Inundaciones, incendios, muertos, ruina y destrucción. Los gobernantes aparecen para hacerse la fotografía, repartir condolencias y anunciar ayudas. Pero ¿quién responde por lo que no se hizo cuando todavía había tiempo?

Por Carlos Aurelio Caldito Aunión

24 de octubre de 2026

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS

Inundaciones, incendios, muertos, destrucción y gobernantes que parecen más preocupados por hacerse fotografías que por prevenir las desgracias.

Mientras España se encuentra inmersa en la campaña electoral del 29 de noviembre, entre escándalos políticos, acusaciones cruzadas y nuevas polémicas, las lluvias torrenciales han vuelto a castigar Cataluña, Valencia y otras tierras mediterráneas.

Otra vez muertos, viviendas inundadas, carreteras destruidas, negocios arruinados, cosechas perdidas y animales ahogados.

Y otra vez la ceremonia de siempre: visitas oficiales, botas de agua recién estrenadas, fotografías entre el barro, condolencias, promesas de ayudas millonarias y discusiones entre administraciones.

Pero ¿qué demonios hicieron los gobernantes antes de que llegaran las lluvias?

Porque en España las riadas no son ninguna novedad. Tampoco lo son los incendios forestales. Nuestros antepasados conocían perfectamente los peligros de los barrancos, las ramblas y las grandes crecidas.

Hoy disponemos de ingenieros, maquinaria, medios técnicos, organismos públicos y presupuestos que aquellos españoles ni siquiera podían imaginar.

Y, sin embargo, seguimos padeciendo desgracias que obligan a preguntarse cuántos daños podrían haberse evitado con una conservación adecuada de los cauces, las infraestructuras y los montes.

Mucha administración y demasiadas excusas

El ciudadano está obligado a conservar sus propiedades y responder cuando sus negligencias causan daños.

Pero cuando las obligaciones corresponden a las administraciones públicas, comienza el interminable baile de las competencias.

El ayuntamiento señala a la comunidad autónoma. Esta, al Gobierno central. El Gobierno, al organismo encargado del río. Y así sucesivamente.

Todos cobran, todos administran, todos tienen competencias… pero encontrar a los responsables de las obligaciones incumplidas parece una tarea sobrehumana.

Mientras tanto, seguimos construyendo en terrenos expuestos a inundaciones, aplazando obras necesarias y permitiendo que determinadas infraestructuras permanezcan años sin las actuaciones de conservación que precisan.

Después llega el agua y todos se muestran sorprendidos.

Y cuando termine de llover, empezaremos a arder

Con los incendios forestales sucede algo parecido.

Abandono rural, caminos impracticables, acumulación peligrosa de vegetación, trabajos preventivos insuficientes y dificultades para conservar los montes.

Después llegan las llamas.

Arden explotaciones ganaderas, viviendas y miles de hectáreas. Se movilizan enormes medios de extinción y los responsables políticos prometen que semejante desgracia no volverá a repetirse.

Hasta el verano siguiente.

Porque los montes no se conservan con discursos, ni los incendios se apagan mediante declaraciones institucionales.

¿Y las responsabilidades penales, para cuándo?

Aquí está la cuestión fundamental.

Un conductor puede terminar ante los tribunales si causa una muerte por imprudencia grave.

Un empresario puede responder penalmente por incumplir sus obligaciones de seguridad.

¿Por qué no exigir también responsabilidades penales a los gobernantes cuando sus negligencias graves contribuyen a provocar muertes y destrucción?

El Código Penal contempla el homicidio por imprudencia y determinadas responsabilidades derivadas de omisiones.

Por tanto, cuando existan indicios de que una autoridad conocía un peligro, tenía la obligación de actuar y dejó de hacerlo con consecuencias trágicas, hay que investigar los hechos y exigir las responsabilidades que correspondan.

No basta con investigar lo ocurrido durante las horas de la catástrofe.

También hay que examinar los años anteriores: obras prometidas y nunca ejecutadas, informes técnicos desatendidos, peligros conocidos, presupuestos disponibles y decisiones administrativas.

Las responsabilidades pueden tener una historia mucho más larga que la propia inundación.

Pagamos antes, pagamos después… y algunos terminan pagando con la vida

Los españoles pagamos impuestos para conservar las infraestructuras, prevenir los incendios y proteger a la población.

Cuando llega una catástrofe, volvemos a pagar las reconstrucciones mediante ayudas públicas y endeudamiento.

Y los damnificados pagan además con sus viviendas, negocios, explotaciones, ahorros y, demasiadas veces, con la pérdida de familiares.

Entretanto, algunos gobernantes presentan las ayudas como si las pagaran de sus bolsillos.

¡Magnífica generosidad con el dinero ajeno!

Lo verdaderamente importante sería conocer cuánto dinero se destinó a prevenir esas desgracias, qué actuaciones se realizaron y cuáles quedaron abandonadas.

Porque gobernar no consiste en repartir condolencias después de los entierros.

Consiste en cumplir las obligaciones antes de que las desgracias ocurran.

Conclusión: menos fotografías y más responsabilidades

Ni las lluvias torrenciales ni los incendios forestales pueden eliminarse por decreto.

Pero sí pueden reducirse numerosos riesgos mediante obras adecuadas, conservación de infraestructuras, planificación sensata y actuaciones preventivas constantes.

Y cuando esas obligaciones se incumplen gravemente, sus responsables no deberían poder esconderse detrás del cargo, el partido político o el interminable reparto de competencias.

¡BASTA YA DE FOTOGRAFÍAS, CONDOLENCIAS DE COMPROMISO, PROMESAS Y EXCUSAS!

Queremos cauces conservados, infraestructuras seguras, montes cuidados, cuentas claras y responsables identificables.

Y cuando existan indicios de negligencias criminales, que intervengan los tribunales.

PORQUE LAS BORRASCAS NO SE SIENTAN EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS.

PERO LOS GOBERNANTES NEGLIGENTES SÍ PUEDEN ACABAR SENTADOS EN ÉL.

Y ya va siendo hora de que algunos empiecen a comprenderlo.

Carlos Aurelio Caldito Aunión

SI QUIERES SABER MÁS, PROFUNDIZAR, SIGUE LEYENDO.

I. Mientras España contempla el espectáculo electoral, las aguas vuelven a llevarse vidas y haciendas

En España tenemos una extraordinaria habilidad para convertir las desgracias en espectáculos televisivos, las responsabilidades políticas en discusiones entre partidos y las tragedias humanas en estadísticas que desaparecen de los periódicos en cuanto surge algún escándalo más jugoso.

Estamos en plena vorágine electoral, con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, los escándalos que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, las investigaciones judiciales, las sospechas sobre determinadas prácticas políticas y las denuncias de quienes temen que se produzcan irregularidades electorales.

Hay motivos de sobra para escrutar cada decisión gubernamental, cada procedimiento electoral y cada utilización de los recursos públicos.

Pero, mientras unos discuten sobre las urnas y otros sobre cómo conservar sus cargos, el agua vuelve a entrar en las casas de los españoles, vuelve a destrozar explotaciones agrícolas y ganaderas y vuelve a cobrarse vidas humanas.

Las lluvias torrenciales registradas entre el 17 y el 20 de octubre en Cataluña, Valencia, Alicante y otros territorios mediterráneos han dejado cuatro fallecidos en el balance de EFE del día 20, miles de evacuados, centenares de rescates y cuantiosos destrozos. En algunas localidades se han registrado precipitaciones superiores a los 700 litros por metro cuadrado.

Carreteras convertidas en ríos. Automóviles arrastrados por las corrientes. Viviendas anegadas. Comercios inundados. Campos arrasados. Animales muertos. Familias que, en unas pocas horas, han perdido buena parte de lo conseguido durante décadas de trabajo.

Y los españoles contemplamos unas imágenes que nos resultan dolorosamente familiares.

Porque ya las hemos visto.

Muchas veces.

Demasiadas.

La tragedia valenciana de octubre de 2024 permanece en nuestra memoria. Según el balance oficial, aquellas inundaciones dejaron 241 fallecidos en las provincias afectadas, 233 de ellos en la Comunidad Valenciana.

Y apenas dos años después volvemos a contemplar escenas de devastación en tierras que conocen desde hace siglos los peligros de las avenidas.

Una vez más, los gobernantes aparecen cuando el agua ya ha hecho su trabajo.

Una vez más, se anuncian ayudas.

Una vez más, se promete investigar lo ocurrido.

Y una vez más debemos preguntarnos:

¿Qué demonios han estado haciendo durante todos estos años quienes cobran precisamente para administrar los recursos públicos, conservar las infraestructuras y proteger a la población?

II. Las lluvias no son una novedad. La imprevisión tampoco

Conviene recordar algo que nuestros abuelos sabían sin necesidad de cursar un máster en ninguna universidad extranjera.

En España llueve poco en muchos lugares y, cuando se pone a llover de verdad, algunas veces cae el agua que no ha caído durante meses.

En determinadas comarcas mediterráneas, las lluvias torrenciales forman parte de su historia.

Los barrancos se desbordan. Las ramblas, aparentemente secas durante buena parte del año, se convierten en auténticos ríos. Los cauces que permanecían tranquilos experimentan crecidas capaces de arrastrar árboles, piedras, vehículos y construcciones.

No es un descubrimiento del siglo XXI.

Nuestros antepasados conocían esos peligros. Por eso construían defensas, mantenían acequias, limpiaban determinadas conducciones, aprovechaban los desniveles y procuraban no levantar sus viviendas en el camino habitual de las aguas.

Naturalmente, también cometían errores y sufrían catástrofes. La historia española está llena de inundaciones devastadoras.

Pero hoy contamos con conocimientos, maquinaria, mapas, comunicaciones, medios de vigilancia y recursos técnicos que aquellos españoles ni siquiera podían imaginar.

Tenemos ministerios, consejerías, diputaciones, ayuntamientos, organismos encargados de los ríos, servicios de emergencia y una multitud de entidades públicas.

Tenemos técnicos, ingenieros, especialistas, asesores y funcionarios.

Y tenemos presupuestos de miles de millones de euros.

¿Cómo es posible que, disponiendo de tantos medios, continuemos descubriendo los mismos peligros después de que hayan producido una nueva tragedia?

Porque eso es precisamente lo que resulta insoportable.

No que llueva torrencialmente.

Sino que, después de sufrir inundaciones, se compruebe que todavía quedan cauces mal conservados, desagües insuficientes, obstáculos conocidos, construcciones expuestas y obras preventivas pendientes.

Cuando las lluvias se llevan por delante una carretera, habrá que averiguar si su construcción o conservación fue la adecuada.

Cuando un puente contribuye a embalsar una crecida, habrá que preguntar quién lo proyectó, quién lo autorizó y quién debía vigilarlo.

Cuando un barrio se inunda repetidamente, habrá que examinar qué se ha hecho durante los años transcurridos entre una inundación y la siguiente.

Y cuando una autoridad recibió advertencias sobre un peligro y decidió no actuar, habrá que preguntarle por qué.

Sin rodeos.

Sin discursos.

Sin esconderse detrás de un membrete oficial.

III. Limpiar, conservar, reparar: tres verbos que algunos gobernantes parecen desconocer

Resulta curioso que un particular tenga que conservar su vivienda, reparar sus instalaciones, retirar obstáculos peligrosos y responder si causa daños a sus vecinos por incumplir determinadas obligaciones.

Sin embargo, cuando las obligaciones corresponden a las administraciones, todo parece volverse infinitamente más enrevesado.

El propietario de una casa debe reparar una cornisa que amenaza con caer sobre la calle.

El titular de una explotación debe cumplir numerosas exigencias para conservar sus instalaciones.

El comerciante tiene que atender una larga relación de normas.

El agricultor soporta inspecciones, autorizaciones y restricciones.

El ciudadano de a pie no puede alegar que estaba ocupado con otros asuntos.

Pero cuando se trata de conservar una infraestructura pública, limpiar un desagüe peligroso, reparar una defensa deteriorada o ejecutar una obra necesaria para evitar inundaciones, empiezan las explicaciones.

Que si corresponde al ayuntamiento.

Que si la responsabilidad es autonómica.

Que si depende del ministerio.

Que si el organismo encargado del río no ha autorizado la intervención.

Que si hay que redactar otro proyecto.

Que si faltan informes.

Que si no existe presupuesto.

Que si la actuación está prevista para dentro de cuatro años.

Y, mientras tanto, vuelve a llover.

Conviene aclarar que conservar adecuadamente un río no significa arrasarlo con excavadoras ni arrancar indiscriminadamente su vegetación. Se trata de retirar obstáculos cuando son peligrosos, conservar las obras de protección y drenaje, estudiar los estrechamientos, corregir deficiencias y permitir que el agua discurra sin agravar innecesariamente los daños.

Eso requiere trabajos concretos, no eslóganes.

Porque el problema no se resuelve proclamando que hay que limpiar todos los ríos ni prohibiendo cualquier intervención.

El problema se resuelve haciendo lo que corresponde, donde corresponde y cuando corresponde.

Y eso exige conocer el territorio, escuchar a quienes viven en él y trabajar durante todo el año.

Algo bastante menos lucido que comparecer ante las cámaras después de una inundación.

IV. Primero permitimos construir donde no debemos. Después nos asombramos cuando llega el agua.

Hay otra responsabilidad de la que apenas se habla con la claridad necesaria: la urbanización de terrenos expuestos a inundaciones.

Durante décadas, numerosos municipios españoles han crecido sobre antiguas huertas, terrenos próximos a barrancos y zonas por las que históricamente discurrían las aguas en momentos de grandes crecidas.

Se han levantado viviendas, naves industriales, carreteras, aparcamientos y establecimientos comerciales.

Se han cubierto acequias.

Se han estrechado pasos de agua.

Se han modificado pendientes y desagües.

Se han ocupado terrenos que antes permitían extenderse a las avenidas sin causar semejantes destrozos.

Y en muchos casos todo ello se ha hecho mediante licencias, autorizaciones y planes aprobados por las administraciones.

Después ocurre lo que ocurre.

El agua busca su camino.

Y descubre que donde antes había un terreno libre ahora hay un barrio entero.

Entonces aparece el alcalde de turno explicando que nadie podía imaginar una desgracia semejante.

¿De verdad?

¿Nadie sabía por dónde habían discurrido las crecidas anteriores?

¿Nadie había consultado los antecedentes?

¿Nadie conocía los mapas de inundabilidad?

¿Nadie había advertido del peligro?

La reconstrucción técnica de las inundaciones valencianas de 2024 ha vuelto a señalar la importancia de los sedimentos, las barreras artificiales y la ocupación de las llanuras inundables para comprender cómo se agravaron determinados daños.

Conviene examinar cada una de estas circunstancias.

Porque si durante años se han autorizado construcciones peligrosamente expuestas y posteriormente se han ignorado las necesidades de protección, existen decisiones políticas y administrativas que merecen ser investigadas.

Y los responsables de esas decisiones tienen nombres y apellidos.

No son seres imaginarios.

No son fenómenos meteorológicos.

Son personas que ocuparon despachos y firmaron documentos.

V. El espectáculo de las condolencias: primero la fotografía, después ya veremos.

Pocas ceremonias resultan tan previsibles como las visitas oficiales a las zonas devastadas.

Aparecen los coches oficiales.

Se despliegan los acompañantes.

Llegan los fotógrafos.

Los responsables públicos se colocan unas botas, recorren alguna calle embarrada, conversan con unos damnificados y manifiestan su consternación.

Se anuncian ayudas millonarias.

Se promete que nadie quedará abandonado.

Se asegura que las administraciones colaborarán estrechamente.

Y comienza la competición por demostrar quién se preocupa más por las víctimas.

Mientras tanto, los afectados siguen sacando barro de sus casas.

Siguen intentando recuperar muebles, herramientas, fotografías familiares y documentos.

Siguen haciendo cuentas para saber cuánto les costará volver a empezar.

Los comerciantes contemplan establecimientos arruinados.

Los agricultores calculan las pérdidas.

Los ganaderos buscan a sus animales supervivientes.

Y las familias de los fallecidos tienen por delante una ausencia que ninguna ayuda económica puede reparar.

Por supuesto, los gobernantes deben visitar los lugares afectados y conocer personalmente sus necesidades.

Lo criticable no es la visita.

Lo criticable es que la visita termine convirtiéndose en el acontecimiento político más importante, mientras las actuaciones preventivas que deberían haberse realizado durante los años anteriores apenas merecen atención.

No necesitamos gobernantes especialmente hábiles para expresar condolencias. Necesitamos gobernantes que cumplan sus obligaciones antes de que haya que expresarlas.

Las condolencias no limpian desagües.

Los discursos no construyen defensas.

Las fotografías no reparan puentes.

Y las promesas no devuelven la vida a los muertos.

VI. Después de las inundaciones, los incendios: otra vez la misma canción

Y cuando termine esta temporada de lluvias, llegará el verano.

Con él regresarán las altas temperaturas, la sequedad de nuestros montes y el peligro de los incendios forestales.

Volveremos a ver pueblos amenazados, vecinos desalojados, animales abrasados, viviendas destruidas y extensiones inmensas de terreno convertidas en ceniza.

Volverán a jugarse la vida los bomberos, los agentes forestales, los militares de emergencias y cuantos participan en la extinción.

Y volverán las discusiones sobre los medios disponibles, los caminos impracticables, los cortafuegos insuficientes y los trabajos que deberían haberse realizado.

Porque el monte también necesita conservación.

No todos los árboles deben talarse ni toda la vegetación debe eliminarse. Precisamente por eso existen los trabajos forestales adecuados a cada terreno.

Hay que reducir la acumulación peligrosa de materia combustible donde sea necesario, mantener accesibles los caminos, conservar puntos de agua y proteger los alrededores de las poblaciones.

También hay que permitir que los habitantes del medio rural desarrollen actividades compatibles con la conservación del monte.

La ganadería extensiva, determinadas labores agrícolas y el aprovechamiento ordenado de recursos forestales pueden contribuir a conservar terrenos que, abandonados durante décadas, acumulan una vegetación difícil de controlar.

Pero gestionar un monte requiere presencia humana, trabajo y continuidad.

Y España lleva demasiado tiempo contemplando cómo numerosos pueblos pierden población, explotaciones y actividades tradicionales.

Se marcha el pastor.

Se abandona la finca.

Desaparecen oficios.

Se cierran caminos.

Y después nos preguntamos por qué determinados terrenos resultan cada vez más difíciles de conservar.

No todo incendio puede evitarse.

Pero tampoco es razonable esperar a que aparezcan las llamas para empezar a preocuparse por lo que debió hacerse durante el invierno.

Los montes no se conservan con ruedas de prensa. Y los incendios no se apagan con declaraciones institucionales.

VII. Diecinueve mil organismos públicos y, cuando ocurre una desgracia, nadie sabe quién tenía que actuar

España dispone de una estructura administrativa extraordinariamente extensa.

Administración central, diecisiete comunidades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, ayuntamientos, organismos autónomos, empresas públicas, consorcios, fundaciones y otras entidades.

Cada una con sus cargos, presupuestos, reglamentos y competencias.

Pero basta con que ocurra una desgracia para que empiece la ceremonia del reparto de culpas.

El Gobierno central señala a la comunidad autónoma.

La comunidad autónoma señala al Gobierno central.

El ayuntamiento recuerda que carece de atribuciones sobre determinados cauces.

El organismo responsable del río invoca las autorizaciones necesarias.

Y todos encuentran alguna explicación que parece demostrar que los responsables son siempre los demás.

Magnífico invento.

Un ciudadano tiene que responder de sus obligaciones.

Pero una administración puede pasar años discutiendo con otra sobre quién debía haber hecho determinada obra.

Mientras tanto, el ciudadano paga impuestos para sostenerlas a todas.

Esta situación plantea una cuestión política de extraordinaria importancia.

¿Para qué sirve distribuir las competencias entre tantos organismos si, cuando llega el momento de exigir responsabilidades, esa distribución termina convirtiéndose en una sucesión interminable de excusas?

Unas administraciones deberán responder por la ordenación del territorio.

Otras, por el estado de los cauces que tienen encomendados.

Otras, por la conservación de carreteras, puentes y desagües.

Otras, por la prevención de incendios.

Y las encargadas de atender las emergencias deberán explicar sus decisiones cuando se produzcan fallos graves.

La respuesta no consiste en atribuir todas las culpas a una sola administración por comodidad política.

Consiste en impedir que ninguna de ellas pueda esconder sus obligaciones detrás de las demás.

Si los gobernantes saben perfectamente quién tiene derecho a cobrar cada impuesto, también deberían saber quién está obligado a ejecutar cada actuación preventiva.

VIII. ¿Por qué un particular responde por una negligencia y un gobernante parece disponer de mil escapatorias?

Llegamos al corazón del asunto.

Un empresario puede ser condenado cuando incumple gravemente las obligaciones de seguridad que le corresponden y provoca la muerte de un trabajador.

Un conductor responde penalmente cuando causa una muerte mediante una imprudencia grave.

Un profesional puede verse obligado a responder ante los tribunales por daños derivados del incumplimiento de sus deberes.

¿Por qué habría de ser diferente cuando quien incumple una obligación es un gobernante?

¿Por qué debemos resignarnos a que determinadas responsabilidades políticas se reduzcan a una comparecencia, unas disculpas y, como mucho, una dimisión?

El Código Penal español contempla el homicidio por imprudencia en su artículo 142 y establece en su artículo 11 las condiciones en las que una omisión puede adquirir relevancia penal.

La cuestión, por tanto, merece plantearse con absoluta claridad.

Cuando una autoridad conoce un peligro grave, dispone de atribuciones para afrontarlo y omite actuaciones que le corresponden, ¿qué ocurre si esa omisión contribuye decisivamente a provocar muertes?

¿Por qué no investigar penalmente esa conducta?

¿Por qué no examinar los expedientes, las advertencias recibidas, los informes técnicos y las decisiones adoptadas?

¿Por qué no averiguar quién paralizó determinadas obras, quién desatendió los avisos o quién permitió que una situación peligrosa permaneciese sin corregirse?

Las investigaciones no deberían limitarse a reconstruir las últimas horas de una catástrofe.

También deberían examinar los años anteriores.

Porque una negligencia que termina causando una desgracia puede haber comenzado mucho antes de que aparecieran las primeras nubes.

Tal vez con una obra que se dejó sin ejecutar.

Tal vez con una infraestructura que nunca se reparó.

Tal vez con una advertencia archivada.

Tal vez con una licencia que jamás debió concederse.

Tal vez con una decisión de destinar el dinero disponible a otras prioridades.

La responsabilidad no empieza necesariamente cuando se produce la inundación. Puede haber empezado años antes, con la primera obligación incumplida.

Y sería saludable que quienes administran los recursos públicos fueran plenamente conscientes de ello.

IX. Investigar no solamente lo que se hizo mal, sino lo que nunca llegó a hacerse

Hay una pregunta especialmente incómoda que rara vez recibe toda la atención que merece.

¿Qué actuaciones se habían previsto antes de que ocurriera la catástrofe?

Y otra todavía más reveladora:

¿Por qué no se realizaron?

Porque España es pródiga en planes, proyectos, estrategias y anuncios.

Cada administración presenta sus programas.

Cada gobierno promete inversiones.

Cada consejería publica sus previsiones.

Se anuncian obras hidráulicas, reparaciones de infraestructuras, actuaciones forestales y medidas de protección de las poblaciones.

Pero ¿cuántas llegan verdaderamente a ejecutarse?

¿Y cuántas quedan pendientes durante años?

Sería muy instructivo que, después de cada gran inundación, se hiciera público un inventario de las obras preventivas previstas en las zonas afectadas.

Con indicación del organismo responsable, presupuesto aprobado, fecha anunciada y estado real de ejecución.

Y lo mismo debería hacerse después de cada gran incendio.

Nada de esconder la información entre miles de páginas.

Una relación clara.

Obra prometida.

Dinero previsto.

Responsable.

Fecha.

Resultado.

Cualquier ciudadano podría comprenderla.

Y acaso entonces descubriríamos cuántas actuaciones importantes quedaron relegadas mientras se gastaban recursos en otras necesidades de mucha menor urgencia.

Porque gobernar implica establecer prioridades.

Y pocas prioridades pueden ser más importantes que proteger la vida de los ciudadanos.

X. El dinero de las reconstrucciones también sale de nuestros bolsillos

Hay otra costumbre que merece una reflexión.

Después de cada catástrofe, los gobiernos anuncian ayudas extraordinarias de cientos o miles de millones de euros.

Se presentan esas cantidades como demostración de su generosidad.

Pero el Gobierno no tiene una fortuna particular destinada a socorrer a los damnificados.

El dinero procede de los contribuyentes, de los recursos públicos disponibles o del endeudamiento que también terminará gravando a la sociedad.

Naturalmente, hay que ayudar a quienes han sufrido una desgracia.

Hay que reconstruir viviendas e infraestructuras.

Hay que sostener, cuando corresponda, a las familias, los agricultores, los ganaderos y los empresarios que han perdido sus medios de vida.

Lo que resulta necesario discutir es por qué tantas actuaciones preventivas parecen menos urgentes que las enormes partidas destinadas posteriormente a reparar destrozos.

¿No habría resultado más sensato ejecutar determinadas obras antes de la inundación?

¿No habría sido mejor conservar adecuadamente ciertas infraestructuras?

¿No sería preferible mantener los montes durante todo el año?

¿No resultaría más económico, y sobre todo más humano, evitar los daños que después hay que reparar?

No podemos impedir todos los desastres.

Pero debemos aspirar a que cada euro dedicado a prevenir daños evite pérdidas mucho mayores.

Y sería oportuno recordar que los gobernantes administran dinero ajeno.

No están haciendo regalos.

Están cumpliendo obligaciones con recursos que pertenecen a los españoles.

XI. La oposición también tiene obligaciones. No basta con aprovechar las desgracias para desgastar al Gobierno

El espectáculo político resulta especialmente lamentable cuando una tragedia se convierte en munición electoral.

Los dirigentes del Gobierno se esfuerzan por demostrar que han actuado correctamente.

Los de la oposición se apresuran a señalar sus errores.

Unos se atribuyen los aciertos.

Otros denuncian los fracasos.

Y frecuentemente todos parecen olvidar que el ciudadano necesita algo bastante más concreto.

Quiere saber por qué se inundó su casa.

Por qué se desbordó aquel barranco.

Por qué no funcionó determinada infraestructura.

Por qué se permitió construir donde existía peligro.

Por qué se tardó en avisar.

Por qué una obra anunciada nunca llegó a realizarse.

Y quién va a impedir, dentro de lo humanamente posible, que vuelva a ocurrir.

En vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre, sería oportuno que los partidos explicasen sus propuestas de prevención y conservación de infraestructuras, cauces y montes.

No mediante proclamas genéricas.

Con inversiones concretas, prioridades, plazos y responsables.

El Partido Popular, VOX, el PSOE y las demás formaciones con responsabilidades institucionales deberían poder explicar lo que han hecho donde gobiernan y lo que proponen hacer donde aspiran a gobernar.

Porque las inundaciones no comenzaron cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Ni los incendios forestales aparecieron con el actual Gobierno.

Llevamos muchas décadas arrastrando problemas de conservación, planificación y distribución de responsabilidades.

Y precisamente por eso hay que dejar de utilizarlos como excusas para no actuar.

Los actuales gobernantes deben responder de sus actuaciones y omisiones.

Los anteriores, de las suyas.

Y quienes aspiran a sustituirlos deben explicar qué cambiarán y cómo lo harán.

XII. La justicia no puede llegar siempre después del entierro

En España se repite con frecuencia que las catástrofes son momentos para la unidad.

De acuerdo.

Unidad para rescatar a las víctimas.

Unidad para auxiliar a los damnificados.

Unidad para reconstruir las poblaciones.

Unidad para movilizar los recursos necesarios.

Pero ¿por qué esa unidad debe impedir investigar las responsabilidades?

¿Por qué preguntar por las obligaciones incumplidas se presenta tantas veces como un intento de aprovechar políticamente una desgracia?

Lo verdaderamente escandaloso sería renunciar a esas preguntas.

Si una persona muere porque se ha desatendido gravemente una obligación de seguridad, esa muerte merece una investigación.

Si una administración ha dejado sin ejecutar durante años actuaciones indispensables cuya ausencia ha agravado una tragedia, debe explicar las razones.

Si se han ignorado advertencias técnicas de peligro, hay que averiguar quién tomó la decisión.

Y si las conductas descubiertas constituyen delitos, sus responsables deben comparecer ante los tribunales.

Sin importar sus cargos.

Sin importar sus partidos.

Sin importar sus relaciones.

Porque la responsabilidad política no debería servir como sucedáneo de la responsabilidad penal.

Y tampoco debería resultar admisible que las familias de las víctimas tengan que soportar por sí solas interminables procedimientos para conocer decisiones que las administraciones tienen perfectamente documentadas.

No necesitamos otra ceremonia de promesas.

Necesitamos investigaciones eficaces, expedientes accesibles y responsabilidades personales cuando corresponda exigirlas.

Quien ocupa un cargo público no adquiere el derecho a que sus negligencias queden enterradas bajo el barro de una inundación o entre las cenizas de un incendio.

XIII. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando dos veces por las mismas desgracias?

Los españoles pagamos para que se conserven las infraestructuras.

Pagamos para que se prevengan los peligros conocidos.

Pagamos para que funcionen los servicios de emergencia.

Pagamos para mantener organismos, técnicos, responsables políticos y toda la estructura administrativa.

Y cuando ocurre una catástrofe, volvemos a pagar para reconstruir aquello que ha quedado destruido.

Con frecuencia, los ciudadanos afectados pagan todavía una tercera vez: perdiendo sus viviendas, sus negocios, sus cosechas, sus animales o sus ahorros.

Y algunos pagan un precio que nadie puede compensar.

La vida.

Resultaría insoportable descubrir que una parte de esos daños se produjo porque determinados responsables no cumplieron obligaciones que conocían perfectamente.

Por eso la investigación de las catástrofes no puede limitarse a estudiar cuánta agua cayó o qué velocidad alcanzó el viento.

Hay que estudiar también qué hicieron las administraciones durante los meses y años anteriores.

Qué medidas se adoptaron.

Cuáles quedaron pendientes.

Cuánto dinero se gastó.

Y qué resultados se obtuvieron.

Basta ya de presentar cada inundación y cada incendio como si fueran acontecimientos absolutamente inesperados.

Basta de anunciar soluciones que se olvidan en cuanto desaparecen las cámaras.

Basta de esconder las obligaciones detrás del interminable reparto de competencias.

Basta de tratar las ayudas públicas como si fueran generosos donativos de los gobernantes.

Y basta de convertir a las víctimas en figurantes involuntarios de las representaciones políticas.

XIV. El día que un gobernante tenga que responder por su negligencia quizá empiecen a cambiar las cosas

Imaginemos que, después de una inundación, se demuestra que una autoridad recibió informes sobre un peligro concreto, dispuso de medios y atribuciones para actuar y decidió desentenderse de sus obligaciones.

Imaginemos que esa omisión contribuyó a que varias personas perdieran la vida.

¿Qué debería ocurrir?

¿Una comparecencia parlamentaria?

¿Una comisión que termine sin consecuencias?

¿Una declaración solemne de pesar?

¿Una dimisión acompañada de un nuevo nombramiento?

¿O una investigación judicial capaz de determinar si se cometió un delito?

La respuesta merece ser clara.

Cuando existan indicios de negligencias penalmente relevantes, que intervengan los tribunales.

Y cuando se acrediten incumplimientos administrativos o políticos, que se exijan las responsabilidades correspondientes.

Porque tal vez el día que quienes administran nuestros recursos comprendan que sus omisiones pueden tener consecuencias personales empiecen a tomarse determinadas obligaciones con la seriedad que merecen.

Tal vez entonces resulte menos sencillo aplazar indefinidamente una obra necesaria.

Tal vez se preste mayor atención a los informes técnicos.

Tal vez las advertencias de los vecinos dejen de quedar abandonadas en un cajón.

Tal vez los presupuestos de prevención sean tratados con el mismo interés que las partidas destinadas a publicidad institucional.

Y tal vez los gobernantes comprendan que su principal obligación no consiste en convencer a los ciudadanos de que están haciendo un magnífico trabajo.

Consiste en hacerlo.

EPÍLOGO. EN EXTREMADURA DECIMOS QUE ALGUNOS ESTÁN DANDO LAS ÚLTIMAS BOQUEÁS. PERO AQUÍ LOS QUE SE AHOGAN SON LOS DEMÁS

Estamos acostumbrados a ver a los dirigentes políticos en permanente campaña.

Siempre hay unas elecciones próximas.

Siempre existe una polémica que monopoliza las tertulias.

Siempre aparece un escándalo que desplaza al anterior.

Siempre hay un adversario al que culpar.

Mientras tanto, los ríos siguen su curso, las lluvias torrenciales siguen llegando y los montes continúan necesitando cuidados.

Y detrás de las estadísticas hay personas de carne y hueso.

Una anciana que no consigue salir de su vivienda inundada.

Un conductor sorprendido por una crecida.

Un matrimonio que contempla cómo desaparece su negocio.

Un agricultor que pierde su cosecha.

Un ganadero que encuentra sus animales muertos.

Una familia que ha perdido su casa.

Un pueblo que contempla cómo las llamas avanzan hacia sus calles.

Esas personas no necesitan escuchar una conferencia sobre las dificultades de la administración.

Necesitan que quienes cobran para cumplir determinadas obligaciones las cumplan.

Por eso, ante las inundaciones recientes de Cataluña y Valencia, y ante los incendios que volverán a amenazar nuestros montes, conviene formular una exigencia elemental:

¡MENOS FOTOGRAFÍAS, MENOS CONDOLENCIAS DE COMPROMISO, MENOS PROMESAS Y MÁS LIMPIEZA, CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES!

Y, cuando aparezcan indicios de negligencias graves que hayan contribuido a provocar muertes y destrucción, que nadie se escandalice porque se pida la intervención de la justicia.

Lo escandaloso sería que no se investigaran.

Porque los gobernantes no son propietarios de nuestros impuestos.

No son nuestros señores.

No son seres providenciales a quienes debamos agradecerles que administren una pequeña parte del dinero que previamente nos han cobrado.

Son servidores públicos.

Y los servidores públicos tienen obligaciones.

Si las cumplen, bien.

Si no las cumplen, que respondan.

Y si sus incumplimientos constituyen delitos, que respondan penalmente.

EN ESPAÑA LLEVAMOS DEMASIADO TIEMPO ENTERRANDO MUERTOS, RETIRANDO BARRO, APAGANDO INCENDIOS Y ESCUCHANDO DISCULPAS.

YA VA SIENDO HORA DE AVERIGUAR QUIÉNES DEJARON DE HACER LO QUE TENÍAN OBLIGACIÓN DE HACER.

PORQUE LAS BORRASCAS NO SE SIENTAN EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS. PERO LOS GOBERNANTES NEGLIGENTES SÍ PUEDEN ACABAR SENTADOS EN ÉL.

Y quizá entonces descubramos que prevenir las desgracias es bastante más útil que acudir a fotografiarse entre sus ruinas.