MANOS LIMPIAS DENUNCIA AL CONSEJO DE MINISTROS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO POR REAPROBAR LOS DECRETOS RECHAZADOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
El Gobierno perdió la votación y ahora pretende obtener en la Diputación Permanente lo que el Congreso acaba de negarle.
Por MIGUEL BERNAD REMÓN
Secretario General de Manos Limpias
Madrid, 7 de octubre de 2026
Manos Limpias ha denunciado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo la actuación del Consejo de Ministros consistente en volver a aprobar los dos reales decretos leyes que ya habían sido rechazados por el Congreso de los Diputados y trasladarlos ahora a la Diputación Permanente.
El asunto es de una gravedad extraordinaria.
El Congreso votó.
El Congreso rechazó los decretos.
El Gobierno perdió.
Y, en lugar de aceptar el resultado de la votación parlamentaria, después de disolverse el Parlamento y convocarse Elecciones Generales, ha decidido volver a aprobar unas disposiciones esencialmente iguales para buscar ahora una mayoría distinta en la Diputación Permanente.
Eso supone convertir el control parlamentario en una burla.
EL CONGRESO DIJO NO
No hay nada oscuro ni complicado.
Los decretos fueron sometidos al refrendo del Congreso de los Diputados y fueron rechazados.
La voluntad parlamentaria quedó expresada mediante una votación.
Un Gobierno sometido a control parlamentario debe aceptar ese resultado.
Pero el Consejo de Ministros ha optado por otra vía: reproducir los decretos y trasladarlos a un órgano cuya composición resulta más favorable a sus intereses.
Es decir:
Si el Congreso no aprueba lo que quiere el Gobierno, el Gobierno busca otra votación.
Así de crudo.
La pregunta resulta inevitable:
¿Para qué sirve entonces el Congreso de los Diputados?
Si cada vez que el Gobierno pierde una votación puede aprobar nuevamente la misma disposición y buscar otra mayoría, el control parlamentario desaparece.
Se convierte en una representación teatral.
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE NO ES UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA EL GOBIERNO
La Diputación Permanente no fue creada para corregir las derrotas parlamentarias del Consejo de Ministros.
No es un Congreso de «repesca».
No es una puerta trasera.
No es un mecanismo para conseguir por otra vía lo que el Pleno acaba de rechazar.
Su función constitucional es garantizar la continuidad de las Cámaras cuando estas se encuentran disueltas o fuera de sus períodos ordinarios de sesiones.
Utilizarla para reproducir una votación perdida significa desnaturalizar su función.
El Gobierno ha perdido ante el Pleno y ahora intenta ganar ante otro órgano.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo.
EL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN PONE LÍMITES
La Constitución no entrega al Gobierno una patente de corso para legislar mediante decretos leyes.
El artículo 86.1 establece que solamente podrán dictarse:
«en caso de extraordinaria y urgente necesidad».
Y establece además límites expresos.
Los decretos leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución.
Entre ellos se encuentra el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 33.
Los decretos aprobados por el Gobierno afectan directamente al ejercicio del derecho de propiedad, a los contratos, a los alquileres, a las rentas y a las facultades de los propietarios.
No estamos hablando, por tanto, de una cuestión administrativa secundaria.
Estamos hablando de derechos constitucionales.
NO EXISTE UNA NUEVA URGENCIA
La utilización del decreto ley exige extraordinaria y urgente necesidad.
No conveniencia política.
No oportunidad electoral.
No dificultad parlamentaria.
No necesidad de evitar una derrota.
La vivienda lleva años constituyendo uno de los principales problemas de España.
No apareció de repente después de que el Gobierno perdiera la votación.
No ha surgido ninguna nueva emergencia entre el rechazo parlamentario y la aprobación de los nuevos decretos.
Lo único que ha cambiado es el escenario político.
Antes votaba el Pleno.
Ahora pretende votar la Diputación Permanente.
Esa es la verdadera diferencia.
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA
Manos Limpias denuncia que la actuación del Consejo de Ministros puede integrar un delito de
prevaricación administrativa.
El Gobierno conoce perfectamente que los decretos fueron rechazados.
Conoce los límites constitucionales del decreto ley.
Conoce la función de la Diputación Permanente.
Conoce que la composición de ese órgano puede ofrecerle una mayoría distinta.
Y, pese a todo ello, vuelve a aprobar las disposiciones.
No estamos ante un error.
No estamos ante un descuido.
Estamos ante una decisión consciente del máximo órgano colegiado del Poder Ejecutivo.
Una decisión adoptada después de perder una votación parlamentaria.
FRAUDE DE LEY
El artículo 6.4 del Código Civil establece que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley.
La fórmula no puede ser más clara.
No basta con encontrar una apariencia formal de legalidad.
Hay que analizar para qué se utiliza la norma.
Y aquí la finalidad resulta evidente:
obtener mediante la Diputación Permanente lo que el Congreso de los Diputados acaba de rechazar.
Eso es lo que Manos Limpias denuncia.
El Gobierno no puede servirse de un mecanismo constitucional para vaciar de contenido otro mecanismo constitucional.
No puede utilizar una facultad legítima para neutralizar una decisión parlamentaria legítima.
ABUSO DE DERECHO
El artículo 7.2 del Código Civil establece que la ley no ampara el abuso de derecho ni su ejercicio antisocial.
Tampoco aquí hacen falta grandes artificios.
El Gobierno dispone de la facultad de aprobar decretos leyes en determinadas circunstancias.
Pero esa facultad no existe para repetir indefinidamente una norma hasta conseguir la votación deseada.
Las competencias públicas no son juguetes en manos de quien gobierna.
Tienen límites.
Tienen finalidad.
Y tienen controles.
Cuando se utilizan para esquivar esos controles, dejan de cumplir la función para la que fueron creadas.
PERDER SIGNIFICA PERDER
Hay una cuestión anterior incluso al Derecho.
Es una cuestión de higiene democrática.
Cuando se pierde una votación, se pierde.
No existe una democracia seria en la que el Gobierno pueda responder a una derrota diciendo:
«Volvamos a votar, pero esta vez donde me convenga más».
El Congreso ha dicho no.
El Ejecutivo pretende convertir ese no en un sí cambiando el escenario de la votación.
No hace falta adornarlo.
No hace falta buscar eufemismos.
El Gobierno pretende borrar una derrota parlamentaria.
EL PARLAMENTO NO ES UN ESTORBO
El problema de fondo es todavía más grave.
Un Gobierno que considera que las decisiones del Parlamento pueden sortearse cuando resultan incómodas empieza a tratar al Congreso como un obstáculo.
Y el Parlamento no es un obstáculo.
Es precisamente el órgano encargado de controlar al Ejecutivo.
Si el Gobierno puede ignorar una derrota y repetir el procedimiento hasta obtener el resultado deseado, la separación de poderes queda vaciada de contenido.
El Ejecutivo dejaría de estar controlado por el Parlamento.
Sería el Ejecutivo quien elegiría cuándo y cómo acepta el control parlamentario.
Eso es inadmisible.
LAS INSTITUCIONES NO SON PROPIEDAD DEL CONSEJO DE MINISTROS
El Consejo de Ministros no es dueño del Congreso.
No es dueño de la Diputación Permanente.
No es dueño de la Constitución.
No puede utilizar las instituciones como piezas intercambiables hasta encontrar aquella que produzca el resultado que desea.
Gobernar no significa mandar sin límites.
Gobernar significa ejercer el poder dentro de límites.
Y uno de esos límites es el Parlamento.
Otro es la Constitución.
Otro es la ley.
MANOS LIMPIAS ACUDE AL TRIBUNAL SUPREMO
Por todo ello, Manos Limpias ha denunciado los hechos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Denunciamos una actuación concreta del Consejo de Ministros.
Denunciamos la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa.
Denunciamos fraude de ley.
Denunciamos abuso de derecho.
Y denunciamos el intento de utilizar la Diputación Permanente para conseguir aquello que el Pleno del Congreso acaba de rechazar.
No hablamos de teorías.
No hablamos de sospechas abstractas.
Hablamos de dos decretos rechazados por el Congreso.
Hablamos de un Gobierno que vuelve a aprobarlos.
Hablamos de su traslado inmediato a otro órgano parlamentario.
Hablamos de una maniobra destinada a cambiar el resultado político de una votación ya celebrada.
Y hablamos, en definitiva, de algo mucho más importante que dos decretos sobre vivienda.
Hablamos de si el Gobierno está dispuesto a respetar los límites que le impone el Estado de Derecho.
Porque un Gobierno que solamente acepta las votaciones cuando las gana no está respetando al Parlamento.
Está intentando someterlo.
Y cuando un Ejecutivo empieza a considerar que las instituciones existen para darle siempre la razón, el problema deja de ser una ley, un decreto o una votación.
El problema pasa a ser el propio funcionamiento del Estado de Derecho.
MIGUEL BERNAD REMÓN
Secretario General de Manos Limpias
Madrid, 7 de octubre de 2026
