Aquellos tiempos de la mayoría absolutísima del Partido Popular: las promesas electorales abandonadas, la reforma del aborto enterrada, la Justicia sometida al reparto partidista, el separatismo catalán, ETA y el final de Rajoy abriendo las puertas de la Moncloa a Pedro Sánchez.

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS

PARA QUE NO SE OLVIDE Y LOS ESPAÑOLES NO VUELVAN A SER ENGAÑADOS: DE RAJOY A FEIJÓO, ¿OTRA VEZ «DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO»?

En noviembre de 2011, Mariano Rajoy consiguió para el Partido Popular una mayoría absoluta de 186 diputados. ¡Ciento ochenta y seis! Tenía votos suficientes para aprobar las principales reformas prometidas sin pedir permiso al PSOE, a los nacionalistas ni a los separatistas.

Era una oportunidad extraordinaria para demostrar que el PP representaba una alternativa política verdaderamente distinta.

¿Y qué ocurrió?

Una sucesión de rectificaciones, renuncias e incumplimientos que afectaron a compromisos fundamentales de su programa electoral.

Prometió no subir los impuestos y acabó subiéndolos, incluido el IVA general, que pasó del 18 al 21 %.

Prometió que los jueces elegirían a doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero conservó su elección parlamentaria. El PP denunció durante años el reparto partidista de la Justicia y, cuando tuvo mayoría absoluta para modificarlo, decidió mantenerlo.

Prometió reformar la legislación del aborto, y Alberto Ruiz-Gallardón preparó el correspondiente anteproyecto. Pero en septiembre de 2014 Rajoy lo retiró alegando falta de consenso. ¡Falta de consenso con 186 diputados! Gallardón dimitió como ministro, renunció a su escaño y abandonó la política.

Y mientras tanto, el separatismo catalán avanzaba hacia la ruptura con España.

En octubre de 2017, después del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia, Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución. Pero lo hizo mediante una intervención temporal, sin asumir el control directo de TV3 y Catalunya Ràdio, sin emprender una reforma duradera de la enseñanza catalana y convocando inmediatamente elecciones autonómicas. La ilegalización de partidos, que requería causas legales y una resolución judicial, tampoco se promovió.

Para colmo, Carles Puigdemont salió de España y se instaló en Bélgica, antes de que se dictara la orden judicial internacional de detención.

Tampoco puede olvidarse la evolución de la política frente a ETA y su antiguo entorno. El PP había denunciado duramente las decisiones de Zapatero, pero durante el Gobierno de Rajoy la izquierda separatista vasca consolidó su presencia institucional. Algunas decisiones decisivas, como la legalización de Sortu o el final de la doctrina Parot, fueron judiciales y no gubernamentales; eso no impide examinar las contradicciones entre el discurso político del PP y los resultados de aquella etapa.

Y llegó el desenlace.

En 2015, el Partido Popular perdió 63 diputados y su mayoría absoluta. En 2016 recuperó parte de los escaños, pero quedó obligado a gobernar en minoría.

Rajoy todavía podía haber convocado elecciones anticipadas antes de que se presentara la moción de censura de mayo de 2018. No lo hizo.

Finalmente, el 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez llegó a la Moncloa gracias a una moción respaldada, entre otros, por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu.

Así terminó el Gobierno que había comenzado con 186 diputados.

No todo cuanto prometió el PP quedó incumplido: aprobó, por ejemplo, la prisión permanente revisable. Tampoco existe un recuento independiente que demuestre que incumplió casi la totalidad de su programa. Pero los incumplimientos y las contradicciones documentadas afectan a asuntos de enorme importancia política.

Y ahora aparece Alberto Núñez Feijóo, al frente del mismo Partido Popular, anunciando reformas y presentándose como alternativa a Pedro Sánchez.

Feijóo no es responsable personalmente de todas las decisiones de Rajoy. Pero sí cabe exigirle que explique qué haría de manera distinta y por qué las promesas actuales del PP resultarían más fiables que las que quedaron abandonadas durante aquella mayoría absoluta.

Porque los españoles no deberían olvidar lo que ocurrió cuando el Partido Popular tuvo votos de sobra para gobernar.

No basta con prometer que se hará lo contrario de Sánchez. Hay que explicar qué se pretende cambiar, cómo se hará y qué ocurrió con los compromisos anteriores.

La memoria electoral no debería caducar cada cuatro años.

Y antes de escuchar nuevas promesas conviene recordar aquel castizo refrán que tan bien retrata determinadas rectificaciones políticas:

«DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO».

¡Que la hemeroteca no sea solamente un almacén de periódicos viejos! Que sirva también para exigir cuentas a quienes vuelven a pedir la confianza de los españoles.

SI QUIERES PROFUNDIZAR, RECORDAR E INCLUSO SABER MÁS, SIGUE LEYENDO.

Una mirada a la hemeroteca para recordar lo que decía el Partido Popular cuando pedía el voto, lo que hizo cuando tuvo 186 diputados y las responsabilidades políticas que todavía merecen explicaciones.

Dicen que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus errores. No es una ley de la naturaleza, naturalmente, pero contiene una advertencia que convendría tener muy presente cuando se acercan las elecciones y los políticos vuelven a sacar del cajón sus promesas de toda la vida.

Porque en España hay una costumbre verdaderamente extraordinaria: los partidos políticos comparecen ante los electores prometiendo reformas, cambios profundos, reducción de impuestos, regeneración de las instituciones y toda clase de maravillas. Después, cuando alcanzan el Gobierno, descubren las dificultades, los inconvenientes, los consensos necesarios y las razones por las que no pueden hacer lo que habían asegurado que harían.

Y vuelta a empezar.

El refranero español lo explica con mucha más claridad y bastante menos palabrería: «Donde dije digo, digo Diego».

Pocas trayectorias políticas permiten recordar tantas contradicciones como la del Partido Popular durante los años en que Mariano Rajoy presidió el Gobierno.

Y conste que no estamos hablando de un presidente que tuviera que mendigar votos para aprobar sus leyes, ni de un Gobierno sometido desde el primer momento a los caprichos de cinco o seis partidos minoritarios.

¡Qué va!

Estamos hablando de un partido que, en noviembre de 2011, obtuvo nada menos que 186 diputados.

¡Ciento ochenta y seis!

Diez por encima de la mayoría absoluta.

Con aquella fuerza parlamentaria, el Partido Popular podía sacar adelante sus principales reformas legislativas sin necesitar los votos socialistas, nacionalistas o separatistas, siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución.

El electorado le había entregado una oportunidad extraordinaria.

Y ahora, casi quince años después, resulta legítimo preguntarse qué hizo con ella.

Sobre todo cuando Alberto Núñez Feijóo vuelve a formular promesas de reformas políticas, judiciales, fiscales e institucionales y se presenta como alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Porque Feijóo no fundó un partido nuevo. Preside el mismo Partido Popular que gobernó con Rajoy.

Y aunque no es responsable personalmente de todas las decisiones de aquel Gobierno, sí tiene pendiente explicar qué aprendió su partido de aquella experiencia y por qué deberían resultar más creíbles unas promesas semejantes.

De ahí que merezca la pena volver a la hemeroteca.

No para inventar lo que pasó, sino precisamente para impedir que se olvide.

Una mayoría absoluta para cambiar España… o para seguir como antes

El 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular obtuvo una victoria electoral histórica.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero terminaba su mandato después de una gravísima crisis económica, con millones de desempleados, una deuda pública creciente y un profundo descontento social.

Mariano Rajoy había pasado años denunciando la política económica del PSOE, los incrementos tributarios, las decisiones sobre la Justicia y determinadas reformas legislativas.

Prometía hacer las cosas de otra manera.

Y millones de españoles le creyeron.

Lo importante es que la mayoría absoluta eliminaba una de las excusas más utilizadas por nuestros gobernantes: la falta de apoyos parlamentarios.

Rajoy podía llevar al Congreso sus proyectos y aprobarlos con sus propios diputados.

No tenía que pactar con Esquerra Republicana de Catalunya. No necesitaba los votos del Partido Nacionalista Vasco. No dependía de Convergència i Unió ni de ningún otro grupo minoritario para aprobar las leyes ordinarias y orgánicas.

Sin embargo, pronto empezó a quedar claro que no todas las promesas electorales iban a convertirse en leyes.

Aparecieron las rectificaciones. Después, las renuncias. Y también algunas decisiones directamente contrarias a lo defendido antes de las elecciones.

No tenemos un recuento independiente que permita afirmar con exactitud qué porcentaje del programa quedó incumplido. De hecho, el propio PP llegó a presumir en 2015 de haber cumplido más del 92 %, mediante una contabilidad que recibió críticas por la manera de considerar realizados determinados compromisos. Europa Press+1

Pero más allá de porcentajes discutibles, la hemeroteca permite comprobar una extensa cadena de contradicciones, algunas referidas a cuestiones esenciales de su proyecto político.

Y esas contradicciones merecen más atención que los triunfalismos de los dirigentes del partido.

El primer Diego: los impuestos que Rajoy prometió no subir

La historia comenzó casi inmediatamente.

Rajoy había reiterado durante la campaña electoral su propósito de no subir los impuestos. Y volvió a manifestarlo en el debate de investidura.

Pero el 30 de diciembre de 2011, apenas diez días después de tomar posesión, su Gobierno aprobó aumentos del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre bienes inmuebles.

La explicación fue que el déficit público heredado era superior al previsto.

Y, por supuesto, el Gobierno alegó que no tenía más remedio.

Sin embargo, en enero de 2012, Rajoy todavía aseguraba que no estaba previsto elevar el IVA. Explicaba que ese impuesto afectaba directamente a los precios de los productos consumidos por todos los ciudadanos y que su subida no le parecía justa.

Pues bien, en septiembre de aquel mismo año, el IVA general pasó del 18 al 21 por ciento.

El reducido pasó del 8 al 10 por ciento.

Y ahí tenemos una magnífica lección de política española.

Antes de las elecciones, subir los impuestos era una mala decisión.

Después de ganar las elecciones, subirlos se convirtió en una necesidad.

El propio Rajoy reconoció en una entrevista de septiembre de 2012 que había dicho que no elevaría el IVA.

¡Por lo menos reconoció lo que había dicho!

Aunque el reconocimiento no evitó que los españoles tuvieran que pagar más impuestos.

Podemos discutir largamente sobre el déficit heredado y la necesidad de adoptar medidas extraordinarias. Pero eso no cambia la contradicción entre la promesa y la decisión finalmente adoptada.

Y cuando un gobernante considera indispensable incumplir uno de sus compromisos fundamentales, tiene la obligación política de explicar qué ha cambiado y por qué.

El problema es que los electores no habían votado un programa electoral que dijera: «No subiremos los impuestos, salvo que luego descubramos que nos conviene hacer lo contrario».

Habían escuchado otra cosa.

Donde dije digo, digo Diego.

Y el contribuyente, a pagar.

El segundo Diego: los jueces iban a elegir a los jueces… hasta que el PP decidió conservar el reparto

Éste es uno de los episodios más reveladores de aquel Gobierno.

El Partido Popular llevaba años denunciando la influencia de los partidos políticos sobre el Consejo General del Poder Judicial.

Y prometía cambiar el sistema de elección de sus vocales.

El programa electoral de 2011 incluía expresamente el compromiso de que doce de los veinte vocales fueran elegidos de entre los jueces y magistrados por sus propios compañeros.

La Constitución permite establecer ese procedimiento mediante una ley orgánica.

Y el Partido Popular tenía 186 diputados.

En enero de 2012, Alberto Ruiz-Gallardón anunció que el Gobierno emprendería aquella reforma.

Por fin parecía que iba a ponerse término al sistema de reparto parlamentario de los puestos del órgano de gobierno de los jueces.

¿Y qué ocurrió?

Que en junio de 2013 se aprobó la Ley Orgánica 4/2013, cuyo artículo 567 establecía que los veinte vocales continuarían siendo designados por las Cortes Generales.

Los doce vocales judiciales podían presentar sus candidaturas con los correspondientes avales, pero la elección definitiva seguía correspondiendo al Congreso y al Senado. Boletín Oficial del Estado+1

¡Maravilloso!

El Partido Popular había denunciado el sistema mientras estaba en la oposición, había prometido modificarlo y, cuando dispuso de mayoría absoluta, decidió conservarlo.

No fue el PSOE quien le impidió aprobar su propuesta.

No fueron los nacionalistas catalanes.

Tampoco el PNV.

Fue el propio Gobierno del PP quien decidió no cumplir aquel compromiso.

Y aquí aparece una pregunta que sigue siendo pertinente: ¿consideraban verdaderamente los dirigentes populares que aquel sistema perjudicaba la independencia judicial o solamente les molestaba cuando eran otros quienes dominaban el reparto?

No podemos afirmar cuáles fueron las intenciones personales de cada dirigente, pero sí conocemos las decisiones.

Y conocemos sus consecuencias.

El PP conservó el sistema parlamentario que había prometido modificar.

Por eso, cuando años después volvieron a escucharse discursos sobre la independencia de la Justicia, los antecedentes de 2013 adquirieron una importancia evidente.

No basta con denunciar la influencia del adversario sobre las instituciones.

También hay que explicar qué se hizo cuando se tuvo la oportunidad de cambiar las reglas.

El tercer Diego: Gallardón quiso reformar el aborto y Rajoy enterró su proyecto

La historia de la reforma del aborto merece un capítulo especial.

Porque es difícil encontrar un ejemplo más claro de cómo una promesa electoral puede terminar abandonada por decisión de quien tiene en sus manos la mayoría necesaria para tramitarla.

El 25 de enero de 2012, Alberto Ruiz-Gallardón compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso y anunció una amplia reforma legislativa.

Entre sus compromisos figuraba modificar la legislación del aborto aprobada durante el Gobierno de Zapatero.

El Partido Popular había criticado aquella ley de 2010 y había recurrido su constitucionalidad.

El nuevo Gobierno anunciaba una regulación más restrictiva, centrada en reforzar la protección jurídica del concebido.

En diciembre de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto elaborado por Gallardón.

La reforma suscitó una oposición considerable y también importantes discrepancias internas dentro del propio PP.

Pero Rajoy seguía teniendo mayoría absoluta.

Y llegó septiembre de 2014.

El día 23, el presidente del Gobierno anunció que retiraba el proyecto.

Su explicación fue que no existía suficiente consenso y que no quería aprobar una legislación que otro Gobierno pudiera derogar posteriormente.

¡Toma ya!

Un presidente que dispone de 186 diputados y renuncia a una de sus reformas más conocidas porque no existe suficiente consenso.

¿Acaso necesitó el consentimiento del PSOE para subir los impuestos?

¿Lo buscó para aprobar la reforma laboral?

¿Lo consideró imprescindible para introducir la prisión permanente revisable?

Pues no.

Pero para reformar la legislación del aborto, el consenso se convirtió en un obstáculo decisivo.

Gallardón presentó su dimisión aquel mismo día, abandonó su escaño y anunció que dejaba la política.

No había perdido ninguna votación parlamentaria.

Su proyecto no había sido derrotado en el Congreso.

Fue el propio presidente del Gobierno quien decidió retirarlo.

Las opiniones sobre la reforma eran, y siguen siendo, profundamente diferentes. Sus partidarios consideraron su retirada una renuncia al compromiso de proteger la vida del concebido; sus adversarios celebraron que no se aprobara una legislación más restrictiva.

Pero hay un hecho que nadie puede discutir: el PP prometió reformar aquella ley y el presidente de su Gobierno decidió abandonar el proyecto más importante que había preparado su ministro de Justicia.

Después se aprobó una modificación limitada al consentimiento de los representantes legales de las menores.

La reforma general quedó enterrada.

Y Gallardón, a su casa.

Donde dije digo, digo Diego.

Cataluña: cuando llegó el desafío separatista, el Gobierno recurrió al artículo 155… pero «de aquella manera»

Y llegamos a una de las cuestiones más graves de todo el período: la actuación del Gobierno de Rajoy ante el separatismo catalán.

Desde años antes de octubre de 2017, las autoridades autonómicas catalanas venían desarrollando un proyecto político dirigido a separar Cataluña del resto de España.

No se trataba de un secreto.

Sus dirigentes anunciaban sus propósitos públicamente, aprobaban resoluciones contrarias al orden constitucional y utilizaban las instituciones de la Generalitat para promover la independencia.

El Gobierno central presentó recursos ante los tribunales y adoptó medidas para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. No puede afirmarse, por tanto, que permaneciera completamente inactivo.

Pero tampoco puede ocultarse que aquellas actuaciones no impidieron la celebración de la consulta ni la posterior declaración unilateral de independencia.

Y cuando se llegó al 27 de octubre de 2017, Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución.

¡Por fin!

El Gobierno destituyó a Puigdemont y a sus consejeros, intervino temporalmente la Administración autonómica, asumió determinadas competencias y disolvió el Parlamento de Cataluña.

Pero el mismo día convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

Y aquí comienza lo más discutible de aquella intervención.

Porque el Gobierno no asumió el control directo de TV3 ni de Catalunya Ràdio, los medios públicos catalanes que habían desempeñado un papel relevante en la difusión del proyecto separatista.

La intervención de esos medios había figurado en la propuesta inicial, pero quedó excluida del acuerdo definitivo aprobado por el Senado, después de que el PP aceptara una enmienda presentada por el PSOE. RTVE.es+1

¡Fantástico!

El Gobierno recurría a una medida constitucional extraordinaria frente a una declaración de independencia, pero renunciaba a intervenir directamente unos medios de comunicación cuya actuación había sido objeto de fuertes controversias.

Tampoco se acometió una reforma profunda del sistema educativo catalán. La Administración central asumió temporalmente las funciones correspondientes a la Generalitat, incluidas las educativas, pero la intervención no se utilizó para transformar de manera duradera el modelo de enseñanza autonómico.

Y tampoco se promovió la ilegalización de los partidos que habían participado en el proceso separatista.

Conviene precisar que el artículo 155 no permite ilegalizar partidos por decisión del Gobierno: para ello se necesita un procedimiento judicial y la concurrencia de las causas previstas legalmente. Pero nada impide examinar políticamente por qué no se promovieron otras medidas legales frente a actuaciones concretas que pudieran ser constitutivas de delito.

El problema de fondo es que aquella intervención se concibió para durar muy poco.

Se destituyó al Gobierno autonómico, se convocaron elecciones y se devolvió la administración ordinaria de Cataluña a las nuevas autoridades.

Mientras tanto, muchas de las estructuras políticas, administrativas y sociales que habían sostenido el proyecto separatista continuaron existiendo.

La convocatoria de elecciones resultaba constitucionalmente legítima. Otra cuestión muy distinta es si fue la respuesta más adecuada para afrontar las causas de aquel desafío.

Y todavía faltaba un episodio especialmente llamativo.

El 30 de octubre de 2017, Carles Puigdemont salió de España y se trasladó a Bélgica.

La orden judicial internacional de detención se dictó el 3 de noviembre, cuando ya estaba en territorio belga. RTVE.es

No está acreditado que Rajoy autorizara o facilitara personalmente aquella salida. Pero sí cabe exigir explicaciones sobre la capacidad del Estado para responder a semejante situación y sobre las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

Puigdemont terminó en Bruselas mientras España se encontraba inmersa en una crisis institucional de extraordinaria gravedad.

Y el independentismo conservó una representación parlamentaria suficiente para volver a formar Gobierno tras las elecciones de diciembre.

El artículo 155 había permitido recuperar temporalmente el control de las instituciones, pero no terminó con el problema separatista.

Ése fue el alcance de la intervención que decidió Mariano Rajoy.

ETA y su entorno político: del discurso de firmeza a la consolidación de una nueva situación

Tampoco se puede examinar aquellos años sin recordar la política seguida frente a ETA y a las organizaciones surgidas de su antiguo entorno político.

Durante los gobiernos de Zapatero, el PP había denunciado repetidamente las negociaciones con ETA y las decisiones que, a su juicio, favorecían la recuperación de la representación institucional de la izquierda vinculada históricamente a Batasuna.

La oposición popular había hecho de la firmeza frente al terrorismo una de sus principales señas políticas.

Pero cuando Rajoy llegó al Gobierno se encontró con una situación diferente.

ETA había anunciado en octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad armada.

En 2012, el Tribunal Constitucional permitió la legalización de Sortu. Y en 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la aplicación retroactiva de la doctrina Parot, lo que dio lugar a excarcelaciones que provocaron un profundo dolor y rechazo entre muchas víctimas.

Ambas fueron decisiones judiciales, no concesiones directas del Gobierno de Rajoy.

El Ejecutivo mantuvo oficialmente su negativa a negociar contraprestaciones generales con ETA y defendió que la organización debía disolverse sin condiciones.

Finalmente, ETA anunció su disolución en mayo de 2018.

Sin embargo, también se produjeron traslados penitenciarios y progresiones de grado durante la etapa popular, aunque las cifras y los criterios de cómputo han sido objeto de controversia. Newtral+1

Y, sobre todo, la izquierda separatista vasca continuó consolidando su presencia en las instituciones.

Para quienes habían entendido los compromisos del PP como una promesa de impedir cualquier legitimación política del antiguo entorno de ETA, aquella evolución constituyó un motivo de profundo descontento.

Otros defendieron que, una vez abandonada la violencia y admitida legalmente su participación electoral, no correspondía al Gobierno impedirla por razones ideológicas.

La diferencia entre ambos planteamientos es importante.

Pero también lo es la pregunta que la hemeroteca deja abierta: ¿explicó suficientemente el PP a sus electores cómo conciliaba sus antiguos compromisos con las decisiones y circunstancias de los años posteriores?

Porque el fin de la actividad armada de ETA no significó la desaparición de sus crímenes, ni de las responsabilidades penales de sus autores, ni de las exigencias de justicia y reparación de las víctimas.

Y esas exigencias no deberían quedar sepultadas bajo los intereses parlamentarios de ningún partido.

Del triunfo electoral de 2011 al desplome de 2015: sesenta y tres diputados menos

Convendría que quienes recuerdan aquellos años como una sucesión de grandes éxitos electorales examinaran también los resultados de las urnas.

En noviembre de 2011, el PP obtuvo 186 diputados.

En diciembre de 2015, solamente 123.

Había perdido 63 escaños y más de tres millones y medio de votos.

En junio de 2016 recuperó parte de los apoyos perdidos, hasta alcanzar 137 diputados, pero continuó muy lejos de la mayoría absoluta.

¿Puede atribuirse semejante caída exclusivamente a los incumplimientos electorales?

No.

La situación económica, el desempleo, los recortes, los casos de corrupción, las tensiones territoriales y la aparición de nuevos partidos influyeron en aquella pérdida de apoyo.

Pero tampoco hay razón para excluir del balance las rectificaciones y promesas abandonadas durante aquellos años.

Rajoy había llegado al Gobierno con una confianza electoral extraordinaria y la perdió en buena medida durante su primera legislatura.

A partir de 2016 tuvo que gobernar en minoría.

Y entonces apareció el último capítulo de aquella historia.

El desenlace: Rajoy terminó perdiendo la Moncloa sin convocar elecciones anticipadas

El 24 de mayo de 2018, después de conocerse la sentencia del caso Gürtel, el PSOE decidió presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy.

La iniciativa se registró formalmente el 25 de mayo.

Desde ese momento, Rajoy ya no podía disolver las Cortes para convocar elecciones, porque el artículo 115 de la Constitución impide hacerlo mientras se tramita una moción de censura.

Pero antes de que se presentara, sí disponía de esa facultad, dentro de las condiciones constitucionales.

Podía haber optado previamente por adelantar las elecciones y solicitar una nueva decisión de los ciudadanos.

No lo hizo.

Y cuando Sánchez presentó la moción, esa posibilidad quedó cerrada.

El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez obtuvo 180 votos a favor de la moción, frente a 169 en contra y una abstención.

La iniciativa prosperó con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos y otras fuerzas, entre ellas ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu.

No todas aquellas organizaciones entraron en el nuevo Gobierno, pero todas contribuyeron parlamentariamente a su investidura.

Y así terminó la presidencia de Rajoy. Congreso de los Diputados

El partido que había comenzado aquella etapa con 186 diputados acabó perdiendo la Moncloa mediante una moción de censura.

No sería correcto afirmar que Rajoy entregó voluntariamente el Gobierno a Sánchez. Tampoco que pudiera conocer con certeza el resultado de unas hipotéticas elecciones anticipadas.

Pero sí puede afirmarse que no recurrió a esa posibilidad antes de que la moción se lo impidiera.

Y ésa fue otra decisión política de la que debe responderse históricamente.

Había tenido una mayoría absoluta para acometer sus grandes reformas.

Después había tenido la posibilidad constitucional de adelantar las elecciones.

Terminó perdiendo el Gobierno.

Y ahora, Feijóo: las promesas actuales frente a la hemeroteca del PP

Y aquí llegamos a la razón fundamental de este ejercicio de memoria histórica.

Alberto Núñez Feijóo preside hoy el mismo Partido Popular que gobernó España entre 2011 y 2018.

No es Mariano Rajoy, naturalmente.

Tampoco cabe atribuirle personalmente todas las decisiones de aquel Gobierno.

Pero existe una continuidad política y orgánica que impide tratar aquella experiencia como si perteneciera a un partido desaparecido.

Cuando Feijóo anuncia reformas judiciales, modificaciones fiscales, cambios institucionales o nuevas políticas territoriales, los antecedentes del PP forman parte de los elementos que permiten examinar esas propuestas.

¿Qué compromisos concretos asume?

¿En qué se diferencian de los que figuraban en el programa electoral de 2011?

¿Qué haría respecto del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial si dispusiera de mayoría suficiente?

¿Qué leyes propone derogar o modificar y cuáles conservaría?

¿Qué instrumentos constitucionales utilizaría ante un nuevo desafío separatista?

¿Qué criterios mantendría respecto de las víctimas de ETA y de la política penitenciaria?

¿Y qué garantías políticas ofrece de que sus compromisos no terminarán abandonados cuando aparezcan dificultades, desacuerdos internos o intereses contradictorios?

No son preguntas caprichosas.

Son las preguntas que surgen de examinar una experiencia de Gobierno prolongada y compararla con las promesas de quienes pertenecen a la misma organización.

La memoria no sirve para atribuir a Feijóo responsabilidades personales que no le corresponden. Sirve para exigir explicaciones sobre la trayectoria del partido que dirige.

Y sobre las diferencias, si las hay, entre las decisiones pasadas y las propuestas presentes.

Para terminar: las promesas no deberían borrarse de la memoria cuando se cierran las urnas

Las elecciones de 2011 demostraron que una mayoría absoluta puede dar a un Gobierno una capacidad legislativa extraordinaria.

La experiencia posterior demostró también que disponer de esa mayoría no garantiza que se cumplan todos los compromisos electorales.

Rajoy aprobó reformas importantes. También renunció a otras que había anunciado expresamente.

Subió impuestos después de haber prometido no hacerlo.

Mantuvo la elección parlamentaria de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, pese al compromiso de devolver a los jueces la elección de doce de ellos.

Retiró el proyecto de reforma del aborto que había preparado Gallardón y provocó la dimisión de su ministro de Justicia.

Aplicó el artículo 155 en Cataluña, pero renunció a determinadas medidas y decidió convocar inmediatamente elecciones autonómicas.

Puigdemont salió de España y se instaló en Bélgica.

La política frente a ETA y su antiguo entorno siguió evolucionando en un escenario distinto al de los años de actividad terrorista.

Y, finalmente, Rajoy perdió su mayoría parlamentaria y terminó desalojado de la Moncloa por una moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia.

Ésa es la historia documentada.

Las responsabilidades políticas que puedan extraerse de ella merecen ser discutidas sin necesidad de ocultar hechos ni de convertir las conjeturas en certezas.

Porque la obligación de los gobernantes no termina cuando ganan unas elecciones.

Y la responsabilidad de los ciudadanos no consiste solamente en escuchar promesas, sino también en comprobar qué ocurrió con las anteriores.

Una mayoría absoluta no es un cheque en blanco. Un programa electoral no debería ser un folleto publicitario. Y la palabra de un gobernante no puede perder todo su valor al día siguiente de alcanzar el poder.

La hemeroteca conserva los compromisos.

El Boletín Oficial del Estado conserva las decisiones.

Y los resultados electorales permiten conocer cómo evolucionó la confianza de los ciudadanos.

Por eso merece la pena recordar aquellos años.

Para que la historia política de España no vuelva a empezar desde cero cada vez que un partido cambia de presidente.

Para que ningún dirigente pueda presentarse como portador de unas promesas completamente nuevas cuando existen antecedentes que merece la pena examinar.

Y para que el viejo refrán no termine convertido en una costumbre aceptada sin discusión:

DONDE DIJE DIGO, DIGO DIEGO.

Porque una cosa es cambiar de opinión y explicar por qué.

Y otra muy distinta es pedir el voto para hacer algo, alcanzar el poder y terminar haciendo lo contrario.

La diferencia es importante.

Y la memoria también.