DOCE DE OCTUBRE: LA HISPANIDAD FRENTE A LA IZQUIERDA QUE PRETENDE DESTRUIR NUESTRA CIVILIZACIÓN JUDEOCRISTIANA Y GRECORROMANA.
La Leyenda Negra antiespañola, el desprecio de nuestra historia y la ofensiva ideológica contra las raíces culturales, morales y jurídicas de Occidente.
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
I. UNA CIVILIZACIÓN QUE APRENDE A DESPRECIARSE A SÍ MISMA ESTÁ EMPEZANDO A RENDIRSE
La Leyenda Negra antiespañola no ha muerto. Ha cambiado de propagandistas. Y algunos de sus más entusiastas difusores ya no se encuentran entre los enemigos históricos de España, sino entre españoles que han convertido el desprecio de su propia historia en una supuesta prueba de superioridad intelectual y moral.
Cuando nos aproximamos a otro 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, el espectáculo vuelve a repetirse.
Una parte de nuestra clase política y cultural parece considerar que la fecha debe servir, fundamentalmente, para recordarnos las atrocidades de nuestros antepasados, exigir arrepentimientos retrospectivos y presentar la Hispanidad como una herencia vergonzosa.
Lo verdaderamente revelador es que semejante actitud encaja en una corriente ideológica mucho más amplia que cuestiona los fundamentos de la civilización occidental.
Mi tesis es que determinadas corrientes de la izquierda contemporánea no pretenden simplemente corregir injusticias históricas o mejorar instituciones. Su proyecto consiste en sustituir buena parte del orden moral, cultural y económico heredado por otro cuya organización dependa crecientemente del poder político.
Y para conseguirlo resulta extraordinariamente útil desacreditar aquello que se pretende reemplazar.
La religión se convierte en superstición.
La familia, en patriarcado.
La propiedad privada, en explotación.
La nación, en una construcción excluyente.
La tradición, en prejuicio.
El mérito, en privilegio.
La responsabilidad individual, en una coartada de las clases dominantes.
Y la historia occidental, en una sucesión interminable de conquistas, esclavitud, colonialismo, violencia y opresión.
¿Les resulta familiar?
Naturalmente.
Es el procedimiento característico de la Leyenda Negra antiespañola: seleccionar las miserias de una civilización, presentarlas como su única identidad y silenciar cuanto permita comprender sus realizaciones.
La antigua propaganda nació en buena medida de las rivalidades políticas, religiosas y comerciales de la Europa moderna.
La actual controversia sobre la herencia occidental tiene protagonistas, motivaciones y circunstancias diferentes.
Pero el parecido entre sus mecanismos de desprestigio merece una reflexión detenida.
Primero se presenta el pasado como una acumulación de culpas.
Después se convierte la herencia cultural en motivo de vergüenza.
Finalmente, se proclama que la sociedad necesita ser transformada desde sus cimientos.
Y, como por arte de magia, aparecen quienes se ofrecen para dirigir esa transformación.
¡Qué oportunos!
El resultado es que los españoles, herederos de una de las mayores empresas históricas de expansión lingüística, jurídica, religiosa y cultural, nos encontramos discutiendo periódicamente si tenemos derecho a celebrar nuestra propia historia.
Como si los italianos tuvieran que renunciar a Roma porque los romanos conquistaron territorios.
Como si los griegos debieran despreciar a Aristóteles porque Atenas conoció la esclavitud.
Como si los franceses estuvieran obligados a convertir su Fiesta Nacional en una jornada de penitencia por el Terror revolucionario.
O como si los británicos debieran borrar a Shakespeare, Newton y Locke de su patrimonio porque el Imperio británico participó en conquistas, explotaciones y guerras.
La falacia resulta tan elemental que sorprende su eficacia.
Ninguna civilización humana ha tenido una historia impecable.
Ninguna ha estado libre de violencia, ambición, injusticias o abusos de poder.
Y ninguna puede explicarse exclusivamente mediante sus peores episodios.
Pero eso es precisamente lo que parece exigirse a España.
Colón no abrió una nueva etapa de contactos permanentes entre continentes: invadió.
Los navegantes españoles no ampliaron extraordinariamente el conocimiento geográfico: prepararon el saqueo.
Los juristas españoles no contribuyeron a desarrollar reflexiones fundamentales sobre el derecho de gentes: justificaron la dominación.
La Monarquía Hispánica no participó en la creación de ciudades, universidades, hospitales e instituciones jurídicas en América: organizó una empresa exclusivamente depredadora.
Y la lengua española, hablada hoy por centenares de millones de personas, aparecería como una desgracia histórica de la que sus propios hablantes deberían avergonzarse.
¡Magnífica manera de interpretar cinco siglos de historia!
Lo más preocupante no es la existencia de semejantes interpretaciones.
Lo preocupante es que tantos ciudadanos hayan recibido una formación histórica insuficiente para examinarlas críticamente.
Porque quien desconoce su historia acaba dependiendo de quienes se la cuentan. Y quien acepta que toda su herencia es despreciable termina siendo especialmente vulnerable a quienes prometen sustituirla por un mundo completamente nuevo.
Ésta es la verdadera importancia del próximo 12 de octubre.
No estamos hablando solamente de Cristóbal Colón.
Ni de los Reyes Católicos.
Ni de la conquista de América.
Estamos hablando de España, de la Hispanidad, de Europa y de la civilización occidental.
Y de una pregunta que resulta incómoda para quienes aspiran a dirigir nuestras conciencias:
¿Tenemos derecho a conocer, valorar y transmitir nuestra propia historia sin solicitar permiso a los administradores de la moral oficialmente aceptable?
II. 1492: CUANDO ESPAÑA CONTRIBUYÓ A CAMBIAR LA HISTORIA DEL MUNDO
El 12 de octubre de 1492, una expedición dirigida por Cristóbal Colón y patrocinada por los Reyes Católicos alcanzó una isla del archipiélago de las Bahamas.
Sus integrantes creían encontrarse en tierras próximas a Asia.
Ignoraban la verdadera extensión de los territorios americanos.
Pero aquella llegada abrió una etapa histórica de consecuencias universales.
Por supuesto, América no estaba deshabitada.
Allí existían numerosos pueblos con lenguas, religiones, instituciones, conocimientos y tradiciones propias.
Algunos habían desarrollado sociedades urbanas de extraordinaria complejidad.
Otros mantenían formas de organización muy diferentes.
Tampoco los europeos fueron los primeros seres humanos que alcanzaron América desde otros continentes. Siglos antes habían llegado poblaciones procedentes de Asia, y los navegantes nórdicos alcanzaron territorios norteamericanos alrededor del año 1000.
Pero 1492 marcó el comienzo de una conexión transatlántica permanente que transformó profundamente la historia mundial.
No se trató simplemente de incorporar nuevos territorios al conocimiento europeo.
Se modificaron las rutas comerciales.
Se extendieron cultivos y animales a regiones donde antes eran desconocidos.
Se produjeron transformaciones demográficas de enorme alcance.
Se intercambiaron técnicas y conocimientos.
Surgieron nuevas sociedades.
Y comenzó a configurarse una economía cada vez más intercontinental.
La patata, el tomate, el maíz y el cacao terminaron integrándose en la alimentación de sociedades muy alejadas de sus lugares de origen.
Desde Europa, África y Asia llegaron a América especies, cultivos y tecnologías que también transformaron profundamente aquellos territorios.
Las enfermedades introducidas por los europeos provocaron catástrofes demográficas entre las poblaciones indígenas.
Las guerras, las explotaciones y los desplazamientos agravaron numerosos sufrimientos.
Pero aquella historia no se agotó en sus tragedias.
También produjo ciudades, caminos, universidades, hospitales, imprentas, instituciones jurídicas, obras de arte, literatura y una extraordinaria transformación de las sociedades participantes.
La América hispana no fue una simple prolongación de Castilla.
Tampoco una reproducción exacta de las civilizaciones indígenas anteriores a la conquista.
Fue el resultado histórico de encuentros, conflictos, alianzas, mezclas y transformaciones protagonizados por pueblos muy diversos.
De esa experiencia surgieron sociedades que terminarían convirtiéndose en naciones independientes.
Y que conservaron, enriquecieron y transformaron una parte importante de la herencia cultural recibida.
La Hispanidad no consiste en negar las diferencias entre esos pueblos. Consiste en reconocer los vínculos históricos, lingüísticos y culturales que han sobrevivido a la desaparición del imperio.
No celebramos la existencia de un mundo sin injusticias.
Recordamos un acontecimiento que modificó decisivamente la historia universal.
Lo cual, dicho sea de paso, ya constituye una razón suficientemente importante para dedicarle una conmemoración.
III. LA LEYENDA NEGRA: CÓMO CONVERTIR A UNA NACIÓN EN CULPABLE PERPETUA
Durante los siglos XVI y XVII, la Monarquía Hispánica ocupó una posición de extraordinaria importancia en la política europea y en las relaciones transatlánticas.
Era inevitable que semejante poder provocara rivalidades.
Inglaterra, las Provincias Unidas y otros adversarios de los Habsburgo utilizaron la propaganda como instrumento de lucha política y religiosa.
Los abusos cometidos por españoles en América, la represión de conflictos europeos, la actuación de la Inquisición y otros acontecimientos proporcionaron materiales abundantes.
La propaganda los seleccionó, difundió y presentó como manifestaciones de un carácter nacional singularmente perverso.
Los españoles aparecían como crueles por naturaleza.
Fanáticos por tradición.
Codiciosos por vocación.
E incapaces de producir otra cosa que sometimiento.
Las atrocidades cometidas por los enemigos de España recibían un tratamiento diferente.
La violencia española demostraba una perversidad colectiva.
La violencia ajena podía explicarse mediante circunstancias históricas, intereses estratégicos o conflictos políticos.
Así se construye una representación propagandística eficaz: no es necesario inventarlo todo; basta con seleccionar, exagerar y ocultar convenientemente.
El resultado termina sobreviviendo a las circunstancias que le dieron origen.
Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con determinados elementos de la Leyenda Negra.
Lo verdaderamente sorprendente es que, varios siglos después, parte de aquella representación continúe reproduciéndose en discursos contemporáneos españoles.
No faltan quienes conocen minuciosamente los crímenes de los conquistadores, pero ignoran casi todo sobre la Escuela de Salamanca.
Quienes hablan de dominación colonial sin haber estudiado las controversias jurídicas desarrolladas durante la propia expansión americana.
Quienes recuerdan a Bartolomé de las Casas únicamente como testigo de cargo contra España, olvidando que su actuación fue posible dentro de una tradición intelectual y religiosa española.
Y quienes presentan la historia hispanoamericana como si, durante tres siglos, sus habitantes hubieran permanecido inmóviles, esperando a que llegaran los movimientos independentistas para empezar a crear cultura.
¡Qué extraordinario desprecio hacia las propias sociedades americanas!
Porque la historia de Hispanoamérica no pertenece exclusivamente a España.
La protagonizaron millones de personas de procedencias diversas.
Indígenas, europeos, africanos y poblaciones mestizas participaron, en circunstancias profundamente desiguales, en la configuración de nuevas sociedades.
Y todos contribuyeron a formar una herencia cultural que no puede explicarse mediante una división infantil entre pueblos absolutamente inocentes y pueblos permanentemente culpables.
La Leyenda Negra resulta especialmente eficaz cuando sustituye la historia por un juicio moral cuya sentencia ya está escrita antes de comenzar el examen de los hechos.
Pero el conocimiento histórico exige precisamente lo contrario.
Conocer antes de juzgar.
Examinar las fuentes.
Comparar acontecimientos.
Comprender las circunstancias.
Y reconocer tanto las realizaciones como las injusticias.
Si aplicamos esos criterios, España aparece como lo que realmente fue: una nación protagonista de acontecimientos extraordinarios, con responsabilidades históricas importantes y con aportaciones fundamentales al desarrollo del mundo moderno.
Ni una comunidad de santos.
Ni una fábrica de monstruos.
Una nación histórica, formada por seres humanos.
Algo que, al parecer, resulta demasiado difícil de aceptar para quienes necesitan convertir el pasado en una interminable representación de buenos y malos.
IV. SALAMANCA FRENTE A LA CARICATURA: CUANDO ESPAÑA DISCUTÍA LOS DERECHOS HUMANOS HACE CINCO SIGLOS
Una de las mayores omisiones de las interpretaciones hostiles de nuestra historia consiste en silenciar la extraordinaria importancia de la Escuela de Salamanca.
No estamos hablando de una curiosidad académica.
Estamos hablando de una tradición intelectual que contribuyó a formular problemas fundamentales del derecho internacional, la justicia, la economía y los límites del poder.
Francisco de Vitoria cuestionó la legitimidad de determinados títulos utilizados para justificar el dominio español sobre los pueblos americanos.
Domingo de Soto examinó las exigencias de la justicia y del derecho natural.
Martín de Azpilcueta desarrolló importantes reflexiones sobre el dinero y los precios.
Luis de Molina estudió las condiciones morales de las transacciones económicas.
Y Juan de Mariana analizó los límites de la autoridad real, el abuso del poder y las consecuencias de la manipulación monetaria.
Las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de 1542 muestran que la propia monarquía tuvo que abordar jurídicamente los abusos cometidos contra los indígenas.
La controversia de Valladolid de 1550-1551 expresó la profundidad de los debates acerca de la conquista y del trato debido a los pueblos americanos.
Bartolomé de las Casas denunció con extraordinaria severidad los atropellos cometidos por numerosos conquistadores y encomenderos.
Naturalmente, las leyes no siempre se cumplieron.
Y las controversias intelectuales no eliminaron los abusos.
Pero su existencia demuestra algo decisivo: la España que conquistaba territorios también produjo pensadores capaces de cuestionar los fundamentos jurídicos y morales de aquella conquista.
¿No merece semejante circunstancia un lugar destacado en nuestras escuelas?
¿No resulta revelador que una nación presentada tantas veces como encarnación del fanatismo haya contribuido a desarrollar reflexiones fundamentales sobre los derechos de los pueblos y los límites de la autoridad?
¿No convendría explicar a los estudiantes que la discusión sobre la legitimidad del poder imperial tuvo protagonistas españoles varios siglos antes de que aparecieran las actuales campañas de arrepentimiento histórico?
La España del siglo XVI no fue una democracia liberal contemporánea.
Pero tampoco puede reducirse a una caricatura de oscurantismo.
Fue escenario de controversias intelectuales decisivas.
Y de ellas surgieron contribuciones que forman parte de la historia universal del pensamiento jurídico y político.
Por eso resulta especialmente empobrecedor que la enseñanza de nuestra historia preste, en ocasiones, mayor atención a las representaciones propagandísticas que a las obras de nuestros propios pensadores.
Porque quien ignora a Vitoria, a Soto, a Azpilcueta o a Mariana desconoce una parte fundamental de la aportación española a Occidente.
Y termina aceptando que nuestra historia intelectual sea explicada exclusivamente por quienes la consideran irrelevante.
V. JERUSALÉN, ATENAS, ROMA Y SALAMANCA: LAS RAÍCES DE UNA CIVILIZACIÓN
La Hispanidad no surgió de la nada.
La España que llegó a América era heredera de una tradición formada durante muchos siglos.
Una tradición cuyas raíces intelectuales se encuentran, entre otros lugares, en Jerusalén, Atenas y Roma.
De la tradición bíblica proceden elementos fundamentales de nuestra concepción de la ley moral, la responsabilidad personal y la relación entre el ser humano y la trascendencia.
De Grecia recibimos la filosofía racional, la lógica, la investigación sistemática de la naturaleza y grandes reflexiones sobre la justicia, la virtud y el gobierno.
De Roma heredamos una tradición jurídica que continúa influyendo profundamente sobre nuestros ordenamientos, además de concepciones de ciudadanía y formas de organización institucional.
El cristianismo transformó aquella herencia mediante nuevas concepciones de la dignidad personal, la caridad, la comunidad y las relaciones entre el poder político y la conciencia moral.
La Península Ibérica incorporó asimismo aportaciones de las comunidades judías y del mundo islámico, especialmente importantes en la transmisión de conocimientos filosóficos, científicos, matemáticos y médicos.
Durante siglos, esas tradiciones se encontraron, combatieron, influyeron unas sobre otras y dieron origen a nuevas formas culturales.
De ese largo proceso surgió una España cuya proyección americana llevaría al otro lado del Atlántico buena parte de aquel patrimonio.
Y Salamanca fue uno de los lugares donde esa herencia alcanzó especial fecundidad intelectual.
¿Por qué resulta importante recordarlo?
Porque la civilización occidental desarrolló, entre sus grandes conquistas, una tradición de pensamiento que cuestionó la legitimidad ilimitada del poder.
Aristóteles examinó la naturaleza de la comunidad política.
Santo Tomás distinguió entre la ley justa y la ley contraria al orden moral.
Juan de Mariana reflexionó sobre la tiranía y los límites de la autoridad.
Montesquieu desarrolló su concepción de la separación de poderes.
Bastiat denunció la facilidad con que la ley puede convertirse en instrumento de expolio.
Mises y Hayek explicaron las dificultades de organizar la vida económica mediante una planificación central.
No defendieron todos la misma doctrina.
Pero sus aportaciones permiten comprender una cuestión decisiva:
La autoridad política no posee un derecho ilimitado sobre la vida, la conciencia y los bienes de los ciudadanos.
Ese principio constituye uno de los fundamentos más valiosos de nuestra tradición.
Y precisamente por eso resulta particularmente incómodo para quienes aspiran a transformar la sociedad mediante una concentración creciente de poder.
Porque una cosa es gobernar conforme a leyes que protejan las libertades.
Y otra muy distinta considerar que la política puede reconstruir al ser humano y sus instituciones desde los despachos de la Administración.
<WritingBlock id=»81463″ variant=»document»>## VI. LA IZQUIERDA Y LA DESTRUCCIÓN DEL ORDEN HEREDADO: DE MARX A LA NUEVA ORTODOXIA CULTURAL
Durante el siglo XIX, Marx y Engels propusieron una transformación profunda de las relaciones económicas y sociales.
El comunismo no pretendía simplemente modificar determinados impuestos o mejorar las condiciones laborales.
Su objetivo era sustituir las estructuras de propiedad y las relaciones de producción que consideraba características de la sociedad burguesa.
La historia del siglo XX mostró las consecuencias de algunos intentos de llevar aquellas doctrinas a la práctica.
La Unión Soviética construyó un sistema de partido único, planificación central y subordinación de importantes ámbitos de la vida social al poder político.
Las experiencias comunistas de otros países adoptaron formas diferentes, pero compartieron, en numerosos casos, una extraordinaria concentración de autoridad.
La desaparición de la Unión Soviética en 1991 representó una derrota histórica del modelo soviético.
Sin embargo, las aspiraciones de transformación social no desaparecieron.
En las décadas posteriores adquirieron importancia distintas corrientes culturales, identitarias y políticas que cuestionaron instituciones tradicionales de las sociedades occidentales.
Sería históricamente incorrecto presentar como idénticos al marxismo revolucionario, la socialdemocracia, el feminismo, el ecologismo y las diversas corrientes de crítica cultural.
Sus objetivos y sus doctrinas son distintos.
Pero algunas de sus propuestas permiten formular una crítica común: la creciente confianza en que las autoridades políticas pueden corregir las limitaciones de la condición humana mediante la reorganización de las instituciones.
La propiedad privada puede presentarse como un obstáculo para la igualdad.
La familia, como una estructura de dominación.
La identidad nacional, como una fuente de exclusión.
La religión, como una herencia que debe quedar desplazada de la vida pública.
Y las diferencias de resultados entre individuos, como prueba de que las instituciones necesitan una transformación permanente.
El problema aparece cuando la búsqueda de una sociedad más justa termina justificando una intervención política cada vez mayor.
Porque la libertad no consiste en sustituir las decisiones de los ciudadanos por las decisiones de quienes se consideran moralmente autorizados para dirigirlos.
La igualdad ante la ley tampoco exige que todos los individuos obtengan resultados idénticos.
Los seres humanos poseen capacidades, preferencias, circunstancias y aspiraciones diferentes.
Viven en un mundo de recursos limitados.
Y necesitan cooperar, ahorrar, invertir, producir e intercambiar para mejorar sus condiciones de existencia.
Hay injusticias que deben corregirse.
Hay abusos que deben combatirse.
Pero no toda diferencia constituye una injusticia.
Ni toda desigualdad demuestra explotación.
Ni toda tradición es una forma de opresión.
Ni toda institución heredada constituye un obstáculo para la libertad.
Precisamente por eso desconfío de las doctrinas que proclaman la necesidad de transformar indefinidamente la sociedad mediante decisiones políticas.
Porque una transformación sin límites termina necesitando un poder sin límites.
Y cuando el poder se presenta como el instrumento supremo de emancipación, resulta demasiado fácil olvidar que también puede convertirse en el principal instrumento de sometimiento.
VII. LA FAMILIA, LA PROPIEDAD Y LA RELIGIÓN: LO QUE EL PODER NO PUEDE CONTROLAR ENTERAMENTE
Detengámonos en tres instituciones fundamentales de nuestra tradición: la familia, la propiedad privada y la libertad religiosa.
Las tres poseen una característica especialmente importante.
Permiten organizar aspectos esenciales de la vida humana sin depender exclusivamente de las decisiones de los gobernantes.
La familia constituye una comunidad de afectos, obligaciones y responsabilidades que no nació mediante una resolución administrativa.
La propiedad privada permite disponer de cierta independencia material.
Y la libertad religiosa reconoce un ámbito de conciencia que no pertenece al Estado.
Ninguna de esas instituciones ha estado libre de abusos.
Pero su autonomía contribuye a limitar la concentración de poder político.
Un ciudadano que posee recursos propios, mantiene vínculos familiares independientes y puede expresar libremente sus convicciones dispone de instrumentos para resistir decisiones arbitrarias.
En cambio, una persona cuya subsistencia, educación, empleo y reconocimiento social dependen enteramente de la Administración se encuentra en una posición mucho más vulnerable.
Esta cuestión ayuda a comprender por qué los debates sobre la familia, la propiedad y la religión tienen una importancia política tan extraordinaria.
No estamos hablando solamente de costumbres.
Estamos hablando de la distribución del poder dentro de la sociedad.
Cuando el Estado determina crecientemente las condiciones de utilización de la propiedad, interviene en decisiones que antes correspondían a sus titulares.
Cuando pretende imponer una doctrina moral mediante el sistema educativo, reduce la autonomía de las familias y de los alumnos.
Cuando utiliza sus recursos para favorecer determinadas convicciones filosóficas, corre el riesgo de sustituir la neutralidad institucional por una nueva ortodoxia.
Y cuando convierte la dependencia económica en una relación permanente, aumenta su influencia sobre las decisiones individuales.
Aquí reside una contradicción especialmente llamativa.
Algunas corrientes políticas presentan las instituciones tradicionales como instrumentos de dominación, pero atribuyen al Estado facultades cada vez más amplias para transformarlas.
Desconfían del poder de las familias.
Del poder de los propietarios.
Del poder de las comunidades religiosas.
Del poder de las asociaciones voluntarias.
Pero parecen depositar una confianza extraordinaria en el poder de quienes gobiernan.
¡Vaya manera de combatir la dominación!
La autoridad política no se vuelve infalible por proclamarse progresista.
Ni la intervención administrativa se transforma automáticamente en justicia porque sus promotores invoquen la igualdad.
Por eso la defensa de nuestra herencia occidental debe comprender también la defensa de aquellos ámbitos de autonomía que permiten a las personas organizar sus vidas sin solicitar permiso permanente a los gobernantes.
VIII. ESPAÑA Y EUROPA: LA EDUCACIÓN, LA HISTORIA Y LA CULTURA COMO CAMPOS DE DISPUTA
Si queremos comprender cómo se transmite el desprecio de una herencia histórica, debemos examinar sus principales vías de difusión.
La educación ocupa un lugar fundamental.
Una sociedad que desconoce su pasado difícilmente puede valorarlo.
Y quien no ha recibido instrumentos para examinar críticamente los acontecimientos históricos termina dependiendo de interpretaciones elaboradas por otros.
De ahí la importancia de estudiar nuestra historia sin convertirla en propaganda.
Los alumnos españoles deberían conocer a Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás, Vitoria, Mariana, Cervantes, Feijoo y Jovellanos.
Deberían comprender la romanización de Hispania, la presencia islámica, la formación de los reinos cristianos, la expansión ultramarina, la Ilustración y las transformaciones contemporáneas.
Deberían conocer tanto las conquistas militares como las grandes realizaciones jurídicas, filosóficas, artísticas y científicas.
Y deberían aprender a distinguir una interpretación histórica razonada de una consigna política.
Sin embargo, las controversias sobre los programas educativos, la memoria histórica y la identidad nacional muestran hasta qué punto la enseñanza se ha convertido en un campo de disputa ideológica.
El problema no es que existan interpretaciones diferentes.
El problema aparece cuando una interpretación pretende adquirir el respaldo obligatorio de las instituciones públicas.
Porque la historia no pertenece al partido gobernante.
Y la conciencia de los alumnos tampoco.
La misma cuestión aparece en numerosos países europeos.
En Francia, los debates sobre la historia colonial y la identidad republicana provocan enfrentamientos culturales.
En el Reino Unido, las controversias sobre el pasado imperial afectan a monumentos, universidades y programas educativos.
En Alemania, la relación entre memoria histórica e identidad nacional tiene una importancia extraordinaria.
Y en Estados Unidos, los debates sobre la esclavitud, la segregación y la formación de la nación han generado profundas divisiones.
Las circunstancias son diferentes, pero existe una pregunta común: ¿quién determina qué parte del pasado merece reconocimiento?
Mi respuesta es sencilla.
La historia debe estudiarse mediante documentos, investigación y controversia intelectual.
No mediante decretos de adhesión moral.
Los gobernantes pueden facilitar archivos, financiar investigaciones y proteger el patrimonio.
Lo que no deben pretender es convertirse en árbitros supremos de la verdad histórica.
Porque una sociedad donde la autoridad política decide qué interpretaciones resultan legítimas comienza a perder uno de los grandes instrumentos de su libertad: la posibilidad de discutir al poder.
IX. LA HISPANIDAD NO ES EL CADÁVER DE UN IMPERIO: ES UNA COMUNIDAD CULTURAL VIVA
Hay algo que debería bastar para demostrar la importancia histórica del 12 de octubre.
El Imperio español desapareció como estructura política.
Las antiguas posesiones americanas se convirtieron en Estados independientes.
Las monarquías y las instituciones cambiaron.
Pero la lengua española continúa siendo compartida por una de las mayores comunidades lingüísticas del planeta.
Según el Instituto Cervantes, en 2025 existían aproximadamente 635,7 millones de hablantes potenciales de español, de los cuales más de 519 millones tenían dominio nativo.
Estamos hablando de centenares de millones de personas que pueden comunicarse mediante una lengua común.
Una lengua que no pertenece exclusivamente a España.
Pertenece también a México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Cuba, Guatemala y tantos otros países.
Y cada uno ha contribuido a enriquecerla.
La Hispanidad es Cervantes y Sor Juana Inés de la Cruz.
Es Lope de Vega y Rubén Darío.
Es Quevedo y Borges.
Es Calderón y García Márquez.
Es Juan Ramón Jiménez y Gabriela Mistral.
Es también la arquitectura de Salamanca, México, Lima, Quito, Antigua Guatemala o Cartagena de Indias.
Es una tradición jurídica compartida.
Es una inmensa literatura.
Es una comunidad de referencias culturales que ha atravesado siglos, independencias, guerras y transformaciones políticas.
Y es una realidad que no necesita reconstruir ningún imperio para seguir existiendo.
Por eso resulta tan empobrecedor presentar la Hispanidad como un simple instrumento de dominación.
Las sociedades hispanoamericanas no son reliquias de una estructura política desaparecida.
Son comunidades vivas que han desarrollado sus propias identidades y han contribuido decisivamente a transformar la herencia cultural compartida.
La lengua española de nuestros días no es la misma que hablaban los navegantes de 1492.
Ni la literatura hispánica puede comprenderse únicamente mediante las obras escritas en la Península.
Durante siglos, los pueblos americanos han ampliado, enriquecido y renovado esa tradición.
Y precisamente por eso la Hispanidad constituye una de las grandes realizaciones culturales surgidas de la historia universal.
No celebramos la existencia de un imperio desaparecido. Reconocemos la permanencia de una comunidad cultural que ha sobrevivido a los imperios, a las dinastías y a las fronteras.
X. LA INMIGRACIÓN, LA IDENTIDAD Y LA CONTINUIDAD CULTURAL
Los debates contemporáneos sobre inmigración y convivencia también guardan relación con la cuestión que nos ocupa.
Una sociedad no se mantiene cohesionada exclusivamente mediante leyes y documentos administrativos.
Necesita referencias compartidas, conocimiento de su historia, instituciones respetadas y unas normas comunes de convivencia.
La inmigración modifica las sociedades receptoras.
Puede contribuir a su desarrollo económico y cultural.
También puede plantear dificultades de integración cuando los cambios demográficos son rápidos o las instituciones carecen de recursos suficientes.
La responsabilidad de establecer las normas de entrada, residencia, trabajo y adquisición de nacionalidad corresponde a los poderes públicos.
Y esas decisiones deben tener en cuenta tanto los derechos individuales como la capacidad efectiva de integración y las necesidades de la sociedad.
La historia de la Hispanidad muestra que las culturas evolucionan mediante encuentros, conflictos e intercambios entre poblaciones diferentes.
Pero también muestra que la formación de una comunidad cultural compartida requiere tiempo, instituciones y referencias comunes.
Por eso la continuidad cultural no puede reducirse a una cuestión de procedencia.
Depende también de la lengua, las leyes, las costumbres y la aceptación de unos principios básicos de convivencia.
La igualdad ante la ley.
La libertad de conciencia.
La libertad de expresión.
La responsabilidad individual.
El respeto a los derechos ajenos.
Y la obligación de resolver los conflictos mediante procedimientos jurídicos, no mediante imposiciones violentas.
Una sociedad que renuncia a transmitir esos principios termina dificultando su propia continuidad.
Y una comunidad política que desconoce su historia difícilmente puede explicar a quienes llegan a ella qué instituciones considera esenciales.
Ésta es otra razón para defender una enseñanza rigurosa de la historia occidental y española.
No para convertir a los ciudadanos en reproducciones idénticas de sus antepasados.
Sino para proporcionarles los conocimientos necesarios para comprender la sociedad de la que forman parte.
XI. EL PROBLEMA FUNDAMENTAL NO ES SOLAMENTE LA IZQUIERDA: ES LA PRETENSIÓN DE EJERCER UN PODER SIN LÍMITES
Conviene llegar al fondo de la cuestión.
El problema no consiste exclusivamente en que determinados movimientos políticos cuestionen nuestras tradiciones.
La crítica forma parte de la propia civilización occidental.
Sin la posibilidad de discutir las instituciones heredadas no habrían surgido muchas de las transformaciones que hoy consideramos valiosas.
El problema aparece cuando quienes pretenden modificar la sociedad reclaman facultades políticas cada vez más amplias para imponer sus proyectos.
Y esta tentación tampoco desaparece cuando gobiernan partidos que se proclaman conservadores o patriotas.
Un Estado excesivamente poderoso continúa siendo una amenaza para la libertad aunque quienes lo administren utilicen símbolos nacionales.
Una burocracia intervencionista no deja de serlo porque sus dirigentes se declaren defensores de la tradición.
Y una restricción injustificada de derechos no se convierte en legítima porque se presente como una medida destinada a proteger la cultura.
Precisamente por eso resulta necesario recuperar las enseñanzas de quienes examinaron los límites del poder.
Juan de Mariana cuestionó los abusos de la autoridad real.
Montesquieu reflexionó sobre la distribución de las funciones del Estado.
Bastiat mostró los peligros de utilizar la ley para beneficiar a unos grupos a costa de otros.
Hayek explicó por qué el conocimiento necesario para organizar la sociedad se encuentra disperso entre millones de personas.
Y la tradición liberal desarrolló una idea decisiva: el poder político debe justificar su intervención en la vida de los ciudadanos.
No son los ciudadanos quienes deben demostrar permanentemente que merecen conservar su libertad.
Una sociedad donde cualquier actividad necesita autorización administrativa termina invirtiendo esa relación.
La libertad deja de constituir el punto de partida.
Y se convierte en una concesión condicionada.
De ahí la importancia de preservar la propiedad, la libertad de asociación, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa y las garantías jurídicas.
No porque todas las instituciones heredadas sean perfectas.
Sino porque ninguna autoridad política dispone de conocimientos ni legitimidad ilimitados para sustituir por sus propias decisiones la vida de millones de personas.
La defensa de la civilización occidental exige defender también el principio que tantos gobernantes encuentran incómodo: el poder debe estar limitado, incluso cuando lo ejercen personas cuyas ideas compartimos.
XII. EL DOCE DE OCTUBRE NO ES UNA CEREMONIA DE PENITENCIA
Volvamos a nuestra Fiesta Nacional.
¿Qué sentido tiene celebrar el 12 de octubre?
La respuesta aparece en la propia Ley 18/1987, que estableció oficialmente esa fecha como Fiesta Nacional de España.
Su exposición de motivos recuerda la especial importancia histórica de la proyección lingüística y cultural española más allá de Europa.
Es precisamente aquello que conmemoramos.
La participación española en un acontecimiento que contribuyó a transformar el mundo.
La expansión de nuestra lengua.
La aparición de nuevas sociedades.
El desarrollo de una comunidad cultural que ha sobrevivido durante siglos.
Y la proyección internacional de una tradición intelectual e histórica formada mucho antes de 1492.
No necesitamos imaginar una España impecable para reconocer la importancia de aquella empresa.
Tampoco necesitamos convertir a nuestros antepasados en seres providenciales.
Pero menos aún debemos aceptar que nuestra historia sea reducida a una interminable acusación.
Una civilización no se comprende únicamente mediante sus crímenes.
Ni una nación puede explicarse exclusivamente mediante sus derrotas, errores y abusos.
La historia española contiene episodios admirables y episodios lamentables.
Contiene grandes realizaciones y profundas injusticias.
Contiene santos, delincuentes, navegantes, filósofos, soldados, escritores, científicos, gobernantes prudentes y gobernantes desastrosos.
En otras palabras, contiene seres humanos.
Y resulta extraordinariamente absurdo exigir a los españoles contemporáneos que respondan personalmente por todos los actos cometidos hace cinco siglos.
Lo que corresponde a cada generación es conocer la historia recibida, comprender sus consecuencias y conservar aquello que merece ser transmitido.
Ésa es la responsabilidad histórica verdadera.
No la penitencia hereditaria.
No la vergüenza obligatoria.
Y desde luego no el sometimiento a las interpretaciones que resulten políticamente convenientes.
XIII. CONCLUSIÓN: LO QUE DEBEMOS DEFENDER ESTE DOCE DE OCTUBRE
El próximo 12 de octubre volverán las polémicas sobre Colón, los Reyes Católicos, la conquista de América y la Hispanidad.
Volverán los discursos que presentan nuestra historia como una sucesión de atropellos.
Volverán quienes consideran que celebrar aquella fecha constituye una ofensa.
Y volverán, probablemente, las interpretaciones que convierten a España en culpable perpetua de acontecimientos que deben estudiarse con las herramientas de la historia, no con las consignas de la propaganda.
Pero España no fue una simple espectadora de la formación del mundo moderno.
Participó decisivamente en él.
Contribuyó a extender una lengua que hoy comparten centenares de millones de personas.
Fundó ciudades, universidades e instituciones.
Transmitió tradiciones jurídicas, filosóficas, religiosas y culturales.
Participó en la creación de redes comerciales de alcance mundial.
Y produjo pensadores cuyas reflexiones sobre la justicia, la propiedad, el dinero y los límites del poder siguen mereciendo estudio.
Todo ello forma parte de nuestra historia.
También forman parte de ella las injusticias.
No hay necesidad de ocultarlas.
Lo que resulta intelectualmente inadmisible es convertirlas en explicación exclusiva de cinco siglos de acontecimientos.
La Leyenda Negra antiespañola constituye un ejemplo histórico de cómo una representación hostil puede sobrevivir a las circunstancias que la originaron.
Y los debates contemporáneos sobre la civilización occidental muestran hasta qué punto las interpretaciones del pasado pueden utilizarse para discutir la legitimidad de las instituciones presentes.
Por eso la defensa de la Hispanidad no puede limitarse a una exaltación sentimental de nuestra historia.
Debe comprender también una reivindicación de los principios que hicieron posible algunas de sus aportaciones más importantes.
La razón.
La libertad de conciencia.
La responsabilidad individual.
La propiedad.
La cooperación voluntaria.
La independencia de las instituciones sociales.
Y los límites jurídicos y morales del poder político.
España forma parte de una tradición que recibió aportaciones esenciales de Jerusalén, Atenas y Roma.
Una tradición transformada durante siglos por el cristianismo y enriquecida mediante innumerables encuentros culturales.
Una tradición que encontró en Salamanca una de sus grandes expresiones intelectuales.
Y una tradición que, mediante la expansión española por América, adquirió una dimensión mundial.
Ésa es la herencia que merece ser conocida, conservada y transmitida.
No porque todos nuestros antepasados fueran ejemplares.
Sino porque sus realizaciones forman parte del patrimonio histórico de la humanidad.
No porque debamos vivir permanentemente mirando hacia atrás.
Sino porque nadie puede construir responsablemente el futuro desde la ignorancia deliberada del pasado.
Y no porque la historia nos conceda privilegios sobre otros pueblos.
Sino porque tenemos tanto derecho como cualquier otro a conocer y valorar nuestra propia herencia.
NO TENEMOS POR QUÉ AVERGONZARNOS DE SER ESPAÑOLES.
NO TENEMOS POR QUÉ DESPRECIAR NUESTRA HISTORIA PARA DEMOSTRAR QUE SOMOS CULTOS.
NO TENEMOS POR QUÉ ACEPTAR QUE LA LEYENDA NEGRA SE CONVIERTA EN LA ÚNICA INTERPRETACIÓN ADMITIDA DE NUESTRO PASADO.
Y tampoco tenemos por qué entregar a ningún gobierno, partido o autoridad intelectual la facultad de decidir qué debemos pensar sobre nuestra propia civilización.
La historia debe conocerse.
La libertad debe defenderse.
Y el poder debe mantenerse dentro de límites que no dependan de la voluntad de quienes lo ejercen.
Porque una civilización no comienza a desaparecer solamente cuando pierde territorios, riqueza o instituciones.
También puede debilitarse profundamente cuando sus propios herederos dejan de comprenderla y consideran vergonzoso cuanto recibieron de ella.
EL DOCE DE OCTUBRE NO ES UNA FECHA PARA PEDIR PERDÓN POR EXISTIR.
ES UNA FECHA PARA RECORDAR QUE ESPAÑA CONTRIBUYÓ DECISIVAMENTE A CAMBIAR LA HISTORIA DEL MUNDO.
QUE LA HISPANIDAD CONTINÚA SIENDO UNA REALIDAD CULTURAL VIVA.
Y QUE NUESTRA HERENCIA JUDEOCRISTIANA Y GRECORROMANA MERECE SER CONOCIDA, VALORADA Y TRANSMITIDA.
Al pan, pan, y al vino, vino.
No necesitamos inventar una historia impecable para reconocer las grandes realizaciones de nuestros antepasados.
Nos basta con conocer nuestra historia entera.
Y no necesitamos que nadie nos conceda permiso para hacerlo.
¡FELIZ DOCE DE OCTUBRE!
¡VIVA ESPAÑA Y VIVA LA HISPANIDAD!
