¿Quién controla a los jueces? ¿Quién controla al CGPJ? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso…

Antes de hablar de discursos, togas, puñetas, reverencias, solemnidades, autoridades y fotografías oficiales, convendría empezar por los números.

Porque los números tienen la mala costumbre de estropear las ceremonias.

El World Justice Project, en su Rule of Law Index 2025, sitúa a España en el puesto 25 de 143 países en el conjunto del Estado de Derecho.

No estamos hablando, naturalmente, de Venezuela, Afganistán o cualquier Estado fallido.

Pero cuando descendemos a los componentes concretos del índice empiezan a aparecer algunas incomodidades.

España ocupa el puesto 27 en límites al poder gubernamental, el 30 en Justicia civil, el 25 en Justicia penal y el 39 en orden y seguridad. Dentro de su grupo regional ocupa el puesto 18 de 31.

Sigamos.

El Informe sobre el Estado de Derecho 2026 de la Comisión Europea, publicado el pasado 17 de julio, dice que solamente el 40 % de los españoles considera «bastante buena» o «muy buena» la independencia de los jueces y tribunales.

Cuatro de cada diez.

Entre las empresas, un 46 %.

Bruselas califica ambos resultados como un nivel medio de percepción de independencia judicial.

Sigamos todavía.

Durante 2025 los órganos judiciales españoles recibieron 7.550.806 asuntos.

Resolvieron 7.437.033.

Una cantidad impresionante de trabajo, desde luego.

Pero el 31 de diciembre permanecían en tramitación nada menos que:

4.673.596 ASUNTOS.

Casi cinco millones.

Y, pese al aumento de la capacidad resolutiva, el número de asuntos pendientes creció un 3,4 % respecto del año anterior.

En román paladino:

la Justicia española corre, pero la montaña de asuntos pendientes continúa creciendo.

Y la propia Comisión Europea, después de hablar de digitalización, reorganización, nuevas plazas y reformas, termina reconociendo algo bastante menos triunfal:

«La duración de los procedimientos judiciales sigue siendo un escollo».

El Gobierno y el CGPJ anuncian la provisión de 700 nuevas plazas: 375 para jueces, 200 para fiscales y 125 para magistrados mediante el denominado cuarto turno. Bienvenidas sean.

Pero casi cinco millones de asuntos pendientes son casi cinco millones de asuntos pendientes, se adornen como se adornen.

Con estos datos encima de la mesa se celebrará el próximo jueves 10 de septiembre de 2026 la solemne apertura del Año Judicial 2026-2027.

Ahora sí.

Que entren las togas.

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EL REY PRESIDIRÁ EL ACTO

Felipe VI presidirá el acto en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo.

No es una conjetura.

Lo ha anunciado oficialmente la Casa del Rey.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, presentará la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividad de juzgados y tribunales.

Y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, dará cuenta de la actividad de la Fiscalía, de la evolución de la criminalidad y de las iniciativas relacionadas con la prevención del delito y la eficacia de la Justicia.

Dos días antes, el 8 de septiembre, Peramato acudirá a La Zarzuela para hacer entrega al Rey de la Memoria anual de la Fiscalía.

Magnífico.

Pero convendría que esta vez, además de escuchar las palabras, prestásemos atención a las contradicciones.

Porque el problema de la Justicia española ya no consiste en que falten discursos sobre su independencia.

Tenemos discursos para empapelar todos los juzgados de España.

Lo que falta es que el ciudadano esté convencido de que aquello que proclaman los discursos ocurre realmente.

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CASI CINCO MILLONES DE ASUNTOS PENDIENTES: EMPECEMOS POR AHÍ

Hace años escribí sobre aquella Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que el Congreso aprobó por unanimidad en abril de 2002.

Prometía transparencia.

Información.

Atención adecuada.

Responsabilidad.

Protección de las personas vulnerables.

Una Administración de Justicia responsable ante el ciudadano.

Y comprometía al Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, CGPJ, Fiscalía General, abogados, procuradores y demás instituciones relacionadas con la Justicia a hacer efectivos aquellos derechos.

Han transcurrido veinticuatro años.

Quizá haya llegado el momento de dejar de contemplar la Carta como un hermoso documento y formular una pregunta mucho más vulgar:

¿Funciona?

Porque ésa es la prueba del algodón.

No cuántas normas hemos publicado.

No cuántas reformas procesales hemos aprobado.

No cuántas oficinas hemos reorganizado.

No cuántos nombres hemos cambiado.

Sino si el ciudadano obtiene Justicia.

Y obtener Justicia significa que sea imparcial, accesible, suficientemente rápida, previsible y fundada en Derecho.

Hace años también escribía que acudir a un tribunal no puede convertirse en algo semejante a entrar en un casino sin saber qué sucederá.

La seguridad jurídica exige que hechos sustancialmente iguales reciban consecuencias jurídicas razonablemente iguales y que las resoluciones dependan de la ley, los hechos y las pruebas, no de quién haya correspondido en el reparto, de la ideología del juzgador o de cualquier circunstancia ajena al proceso.

Aquella reflexión no ha envejecido.

Lo que hemos hecho es ponerle cifras de 2026.

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ISABEL PERELLÓ Y EL CGPJ: EL ELEFANTE EN EL SALÓN DE PLENOS

¿Qué dirá Isabel Perelló?

Seguramente hablará de independencia judicial.

Y hará bien.

Pero inmediatamente aparecerá el elefante en el salón:

el propio sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial.

Conviene ser precisos.

El actual CGPJ no tiene formalmente una «mayoría gubernamental».

Nació del pacto alcanzado en 2024 entre PSOE y PP, que acordaron veinte nombres: diez propuestos por cada parte.

Y eso, lejos de tranquilizarme, me plantea una pregunta todavía más importante:

¿POR QUÉ DEMONIOS ESTAMOS CONTANDO CUÁNTOS SON DE CADA UNO?

Ahí está el problema.

Unos son calificados de «progresistas».

Otros de «conservadores».

Unos fueron propuestos por el PSOE.

Otros por el PP.

Unos proceden de determinadas asociaciones.

Otros de otras.

Y después se nos pide que los ciudadanos imaginemos que semejante sistema de reparto no afecta ni siquiera a la apariencia de independencia.

Tal vez muchos vocales sean extraordinariamente independientes.

Seguro que los hay.

Pero el problema institucional permanece.

Porque una Justicia independiente no sólo debe serlo.

También debe parecerlo.

Y la apariencia empieza bastante mal cuando sabemos qué partido propuso a cada cual.

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¿PROGRESISTAS? ¿CONSERVADORES? ¿ESO QUÉ DEMONIOS SIGNIFICA EN UN JUEZ?

Siempre me ha producido cierta perplejidad escuchar hablar de «jueces progresistas», «jueces conservadores», «fiscales progresistas» o «fiscales conservadores».

¿Qué es exactamente un juez progresista?

¿Aplica progresistamente el Código Civil?

¿Interpreta conservadoramente una factura?

¿La prueba pericial tiene ideología?

¿Existe una versión socialdemócrata del artículo 24 de la Constitución y otra liberal-conservadora?

Hace años escribía que el ciudadano no entra en el juzgado buscando etiquetas.

Busca certeza, seguridad jurídica, imparcialidad y respeto a sus derechos.

No quiero un juez de izquierdas.

Ni de derechas.

Ni liberal.

Ni socialista.

Ni conservador.

Ni progresista.

Quiero un juez.

Y quiero que ante unos determinados hechos comprobados aplique el Derecho.

Punto.

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Y EUROPA SIGUE HABLANDO DEL SISTEMA DE ELECCIÓN DEL CGPJ

No se trata únicamente de una obsesión de quienes criticamos el sistema.

La cuestión continúa abierta en 2026.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa estudió las dos alternativas planteadas para modificar el sistema español.

Una de ellas establecía que los vocales judiciales fueran elegidos directamente por los propios jueces.

La otra mantenía la decisión final en el Parlamento a partir de una selección previa efectuada por la carrera judicial.

La conclusión de la Comisión de Venecia fue bastante clara: la elección directa por los pares cumple el estándar europeo; la segunda alternativa no lo cumple completamente porque deja la elección final en manos de un órgano político.

Pero añadió algo que también debemos tener en cuenta: no basta con evitar la politización externa; hay que impedir también la politización interna, incluida la dependencia de asociaciones judiciales alineadas directa o indirectamente con fuerzas políticas.

Exactamente.

Ni partitocracia.

Ni corporativismo.

No se trata de quitarles los jueces a los partidos para entregárselos a las asociaciones judiciales.

Se trata de encontrar un sistema que reduzca al máximo cualquier dependencia.

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Y LA VÍSPERA DE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL…

Aquí aparece una coincidencia digna de Pero Grullo.

Mientras Felipe VI se prepara para presidir la ceremonia del 10 de septiembre, el Congreso está tramitando una Proposición de Ley Orgánica para cambiar el modelo de elección de los vocales del CGPJ.

El plazo ordinario de presentación de enmiendas llega al 7 de septiembre.

Y su ampliación:

AL 9 DE SEPTIEMBRE.

Justo la víspera de la apertura del Año Judicial.

Es difícil imaginar una escenografía mejor.

El día 9 los políticos discuten cómo elegir a quienes gobiernan a los jueces.

El día 10 las autoridades se reúnen solemnemente para celebrar la independencia judicial.

No hace falta añadir chiste alguno.

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PERELLÓ: MEJOR JUZGARLA POR SUS ACTOS

A Isabel Perelló se la suele incluir en la denominada sensibilidad progresista.

Pero sería intelectualmente tramposo deducir de ahí que actúa necesariamente al servicio del Gobierno.

De hecho, acaba de producirse una prueba interesante.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, transmitió a Perelló su «preocupación» por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón de exigir reserva a policías que estaban trabajando para el juzgado sobre los acontecimientos de Ceuta.

¿Y qué hizo Perelló?

Respaldó a la magistrada.

Recordó al ministro que cuando un juez requiere la colaboración de la Policía Judicial existe el deber constitucional de prestarla y sostuvo que Tardón había actuado en el ejercicio de sus funciones constitucionales, merecedoras del «máximo respeto».

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional fue todavía más rotunda y manifestó por unanimidad su «absoluto respaldo» a Tardón.

Pues muy bien.

Cuando alguien hace lo que debe, se dice.

Precisamente ésa es la conducta que debemos exigir.

La independencia judicial se demuestra cuando el juez incomoda al poder y el órgano de gobierno de los jueces lo protege.

Da igual el color del Gobierno.

Hoy es Marlaska.

Mañana puede ser cualquier ministro del PP, del PSOE, de VOX, de Sumar o del Partido de los Amigos del Ornitorrinco.

La regla debe ser la misma.

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¿QUIÉN CONTROLA A LOS CONTROLADORES?

Pero aquí aparece la otra mitad del problema.

Defender la independencia de los jueces no significa proclamar su infalibilidad.

Un Estado de Derecho no puede sustituir el dominio del Gobierno por el dominio de una corporación judicial.

La independencia no es impunidad.

No significa que un juez pueda hacer cuanto se le antoje.

Significa justamente lo contrario:

que nadie pueda ordenarle qué resolver porque sólo está sometido al imperio de la ley.

También el juez.

Sobre todo el juez.

De ahí algunas preguntas que rara vez escuchamos en las ceremonias:

¿Qué responsabilidad efectiva existe ante las dilaciones indebidas?

¿Qué ocurre cuando una resolución es manifiestamente contradictoria con otras dictadas ante supuestos sustancialmente idénticos?

¿Cuánto cuesta al ciudadano corregir una resolución errónea?

¿Cuántos años?

¿Cuántos recursos?

¿Cuántos miles de euros?

¿Cuántas personas renuncian sencillamente a defender un derecho porque el coste económico, temporal y psicológico del procedimiento supera el valor de aquello que reclaman?

Ésa también es independencia judicial.

Porque una Justicia independiente pero inaccesible, imprevisible o desesperadamente lenta puede acabar resultando tan inútil para el ciudadano como una Justicia dependiente.

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DE ALEJANDRO NIETO A 2026

En 2004 Alejandro Nieto publicó El desgobierno judicial.

Hace más de veinte años.

Lo cité entonces y vuelvo a citarlo ahora porque buena parte de las cuestiones que planteaba continúan resultando incómodamente reconocibles: corporativismo, interferencia política, reparto de responsabilidades, insuficiencia organizativa y reformas que modifican muchas cosas sin resolver necesariamente el problema esencial.

Han pasado más de dos décadas.

Y hemos tenido:

Gobiernos del PSOE.

Gobiernos del PP.

Nuevos ministros.

Nuevas leyes.

Nuevos sistemas informáticos.

Reformas procesales.

Reorganizaciones territoriales.

Planes de modernización.

Digitalización.

Observatorios.

Comisiones.

Informes.

Estudios.

Memorias.

Congresos.

Cursos.

Jornadas.

Y aquí estamos.

4.673.596 asuntos pendientes.

A veces da la impresión de que somos extraordinariamente eficientes reformando la Justicia y bastante menos eficientes consiguiendo que funcione.

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Y LLEGAMOS A LA FISCALÍA

Aquí la ceremonia del 10 de septiembre adquiere todavía mayor interés.

La actual fiscal general del Estado es Teresa Peramato Martín.

Fue nombrada mediante Real Decreto de 9 de diciembre de 2025.

¿Quién la nombró formalmente?

El Rey.

¿Quién la propuso?

El Gobierno de Pedro Sánchez.

Eso no es una acusación.

Es exactamente lo que establecen la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El artículo 124 de la Constitución dispone además que el Ministerio Fiscal actúa con arreglo a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, sometido, al mismo tiempo, a los de legalidad e imparcialidad.

Ahí comienza la peculiar arquitectura española.

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«¿DE QUIÉN DEPENDE LA FISCALÍA?»

6 de noviembre de 2019.

Pedro Sánchez explica en Radio Nacional cómo pretende conseguir que Carles Puigdemont comparezca ante la Justicia española.

Y pronuncia una de aquellas frases que sobreviven a quien las pronuncia:

—¿La Fiscalía de quién depende?

El entrevistador responde:

—Del Gobierno.

Y Sánchez remata:

—Pues ya está.

La frase fue jurídicamente burda.

Pero políticamente extraordinariamente reveladora.

Porque expresó en treinta segundos aquello que las instituciones llevan años tratando de explicar de una forma bastante más sofisticada.

No.

La Fiscalía no debe recibir órdenes del Gobierno sobre cómo resolver un procedimiento concreto.

Los fiscales deben actuar conforme a legalidad e imparcialidad.

Pero el problema no consiste solamente en cuál sea la regla escrita.

También importa la arquitectura institucional.

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EL ACTUAL FISCAL GENERAL TODAVÍA CESA CUANDO CESA EL GOBIERNO QUE LO PROPUSO

Y aquí llega otro dato muy oportuno para septiembre de 2026.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal vigente dispone que el mandato del fiscal general dura cuatro años.

Pero entre sus causas de cese incluye expresamente:

«cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto».

Así está escrito hoy.

¿Comprenden ahora por qué la pregunta sobre la dependencia de la Fiscalía no es una extravagancia?

Tan evidente resulta el problema de apariencia institucional que existe una reforma en tramitación para cambiarlo.

El proyecto pretende establecer un mandato de cinco años, desvincularlo del ciclo político y restringir las comunicaciones del Gobierno con la Fiscalía.

Pero la reforma todavía no está culminada.

Y precisamente el Informe sobre el Estado de Derecho de julio de 2026 vuelve a recomendar a España que continúe reforzando el estatuto del fiscal general y, de manera expresa, que avance en la disociación temporal de su mandato respecto del Gobierno.

Dicho de otra manera:

no somos cuatro malpensados preguntándonos por la autonomía de la Fiscalía.

También lo pregunta Bruselas.

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TERESA PERAMATO RECIBE UNA INSTITUCIÓN HERIDA

Y Teresa Peramato afrontará su primera apertura del Año Judicial como fiscal general después de un acontecimiento sin precedentes.

Su antecesor, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 2025 por un delito de revelación de datos reservados, con multa e inhabilitación especial durante dos años para ejercer como fiscal general.

La sentencia fue dictada por mayoría y contó con dos votos particulares discrepantes.

No corresponde atribuir a Teresa Peramato lo que hizo García Ortiz.

Cada cual responde por sus propios actos.

Pero una cosa es la responsabilidad personal y otra la herencia institucional.

Y la institución que Peramato encabeza necesita recuperar algo fundamental:

CREDIBILIDAD.

No basta con afirmar que la Fiscalía es imparcial.

Tiene que resultar creíble cuando actúa contra alguien cercano al Gobierno.

Exactamente igual que debe resultar creíble cuando actúa contra alguien cercano a la oposición.

Ésa es la prueba.

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¿QUÉ DIRÁ TERESA PERAMATO?

Escuchémosla.

¿Hablará de autonomía?

¿De imparcialidad?

¿De la condena de su antecesor?

¿De las reformas pendientes?

¿De la dependencia jerárquica?

¿De las relaciones con el Gobierno?

¿Del deber de los fiscales de actuar exclusivamente conforme a la ley?

¿De la futura atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal, una transformación de enorme importancia si finalmente se aprueba?

Porque ahí está otra de las cuestiones fundamentales.

El Gobierno pretende que en el futuro las investigaciones penales sean dirigidas por fiscales y no por jueces instructores.

Puede existir un buen debate jurídico acerca de las ventajas e inconvenientes del modelo.

Pero una conclusión parece de Pero Grullo:

antes de entregar a la Fiscalía mayor poder investigador convendría blindar de manera extraordinariamente sólida su independencia respecto del Gobierno.

Primero las garantías.

Después el poder.

No al revés.

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CEUTA: UNA PRUEBA INMEDIATA

Y ni siquiera tendremos que esperar mucho para comprobar cómo funcionan todas estas instituciones.

Ahí está Ceuta.

La juez María Tardón ha requerido informes.

Ha ordenado reserva sobre determinadas actuaciones policiales.

Interior ha protestado.

Perelló ha respaldado a la magistrada.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional la ha respaldado por unanimidad.

Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado favorable a la apertura de una investigación judicial sobre los acontecimientos ocurridos en Ceuta.

Perfecto.

Ahora dejemos trabajar a jueces, fiscales y Policía Judicial.

Y observemos.

Porque tendremos delante una prueba magnífica.

Si aparecen hechos incómodos para Interior, ¿se investigarán?

Si aparecen hechos incómodos para el Gobierno, ¿se investigarán?

Si aparecen hechos incómodos para Marruecos, ¿se investigarán?

Si no aparecen pruebas de determinadas hipótesis, ¿se descartarán?

Eso es Justicia.

Investigar lo que haya que investigar.

Probar lo que pueda probarse.

Descartar lo que no pueda sostenerse.

Sin mirar antes quién sale beneficiado o perjudicado.

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NO ES SÓLO POLITIZACIÓN: ES DESGOBIERNO

Y aquí regresamos al comienzo.

Tal vez el problema de la Justicia española sea incluso más profundo que la politización.

Tenemos competencias repartidas entre el Ministerio, las Comunidades Autónomas, el CGPJ y diferentes órganos administrativos.

Tenemos jueces que dependen del Poder Judicial, funcionarios cuyos medios dependen de otras administraciones, sistemas informáticos que no siempre hablan entre sí y una estructura territorial extraordinariamente compleja.

La Comisión Europea vuelve a advertir en 2026 de problemas de interoperabilidad entre sistemas estatales y autonómicos de gestión de expedientes, pese a reconocer el elevado grado de digitalización alcanzado.

Una maravillosa metáfora de España:

digitalizamos el laberinto.

Y después nos felicitamos porque el laberinto es digital.

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LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA NO ES UN ESLOGAN

Artículo 24 de la Constitución.

«Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales […] sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».

Magnífico.

Pero un derecho constitucional que tarda seis, ocho o diez años en hacerse efectivo corre el riesgo de convertirse en un derecho puramente nominal.

Justicia tardía puede terminar siendo injusticia.

Un empresario arruinado antes de ganar el pleito no ha obtenido una verdadera reparación.

Una familia que recibe una sentencia cuando el daño ya es irreversible tampoco.

Un inocente que vive años bajo procedimiento penal tampoco recupera mágicamente todo cuanto perdió cuando finalmente resulta absuelto.

Y un ciudadano que renuncia a reclamar porque sabe que hacerlo le supondrá años, gastos y angustia tampoco disfruta realmente de tutela judicial efectiva.

Por eso los casi 4,7 millones de asuntos pendientes importan.

No son expedientes.

Son personas.

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EL 10 DE SEPTIEMBRE HABRÁ MUCHAS PALABRAS

El jueves habrá discursos.

Se hablará del Estado de Derecho.

De independencia.

De modernización.

De servicio público.

De transformación digital.

De eficiencia.

De derechos.

De igualdad.

De imparcialidad.

De confianza.

Seguramente casi todo será cierto en el plano de los principios.

Pero existe una pregunta mucho más desagradable:

¿qué ocurre cuando termina el discurso?

Cuando el Rey abandona el Tribunal Supremo.

Cuando los ministros regresan a sus despachos.

Cuando las cámaras se apagan.

Cuando las togas vuelven a los armarios.

Cuando los canapés se terminan.

Entonces empieza el verdadero Año Judicial.

El del ciudadano.

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FELIPE VI ESTARÁ ALLÍ

Y también estará Felipe VI.

Como jefe del Estado.

Presidiendo el acto.

No dirige a los jueces.

No puede decirle a un magistrado qué sentencia dictar.

No puede ordenar a la Fiscalía que acuse o deje de acusar.

Ni debe hacerlo.

Pero su presencia encarna algo que merece ser recordado:

el Estado está por encima del Gobierno de turno.

El Gobierno pasa.

Los ministros pasan.

Los fiscales generales pasan.

Los vocales del CGPJ pasan.

Los presidentes pasan.

El Estado permanece.

Y la ley debe permanecer por encima de todos.

Ése debería ser el significado profundo de su presencia.

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¿QUIÉN MANDA AQUÍ?

Al final todo se reduce a una cuestión extraordinariamente sencilla.

¿Quién manda en un Estado de Derecho?

¿El Gobierno?

No.

¿El CGPJ?

No.

¿Los jueces?

Tampoco.

¿La Fiscalía?

No.

¿Los partidos?

Mucho menos.

MANDA LA LEY.

El Gobierno está sometido a ella.

El juez está sometido a ella.

El fiscal está sometido a ella.

La Policía está sometida a ella.

El Rey está sometido a ella.

Y el ciudadano también.

Ésa es la igualdad ante la ley.

No hay otra.

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¿DE QUIÉN DEPENDE LA FISCALÍA? PUES ESO…

Volvamos una última vez a la célebre frase.

—¿De quién depende la Fiscalía?

La respuesta constitucionalmente correcta debería ser:

de la legalidad.

Su organización es jerárquica.

Su jefe máximo es propuesto por el Gobierno.

El actual sistema vincula incluso su cese al del Gobierno que lo propuso.

Y por eso mismo hay que reforzar sus garantías de autonomía.

Pero la legitimidad de la institución dependerá finalmente de otra cosa:

de que cuando llegue el momento de elegir entre el interés político y la ley, el fiscal elija la ley.

Siempre.

Y lo mismo debe hacer el juez.

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LA VERDADERA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

Así que el próximo 10 de septiembre miraré la ceremonia con interés.

Escucharé a Isabel Perelló.

Escucharé a Teresa Peramato.

Observaré a Felipe VI.

Pero no confundiré el acto con la realidad.

Porque la verdadera apertura del Año Judicial comenzará cuando, al día siguiente, abra sus puertas el juzgado de cualquier ciudad española y entre por ellas un ciudadano corriente.

Ese ciudadano no preguntará quién propuso al vocal del CGPJ.

No preguntará si el juez es progresista o conservador.

No preguntará a qué asociación pertenece el fiscal.

No preguntará quién gobierna España.

Preguntará algo muchísimo más sencillo:

«¿Se hará Justicia?»

Y ésa es la única pregunta que importa.

Mientras España tenga casi cinco millones de asuntos pendientes; mientras solamente cuatro de cada diez ciudadanos valoren positivamente la independencia judicial; mientras Europa siga reclamando reformas del sistema de elección del CGPJ y de la autonomía del fiscal general; mientras sigamos clasificando a jueces y fiscales por colores ideológicos; mientras el ciudadano tema que acudir a un tribunal pueda convertirse en una lotería cara, lenta e imprevisible, tendremos razones más que suficientes para seguir hablando de aquel viejo concepto de Alejandro Nieto:

desgobierno judicial.

El 10 de septiembre habrá Rey.

Habrá presidenta del Tribunal Supremo.

Habrá fiscal general.

Habrá ministros.

Habrá magistrados.

Habrá fiscales.

Habrá solemnidad.

Habrá discursos.

Pero el Estado de Derecho no se mide por el brillo de una ceremonia.

Se mide por algo muchísimo más vulgar:

que el poderoso pierda cuando no tiene razón y el débil gane cuando la ley está de su parte.

Aunque el poderoso sea el Gobierno.

Aunque sea un partido.

Aunque sea una multinacional.

Aunque sea un juez.

Aunque sea un fiscal.

Aunque sea el mismísimo Estado.

Porque cuando eso ocurre podemos hablar de Justicia.

Cuando no ocurre, podemos organizar todas las aperturas solemnes del Año Judicial que queramos.

Lo demás es protocolo.