ESPAÑA: EL FRACASO DE MEDIO SIGLO DE SOCIALDEMOCRACIA
Cincuenta años de alternancia entre PSOE y PP, desmantelamiento de la industria, la agricultura, la pesca… y crecimiento desmesurado del Estado, endeudamiento y oportunidades perdidas.
Por Carlos Aurelio Caldito Aunión
Cuando el general Francisco Franco murió, el 20 de noviembre de 1975, España no era precisamente aquel país miserable, arruinado, analfabeto y atrasado que determinados relatos políticos se han empeñado en presentar durante el último medio siglo. España había experimentado una transformación económica extraordinaria, disponía de una industria poderosa, una importante flota pesquera, una agricultura en plena transformación, una considerable capacidad de producción energética y un patrimonio de infraestructuras construido durante décadas.
En 1975 era la novena economía mundial por volumen total de producción, de acuerdo con una de las principales series estadísticas históricas internacionales. Entre 1960 y 1973, el crecimiento medio anual de su economía había rondado el siete por ciento, una de las tasas más elevadas entre los países desarrollados.
No se trataba de un milagro caído del cielo. Había detrás millones de trabajadores, empresarios, agricultores, ganaderos, pescadores, ingenieros, técnicos y familias que habían contribuido a transformar el país.
España fabricaba automóviles, barcos, maquinaria, acero y numerosos productos industriales. Construía viviendas, carreteras, embalses, centrales eléctricas, instalaciones portuarias y polígonos industriales. Había extendido considerablemente la escolarización, desarrollado importantes servicios públicos y pasado, en unas pocas décadas, de una economía predominantemente agraria a otra industrial y de servicios.
Y sobre aquel patrimonio económico y material comenzó a construirse, después de 1975, el sistema político que hoy conocemos.
Medio siglo después, la pregunta resulta inevitable: ¿qué hicieron los sucesivos gobernantes con aquella herencia?
Porque una cosa es transformar una economía para adaptarla a nuevas circunstancias y otra muy distinta presentar como una sucesión de victorias lo que para numerosas comarcas significó el cierre de fábricas, la desaparición de actividades productivas, la pérdida de empleos industriales y una dependencia creciente de las decisiones administrativas y las subvenciones.
Durante cinco décadas hemos escuchado hasta la saciedad palabras como progreso, modernización, solidaridad, cohesión, bienestar y justicia social.
¡Qué hermoso vocabulario!
Pero las palabras no producen acero, no construyen barcos, no cultivan tierras, no capturan peces y no pagan las deudas.
Y precisamente de eso trata este artículo: del contraste entre la España productiva que existía en 1975 y el modelo político, económico y administrativo consolidado durante el medio siglo siguiente.
Un modelo que, desde una perspectiva crítica, puede examinarse mediante tres ideas especialmente reveladoras: el viejo turnismo español, el gatopardismo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa y el bandido asentado en el poder descrito por el economista Mancur Olson.
Tres ideas distintas que permiten formular una pregunta común: ¿quién se beneficia de la permanencia del sistema y quién paga su mantenimiento?
CÁNOVAS Y SAGASTA HAN VUELTO, AUNQUE AHORA SE LLAMAN PSOE Y PP
El turnismo de la Restauración española consistía en la alternancia organizada entre conservadores y liberales. Cánovas y Sagasta representaron dos grandes corrientes políticas que se sucedían en el Gobierno sin alterar los fundamentos del régimen.
Aquella alternancia descansaba sobre procedimientos electorales muy diferentes de los actuales, incluido el caciquismo y la manipulación de resultados.
Pero lo verdaderamente interesante para comprender la España contemporánea es la continuidad del poder por encima de los cambios de gobernantes.
Durante décadas, PSOE y PP han protagonizado las principales alternancias en el Gobierno de España.
Cuando unos gobiernan, los otros anuncian grandes reformas.
Cuando cambian los puestos, una parte considerable de las reformas prometidas desaparece de los programas de actuación.
El PSOE denuncia las políticas del PP y el PP denuncia las del PSOE.
Pero ambos han participado en el desarrollo del Estado autonómico, en la administración de un gasto público creciente, en la multiplicación de organismos, en la distribución de subvenciones y en el mantenimiento de un sistema cuya complejidad política y administrativa resulta extraordinaria.
Unos anuncian transformaciones históricas.
Otros prometen reconstrucciones nacionales.
Unos dicen representar el progreso.
Otros aseguran defender la buena administración.
Y, entretanto, se conservan numerosas estructuras cuya utilidad y coste deberían estar sometidos a un examen permanente.
El ciudadano contempla el espectáculo y paga las entradas, aunque nadie le haya preguntado si desea asistir a la función.
Porque éste es uno de los aspectos más llamativos del consenso político español: las disputas entre partidos pueden alcanzar niveles de extraordinaria acritud, pero las reformas que afectan a determinados fundamentos del poder público encuentran obstáculos mucho mayores.
Se cambia de ministro.
Se cambia de presidente.
Se cambia el nombre de un organismo.
Se aprueba una nueva ley.
Se anuncia otra etapa histórica.
Y demasiadas veces los problemas permanecen.
Aquí entra en escena el príncipe de Salina, protagonista de El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, y aquella célebre idea de cambiarlo todo para que todo continúe igual.
El gatopardismo político consiste precisamente en utilizar las reformas para preservar lo esencial del poder.
Y la combinación con el turnismo produce una imagen particularmente apropiada para examinar el consenso socialdemócrata español.
El turnismo permite cambiar a quienes administran el poder. El gatopardismo permite conservar sus estructuras mientras se anuncia que comienza una era completamente nueva.
¡Formidable invento!
EL BANDIDO ASENTADO EN EL PODER: MANCUR OLSON Y EL ARTE DE VIVIR DEL SUDOR AJENO
El economista Mancur Olson formuló una teoría especialmente interesante sobre el origen de determinadas formas de poder político.
Imaginemos un territorio cuyos habitantes se dedican a trabajar, cultivar sus tierras, comerciar y producir bienes.
De vez en cuando aparece una partida de salteadores que roba cuanto puede y desaparece.
Pero uno de aquellos bandidos descubre algo extraordinario: resulta mucho más rentable establecerse permanentemente en el territorio y cobrar tributos a sus habitantes.
De ese modo no necesita asaltarlos continuamente.
Puede organizar la recaudación y obtener ingresos regulares.
Naturalmente, debe procurar que sus víctimas conserven recursos suficientes para continuar trabajando, porque de lo contrario terminaría por quedarse sin nada que recaudar.
Ésa es, simplificada, la figura que Olson denominó bandido estacionario y que en español resulta mucho más expresiva si hablamos del bandido asentado en el poder.
El salteador de caminos roba y huye.
El bandido asentado en el poder permanece.
Y descubre que la mejor manera de asegurarse ingresos continuos consiste en organizar un sistema permanente de recaudación.
Pero Olson introduce una cuestión todavía más interesante: el gobernante asentado también puede tener incentivos para proteger la producción, mantener el orden y proporcionar determinados servicios, precisamente porque de ello depende su recaudación futura.
No actúa necesariamente por generosidad.
Actúa también porque le interesa que quienes producen continúen produciendo.
Pues bien, traslademos esta imagen al consenso socialdemócrata español.
Durante medio siglo, el Estado ha ampliado enormemente su capacidad de recaudar, gastar, regular y endeudarse.
Los distintos gobiernos han administrado cantidades crecientes de recursos y han construido una extensa organización política y administrativa.
El contribuyente trabaja, produce, compra, vende y paga.
Paga impuestos sobre sus ingresos.
Paga impuestos cuando consume.
Paga cotizaciones.
Paga tasas.
Paga tributos relacionados con determinados bienes y operaciones.
Y cuando las administraciones gastan más de lo que ingresan, también deberá contribuir a atender las deudas acumuladas.
La comparación con el bandido de Olson permite formular una crítica incómoda: ¿cuánto de ese dinero se utiliza para proporcionar servicios necesarios y cuánto termina sosteniendo estructuras, gastos y decisiones cuya utilidad para el ciudadano es mucho más discutible?
Porque los gobernantes no producen personalmente los recursos que reparten.
Los administran.
Y administrar dinero ajeno exige una honradez que debería ser mucho mayor que la necesaria para administrar el propio.
Sin embargo, nuestras instituciones están repletas de gobernantes que anuncian inversiones y subvenciones con una solemnidad casi religiosa.
El ministro concede.
El presidente autonómico reparte.
El alcalde inaugura.
Y todos esperan agradecimiento.
¡Como si fueran los propietarios del dinero!
El viejo salteador tenía que arriesgarse para conseguir su botín. El gobernante moderno dispone de una maquinaria legal de recaudación y, además, puede solicitar préstamos cuyo pago corresponderá a generaciones futuras.
Ahí reside una de las cuestiones más preocupantes del crecimiento del Estado: cuando quienes deciden el gasto no afrontan personalmente sus consecuencias, las posibilidades de despilfarro se multiplican.
Y cuando los grandes partidos comparten intereses en la conservación de determinadas estructuras, reformarlas se vuelve mucho más difícil.
El bandido asentado en el poder explica los incentivos económicos. El turnismo explica la alternancia. Y Lampedusa explica cómo conservar el sistema mientras se proclama que todo ha cambiado.
LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL: UNA PALABRA MUY ELEGANTE PARA UNA REALIDAD MUCHO MENOS AGRADABLE
Durante los años ochenta, España vivió una profunda reconversión industrial.
La siderurgia, los astilleros, la minería y otras actividades de importancia fundamental experimentaron cierres, reducciones de plantilla y transformaciones de gran alcance.
El propio Ministerio de Industria reconoce que la reconversión constituyó una de las grandes cuestiones económicas de aquel período y que las reducciones de capacidad y empleo fueron particularmente intensas en determinados sectores.
Para los gobernantes se trataba de adaptar la economía a las nuevas circunstancias.
Para numerosos trabajadores significó perder sus empleos.
Para muchas familias, abandonar la seguridad económica que proporcionaban actividades desarrolladas durante generaciones.
Y para determinadas comarcas, perder una parte fundamental de su capacidad productiva.
Aquellos procesos coincidieron con una transformación industrial internacional, el encarecimiento de la energía, una mayor competencia exterior y la necesidad de modernizar instalaciones.
Pero ninguna de esas circunstancias impide examinar las decisiones políticas españolas.
¿Qué industrias podían haberse modernizado?
¿Qué instalaciones resultaba posible conservar?
¿Qué alternativas existían al cierre?
¿Cuánto dinero se empleó en liquidar actividades productivas?
¿Cuánto se destinó a crear otras nuevas?
¿Y qué ocurrió con los territorios que perdieron sus principales fuentes de empleo?
Porque la palabra reconversión no constituye una explicación suficiente.
Hay que examinar los hechos.
Y lo ocurrido en numerosas zonas industriales merece bastante más atención que los discursos oficiales sobre la modernización económica.
En el campo sucedieron transformaciones igualmente profundas.
La mecanización, las nuevas exigencias comerciales, la concentración de explotaciones y las normas agrícolas europeas modificaron las condiciones en las que trabajaban agricultores y ganaderos.
En la pesca, las restricciones de acceso a caladeros, los acuerdos internacionales, las cuotas y las sucesivas reducciones de capacidad transformaron una actividad en la que España había alcanzado una importancia extraordinaria.
España había contado con una de las grandes flotas pesqueras del planeta.
Hoy la actividad continúa siendo importante, pero su estructura, su capacidad y las condiciones de explotación son muy diferentes.
Y resulta legítimo preguntar qué papel desempeñaron las decisiones políticas en esa transformación.
No se trata de imaginar que cualquier fábrica, mina o barco podía mantenerse indefinidamente.
Se trata de rechazar que la palabra modernización sirva para clausurar cualquier discusión sobre las consecuencias económicas y sociales de las decisiones adoptadas.
Una fábrica cerrada no vuelve a abrir porque un ministro pronuncie un discurso sobre el progreso.
Y una comarca que pierde sus principales actividades productivas no recupera su prosperidad simplemente porque se inaugure una oficina destinada a gestionar subvenciones.
EUROPA: CUARENTA AÑOS DE SUBVENCIONES Y UN BALANCE PENDIENTE
El 12 de junio de 1985 España firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas.
El cuadragésimo aniversario de aquella firma, celebrado en 2025, transcurrió sin el entusiasmo popular que cabría esperar de un acontecimiento presentado durante décadas como una de las mayores conquistas de nuestra historia contemporánea.
La incorporación efectiva se produjo el 1 de enero de 1986.
Y desde entonces hemos escuchado innumerables discursos acerca de los beneficios de nuestra pertenencia a las instituciones europeas.
Las ayudas llegaron por miles de millones.
Se financiaron carreteras, ferrocarriles, instalaciones públicas, programas de formación, actuaciones agrícolas y numerosas inversiones.
Pero cuarenta años después convendría abandonar las celebraciones y hacer cuentas.
¿Cuánto dinero hemos recibido?
¿Cuánto hemos aportado?
¿Cuántas empresas han prosperado gracias a la apertura de mercados?
¿Cuántas actividades productivas desaparecieron durante las sucesivas transformaciones económicas?
¿Cuántas inversiones resultaron verdaderamente necesarias?
¿Y cuántos gastos futuros generaron obras cuya inauguración fue presentada como un triunfo?
El ejemplo de las infraestructuras ferroviarias resulta especialmente ilustrativo.
España construyó una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo.
Una auténtica exhibición de ingeniería.
Pero construir líneas ferroviarias no basta.
Después hay que mantenerlas, renovarlas, inspeccionarlas y atender todos los costes necesarios para garantizar su funcionamiento y seguridad.
Y cabe preguntarse si una parte de los recursos destinados a determinadas obras faraónicas habría proporcionado mejores resultados empleándose en ferrocarriles convencionales, servicios de cercanías, carreteras o comunicaciones de territorios históricamente desfavorecidos.
Extremadura conoce bien la diferencia entre las promesas ferroviarias y las necesidades cotidianas de sus habitantes.
No existe ninguna razón para que una política de infraestructuras se mida exclusivamente por la velocidad máxima que pueden alcanzar unos trenes.
Su finalidad debería ser transportar personas y mercancías de manera segura, eficiente y a un coste razonable.
Pero los grandes proyectos ofrecen una ventaja que los gobernantes conocen perfectamente: las inauguraciones proporcionan excelentes fotografías.
El mantenimiento resulta mucho menos vistoso.
DOS BILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL MILLONES DE EUROS: LA FACTURA DEL ESTADO
Llegamos a una de las grandes cuestiones de este medio siglo.
Los pasivos financieros totales de las administraciones públicas españolas alcanzaban los 2.309.015 millones de euros en el segundo trimestre de 2026.
Más de dos billones trescientos mil millones.
La deuda consolidada calculada conforme al procedimiento europeo constituye una magnitud distinta y más reducida, pero también extraordinaria: en el segundo trimestre de 2026 equivalía al 101,4 % del producto interior bruto. El Banco de España confirmó que su importe absoluto continuaba creciendo en términos interanuales.
Hay que distinguir las cifras, pero ninguna invita a la despreocupación.
Porque una deuda de semejante tamaño significa obligaciones presentes y futuras.
Los gobernantes anuncian presupuestos, inversiones y prestaciones.
Pero una parte del dinero que utilizan no procede de ingresos suficientes para atender todos los gastos.
Procede de préstamos.
Y los préstamos generan intereses.
Resulta verdaderamente pintoresco contemplar cómo se celebra una reducción del porcentaje de deuda respecto del producto interior bruto mientras la cantidad absoluta adeudada sigue aumentando.
¡Como si el dinero debido desapareciera por arte de magia!
El endeudamiento permite una operación políticamente muy atractiva: disfrutar hoy de los beneficios de gastar y trasladar parte de la factura al mañana.
Un presidente inaugura una infraestructura.
Un ministro anuncia una nueva prestación.
Un alcalde presenta una obra extraordinaria.
Los responsables aparecen sonrientes en los periódicos.
Y los ciudadanos deberán pagar durante años.
Se privatiza el beneficio político de la decisión y se reparte entre los contribuyentes el coste económico.
Aquí el bandido asentado en el poder de Olson encuentra una posibilidad que merece especial atención.
Ya no necesita limitarse a recaudar de quienes viven y trabajan en el presente.
Puede comprometer recursos de ciudadanos que todavía no han nacido.
Y cuando abandona el cargo, las obligaciones permanecen.
El gobernante se marcha.
La deuda se queda.
CASI CUATRO MILLONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y UN ESTADO QUE NO DEJA DE CRECER
El crecimiento del aparato público es otro de los grandes asuntos que deben examinarse.
En el tercer trimestre de 2026, la Encuesta de Población Activa registró 3.736.800 trabajadores en el sector público.
Durante aquel trimestre, el empleo público aumentó en 89.900 personas, mientras el privado disminuyó en 16.300.
No estamos hablando de una cantidad insignificante.
Y conviene distinguir al médico que atiende enfermos, al maestro que enseña a sus alumnos o al guardia civil que protege a los ciudadanos de los cargos políticos y estructuras administrativas cuya utilidad debe justificarse.
El problema no es que existan empleados públicos.
El problema aparece cuando el crecimiento administrativo se convierte en una respuesta casi automática a cualquier dificultad.
Se crea un organismo.
Después aparece otro para coordinarlo.
Más tarde se constituye una comisión encargada de evaluar su funcionamiento.
Y finalmente se aprueba un nuevo plan para mejorar la coordinación de todos ellos.
Mientras tanto, quienes trabajan en empresas privadas, mantienen comercios o desarrollan actividades por cuenta propia deben conseguir los ingresos necesarios para sostener sus negocios y contribuir al pago del conjunto.
La pregunta resulta elemental: ¿cada nuevo organismo público produce un beneficio suficientemente importante para justificar su coste?
Porque disponer de más administradores no equivale necesariamente a administrar mejor.
Y multiplicar los puestos políticos tampoco garantiza que los servicios lleguen a quienes los necesitan.
La Administración debe existir para servir a los ciudadanos.
No los ciudadanos para garantizar la expansión permanente de la Administración.
EL ESTADO AUTONÓMICO: DIECISIETE MANERAS DE COMPLICAR LO QUE PODRÍA SER MÁS SENCILLO
Si existe una estructura política que permite estudiar el consenso entre PSOE y PP, ésa es el Estado autonómico.
Durante décadas, los principales partidos han participado en su desarrollo y administración.
Gobiernos regionales, parlamentos, consejerías, organismos públicos, empresas dependientes y una amplia distribución de competencias configuran una organización territorial extraordinariamente compleja.
Los responsables políticos suelen defenderla invocando la proximidad al ciudadano.
Pero esa explicación no basta para justificar cualquier competencia, organismo o gasto.
La descentralización puede facilitar determinadas decisiones.
También puede provocar duplicidades, conflictos, normas diferentes y mayores dificultades para coordinar servicios.
Lo importante es examinar los resultados.
¿Funciona mejor la enseñanza porque cada comunidad dispone de amplias atribuciones?
¿Se administran mejor los recursos sanitarios?
¿Se han reducido las desigualdades territoriales?
¿Resulta más sencillo desarrollar una actividad económica en distintas partes de España?
¿Y cuánto cuesta sostener el conjunto?
Son preguntas que deberían responderse antes de considerar intocable cualquier aspecto de nuestra organización territorial.
Pero el Estado autonómico tiene una característica especialmente interesante desde el punto de vista del turnismo: PSOE y PP han gobernado numerosas comunidades y han desarrollado allí sus propias estructuras políticas y administrativas.
Pueden discrepar en innumerables cuestiones.
Pero ambos participan plenamente de la organización que dicen querer mejorar.
Y ésa es una de las razones por las que las grandes reformas territoriales tropiezan con tantas dificultades.
TRABAJO, VIVIENDA Y POBREZA: EL BIENESTAR QUE NO LLEGA A TODOS
Medio siglo de promesas sobre el bienestar debería permitir examinar los resultados con cierta severidad.
En el tercer trimestre de 2026, España registraba 2.591.200 desempleados y una tasa de paro del 10,18 %.
Y, mientras tanto, numerosos jóvenes encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda.
Trabajar no garantiza necesariamente la posibilidad de independizarse.
Muchos ciudadanos deben dedicar una proporción considerable de sus ingresos al alquiler o al pago de una hipoteca.
Las administraciones anuncian ayudas, planes y reformas.
Pero las dificultades persisten.
Y resulta especialmente llamativo que los mismos gobernantes que proclaman constantemente su preocupación por los jóvenes hayan participado durante décadas en decisiones que condicionan la oferta de suelo, la construcción de viviendas, la fiscalidad y los procedimientos administrativos.
La situación social tampoco permite celebrar victorias definitivas.
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 situó al 25,7 % de la población española en riesgo de pobreza o exclusión social. El 8,1 % sufría carencias materiales y sociales graves.
Son cifras que deberían ocupar un lugar preferente en cualquier balance del modelo.
Porque la prosperidad de una nación no se mide únicamente por el dinero que gastan sus administraciones.
Se mide por las condiciones de vida de sus habitantes.
Por su capacidad para trabajar, ahorrar, adquirir una vivienda, formar una familia y desarrollar sus proyectos personales.
Las subvenciones pueden resultar necesarias ante determinadas dificultades.
Pero una sociedad no debería conformarse con que sus gobernantes administren permanentemente la dependencia económica de una parte de sus ciudadanos.
El objetivo debería ser crear las condiciones para que puedan prosperar mediante su trabajo.
Y ésa es una tarea mucho más difícil que anunciar una nueva ayuda ante las cámaras.
PENSIONES: LOS COMPROMISOS QUE SE MULTIPLICAN
El sistema español de pensiones constituye otro de los grandes problemas que merece una discusión mucho más profunda.
Los gobernantes prometen mantener las prestaciones, anuncian incrementos y presentan cualquier modificación como una demostración de su preocupación por los mayores.
Pero las pensiones deben financiarse.
Y su financiación depende de las cotizaciones, los impuestos, la evolución del empleo, los salarios, la productividad y la estructura de edades de la población.
España tiene millones de pensionistas y una esperanza de vida elevada.
Que los españoles vivan más años constituye una magnífica noticia.
Pero significa también que las pensiones deben abonarse durante períodos más prolongados.
Y los compromisos contraídos durante décadas no desaparecen porque resulte políticamente incómodo discutirlos.
La cuestión no consiste en enfrentar a jóvenes y mayores.
Consiste en exigir cuentas claras.
Cuánto se ingresa.
Cuánto se gasta.
Qué obligaciones se han contraído.
Y cómo se financiarán dentro de diez, veinte o treinta años.
Porque prometer prestaciones sin explicar suficientemente los medios para sostenerlas resulta muy cómodo.
Especialmente cuando quienes formulan las promesas quizá no tengan que gobernar cuando llegue el momento de afrontar sus consecuencias.
LA CORRUPCIÓN Y LA DECENCIA: EL PROBLEMA NO ES SÓLO QUIÉN ROBA, SINO QUIÉN LO DISCULPA
El consenso político español tampoco puede examinarse sin estudiar la corrupción.
Durante décadas, numerosos procedimientos judiciales han puesto de manifiesto irregularidades, desvíos de fondos y abusos relacionados con administraciones gobernadas por diferentes partidos.
Los nombres de los casos cambian.
Las siglas cambian.
Los responsables cambian.
Pero las consecuencias recaen sobre los ciudadanos.
Y existe una costumbre especialmente perniciosa: condenar severamente la corrupción ajena mientras se buscan excusas para la propia.
Cuando el escándalo afecta al adversario, se exigen dimisiones y responsabilidades inmediatas.
Cuando afecta al partido preferido, aparecen las justificaciones.
Que si todos lo hacen.
Que si los hechos son antiguos.
Que si existen intereses ocultos.
Que si los demás hicieron cosas peores.
La decencia no debería depender de las siglas.
Y tampoco debería ser suficiente que un gobernante abandone su cargo para considerar satisfechas todas las responsabilidades que pudieran corresponderle.
Los abusos del dinero público exigen investigación, recuperación de los fondos obtenidos ilícitamente y las sanciones que procedan.
Pero la responsabilidad también alcanza a los ciudadanos.
Porque los gobernantes llegan al poder mediante votos y acuerdos políticos.
Y cuando se conocen comportamientos censurables, pero se continúan disculpando exclusivamente por fidelidad partidista, se contribuye a mantener aquello que supuestamente se condena.
Tenemos los gobernantes que elegimos. Y la reiteración de los mismos comportamientos políticos y electorales obliga a preguntarnos qué responsabilidad corresponde también a quienes los toleran.
El sistema no se mantiene únicamente por la voluntad de quienes mandan.
También necesita ciudadanos dispuestos a aceptar sus contradicciones.
«ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO»: DEL PAPEL A LOS HECHOS
El artículo primero de la Constitución de 1978 proclama que España se constituye en un «Estado social y democrático de Derecho».
Una declaración solemne.
Pero las declaraciones no bastan.
La independencia de los tribunales, la igualdad ante la ley, los controles sobre los gobernantes y la responsabilidad por los abusos deben acreditarse mediante el funcionamiento real de las instituciones.
Y ése es precisamente el examen que debe hacerse.
¿Hasta qué punto la intervención de los partidos en la elección de determinados órganos institucionales compromete su independencia?
¿Qué mecanismos permiten impedir los abusos de quienes gobiernan?
¿Con qué eficacia se investigan las irregularidades?
¿Qué consecuencias afrontan quienes administran indebidamente los recursos públicos?
¿Y qué posibilidades reales tienen los ciudadanos de exigir responsabilidades por decisiones perjudiciales?
La democracia no debería confundirse con una ceremonia electoral periódica.
Y el Estado de derecho no debería reducirse a una colección de palabras impresas en el texto constitucional.
Lo decisivo es el funcionamiento efectivo de las instituciones.
Una Constitución puede proclamar derechos magníficos.
Pero los ciudadanos necesitan que esos derechos estén protegidos por instituciones que actúen con independencia, apliquen las leyes y limiten el poder político.
Ninguna declaración solemne sustituye esas garantías.
Y aquí aparece una cuestión íntimamente relacionada con el consenso socialdemócrata español: el crecimiento de las administraciones ha ampliado también los ámbitos en los que los partidos pueden influir mediante nombramientos, presupuestos y decisiones públicas.
Cuanto mayor es el aparato político y administrativo, mayor importancia adquieren los mecanismos que deben vigilarlo.
Sin controles eficaces, el ciudadano corre el riesgo de quedar sometido a decisiones que afectan profundamente a su vida, pero sobre las que apenas dispone de medios para exigir explicaciones.
Por eso el debate sobre el tamaño del Estado no puede separarse del debate sobre la independencia de las instituciones.
Son cuestiones estrechamente relacionadas.
EL JUICIO DE RESIDENCIA: ANTES DE MARCHAROS, TENDRÉIS QUE RESPONDER
La tradición histórica española conoció una institución que merece ser recordada: el juicio de residencia.
Mediante él se examinaban las actuaciones de determinados funcionarios al concluir sus mandatos.
La idea de fondo sigue siendo de extraordinaria actualidad.
Quien administra el poder debe responder por sus actos.
Y quien dispone del dinero público debe justificar cómo lo utiliza.
No basta con terminar una legislatura.
No basta con abandonar un ministerio.
No basta con perder unas elecciones.
Debe existir una rendición de cuentas rigurosa sobre la gestión realizada.
Cuánto se gastó.
Qué contratos se adjudicaron.
Cuánto costaron finalmente las obras.
Qué modificaciones presupuestarias se aprobaron.
Qué obligaciones quedaron pendientes.
Qué resultados se obtuvieron.
Y qué responsabilidades legales existen cuando aparecen corrupción, abusos o negligencias graves.
La responsabilidad no puede diluirse indefinidamente entre ministerios, consejerías, organismos y funcionarios.
Tampoco pueden desaparecer las consecuencias de los actos ilícitos por el simple hecho de que sus autores hayan dejado el cargo.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué se ha hecho con su dinero.
Y los responsables públicos deben afrontar las consecuencias que legalmente correspondan a sus actuaciones.
Ésa sería una reforma institucional de verdadero alcance.
Muy distinta de las habituales declaraciones sobre regeneración democrática que terminan convirtiéndose en otra colección de discursos.
MEDIO SIGLO DESPUÉS, ¿QUÉ QUEDA DEL CONSENSO SOCIALDEMÓCRATA?
Después de cincuenta años, España dispone de una economía más desarrollada en numerosos aspectos, pero también arrastra una serie de problemas cuya persistencia exige explicaciones.
La industria ha experimentado transformaciones profundas.
Determinadas comarcas perdieron actividades productivas fundamentales.
La pesca, la agricultura y la ganadería trabajan bajo condiciones muy diferentes de las existentes en 1975.
Las administraciones se han multiplicado.
La deuda pública ha alcanzado magnitudes extraordinarias.
El acceso a la vivienda constituye una dificultad para numerosos ciudadanos.
Y el funcionamiento de determinadas instituciones continúa despertando controversias sobre la independencia, la responsabilidad y los límites del poder político.
El análisis del consenso socialdemócrata no debería reducirse a determinar qué partido ha gobernado durante más años.
La cuestión fundamental es examinar qué decisiones compartieron PSOE y PP, qué estructuras conservaron y qué consecuencias produjo esa continuidad.
Porque una parte considerable de nuestra organización política ha sobrevivido a sucesivas alternancias.
Y muchas reformas prometidas desde la oposición han terminado perdiendo fuerza cuando sus defensores alcanzaron el Gobierno.
El turnismo explica esa continuidad entre partidos.
El gatopardismo de Lampedusa explica la facilidad con la que las grandes promesas de transformación pueden terminar convertidas en reformas superficiales.
Y Mancur Olson permite comprender los incentivos económicos de quienes administran una fuente permanente de ingresos públicos.
El resultado es una pregunta extraordinariamente incómoda.
¿Hasta qué punto las estructuras del Estado sirven a los ciudadanos y hasta qué punto su conservación responde también a los intereses de quienes las administran?
Porque la riqueza no la producen las declaraciones ministeriales.
Ni las comisiones parlamentarias.
Ni las ceremonias de inauguración.
La riqueza la producen las personas que trabajan, invierten, investigan, cultivan, fabrican y comercian.
Y el poder político debe justificar los recursos que exige a esas personas.
No al revés.
EL GRAN BALANCE: QUE NO VUELVAN A VENDERNOS EL MISMO MILAGRO
Ésta es la cuestión que debería ocupar el centro de cualquier discusión seria sobre el último medio siglo español.
No se trata de escuchar otra vez que vivimos en una época extraordinaria.
Ni de celebrar solemnemente los aniversarios de nuestras instituciones.
Ni de escuchar una nueva promesa de transformación nacional.
Se trata de hacer cuentas.
¿Qué España recibieron quienes comenzaron a gobernar después de 1975?
¿Qué industrias desaparecieron y por qué?
¿Qué actividades podían haberse conservado?
¿Qué inversiones produjeron riqueza duradera?
¿Cuánto costaron las sucesivas reformas?
¿Qué resultados ha proporcionado la organización territorial?
¿Cuántos recursos consume el aparato político y administrativo?
¿Qué responsabilidades se exigieron por los abusos y los despilfarros?
¿Y cuánto deberán pagar las generaciones futuras por las decisiones adoptadas durante estos cincuenta años?
Porque el progreso no consiste en sustituir fábricas por oficinas de subvenciones, ni en multiplicar organismos, ni en anunciar inversiones que acabarán pagando otros.
La verdadera prosperidad exige capacidad productiva, seguridad jurídica, instituciones eficaces, cuentas públicas sostenibles y libertad para trabajar, emprender y desarrollar proyectos personales.
Y la democracia exige algo más que votar periódicamente.
Exige que quienes gobiernan estén sometidos a controles efectivos.
Que el dinero público sea administrado escrupulosamente.
Y que las responsabilidades no desaparezcan cuando cambia el inquilino de un despacho oficial.
Después de medio siglo de consenso socialdemócrata, la pregunta no debería ser únicamente quién gobernará España durante los próximos cuatro años.
La pregunta es qué estructuras deben reformarse, qué decisiones deben revisarse y qué mecanismos permitirán exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder.
Cánovas y Sagasta pertenecen a los libros de historia.
El gatopardo de Lampedusa pertenece a la literatura.
Y el bandido asentado en el poder de Mancur Olson pertenece a la teoría económica.
Pero las tres figuras proporcionan instrumentos muy útiles para analizar la España contemporánea.
El turnismo cambia los gobernantes. El gatopardismo conserva las estructuras. Y el bandido asentado en el poder nos recuerda que quien controla la recaudación dispone de un extraordinario instrumento para perpetuar su influencia.
La cuestión decisiva es quién controla a quienes administran ese poder y qué resultados obtiene la sociedad a cambio de los recursos que entrega.
Medio siglo debería haber sido tiempo suficiente para responder.
Y si nuestros gobernantes no han sabido hacerlo, corresponde a los ciudadanos exigir las cuentas que llevan demasiado tiempo pendientes.
Porque los españoles no estamos obligados a agradecer a ningún político que administre el dinero obtenido mediante nuestros impuestos.
Estamos legitimados para exigir que lo administre correctamente.
Y quien haya cometido actos ilícitos o negligencias que generen responsabilidad debe afrontar las consecuencias.
Que cambien los gobiernos cuanto quieran. Lo que no puede permanecer eternamente es la costumbre de gastar dinero ajeno y dejar las facturas, las explicaciones y los problemas para quienes vengan después.
Ése es el verdadero asunto pendiente de este medio siglo.
Y ése es el debate que ninguna declaración solemne, ningún aniversario ni ninguna nueva promesa de modernización debería volver a ocultar.
