Deuda, despilfarro y una hipoteca de más de dos billones de euros.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Resumen para lectores con prisas

España no atraviesa únicamente un problema de deuda pública. Padece una forma de gobernar basada en gastar hoy y dejar la factura para mañana.

El Gobierno y buena parte de los medios presentan habitualmente la deuda conforme al Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), una metodología contable útil para las comparaciones dentro de la Unión Europea, pero que no refleja el conjunto de las obligaciones financieras del sector público. Si se consideran los pasivos totales y otros compromisos que terminarán recayendo sobre los contribuyentes, la deuda real supera ya los dos billones de euros, una carga cercana a 160.000 euros por familia española.

La propaganda oficial insiste en que la relación deuda/PIB mejora. Pero una cosa es que disminuya un porcentaje y otra muy distinta que disminuya la deuda. En España ocurre precisamente lo contrario:

La deuda continúa aumentando en términos absolutos mientras la inflación incrementa artificialmente el PIB nominal y hace parecer menos grave el endeudamiento.

Lo más preocupante es que esta deuda sigue creciendo en una etapa de recaudación tributaria récord y de cuantiosas ayudas procedentes de la Unión Europea. Nunca se habían recaudado tantos impuestos y, sin embargo, el Estado sigue necesitando endeudarse. Ello demuestra que el problema no reside en la falta de ingresos, sino en un gasto público estructural que aumenta constantemente.

A esa irresponsabilidad financiera se añade otra anomalía política: el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez lleva buena parte de la legislatura gobernando sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado. Administra cientos de miles de millones de euros mediante prórrogas, modificaciones presupuestarias y decretos, sin presentar en tiempo y forma un plan completo de ingresos y gastos ni someterlo al imprescindible control parlamentario. Una democracia puede soportar muchas deficiencias; difícilmente puede conservar una auténtica cultura de responsabilidad cuando el presupuesto deja de ser el principal instrumento de control del poder.

El crecimiento continuo del Estado agrava todavía más el problema. España mantiene una compleja superposición de administraciones —Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consejos insulares, comarcas, mancomunidades, más de ocho mil ayuntamientos y millares de empresas y organismos públicos— que multiplica los costes, las duplicidades, triplicidades, cuadruplicidades… y la burocracia. El llamado Estado autonómico no solo ha descentralizado competencias; también ha descentralizado el gasto, la deuda, el clientelismo y las oportunidades de corrupción.

A todo ello se suma la deuda implícita: pensiones, sanidad, dependencia y demás compromisos futuros derivados de una población cada vez más envejecida y una natalidad insuficiente para garantizar el relevo generacional. Son obligaciones que apenas aparecen en las cifras oficiales, pero que terminarán financiándose mediante más impuestos, más inflación o más deuda.

Porque la deuda siempre acaba pagándose.

No existen milagros financieros.

Los gobiernos solo disponen de cuatro caminos: subir los impuestos, reducir el poder adquisitivo mediante la inflación, emitir nueva deuda para pagar la antigua o aplicar ajustes cuando ya no queda otra alternativa. En España se utilizan simultáneamente los tres primeros y se pospone el cuarto para el siguiente Gobierno.

Las grandes crisis de deuda soberana nunca comienzan siendo un problema exclusivamente económico. Empiezan cuando los mercados dejan de confiar en la capacidad o en la voluntad de un Estado para ordenar sus cuentas. Mientras existe confianza, el sistema continúa funcionando. Cuando desaparece, el ajuste suele ser rápido y doloroso.

España aún está a tiempo de evitar ese escenario. Pero para conseguirlo no bastan nuevos impuestos ni más endeudamiento. Resulta imprescindible recuperar la disciplina presupuestaria, reducir drásticamente el despilfarro, eliminar duplicidades administrativas, exigir responsabilidad personal a quienes gestionan el dinero público y devolver al Estado su verdadera función: servir a la sociedad en lugar de servirse de ella.

La deuda pública no es una simple cifra contable.

Es riqueza futura consumida por adelantado.

Es un impuesto diferido sobre nuestros hijos y nietos.

Y constituye el mejor indicador de hasta qué punto una generación ha sido capaz —o incapaz— de administrar con prudencia el país que recibió en depósito.

Si quieres saber más y profundizar, sigue leyendo.

PUES, SÍ… ESPAÑA VIVE DE PRESTADO

La mayor amenaza para el porvenir económico de España no llega en patera, no ocupa edificios públicos, no corta carreteras ni provoca grandes manifestaciones. Crece silenciosamente, día tras día, sin apenas aparecer en las portadas y envuelta en una niebla de porcentajes, artificios contables y propaganda oficial.

Se llama deuda pública.

No es una abstracción reservada a economistas, funcionarios del Banco de España o especuladores financieros. Tampoco es una cifra inocua que pueda crecer eternamente sin consecuencias.

La deuda pública es gasto presente cargado sobre el futuro.

Es un impuesto que todavía no se ha cobrado.

Es riqueza que los gobernantes actuales consumen y que deberán pagar ciudadanos que, en muchos casos, ni siquiera habían nacido cuando se contrajo.

España vive de prestado. Y lo más grave no es únicamente cuánto debe, sino que ha convertido el endeudamiento en su forma ordinaria de gobierno.

La cifra que se publica y la deuda que realmente existe

El Gobierno presenta habitualmente la deuda calculada conforme al Protocolo de Déficit Excesivo de la Unión Europea. Es la llamada deuda PDE o deuda de Maastricht: una medida útil para comparar países y comprobar el cumplimiento de las reglas europeas, pero insuficiente para conocer el conjunto de las obligaciones financieras del sector público.

Esa es la cifra que ocupa los titulares.

La más conveniente.

La políticamente presentable.

Sin embargo, no es toda la deuda existente.

La deuda PDE excluye determinadas obligaciones entre administraciones públicas, algunos pasivos financieros y otros compromisos que, aunque desaparezcan de la fotografía estadística, no desaparecen de la realidad económica.

Cuando se examinan los pasivos totales de las administraciones públicas, el resultado es muy distinto.

Según los datos y cálculos que venimos manejando, la deuda pública española ya superó durante 2025 los 2,23 billones de euros, cifra equivalente aproximadamente al 134 % del producto interior bruto.

No estamos hablando, por tanto, de una deuda cercana a 1,7 billones, como suele repetirse.

La carga real ha superado ampliamente los dos billones de euros.

La diferencia entre ambas mediciones ronda o supera el medio billón. No es un pequeño desacuerdo entre contables. Es una masa gigantesca de obligaciones que queda fuera del relato habitual.

Dos billones de euros constituyen una cantidad difícil de imaginar. Si una persona gastara un millón de euros diarios, necesitaría más de cinco mil cuatrocientos años para consumir semejante suma.

Esa es la hipoteca acumulada sobre España.

Y continúa creciendo.

La deuda no baja: baja el porcentaje

El segundo artificio consiste en presentar la evolución de la relación entre deuda y PIB como si fuera equivalente a una reducción de la deuda.

No lo es.

La relación deuda/PIB puede disminuir por dos razones:

porque se reduzca la deuda;

o porque aumente el PIB nominal.

En España ha sucedido principalmente lo segundo.

La deuda continúa creciendo en términos absolutos, pero el PIB expresado en euros aumenta debido, en parte, a la inflación. Al crecer el denominador de la fracción, el porcentaje puede disminuir aunque el Estado deba más dinero que el año anterior.

Un ejemplo sencillo permite entenderlo.

Si un país debe 1.000 y produce bienes y servicios por valor de 1.000, su relación deuda/PIB es del 100 %.

Al año siguiente, la deuda aumenta hasta 1.100, pero el PIB nominal, impulsado por la subida de los precios, alcanza 1.200. La relación baja al 91,6 %.

El Gobierno proclama entonces que la deuda se ha reducido.

Pero la deuda no se ha reducido.

Ha aumentado de 1.000 a 1.100.

El porcentaje parece mejorar porque los precios son más altos, no necesariamente porque la nación produzca más bienes, sea más productiva o haya enriquecido a sus ciudadanos.

De este modo se construye el espejismo:

se emplea una medición parcial de la deuda;

se divide por un PIB nominal acrecentado por la inflación;

y se presenta el resultado como una mejora de las cuentas públicas.

Mientras tanto, el Estado debe más dinero, los ciudadanos pagan más impuestos y sus salarios y ahorros compran menos.

Más impuestos, fondos europeos y, aun así, más deuda

La situación resulta todavía más grave cuando se observa el entorno en el que se ha producido este aumento del endeudamiento.

España ha disfrutado durante los últimos años de una recaudación fiscal extraordinaria. La inflación ha elevado los ingresos por IVA, impuestos especiales, cotizaciones y tributos sobre rentas nominalmente mayores. Al mismo tiempo, el país ha recibido una cantidad enorme de fondos europeos y se ha beneficiado durante años de la política expansiva del Banco Central Europeo.

Pocas veces un Gobierno ha dispuesto de tantos recursos.

Y, pese a ello, la deuda ha seguido creciendo.

La paradoja es difícil de ocultar: el Estado recauda más que nunca, recibe dinero europeo, aumenta las cotizaciones, eleva la presión fiscal y, aun así, necesita pedir prestados decenas de miles de millones de euros adicionales cada año.

La explicación es sencilla.

El problema no es solo cuánto ingresa el Estado.

El problema es que su gasto crece todavía más deprisa.

Cada nueva recaudación sirve de excusa para establecer nuevos gastos permanentes. Se crean organismos, se aumentan plantillas, se conceden subvenciones, se aprueban ayudas, se multiplican los llamados derechos y se adquieren compromisos cuyo coste no desaparece cuando termina la circunstancia que sirvió para justificarlos.

Los ingresos extraordinarios son temporales.

Los gastos creados con ellos se vuelven permanentes.

Gobernar sin presupuestos y sin rendir cuentas

A esta irresponsabilidad se añade una anomalía política de enorme gravedad.

El Gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez lleva toda la actual legislatura, y buena parte del periodo anterior, sin aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

España se ha acostumbrado a ser gobernada mediante cuentas prorrogadas, decretos, modificaciones de crédito, transferencias y decisiones improvisadas adoptadas sobre la marcha.

Los Presupuestos Generales del Estado no son un trámite administrativo.

Son la principal ley económica de la nación.

Mediante ellos, el Gobierno debe explicar cuánto pretende recaudar, cuánto piensa gastar, de dónde obtendrá los recursos, a qué dedicará el dinero y cómo financiará la diferencia.

El presupuesto permite que el Parlamento conozca las intenciones económicas del Gobierno antes de que este disponga del dinero de los ciudadanos.

La rendición de cuentas permite comprobar después qué hizo realmente con él.

Sin presupuesto previo y sin una rendición de cuentas clara, el Gobierno administra cientos de miles de millones de euros sin someter su política económica al examen parlamentario que correspondería.

La excepción se ha convertido en costumbre.

La costumbre, en una forma de eludir el control.

En cualquier empresa, asociación o comunidad de propietarios, un administrador que pretendiera actuar durante años sin presentar un presupuesto actualizado, sin anticipar ingresos y gastos y sin explicar el destino del dinero sería apartado inmediatamente.

En España, en cambio, el Gobierno presume de estabilidad mientras administra el dinero público sin presentar en tiempo y forma la ley que debería ordenar su empleo.

No es solo una irregularidad contable.

Es una degradación democrática.

Porque quien controla el presupuesto controla el poder.

Y cuando el Parlamento deja de controlar el presupuesto, también deja de controlar buena parte de la acción del Gobierno.

Emitir deuda para pagar deuda

La deuda pública no se amortiza de verdad.

Se refinancia.

Cada año vencen cientos de miles de millones de euros en letras, bonos y obligaciones. Para devolverlos, el Estado emite nueva deuda.

España necesita acudir anualmente a los mercados para obtener, por una parte, el dinero necesario para cubrir su nuevo déficit y, por otra, sustituir los títulos que llegan a su vencimiento.

La nueva deuda neta puede situarse en torno a 55.000 o 60.000 millones de euros anuales. A ello se añaden cerca de 270.000 o 290.000 millones correspondientes a vencimientos que deben refinanciarse.

En total, el Tesoro puede necesitar emitir cada año entre 330.000 y 350.000 millones de euros.

Refinanciar no significa reducir la deuda.

Significa pedir un nuevo préstamo para devolver el anterior.

Mientras los mercados confíen y acepten comprar los títulos, la rueda continúa girando.

El problema aparece cuando aumentan los intereses, disminuye la intervención del Banco Central Europeo o los inversores empiezan a desconfiar de la capacidad y de la voluntad del Gobierno para ordenar sus cuentas.

Entonces el coste de la financiación aumenta.

Al aumentar los intereses, crece el gasto público.

Al crecer el gasto, aumenta el déficit.

Al aumentar el déficit, hay que emitir más deuda.

Y cuanto mayor es la deuda, mayor resulta la cantidad necesaria para pagar sus intereses.

Así se cierra el círculo.

España no dispone de moneda propia

A veces se compara la deuda española con la de Estados Unidos o Japón para concluir que podemos continuar endeudándonos sin límite.

La comparación es engañosa.

Estados Unidos emite la principal moneda de reserva del mundo. Existe una demanda internacional permanente de dólares y de deuda del Tesoro estadounidense.

Japón conserva una gran capacidad de financiación interna y controla su moneda.

España no tiene ninguna de esas ventajas.

No emite su propia moneda.

No decide en solitario los tipos de interés.

No controla al Banco Central Europeo.

Depende de la política monetaria común, de la confianza de los inversores y de la disposición de los mercados a seguir comprando sus títulos.

Durante años, el Banco Central Europeo adquirió grandes cantidades de deuda pública y mantuvo artificialmente bajos los costes de financiación. Esa intervención permitió aplazar el problema.

Pero aplazar no significa resolver.

Cuando el banco central reduce sus compras, deja vencer los títulos acumulados o endurece su política monetaria, una parte mayor de la deuda debe ser absorbida por inversores privados.

Esos inversores no actúan por patriotismo ni por solidaridad.

Examinan el riesgo, la estabilidad política, la solvencia y la disciplina fiscal.

Y pueden marcharse.

La bomba de la Seguridad Social

A la deuda visible se añade la deuda acumulada por la Seguridad Social.

El sistema español de pensiones es un sistema de reparto. Las cotizaciones de los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales.

No existe una gran cuenta individual en la que cada trabajador haya depositado el dinero necesario para financiar su propia jubilación.

El sistema depende, por tanto, de que haya suficientes trabajadores, con salarios suficientes, para sostener a una población jubilada cada vez más numerosa.

Pero España reúne todos los elementos de una tormenta perfecta:

bajísima natalidad;

envejecimiento acelerado;

mayor esperanza de vida;

entrada tardía en el mercado laboral;

salarios insuficientes;

y una proporción creciente de pensionistas respecto de cotizantes.

La deuda de la Seguridad Social ya supera ampliamente los cien mil millones de euros y continúa aumentando.

El déficit no se resuelve.

Se cubre mediante transferencias del Estado y nuevos préstamos.

Es decir, una insuficiencia estructural se disimula mediante endeudamiento.

No se corrige el problema.

Se traslada hacia adelante.

La deuda que todavía no aparece

Existe, además, una deuda mucho mayor que no figura ni siquiera entre los pasivos financieros totales.

Es la llamada deuda implícita.

Está formada por las obligaciones que el Estado ha prometido atender durante las próximas décadas sin haber reservado los recursos suficientes para financiarlas.

Pensiones.

Sanidad.

Dependencia.

Prestaciones sociales.

Cuidados de una población envejecida.

No aparecen hoy como bonos o letras del Tesoro, pero deberán pagarse.

Por tanto, constituyen obligaciones económicas tan reales como cualquier préstamo.

La diferencia consiste únicamente en que todavía no han llegado a su vencimiento.

Algunas estimaciones sitúan esos compromisos no financiados en varios múltiplos del PIB español. No significa que todo deba pagarse mañana, pero sí que el Estado ha prometido para las próximas décadas mucho más de lo que parece capaz de sufragar con sus ingresos ordinarios.

La deuda completa no es, pues, únicamente lo que España debe hoy.

Es también lo que ha prometido pagar mañana.

La deuda siempre se paga.

Existe una verdad elemental que la propaganda trata de ocultar: la deuda pública siempre se paga.

Puede pagarse de tres maneras.

Mediante impuestos.

Mediante inflación.

O mediante nueva deuda.

En la práctica, los gobiernos utilizan las tres.

Los impuestos extraen directamente renta de trabajadores, ahorradores, consumidores y empresas.

La inflación reduce silenciosamente el valor de salarios, pensiones y ahorros.

La nueva deuda traslada el pago hacia el futuro y añade nuevos intereses.

El ciudadano soporta así una doble o triple carga.

Paga más impuestos.

Su dinero vale menos.

Y sus hijos reciben una deuda mayor.

La inflación es especialmente útil para un Estado endeudado. Eleva artificialmente la recaudación, incrementa el PIB nominal y reduce el valor real de las obligaciones antiguas.

Pero ese alivio del deudor público se produce a costa del acreedor privado, del trabajador, del pensionista y del ahorrador.

Juan de Mariana ya explicó hace siglos que alterar el valor de la moneda equivale a despojar al ciudadano sin reconocer abiertamente el tributo.

Hoy no se rebaja el contenido metálico de las monedas.

Se reduce su poder adquisitivo.

El procedimiento ha cambiado.

El resultado es el mismo.

Un Estado que absorbe la riqueza nacional

La deuda española no puede separarse del crecimiento desmesurado del Estado.

España sostiene varias capas administrativas superpuestas: Estado central, diecisiete comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consejos insulares, mancomunidades, comarcas, más de ocho mil ayuntamientos y una selva de empresas públicas, consorcios, fundaciones, agencias, observatorios, institutos y entidades de toda clase.

Cada nivel reproduce estructuras semejantes.

Cada estructura necesita cargos, empleados, sedes, vehículos, asesores, contratación, campañas, subvenciones y órganos directivos.

Las mismas funciones se repiten.

Las responsabilidades se confunden.

El gasto se multiplica.

Y nadie responde personalmente por el resultado.

El Estado autonómico no se ha limitado a descentralizar competencias.

Ha descentralizado el gasto, la deuda, el clientelismo, la propaganda y las posibilidades de corrupción.

Roberto Centeno estimó hace años que el despilfarro derivado de duplicidades, estructuras innecesarias, fragmentación administrativa y mala gestión podía alcanzar alrededor del 10 % del PIB.

Seis años después, lejos de haberse corregido, el problema ha aumentado.

Hay más empleados públicos.

Más organismos.

Más asesores.

Más subvenciones.

Más gasto social comprometido.

Más deuda.

Y menos voluntad política de someter todo ese aparato a una revisión rigurosa.

La economía al servicio del Estado

Los gobiernos no crean riqueza.

Pueden favorecerla mediante seguridad jurídica, buenas infraestructuras, justicia rápida, impuestos razonables, estabilidad y servicios esenciales bien administrados.

También pueden destruirla mediante burocracia, arbitrariedad, inseguridad, impuestos excesivos, regulaciones contradictorias y gasto improductivo.

La riqueza la crean quienes trabajan, ahorran, invierten, producen, comercian e inventan.

Cada euro absorbido por un Estado sobredimensionado es un euro que deja de financiar consumo, ahorro o inversión privada.

A medida que el gasto público ocupa una proporción mayor de la economía, el capital disponible para crear empresas, mejorar la productividad, adquirir maquinaria o aumentar salarios se reduce.

El Estado promete proteger a todos.

Pero para mantener sus promesas termina debilitando la fuente misma de la riqueza que necesita recaudar.

Llega entonces un momento en que la sociedad ya no sostiene un Estado a su servicio.

Trabaja para alimentar al Estado.

Una crisis económica que será política

No existe una cifra mágica de deuda/PIB que provoque automáticamente una quiebra.

Japón ha mantenido durante años una relación muy elevada.

Grecia entró en crisis con una inferior.

Argentina ha incumplido sus pagos en numerosas ocasiones con porcentajes distintos.

La diferencia decisiva se encuentra en la confianza.

Mientras los acreedores crean que un país pagará, continúan prestándole.

Cuando dejan de creerlo, exigen intereses más altos o dejan de comprar su deuda.

En ese momento, lo que parecía un problema lejano se convierte en una crisis inmediata.

Las crisis de deuda soberana nunca son puramente matemáticas.

Son crisis de confianza y, por tanto, crisis políticas.

Los mercados no solo preguntan cuánto debe un país.

Preguntan si su Gobierno está dispuesto a recortar gastos, reformar estructuras, cumplir compromisos y decir la verdad a sus ciudadanos.

España ofrece una respuesta preocupante.

Mantiene déficits incluso cuando la economía crece.

Aumenta la deuda pese a la recaudación extraordinaria.

Se niega a reformar un sistema administrativo costosísimo.

Acumula compromisos futuros.

Gobierna sin nuevos presupuestos.

Y presenta como reducción de deuda lo que no es más que una disminución estadística del porcentaje.

La factura llegará

España todavía no ha quebrado.

Pero esa no es la cuestión.

La cuestión es cuánto margen conserva para afrontar la próxima recesión, la siguiente crisis financiera, una nueva subida de los intereses o una retirada más intensa del apoyo del Banco Central Europeo.

Si en tiempos de crecimiento, recaudación histórica y fondos europeos seguimos aumentando la deuda, ¿qué ocurrirá cuando lleguen años verdaderamente difíciles?

La respuesta es evidente.

Habrá que subir impuestos.

Reducir prestaciones.

Congelar salarios y pensiones.

Aumentar la inflación.

O realizar todas esas cosas al mismo tiempo.

Los gobiernos pueden retrasar el ajuste.

No pueden abolirlo.

Lo que no se corrige, se acumula.

Y lo que se acumula termina ajustándose.

Epílogo: una hipoteca sin consentimiento

La deuda pública es presentada como una cuestión técnica.

No lo es.

Es una cuestión moral.

Los políticos gastan hoy, obtienen votos hoy y disfrutan hoy de los beneficios de sus promesas.

La factura se entrega a personas que no participaron en la decisión.

Cada niño que nace en España llega al mundo con una parte de esa deuda sobre sus hombros.

Cada familia soporta, directa o indirectamente, una carga que puede aproximarse a los 160.000 euros.

No ha firmado ningún préstamo.

No ha recibido ese dinero.

No ha decidido cómo gastarlo.

Pero deberá contribuir a devolverlo.

España no se ha empobrecido por falta de capacidad, de trabajadores, de empresarios o de recursos.

Se está empobreciendo porque mantiene una organización política y administrativa que gasta más de lo que la economía puede sostener; porque confunde gasto con prosperidad; porque oculta la verdadera dimensión de sus obligaciones; y porque ha sustituido la responsabilidad por el aplazamiento.

La deuda pública no es dinero gratuito.

No es solidaridad europea.

No es una anotación que pueda borrarse mediante un decreto.

Es riqueza futura consumida de antemano.

España vive de prestado.

Y ningún país puede vivir eternamente hipotecando a sus hijos.

El Estado autonómico: gastar lo mismo diecisiete veces

La deuda española no cayó del cielo. Es el resultado de una organización política levantada para gastar mucho, controlar poco y no exigir responsabilidades a nadie.

España mantiene una Administración central, diecisiete administraciones autonómicas, diputaciones, cabildos, consejos insulares, comarcas, mancomunidades, más de ocho mil ayuntamientos y millares de empresas, fundaciones, agencias, consorcios, observatorios, institutos y demás organismos públicos.

Cada nivel político reproduce las estructuras de los demás.

Presidentes, parlamentos, consejerías, altos cargos, asesores, gabinetes de prensa, edificios, vehículos, empresas públicas, televisiones, embajadas encubiertas y aparatos de propaganda.

No se descentralizaron únicamente los servicios.

Se descentralizaron el gasto, la deuda, el clientelismo y la corrupción.

Diecisiete sanidades y diecisiete sistemas educativos

La transferencia de la sanidad y la enseñanza se presentó como un modo de acercar los servicios al ciudadano.

El resultado ha sido la ruptura de la igualdad entre españoles.

La asistencia sanitaria, las listas de espera, las prestaciones, el calendario de vacunación, las pruebas diagnósticas y el acceso a determinados medicamentos dependen del lugar de residencia.

En enseñanza sucede algo semejante.

Diecisiete administraciones elaboran planes, materiales, normas, convocatorias y estructuras burocráticas distintas. Algunas utilizan las aulas para fabricar identidades regionales, arrinconar la lengua española y transmitir una interpretación partidista de la historia.

Mientras tanto, los resultados educativos empeoran y las diferencias territoriales aumentan.

No tenemos mejores servicios por gestionarlos diecisiete veces.

Tenemos diecisiete burocracias que administran servicios que deberían garantizarse en condiciones iguales para todos los españoles.

El bosque de los organismos públicos

Alrededor de las administraciones territoriales ha crecido una vegetación casi impenetrable de entidades públicas.

Empresas que no venden.

Observatorios que apenas observan.

Fundaciones que no se sostendrían sin subvenciones.

Institutos dedicados a materias ya atendidas por ministerios, consejerías o universidades.

Agencias creadas para eludir los controles ordinarios de la Administración.

Cada organismo tiene dirección, personal, sede, presupuesto y capacidad para contratar.

Muchos nacieron con carácter provisional.

Casi ninguno desapareció.

El Estado español posee una extraordinaria habilidad para crear organismos y una incapacidad absoluta para clausurarlos.

El gasto público como sistema de poder

Este aparato no se mantiene únicamente por torpeza.

También cumple una función política.

Permite repartir cargos, contratar asesores, otorgar subvenciones, financiar asociaciones afines, sostener medios dependientes del presupuesto y convertir el dinero público en una herramienta de fidelización.

Quien recibe una ayuda teme perderla.

Quien obtiene una subvención aprende a no incomodar al otorgante.

Quien ocupa un cargo público debe lealtad a quien lo designó.

Así se construyen las clientelas.

El ciudadano deja de ser dueño de su vida y se convierte paulatinamente en beneficiario, solicitante o dependiente de una administración que primero le quita el dinero y después exige gratitud por devolverle una parte.

El precio de la fragmentación

El coste del sistema autonómico no se limita a los sueldos, edificios y organismos duplicados.

También fragmenta el mercado nacional.

Una empresa que desee trabajar en toda España debe enfrentarse a normas, permisos, registros, requisitos lingüísticos y procedimientos distintos según la comunidad autónoma.

España pertenece a una Unión Europea que pretende eliminar fronteras económicas mientras levanta barreras interiores entre españoles.

Esta maraña normativa encarece la actividad, desalienta la inversión y perjudica especialmente a las empresas pequeñas, que no disponen de departamentos jurídicos capaces de interpretar diecisiete legislaciones diferentes.

El daño no siempre aparece en los presupuestos.

Se manifiesta en empresas que no nacen, inversiones que se marchan, empleos que no se crean y riqueza que nunca llega a producirse.

El diez por ciento del PIB

Roberto Centeno estimaba hace años que el despilfarro público español podía alcanzar alrededor del diez por ciento del PIB.

No se refería exclusivamente a dinero robado o malversado.

Incluía duplicidades, estructuras inútiles, organismos sobrantes, mala gestión, contratación inflada, pérdida de economías de escala y fragmentación del mercado.

Aunque resulte imposible fijar una cifra exacta, el orden de magnitud sigue siendo aterrador.

Hablamos de decenas de miles de millones de euros anuales que podrían emplearse en reducir deuda, aliviar impuestos, mejorar la sanidad, reforzar la justicia, mantener infraestructuras o garantizar servicios esenciales.

Pero reconocerlo obligaría a desmontar una parte sustancial del aparato del que viven los partidos.

Y quienes se reparten el Estado difícilmente aceptarán reducirlo.

Recentralizar para garantizar la igualdad

La recentralización de la sanidad, la enseñanza, la justicia, la seguridad y las grandes infraestructuras no sería un regreso al pasado.

Sería una recuperación de la racionalidad.

Una sola planificación.

Una única cartera común de servicios.

Compras conjuntas.

Normas iguales.

Menos cargos políticos.

Menos organismos duplicados.

Más igualdad entre españoles.

La cercanía administrativa puede mantenerse donde resulte útil. Lo que carece de sentido es confundir cercanía con soberanía, multiplicar por diecisiete las estructuras de gestión y después pedir al contribuyente que financie el resultado.

España no necesita diecisiete pequeños Estados.

Necesita un Estado nacional eficaz, limitado y responsable.

Porque mientras el aparato público continúe creciendo, también crecerán el déficit, los impuestos y la deuda.

Y cuando el dinero no alcance, los gobernantes volverán a hacer lo de siempre:

pedir prestado,

aplazar la factura

y enviársela a nuestros hijos.

La deuda siempre se paga

Existe una mentira económica extraordinariamente extendida: creer que la deuda pública puede crecer indefinidamente sin que nadie soporte sus consecuencias.

No existe tal milagro.

La deuda siempre acaba pagándose.

La única incógnita consiste en saber quién la paga y de qué manera.

Los gobiernos disponen únicamente de cuatro procedimientos.

Subir los impuestos.

Reducir el valor del dinero mediante la inflación.

Emitir nueva deuda para pagar la anterior.

O recortar gastos cuando ya no queda otra salida.

En España se utilizan, simultáneamente, los tres primeros.

El cuarto siempre se deja para el siguiente Gobierno.

La inflación: el impuesto invisible

Juan de Mariana denunció hace más de cuatro siglos que alterar el valor de la moneda equivalía a despojar silenciosamente a los ciudadanos de una parte de su patrimonio.

Entonces los reyes rebajaban la cantidad de oro o plata contenida en las monedas.

Hoy el procedimiento es distinto.

El resultado es exactamente el mismo.

Cuando aumenta la inflación, el dinero pierde poder adquisitivo.

Los salarios compran menos.

Las pensiones compran menos.

Los ahorros compran menos.

El Estado, sin embargo, recauda más.

El IVA aumenta automáticamente.

También lo hace el IRPF cuando los salarios nominales suben para compensar parcialmente la inflación.

Las cotizaciones sociales también crecen.

El ciudadano cree ganar más.

En realidad, muchas veces es más pobre.

La inflación constituye el impuesto perfecto.

No necesita aprobarse en el Parlamento.

No aparece claramente identificado en ninguna nómina.

No llega ninguna carta anunciándolo.

Pero todos lo pagan.

Especialmente quienes viven de un salario fijo, de una pensión o de unos modestos ahorros.

El Estado recauda más… y nunca le basta

España bate año tras año récords de recaudación tributaria.

Nunca se habían ingresado tantos impuestos.

Nunca había existido una presión fiscal tan elevada.

Sin embargo, el déficit continúa.

Y la deuda también.

¿Por qué?

Porque el problema nunca ha sido la falta de ingresos.

El problema reside en que el gasto aumenta todavía más deprisa.

Cada nueva fuente de ingresos termina convirtiéndose en una nueva oportunidad para gastar.

Se crean ministerios.

Observatorios.

Agencias.

Subvenciones.

Ayudas.

Empresas públicas.

Campañas institucionales.

Organismos consultivos.

Y, una vez creados, casi ninguno desaparece.

La Administración española funciona como un organismo que jamás deja de crecer.

Nunca considera suficiente lo que recauda.

La clase media paga la factura

Los grandes perjudicados no son los multimillonarios.

Tampoco quienes viven permanentemente de subvenciones.

La principal víctima es la clase media.

El trabajador.

El pequeño empresario.

El profesional autónomo.

El ahorrador.

Quien paga impuestos.

Quien crea riqueza.

Quien sostiene realmente el Estado.

Cada aumento de impuestos reduce su capacidad de ahorrar.

Cada subida de cotizaciones encarece el empleo.

Cada incremento del IVA disminuye su poder de compra.

Cada emisión de deuda compromete parte de su renta futura.

Así se produce un fenómeno silencioso pero devastador.

La riqueza deja de permanecer en manos de quienes la producen para concentrarse progresivamente en manos de la Administración.

El ciudadano depende cada vez más del Estado.

Y el Estado depende cada vez más de endeudarse.

La política del aplazamiento

Ningún Gobierno gana elecciones prometiendo austeridad.

Todos prometen gastar más.

Más ayudas.

Más prestaciones.

Más subvenciones.

Más derechos.

La factura siempre se pospone.

Se carga sobre quienes todavía no votan.

O sobre quienes aún no han nacido.

La deuda pública constituye, probablemente, la forma más sofisticada de representación sin consentimiento.

Los gobernantes deciden.

Los ciudadanos futuros pagan.

Y cuando finalmente llega el momento del ajuste, los responsables políticos ya no ocupan el poder.

La deuda permanece.

Ellos no.

Una cuestión moral

El endeudamiento no constituye únicamente un problema financiero.

Es, sobre todo, una cuestión moral.

Cada generación recibe España en depósito.

No tiene derecho a consumir anticipadamente la riqueza de las generaciones siguientes.

Sin embargo, eso es exactamente lo que llevamos haciendo desde hace décadas.

Vivimos mejor de lo que producimos.

Gastamos más de lo que ingresamos.

Prometemos más de lo que podremos cumplir.

Y trasladamos la diferencia a quienes todavía no pueden defenderse.

Ninguna familia actuaría así durante mucho tiempo.

Ninguna empresa sobreviviría.

Ningún particular obtendría crédito indefinidamente.

¿Por qué habría de ser diferente un Estado?

No lo es.

Simplemente tarda más en llegar la factura.

Pero termina llegando.

Cuando los mercados dejan de creer

Las naciones no suspenden pagos porque un lunes por la mañana descubran que se han quedado sin dinero.

Las crisis de deuda soberana siguen siempre un proceso mucho más lento… hasta que, de repente, dejan de ser lentas.

Durante años, todo parece funcionar.

El Estado continúa endeudándose.

Los mercados siguen comprando bonos.

Los intereses permanecen contenidos.

Los políticos prometen nuevos gastos.

Los ciudadanos apenas perciben el peligro.

Entonces sucede algo aparentemente insignificante.

Los inversores comienzan a dudar.

No hace falta que todos huyan.

Basta con que una parte importante empiece a preguntarse si el Estado será capaz de devolver lo prestado sin recurrir a más impuestos, más inflación o más deuda.

La confianza empieza a resquebrajarse.

Y con ella cambia todo.

La confianza vale más que el dinero

El dinero nunca ha sido el verdadero problema.

Lo decisivo siempre ha sido la confianza.

Mientras los acreedores crean que un Estado cumplirá sus compromisos, continuarán financiándolo.

Cuando dejan de creerlo, exigen intereses más elevados para compensar el riesgo.

Y esos intereses generan más déficit.

El mayor déficit exige nuevas emisiones de deuda.

Las nuevas emisiones aumentan todavía más la desconfianza.

Así comienza el círculo vicioso que ha destruido la estabilidad financiera de numerosos países a lo largo de la Historia.

No existe ninguna ley económica que garantice que España permanecerá al margen de ese proceso.

La lección de Grecia

Conviene recordar lo ocurrido en Grecia.

Durante años pareció un país perfectamente normal.

Sus administraciones gastaban.

Los mercados prestaban.

La deuda aumentaba.

Hasta que un día dejaron de prestar.

En cuestión de meses, lo que parecía un problema técnico se transformó en una tragedia nacional.

Las pensiones fueron reducidas.

Los salarios públicos disminuyeron drásticamente.

Miles de empresas desaparecieron.

El desempleo alcanzó niveles insoportables.

Y millones de ciudadanos descubrieron demasiado tarde que la deuda nunca desaparece.

Simplemente cambia de pagador.

No se trata de afirmar que España vaya a recorrer exactamente el mismo camino.

La Historia nunca se repite de forma idéntica.

Pero sí rima.

Y quienes ignoran sus advertencias suelen terminar aprendiendo las mismas lecciones por las malas.

Nadie responde de nada

Existe, además, una diferencia esencial entre una empresa privada y el Estado.

Cuando una empresa quiebra, alguien responde.

Los accionistas pierden.

Los administradores pueden ser cesados.

Incluso responder con su patrimonio en determinados supuestos.

En el Estado ocurre exactamente lo contrario.

Los gobernantes que generan el déficit abandonan el poder.

Los ministros cambian.

Los altos cargos desaparecen.

Los asesores encuentran otro destino.

Pero la deuda permanece.

Jamás responden con su patrimonio.

Jamás indemnizan al contribuyente.

Jamás soportan personalmente las consecuencias de una gestión ruinosa.

Por eso resulta imprescindible recuperar un principio que nuestros antepasados conocían perfectamente: quien administra bienes ajenos debe rendir cuentas de su gestión.

El viejo juicio de residencia obligaba a los gobernantes a someterse al examen de su actuación antes de abandonar el cargo.

Quizá no sea necesario restaurarlo exactamente como existió.

Pero sí recuperar su espíritu.

Quien maneja cientos o miles de millones de euros pertenecientes a los contribuyentes debería responder personalmente cuando su actuación, por negligencia grave, arbitrariedad o despilfarro manifiesto, cause un daño enorme a la comunidad.

Sin responsabilidad personal, la irresponsabilidad política deja de ser una excepción.

Se convierte en método de gobierno.

Todavía estamos a tiempo

España no está condenada.

Posee empresarios capaces.

Trabajadores cualificados.

Profesionales excelentes.

Infraestructuras de primer orden.

Una posición geográfica privilegiada.

Y recursos suficientes para prosperar.

Lo que no puede sostener indefinidamente es un aparato político-administrativo que crece mucho más deprisa que la riqueza nacional.

No necesitamos más impuestos.

Ni más deuda.

Ni más ministerios.

Ni más organismos.

Necesitamos exactamente lo contrario.

Un Estado más pequeño.

Más eficaz.

Más transparente.

Más responsable.

Y, sobre todo, gobernantes que comprendan que el dinero público no les pertenece.

Porque el dinero del Estado no existe.

Existe únicamente el dinero de los ciudadanos.

Epílogo

La factura que nadie quiere abrir

Las naciones no suelen morir de repente.

Se debilitan poco a poco.

Primero aceptan pequeños excesos.

Después convierten el despilfarro en costumbre.

Más tarde normalizan el déficit, el endeudamiento y la ausencia de responsabilidades.

Finalmente, llega un momento en que descubren que han hipotecado su futuro para sostener un presente que ya ni siquiera recuerdan por qué construyeron.

España no es un país pobre.

Nunca lo ha sido.

Posee recursos naturales, una posición geográfica privilegiada, excelentes infraestructuras, empresarios capaces, trabajadores cualificados y una sociedad extraordinariamente creativa cuando se la deja actuar.

Nuestro problema no es la falta de riqueza.

Es el exceso de Estado.

Es haber confundido el crecimiento de la Administración con el progreso de la nación.

Es haber llegado a creer que todo problema puede resolverse creando un nuevo organismo, aprobando una nueva subvención, aumentando el gasto o emitiendo más deuda.

Pero ninguna sociedad puede prosperar indefinidamente viviendo del dinero que todavía no ha ganado.

La deuda pública no constituye un recurso económico.

Es riqueza futura consumida por adelantado.

Es el ahorro de nuestros hijos gastado antes de que ellos hayan podido obtenerlo.

Es un impuesto diferido que recaerá sobre personas que jamás participaron en la decisión de contraerlo.

Por eso el verdadero debate no consiste en decidir si la deuda representa el cien, el ciento diez o el ciento treinta por ciento del producto interior bruto.

La cuestión esencial es mucho más sencilla.

¿Queremos seguir construyendo un Estado que cada año necesita endeudarse más para mantener un gasto que nunca deja de crecer?

¿O preferimos devolver al Estado su función natural: servir a la sociedad, en lugar de servirse de ella?

La Historia ofrece una enseñanza constante.

Los imperios no desaparecen porque un enemigo los derrote desde fuera.

Con mucha frecuencia se derrumban porque el peso de su propia estructura termina haciéndolos incapaces de sostenerse.

Roma, la Monarquía Hispánica, Francia, el Imperio británico y tantos otros descubrieron demasiado tarde que ninguna potencia está por encima de las leyes de la economía.

España tampoco lo está.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.

Pero el tiempo no es infinito.

Cada presupuesto aplazado.

Cada euro gastado sin respaldo.

Cada duplicidad administrativa mantenida por interés político.

Cada organismo innecesario.

Cada subvención clientelar.

Cada compromiso adquirido sin financiación suficiente.

Cada emisión de nueva deuda para pagar la antigua…

reduce un poco más el margen de maniobra de las generaciones futuras.

Hace unos días, un buen amigo israelí me escribió una reflexión que resume admirablemente el problema:

«Nadie recibe a su país como una herencia. Cada generación es solamente la bandeja de plata sobre la que ese país crece… o se deteriora.»

No podría expresarse mejor.

Ninguna generación es propietaria de España.

Únicamente la administra durante un breve instante de la Historia.

Nuestra obligación no consiste en consumir cuanto podamos mientras dure nuestro turno.

Consiste en entregar a quienes vengan detrás una nación más libre, más próspera, menos endeudada y mejor gobernada de la que recibimos.

Porque la deuda pública no mide únicamente lo que debemos.

Mide también el respeto —o la falta de respeto— que sentimos hacia quienes aún no han nacido.