19 de octubre de 2026 | Análisis político e internacional

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Israel ante las elecciones del 27 de octubre: una nación rodeada de enemigos, dividida por dentro y obligada a decidir no solamente quién debe gobernarla, sino qué clase de Estado quiere ser.

I. Israel no es un país normal. Y conviene entender por qué.

El próximo 27 de octubre, los israelíes acudirán a las urnas para elegir a los 120 diputados de la Knéset, su Parlamento. Será una de las elecciones más importantes desde la fundación del Estado de Israel en 1948, y no porque esté en juego exclusivamente la continuidad de Benjamín Netanyahu, sino porque lo que se dirime afecta a los fundamentos políticos, institucionales, sociales y estratégicos de la única nación judía del mundo.

Israel no es un país normal. No lo es por su historia, por su ubicación geográfica, por su composición demográfica ni, fundamentalmente, porque desde su nacimiento ha tenido que dedicar una parte extraordinaria de sus recursos económicos, humanos y tecnológicos a garantizar algo que buena parte de los europeos damos por supuesto: que mañana seguirá existiendo.

Para comprender la actualidad israelí conviene abandonar algunos de los lugares comunes que contaminan su tratamiento informativo.

No todos los israelíes son judíos. No todos los judíos israelíes piensan de la misma manera. No todos los judíos religiosos votan a los mismos partidos. Tampoco todos los árabes ciudadanos de Israel son palestinos nacionalistas, ni todos los adversarios de Netanyahu están dispuestos a hacer concesiones a Hamás, Irán o Hezbolá.

Y, por supuesto, criticar al Gobierno israelí no equivale a combatir el derecho de Israel a existir, como tampoco defender ese derecho obliga a aprobar todas las decisiones de sus gobernantes.

Una nación que ha sobrevivido a guerras, atentados terroristas, amenazas de destrucción y campañas internacionales de aislamiento tiene bastante entidad histórica como para no reducirla a los nombres de Netanyahu, Trump y sus adversarios.

Pero también tiene suficientes problemas internos como para que sus amigos debamos analizarlos sin convertir la admiración en una venda sobre los ojos.

Estas elecciones se celebran después del mayor fracaso de seguridad sufrido por Israel desde su fundación: la matanza perpetrada por Hamás y otros atacantes el 7 de octubre de 2023, seguida de una guerra devastadora en Gaza, enfrentamientos con Hezbolá, operaciones contra Irán y una profunda crisis de confianza entre los ciudadanos y sus instituciones.

El Gobierno de Netanyahu ha conseguido llegar al final de la legislatura. Sin embargo, sobrevivir políticamente no equivale a haber gobernado satisfactoriamente.

Y aquí encontramos la primera particularidad de estas elecciones: ninguno de los dos grandes espacios políticos tiene asegurada una mayoría parlamentaria suficiente. Las encuestas presentan una oposición fortalecida, pero fragmentada, y a un Netanyahu debilitado, aunque todavía con capacidad para conservar el poder mediante acuerdos parlamentarios.

Para entender lo que está sucediendo hay que mirar mucho más atrás del 7 de octubre de 2023. Incluso hay que retroceder más allá de 1948.

Porque el enfrentamiento que hoy divide a Israel no comenzó con Netanyahu. Y tampoco desaparecerá necesariamente cuando Netanyahu abandone la política.

II. Dos Israel que llevan décadas disputándose el país

Una de las claves para comprender la política israelí se encuentra en su historia anterior a la independencia.

El Estado fundado en 1948 no apareció de la nada. Durante décadas, el movimiento sionista había creado en Palestina instituciones políticas, sindicatos, cooperativas agrícolas, organizaciones empresariales, centros educativos y estructuras de defensa.

En aquel mundo anterior a la independencia, adquirió una posición dominante el sionismo laborista, especialmente representado por Mapai, el partido de David Ben-Gurión.

Su influencia sobre la construcción del nuevo Estado resultó extraordinaria. La poderosa central sindical Histadrut, las empresas vinculadas al movimiento obrero, los kibutz, las instituciones culturales y buena parte de las organizaciones públicas estuvieron estrechamente relacionadas con aquella élite fundadora.

Y aquí aparece un fenómeno que los españoles conocemos bastante bien, aunque con características diferentes: una cosa es ganar unas elecciones y otra conseguir que las instituciones dejen de funcionar conforme a las lealtades, los intereses y las costumbres de quienes las han dirigido durante décadas.

En Israel, esta circunstancia adquirió una especial importancia cuando comenzaron a llegar centenares de miles de judíos procedentes del norte de África, Oriente Próximo y, posteriormente, la antigua Unión Soviética.

Los judíos procedentes de Marruecos, Irak, Yemen, Túnez, Argelia o Egipto encontraron un país que oficialmente era el hogar de todos los judíos, pero cuya estructura dirigente estaba dominada por sectores de origen europeo.

Los recién llegados no siempre fueron recibidos en condiciones de igualdad. Muchos fueron instalados en poblaciones periféricas, tuvieron dificultades para ascender socialmente y experimentaron una discriminación cultural que dejó heridas profundas.

La promesa de una patria común chocaba con la realidad de una sociedad jerarquizada.

Aquellos judíos orientales, conocidos como mizrajíes, no habían regresado a la tierra de sus antepasados para aceptar indefinidamente una posición subordinada.

Y, tarde o temprano, esa frustración se transformó en una rebelión electoral.

1977: el año en que los supuestos propietarios del Estado perdieron las elecciones

La gran sacudida política llegó en mayo de 1977.

Menájem Beguin, al frente del Likud, derrotó a la coalición laborista que había dominado Israel desde su fundación.

Fue lo que los israelíes denominaron Hamahapach, el vuelco.

La victoria no obedeció exclusivamente al descontento de los judíos orientales. Influyeron la guerra de Yom Kipur de 1973, los escándalos de corrupción, el desgaste del laborismo y el deseo de renovación.

Pero la incorporación masiva del voto mizrají al Likud desempeñó un papel decisivo.

La consecuencia fue profunda: muchos israelíes que se habían considerado ciudadanos de segunda clase pudieron identificar por primera vez al Gobierno con sus propias aspiraciones.

Desde entonces, una parte importante de la política israelí ha consistido en disputar no solamente los ministerios, sino también el prestigio social, la legitimidad cultural y la influencia institucional.

Los herederos políticos de las antiguas élites laboristas tendieron a considerar que representaban al Israel moderno, instruido, progresista y democrático.

Sus adversarios respondieron que también existía otro Israel: más religioso, más tradicional, más nacionalista y frecuentemente menos favorecido por las instituciones.

Ambos terminaron atribuyéndose una representación casi exclusiva de la verdadera nación.

Y cuando dos grupos se consideran propietarios de la legitimidad nacional, el adversario deja de ser un competidor político para convertirse en una amenaza existencial.

Este es uno de los grandes males de las democracias contemporáneas.

La democracia empieza a enfermar cuando sus dirigentes aceptan la soberanía popular solamente mientras los ciudadanos votan conforme a sus preferencias.

Ahora bien, sería un error reducir el Israel contemporáneo a una oligarquía de origen europeo enfrentada a una mayoría oriental.

La realidad es considerablemente más variada.

III. La demografía: el factor que puede transformar a Israel más profundamente que una guerra

Los datos demográficos permiten comprender por qué las disputas actuales tienen tanta importancia.

Según la Oficina Central de Estadística israelí, en abril de 2026 el país tenía aproximadamente:

Población total

10,24 M

Judíos y otros no árabes

76 %

Población árabe

21,1 %

El 2,9 % restante corresponde a residentes extranjeros. Cifras oficiales publicadas en abril de 2026.

Dentro de la población judía encontramos grupos con diferencias importantes en cuanto a religión, origen familiar, nivel de renta, educación y preferencias políticas.

Hay judíos laicos profundamente nacionalistas; religiosos que defienden la democracia liberal; conservadores que reclaman reformas económicas; socialdemócratas sionistas; ultrarreligiosos contrarios a determinados aspectos del sionismo político; y ciudadanos que combinan posiciones aparentemente contradictorias desde una perspectiva europea.

Por eso resulta engañoso dividir a los judíos israelíes en un bloque progresista del 30 % y otro conservador del 70 %, como si todos los ciudadanos pertenecieran inequívocamente a uno de ellos.

Las identidades se superponen, las alianzas cambian y los comportamientos electorales no responden mecánicamente al lugar de nacimiento de los abuelos.

Lo que sí está fuera de discusión es la transformación demográfica relacionada con la población ultraortodoxa.

Según los estudios del Instituto Israelí de la Democracia, los haredíes, judíos ultraortodoxos, representaban ya cerca del 14 % de la población en 2024 y mantienen un crecimiento demográfico considerablemente superior al promedio nacional.

Su elevada fecundidad, el matrimonio relativamente temprano y una población extraordinariamente joven les otorgan un peso creciente.

Pero aquí surge una cuestión decisiva: ¿cómo podrá sostener Israel su prosperidad económica, su extraordinaria capacidad científica y tecnológica y sus necesidades militares si una proporción cada vez mayor de la población masculina permanece durante largos periodos fuera del mercado laboral o del servicio militar?

La respuesta no consiste en combatir a los religiosos, sino en organizar una sociedad donde la religión no sirva para justificar privilegios incompatibles con la igualdad de obligaciones.

Y esta cuestión nos lleva directamente a uno de los asuntos más explosivos de la campaña electoral.

IV. El servicio militar: unos ponen los muertos y otros reclaman privilegios

Israel tiene unas necesidades de defensa que difícilmente pueden compararse con las de España.

Su ejército depende de profesionales, jóvenes llamados a filas y reservistas que, en situaciones de emergencia, abandonan sus trabajos, interrumpen sus estudios y dejan temporalmente a sus familias.

El servicio militar constituye una experiencia colectiva decisiva para buena parte de la sociedad israelí.

No todos los ciudadanos están sujetos a idénticas obligaciones: existen diferencias legales y prácticas según la comunidad, las circunstancias personales y las modalidades de servicio.

Pero hay una excepción particularmente polémica: la de numerosos estudiantes ultraortodoxos de las escuelas religiosas, o yeshivás.

Desde los primeros años del Estado se concedieron aplazamientos y exenciones a quienes se dedicaban al estudio religioso.

Lo que inicialmente afectaba a un grupo relativamente pequeño se ha convertido, con el crecimiento demográfico, en un problema nacional.

En junio de 2024, el Tribunal Supremo determinó que no existía fundamento legal para mantener las exenciones generales y que el Estado debía comenzar a reclutar a los estudiantes afectados.

La resistencia de los partidos religiosos a modificar el sistema ha provocado sucesivas crisis políticas.

El problema admite una formulación bastante sencilla.

¿Con qué autoridad puede un dirigente exigir nuevos sacrificios a un reservista que lleva meses movilizado mientras protege la continuidad de un régimen de privilegios para sus aliados parlamentarios?

¿Es razonable que un padre de familia se exponga a morir en Gaza o en la frontera libanesa mientras otro ciudadano disfruta de una dispensa indefinida por pertenecer a una comunidad políticamente influyente?

Las creencias religiosas merecen respeto.

Pero una democracia no puede confundir el respeto a la religión con el derecho de una comunidad a descargar sobre las demás sus obligaciones colectivas.

Los ultraortodoxos responden que el estudio de la Torá constituye una forma esencial de servicio a la nación y que la integración forzosa en el ejército amenaza su forma de vida.

Su argumento tiene importancia cultural, pero no resuelve las necesidades materiales de defensa.

La situación afecta directamente a Netanyahu porque partidos como Shas y Judaísmo Unido de la Torá forman parte de su espacio parlamentario.

Y, por si quedaba alguna duda, el dirigente de Shas, Aryeh Deri, ha advertido este mismo mes que su formación condicionará la participación en el próximo Gobierno a una regulación del servicio militar de los estudiantes religiosos.

He aquí la contradicción: Netanyahu se presenta como garante de la seguridad nacional, pero depende de aliados cuya principal exigencia consiste en limitar las obligaciones militares de una parte de la población.

La cuestión no es menor.

Afecta a la defensa, a la cohesión social, al mercado laboral, al gasto público y a la legitimidad misma del sistema.

V. El 7 de octubre de 2023: la fecha que partió en dos la historia contemporánea de Israel

Israel ha sufrido atentados terroristas durante décadas. Pero lo sucedido el 7 de octubre de 2023 fue cualitativamente diferente.

Hamás y otros grupos armados penetraron desde Gaza en territorio israelí, atacaron poblaciones, asesinaron a civiles, cometieron atrocidades y secuestraron a hombres, mujeres y niños.

Alrededor de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes.

El ataque puso de manifiesto un fracaso de dimensiones históricas de los servicios de inteligencia, de la vigilancia fronteriza, de los mecanismos de alerta y de la cadena de mando político y militar.

Durante décadas, Israel había cultivado una imagen de extraordinaria capacidad de anticipación.

El Mossad, el Shin Bet, la inteligencia militar, sus sistemas electrónicos y su superioridad tecnológica parecían garantizar que una operación semejante sería descubierta y neutralizada.

Pero no fue así.

Las barreras fueron atravesadas, las advertencias resultaron insuficientemente atendidas y las unidades encargadas de proteger a numerosas comunidades no pudieron impedir la matanza.

El Estado que había prometido servir de refugio seguro al pueblo judío dejó desprotegidos durante horas a miles de sus ciudadanos.

El 7 de octubre no fue exclusivamente una victoria terrorista. Fue también una derrota monumental de la confianza que los israelíes habían depositado en sus instituciones.

Y la responsabilidad no puede resolverse mediante el viejo procedimiento burocrático de encontrar un subordinado al que cargarle todas las culpas.

Los mandos militares y los responsables de inteligencia deben responder por sus decisiones y omisiones.

Pero también deben hacerlo los responsables políticos que durante años diseñaron la estrategia de seguridad, escogieron a sus colaboradores, aprobaron presupuestos y determinaron las prioridades nacionales.

La autoridad y la responsabilidad son inseparables.

Quien reclama para sí los éxitos de una operación militar no puede desentenderse de los errores estratégicos cometidos durante su mandato.

¿Por qué sigue pendiente una investigación nacional verdaderamente independiente?

Tres años después de la matanza continúa abierta una de las controversias más graves de la política israelí: la falta de una comisión estatal de investigación dotada de plena independencia y del respaldo suficiente para examinar todos los niveles de responsabilidad.

El Gobierno ha promovido un modelo alternativo de comisión con participación parlamentaria en los nombramientos. En julio de 2026, la Knéset aprobó en primera lectura una proposición que preveía una composición basada en acuerdos entre mayoría y oposición.

La controversia reside precisamente en quién debe nombrar a los investigadores y hasta dónde debe alcanzar su independencia respecto de las instituciones investigadas.

La desconfianza no resulta difícil de comprender.

Si un Gobierno puede determinar decisivamente quién lo investiga, la investigación corre el riesgo de parecer una operación de defensa política.

Pero tampoco resulta aconsejable que la composición de una comisión nacional dependa de un procedimiento que una parte considerable de la población considere previamente partidista.

La salida exige independencia, facultades suficientes, acceso a los documentos y garantías públicas de imparcialidad.

Nadie debe disfrutar de inmunidad política por haber ganado unas elecciones.

Y nadie debe ser declarado culpable por la simple circunstancia de ocupar un cargo en la fecha del desastre.

La investigación debe reconstruir los hechos, determinar las responsabilidades y proponer medidas para impedir su repetición.

No es pedir demasiado.

Es lo mínimo que merece una nación cuyos ciudadanos fueron asesinados mientras las autoridades encargadas de protegerlos fracasaban.

VI. Netanyahu: un superviviente político extraordinario, pero no un gobernante infalible

Para comprender las elecciones de octubre es imprescindible comprender a Benjamín Netanyahu.

Ningún político ha ejercido durante tanto tiempo el cargo de primer ministro de Israel.

Netanyahu posee una inteligencia política notable, una resistencia extraordinaria, una capacidad de comunicación muy superior a la de muchos de sus adversarios y una habilidad poco común para transformar las crisis en oportunidades de supervivencia personal.

Ha sabido interpretar los temores de una parte importante de la sociedad israelí.

Comprendió antes que otros dirigentes que los acuerdos diplomáticos, por sí solos, no eliminan las amenazas militares. También entendió la importancia estratégica de Irán y la necesidad de mantener una relación privilegiada con Estados Unidos.

Su política económica ha estado vinculada a la apertura de mercados, a la innovación tecnológica y al fortalecimiento de un país que se ha convertido en una potencia científica y empresarial.

Pero sus éxitos no borran sus errores.

Su trayectoria también está marcada por un estilo de gobierno extraordinariamente personalista, una creciente dependencia de partidos religiosos y ultranacionalistas y una confrontación institucional que ha dividido profundamente a Israel.

Además, continúa sometido a un proceso penal por presuntos delitos de corrupción relacionados con distintos asuntos, entre ellos sus relaciones con empresarios y medios de comunicación. Netanyahu rechaza las acusaciones. El procedimiento seguía abierto en octubre de 2026.

El problema político supera, por tanto, las acusaciones penales.

Cuando la supervivencia de un presidente o primer ministro se convierte en el principio organizador de toda una coalición, las exigencias de sus socios terminan imponiéndose sobre las necesidades generales.

El dirigente conserva el Gobierno, pero el país paga el precio.

Cuatro años en el poder no equivalen a cuatro años de estabilidad

Conviene detenerse en una circunstancia que puede resultar engañosa.

La legislatura iniciada después de las elecciones de noviembre de 2022 ha llegado prácticamente a su término ordinario.

Es un hecho relevante, especialmente después de la sucesión de elecciones celebradas en Israel entre 2019 y 2022.

Pero no constituye una proeza inédita en treinta años: la legislatura elegida en marzo de 2015 también alcanzó los comicios de abril de 2019.

Lo verdaderamente significativo es que el Gobierno actual haya logrado mantenerse pese a las tensiones sobre el servicio militar, la reforma judicial, las protestas sociales, el 7 de octubre y las guerras posteriores.

Su supervivencia ha dependido de la disciplina de la coalición, de concesiones a los aliados y de la dificultad de los adversarios para construir una mayoría alternativa.

No es exactamente el retrato de una sociedad políticamente estable.

Es el de una sociedad profundamente enfrentada cuyo Gobierno ha resistido.

Y resistir no siempre significa resolver.

VII. La oposición: no todos los adversarios de Netanyahu son izquierdistas ni enemigos del Estado judío

Aquí aparece uno de los errores más frecuentes de quienes observamos la política israelí desde España.

Tenemos la tentación de trasladar nuestros propios esquemas ideológicos a un país cuyas divisiones no coinciden con las nuestras.

Identificamos a Netanyahu con la derecha y suponemos que sus adversarios pertenecen necesariamente a la izquierda.

No es así.

El principal aspirante a desplazarlo, según buena parte de las encuestas recientes, es Gadi Eisenkot.

Eisenkot fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. Tiene una larga trayectoria militar, ha defendido una política de seguridad firme y conoce personalmente el precio de la guerra: su hijo Gal murió combatiendo en Gaza en diciembre de 2023.

Su formación, Yashar, propone reforzar la seguridad, reorganizar el servicio nacional, restaurar la confianza pública y establecer una investigación independiente de los acontecimientos del 7 de octubre.

No estamos hablando de un pacifista ingenuo ni de un dirigente dispuesto a entregar la seguridad nacional a cambio de unas cuantas declaraciones diplomáticas.

Otra alternativa procede de Naftalí Bennett, antiguo primer ministro, asociado electoralmente con Yair Lapid en la candidatura Beyachad.

Bennett viene de la derecha nacionalista. Lapid representa un espacio liberal y centrista.

Su entendimiento confirma hasta qué punto el rechazo a Netanyahu ha logrado unir a políticos de procedencias diferentes.

También participan Avigdor Lieberman y su partido Israel Beitenu; Los Demócratas, dirigidos por Yair Golan; formaciones de reservistas y otros grupos que buscan atraer a los votantes descontentos.

En el otro lado encontramos al Likud y a sus aliados religiosos y nacionalistas, entre ellos Shas, Judaísmo Unido de la Torá, Otzma Yehudit, encabezado por Itamar Ben-Gvir, y el espacio del sionismo religioso vinculado a Bezalel Smotrich.

Las diferencias entre estos últimos y los conservadores laicos son considerables.

No defienden necesariamente el mismo modelo de Estado, de economía, de ejército o de relación entre religión y política.

De ahí que resulte inexacto sostener que la oposición representa simplemente a una antigua élite progresista empeñada en recuperar un poder perdido.

Una parte decisiva de la oposición actual procede de la derecha, del ejército y de sectores inequívocamente sionistas.

Y precisamente por eso Netanyahu afronta unas elecciones tan difíciles.

Su problema no consiste solamente en que los progresistas quieran desalojarlo del poder.

Consiste en que muchos israelíes de ideas conservadoras también están buscando otro primer ministro.

VIII. ¿Qué dicen realmente las encuestas a ocho días de las elecciones?

La situación electoral está lejos de ofrecer certezas.

Israel utiliza un sistema de representación proporcional, con una circunscripción nacional y un umbral del 3,25 % de los votos válidos para obtener representación parlamentaria.

El Parlamento tiene 120 escaños. Para disponer de una mayoría absoluta hacen falta 61.

Una pequeña variación en los votos de los partidos próximos al umbral puede producir alteraciones considerables en el reparto de escaños.

Los sondeos del 18 de octubre muestran hasta qué punto está abierta la competición.

Encuestadora / medio	Likud	Yashar	Bloque gubernamental
Kantar / KAN 11	21	23	51
Direct Polls / i24NEWS	25	21	57
NEXT DATA / Canal 14	29	22	61

Proyecciones de escaños publicadas el 18 de octubre de 2026. Las diferencias responden a los métodos y muestras de cada encuesta; no representan cambios del voto en un mismo día.

La conclusión resulta evidente: dependiendo de la empresa demoscópica, Netanyahu aparece lejos de la mayoría o prácticamente en condiciones de conservarla.

También resulta engañoso sumar automáticamente todos los escaños de la oposición.

Que varias formaciones quieran sustituir a Netanyahu no significa que estén dispuestas a gobernar juntas.

Especialmente cuando entra en juego la participación de los partidos árabes.

El voto israelí presenta, por tanto, una paradoja: puede existir una mayoría de ciudadanos partidarios de cambiar de Gobierno sin que esa preferencia se traduzca en una coalición parlamentaria viable.

Los españoles conocemos este fenómeno.

Pero en Israel tiene una dificultad añadida: las diferencias entre los partidos no son exclusivamente económicas o administrativas, sino que alcanzan cuestiones fundamentales relacionadas con la identidad nacional, la religión, la seguridad y el territorio.

Hay otro factor: Donald Trump ha expresado públicamente su apoyo a Netanyahu el 18 de octubre. El respaldo refuerza la imagen internacional del primer ministro, aunque no garantiza que los israelíes voten conforme a las preferencias del presidente estadounidense.

Conviene recordar algo elemental: el presidente del Gobierno israelí debe responder ante los ciudadanos de Israel, no ante Washington.

Ni siquiera cuando su principal aliado internacional le ofrece un respaldo tan explícito.

IX. El Tribunal Supremo: ¿garantía democrática o poder que pretende gobernar sin presentarse a las elecciones?

Pocas controversias han provocado tanta tensión en Israel como la reforma de su sistema judicial.

El problema tiene raíces institucionales.

Israel no dispone de una Constitución única y codificada como la española de 1978.

Su organización constitucional descansa fundamentalmente sobre un conjunto de Leyes Básicas y sobre la interpretación que de ellas realizan sus instituciones.

El Tribunal Supremo desempeña un papel esencial en el control de la legalidad y de las decisiones gubernamentales.

Sus partidarios consideran que es una de las principales garantías frente a los posibles abusos de una mayoría parlamentaria.

Sus detractores sostienen que ha ampliado progresivamente sus atribuciones hasta adquirir una influencia política que no corresponde a un órgano cuyos miembros no son elegidos por los ciudadanos.

Ambas preocupaciones merecen un examen serio.

Una mayoría parlamentaria no recibe autorización para hacer cualquier cosa.

Pero tampoco es saludable que cuestiones esencialmente políticas queden sometidas permanentemente a la decisión de magistrados cuya interpretación jurídica termine sustituyendo al debate democrático.

La pregunta fundamental es: ¿quién vigila a quienes vigilan?

Y su inevitable complemento: ¿quién impide que quienes gobiernan destruyan los controles establecidos sobre su propio poder?

El error consiste en responder solamente a una de las preguntas.

La reforma judicial y sus verdaderas consecuencias

En marzo de 2025, la Knéset aprobó una modificación de la composición del comité encargado de seleccionar jueces.

La norma altera la participación de los representantes judiciales, gubernamentales, parlamentarios y sociales en el procedimiento de nombramiento.

Su entrada en vigor está prevista para el comienzo de la próxima legislatura, después de las elecciones de octubre de 2026.

Por eso el resultado electoral tendrá consecuencias institucionales que van mucho más allá de la continuidad de Netanyahu.

Sin embargo, conviene precisar que una victoria de la coalición gubernamental no implica que el Tribunal Supremo pase automáticamente a estar bajo su control.

Los jueces en ejercicio conservan sus cargos y los nombramientos futuros estarán sujetos a los procedimientos legales correspondientes.

Lo que sí puede cambiar es la correlación de fuerzas en el mecanismo de selección y, a largo plazo, la orientación de determinadas decisiones judiciales.

En diciembre de 2025, por ejemplo, el Supremo anuló el intento gubernamental de destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara por incumplimiento del procedimiento legalmente establecido.

Para Netanyahu y sus partidarios, conflictos de esta naturaleza ilustran la resistencia de los órganos jurídicos a someterse a la dirección del Gobierno elegido.

Para la oposición, demuestran que precisamente esos órganos impiden que el Ejecutivo actúe sin límites.

Un examen serio exige distinguir entre una resolución jurídicamente discutible, una actuación partidista y el legítimo ejercicio del control judicial.

No son lo mismo.

¿Hay una rebelión institucional?

En Israel se han producido multitudinarias manifestaciones, bloqueos de carreteras, enfrentamientos con la policía y campañas de presión contra el Gobierno.

En ellas han participado profesionales, estudiantes, reservistas, antiguos mandos militares, empresarios y ciudadanos de sectores muy diferentes.

Sería absurdo negar que algunas actuaciones han traspasado los límites legales.

Impedir violentamente el tránsito, destruir bienes, agredir a otros ciudadanos o intimidar a representantes políticos no se convierte en un acto legítimo por el hecho de que sus autores se consideren defensores de la democracia.

Pero también sería absurdo sostener que toda manifestación contra un Gobierno elegido constituye una rebelión antidemocrática.

Los ciudadanos no pierden sus derechos de reunión, expresión y protesta porque haya vencido electoralmente el partido al que se oponen.

Y tampoco resulta suficiente afirmar que las protestas están financiadas desde el extranjero para convertirlas en una conspiración.

Existen organizaciones israelíes que reciben aportaciones exteriores, y su financiación puede y debe estar sometida a controles de transparencia.

Lo que exige una demostración concreta es la existencia de una operación extranjera coordinada para derribar ilegalmente al Gobierno.

El origen extranjero de una donación no demuestra por sí solo semejante operación.

La cuestión esencial es otra.

En una democracia, ni el Gobierno puede confundir su victoria electoral con la posesión del Estado ni sus adversarios pueden confundir su oposición política con el derecho a impedir que gobierne.

Si los españoles hubiésemos aprendido esta lección, nuestra convivencia política sería bastante menos lamentable.

X. Los árabes israelíes: una quinta parte de la población que puede decidir las elecciones

Uno de los aspectos más interesantes de la realidad israelí es la presencia de una importante población árabe con ciudadanía israelí.

Aproximadamente uno de cada cinco habitantes de Israel pertenece a esta comunidad, dentro de la cual existen musulmanes, cristianos y drusos.

La diversidad interna es considerable.

Hay árabes israelíes que se identifican profundamente con la causa nacional palestina. Otros se concentran en mejorar sus condiciones de vida, acceder a mejores empleos, combatir la delincuencia y garantizar sus derechos como ciudadanos.

También existen diferencias sobre la participación en las instituciones del Estado.

El error consiste en presentar a todos estos ciudadanos como enemigos de Israel.

Una parte importante de la población árabe desea participar en la vida política y ejercer sus derechos dentro del sistema democrático israelí.

Por supuesto, también existe un conflicto de identidad: pertenecer a un Estado que se define como judío puede generar contradicciones para ciudadanos que no comparten esa identidad religiosa o nacional.

Pero esas contradicciones no convierten a todos los árabes israelíes en adversarios de sus vecinos judíos.

La participación política puede constituir precisamente una vía para integrar intereses diferentes dentro de un mismo sistema institucional.

El voto árabe puede decidir quién gobierna

Los partidos árabes constituyen una pieza decisiva de la competición electoral.

Entre ellos destaca Ra’am, dirigido por Mansur Abás, que ya participó en la coalición gubernamental encabezada por Bennett y Lapid en 2021.

Las formaciones árabes pueden obtener entre doce y quince escaños, según distintas proyecciones.

Y las previsiones apuntan a una participación electoral superior a la registrada en 2022, impulsada por el descontento con la situación política y la delincuencia que afecta a numerosas poblaciones árabes.

Aquí aparece otra de las grandes contradicciones de la campaña.

Una parte de la oposición necesita, al menos aritméticamente, el apoyo de diputados árabes para desplazar a Netanyahu.

Pero algunos de sus principales dirigentes rechazan públicamente formar una coalición con esos partidos.

El resultado puede ser un Parlamento en el que exista una mayoría contraria al primer ministro saliente, pero no una mayoría dispuesta a elegir a su sucesor.

Desde una perspectiva española, esto merece una reflexión.

No es lo mismo negociar con un partido que defiende intereses legítimos de una minoría nacional que entregar decisiones fundamentales a una organización que pretende destruir el orden constitucional.

La dificultad reside en establecer esa distinción a partir de la conducta y las propuestas de cada formación, no exclusivamente de la identidad étnica de sus electores.

Israel necesita garantizar su seguridad, preservar su identidad como Estado judío y asegurar la igualdad de derechos de sus ciudadanos.

Son objetivos exigentes, pero no necesariamente incompatibles.

Lo que resulta incompatible con una convivencia razonable es convertir a una quinta parte de la población en sospechosa permanente por su origen.

Y tampoco puede exigirse a una nación que tolere organizaciones que amparen el asesinato de sus ciudadanos.

La pertenencia a una democracia exige derechos, pero también responsabilidades.

XI. Gaza: ganar una guerra no es lo mismo que construir la paz

La guerra de Gaza constituye el mayor desafío estratégico y moral al que se enfrenta Israel después del 7 de octubre.

El ataque terrorista de Hamás exigía una respuesta militar.

Ningún Estado responsable puede aceptar que una organización armada penetre en su territorio, asesine a sus ciudadanos, tome rehenes y conserve impunemente la capacidad de repetir semejante operación.

El derecho de Israel a defenderse no es una concesión diplomática ni depende de la simpatía que despierte su primer ministro.

Pero el derecho de legítima defensa no resuelve por sí solo qué operaciones son necesarias, qué objetivos resultan alcanzables y qué consecuencias políticas tendrá la guerra.

La destrucción de infraestructura militar y la eliminación de mandos terroristas pueden reducir la capacidad operativa de una organización.

No garantizan, sin embargo, que desaparezcan las condiciones políticas y sociales que favorecen su recuperación.

Y menos todavía si el territorio queda devastado, su población empobrecida y sus instituciones incapaces de garantizar una vida mínimamente normal.

El alto el fuego de 2025 no ha resuelto el problema

El acuerdo promovido por Estados Unidos permitió establecer un alto el fuego en octubre de 2025, facilitar la liberación de rehenes y prisioneros y aumentar parcialmente la entrada de ayuda.

Sin embargo, un año después, la situación dista mucho de haberse normalizado.

Hamás no ha sido desarmado por completo. Israel mantiene una presencia militar considerable dentro de Gaza. La reconstrucción avanza lentamente y el proyecto de establecer una fuerza internacional de estabilización no ha alcanzado sus objetivos iniciales.

El 19 de octubre de 2026, el Programa Mundial de Alimentos ha comunicado una reducción de la ayuda alimentaria que afecta a medio millón de palestinos.

El organismo calcula que alrededor de dos tercios de la población de Gaza continúan padeciendo niveles graves de inseguridad alimentaria.

Estos hechos importan por razones humanitarias y estratégicas.

Una población civil condenada a sobrevivir indefinidamente entre ruinas, hambre y dependencia de organizaciones internacionales difícilmente puede convertirse en la base de una paz duradera.

Pero tampoco habrá reconstrucción estable si Hamás conserva armas, estructuras de coacción y capacidad para desencadenar otra guerra.

La salida exige responder a tres preguntas que siguen abiertas.

¿Quién gobernará Gaza?

¿Quién impedirá que vuelvan a operar organizaciones terroristas desde su territorio?

¿Quién financiará la reconstrucción y fiscalizará que los recursos no terminen nuevamente en manos de grupos armados?

Hasta que existan respuestas institucionalmente viables, la palabra paz seguirá describiendo más una aspiración que una realidad.

El problema de fondo

Israel ha demostrado una extraordinaria superioridad militar sobre Hamás.

Pero una superioridad militar no constituye por sí misma un proyecto político.

El objetivo no puede limitarse a destruir las instalaciones de una organización terrorista para regresar, unos años después, al mismo enfrentamiento.

Resulta imprescindible articular una autoridad civil capaz de administrar Gaza, garantizar la seguridad, prestar servicios y ofrecer una alternativa creíble a Hamás.

Eso exige la colaboración de actores regionales, mecanismos internacionales de supervisión y compromisos suficientemente verificables.

Y exige comprender algo que debería resultar evidente: los civiles palestinos no son Hamás, como los ciudadanos israelíes no son Netanyahu.

La responsabilidad por los crímenes corresponde a quienes los cometen, ordenan o facilitan.

El castigo indiscriminado de una población no constituye una estrategia aceptable de seguridad.

Defender a Israel exige también impedir que las decisiones de sus gobernantes destruyan innecesariamente su legitimidad internacional y comprometan la seguridad de las generaciones siguientes.

XII. Cisjordania: el conflicto territorial que nadie ha conseguido resolver

La situación en Cisjordania introduce otra cuestión especialmente delicada.

El territorio está sometido a una prolongada ocupación israelí iniciada en 1967, aunque su administración presenta diferencias entre las zonas controladas por Israel y las gestionadas por la Autoridad Palestina.

La presencia de asentamientos israelíes y su expansión dificultan enormemente una futura solución territorial.

La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de julio de 2024, consideró ilegal la continuidad de la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados y exigió el cese de las nuevas actividades de asentamiento.

Israel rechaza elementos fundamentales de esa interpretación y mantiene sus propias posiciones jurídicas y de seguridad.

El debate interno israelí gira alrededor de la seguridad, las reivindicaciones históricas y religiosas y la posibilidad de establecer algún día un Estado palestino viable.

Para los sectores religiosos más nacionalistas, determinadas zonas de Cisjordania forman parte inseparable de la tierra histórica de Israel.

Para otros israelíes, la incorporación o el control indefinido de amplios territorios densamente poblados por árabes amenaza con crear una contradicción insoluble entre el carácter judío y democrático del Estado.

El problema no puede despacharse con una consigna.

Hay cuestiones legítimas de seguridad que deben resolverse.

Pero también existen derechos individuales y colectivos de los palestinos que no desaparecen porque resulte incómodo reconocerlos.

Además, la violencia ejercida por colonos extremistas contra civiles palestinos, periodistas y observadores internacionales se ha convertido en un problema creciente.

Este mismo 19 de octubre, las autoridades israelíes han detenido a diez sospechosos relacionados con agresiones recientes, entre ellas las sufridas por una periodista estadounidense y diplomáticos europeos.

El Estado israelí debe perseguir a quienes cometen esos delitos.

No puede exigir a los demás que reconozcan su derecho a la seguridad mientras permite que particulares armados vulneren impunemente los derechos de otros.

Ser amigo de Israel significa también reclamar que su Estado cumpla sus propias obligaciones.

XIII. Irán: el enemigo estratégico que condiciona la política israelí

Si Hamás representa una amenaza terrorista inmediata, Irán constituye un desafío estratégico de dimensiones regionales.

Desde hace décadas, la República Islámica ha apoyado a organizaciones armadas hostiles a Israel.

Entre ellas destacan Hezbolá, en el Líbano, y diversos grupos palestinos.

A través de esa red, Teherán ha intentado proyectar su influencia y obligar a Israel a dedicar recursos permanentes a la defensa de distintos frentes.

El programa nuclear iraní ha añadido una dimensión todavía más grave.

La guerra iniciada con la ofensiva estadounidense-israelí de febrero de 2026 alteró profundamente el equilibrio regional.

Los ataques dañaron instalaciones estratégicas iraníes, pero no eliminaron todas las incertidumbres sobre su programa nuclear.

En octubre de 2026, sectores del régimen iraní están reclamando abiertamente que el país desarrolle armamento nuclear, aunque ello no significa que exista una decisión gubernamental definitiva en ese sentido.

Desde Israel, semejante situación se contempla con una preocupación comprensible.

La combinación de hostilidad ideológica, armamento avanzado, organizaciones aliadas y eventual capacidad nuclear introduce un riesgo que ningún Gobierno israelí puede ignorar.

Pero también existe una diferencia fundamental entre debilitar militarmente a Irán y resolver el problema político que representa su régimen.

Las instalaciones destruidas pueden reconstruirse.

Los programas militares pueden reorganizarse.

Las alianzas regionales pueden modificarse.

Por eso la seguridad israelí requiere inteligencia, superioridad tecnológica, capacidad de disuasión y relaciones diplomáticas suficientemente amplias para evitar un aislamiento contraproducente.

Estados Unidos: aliado indispensable, pero no sustituto de la soberanía israelí

La relación con Washington seguirá siendo fundamental, gobierne quien gobierne en Jerusalén.

Estados Unidos proporciona ayuda militar, cooperación tecnológica, apoyo diplomático y una capacidad de proyección internacional difícilmente sustituible.

Sin embargo, las prioridades estadounidenses y las israelíes no siempre coinciden.

Washington considera también sus relaciones con los países árabes, la seguridad energética, sus compromisos en otras regiones y las consecuencias económicas de una guerra prolongada.

Israel, por su parte, no puede delegar indefinidamente su supervivencia en decisiones adoptadas a miles de kilómetros.

La política exterior de Netanyahu ha descansado considerablemente en su relación con dirigentes estadounidenses, especialmente con Trump.

Pero ninguna relación personal, por estrecha que sea, sustituye a una estrategia nacional duradera.

Y lo mismo sucede con los Acuerdos de Abraham y la normalización de relaciones con países árabes.

Israel ha demostrado que puede establecer relaciones con Estados musulmanes sin resolver previamente todos los aspectos del conflicto palestino.

Ahora bien, la estabilidad de esos acuerdos depende de intereses políticos y económicos que pueden resultar amenazados por nuevas guerras.

La diplomacia no sustituye al ejército.

Pero el ejército tampoco sustituye a la diplomacia.

XIV. La economía israelí: un país extraordinariamente productivo sometido a una presión extraordinaria

Uno de los mayores logros de Israel ha sido transformar un territorio de recursos naturales limitados en una economía avanzada, tecnológica y altamente innovadora.

Su desarrollo en informática, ciberseguridad, medicina, agricultura, defensa y empresas tecnológicas constituye una experiencia digna de estudio.

La competitividad israelí no se explica solamente por la intervención estatal.

Ha sido fundamental la existencia de centros de investigación, universidades de calidad, empresas dinámicas, financiación privada, inversión extranjera y una cultura empresarial acostumbrada a competir internacionalmente.

La preparación científica y técnica de numerosos ciudadanos ha permitido crear productos y servicios con demanda mundial.

Pero ese modelo económico tiene puntos vulnerables.

La movilización masiva de reservistas reduce temporalmente la disponibilidad de trabajadores.

La incertidumbre bélica dificulta determinadas inversiones.

Los gastos de defensa compiten con la financiación de infraestructuras, educación, sanidad y servicios sociales.

Y la conflictividad política puede acelerar la marcha al extranjero de profesionales altamente cualificados.

Según la previsión de julio de 2026 del Banco de Israel, la economía podría crecer un 4 % durante el año, con un déficit público cercano al 4,9 % del PIB y una deuda pública situada alrededor del 69 % del PIB.

Son previsiones condicionadas a la evolución de los conflictos militares y al gasto de defensa.

El país sigue demostrando una notable capacidad de resistencia.

Pero la resistencia no sale gratis.

La guerra consume recursos que no pueden destinarse simultáneamente a otras necesidades.

Y el coste de oportunidad resulta todavía más elevado cuando un país necesita invertir intensamente en tecnología, vivienda, transporte, educación y capital humano.

La fractura entre quienes sostienen la economía y quienes dependen de sus resultados

Aquí vuelve a aparecer el problema demográfico y educativo.

Si aumenta la proporción de población que participa menos en el mercado laboral, mientras las necesidades presupuestarias y militares crecen, la presión sobre los trabajadores y contribuyentes aumenta.

No se trata de señalar a una comunidad religiosa como responsable de todos los problemas.

Se trata de reconocer que ningún modelo económico puede sostener indefinidamente una distribución profundamente desigual de las obligaciones productivas y fiscales.

Una sociedad necesita que sus miembros puedan contribuir en función de sus capacidades.

Por eso resulta esencial que el sistema educativo garantice competencias científicas, matemáticas, tecnológicas y lingüísticas suficientes, independientemente de la orientación religiosa de los centros.

La libertad educativa no debería utilizarse para proporcionar una formación tan limitada que termine cerrando las oportunidades laborales a los propios estudiantes.

Israel necesita preservar su pluralismo cultural y religioso.

Pero también necesita trabajadores formados, empresas competitivas y una base fiscal capaz de sostener su seguridad.

Sin una economía fuerte no hay defensa sostenible. Y sin una sociedad suficientemente cohesionada tampoco hay economía fuerte que dure.

XV. España ante Israel: demasiada propaganda y muy poco análisis

Desde España, el conflicto israelí se contempla con frecuencia a través de anteojeras ideológicas.

Una parte de nuestra izquierda ha convertido la causa palestina en una pieza de su identidad política.

Para determinados dirigentes, manifestarse contra Netanyahu constituye una forma de exhibir credenciales progresistas, aunque ello no implique necesariamente comprender la historia y la realidad política de Oriente Próximo.

También existen sectores de la derecha española que convierten su simpatía por Israel en una adhesión casi automática a Netanyahu.

Ambas actitudes son intelectualmente pobres.

No hay razón para aceptar la propaganda de Hamás.

Tampoco existe obligación alguna de justificar todas las decisiones del Gobierno israelí.

La política exterior española y sus contradicciones

En mayo de 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció oficialmente al Estado de Palestina.

En septiembre de 2025, España consolidó jurídicamente un embargo de armas a Israel y adoptó otras restricciones comerciales relacionadas con los territorios ocupados.

Estas decisiones pueden examinarse desde distintas perspectivas.

Es legítimo defender una solución negociada que permita la existencia de dos Estados.

También lo es exigir que Israel respete el derecho internacional humanitario y proteja a la población civil.

Pero la política exterior necesita algo más que declaraciones morales.

Necesita objetivos, medios, coordinación con los aliados y una evaluación de las consecuencias.

Reconocer diplomáticamente un Estado palestino no crea por sí solo instituciones estatales eficaces, fronteras seguras, monopolio legítimo de la fuerza ni un Gobierno capaz de controlar todo su territorio.

Son condiciones que deben construirse.

Por otra parte, denunciar los abusos de Israel mientras se guarda una prudencia exquisita frente a otros regímenes autoritarios constituye una incoherencia que merece explicación.

La defensa de los derechos humanos no debería variar según la simpatía ideológica que despierte el Gobierno responsable de vulnerarlos.

Y tampoco debería confundirse la oposición a las políticas israelíes con la legitimación de organizaciones terroristas.

Antisemitismo y crítica política

La historia española añade una responsabilidad especial.

Nuestra relación con el pueblo judío está marcada por siglos de convivencia, aportaciones culturales extraordinarias, persecuciones y la expulsión de 1492.

La tradición sefardí forma parte de la historia de España.

Esa memoria exige rechazar el antisemitismo sin ambigüedades.

Pero combatirlo eficazmente requiere utilizar las palabras con precisión.

No toda crítica a Israel es antisemita.

Sí lo es atribuir colectivamente a los judíos la responsabilidad de las decisiones del Gobierno israelí, recuperar los viejos mitos conspirativos sobre el poder judío o justificar agresiones contra personas e instituciones judías a causa de acontecimientos ocurridos en Oriente Próximo.

El antisionismo, por su parte, abarca posiciones distintas. Algunas cuestionan políticas concretas del nacionalismo israelí. Otras niegan expresamente la legitimidad de la autodeterminación judía y la existencia misma de Israel.

No conviene fingir que todas significan lo mismo.

En una democracia, las ideas se examinan por su contenido y sus consecuencias, no exclusivamente por las etiquetas que utilizan sus defensores.

Ceuta, Melilla y la importancia de la soberanía nacional

Hay una enseñanza que los españoles podemos extraer de la experiencia israelí sin necesidad de establecer equivalencias históricas falsas.

Israel ha aprendido que las amenazas contra la integridad territorial, la seguridad de sus ciudadanos y la capacidad de decisión de sus instituciones no desaparecen porque se las ignore.

España tiene circunstancias diferentes, una posición internacional diferente y compromisos jurídicos diferentes.

Pero también tiene intereses de seguridad en el Mediterráneo, en el Estrecho de Gibraltar y en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Las disputas de soberanía y las presiones ejercidas por otros Estados requieren preparación, instituciones eficaces y una política exterior coherente.

La enseñanza no consiste en copiar indiscriminadamente las respuestas israelíes.

Consiste en comprender que la seguridad nacional exige planificación a largo plazo y no puede improvisarse conforme a las necesidades electorales de cada presidente.

Y hay otra lección todavía más importante.

Un país que se divide hasta convertir a sus adversarios políticos en enemigos internos pierde energías que necesita para afrontar los desafíos exteriores.

Israel está pagando ese precio.

España debería procurar no seguir sus pasos.

XVI. ¿Qué puede ocurrir el 27 de octubre?

Las elecciones presentan tres escenarios principales.

Primer escenario: Netanyahu consigue conservar el Gobierno

Una mayoría suficiente de su bloque permitiría al primer ministro continuar.

La nueva legislatura podría impulsar modificaciones institucionales, especialmente en el sistema judicial, y mantener una política de seguridad muy firme frente a Irán y las organizaciones armadas palestinas.

Pero la continuidad también implicaría negociar nuevamente con los partidos ultraortodoxos y afrontar sus exigencias sobre el servicio militar.

Tampoco desaparecerían las controversias relacionadas con el 7 de octubre, el proceso penal de Netanyahu o la situación en Cisjordania.

Una victoria parlamentaria otorgaría legitimidad para gobernar.

No borraría las responsabilidades anteriores ni garantizaría que desapareciera la oposición social.

Segundo escenario: Eisenkot encabeza una coalición alternativa

Una victoria de las formaciones contrarias a Netanyahu abriría la posibilidad de un Gobierno dirigido por Eisenkot o articulado mediante acuerdos entre diferentes dirigentes.

Sus prioridades previsibles incluirían una comisión de investigación independiente, cambios en el reparto de las obligaciones militares, reformas institucionales y una mejora de las relaciones exteriores.

Pero sería ingenuo imaginar que una victoria de Eisenkot supondría automáticamente una política de seguridad blanda o la aceptación inmediata de un Estado palestino.

Su trayectoria militar y sus posiciones políticas demuestran que defiende firmemente la seguridad de Israel.

La diferencia principal podría encontrarse en el estilo de gobierno, las relaciones entre instituciones, la composición de la coalición y el tratamiento de los problemas internos.

Su dificultad más inmediata sería reunir una mayoría suficientemente cohesionada.

Tercer escenario: bloqueo parlamentario

Es perfectamente posible que ninguno de los bloques reúna los apoyos necesarios.

En ese caso se abrirían negociaciones prolongadas, intentos de incorporar formaciones inicialmente ajenas a los acuerdos previstos y, eventualmente, la posibilidad de nuevas elecciones.

Israel conoce demasiado bien este procedimiento.

Pero repetir elecciones no garantiza resolver las contradicciones que las provocan.

Y una sociedad sometida a amenazas militares permanentes necesita algo más que gobiernos provisionales y campañas electorales interminables.

XVII. Lo que deberían responder todos los candidatos antes de pedir el voto

Al margen de quién gane, existe una serie de cuestiones que deberían ocupar el centro de cualquier programa serio de gobierno.

La primera es la seguridad nacional.

Israel necesita definir qué amenazas considera prioritarias, qué capacidades militares debe mantener y qué recursos presupuestarios está dispuesto a comprometer.

La segunda es la responsabilidad por el 7 de octubre.

La próxima legislatura debería establecer un procedimiento independiente, transparente y suficientemente riguroso para investigar los fallos políticos, militares y de inteligencia.

La tercera es la igualdad de obligaciones.

El servicio militar y civil, las condiciones de acceso a las prestaciones y la integración laboral de todas las comunidades necesitan reformas que puedan sostenerse demográfica y económicamente.

La cuarta afecta a las instituciones.

El país necesita mecanismos que delimiten las competencias del Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Supremo y los órganos de asesoramiento jurídico.

La quinta se refiere a la economía.

El próximo Ejecutivo deberá explicar cómo financiará la defensa, cómo reducirá el coste de la vida y qué medidas adoptará para preservar la competitividad tecnológica.

La sexta afecta a los ciudadanos árabes.

Una nación no puede aspirar a la cohesión mientras una parte tan importante de sus habitantes considera que las instituciones no responden suficientemente a sus necesidades.

La séptima es la política exterior.

Israel necesita determinar qué resultados concretos persigue en Gaza, Cisjordania, el Líbano e Irán, y cómo pretende alcanzarlos sin convertir la excepcionalidad militar en una situación permanente.

Pero hay una cuestión anterior a todas las demás.

¿Están dispuestos los dirigentes israelíes a reconocer que el Estado pertenece a sus ciudadanos y no a los partidos, los jueces, los generales, los empresarios o las organizaciones religiosas?

Porque una cosa es defender la patria.

Y otra, bastante diferente, es confundir la patria con el patrimonio particular de quienes circunstancialmente ocupan sus instituciones.

XVIII. Reflexión final: Israel tiene derecho a existir, pero también necesita aprender a convivir consigo mismo

Israel constituye una de las experiencias históricas más extraordinarias del siglo XX.

Un pueblo disperso durante siglos, perseguido en numerosos países y sometido a la tentativa de exterminio nazi consiguió establecer un Estado, defenderlo militarmente y construir una economía avanzada.

Su supervivencia no puede entenderse sin el extraordinario esfuerzo de sus ciudadanos.

Pero sería un error atribuir sus logros exclusivamente a una parte de la sociedad.

El Israel de hoy es resultado de las contribuciones de judíos europeos y orientales, religiosos y laicos, inmigrantes de múltiples procedencias, científicos, trabajadores, soldados, empresarios, agricultores y ciudadanos de diferentes confesiones.

Nadie tiene derecho a apropiarse en exclusiva de esa historia.

Ni las antiguas élites laboristas.

Ni los dirigentes del Likud.

Ni los partidos religiosos.

Ni los magistrados.

Ni quienes consideran que su experiencia militar los convierte en los únicos intérpretes legítimos de las necesidades nacionales.

Las instituciones pertenecen a la nación.

Y la nación no debe confundirse con un partido.

La democracia tampoco consiste exclusivamente en depositar una papeleta cada cuatro años.

Exige la posibilidad efectiva de cambiar de Gobierno, la igualdad ante la ley, el control de los gobernantes, la protección de los derechos y la obligación de rendir cuentas.

Los jueces deben ejercer sus funciones sin convertirse en gobernantes.

Los gobernantes deben ejercer las suyas sin pretender quedar por encima de la ley.

Los militares deben garantizar la defensa nacional sin convertirse en árbitros de las disputas partidistas.

Y los ciudadanos deben poder manifestarse contra las autoridades sin que la violencia se convierta en un instrumento aceptable de presión.

Israel necesita recuperar esos equilibrios.

También necesita resolver una contradicción histórica que las guerras no han eliminado: cómo preservar su identidad como Estado nacional judío, garantizar los derechos de todos sus ciudadanos y establecer unas relaciones suficientemente estables con la población palestina y los países vecinos.

No existen soluciones mágicas.

Lo que sí existe es una obligación política elemental: dejar de presentar cada victoria electoral como la autorización para aniquilar institucionalmente al adversario.

Quien hoy gobierna puede encontrarse mañana en la oposición.

Y quien hoy reclama límites al poder gubernamental deberá aceptarlos cuando alcance el Gobierno.

Una última reflexión desde España

Contemplo la actualidad israelí con una mezcla de admiración, preocupación y sentido crítico.

Admiro a una nación que ha demostrado una voluntad de supervivencia extraordinaria.

Me preocupa que sus dirigentes conviertan las legítimas diferencias políticas, culturales y religiosas en fracturas que puedan terminar debilitándola.

Y considero que sus amigos debemos rechazar dos tentaciones: la de exigirle una perfección moral que no exigimos a ningún otro Estado y la de justificar automáticamente todos sus errores porque se enfrenta a enemigos que pretenden destruirlo.

La defensa de Israel no exige canonizar a Netanyahu.

La crítica a Netanyahu no exige alinearse con los enemigos de Israel.

La oposición al terrorismo de Hamás no obliga a desentenderse del sufrimiento de los civiles palestinos.

Y el respeto a los derechos de los palestinos no requiere olvidar los asesinatos del 7 de octubre.

En definitiva, la cuestión que se plantea ante las elecciones del 27 de octubre no consiste simplemente en decidir quién ocupará el despacho del primer ministro.

Consiste en determinar si los israelíes conseguirán reconstruir unos mínimos de confianza entre instituciones y ciudadanos, entre religiosos y laicos, entre judíos de distintas procedencias y entre los diferentes grupos que componen el país.

Porque las naciones no se destruyen solamente cuando sus enemigos consiguen derrotarlas.

También pueden debilitarse cuando sus propios dirigentes llegan a considerar más importante vencer a sus adversarios internos que resolver los problemas nacionales.

Y, si algo debería haber enseñado la historia al pueblo judío, es que la unidad necesaria para sobrevivir no exige uniformidad de pensamiento.

Exige reconocer que las legítimas diferencias no convierten automáticamente a los compatriotas en enemigos.

El 27 de octubre los israelíes elegirán a sus representantes. Pero su gran desafío comenzará el día siguiente: conseguir que los vencedores gobiernen para todos y que los vencidos sigan considerando suyo el Estado.

Porque Israel, como España y cualquier otra nación digna de ese nombre, tiene que ser mucho más que el Gobierno que circunstancialmente la dirige.

Y porque la mayor victoria de Israel no será necesariamente derrotar otra vez a sus enemigos exteriores.

Será conseguir que ningún israelí tenga que preguntarse si sus propios compatriotas se han convertido en una amenaza mayor para el futuro común que las fuerzas que pretenden destruirlos desde fuera.

Análisis elaborado con información disponible hasta el 19 de octubre de 2026. Las proyecciones electorales describen la situación anterior a la votación, no sus resultados.

Las urnas pueden alterar sustancialmente este panorama. También será decisiva la negociación posterior para formar Gobierno.