pública no consiste únicamente en el dinero que consume.

Consiste también en todo aquello que deja de hacerse como consecuencia de esa decisión.

Ésa fue la gran enseñanza de Bastiat.

Y continúa siendo una de las más ignoradas.

Cuando una política fracasa, la solución habitual consiste en reclamar más presupuesto.

Rara vez se plantea la posibilidad de que el problema resida precisamente en la propia política.

Como si aumentar el combustible pudiera corregir el rumbo de un barco que navega en dirección equivocada.

El problema no consiste únicamente en gastar mucho.

Consiste en gastar mal.

Y gastar mal dinero propio ya resulta grave.

Hacerlo con el dinero obtenido coercitivamente de millones de ciudadanos exige un grado de responsabilidad infinitamente mayor.

Por eso la primera obligación de cualquier gobernante debería consistir en justificar no sólo lo que hace, sino también aquello a lo que obliga a renunciar a toda la sociedad.

Porque cada euro administrado por el poder tiene un propietario anterior.

Y un destino alternativo que nunca llegará a conocerse.

Ése es, precisamente, «lo que no se ve».

ENTREGA VI

La fatal arrogancia

Existe una tentación tan antigua como el poder.

Creer que unos pocos pueden organizar mejor la vida de millones de personas que esas millones de personas por sí mismas.

Friedrich A. Hayek llamó a esa pretensión «la fatal arrogancia».

La arrogancia de creer que una inteligencia limitada puede sustituir el conocimiento disperso de toda una sociedad.

Ningún ministro sabe mejor que un agricultor cuándo sembrar.

Ningún burócrata conoce mejor que un empresario las necesidades de sus clientes.

Ningún gobernante comprende mejor que una familia cómo debe educar a sus hijos.

Sin embargo, la política moderna actúa con frecuencia como si todo ello fuera posible.

Cada problema parece exigir una nueva ley.

Un nuevo organismo.

Un nuevo observatorio.

Un nuevo comisionado.

Un nuevo impuesto.

Un nuevo plan estratégico.

Y, naturalmente, más funcionarios para gestionarlo.

Ésa es la lógica del intervencionismo.

Si una medida no funciona, se aprueba otra.

Y si ésta también fracasa, se crea una oficina para supervisarla.

Jamás se contempla la posibilidad de que el error resida en la propia intervención.

Karl Popper advertía contra quienes pretendían rediseñar la sociedad conforme a un modelo perfecto.

Las sociedades no son máquinas.

Son el resultado de millones de decisiones libres.

Por eso, toda ingeniería social tropieza antes o después con un obstáculo insalvable:

la realidad.

La libertad admite errores.

La planificación centralizada suele convertirlos en generales.

Ésa es la diferencia.

Y también la razón por la que las sociedades más prósperas no son las más dirigidas.

Sino aquellas en las que el poder reconoce, con humildad, los límites de su propio conocimiento.

ENTREGA VII

La libertad exige responsabilidad.

La libertad nunca ha garantizado que todos alcancen el mismo destino.

Garantiza algo mucho más importante.

Que cada persona pueda intentar construir el suyo.

Toda sociedad libre acepta que existirán diferencias.

De riqueza.

De talento.

De esfuerzo.

De suerte.

De vocación.

Pretender eliminar todas esas diferencias exige un poder ilimitado.

Y un poder ilimitado termina eliminando la libertad.

La igualdad ante la ley protege a los ciudadanos.

La igualdad de resultados exige administrarlos.

Ésa es la diferencia.

Quien confía en la libertad acepta que las personas decidan.

Quien confía en la ingeniería social pretende decidir por ellas.

Toda política pública debería someterse a un examen muy sencillo.

¿Amplía la libertad de los ciudadanos?

¿O aumenta el poder de quienes gobiernan?

Ésa es, probablemente, la pregunta más importante de toda la política.

Porque el poder rara vez retrocede por iniciativa propia.

Y cada competencia extraordinaria concedida al Estado suele convertirse, con el tiempo, en una competencia permanente.

La Historia demuestra que resulta mucho más fácil crear organismos que suprimirlos.

Más fácil conceder privilegios que retirarlos.

Más fácil aumentar impuestos que reducirlos.

Más fácil limitar libertades que recuperarlas.

Por eso, la primera obligación de un pueblo libre consiste en desconfiar del poder.

No porque todo gobernante sea perverso.

Sino porque ningún ser humano deja de ser humano cuando llega al Gobierno.

Y quien olvida esa sencilla verdad termina confiando su libertad a quienes menos interés tienen en limitar su propio poder.

EPÍLOGO

La realidad siempre acaba dictando sentencia.

Aristóteles nos enseñó que la verdad no depende de las opiniones.

Guillermo de Ockham nos recordó que las explicaciones más sencillas suelen ser las mejores.

Frédéric Bastiat nos invitó a mirar no sólo lo que se ve, sino también lo que no se ve.

Karl Popper advirtió del peligro de quienes pretenden rediseñar la sociedad conforme a un plan perfecto.

Friedrich A. Hayek denunció la fatal arrogancia de quienes creen poseer conocimientos suficientes para dirigir la vida de millones de personas.

Thomas Sowell insistió en que las políticas públicas deben juzgarse por sus resultados, no por sus intenciones.

Mancur Olson explicó que el poder responde a incentivos y que éstos condicionan inevitablemente la conducta de quienes lo ejercen.

Todos ellos recorrieron caminos distintos.

Sin embargo, llegaron a una conclusión extraordinariamente parecida.

La realidad siempre tiene la última palabra.

Las buenas intenciones no derogan las leyes de la economía.

Los eslóganes no modifican la naturaleza humana.

Los decretos no eliminan la escasez.

Las subvenciones no crean riqueza por sí mismas.

Las cuotas no aumentan el mérito.

Los privilegios legales no producen justicia.

Y los eufemismos jamás consiguen transformar una mala política en una buena política.

Gobernar no consiste en prometer.

Ni en emocionar.

Ni en repartir privilegios.

Gobernar consiste en asumir la responsabilidad de las consecuencias de cada decisión.

Porque toda decisión tiene un coste.

Todo privilegio lo paga alguien.

Todo derecho creado artificialmente genera nuevas obligaciones para otros.

Y todo error persistente termina pasando factura.

Quizá haya llegado el momento de recuperar una vieja costumbre.

La de llamar a las cosas por su nombre.

La de desconfiar de las palabras grandilocuentes.

La de exigir resultados.

La de reconocer los errores.

La de rectificar cuando la experiencia demuestra que un camino no conduce a ninguna parte.

No existe sociedad perfecta.

Nunca existirá.

Pero sí existen sociedades más libres, más prósperas y más justas que otras.

No porque sus gobernantes sean mejores.

Sino porque han comprendido una verdad tan antigua como el propio ser humano:

el poder debe estar al servicio de la libertad, y nunca la libertad al servicio del poder.

Ésa es, probablemente, la lección más valiosa que nos legaron Aristóteles, Ockham, Bastiat, Popper, Hayek, Sowell y Olson.

Y también la más difícil de aceptar para quienes creen que toda imperfección social puede resolverse con una nueva ley, un nuevo impuesto, una nueva prohibición o una nueva oficina.

Porque la Historia enseña otra cosa.

Enseña que las naciones prosperan cuando el poder conoce sus límites.

Y empiezan a declinar cuando quienes gobiernan olvidan que ellos también están sometidos a la misma realidad que pretenden dirigir.

La realidad no vota.

No negocia.

No entiende de propaganda.

Simplemente… acaba dictando sentencia.