«¡QUE LE CORTEN LA CABEZA A TODO AQUEL QUE DISIENTA!»

La Reina de Corazones tiene oficina en el Ministerio del Interior

Lewis Carroll debió de quedarse corto.

En Alicia en el país de las maravillas, la Reina de Corazones gobernaba mediante un procedimiento político de admirable sencillez. No necesitaba discutir, argumentar, convencer ni perder el tiempo demostrando nada.

Cuando alguien la contrariaba:

—¡Que le corten la cabeza!

Cuando alguien discrepaba:

—¡Que le corten la cabeza!

Cuando algo no le gustaba:

—¡Que le corten la cabeza!

Era absurdo.

Era grotesco.

Era una sátira.

El problema aparece cuando, ciento sesenta años después, uno abre los periódicos españoles y descubre que el disparate de Carroll empieza a parecerse demasiado a determinados hábitos del poder.

El Ministerio del Interior del Reino de España ha reconocido que su Oficina de Comunicación elaboró un dosier en el que se clasificaba a periodistas, tertulianos, directores, columnistas y otros profesionales de los medios de comunicación según sus posiciones políticas y su relación con el Gobierno.

Y ahora conocemos mejor las dimensiones del prodigio.

281 nombres.

54 páginas.

Fotografías.

Medio de comunicación.

Trayectoria profesional.

Y, junto a todo ello, la correspondiente ficha política.

«Afín al PSOE».

«Apoya al Gobierno».

«Tendencia conservadora».

«Alineado con posiciones de derechas».

«Centro derecha moderado».

«Defiende las políticas del PSOE».

«Militante socialista».

«Crítico con la amnistía».

«Reconocido antisanchista».

Incluso aparecen valoraciones acerca de posiciones sobre Pedro Sánchez, el independentismo o la amnistía, asuntos que difícilmente pueden confundirse con la información necesaria para explicar una operación de la Guardia Civil, una estadística de delincuencia o una campaña de la Dirección General de Tráfico.

Bienvenidos al país de las maravillas.

Sólo falta el conejo blanco.

DOSCIENTAS OCHENTA Y UNA FICHAS

Conviene detenerse en la cifra.

No estamos hablando de cuatro apuntes improvisados en una libreta.

Según la información publicada, el documento consta de 54 páginas y contiene fichas de 281 periodistas y colaboradores de medios, acompañadas de fotografías y comentarios que permiten situarlos políticamente y determinar, en numerosos casos, si mantienen una posición favorable o crítica con el Gobierno.

Doscientas ochenta y una personas.

No parece precisamente un despiste.

No parece tampoco que alguien estuviera tomando unas notas mientras desayunaba.

Existe un trabajo de búsqueda, selección, clasificación, redacción, composición y recopilación.

Alguien decidió qué nombres entraban.

Alguien recopiló las fotografías.

Alguien decidió las categorías.

Alguien juzgó quién era conservador.

Alguien decidió quién apoyaba al Gobierno.

Alguien calificó a otros de antisanchistas.

Alguien consideró relevante saber quién criticaba la amnistía.

Alguien redactó las fichas.

Y alguien reunió todo aquello bajo el membrete:

MINISTERIO DEL INTERIOR.
OFICINA DE COMUNICACIÓN.

No es la agenda de Ferraz.

No es el fichero interno del PSOE.

No es un estudio elaborado por una universidad sobre pluralismo informativo.

No es una investigación privada sobre tendencias políticas en los medios.

Es el Ministerio del Interior.

Y ésa es la cuestión.

EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Repitámoslo porque parece que algunos todavía no han advertido la diferencia.

Interior.

El ministerio del que dependen, entre otras instituciones, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El organismo que dispone de enormes instrumentos del Estado para garantizar la seguridad.

El ministerio que gestiona información especialmente delicada.

Y ese ministerio poseía un documento donde se establecía si un determinado periodista era de izquierdas, de derechas, partidario del Gobierno, crítico con el Gobierno o «antisanchista».

Uno puede imaginar a la Reina de Corazones leyendo las fichas.

—¿Este qué es?

—Antisanchista, Majestad.

—¡Que le corten la cabeza!

—¿Y éste?

—Centro derecha moderado.

—Vigiladlo.

—¿Y aquélla?

—Apoya al Gobierno.

—¡Que pase!

Naturalmente, nadie está hablando de cortar literalmente cabeza alguna.

La imagen de Carroll precisamente funciona porque muestra el mecanismo psicológico del poder que ya no ve ciudadanos, periodistas o discrepantes.

Ve amigos y enemigos.

Leales y desafectos.

Buenos y malos.

Los nuestros y los otros.

Y cuando un Estado empieza a clasificar a quienes fiscalizan al Estado, la pregunta no puede ser simplemente si alguno de los clasificados se ha sentido molesto.

La pregunta es:

¿PARA QUÉ CARAJOS NECESITABA INTERIOR SABER LA IDEOLOGÍA DE 281 PERIODISTAS?

«DOCUMENTO DE TRABAJO»

Y llegamos a la explicación oficial.

Prepárense.

Fernando Grande-Marlaska ha explicado que se trata de un:

«documento de trabajo».

¡Acabáramos!

Problema solucionado.

Podemos volver todos tranquilamente a casa.

«Documento de trabajo» pertenece ya a esa extraordinaria familia de expresiones burocráticas destinadas no a explicar algo, sino a conseguir que dejemos de preguntar.

¿Para qué se clasificaba ideológicamente a periodistas?

Documento de trabajo.

¿Por qué había fotografías?

Documento de trabajo.

¿Por qué interesaba saber quién era «antisanchista»?

Documento de trabajo.

¿Por qué se anotaban posiciones sobre la amnistía?

Documento de trabajo.

¿Por qué se distinguía entre quienes apoyaban y quienes criticaban al Gobierno?

Documento de trabajo.

¿Por qué 281?

Documento de trabajo.

¿Por qué 54 páginas?

Documento de trabajo.

¿Qué uso concreto recibió?

Documento de trabajo.

¿Quién lo encargó?

Documento de trabajo.

¿Quién eligió las categorías?

Documento de trabajo.

¿Quién decidió que convenía conocer la ideología de periodistas que ni siquiera se dedicaban específicamente a cubrir Interior?

Documento de trabajo.

Es admirable.

La burocracia española acaba de descubrir la absolución administrativa universal.

Mañana podría aparecer una carpeta titulada «Ciudadanos sospechosamente poco entusiastas con el Gobierno», con veinte mil fotografías, y bastaría poner debajo:

DOCUMENTO DE TRABAJO.

Caso cerrado.

Y MARLASKA NO SABÍA NADA.

Interior sostiene que Marlaska no ordenó elaborar el dosier y que desconocía su existencia hasta que se publicó.

Muy bien.

Entonces aparece una segunda pregunta que tampoco es precisamente tranquilizadora.

¿Quién manda allí?

Porque si el ministro lo encargó, tendrá que explicar por qué.

Y si no lo encargó ni sabía que existía, tendrá que explicar cómo demonios su Oficina de Comunicación confeccionó semejante documento sin que él supiera nada.

Según las informaciones publicadas, el origen del trabajo se remonta a finales de 2023; en una reunión se habría pedido incluir referencias a las ideas políticas de los periodistas y posteriormente se habría indicado que las fichas incorporasen fotografías. Interior no ha explicado públicamente hasta ahora quién impartió cada instrucción ni quién decidió los criterios empleados.

Magnífico.

Tenemos un dosier.

Tenemos 281 fichados.

Tenemos 54 páginas.

Tenemos fotografías.

Tenemos clasificaciones ideológicas.

Tenemos membrete ministerial.

Pero, aparentemente, nos falta el padre de la criatura.

Debe de haber nacido por generación espontánea.

«RECONOCIDO ANTISANCHISTA»

De todas las expresiones conocidas, ésta merece un lugar de honor:

«Reconocido antisanchista».

¿Y qué es exactamente un antisanchista?

¿Una categoría profesional?

¿Una especialidad periodística?

¿Un antecedente policial?

¿Una circunstancia administrativa?

¿Una nueva condición civil que debe figurar junto a soltero, casado, divorciado y viudo?

No.

Es alguien al que se considera contrario políticamente a Pedro Sánchez.

Y ahí aparece la enormidad.

Porque no estamos hablando siquiera de clasificar las posiciones acerca de competencias propias del Ministerio del Interior.

Según las fichas conocidas, se introducen valoraciones relativas al Gobierno, al PSOE, a Pedro Sánchez, a la amnistía y a los independentistas.

Y entonces la pregunta resulta inevitable:

¿Qué utilidad administrativa tiene para el Ministerio del Interior saber si un periodista es «antisanchista»?

No pregunten si escribe sobre inmigración.

No pregunten si está especializado en terrorismo.

No pregunten si cubre información policial.

No pregunten si conoce asuntos penitenciarios.

No.

Antisanchista.

La persona queda convertida en etiqueta.

Ésa es la vieja trampa.

Cuando no se quiere discutir lo que alguien dice, se clasifica a quien lo dice.

Fulano ya no denuncia una irregularidad.

Es antisanchista.

Mengano ya no critica una decisión.

Es de derechas.

Zutano ya no defiende una política.

Es afín al PSOE.

Perengano ya no argumenta.

Es progresista.

Y así resulta mucho más sencillo.

Porque contestar argumentos exige pensar.

Poner etiquetas sólo exige casillas.

LA FICHA SUSTITUYE AL ARGUMENTO

Estamos viendo una enfermedad política mucho más amplia.

La conversión de la persona en expediente ideológico.

Ya no interesa escuchar:

¿Qué dice?

Interesa saber:

¿De qué lado está?

Ya no:

¿Es verdad?

Sino:

¿Quién lo publica?

Ya no:

¿Tiene razón?

Sino:

¿Es de los nuestros?

Eso destruye cualquier conversación racional.

El principio de no contradicción de Aristóteles puede irse de vacaciones.

La verdad deja de depender de los hechos.

Depende del carné imaginario que hemos asignado al interlocutor.

Si habla alguien afín:

bien.

Si habla alguien hostil:

mal.

Si aparece un antisanchista:

¡Que le corten la cabeza!

Metafóricamente, claro.

En la España del siglo XXI la decapitación es bastante más limpia.

No mancha la alfombra.

Basta con señalar.

«PEDIMOS DISCULPAS A QUIEN SE HAYA SENTIDO OFENDIDO»

Y después llega la inevitable disculpa contemporánea.

Interior ha pedido perdón a los profesionales que pudieran haberse sentido ofendidos y sostiene que el documento tenía finalidad meramente consultiva y no buscaba censurar ni limitar la libertad de prensa.

Pero el problema no consiste en que Pepito se haya sentido ofendido.

No es una discusión sobre susceptibilidades.

Nadie necesita un pañuelo.

La cuestión es institucional.

Lo relevante no es si determinado periodista se enfadó al descubrir que un ministerio lo había definido políticamente.

Lo relevante es que un ministerio consideró necesario definirlo políticamente.

¿Se comprende la diferencia?

Imaginen que mañana un Gobierno distinto confecciona fichas como éstas:

«Periodista feminista».

«Republicano».

«Defensor de Podemos».

«Crítico con VOX».

«Contrario a Feijóo».

«Activista de izquierdas».

«Proindependentista».

«Contrario a la monarquía».

«Reconocido antiabascalista».

¿Qué dirían quienes hoy despachan el asunto con aquello de «documento de trabajo»?

Probablemente hablarían de fascismo antes del desayuno.

Y quizá harían bien.

Porque los derechos fundamentales no cambian dependiendo de quién ocupe La Moncloa.

Si una práctica sería intolerable con tus adversarios en el Gobierno, también debe ser intolerable cuando gobiernan los tuyos.

Eso se llamaba tener principios.

HASTA EL PSOE HA TORCIDO EL GESTO

El asunto resulta tan pintoresco que hasta Patxi López ha declarado que no le gusta «absolutamente nada» que se elaboren listas clasificando a personas por su pensamiento o ideología.

Sumar ha anunciado preguntas parlamentarias.

FAPE y APM han condenado la práctica y la consideran incompatible con el Estado de derecho. FAPE ha reclamado además el cese de cualquier clasificación o perfilado ideológico de periodistas y garantías de que ninguno haya sufrido perjuicios o trato diferente.

Es decir, por una vez el escándalo no puede despacharse diciendo:

«Lo denuncia la fachosfera».

Aquí han protestado asociaciones profesionales.

Ha protestado la oposición.

Ha protestado Sumar.

Y ha mostrado su rechazo hasta el portavoz parlamentario del PSOE.

Cuando incluso los habitantes del castillo empiezan a preguntar qué hace la Reina de Corazones, quizá convenga mirar debajo de la alfombra.

LA PREGUNTA DE FEIJÓO

Alberto Núñez Feijóo añadió una ironía particularmente venenosa.

Al conocer el asunto preguntó, refiriéndose a la reciente crisis de Ceuta, si Interior tenía más información sobre los periodistas españoles que sobre lo que iba a ocurrir allí.

La comparación puede ser partidista, pero el aguijón está bien clavado.

Porque un Ministerio del Interior tiene unas cuantas ocupaciones.

Seguridad ciudadana.

Fronteras.

Policía.

Guardia Civil.

Terrorismo.

Criminalidad organizada.

Protección civil.

Instituciones penitenciarias.

Tráfico.

Y uno podría pensar que saber si un tertuliano es de centro derecha moderado no ocupa un lugar demasiado elevado entre las necesidades fundamentales para proteger a los españoles.

Pero alguien encontró tiempo.

Doscientas ochenta y una veces.

UNA FOTOGRAFÍA, UN NOMBRE Y UNA IDEOLOGÍA

Hay además un elemento especialmente desagradable: las fotografías.

Nombre.

Rostro.

Trayectoria.

Medio.

Ideología.

Relación con el Gobierno.

Opiniones políticas.

Todo reunido.

Interior lo presenta como una herramienta consultiva.

Perfecto.

Precisamente por eso queremos saber:

¿Quién consultaba qué?

¿Para qué era necesario el retrato?

¿Acaso un funcionario no podía reconocer el nombre de un periodista sin contemplar su fotografía?

¿Se preparaban reuniones?

¿Se anticipaban entrevistas?

¿Se decidía quién podía preguntar?

¿Se evaluaban comparecencias?

¿Era simplemente una guía?

¿Durante cuánto tiempo estuvo activa?

¿Quién podía abrirla?

¿Dónde estaba almacenada?

¿Se actualizaba?

¿Hay más documentos semejantes?

Y, por encima de todas:

¿SE HA DESTRUIDO YA?

Porque pedir disculpas sin explicar qué sucede con el fichero deja intacta la cuestión principal.

LA LIBERTAD DE PRENSA NO CONSISTE EN CAERLE BIEN AL GOBIERNO

Una prensa que sólo incomoda a la oposición no necesita protección especial.

La libertad de prensa existe precisamente para proteger al periodista que molesta al poder.

El periodista pesado.

El periodista antipático.

El periodista hostil.

El periodista que pregunta por aquello de lo que el ministro no quiere hablar.

El periodista que investiga.

El periodista que publica documentos.

El periodista que desmonta la versión oficial.

El periodista que incomoda hoy a la izquierda y mañana a la derecha.

Porque un periodista domesticado es estupendo para cualquier Gobierno.

No necesita vigilancia.

Ya sabe cuándo callarse.

La libertad existe para proteger precisamente al otro.

Al que no se calla.

Y por eso produce escalofríos que el poder ejecutivo considere útil saber quién está «alineado con posiciones de derechas», quién «apoya al Gobierno» y quién es «antisanchista».

No porque esas expresiones sean insultos.

Sino porque no se entiende para qué necesita el Estado clasificarlas.

LAS ROSAS TIENEN QUE SER ROJAS

Volvamos a Carroll.

Los jardineros habían plantado rosas blancas donde la Reina quería rosas rojas.

¿Qué hicieron?

Las pintaron.

No intentaron explicar a la Reina que una rosa blanca puede ser perfectamente hermosa.

No discutieron.

No razonaron.

No apelaron a la botánica.

Las pintaron de rojo.

Porque cuando el poder decide cuál debe ser el color correcto de las cosas, la supervivencia exige adaptarse.

Ése es el verdadero peligro de cualquier clasificación política de periodistas realizada desde una institución pública.

No hace falta llamar a nadie.

No hace falta amenazar.

No hace falta prohibir un artículo.

No hace falta cerrar un periódico.

Basta con que el periodista sepa:

«Me están clasificando».

Entonces empieza la censura más eficaz de todas.

La que uno se aplica a sí mismo.

Quizá esta pregunta no.

Quizá esta investigación no.

Quizá este comentario tampoco.

Quizá me estoy señalando demasiado.

Quizá conviene moderarse.

Quizá…

Y cuando una democracia consigue que el periodista empiece a preguntarse todo eso antes de escribir, el censor puede marcharse tranquilamente de vacaciones.

El trabajo ya lo hace el miedo.

NO ES UN PROBLEMA DE DERECHAS O DE IZQUIERDAS

Y aquí conviene ser tajante.

Esto no debería ser una batalla entre derechas e izquierdas.

Porque mañana cambia el Gobierno.

Y el fichero que hoy dice:

«antisanchista»

puede decir mañana:

«antiabascalista»,
«antifeijóo»,
«republicano»,
«independentista»,
«comunista»,
«feminista»,
«progresista».

Quien defiende hoy la herramienta porque gobierna su partido está fabricando la herramienta que mañana puede utilizar su adversario.

Hay que ser extraordinariamente miope para no entenderlo.

El Estado no necesita saber a quién vota un periodista para responder a sus preguntas.

Interior no necesita conocer su simpatía política para enviarle una nota de prensa.

Una Oficina de Comunicación no necesita determinar si alguien es «antisanchista» para comunicar una operación policial.

La propia existencia de esa categoría delata el disparate.

¿QUIÉN DIO LA ORDEN?

Por tanto, dejémonos de eufemismos.

Hay preguntas que necesitan respuestas concretas:

¿Quién encargó el documento?

¿Quién ordenó introducir la orientación política?

¿Quién decidió incorporar las fotografías?

¿Quién seleccionó a los 281 nombres?

¿Quién redactó las valoraciones?

¿Quién tuvo acceso al dosier?

¿Durante cuánto tiempo se utilizó?

¿Para qué decisiones concretas sirvió?

¿Se actualizó?

¿Existen otros documentos equivalentes?

¿Se ha eliminado?

¿Qué responsabilidad asume quien lo encargó?

Eso son preguntas.

«Documento de trabajo» no es una respuesta.

Es una etiqueta colocada encima de las preguntas con la esperanza de que nadie vuelva a abrir la carpeta.

«¡QUE LE CORTEN LA CABEZA!»

La Reina de Corazones quería que desapareciera cualquiera que la contrariase.

Los Estados modernos son bastante más sofisticados.

No necesitan hachas.

Necesitan categorías.

No necesitan verdugos.

Necesitan fichas.

No necesitan cadalsos.

Necesitan expedientes.

No necesitan proclamar:

«Éste es enemigo de la Reina».

Pueden escribir:

«Reconocido antisanchista».

Queda mucho más administrativo.

Mucho más limpio.

Mucho más moderno.

Hasta parece inocente.

Un nombre.

Una fotografía.

Un medio de comunicación.

Una tendencia política.

Una opinión sobre el Gobierno.

Un comentario sobre la amnistía.

Siguiente.

Hasta 281.

Y después:

guardar archivo.

Cuando se descubre:

«Documento de trabajo».

Cuando protestan:

«No tenía ninguna finalidad espuria».

Cuando preguntan:

«Pedimos disculpas a quien se haya sentido ofendido».

Y cuando preguntamos quién ordenó semejante cosa…

ahí empieza a faltar la respuesta.

Lewis Carroll llamó a su libro Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas.

Si hubiera conocido nuestro tiempo quizá habría escogido otro título:

Las aventuras del ciudadano en el país de los documentos de trabajo.

Y su Reina de Corazones ya no tendría que gritar:

—¡Que le corten la cabeza!

Le bastaría con llamar discretamente a un funcionario:

—Hágame una ficha.

Y que conste su ideología