LA DICTADURA DE LOS PALETOS Y ANALFABETOS URBANITAS.
Quienes no saben distinguir una encina de un olivo deciden sobre el campo y sobre quienes viven en el campo y del campo…
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Algo curioso ha sucedido en España durante las últimas décadas: hemos cambiado de paleto.
El paleto tradicional era, según la caricatura urbana, el hombre del pueblo que desconocía las sofisticaciones de la gran ciudad. Hoy podríamos invertir el retrato: el verdadero paleto puede ser el urbanita que se aleja treinta kilómetros de la ciudad y contempla una oveja como si acabara de descubrir una jirafa.
El asunto tendría gracia si no fuera porque ese nuevo paleto dispone de una enorme capacidad de decisión sobre la oveja, el pastor, la dehesa, el olivo, la encina, el monte, el río y el pueblo.
Ahí está la paradoja.
El campesino de hace sesenta años podía ignorar cómo funcionaba un semáforo, el metro o una comunidad de vecinos de catorce plantas. Pero no promulgaba ordenanzas sobre semáforos, no diseñaba el metro ni dictaba desde su majada cómo debían vivir los habitantes de la Gran Vía.
El urbanita contemporáneo, en cambio, puede ser incapaz de distinguir una encina de un alcornoque, un olivo de una encina, una oveja de una cabra a cien metros o un olivar productivo de un mero decorado paisajístico, y eso no le impide decidir cómo debe gestionarse todo ello.
Y decide.
Vota a quienes deciden.
Forma la opinión pública que condiciona a quienes deciden.
Ocupa mayoritariamente los medios de comunicación, las universidades, los ministerios, las consejerías, los grandes partidos, las organizaciones ecologistas, las empresas energéticas, las consultoras y los organismos encargados de explicarle al campesino cómo debe cuidar del campo.
Es decir: quien menos territorio habita dispone de una enorme capacidad para decidir qué debe hacerse con él.
Una inmensa España con muy pocos votos
Los números explican buena parte del problema.
La inmensa mayoría de los municipios españoles tiene pocos miles de habitantes. Ocupan una enorme extensión del territorio nacional y, sin embargo, concentran una parte muy pequeña de la población.
Detengámonos en la consecuencia política.
Muchísimo territorio y muy pocos votos.
Los votos están donde está la gente.
Los grandes medios están donde está la gente.
Los ministerios están en Madrid.
Las administraciones regionales se concentran en las capitales.
Las facultades, los centros de opinión, los gabinetes, las consultoras y buena parte de las organizaciones que fabrican legislación se encuentran abrumadoramente en ámbitos urbanos.
Por eso la denominada «España vaciada» tiene un problema añadido al de estar vaciada:
pesa poco.
Pesa poco electoralmente.
Pesa poco mediáticamente.
Pesa poco culturalmente.
Y, paradójicamente, cuanto menos pesa, más decisiones recibe desde fuera.
El despoblamiento rural tiene causas antiguas y complejas: industrialización, mecanización agrícola, diferencias salariales, concentración de servicios públicos, búsqueda de oportunidades educativas, envejecimiento…
Sería simplista atribuírselo todo al urbanita.
Pero una cosa es explicar por qué comenzó el éxodo rural y otra muy distinta explicar por qué nuestro sistema político, económico y administrativo continúa dificultando que el campo vuelva a llenarse de actividad y de personas.
Porque para que alguien permanezca en el campo no basta con ofrecerle fibra óptica, una carretera asfaltada y unas jornadas sobre el «reto demográfico».
Hay que permitirle vivir del campo.
El campo contemplado desde un despacho
Ese es el verdadero problema: el campo se piensa fundamentalmente desde las ciudades.
Y existen dos maneras de mirarlo desde allí.
La primera es la antigua: el campesino como paleto, atrasado, brutote, inculto, personaje pintoresco al que la modernidad debe rescatar de sí mismo.
La segunda parece más amable y resulta, en ocasiones, todavía más peligrosa:
el campo convertido en parque temático.
El pueblo como escenario.
La dehesa como fotografía.
La oveja como elemento ornamental.
El bosque como santuario intocable.
El río como documental.
El lobo como peluche conceptual.
Y el agricultor y el ganadero aparecen entonces casi como intrusos en una naturaleza que, paradójicamente, llevan generaciones modelando.
Porque conviene recordar algo elemental:
buena parte del paisaje rural español no es naturaleza virgen.
La dehesa existe porque alguien la ha trabajado.
El olivar existe porque alguien lo ha plantado, injertado, podado, labrado y recogido.
Los bancales existen porque alguien levantó los muros.
Los caminos existen porque alguien necesitó transitarlos.
Las acequias existen porque alguien condujo el agua.
Los pastizales existen porque durante generaciones hubo ganado.
Muchos de los montes que hoy parecen absolutamente «naturales» han conocido durante siglos pastoreo, carboneo, saca de leña, poda, limpieza y diferentes aprovechamientos.
El campo español es naturaleza, sí.
Pero también es historia humana acumulada.
Pretender conservarlo expulsando de él a quienes lo trabajan puede acabar pareciéndose bastante a conservar una catedral prohibiendo la entrada a albañiles, arquitectos y restauradores.
Prohibido tocar
El urbanita administrativo siente una fascinación extraordinaria por el verbo prohibir.
No pode esto.
No tale aquello.
No limpie lo otro.
No abra ese camino.
No toque ese cauce.
No retire aquella vegetación.
No haga una charca.
No amplíe la nave.
No construya.
No reforme.
Pida autorización.
Presente memoria.
Adjunte fotografías.
Aporte plano.
Espere informe.
Obtenga licencia.
Consulte al organismo competente.
Y, mientras tanto, el propietario de una finca que lleva cuarenta años pisándola acaba necesitando que alguien que jamás estuvo allí, pero dispone de una pantalla, un mapa y un reglamento, le explique qué puede hacer con ella.
La propiedad continúa figurando a nombre del propietario en el Registro.
Pero la capacidad efectiva de decidir sobre ella se reparte entre multitud de administraciones.
La tierra acaba convirtiéndose en un expediente administrativo permanente.
Y el pequeño agricultor descubre que, además de saber cultivar, debe convertirse en gestor, jurista, informático, especialista en subvenciones, cumplimentador profesional de formularios y experto en legislación ambiental.
No es necesario negar toda regulación para denunciar la hiperregulación.
El campo necesita normas.
Naturalmente.
También las necesitan las ciudades.
La cuestión es quién las redacta, con qué conocimiento, con qué proporcionalidad y, sobre todo, quién soporta las consecuencias cuando esas normas son disparatadas.
Arrancar árboles para salvar el planeta
Y llegamos a una de las contradicciones más deliciosas de nuestro tiempo:
arrancar o desplazar olivos, encinas y cultivos para instalar placas solares y denominar a la operación «transición ecológica».
No estoy en contra de la energía solar.
Sería absurdo estarlo en España.
Estoy en contra de la estupidez.
España dispone de tejados, polígonos industriales, aparcamientos, superficies artificializadas, terrenos degradados, márgenes de infraestructuras y multitud de espacios donde puede producirse energía solar sin sacrificar innecesariamente suelos agrícolas productivos.
Sin embargo, aparecen proyectos que compiten precisamente por esos suelos.
Y aquí vuelve a manifestarse la mentalidad del urbanita.
Para él, una hectárea es una unidad de superficie.
Un olivo es un elemento vegetal.
Una encina es una especie.
Una explotación agraria es una parcela catastral.
Para quien vive allí, en cambio, la hectárea tiene nombre, historia, productividad, lindes, pozos, caminos, herencias y recuerdos.
Un olivo centenario no es simplemente «biomasa».
Una encina no es mobiliario vegetal.
Y una dehesa no es un solar a la espera de que llegue alguien con suficiente dinero para otorgarle una utilidad superior.
La contradicción alcanza proporciones grotescas cuando previamente se ha hablado durante décadas de evitar la erosión, proteger la biodiversidad, conservar el paisaje y luchar contra la desertificación.
Y acto seguido resulta aceptable transformar enormes extensiones de terreno para llenarlas de cristal, metal, vallados, líneas eléctricas y pistas.
Todo muy verde.
Verde placa solar.
La cuestión sensata no consiste en elegir entre agricultura y energía.
Consiste en compatibilizarlas allí donde sea posible y reservar los mejores suelos para aquello para lo que llevan siglos demostrando ser extraordinariamente útiles:
producir alimentos.
Queremos alimentos baratos y agricultores imposibles
El urbanita contemporáneo quiere alimentos baratos.
Pero quiere también agricultura ecológica.
Quiere bienestar animal.
Quiere menos fertilizantes.
Menos fitosanitarios.
Menos agua destinada a regadío.
Menos maquinaria contaminante.
Menos combustibles fósiles.
Menos emisiones.
Quiere proteger absolutamente a determinadas especies silvestres.
Quiere salarios dignos.
Quiere trazabilidad absoluta.
Quiere envases sostenibles.
Quiere que las explotaciones ganaderas no huelan.
Quiere que los tractores no molesten en las carreteras.
Quiere pueblos preciosos cuando va de turismo rural.
Y, después de exigir todo simultáneamente, entra en el supermercado y pregunta indignado:
—¿Pero cómo puede costar tanto el aceite?
He ahí el prodigio.
Mientras tanto, el agricultor europeo compite en un mercado mundial contra productos procedentes de países en los que muchas de las exigencias que soporta él no existen o son mucho menores.
Entonces llega la Administración y le concede una subvención para compensar parcialmente los problemas que la propia Administración ha contribuido a crear.
Resulta difícil imaginar una sátira mejor.
El verdadero ecologista puede llevar barro en las botas
Quizá haya llegado el momento de invertir algunos conceptos.
El campesino no necesita necesariamente que venga un urbanita a enseñarle a amar la naturaleza.
Porque la naturaleza es su capital.
Su medio de vida.
Su cuenta corriente.
Si destruye permanentemente el suelo, se arruina.
Si acaba con todos los árboles, se arruina.
Si agota el agua, se arruina.
Si sus animales enferman, se arruina.
Si arde su explotación, se arruina.
Esto no significa que todo agricultor sea un modelo de virtud ambiental.
Naturalmente que no.
Como tampoco todo funcionario, profesor universitario, periodista, diputado o activista es un modelo de sensatez.
Significa algo muchísimo más elemental:
quien depende económicamente de que una tierra siga siendo productiva posee poderosos incentivos para conservar su capacidad productiva.
Y posee algo más importante todavía:
conocimiento.
Sabe por dónde corre el agua cuando llueve de verdad.
Dónde hiela primero.
Qué vaguada conserva humedad.
Dónde prende antes el fuego.
Qué árbol lleva enfermo tres años.
Dónde siempre apareció el manantial.
Qué camino debe mantenerse limpio.
Dónde pasta el ganado.
Qué terreno se encharca.
Qué parcela aguanta el verano.
Ese conocimiento no aparece en ningún máster.
Se transmite.
Se aprende mirando.
Trabajando.
Equivocándose.
Escuchando a quienes estaban antes.
Y desaparece cuando desaparece quien vive allí.
Ningún «Observatorio Nacional para la Cohesión Territorial, la Resiliencia Rural y el Reto Demográfico Sostenible» —o como demonios decidan llamarlo— puede sustituirlo.
El campo mantiene a la ciudad
Hay además una verdad económica que hemos preferido olvidar.
La ciudad parece autosuficiente porque allí se concentra el dinero.
Pero no lo es.
Una gran ciudad produce servicios, información, finanzas, burocracia, cultura, tecnología.
Todo ello puede ser muy valioso.
Pero alguien tiene que producir trigo.
Aceite.
Carne.
Leche.
Fruta.
Verduras.
Madera.
Agua.
Energía.
La ciudad puede ignorar al campo durante mucho tiempo porque los supermercados continúan llenos.
Precisamente por eso nace la ilusión de que los alimentos aparecen en los anaqueles como por generación espontánea.
Hasta que falta algo.
Entonces descubrimos súbitamente la importancia de aquello que dábamos por supuesto.
Un país que permite desaparecer a sus agricultores y ganaderos no se hace más moderno.
Se hace más dependiente.
La soberanía alimentaria puede sonar a concepto anticuado hasta que una guerra, una crisis energética, una epidemia, una interrupción de rutas comerciales o cualquier otro acontecimiento demuestra que comer continúa siendo una necesidad bastante poco virtual.
No queremos reservas indias
La España vaciada no necesita compasión.
Necesita poder.
Poder sobre su territorio.
Poder para producir.
Poder para administrar su propiedad dentro de reglas razonables.
Poder para decidir qué modelo económico quiere.
Poder para decir «no» cuando una gran empresa, una administración o un plan diseñado a cientos de kilómetros pretende transformar una comarca entera.
Y, sobre todo, necesita dejar de ser considerada una especie de reserva india subvencionada para disfrute dominical del habitante de la gran ciudad.
Un pueblo no debe conservarse para que el urbanita pueda fotografiarlo.
Una dehesa no existe para Instagram.
Una oveja no es atrezo.
Un olivo no es mobiliario vegetal.
Una encina centenaria no es un obstáculo situado donde alguien pretende colocar una infraestructura.
Y un agricultor no es el jardinero de España.
Es un productor.
Un empresario.
Un propietario.
Un depositario de conocimientos acumulados.
Un creador y conservador de paisaje.
Y, además, alguien que fabrica una cosa bastante importante:
comida.
Quizá haya llegado la hora, pues, de admitir algo que probablemente moleste a muchos.
El paleto del siglo XXI no tiene por qué vivir en un pueblo.
Puede vivir en el centro de Madrid, Barcelona, Valencia o Bruselas.
Puede disponer de dos licenciaturas, tres másteres, hablar inglés perfectamente y pronunciar sin pestañear palabras como sostenibilidad, biodiversidad, resiliencia, perspectiva ecosistémica y neutralidad climática.
Puede no haber vareado jamás un olivo.
No haber podado una encina.
No haber visto nacer un cordero.
No saber distinguir trigo de cebada.
No haber limpiado un arroyo.
No haber apagado un incendio.
Y, pese a todo ello, sentirse autorizado para explicarle a quien lleva cincuenta años trabajando la tierra cómo tiene que gestionarla.
La ignorancia no consiste en no saber.
Todos ignoramos innumerables cosas.
La verdadera paletez comienza cuando uno ignora que ignora.
Y alcanza su máxima expresión cuando, además, consigue convertir su ignorancia en norma de obligado cumplimiento.
Porque ése es, finalmente, el drama de buena parte de la España interior:
quienes viven en ella son cada vez menos y quienes deciden sobre ella son cada vez más.
Después creamos ministerios.
Secretarías de Estado.
Observatorios.
Planes estratégicos.
Agendas.
Comisiones interministeriales.
Fondos europeos.
Congresos sobre despoblación.
Informes sobre el reto demográfico.
Y seguimos preguntándonos por qué se vacían los pueblos.
Quizá algún día se nos ocurra hacer algo verdaderamente revolucionario:
preguntar a quienes todavía viven allí y, por una vez, dejarles decidir.
