¡NO ROBÉIS!, DIJO EL LADRÓN… DIGO LA PSOE
LA CORRUPCIÓN, LA FALTA DE DECENCIA Y LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES SIGUEN VOTANDO A LOS MISMOS
7 de noviembre de 2026
RAMIRO GRAU MORANCHO Y CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.
Hay algo peor que la corrupción: la absoluta falta de DECENCIA de quienes la practican, la encubren, la disculpan o miran hacia otro lado cuando los corruptos son de los suyos. Y todavía hay algo más irritante: que esos mismos personajes tengan el cuajo de presentarse ante los ciudadanos como ejemplos de honradez, guardianes de la democracia, defensores de los trabajadores y depositarios exclusivos de la superioridad moral.
¡Hay que tener una cara que se la pisa uno!
Porque robar está mal, además de ser un delito. Pero robar y después pronunciar discursos contra los ladrones constituye una forma de hipocresía que merece capítulo aparte.
Y si, además, quienes se llenan la boca hablando de honradez llevan décadas perteneciendo a organizaciones salpicadas por escándalos de corrupción, el espectáculo alcanza unas proporciones verdaderamente grotescas.
La corrupción no deja de ser corrupción porque el responsable lleve un carné socialista en el bolsillo, invoque la justicia social o se fotografíe rodeado de trabajadores.
Tampoco se convierte en una conducta respetable cuando el beneficiario pertenece al Partido Popular, a Vox o a cualquier otra organización.
Pero hoy vamos a hablar especialmente de la PSOE, que es como servidor prefiere llamar a esa organización política que lleva tantos años presentándose como defensora de los humildes mientras determinados dirigentes suyos han protagonizado algunos de los mayores escándalos de corrupción de nuestra historia democrática.
Y no voy a limitarme a hablar de delitos.
Voy a hablar, sobre todo, de algo que parece haber desaparecido del vocabulario de buena parte de nuestros gobernantes: LA DECENCIA.
Porque la decencia no consiste simplemente en evitar que un juez termine enviándote a prisión.
La decencia es no apropiarse de lo ajeno, no utilizar el cargo para favorecer a familiares o amigos, no mentir deliberadamente, no encubrir irregularidades, no aprovecharse de los recursos públicos y no confundir los intereses generales con los intereses particulares o los de un partido político.
La decencia es administrar honradamente el dinero que otros han ganado trabajando.
Es comprender que un ministro no es dueño de su ministerio, que un alcalde no es propietario del ayuntamiento, que un presidente autonómico no es señor feudal de su región y que el presidente del Gobierno no puede comportarse como si España fuera una finca particular.
Y la decencia es, también, reconocer las responsabilidades propias sin esperar a que un tribunal las determine.
Porque hay una diferencia fundamental que algunos parecen empeñados en ignorar: NO TODO LO INDECENTE ES DELITO, PERO TODO DELITO DE CORRUPCIÓN COMETIDO DESDE UN CARGO PÚBLICO CONSTITUYE UNA GRAVÍSIMA FALTA DE DECENCIA.
Durante los gobiernos de Felipe González conocimos episodios que deberían haber servido para avergonzar durante décadas a sus responsables políticos.
Ahí estuvieron Filesa, Malesa y Time Export, nombres que quedaron asociados a la financiación irregular del PSOE.
Ahí estuvo Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, que convirtió su paso por uno de los cargos más importantes del Estado en un escándalo de enriquecimiento ilícito.
Ahí estuvieron los fondos reservados, utilizados indebidamente por responsables del Ministerio del Interior.
Y ahí estuvieron los GAL, los crímenes de Lasa y Zabala y la guerra sucia contra ETA, asuntos de una gravedad todavía mayor, porque no se trataba únicamente de apropiarse de dinero público, sino de utilizar criminalmente los poderes del Estado.
Aquello no fueron simples equivocaciones administrativas ni pequeñas irregularidades contables.
Hubo delitos acreditados, condenas y responsabilidades personales de enorme gravedad.
Y, sin embargo, siempre aparecían explicaciones, disculpas, justificaciones y personajes dispuestos a defender lo indefendible.
¡Qué extraordinaria facilidad tienen algunos para encontrar atenuantes morales cuando los delincuentes son compañeros de partido!
Cuando el corrupto pertenece a la organización contraria, se exige cárcel, devolución del dinero, dimisiones y responsabilidades políticas hasta el último despacho.
Cuando pertenece a la propia, comienzan los matices, las conspiraciones, las persecuciones judiciales y los discursos sobre la presunción de inocencia, principio imprescindible que no impide reconocer los delitos cuando han quedado acreditados.
Porque la presunción de inocencia protege frente a condenas sin pruebas. No convierte en inocente a quien ya ha sido condenado mediante una sentencia firme.
Pasaron los años, cambiaron los dirigentes, llegaron nuevos gobiernos y aparecieron nuevos escándalos.
Andalucía ofreció uno de los ejemplos más bochornosos de utilización irregular de fondos públicos destinados a trabajadores y empresas en dificultades.
El asunto de los ERE puso al descubierto un sistema de concesión de ayudas plagado de anomalías y permitió conocer numerosos abusos y conductas fraudulentas.
Las posteriores resoluciones del Tribunal Constitucional anularon varias condenas de antiguos responsables políticos, lo que debe respetarse al examinar las responsabilidades penales. Pero aquello no borra las irregularidades descubiertas ni los delitos acreditados en distintos procedimientos relacionados con las ayudas.
Y aquí aparece una cuestión especialmente repugnante: el dinero destinado a atender necesidades sociales debe ser objeto de una vigilancia particularmente rigurosa.
Porque aprovecharse de recursos destinados a trabajadores en dificultades, desempleados o personas necesitadas supone una traición especialmente grave a la confianza pública.
¡Y que semejantes episodios hayan afectado a responsables de un partido que lleva la palabra «Obrero» en su nombre tiene una ironía verdaderamente amarga!
Después llegó Pedro Sánchez.
El hombre de la regeneración democrática.
El presidente que alcanzó el Gobierno mediante una moción de censura presentada tras la sentencia del caso Gürtel.
El dirigente que prometía ejemplaridad, transparencia, limpieza y una nueva manera de ejercer el poder.
Y conviene reconocer algo: el caso Gürtel fue un escándalo gravísimo. El Tribunal Supremo confirmó en 2020 numerosas condenas y la responsabilidad civil del Partido Popular como partícipe a título lucrativo.
No hay razón para disculpar aquello.
Pero precisamente por eso resulta tan llamativo lo ocurrido posteriormente en el entorno político del Gobierno socialista.
Porque José Luis Ábalos no era un desconocido que pasaba casualmente por la sede de Ferraz.
Fue ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y uno de los dirigentes más importantes del partido.
Koldo García tampoco apareció por generación espontánea. Fue estrecho colaborador suyo y tuvo acceso a ámbitos de notable responsabilidad política.
Y ambos terminaron condenados por el Tribunal Supremo, en junio de 2026, por gravísimos delitos relacionados con contratos de mascarillas y otras actuaciones.
Ábalos recibió una condena de veinticuatro años y tres meses de prisión. Koldo García, de diecinueve años y ocho meses. El empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio, aunque se suspendió la ejecución de su pena por su colaboración con la Justicia.
La sentencia acreditó delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, según las responsabilidades concretas de cada condenado.
¡Y pensar que todo esto sucedía mientras se pronunciaban interminables discursos sobre la ejemplaridad socialista!
Porque aquellos contratos no eran negocios particulares entre comerciantes que arriesgaban su propio patrimonio.
Se adjudicaban desde organismos públicos, con recursos públicos, durante una pandemia en la que millones de españoles padecían restricciones, incertidumbre, pérdidas económicas y situaciones personales verdaderamente dramáticas.
Mientras unos ciudadanos cerraban sus establecimientos y otros perdían sus empleos, hubo quienes encontraron oportunidades delictivas alrededor de contratos financiados con el dinero de todos.
Y no estamos hablando de sospechas periodísticas. Estamos hablando de hechos acreditados judicialmente.
¿Dónde estaba la decencia?
¿Dónde quedaron los discursos sobre solidaridad?
¿Dónde estaba la obligación elemental de administrar con escrúpulo el dinero de los contribuyentes?
Pedro Sánchez no es penalmente responsable de los delitos cometidos por Ábalos simplemente por haberlo nombrado ministro. La responsabilidad penal es personal.
Pero eso no resuelve la cuestión de la responsabilidad política.
Porque un presidente no puede pretender atribuirse todos los méritos de quienes nombra y desentenderse de todas sus faltas.
Si un ministro inaugura una infraestructura, el presidente aparece en la fotografía.
Si un ministro anuncia una medida popular, el presidente se atribuye el éxito del Gobierno.
Si se obtiene un resultado favorable, todos parecen dispuestos a celebrarlo como fruto de su magnífica dirección política.
Pero cuando un antiguo ministro y secretario de Organización termina condenado a veinticuatro años de prisión, aparecen las explicaciones sobre la actuación individual de los culpables y el desconocimiento de sus superiores.
¡Estupendo negocio el de mandar sin responder políticamente por los nombramientos y decisiones propios!
Y no terminó ahí la historia.
Las investigaciones por presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones de obras públicas alcanzaron a otros antiguos responsables, entre ellos Santos Cerdán, también secretario de Organización socialista, cuya responsabilidad penal en esa causa continúa pendiente de resolución.
El pasado 5 de noviembre, apenas dos días antes de escribir estas líneas, la Guardia Civil realizó nuevos registros, solicitó documentación a Adif y practicó seis detenciones, seguidas de la puesta en libertad de los detenidos, dentro de una nueva investigación relacionada con el caso Koldo.
Y uno se pregunta cuántos contratos, adjudicaciones, informes, decisiones y movimientos de dinero tendrán que examinarse hasta conocer completamente lo sucedido.
Porque aquí no hablamos solamente de las cantidades que unos individuos pudieran introducir en sus bolsillos.
También hablamos de los efectos de la corrupción sobre el coste de las obras públicas, la competencia entre empresas y la confianza de los ciudadanos.
Cuando una adjudicación se obtiene mediante sobornos, no sólo comete un delito quien cobra.
También debe investigarse a quien paga.
Porque el empresario corruptor no suele repartir dinero por amor al prójimo, sino porque espera obtener beneficios a cambio.
Y esos beneficios pueden salir de contratos que pagamos todos los españoles.
Por eso la persecución de la corrupción debe alcanzar tanto a quienes aceptan mordidas como a quienes las ofrecen.
Sin excepciones.
Sin privilegios.
Sin mirar el carné de partido.
Y, por supuesto, recuperando todo el dinero que sea posible.
Porque condenar a un corrupto sin intentar recuperar el beneficio obtenido mediante su delito deja incompleta la reparación del daño causado.
Otro episodio especialmente llamativo se produjo en Badajoz.
En julio de 2026, la Audiencia Provincial condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa relacionada con su contratación en la Diputación Provincial.
Miguel Ángel Gallardo, antiguo presidente de dicha institución y dirigente socialista extremeño, recibió una condena de dieciocho años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. La sentencia fue recurrida y no era firme.
El tribunal consideró que se habían producido actuaciones arbitrarias relacionadas con la creación y modificación de puestos públicos.
Y conviene recordar que, en España, miles de ciudadanos pasan años estudiando, preparando oposiciones, acreditando méritos y compitiendo honradamente para obtener una plaza.
¿Con qué autoridad moral puede hablar de igualdad de oportunidades quien favorece arbitrariamente a determinadas personas en el acceso al empleo público?
¿Y qué respeto demuestra hacia los contribuyentes quien utiliza una institución para conceder ventajas indebidas?
Porque los puestos pagados con dinero público no son regalos que puedan repartirse entre familiares, amigos o compañeros de partido.
No son propiedades de quienes gobiernan.
No forman parte del patrimonio particular del presidente de una diputación, un alcalde o un ministro.
Pertenecen a una Administración que debe actuar con arreglo a la ley y al servicio de todos.
La decencia empieza precisamente por comprender que aquello que pertenece a todos no puede administrarse como si perteneciera a unos pocos.
Pero la corrupción no es exclusivamente un problema del PSOE.
El PP tiene su propia historia judicial, y tampoco merece indulgencia por sus escándalos.
Y allí donde existan gobiernos, presupuestos, adjudicaciones y personas con capacidad para favorecer indebidamente a terceros, pueden aparecer oportunidades para la corrupción.
En ministerios, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.
En empresas públicas, organismos, fundaciones y entidades que manejan recursos de los contribuyentes.
En organizaciones políticas y también en aquellas entidades que reciben y administran subvenciones públicas.
Por eso resulta imprescindible que existan controles rigurosos, fiscalización independiente, transparencia en los contratos y responsabilidades efectivas.
Y sería igualmente conveniente reducir las oportunidades de repartir discrecionalmente cargos y favores.
Porque no hay razón para mantener organismos innecesarios, multiplicar puestos políticos o crear estructuras administrativas que sirven principalmente para colocar personas próximas a quienes gobiernan.
Cada cargo público tiene que estar justificado.
Cada gasto debe responder a una necesidad real.
Cada contrato debe poder explicarse.
Y cada responsable debe rendir cuentas.
Porque el dinero público no cae del cielo.
Sale de los impuestos que pagan millones de españoles, de los beneficios de empresas que producen bienes y servicios, de los salarios de los trabajadores y de una deuda que terminarán soportando también las generaciones futuras.
Y cuando alguien se apropia ilegalmente de esos recursos no está perjudicando a una entidad abstracta llamada Estado.
Está perjudicando a personas concretas.
A quien paga impuestos.
A quien trabaja.
A quien emprende.
A quien necesita servicios públicos dignos.
Y a quien todavía no ha nacido, pero tendrá que afrontar las obligaciones económicas que le dejemos.
Por eso es tan importante insistir en la DECENCIA.
No basta con anunciar nuevas leyes contra la corrupción después de cada escándalo.
No basta con crear organismos, comisiones y observatorios.
No basta con pronunciar solemnes declaraciones sobre transparencia.
La decencia se demuestra administrando correctamente, explicando las decisiones y asumiendo responsabilidades.
No basta con que un gobernante procure no terminar condenado. Debe comportarse como una persona decente.
Y aquí llegamos a una cuestión que seguramente incomodará a más de uno.
Porque hasta ahora hemos hablado de quienes gobiernan, de quienes delinquen y de quienes ejercen responsabilidades políticas.
Pero existe otra parte de la historia que demasiadas veces preferimos ignorar.
LOS CIUDADANOS. LOS ELECTORES. NOSOTROS MISMOS.
Se repite con frecuencia que tenemos los gobernantes que nos merecemos.
La expresión es dura y, aplicada sin matices, puede resultar injusta para quienes nunca respaldaron a los responsables de determinados abusos.
Pero encierra una advertencia que conviene tomarse muy en serio.
En una democracia, los gobernantes llegan al poder mediante los votos y los procedimientos establecidos.
No aparecen por arte de magia.
No brotan espontáneamente de los despachos ministeriales.
No caen del cielo acompañados de sus asesores, secretarios y coches oficiales.
Son elegidos directamente o alcanzan el Gobierno mediante mayorías parlamentarias surgidas de las urnas.
Y, por tanto, los ciudadanos también tenemos una responsabilidad en la calidad de nuestras instituciones.
¡Y menudo asunto es ése!
Porque resulta curioso comprobar cómo una sociedad en la que casi todo el mundo se considera honrado, trabajador y enemigo de la corrupción termina otorgando repetidamente su confianza a organizaciones cuyos dirigentes han protagonizado graves escándalos.
¿De dónde salen tantos políticos corruptos si, por lo visto, nadie los vota?
¿Quién les concede el poder?
¿Quién respalda a sus partidos cuando ya se conocen las condenas?
¿Quién disculpa los delitos de unos mientras exige castigos ejemplares para los de otros?
¿Quién repite aquello de que todos los políticos son iguales y, sin embargo, continúa justificando cualquier actuación de los suyos?
Porque una cosa es votar de buena fe a una organización cuyos dirigentes cometen delitos ocultos a los ciudadanos.
Y otra muy distinta es conocer hechos probados, disculparlos sistemáticamente y considerar que la corrupción deja de tener importancia cuando afecta al partido preferido.
El primer elector puede haber sido engañado.
El segundo tiene que examinar seriamente su propia conducta.
No significa que votar a una organización convierta a nadie en responsable penal de los delitos de sus dirigentes. Tampoco significa que el ciudadano disponga siempre de alternativas satisfactorias.
Pero la honradez personal exige aplicar el mismo criterio a todos.
Y aquí aparece una de las contradicciones más llamativas de nuestra vida política.
Cuando la corrupción afecta al partido contrario, se reclama la máxima severidad.
Cuando afecta al propio, aparecen las explicaciones, las disculpas y las supuestas conspiraciones.
Si el acusado es adversario político, se exige su dimisión inmediata.
Si pertenece a los nuestros, se pide esperar hasta que hayan terminado todos los procedimientos imaginables.
Si condenan a uno de los otros, se presenta la sentencia como demostración de la corrupción de toda su organización.
Si condenan a uno de los nuestros, se insiste en que se trata de una conducta exclusivamente individual que nada tiene que ver con el partido.
¡Qué extraordinaria elasticidad tiene la conciencia de algunos!
Y qué fácil resulta defender principios morales cuando su aplicación no perjudica nuestros intereses.
Porque la decencia no puede cambiar con el resultado electoral.
No existe una honradez de izquierdas y otra de derechas.
Ni una corrupción admisible cuando favorece a los nuestros e intolerable cuando perjudica al adversario.
El dinero robado es dinero robado, con independencia de la ideología del ladrón.
Y quien exige honradez a los demás tiene la obligación de practicarla y defenderla también entre los suyos.
Por eso conviene recordar aquella frase tantas veces atribuida a Albert Einstein, aunque no existan pruebas de que fuera suya:
«LOCURA ES HACER LO MISMO UNA Y OTRA VEZ Y ESPERAR RESULTADOS DIFERENTES».
¿No resulta aplicable a determinados comportamientos electorales?
¿No es disparatado disculpar una y otra vez las mismas prácticas y esperar que desaparezcan espontáneamente?
¿No es absurdo cerrar los ojos ante las irregularidades de los propios y sorprenderse después cuando aparecen nuevos escándalos?
¿Qué sentido tiene reclamar una regeneración política que uno mismo no está dispuesto a exigir a quienes reciben su confianza?
Porque los partidos no cambian simplemente porque lleguen nuevas elecciones.
Cambian cuando existen responsabilidades, controles efectivos, exigencias de los ciudadanos y consecuencias políticas para las conductas que merecen reproche.
Y mientras la fidelidad a unas siglas pese más que la honradez, seguirán existiendo incentivos para disculpar lo que debería ser condenado.
La regeneración de la política española requiere instituciones capaces de impedir los abusos y ciudadanos dispuestos a exigir la misma decencia a todos.
También a sus representantes preferidos.
También a quienes comparten sus ideas.
También a quienes han votado durante toda la vida.
Porque la conciencia no debería entregarse junto con la papeleta electoral.
Votar no significa renunciar al juicio propio.
Ni entregar una autorización para que los elegidos hagan lo que les venga en gana.
Ni comprometerse a defenderlos cuando sus actuaciones resultan indefendibles.
El verdadero ejercicio de la ciudadanía exige vigilar a quienes gobiernan, exigir explicaciones y retirar la confianza cuando existan razones suficientes.
Y eso es mucho más importante que repetir consignas, agitar banderas o participar en interminables disputas entre partidos.
UNA SOCIEDAD DECENTE NO PUEDE CONFORMARSE CON QUE SUS DIRIGENTES SEAN MENOS CORRUPTOS QUE LOS DEL BANDO CONTRARIO. DEBE EXIGIR HONRADEZ A TODOS.
Por eso, señores de la PSOE, ahórrennos las lecciones de superioridad moral.
No necesitamos que nos expliquen que la corrupción es mala.
Lo aprendimos hace muchos años.
Tampoco necesitamos que nos recuerden los escándalos del Partido Popular como si los de su organización no hubieran existido.
Los delitos ajenos no borran los propios.
Las condenas de Gürtel no desaparecen por las de Ábalos, ni las condenas de Ábalos dejan de existir porque hubiera corrupción en el PP.
Cada responsable debe responder de sus actos.
Y cada partido tiene que dar explicaciones sobre sus dirigentes, sus nombramientos y sus actuaciones.
Sin utilizar los delitos ajenos como excusa para eludir las responsabilidades propias.
Y a nosotros, los ciudadanos, también nos corresponde abandonar esa costumbre tan extendida de exigir una honradez extraordinaria a los adversarios mientras perdonamos cualquier comportamiento a nuestros correligionarios.
Porque si de verdad queremos una España con gobernantes decentes, no basta con reclamarlo desde el sofá, indignarse ante el televisor o protestar durante una conversación entre amigos.
Tenemos que aplicar nuestros principios cuando examinamos la conducta de quienes ejercen el poder.
LA DECENCIA NO SE PROCLAMA. SE PRACTICA.
Y no comienza en el despacho del presidente del Gobierno.
Comienza también en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la manera de tratar a los demás y en la exigencia de honradez que aplicamos a nuestros representantes.
No se trata de pedir santos para gobernar.
Se trata de exigir personas capaces de administrar recursos ajenos sin aprovecharse de ellos, respetar las leyes, reconocer responsabilidades y comprender que ejercer un cargo público no concede privilegio moral alguno.
Y se trata de comprender que la democracia no consiste únicamente en votar cada cierto número de años.
También consiste en vigilar, fiscalizar y exigir cuentas a quienes han recibido nuestra confianza.
Porque los políticos corruptos no pueden actuar impunemente cuando las instituciones funcionan y la ciudadanía no tolera sus abusos.
Pero cuando las responsabilidades políticas se diluyen, los controles fallan y los electores disculpan sistemáticamente la corrupción de los suyos, la regeneración se convierte en una promesa que nunca termina de cumplirse.
Y así volvemos al principio.
A la indignación de quienes descubren un nuevo escándalo.
A las solemnes promesas de limpieza.
A los discursos sobre honradez.
A las acusaciones cruzadas.
A las explicaciones sobre la conducta individual de los culpables.
Y a los ciudadanos que, después de contemplar una vez más el espectáculo, se preguntan cómo hemos podido llegar hasta aquí.
Pues quizá deberíamos empezar por preguntarnos qué hemos hecho para evitarlo.
Porque TENEMOS LOS GOBERNANTES QUE NOS MERECEMOS es una frase que invita a examinar no sólo la conducta de nuestros representantes, sino también nuestra disposición a justificarla.
Y si seguimos tolerando lo que decimos despreciar, no debería sorprendernos que continúen apareciendo los mismos problemas.
Quede, pues, una exigencia por encima de todas las demás:
¡DECENCIA, SEÑORES, DECENCIA!
Decencia para gobernar.
Decencia para administrar.
Decencia para no robar.
Decencia para no encubrir.
Decencia para asumir responsabilidades.
Y decencia para juzgar con el mismo criterio a los propios y a los ajenos.
Porque no necesitamos gobernantes que se proclamen moralmente superiores.
Necesitamos gobernantes honrados, responsables y sometidos a controles eficaces.
Y ciudadanos que no estén dispuestos a disculpar la corrupción por conveniencia política.
De manera que, cuando volvamos a escuchar un solemne discurso contra los ladrones pronunciado por quienes tienen graves escándalos a sus espaldas, recordemos el título de estas líneas:
«¡NO ROBÉIS!, DIJO EL LADRÓN… DIGO LA PSOE».
Y añadamos algo que debería resultar igualmente evidente:
«¡Y VOSOTROS, LOS QUE LOS ELEGÍS, TENED TAMBIÉN LA DECENCIA DE NO JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE!»
Porque repetir indefinidamente las mismas conductas y esperar resultados diferentes no es regenerar nada.
Es empeñarse en tropezar con la misma piedra y fingir sorpresa cada vez que terminamos en el suelo.
¡Y DESPUÉS TODAVÍA NOS PREGUNTAMOS POR QUÉ TENEMOS LOS GOBERNANTES QUE TENEMOS!
