ESPAÑA SE CAE A PEDAZOS MIENTRAS EL ESTADO NOS EXPRIME A IMPUESTOS: ¿DÓNDE COÑO ESTÁ NUESTRO DINERO?
Trenes que descarrilan, carreteras que se deshacen, hospitales con listas de espera interminables, alumnos que no comprenden lo que leen, juzgados atestados de expedientes, una red eléctrica insuficiente y unas fronteras cuya vigilancia presenta graves deficiencias. El Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un informe de 42 páginas que pone cifras a una contradicción: mientras los españoles soportan una carga tributaria creciente, numerosos servicios públicos ofrecen resultados peores que hace ocho años. ¿Quién responde por ello?
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
MÁS IMPUESTOS, MÁS GASTO Y PEORES RESULTADOS
Hay una pregunta que debería resonar en cada ministerio, cada consejería autonómica, cada diputación y cada ayuntamiento de España:
¿QUÉ COÑO ESTÁIS HACIENDO CON NUESTRO DINERO?
Porque conviene recordar algo que nuestros gobernantes parecen olvidar con demasiada frecuencia: el dinero público no pertenece a Pedro Sánchez, a sus ministros, a los presidentes autonómicos ni a ninguno de los innumerables organismos que viven del presupuesto.
Es dinero de los contribuyentes.
Dinero que procede de los salarios, del trabajo de los autónomos, de los beneficios empresariales, de las compras, de los carburantes, de la electricidad, del ahorro y del patrimonio de millones de españoles.
Y su utilización exige algo más que discursos, inauguraciones, declaraciones solemnes y fotografías.
Exige resultados.
El Instituto Juan de Mariana ha publicado, el 30 de octubre de 2026, el informe «Todo funciona peor. El declive de las infraestructuras, la sanidad, la educación, la justicia y la seguridad durante el sanchismo», firmado por Manuel Llamas Fraga y Diego Sánchez de la Cruz.
El documento, de 42 páginas, reúne estadísticas oficiales, informes económicos, comparaciones internacionales y numerosos indicadores para examinar la evolución de los servicios públicos desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018.
Su conclusión es contundente: el aumento de los recursos económicos no ha producido las mejoras prometidas y, en numerosos ámbitos, ha coincidido con un empeoramiento de los resultados.
Desde 2018, según el estudio, se han aprobado más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones.
El gasto sanitario público pasó de 71.114 millones de euros en 2018 a 101.739 millones en 2024: un incremento del 43,1%.
El gasto educativo aumentó desde 50.807 hasta 71.349 millones: un 40,4% más.
Y mientras tanto, las listas de espera sanitarias se alargaron, los resultados escolares retrocedieron y los juzgados acumularon millones de asuntos sin resolver.
Que haya aumentado el gasto no significa que cada euro adicional se haya despilfarrado. Pero tampoco autoriza al Gobierno a presentar el incremento presupuestario como si fuera, por sí mismo, un éxito.
La cuestión decisiva es otra: ¿qué servicios recibe el ciudadano a cambio de cuanto paga?
LOS TRENES: EL FRACASO DE CONSERVAR LO QUE YA TENÍAMOS
Pocas actividades muestran con tanta claridad la importancia de una administración competente como el transporte ferroviario.
Un ferrocarril necesita mucho más que grandes inauguraciones y trenes modernos.
Necesita vías bien conservadas, catenarias revisadas, sistemas de señalización fiables, personal suficiente, inspecciones periódicas y reparaciones ejecutadas antes de que aparezcan averías graves.
El informe del Instituto Juan de Mariana recoge un incremento del 142,5% en los accidentes ferroviarios registrados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios: de 40 en 2018 a 97 en 2024.
Los descarrilamientos pasaron de 7 a 22.
La puntualidad también empeoró considerablemente.
En 2018, solamente el 1,1% de los trenes de larga distancia llegaba con una hora o más de retraso.
En enero de 2026, ese porcentaje había ascendido al 8,1%.
En marzo de este año, únicamente el 48,6% de los AVE llegó con menos de cinco minutos de retraso.
Y en Rodalies, en septiembre, la puntualidad se situaba en el 49,2%.
Pero lo verdaderamente inquietante aparece al examinar las inversiones y los gastos de conservación.
Entre 2021 y 2024, Adif ejecutó solamente el 66,3% de las inversiones previstas en su programa.
La inversión ferroviaria por habitante, medida en euros constantes, pasó de 240 euros en 2009 a 75 en 2025.
El capital neto ferroviario, que había alcanzado un máximo de 110.817 millones de euros en 2015, seguía en 2025 por debajo de aquella cifra.
Es decir, España no estaba conservando y renovando sus infraestructuras al ritmo que exigía el desgaste de las instalaciones.
Y eso ocurre precisamente cuando buena parte de la red construida durante las últimas décadas empieza a necesitar actuaciones de renovación especialmente importantes.
El Instituto Juan de Mariana recoge además que el mantenimiento representa solamente el 15,8% del gasto español en infraestructuras ferroviarias, frente al 29,2% de Países Bajos o el 44,7% de Hungría.
Según el Instituto de Estudios Económicos, España destina al mantenimiento ferroviario unos 45,5 millones de euros por cada mil kilómetros de red, mientras que la media de los catorce países europeos utilizados como referencia asciende a 80,6 millones.
Y aquí aparece una comparación presupuestaria que merece una explicación:
En 2025 se dedicaron unos 1.371 millones de euros a subvencionar abonos y billetes, frente a aproximadamente 1.100 millones destinados por Adif y Adif Alta Velocidad al mantenimiento de las infraestructuras.
Naturalmente, ambas partidas cumplen funciones diferentes y no son intercambiables automáticamente.
Pero la comparación permite preguntar cuáles han sido las prioridades de la política ferroviaria.
Porque abaratar el billete puede beneficiar a millones de viajeros; sin embargo, ninguna subvención sustituye la obligación de conservar las vías.
Y cuando Renfe decidió endurecer las condiciones para devolver el importe de los billetes por retrasos, elevando determinados umbrales de quince a sesenta minutos, trasladó al viajero una parte mayor de las consecuencias del deterioro de la puntualidad.
El usuario paga, espera y soporta las molestias.
La Administración anuncia nuevos planes.
¿Y quién responde?
Las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda, recogidas en el informe, exigen investigaciones técnicas y judiciales rigurosas para establecer sus causas y las posibles responsabilidades. La coincidencia temporal de accidentes y deficiencias de mantenimiento obliga a examinar las advertencias anteriores, los expedientes de conservación y las decisiones adoptadas, sin sustituir las conclusiones periciales por acusaciones anticipadas.
Lo que resulta inadmisible es que una investigación termine convirtiéndose en una excusa para no examinar la gestión general de la red.
La seguridad ferroviaria no puede depender de la suerte. Debe depender del mantenimiento, de los controles y del cumplimiento de las normas.
LAS CARRETERAS: RECAUDAR COMO NUNCA Y CONSERVAR COMO SI NO HUBIERA DINERO
El capítulo dedicado a las carreteras presenta otra contradicción difícil de justificar.
Según la auditoría de la Asociación Española de la Carretera recogida por el Instituto Juan de Mariana, el déficit acumulado de conservación rozó en 2025 los 15.000 millones de euros.
Casi un 50% más que cuatro años antes.
Más de la mitad de las carreteras examinadas presentaban deterioros importantes y cerca de 34.000 kilómetros necesitaban actuaciones de reconstrucción a corto plazo.
El estudio sitúa el estado de conservación en su peor situación desde finales de los años ochenta.
Y mientras tanto, la recaudación fiscal asociada al automóvil alcanzó en 2025 los 41.995 millones de euros.
Más de 23.000 millones procedieron de los impuestos sobre los carburantes.
Frente a esa recaudación, el gasto de conservación viaria se situó por debajo de 3.000 millones.
La proporción aproximada es de quince euros recaudados por cada euro destinado al mantenimiento.
Los impuestos sobre el automóvil no están legalmente reservados en exclusiva a las carreteras, ciertamente. Pero quienes los recaudan tienen que explicar por qué se acumula semejante necesidad de conservación.
Porque las carreteras no se deterioran de repente.
El pavimento envejece. Los drenajes se obstruyen. Los puentes necesitan inspecciones. Las barreras de seguridad deben renovarse.
Son obligaciones previsibles, no sorpresas meteorológicas.
Y cuando no se atienden a su debido tiempo, los desperfectos aumentan y las reparaciones se encarecen.
El transportista paga impuestos. El agricultor paga impuestos. El trabajador que utiliza diariamente su vehículo paga impuestos.
¿Y qué recibe a cambio?
No debería tener que conformarse con nuevos anuncios de inversiones mientras circula por carreteras necesitadas de reparación.
EL CAPITAL PÚBLICO SE DESGASTA: ESTAMOS CONSUMIENDO LO QUE CONSTRUYERON GENERACIONES ANTERIORES
Uno de los aspectos más interesantes del informe es su examen del capital público.
Durante décadas, España construyó carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, embalses y otras instalaciones fundamentales.
Aquella acumulación de infraestructuras exigió enormes inversiones de varias generaciones de contribuyentes.
Pero las obras públicas no son eternas.
Hay que repararlas, renovarlas y, cuando sea necesario, sustituirlas.
La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, cuyas cifras recoge el Instituto Juan de Mariana, sitúan la inversión pública en infraestructuras de 2025 en 16.114 millones de euros, aproximadamente un 60% por debajo de la de 2009.
La participación de las infraestructuras en la inversión pública descendió del 61% al 38%.
El capital de infraestructuras productivas perdió alrededor de 11.000 millones de euros desde 2014.
También resultan preocupantes las infraestructuras hidráulicas: desde 2012, la inversión no ha sido suficiente para compensar la depreciación del capital existente.
Este último dato merece especial atención.
España es un país de sequías recurrentes, lluvias torrenciales, embalses, canales y numerosas obras hidráulicas de importancia económica y social.
Mantener esas instalaciones no constituye un lujo.
Es una obligación elemental de cualquier administración responsable.
Cuando se dejan deteriorar las infraestructuras heredadas, se está consumiendo una riqueza acumulada durante décadas.
Puede parecer que el ahorro beneficia al presupuesto del año.
Pero el coste acaba apareciendo más tarde, frecuentemente multiplicado.
Una administración que inaugura mucho y conserva poco puede estar gastando hoy el patrimonio que necesitarán mañana nuestros hijos.
EL APAGÓN ELÉCTRICO: UN AVISO QUE NO DEBERÍA OLVIDARSE
El informe recuerda el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que dejó sin suministro a la España peninsular y Portugal durante buena parte de aquella jornada.
Fue un acontecimiento extraordinario que puso de manifiesto hasta qué punto una sociedad moderna depende de la estabilidad del sistema eléctrico.
Hospitales, industrias, transportes, comercios, comunicaciones y hogares necesitan electricidad continua y fiable.
Pero el problema no termina con un apagón.
El Instituto Juan de Mariana recoge datos de las empresas distribuidoras según los cuales el 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica se encuentra saturado para nuevas conexiones.
Durante 2025, de aproximadamente 40 gigavatios de nuevas conexiones solicitadas, solamente un 12% recibió autorización.
Dos de cada tres solicitudes fueron rechazadas por falta de capacidad de la red.
Las consecuencias económicas pueden ser importantes.
Una fábrica necesita suministro.
Una nueva urbanización necesita suministro.
Una empresa que pretende ampliar sus instalaciones necesita suministro.
Sin redes suficientes, la inversión privada tropieza con obstáculos físicos que ningún discurso gubernamental puede eliminar.
La discusión sobre cómo producir electricidad es importante.
Pero resulta igualmente importante saber cómo transportarla, distribuirla y garantizar la estabilidad del sistema.
No basta con disponer de centrales generadoras si las instalaciones necesarias para llevar la electricidad hasta los consumidores son insuficientes.
LOS PUERTOS: MARRUECOS AVANZA MIENTRAS ESPAÑA PIERDE TERRENO
Otro apartado especialmente llamativo es el relativo al tráfico marítimo.
El puerto marroquí de Tánger Med ha experimentado un crecimiento extraordinario.
En 2019 movía unos 4,8 millones de contenedores equivalentes, frente a los 5,1 millones de Algeciras.
En 2025 alcanzó los 11,1 millones.
Algeciras movió aproximadamente 4,7 millones y Valencia, 5,7 millones.
Es decir, Tánger Med superó el movimiento conjunto de ambos grandes puertos españoles.
Este dato no demuestra por sí solo una mala gestión española: intervienen la localización, las inversiones, las tarifas, los acuerdos comerciales y las estrategias de las compañías marítimas.
Pero sí plantea preguntas de enorme importancia.
¿Qué ventajas está ofreciendo Marruecos?
¿Qué infraestructuras portuarias necesitan mejoras?
¿Qué ocurre con las conexiones ferroviarias y carreteras de nuestros puertos?
¿Qué obstáculos administrativos perjudican su capacidad para competir?
La comparación con Tánger Med debería estimular un examen serio de los costes y de las oportunidades perdidas.
Porque la actividad portuaria significa empleo, transporte, comercio y riqueza.
Y España no puede permitirse despreciar ninguna de esas posibilidades.
LA SANIDAD: CIEN MIL MILLONES DE GASTO Y CIENTOS DE MILES DE ENFERMOS ESPERANDO
El capítulo sanitario es particularmente revelador.
Entre 2018 y 2024, el gasto público sanitario pasó de 71.114 a 101.739 millones de euros.
Un crecimiento superior al 43%.
Pero las listas de espera quirúrgicas aumentaron desde 668.288 pacientes hasta 853.509 al cierre de 2025.
Son 185.221 personas más.
La demora media alcanzó los 121 días.
Más de uno de cada cinco pacientes llevaba más de seis meses esperando una operación.
En las consultas de especialistas, los pacientes pendientes de una primera cita aumentaron de 62,5 a 84,4 por cada mil habitantes.
El 61,5% tenía asignada una consulta para más de dos meses después.
Y en atención primaria, según el Barómetro Sanitario de 2025, únicamente el 21,8% de quienes solicitaron cita fue atendido ese día o el siguiente.
Los demás afrontaban una espera media de 9,15 días.
Detrás de cada cifra hay personas que sufren.
Personas con dolores, enfermedades, dificultades laborales y preocupaciones familiares.
Un enfermo no necesita que un ministro le explique cuánto ha aumentado una partida presupuestaria.
Necesita que lo atiendan.
Que lo examinen.
Que lo diagnostiquen.
Y que lo traten dentro de un plazo razonable.
El Instituto Juan de Mariana cuestiona un sistema en el que la financiación de los centros no está suficientemente vinculada a los resultados asistenciales.
Esa interpretación merece debate, pero las cifras de espera constituyen, por sí mismas, motivo suficiente para exigir explicaciones a los responsables sanitarios.
Y aquí es indispensable recordar algo: buena parte de la sanidad está administrada por las comunidades autónomas.
Por consiguiente, las responsabilidades no pueden examinarse únicamente en La Moncloa.
También hay que exigirlas en las consejerías regionales, sin excepciones partidistas.
El paciente no necesita que los políticos se pasen la culpa unos a otros. Necesita un sistema sanitario que funcione.
LA ENSEÑANZA: UNA GENERACIÓN QUE APRENDE MENOS A PESAR DE QUE SE GASTA MÁS
El informe examina los resultados escolares atribuidos a PISA 2025 y presenta una comparación inquietante.
España obtiene, según los datos recogidos, 457 puntos en matemáticas, 451 en comprensión lectora y 477 en ciencias.
Las tres cifras se sitúan por debajo de los promedios de la OCDE utilizados en el estudio.
La caída respecto a 2018 alcanza 24 puntos en matemáticas y seis en ciencias.
En lectura, donde la comparación utilizada es con 2015 por las anomalías del resultado español de 2018, el retroceso asciende a 45 puntos.
El Instituto Juan de Mariana traduce esa pérdida de comprensión lectora a más de dos cursos escolares.
Pero tan preocupante como la disminución de la puntuación media es la situación de quienes no alcanzan los conocimientos elementales.
El 32% de los alumnos no llega al nivel básico de comprensión lectora.
El 33% tampoco alcanza el mínimo en matemáticas.
Y solamente un 2% obtiene resultados excelentes en lectura, frente al 6% del promedio de la OCDE.
Todo ello coincide con un crecimiento del gasto público educativo del 40,4%.
Conviene preguntarse cuál debería ser el cometido esencial de la escuela.
No parece descabellado exigir que los alumnos terminen la enseñanza obligatoria sabiendo leer con soltura, escribir correctamente, realizar operaciones matemáticas y comprender los fundamentos de la historia, la geografía y las ciencias.
No se trata de convertir la enseñanza en una competición despiadada.
Se trata de que aprender vuelva a ser su finalidad principal.
La comparación entre comunidades autónomas también merece atención.
Según el estudio, el País Vasco gasta un 62% más por alumno que la Comunidad de Madrid y obtiene 34 puntos menos en las pruebas comparadas.
Diferencias de composición social y otras circunstancias pueden influir en los resultados, pero no anulan la necesidad de investigar por qué sistemas con mayores recursos obtienen rendimientos inferiores en determinados indicadores.
Y la cuestión no termina en la enseñanza obligatoria.
El informe señala que ninguna universidad española figura entre las cien primeras del mundo en las clasificaciones internacionales que examina y que un 35% de los titulados trabaja en ocupaciones inferiores a su cualificación académica.
Es decir, tampoco basta con producir más titulados universitarios si el mercado laboral no ofrece suficientes oportunidades acordes con su preparación.
La enseñanza debe evaluarse por los conocimientos adquiridos y las posibilidades reales que proporciona.
No por el número de leyes, decretos, campañas o anuncios ministeriales.
LA JUSTICIA: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL ASUNTOS PENDIENTES
La situación de los juzgados y tribunales es otro motivo de preocupación.
A finales de 2018 había 2.609.182 asuntos pendientes.
En el tercer trimestre de 2025, la cifra había aumentado hasta 4.696.050.
Un incremento del 80%.
Y solamente durante el último año analizado, los procedimientos pendientes crecieron un 6,7%.
Según los datos del Consejo de Europa citados en el informe, un asunto civil o mercantil tardaba en España una media de 423 días en resolverse en primera instancia, frente a una mediana europea de 245 días.
El Cuadro de Indicadores de la Justicia de la Comisión Europea ofrece otra medición, de 444 días, que sitúa a España en el puesto vigésimo entre los veinticuatro países con datos comparables.
Nuestro país dispone de unos 11,1 jueces por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la mediana europea que recoge el estudio.
Pero la falta relativa de jueces no constituye la única dificultad.
El informe señala los problemas derivados de la organización judicial, la dispersión de sistemas informáticos y las demoras procesales.
Y mientras tanto, ¿qué sucede con los ciudadanos?
Una familia espera la resolución de un pleito.
Un trabajador espera una sentencia.
Una pequeña empresa trata de cobrar una deuda.
Una persona perjudicada necesita que se reconozcan sus derechos.
Los procedimientos se prolongan, los costes aumentan y la incertidumbre permanece.
Una justicia excesivamente lenta puede dejar de ser una protección eficaz de los derechos.
Además, la acumulación de procedimientos repercute sobre la actividad económica, la confianza en los contratos y la seguridad jurídica.
La independencia judicial es indispensable.
Pero independencia no significa ausencia de responsabilidad organizativa.
Los tribunales necesitan medios, organización y procedimientos que permitan resolver los asuntos dentro de plazos razonables.
Y los responsables de proporcionar esos medios deben rendir cuentas de sus decisiones.
LA SEGURIDAD: LOS DELITOS AUMENTAN Y LOS CIUDADANOS EXIGEN PROTECCIÓN
Entre 2018 y 2025, las infracciones penales registradas pasaron de 2.131.118 a 2.474.156.
Un incremento del 16,1%.
Los homicidios dolosos y asesinatos consumados aumentaron de 289 a 376.
Los delitos contra la libertad sexual pasaron de 13.782 a 21.659.
Y la delincuencia informática se aproximó a los 490.000 hechos conocidos anuales.
Estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta la evolución de la población, los cambios en la denuncia y las modificaciones legislativas. Pero son suficientemente importantes para reclamar actuaciones concretas.
La prevención del delito, su investigación y la protección de las víctimas constituyen obligaciones fundamentales del Estado.
No son actividades secundarias.
El informe dedica especial atención al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y recuerda la muerte de dos guardias civiles en Barbate, en febrero de 2024, después de que una embarcación policial fuera embestida por una narcolancha.
Aquella tragedia puso de manifiesto los peligros a los que se enfrentan los agentes destinados a combatir organizaciones criminales que disponen de grandes recursos económicos.
La respuesta necesita medios materiales, personal suficiente, cooperación policial, instrumentos judiciales y continuidad.
No basta con comparecer ante las cámaras después de un suceso dramático.
Hay que prevenirlo en la medida de lo posible.
Y cuando se detectan carencias conocidas, corregirlas.
LAS FRONTERAS: UN ESTADO QUE DEBE HACER CUMPLIR SUS PROPIAS DECISIONES
El último gran capítulo del informe está dedicado al control fronterizo y a la inmigración irregular.
Según las estimaciones de Funcas recogidas por el Instituto Juan de Mariana, la población extranjera en situación irregular pasó de unas 107.000 personas en 2017 a aproximadamente 840.000 a comienzos de 2025.
Se trata de estimaciones demográficas y no de un recuento individual de personas, circunstancia importante al interpretar las cifras.
El estudio señala asimismo que entre 2018 y 2025 se registraron más de 350.000 llegadas irregulares por vías marítimas y terrestres.
Pero uno de los datos más relevantes se refiere a las decisiones administrativas que no llegan a ejecutarse.
En 2024, España dictó más de 62.000 órdenes de retorno y ejecutó 6.105.
La proporción fue del 9,7%, frente a una media comunitaria del 20%.
Resulta razonable preguntarse por qué una proporción tan elevada de resoluciones no llega a cumplirse y qué parte se explica por impedimentos legales, dificultades de identificación, falta de cooperación de los países de origen o insuficiencia de medios.
Un Estado de derecho debe controlar sus fronteras conforme a la ley, respetar las garantías de quienes solicitan protección y ejecutar las resoluciones firmes cuando legalmente proceda.
Las tres obligaciones son compatibles.
La inmigración regular y la irregular plantean situaciones jurídicas diferentes, y ninguna estadística autoriza a atribuir conductas delictivas a una población por su procedencia.
Precisamente por ello conviene abandonar los discursos simplificadores y examinar los resultados concretos de la Administración.
También aquí la cuestión fundamental es la misma: decisiones, medios, cumplimiento y responsabilidades.
¿Y QUÉ HACEN MIENTRAS TANTO NUESTROS GOBERNANTES?
El informe del Instituto Juan de Mariana analiza diferentes servicios, pero permite plantear una cuestión más amplia.
¿Cómo se establecen las prioridades del gasto público en España?
¿Cómo se decide qué partidas son imprescindibles y cuáles pueden reducirse?
¿Qué controles existen para comprobar si una subvención ha cumplido su finalidad?
¿Qué consecuencias tiene la ejecución insuficiente de una inversión?
¿Qué ocurre cuando se detectan errores graves de planificación?
¿Y qué sucede con los responsables políticos que, después de varios años de mandato, dejan tras de sí servicios públicos con peores resultados?
La estructura territorial española añade una dificultad: la dispersión de competencias entre distintas administraciones.
El ciudadano paga impuestos al Estado, a su comunidad autónoma y a su ayuntamiento.
Pero cuando pretende saber quién responde por un servicio deficiente, con demasiada frecuencia se encuentra ante una sucesión de reproches cruzados.
El Gobierno central acusa a los regionales.
Los regionales acusan al Gobierno central.
Las administraciones locales alegan insuficiencia de recursos.
Y mientras todos discuten, el ciudadano continúa pagando.
Por eso resulta fundamental identificar el coste completo de cada servicio y la administración responsable de prestarlo.
También resulta necesario revisar las estructuras administrativas que duplican funciones o encarecen la prestación sin ofrecer ventajas comprobables.
No se trata de suprimir instituciones por el mero placer de hacerlo.
Se trata de determinar cuáles son necesarias, qué hacen realmente y cuánto cuestan.
Porque el contribuyente no tiene por qué financiar indefinidamente estructuras cuya utilidad nadie es capaz de demostrar.
EL GRAN ENGAÑO DE CONFUNDIR GASTAR CON GOBERNAR
Los presupuestos son instrumentos.
No constituyen resultados.
Aprobar mil millones para una infraestructura no significa que esa infraestructura se haya construido.
Construirla tampoco significa que se haya hecho de manera adecuada.
Y terminarla no garantiza que vaya a conservarse correctamente.
Sin embargo, buena parte del debate político español gira alrededor de las cantidades anunciadas.
Se felicita al ministro porque ha aprobado una inversión.
Se felicita al consejero porque ha incrementado una partida.
Se felicita al alcalde porque ha conseguido una subvención.
Y rara vez se dedica la misma atención a comprobar lo sucedido cinco o diez años después.
El informe del Instituto Juan de Mariana plantea una crítica especialmente relevante: el crecimiento del gasto no ha venido acompañado, en los ámbitos examinados, de una mejora suficiente de la calidad de los servicios.
Esa observación merece una respuesta mucho más seria que un intercambio de acusaciones entre partidos.
Hay que comprobar los costes.
Hay que comprobar los resultados.
Hay que verificar el cumplimiento de los contratos.
Hay que investigar las desviaciones presupuestarias.
Y hay que publicar las conclusiones.
Porque administrar recursos públicos es una responsabilidad, no un privilegio.
NO BASTA CON PEDIR DIMISIONES: HAY QUE EXIGIR CUENTAS
A estas alturas, sería insuficiente limitarse a reclamar la dimisión de un ministro, la destitución de un alto cargo o la sustitución de un gobierno.
Los cambios de responsables pueden resultar necesarios, pero no garantizan por sí solos una administración mejor.
El problema exige una transformación de los mecanismos de control.
Cada departamento público debería contar con objetivos claros y verificables.
Cada gran inversión debería someterse a evaluaciones periódicas.
Cada organismo debería publicar información comprensible sobre sus gastos y resultados.
Y las irregularidades, incumplimientos graves y posibles delitos deberían dar lugar a los procedimientos correspondientes, sin privilegios para quienes ejercen el poder.
Además, las auditorías deben examinar las decisiones de gobiernos de todos los signos políticos.
Porque ninguna organización política posee el monopolio de la buena administración ni está exenta de cometer errores.
La responsabilidad debe acompañar al cargo, con independencia del partido de quien lo ocupe.
RECUPERAR EL PRINCIPIO DEL JUICIO DE RESIDENCIA: ANTES DE MARCHAROS, TENDRÉIS QUE RESPONDER
España cuenta con una tradición histórica que ofrece un antecedente digno de estudio: el juicio de residencia.
Durante siglos, determinadas autoridades y funcionarios debían rendir cuentas de su actuación al concluir el ejercicio de sus cargos.
El procedimiento histórico tenía imperfecciones y respondía a un ordenamiento jurídico muy diferente del actual.
Pero encerraba una idea que conserva pleno sentido:
Quien administra recursos públicos debe responder por su administración.
Ese principio podría inspirar una legislación moderna sobre responsabilidad de gobernantes y funcionarios.
Una legislación que estableciera evaluaciones obligatorias al terminar los mandatos, auditorías independientes, publicación de los resultados e instrumentos eficaces para exigir responsabilidades patrimoniales, administrativas o penales cuando estuvieran legalmente justificadas.
No se trataría de castigar una decisión simplemente porque produjo resultados insatisfactorios.
Se trataría de determinar si hubo incumplimiento de obligaciones, negligencia grave, desviación de recursos, falsedad, malversación o cualquier otra conducta jurídicamente reprochable.
Y el examen debería extenderse a todos.
Ministros.
Presidentes autonómicos.
Consejeros.
Altos cargos.
Responsables de organismos públicos.
Alcaldes.
Y cuantos administren el dinero de los contribuyentes.
Antes de marcharse, deberían poder explicar qué recibieron, qué gastaron, qué consiguieron y en qué condiciones dejaron las instituciones de las que fueron responsables.
EL DINERO PÚBLICO NO ES DE NADIE Y DE TODOS: TIENE DUEÑOS MUY CONCRETOS
Hay una expresión que aparece con frecuencia en el debate político: el dinero público es de todos.
Pero esa afirmación puede servir para esconder una realidad muy concreta.
El dinero público procede de personas que trabajan, producen, ahorran, consumen y pagan impuestos.
No aparece espontáneamente en las cuentas del Estado.
No brota de los presupuestos.
No lo fabrica un ministro.
Los contribuyentes lo aportan bajo la obligación establecida por la ley.
Por eso deben poder exigir que se utilice correctamente.
Y por eso ningún gobernante debería confundir la facultad de ordenar gastos con el derecho a disponer arbitrariamente de los recursos.
Tampoco puede olvidarse que una parte relevante del gasto se financia mediante deuda.
Cuando una administración recurre al endeudamiento, compromete ingresos futuros y traslada obligaciones a ejercicios posteriores.
De ahí que resulte imprescindible examinar no solamente cuánto se gasta, sino también cómo se financia y qué beneficios duraderos produce.
Porque el despilfarro de hoy puede convertirse en el impuesto de mañana.
ESPAÑA NECESITA CUENTAS, NO MÁS PROPAGANDA
El informe del Instituto Juan de Mariana constituye una aportación importante al debate sobre la calidad de los servicios públicos.
Sus cifras no explican por sí solas todas las causas del deterioro ni permiten atribuir automáticamente a una sola autoridad cada deficiencia detectada.
Pero sí ofrecen motivos suficientes para reclamar una evaluación exhaustiva de las decisiones adoptadas desde 2018 y, cuando corresponda, de las carencias heredadas de años anteriores.
La pregunta no es únicamente si se ha gastado más.
La pregunta es si se ha gastado bien.
Si las inversiones se ejecutaron.
Si las infraestructuras se conservaron.
Si los enfermos fueron atendidos en plazos razonables.
Si los alumnos aprendieron lo que necesitaban aprender.
Si los juzgados resolvieron los procedimientos con diligencia.
Si los cuerpos de seguridad contaron con medios suficientes.
Y si los organismos públicos cumplieron las funciones para las que reciben financiación.
Después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, esas preguntas merecen respuestas documentadas.
Pero también deben dirigirse a los gobiernos autonómicos y locales competentes.
No sirven las excusas permanentes.
No sirven los reproches cruzados.
No sirven las inauguraciones como sustituto del mantenimiento.
Y tampoco sirve anunciar una inversión que después no se ejecuta.
Un Estado no funciona mejor porque recaude más. Funciona mejor cuando cumple eficazmente las obligaciones que justifican esa recaudación.
España necesita que sus infraestructuras funcionen, que sus hospitales atiendan, que sus centros de enseñanza enseñen, que sus tribunales juzguen y que sus cuerpos de seguridad protejan.
Necesita administraciones que respondan de sus obligaciones.
Y necesita gobernantes dispuestos a someter su actuación al examen de los ciudadanos.
Porque el poder público no confiere impunidad administrativa.
Y porque los impuestos no son una invitación al gasto sin control.
La pregunta con la que comenzábamos continúa esperando una respuesta:
¿DÓNDE COÑO ESTÁ NUESTRO DINERO?
Y debemos añadir otras tres:
¿QUÉ HABÉIS HECHO CON ÉL?
¿QUÉ RESULTADOS HABÉIS CONSEGUIDO?
¿QUIÉN VA A RESPONDER POR LOS INCUMPLIMIENTOS Y LOS DESPILFARROS QUE SE DEMUESTREN?
Que no contesten con otra campaña publicitaria.
Que no contesten con otro anuncio multimillonario.
Que no contesten culpando automáticamente a quienes gobernaron antes.
Que presenten las cuentas, los contratos, las auditorías y los resultados.
Y QUE RESPONDAN DE SU GESTIÓN.
Referencia documental
Instituto Juan de Mariana. Todo funciona peor. El declive de las infraestructuras, la sanidad, la educación, la justicia y la seguridad durante el «sanchismo». Manuel Llamas Fraga y Diego Sánchez de la Cruz. Madrid, 2026. Informe de 42 páginas, difundido el 30 de octubre de 2026.
Documento original: https://juandemariana.org/wp-content/uploads/2026/10/ijm_todo_funciona_peor_v4.pdf
El informe contiene datos de distintas fechas, principalmente entre 2018 y 2026. Las comparaciones históricas, las valoraciones de los autores del estudio y las conclusiones de este artículo no deben confundirse con la demostración de responsabilidades jurídicas individuales.
