EL POPULISMO PROGRESISTA HA CONTAGIADO A TODOS
De la izquierda subvencionadora a la derecha que promete lo mismo: cuando todos quieren administrar nuestras vidas y vivir de nuestros impuestos.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Hubo un tiempo en que resultaba relativamente sencillo distinguir a los partidos políticos por sus principios, sus programas y, sobre todo, por la idea que tenían del Estado, de la sociedad y de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Unos defendían la intervención del poder público en casi todos los asuntos humanos; otros proclamaban que la libertad individual, la propiedad privada, la responsabilidad personal y la iniciativa de los ciudadanos debían prevalecer sobre las ocurrencias de los gobernantes.
Al menos, eso decían.
Hoy resulta bastante más difícil establecer semejantes diferencias. No porque hayan desaparecido todas las discrepancias ideológicas —que las hay, y algunas son profundas—, sino porque buena parte de los partidos ha terminado aceptando una misma manera de conquistar, conservar y ejercer el poder.
Prometer, repartir, subvencionar, intervenir, prohibir, regular, tutelar y, llegado el caso, endeudarse para seguir repartiendo.
El procedimiento tiene una ventaja extraordinaria para los políticos: permite ofrecer beneficios inmediatos, presentar la factura a quienes pagan impuestos y dejar parte de ella a las generaciones venideras.
Y lo verdaderamente sorprendente es que esta manera de entender la política, cultivada durante décadas por el progresismo, ha terminado contaminando también a quienes se presentan como liberales, conservadores, defensores de la libertad y enemigos declarados del socialismo.
La diferencia está muchas veces en el destinatario de la ayuda, en la bandera que acompaña a la promesa o en el vocabulario empleado para justificarla.
Unos prometen subvenciones para conseguir la igualdad; otros, para proteger a las familias; otros, para defender determinados sectores económicos; otros, para compensar agravios históricos o territoriales.
Pero todos terminan solicitando que sea el Estado quien abra la cartera.
Y, por supuesto, nadie explica con suficiente claridad quién tendrá que llenarla.
De Extremadura al conjunto de España: la vieja escuela del populismo
Hace años escribí acerca de la extraordinaria capacidad hipnótica y anestésica del régimen socialista extremeño, construido alrededor de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y prolongado después por Guillermo Fernández Vara.
Mi crítica se dirigía a una manera de ejercer el poder basada, a mi juicio, en la dependencia de las administraciones públicas, el clientelismo, la propaganda, el culto al dirigente y la pretensión de presentar cada decisión gubernamental como un regalo que los ciudadanos debían agradecer.
Se hablaba de progreso, modernización, transformación, solidaridad y justicia social.
Y se hablaba, sobre todo, de todo cuanto los gobernantes hacían por los extremeños.
Mucho menos se hablaba de lo que los extremeños podían hacer por sí mismos si se les permitía trabajar, emprender, invertir, competir, prosperar y disponer libremente de una mayor parte del fruto de su esfuerzo.
Han transcurrido muchos años y el balance económico de Extremadura sigue ofreciendo motivos para una reflexión incómoda.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 el producto interior bruto por habitante de Extremadura fue de 26.740 euros, frente a los 34.237 euros de la media española. La región se situaba un 21,9 % por debajo de esa media.
No se puede atribuir semejante diferencia a un único partido ni a una sola causa. La historia económica, la población, las comunicaciones, la estructura empresarial y muchas otras circunstancias también cuentan.
Pero tampoco parece razonable eximir de toda responsabilidad a quienes han dispuesto durante décadas de los instrumentos del gobierno y han proclamado reiteradamente que estaban transformando la región.
El caso extremeño permite plantear una pregunta de alcance nacional:
¿Qué sucede cuando la prosperidad de los ciudadanos deja de ser el objetivo fundamental y su dependencia del poder político se convierte en una situación políticamente provechosa?
Sucede que las relaciones entre gobernantes y gobernados empiezan a parecerse demasiado a las que existían en las antiguas sociedades clientelares.
El gobernante concede. El beneficiario agradece. El partido recuerda quién concedió la ayuda. Y la libertad de los ciudadanos corre el riesgo de quedar subordinada a la benevolencia de quien administra el dinero público.
No es necesario que exista una orden expresa de votar a nadie. Basta con extender la creencia de que determinados beneficios desaparecerán si cambia el gobierno.
Así se consigue que una parte de la población termine contemplando al gobernante como protector, cuando debería considerarlo un servidor obligado a rendir cuentas.
La gran victoria ideológica del progresismo
La mayor victoria política del progresismo no consiste necesariamente en haber ganado unas elecciones u otras.
Consiste en haber conseguido que numerosos adversarios acepten buena parte de sus planteamientos fundamentales.
El Estado debe intervenir para resolver prácticamente cualquier problema. Si suben los precios, debe conceder ayudas. Si la vivienda resulta demasiado cara, debe subvencionar su adquisición o alquiler. Si las familias tienen dificultades, debe establecer nuevas prestaciones. Si un sector económico pierde competitividad, debe sostenerlo. Si alguien se considera perjudicado por una determinada situación, debe buscarse una compensación con cargo al presupuesto.
Y así sucesivamente.
No pretendo sostener que toda intervención pública sea injustificada. Existen necesidades reales, situaciones de desamparo y obligaciones colectivas que merecen atención. Tampoco puede confundirse una pensión contributiva, nacida de determinadas cotizaciones y derechos reconocidos, con una subvención discrecional destinada a favorecer a un grupo concreto.
La cuestión es otra.
¿Dónde termina la protección legítima y dónde comienza el empeño de convertir a los ciudadanos en dependientes permanentes de las administraciones?
¿Quién establece los límites?
¿Quién calcula los costes?
¿Quién comprueba que las medidas producen los resultados prometidos?
Y, sobre todo, ¿quién tiene el valor de decir que no cuando una promesa resulta económicamente imposible?
Ahí aparece el verdadero problema de nuestro sistema político.
La capacidad para decir que no parece haber desaparecido de las virtudes exigibles a un gobernante.
En su lugar se ha impuesto la competencia por ofrecer más.
Más prestaciones. Más derechos convertidos en obligaciones económicas de terceros. Más ayudas. Más organismos públicos. Más planes extraordinarios. Más promesas.
Los partidos discrepan acerca de los destinatarios, las prioridades y los impuestos que deben financiar cada iniciativa. Pero el recurso permanente a la intervención estatal se ha convertido en una herramienta política extraordinariamente extendida.
El PSOE, el PP, Vox y los demás: las diferencias existen, pero las tentaciones también
El PSOE defiende expresamente una mayor intervención pública, la redistribución de la renta y el aumento de numerosas prestaciones sociales. Sumar sostiene posiciones semejantes y propone ampliar determinadas garantías y derechos sociales.
Nada sorprendente: ambos se sitúan en la izquierda política y sus programas responden a esa concepción de la sociedad.
Lo interesante comienza cuando examinamos a quienes se presentan como alternativa.
El Partido Popular propone rebajas fiscales, reformas económicas y medidas destinadas a favorecer a las empresas. Pero también ofrece avales públicos, subvenciones, ayudas sectoriales, prestaciones y numerosas actuaciones financiadas por las administraciones.
Vox plantea reducciones del gasto político, una profunda modificación de la organización territorial y rebajas de impuestos. Al mismo tiempo, defiende incrementar determinadas partidas de gasto público, fomentar la natalidad mediante ayudas y establecer preferencias en el acceso a prestaciones sociales.
Son planteamientos distintos, y sería intelectualmente deshonesto fingir que todos los programas son idénticos.
Pero conviene observar un rasgo común: la dificultad de renunciar a la promesa de utilizar dinero público para resolver los problemas que preocupan a sus respectivos electores.
Unos defienden ampliar las prestaciones con criterios de igualdad social. Otros pretenden concentrarlas en las familias, los nacionales, determinados sectores productivos o colectivos que consideran prioritarios.
Cambiar el destinatario de una subvención no equivale, por sí solo, a reducir la dependencia de las subvenciones.
Y prometer rebajas de impuestos mientras se anuncian nuevas obligaciones de gasto exige explicar, con precisión, qué partidas desaparecerán y cómo se equilibrarán las cuentas.
De lo contrario, el discurso corre el riesgo de convertirse en una colección de buenos deseos.
También los partidos nacionalistas, regionalistas y separatistas participan de esta manera de entender la negociación política cuando condicionan su apoyo parlamentario a la obtención de recursos, competencias, inversiones o ventajas particulares para sus territorios.
La defensa de intereses territoriales es legítima. Otra cosa es convertir el presupuesto general en una mercancía que se reparte a cambio de apoyos políticos.
La pregunta que rara vez se escucha es tan elemental como incómoda:
¿Cuánto de lo prometido puede pagarse sin aumentar los impuestos, sacrificar otros servicios o trasladar la deuda a nuestros hijos y nietos?
El dinero público, ese maravilloso invento que parece no pertenecer a nadie
Aquí encontramos una de las manifestaciones más llamativas del populismo contemporáneo: la pretensión de hacer creer que el dinero público tiene una naturaleza misteriosa y prácticamente inagotable.
Los gobernantes anuncian inversiones, ayudas, bonificaciones y prestaciones como si estuvieran distribuyendo generosamente su patrimonio personal.
Pero no existe un dinero del Gobierno distinto del que procede, directa o indirectamente, de los ciudadanos, de los recursos del patrimonio público o del endeudamiento.
Cuando una administración gasta, alguien debe financiar ese gasto.
Y cuando se endeuda, alguien tendrá que afrontar sus obligaciones futuras.
Según las cifras del INE y del Banco de España, los pasivos financieros totales de las administraciones públicas españolas alcanzaron 2.309.015 millones de euros en el segundo trimestre de 2026.
Conviene distinguir esta cifra de la deuda pública calculada según el Protocolo de Déficit Excesivo, que en el mismo período ascendía a 1.763.000 millones de euros. Se trata de magnitudes diferentes, pero ambas permiten apreciar la enorme dimensión de las obligaciones financieras públicas.
Mientras tanto, los dirigentes políticos siguen compitiendo por anunciar nuevas partidas de gasto.
Es cierto que el endeudamiento no constituye por sí mismo una prueba de despilfarro. También puede financiar inversiones necesarias, y su sostenibilidad depende de numerosos factores.
Precisamente por eso debería exigirse una explicación rigurosa de cada gasto, de sus beneficios y de sus consecuencias futuras.
Sin embargo, el debate político suele reducirse a una discusión acerca de quién promete más y quién acusa al contrario de querer recortar.
El gobernante que propone gastar aparece como generoso.
El que pregunta de dónde saldrá el dinero corre el riesgo de ser presentado como insensible.
Y el ciudadano que trabaja y paga impuestos descubre que su obligación consiste en financiar una sucesión aparentemente interminable de ocurrencias ajenas.
La política convertida en una competición de regalos
El fenómeno no se limita al gasto social.
Afecta también a los empresarios, los agricultores, las asociaciones, las organizaciones sindicales, las entidades culturales, los medios de comunicación y numerosas actividades económicas.
No faltan sectores que, en vez de reclamar menos obstáculos y reglas estables, prefieren solicitar protección, subvenciones o un trato privilegiado.
Así nace una relación especialmente perjudicial entre política y economía.
El empresario que dedica sus esfuerzos a conseguir una ayuda pública puede terminar obteniendo ventajas frente a quien invierte su propio dinero y compite sin semejantes apoyos.
La organización que depende de una subvención periódica puede desarrollar un interés muy particular en la continuidad de quienes la conceden.
Y el gobernante dispone de un instrumento para premiar actividades, orientar conductas y aumentar su influencia.
Esto no significa que toda ayuda pública sea clientelar ni que toda asociación subvencionada se convierta en servidora del poder.
Significa que la subvención discrecional, cuando no está sometida a criterios objetivos, controles eficaces y evaluación de resultados, crea un terreno especialmente propicio para el favoritismo.
La solución no consiste en sustituir a los beneficiarios de un partido por los beneficiarios de otro.
Consiste en reducir los privilegios, exigir publicidad de los criterios de concesión, comprobar los resultados y eliminar las ayudas injustificadas.
Pero esa tarea exige renunciar a una parte del poder.
Y renunciar voluntariamente al poder no figura entre las costumbres más extendidas de nuestros gobernantes.
El culto al dirigente y la política convertida en espectáculo
Otra característica del populismo es su extraordinaria inclinación a personalizar la política.
El dirigente deja de ser un representante sometido al escrutinio de los ciudadanos para convertirse en una figura que parece encarnar por sí sola las esperanzas del partido.
La organización gira alrededor de su persona.
Las discrepancias internas se interpretan como deslealtades.
Las decisiones se defienden o condenan según quién las adopte.
Y los seguidores terminan justificando en el jefe lo mismo que considerarían escandaloso en sus adversarios.
El fenómeno tampoco pertenece exclusivamente a la izquierda.
Puede observarse, con diferentes grados y manifestaciones, en organizaciones de muy distintas orientaciones.
La política se transforma entonces en una confrontación de fidelidades personales, antes que en un debate sobre principios, resultados y responsabilidades.
Y el gobernante descubre que su popularidad puede depender más de una frase ingeniosa, una intervención televisiva o una polémica cuidadosamente alimentada que de la buena administración de los asuntos públicos.
El resultado es una degradación del debate.
En lugar de discutir el coste de los servicios, la calidad de las infraestructuras, la independencia de los tribunales, el funcionamiento de la enseñanza o las condiciones necesarias para crear riqueza, se discute acerca de quién ha insultado a quién y quién se ha fotografiado con quién.
El espectáculo sustituye a las explicaciones.
El enemigo como instrumento de gobierno
El populismo necesita, con frecuencia, identificar responsables externos de las dificultades propias.
Para determinados sectores de la izquierda, la explicación de casi todos los males está en la derecha, los empresarios, los poderosos o los efectos de determinadas etapas históricas.
Para otros movimientos políticos, la culpa se atribuye a las élites, los partidos tradicionales, las instituciones supranacionales o diferentes grupos considerados adversarios de la nación.
No todas las críticas son injustificadas. Existen responsables reales de decisiones perjudiciales, abusos de poder y errores políticos que deben denunciarse.
El problema comienza cuando el adversario se convierte en una explicación universal.
Si las cosas van mal, la culpa siempre es de otros.
Si las cosas mejoran, el mérito pertenece íntegramente al gobernante.
Y si alguien cuestiona los resultados, se le acusa de obstaculizar el progreso, perjudicar a la nación o favorecer a sus enemigos.
De esta manera se establece una división particularmente perniciosa: los nuestros y los otros.
La discrepancia deja de ser una manifestación de libertad para convertirse en una prueba de deslealtad.
Y los ciudadanos, en lugar de exigir responsabilidades a sus representantes, terminan defendiendo incondicionalmente a su respectiva facción.
El gran acuerdo que casi nadie reconoce
España ha conocido profundas discrepancias entre partidos acerca del modelo territorial, la legislación social, los impuestos, las relaciones internacionales y otros muchos asuntos.
Sería absurdo negarlas.
Pero también existe un amplio acuerdo, unas veces explícito y otras resultado de la práctica política, acerca de determinados aspectos de la organización del poder.
La estructura de administraciones públicas, empresas y organismos dependientes del Estado constituye una fuente considerable de recursos, empleos, nombramientos y capacidad de influencia.
Los partidos se critican mutuamente por el uso que hacen de tales instrumentos.
Sin embargo, cuando cambian las mayorías parlamentarias o los gobiernos, la discusión suele centrarse más en quién los controla que en cuáles son realmente necesarios.
Y eso permite formular una pregunta que rara vez ocupa el centro del debate:
¿Cuántas administraciones, organismos, empresas públicas y cargos de designación política son imprescindibles para prestar buenos servicios a los españoles?
No basta con anunciar una reducción de ministerios si después se mantienen organismos equivalentes.
Tampoco basta con prometer mayor eficacia mientras se conservan procedimientos innecesarios, duplicidades y estructuras cuyo coste no guarda proporción con sus resultados.
Una reforma seria exigiría examinar cada institución, justificar su existencia y suprimir aquello que no resulte necesario.
No para sustituir un reparto partidista de cargos por otro, sino para limitar las posibilidades de utilizar el aparato público en beneficio de quienes ocupan temporalmente el poder.
Una sociedad acostumbrada a pedir permiso y solicitar ayudas
Hay otro aspecto todavía más inquietante.
El populismo no transforma solamente a los partidos. También puede modificar las costumbres de la sociedad.
Cuando durante décadas se transmite la idea de que cualquier dificultad debe resolverse mediante una actuación gubernamental, termina debilitándose la confianza de las personas en su propia capacidad para afrontar los problemas.
Se pide una subvención antes de estudiar cómo mejorar un negocio.
Se exige una prohibición antes de intentar resolver una discrepancia.
Se reclama una nueva ley antes de comprobar si las existentes se cumplen.
Se espera que una administración conceda una ventaja antes de preguntarse si semejante ventaja es justa para quienes deben financiarla.
No pretendo idealizar una sociedad sin instituciones públicas ni desconocer las necesidades de quienes realmente precisan ayuda.
La solidaridad es una virtud.
La asistencia a personas necesitadas puede ser una obligación moral y una decisión pública perfectamente defendible.
Pero la solidaridad deja de ser una virtud cuando se utiliza como coartada para ocultar privilegios, perpetuar dependencias o eludir la responsabilidad de administrar correctamente los recursos disponibles.
Una sociedad próspera necesita personas capaces de valerse por sí mismas, no gobernantes empeñados en hacerse imprescindibles.
Necesita familias fuertes, asociaciones libres, empresas competitivas, trabajadores bien formados e instituciones que garanticen la igualdad ante la ley.
Necesita una enseñanza que cultive el esfuerzo, el conocimiento y el pensamiento crítico.
Y necesita ciudadanos dispuestos a preguntar de dónde sale el dinero cada vez que un político anuncia una nueva generosidad.
La alternativa no consiste en cambiar de repartidor
Quizá aquí resida la cuestión fundamental.
No se combate el populismo sustituyendo unas subvenciones por otras.
No se reduce el intervencionismo cambiando a los beneficiarios de las decisiones administrativas.
No se defiende la libertad ofreciendo que el Estado intervenga con mayor intensidad, pero esta vez en favor de los nuestros.
Y no se pone remedio al clientelismo reemplazando a los clientes de un partido por los del siguiente.
La verdadera diferencia debería encontrarse en los límites impuestos al poder.
En la independencia de los tribunales.
En la transparencia de las cuentas públicas.
En la responsabilidad personal de los gobernantes por sus decisiones.
En la estabilidad de las leyes.
En el respeto a la propiedad privada, a la libertad de expresión y a la iniciativa económica.
En la obligación de explicar no solamente lo que se pretende gastar, sino también lo que se dejará de gastar.
Y en la capacidad de reconocer que existen muchísimos asuntos que los ciudadanos pueden resolver mejor sin la intervención de un político profesional.
Por eso conviene desconfiar de quienes prometen arreglarlo todo mediante una nueva disposición legal, una subvención o la creación de otro organismo público.
La experiencia demuestra que administrar una sociedad es mucho más complicado que pronunciar discursos.
El verdadero problema: gobernantes que prometen y ciudadanos que consienten
Sería demasiado cómodo atribuir exclusivamente a los políticos la responsabilidad de esta situación.
Los partidos no existen en el vacío.
Compiten por los votos de millones de personas, y sus promesas responden en parte a las demandas de esas mismas personas.
Cuando numerosos ciudadanos exigen simultáneamente menos impuestos, más prestaciones, mejores servicios, nuevas infraestructuras y ayudas para cualquier dificultad, están reclamando algo que exige explicaciones económicas que no siempre desean escuchar.
El dirigente que ofrece todo eso obtiene atención.
El que advierte de sus costes puede recibir incomprensión.
Y así se alimenta una relación de conveniencia entre el político que promete y el elector que desea creerle.
El problema no está en votar a un partido determinado. Está en renunciar al juicio crítico sobre aquello que promete y hace.
Un gobernante no merece indulgencia por pertenecer a nuestra organización preferida.
Un gasto no se convierte en necesario porque lo aprueben los nuestros.
Una decisión arbitraria no deja de serlo porque perjudique a nuestros adversarios.
Y una mentira no se transforma en verdad porque la repita el político al que hemos entregado nuestro voto.
La decencia política exige aplicar idénticos criterios a unos y otros.
Pero también exige que los ciudadanos dejen de considerar la política como una competición para conseguir ventajas a costa de los demás.
Conclusión: el progresismo ha ganado incluso allí donde aparentemente pierde
La victoria más duradera de una ideología se produce cuando sus adversarios terminan aceptando sus presupuestos fundamentales.
Y ése es precisamente el riesgo que observo en la política española.
Los partidos que se presentan como defensores de la libertad pueden terminar compitiendo por intervenir más.
Los que proclaman la necesidad de reducir el gasto pueden ceder ante la tentación de anunciar nuevas prestaciones.
Los que denuncian el clientelismo pueden descubrir, cuando alcanzan el poder, las ventajas de administrar las ayudas.
Y quienes prometían regenerar la vida pública pueden sentirse extraordinariamente cómodos utilizando los mismos instrumentos que antes criticaban.
Naturalmente, las diferencias de principios, programas y resultados siguen importando. No sería justo borrarlas por el mero hecho de que varios partidos recurran a las ayudas públicas.
Pero tampoco basta con proclamarse liberal o conservador, envolverse en una bandera o denunciar el socialismo para demostrar una verdadera voluntad de limitar el poder del Estado.
La libertad no consiste en conseguir que gobiernen los nuestros para que hagan con los demás lo que criticábamos cuando gobernaban los otros.
Consiste en establecer límites que nadie pueda traspasar.
Y la buena administración no consiste en repartir dinero hasta agotar el presupuesto, sino en utilizar responsablemente los recursos necesarios para cumplir las obligaciones públicas, dejando a los ciudadanos el mayor espacio posible para desarrollar sus vidas.
Por eso, cuando escucho a nuestros políticos competir por anunciar nuevas ayudas, nuevas protecciones, nuevos planes y nuevos gastos, me pregunto si estamos asistiendo a una verdadera confrontación de ideas o simplemente a una disputa por el derecho a administrar una sociedad cada vez más dependiente de sus gobernantes.
La pregunta merece una respuesta.
Porque lo preocupante no es solamente que el populismo progresista haya impregnado a buena parte de los partidos políticos.
Lo verdaderamente preocupante es que muchos ciudadanos hayan llegado a considerar normal que su libertad, su prosperidad y buena parte de sus decisiones dependan de la generosidad de quienes viven de administrar el dinero ajeno.
Y mientras sigamos confundiendo la libertad con el derecho a recibir favores, la prosperidad con el gasto público y la buena política con la abundancia de promesas, seguiremos cambiando de gobernantes sin resolver una de las cuestiones fundamentales:
¿Queremos ser ciudadanos libres y responsables, o clientes perpetuos de quienes se disputan el poder?
Datos y documentos utilizados: Contabilidad Regional de España de 2025 (INE); cuentas financieras y deuda pública del segundo trimestre de 2026 (INE y Banco de España); programas electorales de PSOE, PP y Vox de 2023; e informes sobre sostenibilidad presupuestaria y pensiones de la AIReF de 2026.
