¡INVASORES DE CEUTA A LA PUTA CALLE!
O DE CÓMO HEMOS CONSEGUIDO CONVERTIR LO EVIDENTE EN UN PROBLEMA EXTRAORDINARIAMENTE COMPLEJO.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Hay asuntos que no necesitan un tratado de Derecho internacional, diecisiete observatorios, cuatro ministerios, ocho comisiones interdepartamentales y un ejército de expertos para ser comprendidos.
Necesitan sentido común.
Y éste es uno de ellos.
Una frontera existe para establecer quién puede entrar en un territorio, por dónde y en qué condiciones.
Si cualquiera puede atravesarla sin autorización y, una vez dentro, el Estado empieza a preguntarse qué alojamiento proporcionarle, qué prestaciones concederle, dónde escolarizar a sus hijos, cómo atenderlo sanitariamente, qué procedimiento administrativo abrirle y de qué manera evitar que resulte incómodo devolverlo, hay algo que funciona exactamente al revés.
Primero debimos impedir la entrada.
Todo lo demás viene después.
Por eso comienzo deliberadamente con una expresión poco académica:
¡INVASORES DE CEUTA A LA PUTA CALLE!
Sí.
Invasores.
No porque todos sean soldados ni porque Marruecos haya declarado formalmente una guerra.
Utilizo la palabra en su sentido corriente: quienes penetran masivamente en un territorio sin autorización y desbordan su frontera.
Los días 30 y 31 de julio de 2026 entraron irregularmente en Ceuta unas 72.000 personas, según la cifra finalmente mantenida por el propio Gobierno. El ministro del Interior afirmó pocos días después que unas 70.000 habían retornado ya a Marruecos.
Setenta y dos mil.
No setenta y dos.
No setecientos veinte.
No siete mil doscientos.
Setenta y dos mil.
Una cantidad comparable a buena parte de la población de la propia Ceuta.
Llámelo usted «flujo migratorio extraordinario» si duerme mejor.
Llámelo «crisis humanitaria».
Llámelo «entrada irregular masiva».
Yo lo llamo invasión de hecho.
Porque las palabras sirven para describir la realidad, no para anestesiarla.
PRIMERA OBLIGACIÓN DEL ESTADO: QUE NO ENTREN
Antes de discutir sobre integración convendría hablar de frontera.
Antes de hablar de acogida, de frontera.
Antes de hablar de prestaciones, de frontera.
Antes de hablar de regularizaciones, de frontera.
Porque la primera obligación política consiste precisamente en evitar que se produzca el hecho consumado.
La propia Constitución no resulta especialmente misteriosa al respecto.
El Gobierno dirige la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Y las Fuerzas Armadas tienen encomendada la garantía de la soberanía e independencia de España y la defensa de su integridad territorial.
No están esas palabras allí por decoración.
Un Estado dispone de Policía.
Guardia Civil.
Servicios de inteligencia.
Vigilancia marítima.
Medios tecnológicos.
Unidades militares.
Diplomacia.
Tratados.
Barreras físicas.
Medios antidisturbios.
Capacidad logística.
Y, en último extremo y dentro del ordenamiento jurídico, del monopolio legítimo de la fuerza.
¿Para qué?
Entre otras cosas, para que la frontera sea una frontera.
SUN TZU EN CEUTA
Hay una idea atribuida habitualmente a Sun Tzu que resume perfectamente el problema, aunque no debamos presentarla como una cita literal:
la mejor victoria es aquella que se consigue sin necesidad de combatir.
Eso es exactamente la disuasión.
La mejor frontera no es aquella en la que hay que disparar.
Es aquella en la que nadie considera sensato intentar atravesarla por la fuerza porque sabe que no lo conseguirá.
He ahí la diferencia.
Cuando digo que una frontera debe poder defenderse incluso «a punta de fusil», no estoy diciendo que haya que fusilar a quien intenta cruzarla.
Todo lo contrario.
LO IDEAL ES NO TENER QUE DISPARAR UN SOLO TIRO.
La presencia visible de fuerzas suficientes y la certeza de que impedirán el paso constituye precisamente el instrumento para evitar la violencia.
Un guardia armado no tiene por qué disparar para que su presencia tenga significado.
Una unidad militar no pierde su función porque no abra fuego.
Un buque de guerra no tiene que hundir otro barco todos los días para justificar su existencia.
La disuasión funciona cuando el eventual adversario calcula:
—No puedo.
—No me dejarán.
—El intento fracasará.
Y renuncia.
Eso es mucho más inteligente que permitir primero la entrada y gastar después centenares de millones intentando administrar sus consecuencias.
LA FRONTERA QUE NO SE DEFIENDE INVITA A SER PROBADA
Las fronteras tienen también un componente psicológico.
Si todos los intentos son inútiles, disminuyen los intentos.
Si algunos funcionan, aumentan.
Si una multitud comprueba que el número suficiente de personas puede desbordar a los agentes, se transmite una información sencilla:
hay un umbral a partir del cual la frontera deja de existir.
Eso es peligrosísimo.
Porque el problema deja de ser únicamente migratorio.
Se convierte en una vulnerabilidad estratégica.
Especialmente cuando enfrente tenemos a Marruecos.
Marruecos no es Portugal.
Marruecos mantiene históricamente pretensiones sobre Ceuta y Melilla.
Y la Policía española está investigando precisamente cómo se organizó la entrada masiva de julio. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras detectó un incremento súbito de mensajes que animaban a cruzar hacia Ceuta antes del desbordamiento y habla de un proceso dirigido al «colapso» de la frontera.
Eso no demuestra por sí solo que el Gobierno marroquí organizase la operación.
Pero obliga a investigar.
Y, sobre todo, obliga a prepararse para que jamás vuelva a ocurrir.
NO HAY QUE DISPARAR: HAY QUE IMPEDIR EL PASO
La diferencia merece ser repetida.
Disuasión no significa carnicería.
Significa:
vigilancia;
anticipación;
inteligencia;
concentración preventiva de efectivos;
barreras;
control marítimo;
interposición física;
medios coercitivos legales y proporcionados;
detenciones cuando correspondan;
y capacidad suficiente para que el intento resulte inviable.
Las armas de fuego están sometidas a reglas estrictas y sólo pueden utilizarse cuando concurran circunstancias extremas que legalmente lo justifiquen.
Pero que exista semejante límite no significa convertir a las fuerzas de seguridad en figurantes.
La autoridad tiene que ser creíble.
Porque una frontera protegida por cien hombres ante diez mil personas no está protegida.
Está esperando ser desbordada.
Por eso el principio debería ser sencillísimo:
FUERZA SUFICIENTE ANTES.
No explicaciones después.
Y SI YA HAN ENTRADO: DEVOLUCIÓN
Aquí aparece el segundo principio.
Quien consigue atravesar ilegalmente una frontera no adquiere por el mero éxito de la maniobra un derecho a quedarse.
Nuestra propia Ley de Extranjería contempla expulsiones y devoluciones y regula expresamente las consecuencias de la expulsión.
Naturalmente existen excepciones.
Asilo.
Protección internacional.
Menores.
Situaciones de especial vulnerabilidad.
Obligaciones internacionales.
Garantías judiciales.
Perfecto.
Examínense.
Pero rápidamente.
Porque una cosa es garantizar derechos y otra permitir que la lentitud administrativa transforme provisionalidades en hechos consumados.
La regla debería poder entenderla cualquiera:
quien tenga derecho a quedarse, se queda.
Quien no lo tenga, se va.
No dentro de cinco años.
No después de perderle la pista.
No después de una sucesión interminable de expedientes.
No después de que lo excepcional se convierta por cansancio administrativo en definitivo.
Se va.
Devolución.
Retorno.
Expulsión.
Llámelo como corresponda jurídicamente en cada caso.
En román paladino:
A LA PUTA CALLE.
LA LEY NO BAJÓ DEL SINAÍ
Y entonces aparece la disculpa universal:
—Es que las leyes españolas reconocen…
Un momento.
¿Quién hizo las leyes españolas?
Porque a veces se habla del ordenamiento como si hubiera sido encontrado escrito en unas tablas de piedra.
No.
Las leyes las aprueban políticos.
Las modifican políticos.
Y las derogan políticos.
Si a lo largo de décadas los distintos gobiernos han creado normas que dificultan extraordinariamente determinados retornos, permiten sucesivas vías de permanencia, establecen prestaciones o generan incentivos que hacen atractiva la entrada irregular, eso también es una decisión política.
Podrá parecernos acertada o disparatada.
Pero no es una catástrofe natural.
Alguien levantó la mano.
Alguien votó.
Alguien promulgó.
Unos lo habrán hecho por convicciones humanitarias.
Otros por ideología.
Otros por cálculo electoral.
Otros por miedo al titular.
Otros por negligencia.
Otros quizá por intereses que algún día conoceremos.
Pero dejémonos de frases impersonales:
«El sistema establece…»
«La normativa obliga…»
«Europa exige…»
Muy bien.
Cuando realmente obligue Europa, explíquese qué norma.
Cuando sea un tratado, dígase cuál.
Y cuando sea legislación española susceptible de modificación, cámbiese si produce consecuencias absurdas.
EL INCENTIVO PERVERSO
Supongamos dos personas.
La primera quiere venir legalmente a España.
Solicita visado.
Entrega documentación.
Acredita recursos.
Espera.
Cumple trámites.
Y quizá España le diga:
—No.
La segunda paga a una mafia, salta una valla, cruza a nado o aprovecha una entrada masiva.
Si posteriormente el sistema ofrece a esta última una razonable posibilidad de permanecer durante meses o años mientras se acumulan procedimientos, recursos y circunstancias sobrevenidas, hemos enviado un mensaje perverso:
QUIZÁ SALTARSE LA REGLA RESULTE MÁS EFICAZ QUE CUMPLIRLA.
Eso es exactamente lo que una política migratoria racional debería evitar.
El inmigrante legal tiene que saber que respetar la ley merece la pena.
El irregular debe saber que conseguir atravesar la frontera no significa ganar la partida.
LA FACTURA DE CEUTA
Y aquí llegamos al dinero.
Tras la crisis de julio, el Gobierno aprobó el 1 de septiembre un plan dividido en cuatro grandes bloques:
21 millones para servicios esenciales.
90 millones para seguridad.
118 millones para acogida humanitaria.
80 millones para empresas y trabajadores.
Total:
309 MILLONES DE EUROS.
La propia referencia del Consejo de Ministros detalla, entre otras partidas, 53,4 millones para alojamiento y atención básica de inmigrantes y 63,6 millones adicionales para atender a unos 1.500 menores migrantes no acompañados. Además, el Gobierno había tramitado ya servicios y suministros de emergencia por más de 44,5 millones.
Y surge una pregunta casi insultantemente sencilla:
¿CUÁNTO HABRÍA COSTADO IMPEDIR LA ENTRADA?
No afirmo que hubieran podido evitarse todos esos gastos.
También hay perjuicios empresariales, refuerzos estructurales y costes posteriores.
Pero el principio económico es evidente:
prevenir suele ser considerablemente más barato que gestionar un colapso.
Lo sabemos en incendios.
En inundaciones.
En delincuencia.
En defensa.
Y también en fronteras.
LA OTRA GRAN PREGUNTA: ¿CUÁNTOS?
Aquí empieza la extraordinaria niebla administrativa española.
Nos dicen constantemente que los extranjeros sostienen nuestro mercado laboral.
Bien.
Pongamos números.
En julio de 2026 había 3.512.223 afiliados extranjeros a la Seguridad Social.
Tres millones y medio.
Dato correcto.
Y dato importante.
Quien trabaja, produce y cotiza merece que se reconozca.
Ahora demos otro.
A 1 de julio de 2026 había 7.437.543 residentes de nacionalidad extranjera en España.
Hagamos la cuenta elemental:
7.437.543 – 3.512.223 = 3.925.320.
Casi cuatro millones de residentes extranjeros no aparecen como afiliados en esa fotografía.
¿Significa que cuatro millones viven de subvenciones?
No.
Sería falso.
Entre ellos hay niños.
Estudiantes.
Jubilados.
Personas dedicadas al hogar.
Desempleados.
Personas con situaciones laborales diversas.
Perfecto.
Entonces la siguiente pregunta resulta inevitable:
¿CUÁNTOS SON ADULTOS EN EDAD LABORAL?
¿CUÁNTOS TRABAJAN REALMENTE?
¿CUÁNTOS ESTÁN DESEMPLEADOS?
¿CUÁNTOS SON INACTIVOS?
¿Y DE QUÉ VIVEN?
No parece física cuántica.
DIEZ MILLONES NACIDOS FUERA
Pero todavía falta otra cifra.
España tenía ya a 1 de julio de 2026 10.291.807 residentes nacidos en el extranjero.
Más de diez millones.
El número es bastante mayor que el de extranjeros jurídicos porque millones de nacidos fuera poseen ya nacionalidad española. El INE contabilizaba 3.370.854 españoles nacidos en el extranjero.
Y aquí aparece una de las causas fundamentales de la confusión.
Si utilizamos nacionalidad para unos datos y lugar de nacimiento para otros, las columnas dejan de ser directamente comparables.
El nacido en Marruecos que adquiere nacionalidad española deja de aparecer como «extranjero».
Lo mismo sucede con el colombiano, ecuatoriano, venezolano o argentino nacionalizado.
Por tanto, tampoco podemos restar alegremente diez millones de nacidos fuera menos tres millones y medio de afiliados extranjeros.
Estaríamos mezclando universos diferentes.
Pero eso no resuelve el problema.
Lo hace todavía más evidente:
NECESITAMOS LA MISMA ESTADÍSTICA MEDIDA CON EL MISMO CRITERIO.
Nacidos en el extranjero:
¿cuántos trabajan?
¿cuántos cotizan?
¿cuántos están desempleados?
¿cuántos son inactivos?
¿cuántos reciben prestaciones?
¿cuánto aportan?
¿cuánto reciben?
Eso es lo que deberíamos conocer.
LA NIEBLA ADMINISTRATIVA
Y entonces aparece el verdadero modus operandi.
No hace falta esconder los datos.
Basta con trocearlos.
Una cifra la tiene el INE.
Otra, la Seguridad Social.
Otra, el SEPE.
Otra, el Ministerio de Inclusión.
Otra, Hacienda.
Otra, cada comunidad autónoma.
Otra, el ayuntamiento.
Otra, la diputación.
Otra, una consejería.
Otra, un observatorio.
Otra, una ONG que presta el servicio mediante concierto.
Otra, el Ministerio de Educación.
Otra, Sanidad.
Otra, Interior.
Y otra, quién sabe dónde.
Pregunte usted:
¿CUÁNTO CUESTA EN ESPAÑA LA POLÍTICA MIGRATORIA COMPLETA?
Comienza el peregrinaje.
Acogida.
Centros.
Prestaciones.
Ayudas autonómicas.
Ayudas municipales.
Ingreso Mínimo Vital.
Prestaciones por desempleo.
Vivienda.
Escolarización.
Sanidad.
Integración.
Traducción.
Asistencia jurídica.
Seguridad fronteriza.
Retornos.
Centros de menores.
Programas de extutelados.
Subvenciones a entidades.
Personal administrativo.
Y después añada los ingresos:
cotizaciones;
IRPF;
IVA;
impuestos especiales;
actividad empresarial;
consumo;
producción.
Entonces haga:
INGRESOS MENOS GASTOS.
Eso es lo que necesitamos.
No un eslogan.
Una cuenta.
EL MISMO SISTEMA EN TODAS PARTES
Es exactamente el fenómeno que encontramos cuando preguntamos, por ejemplo:
¿Cuántos menores están tutelados en España?
¿Cuántos están bajo guarda?
¿Cuántos en acogimiento residencial?
¿Cuántos en acogimiento familiar?
¿Cuántos son extranjeros no acompañados?
¿Cuántos pasan después a programas de extutelados?
¿Cuánto cuesta cada plaza?
¿Cuánto cuestan todos los centros?
¿Cuánto cuestan los pisos tutelados?
¿Cuánto cuestan las entidades concertadas?
¿Cuánto cuesta todo junto?
Y empiezan nuevamente los cajones.
No porque la protección de menores sea el mismo problema que la inmigración.
No lo es.
El ejemplo sirve para mostrar el método administrativo.
Fragmentación de competencias.
Fragmentación presupuestaria.
Fragmentación conceptual.
Fragmentación territorial.
Resultado:
todo el mundo posee datos.
NADIE PRESENTA LA CUENTA COMPLETA.
O, al menos, el ciudadano corriente no puede encontrarla mediante una estadística nacional sencilla y comprensible.
CUANDO LA CONFUSIÓN SE CONVIERTE EN SISTEMA
¿Es premeditado?
No puedo saberlo.
En determinadas ocasiones probablemente será simple consecuencia del monstruoso Estado administrativo que hemos fabricado.
En otras puede responder a competencias constitucionales y autonómicas diferentes.
En otras, a metodologías estadísticas legítimamente distintas.
Pero hay una cosa indiscutible:
LA CONFUSIÓN ES POLÍTICAMENTE ÚTIL.
Porque permite que cada cual saque la cifra que necesita.
—Tres millones y medio de extranjeros trabajan.
Cierto.
—Más de siete millones de extranjeros viven en España.
También.
—Más de diez millones de residentes han nacido fuera.
Cierto igualmente.
Y, sin embargo, seguimos sin responder:
¿cuál es el saldo económico y fiscal completo?
Quien sostiene que es extraordinariamente positivo debería ser el primero interesado en publicar la cuenta.
Quien sostiene que es extraordinariamente negativo también.
Pues publíquese.
«LOS INMIGRANTES PAGARÁN NUESTRAS PENSIONES»
Éste es otro dogma que debería someterse a una operación revolucionaria:
sumar y restar.
No basta con cotizar hoy.
Hay que estudiar salarios, bases de cotización, desempleo, prestaciones futuras, utilización de servicios públicos, estructura familiar, envejecimiento y evolución a lo largo de toda la vida.
Quizá el resultado sea positivo.
Quizá no.
Quizá dependa enormemente del tipo de inmigración.
Ésa es precisamente mi tesis.
No necesitamos fe.
NECESITAMOS CONTABILIDAD.
Porque no es lo mismo incorporar un médico de treinta años que un trabajador con escasa cualificación y empleo discontinuo.
No es lo mismo importar capital humano que importar pobreza.
No es lo mismo inmigración legal seleccionada según las necesidades económicas del país que entrada irregular masiva.
Meterlo todo bajo la palabra «inmigración» convierte cualquier discusión seria en propaganda.
¿Y MARRUECOS?
Finalmente llegamos a la cuestión que sobrevuela Ceuta desde hace décadas.
Marruecos.
España coopera con Marruecos en materia migratoria.
Europa coopera con Marruecos.
Pagamos cooperación.
Firmamos acuerdos.
Organizamos cumbres.
Hablamos de «socio estratégico».
Y, sin embargo, desde territorio marroquí pudieron atravesar hacia Ceuta decenas de miles de personas en cuestión de horas.
La pregunta es inevitable:
¿CÓMO?
¿Falló Marruecos?
¿No pudo evitarlo?
¿No quiso?
¿Determinados sectores permitieron que ocurriera?
¿Hubo organización?
¿Quién promovió los mensajes?
¿Quién movilizó a tanta gente?
Para eso están las investigaciones.
Pero desde el punto de vista español la conclusión debería ser independiente de las respuestas:
ESPAÑA NO PUEDE DELEGAR SU FRONTERA EN MARRUECOS.
Podremos cooperar.
Pero la última línea tiene que ser nuestra.
Y PEGASUS SIGUE AHÍ
Después aparece Pegasus.
No como prueba de una conspiración que no podemos demostrar.
Como hecho.
Los teléfonos de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas fueron infectados mediante Pegasus.
La Audiencia Nacional archivó provisionalmente por segunda vez la investigación el 22 de enero de 2026 porque la falta de cooperación de Israel impedía atribuir los hechos a una persona concreta.
Traducido:
sabemos que fueron espiados.
No sabemos judicialmente quién ordenó el espionaje.
Y por tanto existen preguntas.
¿Qué información fue sustraída?
¿Quién la recibió?
¿Dónde está?
¿Puede utilizarse?
¿Ha tenido consecuencias políticas?
No sabemos las respuestas.
Pero pretender que por ello tampoco podemos hacer las preguntas sería absurdo.
Especialmente cuando hablamos de unas relaciones hispano-marroquíes llenas de decisiones que merecen explicación, empezando por el cambio español respecto del Sáhara.
¿Y EL 11-M?
También el 11-M aparece inevitablemente en muchas conversaciones sobre Marruecos.
Aquí hay que separar escrupulosamente hechos, hipótesis y conjeturas.
No existe una resolución judicial que permita afirmar que el Estado marroquí organizó los atentados.
Punto.
Pero eso no convierte en ilícita cualquier investigación histórica o periodística sobre las redes yihadistas, conexiones marroquíes, confidentes, servicios de inteligencia, antecedentes y zonas que quedaron insuficientemente aclaradas para buena parte de la opinión pública.
Preguntar no es afirmar.
Sospechar no es demostrar.
Demostrar no es condenar.
El principio de no contradicción de Aristóteles sigue funcionando incluso en política.
¿POR QUÉ SEGUIMOS PAGANDO PARA QUE NO OCURRA OTRA VEZ?
Hay una lógica especialmente peculiar en nuestras relaciones con Marruecos.
Cooperamos económicamente para que controle la emigración irregular.
Se produce una crisis gigantesca.
Y la respuesta habitual consiste en reforzar la cooperación.
Uno termina preguntándose si hemos creado una estructura de incentivos extraordinariamente absurda.
La política debería ser muy sencilla:
cooperación por cooperación.
Si Marruecos controla su frontera:
cooperación.
Si combate las mafias:
cooperación.
Si readmite con rapidez a sus nacionales:
cooperación.
Si intercambia información:
cooperación.
Pero si no cumple:
menos dinero.
Menos privilegios.
Más presión diplomática.
Y, sobre todo:
FRONTERA ESPAÑOLA PREPARADA PARA NO DEPENDER DE SU BUENA VOLUNTAD.
UNA FRONTERA QUE INSPIRE RESPETO
Volvamos a Sun Tzu.
La mejor batalla es la que no tiene lugar.
No hace falta disparar.
Hace falta que resulte evidente que no se pasará.
Guardias civiles suficientes.
Policías suficientes.
Medios navales suficientes.
Tecnología suficiente.
Reservas suficientes.
Y, ante una amenaza de magnitud extraordinaria que afecte a la soberanía e integridad territorial, los instrumentos de defensa que jurídicamente correspondan.
El Estado debe presentarse ante quien pretende desbordarlo como una certeza, no como una sugerencia.
Eso es disuasión.
No odio.
No racismo.
No violencia gratuita.
AUTORIDAD.
LA INMIGRACIÓN LEGAL NO ES EL PROBLEMA
También debemos dejar esto diáfanamente claro.
No estoy hablando del extranjero que solicita legalmente residencia.
Ni del que trabaja.
Ni del que monta un negocio.
Ni del que estudia.
Ni del que cotiza durante treinta años.
Ni del perseguido al que legítimamente concedemos asilo.
Ni siquiera sostengo que toda persona llegada irregularmente carezca necesariamente de derecho posterior a protección.
Estoy hablando de un principio diferente:
NADIE DEBE ADQUIRIR VENTAJA POR HABER VIOLADO LA FRONTERA.
Porque si termina resultando más rentable entrar ilegalmente que solicitar autorización, tenemos un sistema diseñado contra sí mismo.
DIEZ MEDIDAS DE SENTIDO COMÚN
Primera.
Refuerzo permanente de las fronteras de Ceuta y Melilla.
Segunda.
Inteligencia preventiva en Marruecos, redes sociales y rutas migratorias para anticipar concentraciones masivas.
Tercera.
Capacidad de concentración inmediata de fuerzas suficientes para impedir cualquier desbordamiento.
Cuarta.
Identificación rápida de quien entre irregularmente.
Quinta.
Procedimientos rápidos para resolver solicitudes de asilo y protección.
Sexta.
Devolución o expulsión efectiva de quien no tenga derecho a permanecer.
Séptima.
Acuerdos de readmisión efectivos y condicionamiento de la cooperación económica a su cumplimiento.
Octava.
Inmigración legal vinculada a necesidades reales de España.
Novena.
Eliminación de incentivos que conviertan la entrada irregular en una vía alternativa de residencia.
Y décima:
CONTABILIDAD PÚBLICA ANUAL DE LA INMIGRACIÓN.
Una tabla.
Sólo una.
Nacidos fuera.
Nacionalidad.
Edad.
Ocupación.
Cotización.
Desempleo.
Prestaciones.
Sanidad.
Educación.
Vivienda.
Acogida.
Ayudas.
Impuestos pagados.
Cotizaciones pagadas.
Costes específicos.
Saldo.
Por cohortes y con datos agregados que preserven la intimidad.
Y se terminó la discusión metafísica.
«ES QUE NO SE PUEDE»
Sí se puede.
Lo sabemos porque tras la entrada de julio decenas de miles regresaron a Marruecos.
Lo sabemos porque la propia legislación contempla mecanismos de devolución y expulsión.
Lo sabemos porque el Gobierno ha movilizado después decenas de millones precisamente para reforzar seguridad, Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas en Ceuta.
La pregunta, por tanto, cambia:
¿POR QUÉ NO ESTABA PREPARADO TODO ESO ANTES?
He ahí el verdadero problema.
No necesitamos demostrar que es imposible.
Acabamos de demostrar que cuando el desastre ocurre aparecen:
dinero;
guardias civiles;
policías;
militares;
funcionarios;
jueces;
centros;
aviones;
barcos;
presupuestos extraordinarios.
Pues quizá la próxima vez convenga emplear una fracción de todo eso antes de que entren setenta y dos mil personas.
LA DIFERENCIA ENTRE HUMANIDAD Y ESTUPIDEZ
Auxiliar al que se ahoga es humanidad.
Curar al herido es humanidad.
Proteger al menor es humanidad.
Reconocer al verdadero refugiado es humanidad.
No abandonar a una persona a una muerte segura es humanidad.
Pero ninguna de esas cosas exige aceptar que cualquiera que consiga entrar deba permanecer.
Confundir humanidad con ausencia de fronteras no es compasión.
Es irresponsabilidad.
Y muchas veces quienes pagan semejante irresponsabilidad son precisamente los más vulnerables:
los inmigrantes que mueren intentando entrar;
los barrios modestos que soportan mayor presión sobre servicios;
los trabajadores de rentas bajas que compiten en determinados mercados laborales;
los españoles que esperan una vivienda social;
y también los inmigrantes legales que han cumplido escrupulosamente las normas.
¡A LA PUTA CALLE!
Y regreso al título.
Sí.
Es deliberadamente grueso.
Pero no ambiguo.
«A la puta calle» no significa apalear.
No significa disparar.
No significa abandonar personas en el mar.
No significa negar un procedimiento legal.
Significa:
QUIEN NO TENGA DERECHO A PERMANECER EN ESPAÑA DEBE SALIR DE ESPAÑA.
Tan sencillo como eso.
Y antes de que consiga entrar, el Estado debe hacer todo lo legalmente necesario para impedirlo.
Con barreras.
Con guardias.
Con policías.
Con vigilancia.
Con presencia militar cuando jurídicamente corresponda.
Con una capacidad de disuasión inequívoca.
Incluso con agentes armados, naturalmente.
Porque estar armado no significa disparar.
Precisamente la superioridad visible, la preparación y la certeza de la respuesta pueden conseguir lo que recomendaba Sun Tzu:
GANAR SIN COMBATIR.
Que quien mire la frontera española comprenda:
—Por ahí no entro.
Y no lo intente.
Ésa sería la victoria.
Y AHORA, SAQUEN LAS CUENTAS
Mientras tanto, nuestros gobernantes pueden guardarse durante cinco minutos las grandes palabras.
«Inclusión».
«Diversidad».
«Flujos».
«Resiliencia».
«Movilidad humana».
«Reto demográfico».
«Acogida».
«Integración».
Muy bien.
Ahora quiero números.
¿CUÁNTOS SOMOS?
¿CUÁNTOS HAN NACIDO FUERA?
¿CUÁNTOS SON EXTRANJEROS?
¿CUÁNTOS TRABAJAN?
¿CUÁNTOS NO TRABAJAN?
¿CUÁNTOS RECIBEN PRESTACIONES?
¿CUÁNTO APORTAN?
¿CUÁNTO RECIBEN?
¿CUÁNTO CUESTA LA INMIGRACIÓN IRREGULAR?
¿CUÁNTO CUESTAN LOS CENTROS?
¿CUÁNTO CUESTAN LOS PROGRAMAS DE ACOGIDA?
¿CUÁNTO RECIBEN LAS ENTIDADES QUE LOS GESTIONAN?
¿CUÁNTO CUESTA TODO?
Y finalmente:
¿CUÁL ES EL SALDO?
Si es positivo, publíquenlo.
Si es negativo, publíquenlo.
Si depende de cada colectivo, publíquenlo.
Si cambia con los años de residencia, publíquenlo.
Pero basta ya de ocultar el bosque mediante una proliferación infinita de árboles estadísticos.
FRONTERA, LEY, EXPULSIÓN Y CUENTAS
Todo este larguísimo debate puede reducirse finalmente a cuatro palabras:
FRONTERA.
Quien no tenga autorización, no entra.
LEY.
Quien solicite protección recibe un procedimiento justo y rápido.
EXPULSIÓN.
Quien carezca de derecho a permanecer, sale.
CUENTAS.
El contribuyente conoce cuánto aporta y cuánto cuesta el sistema.
No parece fascismo.
No parece xenofobia.
No parece odio.
Parece algo mucho más antiguo:
un Estado soberano comportándose como un Estado soberano.
Y por eso, después de miles de páginas de leyes, reglamentos, estadísticas, memorias, observatorios, informes y eufemismos, sigo llegando a la misma conclusión de Pero Grullo:
LA MEJOR FRONTERA ES AQUELLA QUE NADIE INTENTA ASALTAR PORQUE SABE QUE NO PODRÁ ATRAVESARLA.
Y respecto de quien ya la haya cruzado ilegalmente:
SI TIENE DERECHO A QUEDARSE, QUE SE QUEDE.
SI NO LO TIENE, ¡A LA PUTA CALLE!
Sin disparar un solo tiro si puede evitarse.
Con la ley en la mano.
Con toda la fuerza legítima del Estado detrás de la ley.
Y con una frontera que, por una vez, merezca ese nombre.
