¡QUÉ BUENOS SOMOS Y QUÉ MALOS SOIS LOS DEMÁS!
La falsa superioridad moral de la izquierda y el maravilloso arte de repetir consignas sin necesidad de pensar… ¡Progreso, progreso! ¡Fascista, fascista! ¡Derechos, derechos! ¡Que pague el contribuyente!
Carlos Aurelio Caldito Aunión
Hay personas que necesitan toda una vida para demostrar que son honradas, generosas, trabajadoras y respetuosas con sus semejantes. Otras lo tienen muchísimo más fácil: les basta con declararse progresistas.
¡Y asunto concluido!
Desde ese mismo instante ingresan en el selecto club de los buenos, una especie de aristocracia moral cuyos integrantes se consideran autorizados para repartir certificados de decencia, señalar a los malvados y decidir cómo deben vivir los demás.
No importa demasiado lo que hagan, cómo se comporten, cuánto dinero público gasten o cuántas veces contradigan sus propios principios.
¡Son progresistas, coño!
Y eso, al parecer, constituye una especie de indulgencia plenaria.
El no progresista, por el contrario, debe demostrar cada mañana que no desayuna niños crudos, que no esconde una camisa parda en el armario y que no guarda debajo de la cama un ejemplar del Mein Kampf.
Porque la superioridad moral progresista funciona mediante un principio sencillísimo: nosotros somos buenos por definición; vosotros debéis demostrar continuamente que no sois unos canallas.
¡Qué formidable negocio!
SI A MÍ NO ME GUSTA, ¡A TI TE LO PROHÍBO!
Cuando al no progresista no le gusta algo, procura evitarlo.
Cuando al progresista no le gusta algo, pretende que lo eviten los demás.
Uno piensa: «No me gusta; no lo haré».
El otro sentencia: «No me gusta; no lo harás».
¿No te gustan los toros? No vayas a la plaza.
¡No, hombre, no! ¡Hay que prohibirlos!
¿No quieres fumar? No fumes.
¡Insuficiente! ¡Hay que impedir que fumen los demás!
¿Eres vegetariano? Come verduras, legumbres y cuanto te apetezca.
¡Qué disparate! ¡Hay que organizar el menú de todos!
¿No te agrada determinado programa de televisión? Cambia de canal.
¡Jamás! ¡Hay que exigir que desaparezca!
¿No compartes una opinión? Discútela, rebátela, defiende tus argumentos.
¡Ni hablar! ¡Hay que denunciarla, censurarla y, si es posible, impedir que vuelva a escucharse!
Naturalmente, proteger a terceros de perjuicios reales puede exigir normas y prohibiciones. Pero una cosa es proteger derechos y otra convertir los gustos personales en obligaciones para todos.
El progresista que pretende dirigir la vida ajena encuentra una satisfacción especial en esta última posibilidad.
Porque su concepto de libertad podría resumirse así:
«Puedes hacer lo que quieras, siempre que quieras exactamente lo que yo disponga».
¡Y encima tendrás que agradecerle que te deje escoger!
¡TOLERANCIA, TOLERANCIA! ¡PERO NO ME LLEVES LA CONTRARIA!
Hubo un tiempo en que cierta izquierda recorría las calles gritando «¡Prohibido prohibir!».
¡Qué tiempos aquellos!
Algunos de sus herederos parecen haber descubierto que existe algo mucho más divertido que rebelarse contra la autoridad: ejercerla.
Y, si es posible, cobrando del presupuesto público.
Ahora quieren determinar qué palabras debemos emplear, qué bromas podemos contar, qué opiniones resultan aceptables y qué manifestaciones culturales merecen autorización.
Se proclaman defensores de la diversidad, pero la diversidad de pensamiento les produce urticaria.
Defienden la libertad de expresión, siempre que las opiniones expresadas coincidan con las suyas.
Reclaman respeto para sus convicciones, pero pueden despachar las ajenas mediante una colección de insultos.
¿No estás de acuerdo?
¡Reaccionario!
¿Tienes dudas?
¡Intolerante!
¿Pides explicaciones?
¡Fascista!
¿Insistes en discutir?
¡Ultraderechista!
Y se acabó el debate.
¡Qué extraordinario ahorro de esfuerzo intelectual!
Antes era necesario estudiar, argumentar, razonar y tratar de convencer al adversario.
Ahora basta con ponerle una etiqueta.
El loro tampoco comprende necesariamente las palabras que repite, pero al menos tiene la delicadeza de no pretender gobernar a nadie.
¡SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD! ¡QUE PAGUEN LOS DEMÁS!
Otra de las grandes especialidades de nuestro progresista consiste en presumir de generoso.
Especialmente con el dinero ajeno.
El contribuyente paga.
El Gobierno reparte.
Los intermediarios administran.
Los beneficiarios reciben.
Y el político se cuelga la medalla.
¡Magnífico procedimiento!
Porque ayudar al prójimo con el dinero propio exige desprenderse de algo que nos pertenece.
Pero repartir el dinero de los demás resulta considerablemente más cómodo.
Y si, además, permite conseguir votos, cargos, influencia y aplausos, el negocio puede resultar redondo.
Así florecen observatorios, comisiones, fundaciones, asociaciones subvencionadas, oficinas, asesores y organismos cuyos nombres suelen ocupar más espacio que la explicación de los resultados obtenidos.
¿Que existe pobreza?
¡Creemos un organismo!
¿Que continúa existiendo?
¡Ampliemos el presupuesto!
¿Que las medidas no funcionan?
¡Constituyamos una comisión!
¿Que sigue habiendo necesitados?
¡Más asesores, más campañas y nuevas subvenciones!
Y, naturalmente, todo ello bajo la bandera de la justicia social.
No se trata de negar ayudas a quienes verdaderamente las necesitan, sino de preguntarse si determinadas políticas buscan resolver sus problemas o perpetuar estructuras que viven de administrarlos.
Porque ayudar al pobre a dejar de serlo debería importar bastante más que convertir la pobreza en un negocio político permanente.
Pero, claro, si desaparecieran determinados problemas, ¿de qué vivirían tantos especialistas en administrarlos?
¡Menudo drama!
¡LA CULPA ES DEL CAPITALISMO!
Otra habilidad extraordinaria consiste en encontrar siempre un culpable externo.
Si alguien fracasa, la culpa es del capitalismo.
Si no encuentra trabajo, del neoliberalismo.
Si tiene dificultades para conseguir vivienda, de los especuladores.
Si no obtiene los resultados esperados, de la sociedad.
Si alguien discrepa de sus opiniones, de la intolerancia.
Y si no aparece ningún culpable disponible, siempre quedarán los empresarios, los bancos, los ricos, los propietarios, la globalización, los mercados o el vecino del quinto.
Por supuesto, existen injusticias auténticas, abusos, dificultades económicas y personas que necesitan protección.
Pero convertir cualquier contrariedad en una prueba de opresión constituye una magnífica receta para eliminar la responsabilidad individual.
Porque la libertad no consiste solamente en disfrutar de derechos.
También exige cumplir obligaciones, asumir responsabilidades y afrontar las consecuencias de nuestros actos.
Sin embargo, determinados predicadores del progresismo parecen convencidos de que cualquier fracaso constituye un motivo para reclamar una nueva intervención pública.
¿Una dificultad?
¡Una ayuda!
¿Un problema?
¡Una subvención!
¿Una reclamación?
¡Un organismo!
¿Un descontento?
¡Una ley!
Y si alguien pregunta cuánto cuesta todo aquello…
¡Fascista!
¡IGUALDAD, IGUALDAD! ¡PERO UNOS MÁS IGUALES QUE OTROS!
La igualdad ante la ley debería constituir uno de los principios irrenunciables de cualquier sociedad libre.
Todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y obligaciones, sin privilegios arbitrarios ni tratamientos de favor.
Sin embargo, determinados progresistas han desarrollado una curiosa habilidad para clasificar a las personas en categorías merecedoras de tratamientos diferentes.
Unos reciben certificados de víctima.
Otros, presunciones de culpabilidad.
A unos se les atribuyen virtudes colectivas.
A otros, responsabilidades históricas por hechos que jamás cometieron.
Y así, mientras se proclama la igualdad, se multiplican las distinciones.
Pero la contradicción alcanza su máxima expresión cuando llega el momento de juzgar la conducta de los dirigentes políticos.
Si un adversario favorece a un familiar, ¡nepotismo!
Si lo hace uno de los nuestros, ¡méritos profesionales!
Si un político contrario insulta, ¡escándalo!
Si insulta el nuestro, ¡contundencia democrática!
Si los adversarios cometen una irregularidad, ¡dimisión inmediata!
Si la cometen los nuestros, ¡prudencia y presunción de inocencia!
Si unos manifestantes destrozan mobiliario urbano, ¡violentos!
Si los destrozos proceden de nuestros simpatizantes, algunos descubren de pronto profundas razones sociales que merecen comprensión.
¡Qué extraordinaria elasticidad tiene la conciencia cuando se trata de defender a los propios!
Lo que en el adversario constituye un pecado imperdonable, en el compañero de partido se convierte en una pequeña travesura.
Y asunto concluido.
¡FASCISTA, FASCISTA! ¡QUÉ DESCANSADO ES NO TENER QUE PENSAR!
Pocas palabras han sufrido semejante desgaste como «fascista».
Hubo un tiempo en que designaba una doctrina política concreta, con características históricas reconocibles.
Ahora algunos la utilizan para descalificar cualquier opinión que les resulte molesta.
¿Defiendes la propiedad privada?
¡Fascista!
¿Criticas los impuestos?
¡Fascista!
¿Exiges que se cumpla la ley?
¡Fascista!
¿Pides explicaciones sobre el gasto público?
¡Fascista!
¿Reclamas responsabilidades por una decisión del Gobierno?
¡Ultraderechista!
¡Qué facilidad para resolver cualquier controversia!
Ya no hacen falta argumentos.
No es necesario comprobar hechos.
Tampoco resulta imprescindible escuchar al discrepante.
Basta con repetir una palabra suficientemente desacreditadora.
El problema es que quien se considera representante exclusivo del bien puede terminar creyendo que sus adversarios merecen menos derechos.
Y ahí comienza un camino bastante peligroso.
La historia ofrece demasiados ejemplos de dirigentes que prometieron liberar a los ciudadanos y acabaron sometiéndolos.
La tiranía no siempre anuncia que viene a esclavizarnos. A veces asegura que viene a salvarnos.
Y reclama obediencia por nuestro propio bien.
¡NO POLITICÉIS LAS DESGRACIAS! ¡SALVO CUANDO LO HAGAMOS NOSOTROS!
Las tragedias colectivas ponen a prueba la honradez de quienes gobiernan y de quienes se oponen a ellos.
Cuando sucede una catástrofe, lo primero debería ser auxiliar a las víctimas, investigar las causas y exigir las responsabilidades que correspondan.
Pero el sectarismo introduce una diferencia fundamental.
Si gobierna el adversario, algunos reclaman dimisiones inmediatas.
Si gobiernan los nuestros, recuerdan que hay que esperar las investigaciones.
Si las preguntas perjudican al adversario, se habla de responsabilidad política.
Si perjudican a nuestro Gobierno, se denuncia que alguien pretende aprovecharse del dolor.
Pero los muertos no tienen carné político.
Sus familiares tampoco.
Y ningún responsable público debería quedar dispensado de explicar sus decisiones por el simple hecho de declararse progresista.
Si una infraestructura falla, hay que investigar.
Si hubo negligencias, deben determinarse.
Si existen indicios de delitos, corresponde actuar a los tribunales.
Y si los gobernantes tomaron decisiones equivocadas, deben responder políticamente por ellas.
Sin excepciones ideológicas.
La compasión que depende del partido que gobierna no es compasión. Es conveniencia.
¡PROGRESO, PROGRESO! ¡Y QUE NO FALTE EL DINERO PÚBLICO!
La política española ofrece innumerables ocasiones para comprobar cómo los discursos grandilocuentes pueden sustituir a las explicaciones concretas.
Un ciudadano pregunta por la deuda pública.
Necesita cifras.
Pregunta por los impuestos.
Necesita saber cuánto paga y en qué se gasta su dinero.
Pregunta por los ferrocarriles.
Quiere conocer el estado de las vías, las inversiones realizadas y las medidas de seguridad.
Pregunta por las carreteras.
Quiere saber si se mantienen adecuadamente.
Pregunta por la vivienda.
Quiere conocer por qué resulta tan difícil acceder a ella.
Pregunta por la justicia.
Quiere saber por qué determinados procedimientos se prolongan durante años.
Pero, en lugar de responder a esas cuestiones, resulta tentador convertir cualquier discusión en una pelea entre progresistas buenos y reaccionarios malos.
Una maniobra muy cómoda para eludir el examen de las decisiones públicas.
Porque los impuestos no son propiedad de quienes gobiernan.
Las instituciones no pertenecen a los partidos.
Y los ciudadanos no tienen obligación de agradecer a sus gobernantes que administren los servicios que ellos mismos financian.
Los responsables públicos deben rendir cuentas.
Y cuanto mayor sea el poder que ejercen, mayor debe ser su obligación de dar explicaciones.
¡POLLY QUIERE GALLETA! ¡Y EL PROGRESISTA, UNA SUBVENCIÓN!
Llegados a este punto, podemos organizar un pequeño examen.
—¿Quiénes son los buenos?
—¡Nosotros, nosotros!
—¿Quiénes son los malos?
—¡Los fascistas, los fascistas!
—¿Quién tiene siempre razón?
—¡Nosotros, nosotros!
—¿Quién debe pagar?
—¡El contribuyente, el contribuyente!
—¿Quién debe mandar?
—¡Nosotros, nosotros!
—¿Y si alguien discrepa?
—¡Ultraderechista, ultraderechista!
—¿Y si fracasan nuestras decisiones?
—¡La culpa es del capitalismo!
—¿Y si nos piden responsabilidades?
—¡No politicéis, no politicéis!
—¿Y por qué sois moralmente superiores?
—¡Porque somos progresistas, coño!
¡Sobresaliente, lorito!
Ya estás preparado para intervenir en determinadas tertulias políticas, repetir consignas, distribuir certificados de decencia y denunciar las ideas inconvenientes.
No necesitas conocer los hechos.
No necesitas escuchar al adversario.
No necesitas razonar.
¡Basta con repetir las palabras adecuadas con suficiente convicción!
Y, sin embargo, convendría recordar una verdad elemental: la honradez, la generosidad, la tolerancia y el respeto a la libertad no son patrimonio exclusivo de ninguna ideología.
Hay personas decentes de izquierdas y de derechas.
Y también hay aprovechados, sectarios y sinvergüenzas en ambos campos.
La diferencia no la establece el carné político.
La establecen los actos.
Porque repetir constantemente las palabras «libertad», «justicia», «igualdad», «solidaridad» y «democracia» no garantiza que se comprenda su significado.
Un loro también puede aprenderlas.
Y hasta pronunciarlas con extraordinaria claridad.
Pero nadie en su sano juicio le confiaría por ello el gobierno de un país.
Aunque, visto lo visto, quizás la comparación resulte menos disparatada de lo que parece.
Al menos, el loro no pretende imponer impuestos, repartir subvenciones ni prohibirnos pensar de manera diferente.
¡POLLY QUIERE GALLETA!
¡Y NUESTRO PROGRESISTA QUIERE UNA SUBVENCIÓN PARA ENSEÑARLE A REPETIR QUE TODOS LOS DEMÁS SON FASCISTAS!
