¿HASTA CUÁNDO TENDREMOS QUE AGUANTAR LA VIOLENCIA IZQUIERDISTA?
De la guerrilla urbana al antifascismo de garrote. La extraña alianza entre la izquierda revolucionaria y el islamismo fanático, mientras Pedro Sánchez vuelve a sacar a Franco de paseo.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS
España está asistiendo a un espectáculo tan indignante como grotesco: se incendian contenedores, se destrozan comercios, se agrede a policías y periodistas, se impide hablar a quienes discrepan de la izquierda y, mientras tanto, determinados medios de comunicación despachan semejantes barbaridades hablando de «aumento de la tensión», «incidentes» o «altercados».
¡Qué manera tan elegante de llamar a la violencia por cualquier nombre menos el suyo!
El antifascismo se ha convertido, para determinados grupos, en una patente de corso para practicar precisamente aquello que dicen combatir: la intolerancia, la intimidación y la imposición de las ideas mediante la fuerza. Primero califican al adversario de fascista; después pretenden impedirle hablar; finalmente, si aparecen los mamporros, siempre queda algún comentarista dispuesto a justificar lo sucedido.
Pero hay otra contradicción todavía más escandalosa: la alianza táctica entre sectores de la izquierda revolucionaria occidental y determinados movimientos del islamismo político, incluidos sus representantes más fanáticos.
Quienes presumen de feminismo, laicismo, libertad sexual y derechos individuales coinciden en determinadas causas y campañas con organizaciones islamistas que pretenden imponer sociedades autoritarias, sometidas a preceptos religiosos. En algunos ambientes, incluso se relativiza el terrorismo de Hamás, como si asesinar a civiles resultara menos repugnante cuando los asesinos invocan una causa revolucionaria.
¡Menuda defensa del progreso!
Y mientras el fanatismo yihadista continúa siendo una amenaza para Europa, Pedro Sánchez insiste en presentar la confrontación con la derecha como una lucha permanente contra el fascismo, al tiempo que su Gobierno debe responder por sus obligaciones en materia de seguridad y protección de las libertades.
Para completar el espectáculo, vuelven a sacar políticamente de paseo a Francisco Franco, fallecido hace casi cincuenta y un años. ¡El muerto más rentable de la política española! Parece que algunos encuentran más provechoso discutir una vez más sobre el general que responder por los problemas de los ciudadanos vivos.
Pero la pregunta fundamental es otra:
¿QUÉ OCURRIRÁ AL DÍA SIGUIENTE DE QUE PEDRO SÁNCHEZ Y SUS ALIADOS SEAN DESALOJADOS DEL GOBIERNO MEDIANTE LAS URNAS?
¿Aceptarán todos pacíficamente la alternancia democrática? ¿O tendremos que soportar nuevas barricadas, incendios, agresiones y movilizaciones violentas contra quienes resulten elegidos?
Los episodios recientes justifican formular estas preguntas y exigir compromisos inequívocos contra cualquier intento de intimidación política.
Porque una democracia en la que algunos pretenden decidir a pedradas quién puede hablar, manifestarse o gobernar está viendo atacadas sus propias libertades.
Y ya está bien de convertir a los agresores en víctimas, a los violentos en luchadores por la democracia y a los destrozos en simples muestras de indignación.
Las urnas eligen a los gobernantes. Las barricadas no.
Y ninguna bandera, ninguna ideología y ninguna religión convierten una agresión en un acto democrático.
¡MENOS ANTIFASCISMO DE GARROTE, MENOS FRANCO Y MÁS RESPETO A LA LIBERTAD, A LA LEY Y A LOS ESPAÑOLES QUE QUIEREN VIVIR EN PAZ!
SI QUIERES PROFUNDIZAR Y SABER MÁS, SIGUE LEYENDO
España está asistiendo a un espectáculo que, de no resultar tan siniestro, merecería figurar en una antología del humor negro.
Se incendian contenedores, se destrozan establecimientos comerciales, se atacan vehículos, se levantan barricadas, se arrojan piedras y botellas contra los policías, se amenaza a periodistas y se intenta impedir que determinadas personas puedan expresarse públicamente.
¿Y qué cuentan ciertos medios de comunicación?
Que «aumenta la tensión».
¡Acabáramos!
Cuando un grupo de violentos destroza una ciudad, tenemos un problema de convivencia.
Cuando una turba persigue a un periodista, se ha producido un incidente.
Cuando los encapuchados atacan a la policía, asistimos a enfrentamientos.
Y cuando los agresores gritan consignas antifascistas, todavía aparece algún iluminado dispuesto a presentarlos como abnegados defensores de la democracia.
¡La democracia defendida a pedradas!
Todo un adelanto de la civilización.
En España hemos conseguido que las palabras sirvan para ocultar aquello que deberían explicar. El incendio se convierte en protesta. La agresión, en altercado. El vandalismo, en indignación social. Y la intimidación política, en movilización antifascista.
Es el prodigio de una parte del periodismo contemporáneo: convertir los hechos en algo irreconocible mediante la cuidadosa elección de los nombres.
I. LAS CALLES COMO CAMPO DE BATALLA
Los últimos acontecimientos ofrecen un panorama inquietante.
En Zaragoza, el 22 de octubre, los enfrentamientos alrededor de la convocatoria de Vito Quiles terminaron con cinco detenidos y ocho policías heridos, según el balance publicado posteriormente por la prensa local.
En Pamplona, unos días antes, otra convocatoria semejante había desembocado en lanzamiento de piedras y botellas, contenedores incendiados, tres detenidos y agentes lesionados.
¿De verdad necesita alguien que le expliquen que arrojar piedras contra las fuerzas del orden no constituye una modalidad especialmente entusiasta de participación democrática?
Y mientras tanto, en Barcelona, el sábado 24 de octubre, otra multitud se dedicó a destrozar comercios, provocar incendios y enfrentarse con la policía. El balance del día siguiente era de 128 detenidos, quince agentes heridos, veintitrés comercios vandalizados y treinta y tres incendios.
En este último caso, la convocatoria no tenía una reivindicación política definida. Pero el resultado ilustra la facilidad con la que las calles pueden convertirse en escenario de una violencia devastadora.
A las víctimas les importa bastante poco la denominación ideológica de quienes han destruido sus propiedades.
El comerciante tiene que reparar el escaparate.
El trabajador tiene que recuperar su vehículo.
El policía tiene que curarse las heridas.
Y los contribuyentes terminan pagando buena parte de los destrozos.
¡Una fiesta formidable!
Eso sí: cuando llega el momento de informar, algunos parecen más preocupados por encontrar una denominación amable para los agresores que por explicar lo sucedido.
II. LOS ANTIFASCISTAS QUE QUIEREN PROHIBIR HABLAR
La palabra fascista se ha convertido en uno de los insultos más rentables de la política española.
Sirve para casi todo.
¿Alguien defiende el control de las fronteras?
Fascista.
¿Critica determinadas leyes?
Fascista.
¿Reclama responsabilidades al Gobierno?
Fascista.
¿Cuestiona a la izquierda?
Fascista.
¿Pretende pronunciar una conferencia que disgusta a ciertos grupos?
Entonces, además de fascista, parece convertirse en objetivo legítimo de una movilización destinada a impedir que hable.
El procedimiento tiene una lógica verdaderamente admirable.
Primero se etiqueta al adversario.
Después se declara que sus ideas representan una amenaza.
A continuación, se sostiene que impedirle expresarse constituye un acto de defensa de la democracia.
Y finalmente, si aparecen los golpes, las piedras y los destrozos, siempre queda algún comentarista dispuesto a explicar que las circunstancias han provocado un lamentable aumento de la tensión.
El antifascismo de garrote consiste precisamente en eso: proclamar la defensa de la libertad mientras se intenta privar de ella a quien piensa de otra manera.
La paradoja resulta monumental.
Porque el autoritarismo no deja de serlo cuando quien lo practica lleva una bandera roja, grita consignas revolucionarias o se presenta como enemigo del fascismo.
La libertad de expresión no necesita protectores que repartan mamporros.
Necesita que nadie pueda imponer el silencio mediante la fuerza.
III. LA EXTRAÑA ALIANZA ENTRE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA Y EL ISLAMISMO FANÁTICO
Hay otra contradicción que merece un capítulo entero: la convergencia política que aparece en determinados movimientos entre sectores de la izquierda revolucionaria occidental y organizaciones vinculadas al islamismo político, incluidos sus sectores más fanáticos.
Una convergencia extraordinariamente reveladora.
Resulta difícil encontrar dos concepciones del mundo más enfrentadas en cuestiones fundamentales.
La izquierda revolucionaria occidental proclama, al menos en sus programas, la emancipación de las mujeres, la libertad sexual, el laicismo, la igualdad jurídica y la desaparición de las imposiciones religiosas.
El islamismo integrista, por el contrario, pretende subordinar la sociedad a interpretaciones religiosas autoritarias y, en sus manifestaciones más violentas, imponerlas mediante el terror.
¿Dónde está entonces el punto de encuentro?
En determinados casos, en la identificación de enemigos comunes.
Israel.
Estados Unidos.
El capitalismo occidental.
Las instituciones liberales.
Y aquello que unos y otros denominan, con significados distintos, imperialismo.
No es una coincidencia nueva. A lo largo de las últimas décadas han aparecido alianzas tácticas, campañas compartidas y declaraciones de apoyo entre organizaciones de izquierda radical y movimientos islamistas.
La cuestión merece atención especialmente cuando la solidaridad con la población palestina se transforma en indulgencia hacia organizaciones terroristas.
Defender los derechos de los palestinos no exige defender a Hamás. Condenar las muertes de civiles no exige disculpar los asesinatos del 7 de octubre de 2023. Y criticar al Gobierno israelí no exige justificar a quienes pretenden destruir Israel mediante el terrorismo.
Sin embargo, en ciertos discursos militantes esas distinciones desaparecen.
La barbarie comienza a recibir explicaciones complacientes.
Los terroristas se convierten en resistentes.
El asesinato de civiles pasa a describirse mediante un vocabulario de lucha revolucionaria.
Y quienes aseguran defender la libertad terminan relativizando las actuaciones de organizaciones que la niegan.
Hay aquí una contradicción moral y política de enormes dimensiones.
Una feminista que disculpa a una organización islamista que somete a las mujeres está renunciando a la coherencia de sus propios principios.
Un defensor de la libertad sexual que justifica a grupos que persiguen a los homosexuales incurre en la misma contradicción.
Y un laicista que considera intolerable la influencia del cristianismo en las instituciones occidentales, pero guarda silencio ante proyectos de gobierno teocrático, tiene pendiente una explicación considerable.
No se trata de confundir a los musulmanes con los islamistas fanáticos, ni de atribuir a todos los movimientos de izquierda semejantes alianzas. Se trata de señalar una convergencia ideológica y estratégica que existe en determinados sectores y cuya contradicción resulta imposible de disimular.
Porque la libertad no puede defenderse en Madrid y despreciarse en Gaza, Teherán o Kabul según convenga a la propaganda del momento.
Tampoco el terrorismo deja de ser terrorismo cuando sus autores aseguran combatir a los enemigos de Occidente.
IV. LA VIOLENCIA COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDACIÓN POLÍTICA
La violencia callejera produce consecuencias que van mucho más allá de los cristales rotos y los vehículos incendiados.
También transmite mensajes.
Al periodista le advierte de que determinadas preguntas pueden salirle caras.
Al conferenciante le comunica que algunas opiniones pueden impedirle hablar.
Al ciudadano que contempla los disturbios le enseña que determinadas controversias políticas pueden terminar convirtiendo su barrio en un campo de batalla.
Y a los partidos que aspiran a gobernar les recuerda que una victoria electoral no garantiza necesariamente la tranquilidad de las calles.
Ahí reside una de las cuestiones verdaderamente inquietantes.
¿Estamos asistiendo a episodios aislados de violencia o a la consolidación de ambientes políticos en los que la intimidación resulta cada vez más tolerada?
La pregunta tiene consecuencias importantes.
Porque una democracia puede sobrevivir a discusiones encarnizadas, insultos, manifestaciones multitudinarias y gobiernos profundamente impopulares.
Lo que no puede aceptar como forma habitual de confrontación política es la sustitución de los argumentos por la fuerza.
Y mucho menos la pretensión de que determinadas organizaciones disfruten de una especie de impunidad moral porque se autoproclaman defensoras de causas nobles.
V. PEDRO SÁNCHEZ Y LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LAS LIBERTADES
Pedro Sánchez lleva años utilizando la confrontación con la derecha como uno de los elementos centrales de su discurso político.
El antifascismo, la defensa de la democracia y las referencias al pasado franquista ocupan un lugar destacado en esa estrategia.
Pero hay una pregunta que ningún discurso puede eludir:
¿Qué medidas concretas está adoptando su Gobierno para garantizar que los adversarios políticos puedan expresarse y manifestarse sin sufrir agresiones?
Un Gobierno no cumple su obligación de proteger las libertades limitándose a proclamar su adhesión a ellas.
Debe garantizar su ejercicio.
Y debe exigir responsabilidades a quienes las vulneran.
No basta con condenar genéricamente la violencia cuando ésta ya ha causado daños.
Es necesario identificar a los responsables, perseguir los delitos y examinar la eficacia de los dispositivos destinados a prevenirlos.
La responsabilidad política exige hechos.
No eslóganes.
Y desde luego, el Gobierno no puede reservar la defensa de las libertades para quienes comparten sus planteamientos.
También debe proteger a quienes lo critican, lo combaten políticamente y aspiran a sustituirlo mediante las urnas.
Pero también debería obligar a reflexionar a ciertos sectores de la izquierda que llevan años tratando con una indulgencia asombrosa a movimientos islamistas autoritarios.
¿No comprenden la profunda contradicción de aliarse políticamente con quienes desprecian sus propias libertades?
¿No advierten que los fanáticos religiosos no comparten necesariamente sus aspiraciones emancipadoras, por mucho que coincidan ocasionalmente en señalar a los mismos enemigos?
La colaboración táctica entre enemigos de un tercero no significa que compartan los mismos valores.
La historia está llena de alianzas semejantes.
Y también de antiguos aliados que terminan persiguiéndose entre sí.
En cualquier caso, la amenaza yihadista no puede utilizarse para atribuir a todos los participantes en protestas políticas una complicidad terrorista que no se desprende de sus actuaciones.
La denuncia verdaderamente importante apunta a quienes justifican el fanatismo, celebran sus crímenes o conceden respetabilidad política a organizaciones que recurren deliberadamente al asesinato de civiles.
El terrorismo no se vuelve respetable por envolverse en una bandera revolucionaria.
VII. FRANCO, EL MUERTO MÁS RENTABLE DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA
Y mientras todo esto sucede, vuelve Francisco Franco.
¡Otra vez!
El general falleció el 20 de noviembre de 1975.
Casi cincuenta y un años después, continúa ocupando un lugar extraordinario en la política española.
En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez trasladó sus restos desde el Valle de los Caídos.
En 2026, las políticas de memoria democrática vuelven a protagonizar enfrentamientos electorales.
El Ministerio de Cultura ha promovido la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco y mantiene iniciativas relacionadas con Cuelgamuros.
La memoria histórica se ha convertido en uno de los campos habituales de confrontación entre el Gobierno y sus adversarios.
Y cabe formular una pregunta cargada de ironía:
¿Cuántos problemas de los españoles se solucionan desenterrando políticamente a Franco por enésima vez?
¿Disminuyen los impuestos?
¿Mejoran las pensiones?
¿Se reduce la deuda pública?
¿Desaparecen las listas de espera?
¿Se garantiza la seguridad de los ciudadanos?
¿Se consigue que los periodistas puedan trabajar sin recibir amenazas?
El franquismo pertenece a la historia de España y su estudio merece rigor, archivos abiertos y libertad de investigación. Pero utilizar permanentemente su recuerdo para convertir al adversario contemporáneo en heredero de una dictadura constituye una operación política de muy distinta naturaleza.
Franco no se presenta a las elecciones.
No tiene escaños.
No dirige un partido.
No convoca manifestaciones.
Y, sin embargo, sigue apareciendo en el debate político como si acabara de abandonar el Palacio de El Pardo.
¡Qué extraordinaria capacidad de supervivencia política!
Para determinados propagandistas, parece que el general dispone todavía de una agenda más apretada que muchos ministros.
Y todo ello mientras España debe afrontar problemas que afectan directamente a la vida de sus ciudadanos.
VIII. ¿QUÉ OCURRIRÁ AL DÍA SIGUIENTE DE QUE SÁNCHEZ ABANDONE EL GOBIERNO?
Ésta es la gran pregunta.
Porque los españoles están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre.
Y la democracia tiene una regla elemental: los gobiernos deben poder ser sustituidos pacíficamente mediante elecciones.
Pero ¿qué sucederá si Pedro Sánchez y sus aliados pierden el poder?
¿Se aceptará la alternancia?
¿Continuarán las movilizaciones dentro del ejercicio pacífico de los derechos constitucionales?
¿O aparecerán grupos dispuestos a convertir las calles en instrumentos de intimidación política?
Las preguntas no nacen de la fantasía.
Nacen de observar cómo determinadas concentraciones degeneran en agresiones, incendios y enfrentamientos.
No todos los que protestan participan en esos actos. Pero quienes los practican consiguen algo que va mucho más allá de los daños materiales: extender el temor.
Y ese temor puede convertirse en una forma de presión política.
El comerciante que cierra anticipadamente su negocio.
El ciudadano que evita determinadas calles.
El periodista que necesita protección para trabajar.
El conferenciante que no consigue celebrar su acto.
Todos ellos experimentan una pérdida efectiva de libertad.
Las elecciones no pueden convertirse en una mera autorización provisional para gobernar, pendiente de que los grupos violentos concedan después su particular permiso.
La soberanía reside en los ciudadanos.
No en las barricadas.
No en los encapuchados.
No en las organizaciones que pretenden monopolizar la representación moral del pueblo.
Y tampoco en quienes se consideran depositarios exclusivos de la legitimidad democrática.
IX. LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y EL SILENCIO CÓMPLICE
La violencia necesita ejecutores.
Pero su persistencia también puede verse favorecida por la tolerancia social, las justificaciones públicas y la ausencia de consecuencias proporcionadas.
De ahí la importancia de exigir a los dirigentes políticos algo más que declaraciones cuidadosamente calculadas.
No basta con condenar la violencia en abstracto.
Hay que condenar las actuaciones concretas.
No basta con proclamar el derecho a manifestarse.
Hay que garantizar también el derecho de quienes discrepan.
No basta con declararse antifascista.
Hay que demostrar respeto por las libertades ajenas.
Y no basta con exigir tolerancia cuando uno está en la oposición para olvidarse de ella cuando controla las instituciones.
Lo mismo vale para las organizaciones islamistas que defienden proyectos políticos autoritarios.
Ninguna causa religiosa, nacionalista o revolucionaria puede situarse por encima de los derechos fundamentales.
Ningún dirigente debería considerar aceptable la intimidación de sus adversarios por el simple hecho de que éstos profesen ideas contrarias a las suyas.
Y ningún medio de comunicación debería disfrazar mediante expresiones amables lo que constituye una agresión, un saqueo o una destrucción deliberada de bienes.
Las palabras importan porque influyen en la percepción pública de los hechos.
Y cuando la terminología periodística se emplea para suavizar selectivamente la gravedad de determinadas actuaciones, deja de informar con precisión.
X. EL VERDADERO EXAMEN DEMOCRÁTICO
Se acerca una nueva cita electoral.
Los partidos presentarán sus programas.
Los dirigentes recorrerán España prometiendo soluciones.
Los medios de comunicación multiplicarán sus análisis y comentarios.
Y los ciudadanos decidirán mediante el voto.
Pero después llegará el examen verdaderamente importante.
¿Respetarán todos el resultado?
¿Aceptarán los derrotados su nueva posición?
¿Podrán los vencedores ejercer sus responsabilidades sin intimidaciones?
¿Actuarán las autoridades con la misma diligencia frente a cualquier agresión política?
¿Se garantizará que los españoles puedan vivir, trabajar, circular y expresarse sin miedo?
Éstas son cuestiones mucho más importantes que cualquier consigna electoral.
Porque la democracia no consiste solamente en introducir una papeleta en una urna.
Consiste también en aceptar que los demás tienen exactamente el mismo derecho a participar en la vida pública.
Incluidos quienes piensan de manera completamente distinta.
Y quienes recurren a la intimidación para impedirlo están atacando uno de sus fundamentos.
EPÍLOGO. ¡COSAS VEREDES Y OYERES QUE HARÁN TEMBLAR LAS PAREDES!
En la España de 2026 hemos llegado a una situación verdaderamente pintoresca.
Los violentos pueden proclamarse pacifistas.
Los intolerantes pueden presentarse como defensores de la diversidad.
Los enemigos de determinadas libertades pueden declararse sus principales protectores.
Los movimientos revolucionarios pueden encontrar aliados circunstanciales en organizaciones religiosas fanáticas que desprecian buena parte de sus principios.
Y quienes justifican las agresiones contra sus adversarios todavía pueden presentarse como guardianes de la convivencia.
Mientras tanto, algunos medios de comunicación continúan hablando de tensión, incidentes y altercados.
¡Pues vaya!
Cuando una piedra alcanza la cabeza de un policía, no ha aumentado la tensión.
Ha ocurrido una agresión.
Cuando se incendia un vehículo, no estamos ante una discrepancia política particularmente apasionada.
Se ha producido una destrucción.
Cuando se persigue a un periodista para impedirle informar, no se está defendiendo la libertad.
Se está atacando.
Y cuando alguien utiliza el antifascismo para justificar la violencia, está contradiciendo precisamente los principios democráticos que dice defender.
La libertad no necesita matones que la protejan. Necesita ciudadanos dispuestos a ejercerla y autoridades obligadas a garantizarla.
Por eso la cuestión fundamental no es cuántas veces más volverá Pedro Sánchez a hablar de Franco.
Ni cuántos discursos se pronunciarán contra el fascismo.
Ni cuántas consignas revolucionarias se gritarán por las calles.
La cuestión fundamental es otra:
¿PODRÁN LOS ESPAÑOLES ELEGIR LIBREMENTE A SUS GOBERNANTES Y VIVIR DESPUÉS EN PAZ, SIN QUE NINGUNA ORGANIZACIÓN, DE DERECHAS, DE IZQUIERDAS O RELIGIOSA, PRETENDA IMPONER SU VOLUNTAD MEDIANTE LA VIOLENCIA?
Porque, cuando las urnas dejan de ser suficientes y las barricadas aspiran a decidir quién puede gobernar, el problema ya no consiste en una simple disputa entre partidos.
Consiste en la defensa misma de la convivencia democrática.
Y eso no se arregla sacando otra vez a pasear el recuerdo de Franco.
Ni llamando aumento de la tensión a lo que sencillamente se llama violencia.
