ESPAÑA, ENDEUDADA HASTA LAS CEJAS: MÁS DE DOS BILLONES TRESCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS, Y SÁNCHEZ PRESUMIENDO DE MILAGRO ECONÓMICO
Los gobernantes gastan lo que no tienen, piden prestado para seguir gastando y dejan las facturas a los españoles de hoy, de mañana y de pasado mañana. Entretanto, nos cuentan que la economía marcha de maravilla.
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
Hay muchas maneras de arruinar un país. Se puede perder una guerra, destruir sus fábricas, abandonar sus campos o dilapidar sus riquezas. Pero existe un procedimiento mucho más cómodo para quienes gobiernan: gastar sistemáticamente más de lo que se ingresa, pedir dinero prestado para cubrir la diferencia y continuar endeudándose para pagar lo que ya se debe.
Y, mientras tanto, comparecer ante los ciudadanos para anunciar que la economía marcha viento en popa.
Es una fórmula maravillosa. Los gobernantes se atribuyen los éxitos, reparten dinero ajeno, inauguran obras, anuncian ayudas y subvenciones, multiplican los organismos públicos y, cuando las cuentas no cuadran, vuelven a pedir prestado.
Las facturas ya las pagarán otros.
Bienvenidos a la España de Pedro Sánchez, donde la deuda crece sin descanso y el Gobierno presume de haberla reducido.
Porque la deuda pública española, contando el conjunto de las obligaciones financieras de nuestras administraciones, supera desde hace meses los DOS BILLONES TRESCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS.
Para ser exactos, al finalizar el segundo trimestre de 2026 alcanzaba los 2.309.015 millones de euros.
¡Ahí es nada!
Y todavía hay ministros que salen a los medios de comunicación para explicarnos, muy ufanos, que España es la locomotora económica de Europa.
Una locomotora que, por lo visto, necesita pedir dinero prestado para continuar circulando.
El milagro de deber cada vez más y presumir de deber cada vez menos
El Gobierno celebra que la deuda pública haya descendido por debajo del 100 % del Producto Interior Bruto.
¡Aleluya! ¡Milagro económico!
Lo que no cuenta con el mismo entusiasmo es que, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la deuda utilizada habitualmente para hacer esa comparación aumentó en unos 51.000 millones de euros, hasta situarse alrededor de 1,75 billones.
¿Cómo puede disminuir la deuda si debemos cada vez más dinero?
Muy sencillo: no ha disminuido la cantidad adeudada, sino su proporción respecto al tamaño de nuestra economía.
Si una familia debe 200.000 euros y sus ingresos aumentan, puede decir que su deuda representa una parte menor de lo que gana. Pero seguirá debiendo los mismos 200.000 euros, salvo que haya amortizado una parte.
Y si, además, continúa solicitando préstamos, su deuda seguirá creciendo.
Eso es precisamente lo que sucede en España.
Conviene aclarar que los 1,75 billones corresponden a la deuda calculada conforme a las reglas europeas, mientras que los 2,309 billones comprenden un conjunto más amplio de obligaciones financieras de las administraciones públicas. No son cifras contradictorias ni deben sumarse: miden cosas diferentes, y la segunda incluye obligaciones que no figuran en la primera.
Pero ambas merecen ser conocidas.
Porque, mientras el Gobierno presume de porcentajes, la cantidad de dinero que deben las administraciones continúa aumentando.
Y los acreedores no cobran en porcentajes. Cobran en euros.
Crece la economía, pero crece también la deuda
Durante los últimos doce meses, el valor de lo producido por la economía española aumentó aproximadamente 102.000 millones de euros, contando también las subidas de precios.
En ese mismo período, la deuda pública aumentó unos 51.000 millones.
Es decir, por cada dos euros que aumentó el valor de nuestra producción anual, la deuda creció aproximadamente uno.
No significa que la mitad del crecimiento económico se haya conseguido gracias al endeudamiento, pues se trata de cantidades que miden cosas distintas. Pero sirve para hacerse una idea de la extraordinaria velocidad a la que seguimos acumulando obligaciones.
Y eso cuando el Gobierno presume de que España atraviesa una etapa de prosperidad.
Cabe preguntarse qué sucederá cuando lleguen tiempos peores.
Porque, si seguimos endeudándonos de esta manera cuando la economía crece, ¿qué haremos cuando deje de crecer?
¿Pedir todavía más dinero prestado?
¿Subir nuevamente los impuestos?
¿Reducir los servicios públicos?
¿O inventarnos otro impuesto extraordinario, temporal, solidario y destinado, como tantos otros, a quedarse para siempre?
Lo verdaderamente preocupante es que llevamos años acostumbrándonos a considerar normal lo que debería ser motivo de alarma: que las administraciones gasten más de lo que ingresan incluso cuando aumenta la recaudación.
Un país de administraciones insaciables
España posee una formidable colección de administraciones públicas.
Tenemos un Gobierno central, diecisiete gobiernos autonómicos, dos ciudades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, más de ocho mil ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, organismos públicos, empresas, fundaciones y entidades de toda clase.
Y, por supuesto, sus correspondientes presidentes, consejeros, concejales, asesores, directores, subdirectores, gabinetes, coches oficiales, despachos y gastos de funcionamiento.
No todos sobran, naturalmente. Pero ¿cuántos son verdaderamente necesarios? ¿Cuántas competencias se repiten? ¿Cuánto dinero se desperdicia en mantener organismos cuya utilidad nadie se molesta en demostrar?
Y, sobre todo, ¿quién se atreve a pasarles revista?
Mientras tanto, los ciudadanos contemplan cómo aumentan los impuestos y las cotizaciones, mientras abundan las quejas por el funcionamiento de servicios que deberían ser prioritarios.
Los trenes necesitan mantenimiento. Las carreteras necesitan conservación. Los hospitales necesitan personal y medios. Los juzgados necesitan funcionar. Las escuelas necesitan enseñar.
Pero nuestros gobernantes parecen más interesados en anunciar nuevas inversiones que en conservar lo que ya tenemos.
Construir una infraestructura permite cortar cintas, hacerse fotografías y pronunciar discursos.
Mantenerla en buen estado durante treinta o cuarenta años no ofrece tantas oportunidades para salir en televisión.
Y así hemos llegado a una situación verdaderamente pintoresca: disponemos de enormes obras públicas, algunas construidas a precios desorbitados, mientras determinadas instalaciones y servicios padecen un abandono que puede terminar costando muchísimo más que su mantenimiento.
Porque construir cuesta dinero.
Pero dejar que lo construido se deteriore puede costar todavía más.
Y, en ocasiones, también vidas humanas.
Los intereses: pagar por el privilegio de seguir debiendo dinero
Hay una cuestión que debería quitar el sueño a nuestros gobernantes, aunque no parece hacerlo.
Los intereses.
Porque el dinero prestado hay que devolverlo, y mientras se debe hay que pagar por él.
En 2026, el pago de intereses de la deuda pública española puede alcanzar aproximadamente 43.500 millones de euros.
Eso equivale a unos 119 millones diarios.
¡Casi cinco millones de euros cada hora!
Y hablamos solamente de intereses.
No de devolver el dinero prestado.
Las previsiones apuntan a que, si no cambia el rumbo, esta factura podría superar los 63.000 millones anuales en 2031.
¿Se imaginan lo que podría hacerse con semejantes cantidades?
¿Cuántas carreteras podrían repararse? ¿Cuántos hospitales podrían equiparse? ¿Cuántos impuestos podrían reducirse?
Pero hay que pagar a quienes nos prestaron dinero.
Y cuando vencen los préstamos, con frecuencia se emiten otros nuevos para devolver los anteriores.
De este modo, una parte considerable del esfuerzo económico de los españoles se dedica a sostener obligaciones contraídas durante años y décadas.
Naturalmente, endeudarse no siempre es malo. Una familia puede solicitar una hipoteca para adquirir su vivienda. Una empresa puede pedir un préstamo para ampliar sus instalaciones.
Lo importante es que aquello que se financia merezca la pena y que exista capacidad para devolver lo prestado.
Lo disparatado es convertir el endeudamiento permanente en una manera habitual de pagar gastos corrientes que no se está dispuesto a reducir.
Porque llega un momento en que los intereses se convierten en una carga cada vez más pesada.
Y entonces el país empieza a trabajar, en buena medida, para pagar decisiones tomadas por gobernantes que quizá lleven muchos años disfrutando de su jubilación.
El dinero público no es de los políticos
Conviene recordar una verdad elemental que parece haber desaparecido de buena parte de nuestros despachos oficiales.
El dinero público no pertenece al Gobierno. Pertenece a los ciudadanos.
No es de Pedro Sánchez, ni de sus ministros, ni de los presidentes autonómicos, ni de los alcaldes.
Procede del trabajo, del ahorro y de los impuestos que pagan millones de españoles.
Sin embargo, algunos gobernantes hablan de miles de millones como si estuvieran repartiendo caramelos en una cabalgata.
Anuncian subvenciones, ayudas, organismos, campañas, planes y proyectos con una generosidad verdaderamente conmovedora.
Especialmente porque el dinero no sale de sus bolsillos.
Y cuando no alcanza, recurren a la solución más cómoda: pedir prestado.
La deuda permite gastar hoy una parte de los recursos que tendrán que aportar los ciudadanos de mañana.
Es decir, permite disfrutar de los aplausos presentes dejando a otros las obligaciones futuras.
Una operación redonda.
Para el político, naturalmente.
Porque el ciudadano paga cuando trabaja, paga cuando consume, paga cuando ahorra, paga cuando hereda y vuelve a pagar cuando el Estado necesita atender las deudas acumuladas.
Y, pese a todo, todavía tiene que escuchar que debería estar agradecido por las ayudas que recibe.
¡Como si los gobernantes estuvieran repartiendo su propio patrimonio!
Ni siquiera tenemos unos presupuestos nuevos
A semejante disparate se añade otro no menos escandaloso.
España lleva años funcionando con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.
Es verdad que la Constitución permite prorrogarlos cuando no se aprueban unos nuevos. Lo que resulta difícil de justificar es que una situación prevista como remedio termine convirtiéndose en costumbre.
Los presupuestos deberían explicar claramente cuánto dinero espera ingresar el Estado, cuánto pretende gastar, en qué piensa gastarlo y cómo financiará aquello que no pueda pagar con sus ingresos.
Deberían ser objeto de discusión y aprobación parlamentaria cada año.
Pero nuestro Gobierno parece haber descubierto que resulta más cómodo continuar gobernando mediante prórrogas, acuerdos parciales y decisiones de gasto que no siempre permiten apreciar fácilmente el conjunto de las cuentas públicas.
Y, mientras tanto, seguimos acumulando deudas.
¿Quién examina con suficiente rigor los sobrecostes de las obras públicas?
¿Quién comprueba las razones por las que determinados contratos terminan costando mucho más de lo previsto?
¿Quién investiga las subvenciones injustificadas?
¿Quién responde por las instalaciones abandonadas, los proyectos inútiles o las inversiones disparatadas?
Y, especialmente, ¿quién devuelve el dinero cuando se demuestra que ha sido malversado?
Porque una cosa es equivocarse en una decisión política y otra muy distinta actuar de manera fraudulenta, incumplir gravemente las obligaciones legales o disponer ilegalmente de los recursos públicos.
Sin embargo, en demasiadas ocasiones, los responsables de decisiones ruinosas se marchan tranquilamente mientras los ciudadanos continúan pagando las consecuencias.
Más de 46.000 euros por español
Volvamos a los 2.309.015 millones de euros de obligaciones financieras que acumulaban nuestras administraciones al finalizar el segundo trimestre de 2026.
Si distribuimos esa cantidad entre una población próxima a cincuenta millones de habitantes, obtenemos una cifra superior a 46.000 euros por persona.
Desde el recién nacido hasta el anciano centenario.
Por supuesto, esto no significa que cada español deba personalmente esa cantidad. Tampoco supone que todas esas obligaciones tengan que pagarse de una vez: algunas corresponden a relaciones entre entidades públicas, y las administraciones poseen asimismo bienes y derechos de valor económico.
Pero la división ayuda a comprender las dimensiones del problema.
Y obliga a plantearse una pregunta bastante incómoda.
¿Qué hemos recibido a cambio de semejante acumulación de obligaciones?
Sin duda, España dispone de servicios e infraestructuras valiosas, que también se han financiado mediante deuda.
Pero ¿justifica eso todos los gastos realizados?
¿Ha mejorado su funcionamiento en proporción al dinero utilizado?
¿Se ha evitado el despilfarro?
¿Se han eliminado gastos innecesarios?
¿Se han perseguido con suficiente diligencia las irregularidades?
Porque no basta con gastar mucho.
Hay que gastar bien.
Y, sobre todo, hay que demostrar que se ha gastado bien.
Antes de marcharse, tendrán que responder
En otros tiempos, quienes ocupaban determinados cargos públicos estaban sometidos, al finalizar su mandato, al llamado juicio de residencia.
Se examinaba su actuación y podían exigírseles responsabilidades por los abusos e irregularidades cometidos.
No se trata de regresar literalmente a instituciones de hace siglos, sino de recuperar una idea elemental: quien administra el dinero ajeno tiene la obligación de rendir cuentas.
Y no mediante una rueda de prensa, una declaración parlamentaria o una entrevista complaciente.
Hay que examinar las cuentas, comprobar los gastos, investigar las irregularidades y exigir responsabilidades cuando corresponda.
Las decisiones del Gobierno deben ser públicas y estar suficientemente justificadas. Las grandes obras necesitan controles rigurosos. Los contratos, las subvenciones y las revisiones de precios deben poder examinarse con claridad.
Y quienes hayan cometido delitos o causado daños por conductas legalmente sancionables deben responder por ellos, devolver lo indebidamente obtenido y reparar los perjuicios ocasionados en los términos que establezcan las leyes.
La responsabilidad política, por su parte, no puede desaparecer entre excusas, aplausos y cambios de Gobierno.
Porque gobernar no consiste en adquirir el derecho a gastar sin medida.
Consiste en administrar con prudencia unos recursos que pertenecen a todos.
Y quien no sea capaz de hacerlo debería tener la decencia de marcharse.
La fiesta termina, pero las facturas se quedan
Pedro Sánchez podrá continuar anunciando récords económicos, crecimiento del PIB y descensos porcentuales de la deuda.
Pero hay algo que no podrá ocultar mediante discursos.
España acumulaba ya más de DOS BILLONES TRESCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS en obligaciones financieras de sus administraciones públicas.
La deuda sigue creciendo en euros.
Los intereses consumen cantidades descomunales.
Y las generaciones futuras tendrán que hacer frente a compromisos contraídos mucho antes de que pudieran opinar sobre ellos.
Nuestros gobernantes parecen haber convertido el endeudamiento en una forma de vida.
Gastan, prometen, inauguran, subvencionan, contratan, vuelven a gastar y, cuando se agota el dinero, solicitan nuevos préstamos.
Es la política del «ya pagará otro».
Y cuando llega la hora de abandonar el cargo, se marchan con sus recuerdos, sus fotografías oficiales y, en muchos casos, unas condiciones de retiro que difícilmente alcanzarán quienes han tenido que financiar sus decisiones.
Los ciudadanos, entretanto, conservan las facturas.
Y sus hijos heredarán una parte de ellas.
La cosa tiene su gracia, aunque sea una gracia bastante macabra.
Porque hemos llegado a un punto en el que quienes nos endeudan cada vez más pretenden que les aplaudamos por reducir la deuda… ¡en porcentaje!
Como aquel individuo que, después de haber vaciado la caja fuerte de su familia, celebraba entusiasmado que su casa había aumentado de valor.
La casa valía más, ciertamente.
Pero los acreedores seguían esperando a la puerta.
Y aquí estamos nosotros, contemplando cómo crece la montaña de obligaciones financieras mientras el presidente del Gobierno presume de su extraordinaria gestión.
Los gobernantes se marcharán. Los ministros serán sustituidos. Los diputados perderán sus escaños. Los partidos cambiarán de dirigentes.
Pero las deudas permanecerán.
Y serán los españoles quienes tendrán que pagarlas.
Porque, al final, el dinero público no cae del cielo.
Sale de nuestros bolsillos.
Y la deuda pública tampoco desaparece por arte de magia.
Simplemente, convierte los gastos de hoy en los impuestos y las obligaciones de mañana.
¡Vaya negocio!
Ellos disfrutan del banquete, se llevan los aplausos y nos dejan la cuenta.
Y todavía pretenden convencernos de que debemos estarles agradecidos.
¡Para echarse a llorar, si no fuera porque ya nos están cobrando hasta por las lágrimas!
