APOLOGÍA DEL CAPITALISMO
Libertad, propiedad, desigualdad y justicia social
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
Antes de hablar de «capitalismo salvaje», «capitalismo ético», redistribución o justicia social, conviene empezar por el principio:
¿Qué es el capitalismo?
Porque pocas palabras han sido tan maltratadas.
Para buena parte de la izquierda y de quienes se llaman progresistas, «capitalismo» parece significar codicia, explotación, corrupción, abuso, egoísmo y dominio del fuerte sobre el débil.
Pero eso no define el capitalismo. Define conductas humanas indeseables que, por cierto, también abundan —y no poco— en los sistemas colectivistas.
Capitalismo significa, en lo esencial, propiedad privada, libertad contractual, libre iniciativa, intercambio voluntario, ahorro, inversión, riesgo y responsabilidad.
Una persona puede trabajar, ahorrar, fundar una empresa, contratar, comprar, vender, invertir, ganar y también perder.
Y puede disponer legítimamente del fruto de su trabajo.
Ahí comienza todo.
CAPITALISMO NO ES PRIVILEGIO
Si un empresario soborna a un gobernante para conseguir un contrato, eso no es libre mercado.
Si una empresa vive permanentemente de subvenciones, tampoco.
Si una ley impide la aparición de competidores para proteger a determinadas compañías, tampoco.
Si el Estado rescata con dinero de los contribuyentes una empresa que debería quebrar, tampoco.
Eso tiene otros nombres: privilegio, favoritismo, corrupción, intervencionismo.
Una cosa es el empresario que prospera porque millones de personas compran voluntariamente aquello que produce.
Otra, muy distinta, el que prospera porque tiene amigos en el Gobierno.
El primero depende de sus clientes.
El segundo, del poder.
No confundamos.
LA RIQUEZA NO ES UNA TARTA
También convendría desterrar otra imagen engañosa: la riqueza como una enorme tarta que alguien ha repartido mal.
La riqueza no existe antes de ser creada.
Hay que trabajar, producir, ahorrar, inventar, invertir y arriesgar.
Una fábrica no aparece espontáneamente.
Ni una explotación agrícola.
Ni un comercio.
Ni una vivienda.
Ni una empresa.
Por eso, antes de preguntar cómo debe repartirse la riqueza, habría que preguntar:
¿Quién la creó?
¿Cómo la consiguió?
¿A quién pertenece?
Si alguien obtuvo su patrimonio mediante robo, fraude o corrupción, aplíquese la ley.
Si lo consiguió gracias a privilegios políticos, elimínense esos privilegios.
Pero si lo obtuvo trabajando, ahorrando, arriesgando e intercambiando libremente con otros, que posea más que su vecino no demuestra injusticia alguna.
La desigualdad no es necesariamente injusticia.
IGUALES ANTE LA LEY
Hay una diferencia enorme entre tratar a los ciudadanos con igualdad y tratar de hacerlos iguales.
Lo primero es imprescindible en una sociedad libre.
Lo segundo puede convertirse en una nueva forma de servidumbre.
Los ciudadanos deben ser iguales ante la ley.
El rico y el pobre.
El empresario y el asalariado.
El gobernante y el gobernado.
Todos con los mismos derechos, las mismas obligaciones generales y la misma protección jurídica.
Pero los seres humanos no somos iguales en capacidades, inteligencia, fuerza, carácter, aspiraciones, gustos, esfuerzo, prudencia o disposición ante el riesgo.
Tampoco tomamos las mismas decisiones.
Uno ahorra.
Otro gasta.
Uno arriesga.
Otro busca seguridad.
Uno estudia durante diez años.
Otro comienza a trabajar a los dieciocho.
Uno funda una empresa.
Otro prefiere trabajar por cuenta ajena.
Si son libres, inevitablemente obtendrán resultados diferentes.
Pretender igualarlos después exige intervenir continuamente en sus vidas.
Y surge la paradoja:
para hacer iguales a los ciudadanos hay que dejar de tratarlos con igualdad.
A unos habrá que quitarles.
A otros habrá que darles.
Y alguien tendrá que decidir cuánto, a quién y por qué.
Cuanto mayor sea la igualdad material perseguida, mayor tendrá que ser el poder encargado de imponerla.
La igualdad ante la ley limita al poder; la igualdad por decreto necesita aumentarlo.
LA «JUSTICIA SOCIAL»
Llegamos así a otra expresión prestigiosa: justicia social.
La justicia, sin adjetivos, resulta bastante comprensible: respetar derechos, cumplir contratos, reparar daños, devolver lo robado y aplicar la ley por igual.
La llamada justicia social introduce una cuestión diferente: el resultado.
Uno posee mucho.
Otro poco.
Y esa diferencia se convierte por sí misma en sospechosa.
¿Por qué?
Si dos personas parten de situaciones semejantes y una ahorra durante treinta años mientras la otra consume sus ingresos, terminarán poseyendo patrimonios diferentes.
¿Es injusto?
Si una arriesga sus ahorros fundando una empresa y triunfa mientras otra prefiere no asumir ese riesgo, ¿deben acabar poseyendo lo mismo?
La libertad tiene consecuencias.
Y una de ellas es que personas diferentes, tomando decisiones diferentes, llegan a resultados diferentes.
RAND FRENTE A RAWLS
Aquí resulta particularmente interesante la oposición entre Ayn Rand y John Rawls.
Rawls propone imaginar las reglas de la sociedad detrás de un «velo de ignorancia»: sin saber si naceremos ricos o pobres, sanos o enfermos, inteligentes o torpes.
Desde esa posición procuraríamos, sostiene, que quienes ocupasen las situaciones menos favorables estuvieran protegidos.
La idea tiene fuerza.
Nadie elige a sus padres.
Ni su inteligencia.
Ni su salud inicial.
Ni dónde nace.
Ni muchas de las cartas que recibe al comenzar la partida.
Pero Rand introduce una pregunta demoledora:
¿De quién son las cartas que pretendemos repartir?
Porque la riqueza no estaba allí esperando que alguien decidiera su distribución.
Alguien tuvo que crearla.
Rawls pregunta qué distribución consideraríamos justa.
Rand pregunta previamente quién produjo aquello que queremos distribuir y a quién pertenece.
Uno contempla principalmente el resultado.
La otra insiste en el derecho del individuo.
Ahí está el meollo de la discusión.
¿LA NECESIDAD CREA UN DERECHO?
Supongamos que alguien necesita alimentos.
La necesidad es indudable.
Pero ¿crea automáticamente un derecho sobre los alimentos producidos por otra persona?
Si alguien tiene derecho a recibir una casa, alguien tendrá que construirla y pagarla.
Si tiene derecho a determinado servicio, alguien deberá prestarlo.
Todo derecho a recibir un bien material lleva aparejada una obligación para otra persona.
Por eso no basta proclamar derechos.
Hay que preguntar:
¿quién está obligado a satisfacerlos y hasta dónde llega esa obligación?
Una sociedad civilizada no abandona a quien realmente no puede valerse por sí mismo: el niño desamparado, el enfermo grave, la persona incapacitada, el anciano sin recursos o quien ha sufrido una desgracia que no puede afrontar.
Pero una cosa es disponer una red para evitar que alguien caiga al abismo y otra convertir esa red en una hamaca permanente.
Ayudar al necesitado no exige fabricar dependientes.
LA MORAL DEL CAPITALISMO
Se habla ahora de crear un «capitalismo ético», como si hubiera que añadirle desde fuera una moral de la que necesariamente careciera.
Pero observemos el funcionamiento elemental del libre mercado.
Alguien quiere enriquecerse.
¿Qué debe hacer?
Ofrecer a los demás algo que quieran comprar.
Puede fabricar zapatos, cultivar trigo, construir viviendas, reparar automóviles o inventar un medicamento.
Si nadie quiere lo que ofrece, pierde.
Si satisface adecuadamente necesidades ajenas, gana.
Y si millones de personas quieren comprarle, puede hacerse muy rico.
Hay algo profundamente civilizador en ese mecanismo:
para obtener lo que desea tiene que ofrecer a los demás algo que ellos deseen.
No necesita amarlos.
Ni compartir sus ideas.
Ni pretender salvar el mundo.
Basta con que ambas partes puedan decir libremente:
sí o no.
El capitalismo no necesita santos.
Necesita hombres libres capaces de llegar a acuerdos.
¿QUIÉN DECIDE QUÉ ES «HACER EL BIEN»?
Y llegamos al problema del llamado capitalismo ético.
¿Quién decide qué es el bien?
¿El empresario?
¿El trabajador?
¿El consumidor?
¿El filósofo?
¿El gobernante?
Una empresa puede dedicar voluntariamente parte de sus beneficios a fines benéficos.
Magnífico.
Un empresario puede donar su fortuna.
Estupendo.
Los trabajadores pueden asociarse para crear su propia empresa.
Perfecto.
Un consumidor puede negarse a comprar determinados productos por razones morales.
También.
Eso es libertad.
El problema comienza cuando alguien pretende imponer a todos su particular concepción del bien.
Porque entonces la ética necesita una ley.
La ley necesita una sanción.
La sanción necesita alguien que la imponga.
Y detrás aparece inevitablemente el poder del Estado.
Hacer el bien con el dinero propio se llama generosidad.
Hacerlo voluntariamente entre muchos puede llamarse solidaridad.
Hacer obligatoriamente el bien con el dinero ajeno ya no es generosidad.
CIUDADANOS O SÚBDITOS
Éste es finalmente el problema político.
El ciudadano posee derechos frente al poder.
El súbdito espera favores del poder.
Cuanto mayor sea la parte de nuestra existencia que dependa de lo que el Estado concede, subvenciona, autoriza, prohíbe o reparte, mayor será nuestra dependencia de quienes gobiernan.
El hombre que vive de su trabajo puede mandar al gobernante a paseo.
El que depende del gobernante para conservar su modo de vida tendrá que pensárselo dos veces.
Ahí comienza una servidumbre mucho más discreta que las antiguas, pero servidumbre al fin.
Una sociedad de personas dependientes puede conservar elecciones, parlamentos y constituciones mientras pierde lentamente algo bastante más difícil de recuperar:
ciudadanos verdaderamente libres.
IGUALES Y LIBRES
Una sociedad libre no promete que todos tendrán lo mismo.
Promete algo mucho más importante:
que nadie estará por encima de la ley y que nadie podrá disponer arbitrariamente de la libertad y la propiedad de otro.
Capitalismo no significa codicia.
Libertad no significa abandono del débil.
Desigualdad no significa injusticia.
Solidaridad no significa necesariamente Estado.
Y justicia no significa que todos debamos acabar teniendo lo mismo.
La igualdad propia de una sociedad libre puede resumirse en pocas palabras:
iguales ante la ley y libres para ser diferentes.
Porque el propósito de una sociedad libre no consiste en fabricar hombres iguales.
Consiste en permitir que hombres diferentes puedan vivir como ciudadanos libres.
Y antes de que alguien se disponga a redistribuir, igualar o «hacer el bien» con aquello que otros han producido, quedan tres preguntas bastante sencillas:
¿De quién es?
¿Con qué derecho?
¿Y quién le ha dado autoridad para decidir por los demás?
