Villarejo denuncia una infiltración marroquí en el entorno de Bolaños. El CNI conocía el asunto, según el antiguo comisario. Mientras tanto, seguimos sin saber quién espió a Sánchez ni qué hizo con la información robada.

Por Carlos Aurelio Caldito Aunión

6 de noviembre de 2026

A Pedro Sánchez le espiaron el teléfono. Le robaron una cantidad enorme de información. También espiaron a varios de sus ministros. Han pasado más de cinco años y seguimos sin saber quién ordenó aquel espionaje, quién recibió los datos y para qué los utilizó.

Por si fuera poco, ahora aparece José Manuel Villarejo y denuncia algo todavía más inquietante: los servicios secretos de Marruecos han logrado, según afirma, introducir a uno de sus agentes en el entorno familiar de un hombre de máxima confianza de Félix Bolaños.

Y hay algo más. El antiguo comisario asegura que el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, descubrió la operación y avisó al propio ministro hace más de un año.

¡Ahí es nada!

Estamos hablando de los alrededores de uno de los despachos más importantes de España. De personas que tratan con un ministro próximo al presidente del Gobierno. De secretos oficiales. De decisiones que afectan a nuestra defensa, nuestras fronteras y nuestras relaciones con otros países.

Y, enfrente, los servicios secretos de Marruecos.

No hablamos de cualquier vecino. Hablamos de un Estado que reclama Ceuta y Melilla, que presiona a España con la inmigración irregular y que lleva décadas tratando de imponer sus intereses en el Sáhara Occidental.

Un vecino con el que conviene entenderse, ciertamente. Pero al que sería una estupidez entregar las llaves de nuestra casa.

Porque una cosa es llevarse bien con el vecino y otra muy distinta permitirle que husmee en nuestros cajones, escuche nuestras conversaciones y se lleve nuestros papeles.

I. VILLAREJO HA HABLADO. ¿ALGUIEN VA A INVESTIGAR?

El pasado 31 de octubre, Villarejo participó en una larga entrevista en el programa Cara a Cara.

Allí contó que un colaborador muy próximo a Bolaños, casado y padre de dos hijos, se había separado de su mujer.

La esposa, según su relato, inició después una relación con un ciudadano marroquí.

Hasta aquí, un asunto privado sin el menor interés público.

Pero Villarejo añadió un detalle que lo cambia todo: aquel ciudadano pertenecía, según la información que atribuye al CNI, a los servicios secretos marroquíes.

No acaba ahí la historia.

El antiguo comisario aseguró que nuestros servicios secretos habían descubierto la operación y advertido a Bolaños.

También mostró en su teléfono la imagen de un supuesto documento reservado.

Naturalmente, mostrar una fotografía de un documento no basta para demostrar su autenticidad. Pero tampoco resulta tan difícil comprobarla.

¿Existe ese documento?

¿Lo redactó el CNI?

¿Quién lo recibió?

¿Cuándo llegó a manos del ministro?

¿Quién es el supuesto espía marroquí?

¿Tenía acceso, aunque fuera indirecto, a conversaciones o documentos reservados?

Son preguntas bastante sencillas.

Lo complicado, por lo visto, es conseguir que alguien se interese por responderlas.

Villarejo tiene una larga trayectoria de escándalos, procesos judiciales, grabaciones y relaciones con las cloacas del poder. Eso lo sabe cualquiera.

Pero sus antecedentes no convierten automáticamente en falsas todas sus afirmaciones.

Si miente, que se descubra.

Si dice la verdad, que se investigue.

Y si posee documentos, que explique de dónde proceden y qué contienen.

Lo que no tiene sentido es descalificar al mensajero para no examinar el mensaje.

II. EL ESPIONAJE NO SE HACE ANTE NOTARIO

Hay quienes parecen exigir una sentencia firme antes de admitir que determinados hechos merecen una investigación.

¡Magnífica ocurrencia!

Según semejante razonamiento, primero habría que demostrar quién cometió el delito, cómo lo hizo y qué consecuencias tuvo. Después, si acaso, se abriría una investigación para averiguar lo que ya sabemos.

Es el mundo al revés.

Los espías no anuncian sus operaciones en el Boletín Oficial del Estado.

No llevan una placa en la solapa con su nombre, su graduación y el organismo extranjero que les paga.

Tampoco acostumbran a entregar recibos por los secretos que roban.

Precisamente por eso existen los servicios de contraespionaje y los jueces encargados de investigar los delitos.

Las operaciones de espionaje se preparan para pasar inadvertidas. Sus responsables ocultan su identidad, utilizan intermediarios, buscan personas vulnerables y aprovechan cualquier descuido.

A veces recurren al dinero.

Otras veces, a las amenazas.

Y otras, a las relaciones sentimentales.

Una mujer, un hombre, una amistad inesperada, un encuentro aparentemente casual…

La historia del espionaje está llena de operaciones semejantes.

No hace falta que una persona entregue voluntariamente un documento secreto para que resulte útil a un espía.

Basta con escuchar conversaciones, conocer amistades, descubrir horarios, identificar reuniones o saber quién visita a quién.

Y cuanto más próximo se encuentra alguien a los centros de poder, mayor interés despierta entre los servicios secretos extranjeros.

Por eso la denuncia de Villarejo merece algo más que una carcajada o un encogimiento de hombros.

Lo que importa no es la nacionalidad del hombre mencionado ni su relación sentimental. Lo que importa es saber si trabajaba para los servicios secretos marroquíes y qué buscaba en aquel círculo familiar.

Eso es lo que corresponde averiguar.

III. PEGASUS: AL PRESIDENTE LE ROBARON INFORMACIÓN Y AQUÍ NO HA PASADO NADA

Volvamos a un asunto que está demostrado.

A Pedro Sánchez le espiaron el teléfono mediante Pegasus, un programa capaz de entrar clandestinamente en teléfonos móviles y apropiarse de sus datos.

También sufrieron intrusiones los teléfonos de Margarita Robles, ministra de Defensa, y Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

En el teléfono de Luis Planas se detectó un intento de infección.

Los análisis incorporados a las actuaciones judiciales descubrieron que del teléfono de Sánchez se habían extraído, entre otros datos, unos 2,57 gigabytes de información durante una de las intrusiones y unos 130 megabytes en otra.

Para entendernos: una cantidad enorme de datos.

Y no se trataba del teléfono de un vendedor de enciclopedias.

Era el del presidente del Gobierno de España.

¿Qué contenía?

¿Conversaciones con ministros?

¿Contactos extranjeros?

¿Mensajes privados?

¿Documentos de trabajo?

¿Información comprometida?

No lo sabemos.

Y, lo que es peor, tampoco sabemos quién se llevó los datos.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investigó el asunto, pero el procedimiento volvió a archivarse provisionalmente el 22 de enero de 2026.

La falta de colaboración de las autoridades israelíes impidió avanzar en la identificación de los responsables.

Así que tenemos un presidente espiado, varios ministros espiados, información robada y ningún autor identificado judicialmente.

¡Estupendo!

¿De verdad alguien puede considerar satisfactorio semejante resultado?

¿Podemos dormir tranquilos sabiendo que personas desconocidas consiguieron entrar en las comunicaciones de quienes dirigían el Gobierno?

¿Dónde está toda aquella información?

¿Quién la conserva?

¿Para qué se utilizó?

¿Sigue en poder de algún servicio secreto extranjero?

Estas preguntas no han perdido importancia porque hayan transcurrido cinco años.

Al contrario.

Cuanto más tiempo pasa sin respuestas, más difícil resulta comprender que un asunto de semejante gravedad continúe sin esclarecerse.

IV. EL SÁHARA: SÁNCHEZ CAMBIÓ DE OPINIÓN Y MARRUECOS SALIÓ GANANDO

Y llegamos a marzo de 2022.

Pedro Sánchez decidió modificar la posición española respecto al Sáhara Occidental.

Durante décadas, España había defendido una solución política dentro del marco de Naciones Unidas, con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui como cuestión fundamental.

Pero Sánchez escribió al rey Mohamed VI y respaldó la propuesta marroquí de autonomía.

La carta llevaba fecha del 14 de marzo. Marruecos hizo público su contenido el día 18.

El cambio provocó una considerable conmoción.

No sólo entre los saharauis.

También dentro del propio Gobierno español, en el Congreso y en nuestras relaciones con Argelia.

El Gobierno justificó la decisión por la necesidad de mejorar las relaciones con Rabat.

Muy bien.

Pero seguimos teniendo derecho a preguntar por qué se produjo semejante rectificación y qué obtuvo España a cambio.

Y, sobre todo, tenemos derecho a preguntarnos si el espionaje sufrido por Sánchez guardó alguna relación con aquel cambio de rumbo.

Conviene recordar las fechas.

Primero, las intrusiones mediante Pegasus, detectadas entre 2020 y 2021.

Después, la rectificación sobre el Sáhara, en marzo de 2022.

Y posteriormente, en mayo de aquel año, el reconocimiento público del espionaje sufrido por el presidente y varios ministros.

La sucesión de acontecimientos no demuestra un chantaje.

Pero tampoco permite descartar esa posibilidad sin investigarla.

Un servicio secreto que consigue apropiarse de información delicada sobre un gobernante dispone de un instrumento que puede servirle para muchas cosas.

Entre ellas, presionarlo.

¿O acaso alguien cree que los gobiernos dedican dinero, agentes y medios técnicos al espionaje internacional por simple curiosidad?

Y aquí conviene dejar algo muy claro.

No afirmo que Marruecos ordenara el espionaje mediante Pegasus. La investigación judicial no ha conseguido demostrarlo.

Tampoco afirmo que Sánchez cambiara su posición sobre el Sáhara porque alguien lo chantajeara.

Lo que afirmo es que ambos asuntos tienen suficiente importancia como para que se investigue cualquier relación entre ellos.

Porque el Gobierno de España debe decidir libremente.

No puede aceptar órdenes clandestinas de un país extranjero, ni actuar condicionado por secretos obtenidos mediante espionaje.

Y los españoles tenemos derecho a saber qué ocurrió.

V. CEUTA: CUANDO EL VECINO ENSEÑÓ LOS DIENTES

No olvidemos mayo de 2021.

Miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos.

España sufrió una grave crisis fronteriza en plena disputa diplomática por la acogida de Brahim Gali, dirigente del Frente Polisario.

La entrada masiva de personas se produjo ante una actuación de las autoridades marroquíes que suscitó duras críticas y acusaciones de utilizar la inmigración como medio de presión.

Las imágenes fueron suficientemente expresivas.

Y tampoco debemos olvidar qué reclamaciones mantiene Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

No son precisamente asuntos menores.

Marruecos sabe que España tiene intereses económicos, comerciales y diplomáticos en aquel país.

Sabe también que controlar los pasos fronterizos, colaborar contra la inmigración irregular o dificultar esa colaboración le proporciona una considerable capacidad de presión.

En mayo de 2021 comprobamos las consecuencias de esa dependencia.

Y ahora conocemos nuevas declaraciones sobre una presunta operación clandestina en las cercanías de un ministro español.

No son hechos idénticos.

Pero ambos obligan a examinar con seriedad hasta qué punto España protege sus propios intereses frente a las presiones del vecino del sur.

Porque la amistad entre Estados no se mide por el número de fotografías que se hacen sus gobernantes.

Se mide por el respeto a sus fronteras, su soberanía y sus intereses legítimos.

VI. BOLAÑOS NO ES UN MINISTRO CUALQUIERA

Félix Bolaños ha sido durante años uno de los hombres de mayor confianza de Pedro Sánchez.

Ha ocupado cargos decisivos en la Presidencia del Gobierno y ha intervenido en algunas de las principales decisiones políticas de los últimos años.

Conoce personas, asuntos, reuniones y documentos que no están al alcance del común de los españoles.

Y sus colaboradores más próximos también participan, en distinto grado, de ese ambiente reservado.

Por eso tiene tanta importancia la denuncia de Villarejo.

No es lo mismo que un supuesto agente extranjero se acerque a un particular sin relación con asuntos oficiales que hacerlo al entorno de una persona que trabaja estrechamente con un ministro.

El interés para un servicio secreto cambia por completo.

Y si el CNI descubrió una operación semejante, lo lógico es que se adoptaran medidas para impedir cualquier filtración.

¿Se adoptaron?

¿Se comprobó a qué información tenía acceso el colaborador?

¿Se examinaron sus contactos?

¿Se reforzaron las medidas de seguridad?

¿Se avisó a las autoridades judiciales si aparecieron indicios de delito?

¿Se evitó que alguien pudiera sacar provecho de aquella relación?

No lo sabemos.

Pero queremos saberlo.

Y no hace falta publicar documentos secretos ni revelar el nombre de personas ajenas a cualquier delito para aclarar si existió el peligro y si fue debidamente atendido.

Los secretos oficiales deben proteger a España.

No servir para ocultar indefinidamente errores, negligencias o responsabilidades.

VII. ¿Y LA AUDIENCIA NACIONAL, QUÉ?

Aquí aparece otra pregunta.

¿No corresponde a las autoridades judiciales investigar una denuncia de semejante importancia?

La Audiencia Nacional ya investigó el espionaje mediante Pegasus.

Ahora aparece una acusación que apunta a una posible operación de los servicios secretos marroquíes en las proximidades del Gobierno.

No sabemos todavía si se cometió algún delito.

Precisamente por eso hay que investigar.

El Código Penal contempla delitos relacionados con el espionaje, la revelación de secretos y la entrega de información reservada a potencias extranjeras.

La Fiscalía dispone de medios para examinar noticias de posibles delitos y promover las investigaciones correspondientes.

Y los jueces tienen facultades para practicar diligencias cuando los hechos presentan fundamento suficiente.

No hace falta convertir un artículo periodístico en una querella de cien folios.

Tampoco hace falta señalar culpables por adelantado.

Basta con comenzar por lo elemental.

Que Villarejo explique detalladamente lo que sabe.

Que aporte los documentos cuya existencia afirma conocer.

Que se compruebe la autenticidad de esos documentos.

Que se averigüe si el CNI redactó la supuesta advertencia.

Que se determine quién la recibió.

Y que se investigue si alguien obtuvo información que debía permanecer protegida.

Después, que cada cual responda por sus actos.

Si hubo espionaje, que se identifique a los responsables.

Si hubo negligencias, que se aclaren.

Si la historia resulta falsa, que también se descubra.

Pero lo que carece de sentido es no investigar porque todavía no se conocen las respuestas.

¡Para eso se investiga, señores!

VIII. EL CONGRESO TAMBIÉN TIENE OBLIGACIONES

El Congreso no está únicamente para aprobar leyes, repartir turnos de palabra, celebrar sesiones interminables y contemplar cómo sus señorías se insultan unas a otras.

Tiene, entre otras obligaciones, la de controlar al Gobierno.

Y existen procedimientos para tratar asuntos reservados relacionados con los servicios secretos.

Pues bien, ¿qué esperan los diputados para interesarse por esta denuncia?

¿No tiene importancia que un antiguo comisario afirme que Marruecos ha colocado a un agente en el entorno de un colaborador de un ministro?

¿No tiene importancia que atribuya al CNI el descubrimiento de la operación?

¿No tiene importancia que asegure que Bolaños fue advertido?

¿Acaso los representantes de los españoles sólo pueden investigar aquello que favorece a sus respectivos partidos?

Porque aquí no estamos hablando de si Sánchez gana o pierde unas elecciones.

Estamos hablando de la seguridad del Estado.

Y eso afecta a todos los españoles, con independencia de nuestras simpatías políticas.

Hoy gobiernan unos.

Mañana gobernarán otros.

Pero los secretos que afectan a la defensa, la diplomacia y la seguridad de España no pertenecen a quienes ocupan temporalmente los ministerios.

Pertenecen al Estado.

Y deben seguir protegidos cuando cambian los gobiernos.

IX. EL VERDADERO PROBLEMA: ¿HASTA DÓNDE LLEGA LA INFLUENCIA MARROQUÍ?

España y Marruecos comparten numerosos intereses.

También mantienen importantes desacuerdos.

El comercio, la pesca, las fronteras, el Sáhara Occidental, la inmigración, el terrorismo y la seguridad marítima forman parte de unas relaciones particularmente delicadas.

Es lógico que ambos países negocien.

Es lógico que busquen acuerdos.

Pero negociar no significa ceder siempre.

Y mantener relaciones amistosas no exige cerrar los ojos ante actuaciones que perjudiquen nuestros intereses.

La cuestión de fondo consiste en saber hasta dónde llega la capacidad de influencia de Marruecos sobre las decisiones del Gobierno español.

Influencia diplomática legítima, desde luego.

Influencia comercial, también.

Pero ¿existe alguna influencia clandestina?

¿Han conseguido los servicios secretos marroquíes información reservada sobre gobernantes españoles?

¿Han intentado aproximarse a sus colaboradores?

¿Han aprovechado relaciones personales para conocer secretos?

¿Existe alguna relación entre esas posibles operaciones y decisiones de nuestro Gobierno?

Son preguntas que merecen respuestas.

Y cuantas más dificultades aparecen para conocer lo ocurrido con Pegasus, mayor importancia adquiere la necesidad de aclarar nuevas denuncias de espionaje.

No se trata de declarar enemigo a Marruecos.

Se trata de recordar algo elemental: España tiene intereses propios y la obligación de defenderlos.

X. LOS SECRETOS DE ESPAÑA NO SON PATRIMONIO DE PEDRO SÁNCHEZ

Llegamos al fondo del asunto.

Un presidente del Gobierno administra temporalmente el poder que le otorgan las leyes.

No es propietario del Estado.

No es dueño de sus secretos.

No puede considerar suyas las instituciones.

Ni puede disponer caprichosamente de los intereses de todos los españoles.

Lo mismo cabe decir de los ministros.

Por eso, cuando un Gobierno sufre una operación de espionaje, el perjudicado no es únicamente el gobernante espiado.

También puede resultar perjudicada España.

Y cuando surge una denuncia de infiltración extranjera en las cercanías del poder, el interés público exige averiguar qué ha ocurrido.

No estamos ante una cuestión de intimidad personal, siempre respetable mientras no afecte al cumplimiento de las obligaciones públicas.

Estamos ante la sospecha de una operación organizada para conseguir información o influencia sobre personas próximas al Gobierno.

Es algo completamente distinto.

Y merece una respuesta proporcionada a su importancia.

XI. LOS ESPAÑOLES TENEMOS DERECHO A SABER

Existen demasiadas preguntas pendientes.

¿Quién espió a Pedro Sánchez?

¿Quién se llevó la información de su teléfono?

¿Qué datos obtuvo?

¿Por qué no ha podido identificarse a los responsables?

¿Qué motivó exactamente el cambio español sobre el Sáhara?

¿Qué acuerdos se alcanzaron con Marruecos?

¿Existe el informe del CNI mencionado por Villarejo?

¿Fue advertido Bolaños?

¿Quién era el supuesto agente marroquí?

¿Consiguió obtener información reservada?

¿Se abrió alguna investigación?

¿Se adoptaron medidas para impedir nuevas infiltraciones?

Nadie pretende que un Gobierno publique las claves de sus comunicaciones secretas ni los nombres de sus agentes.

Lo que se exige es bastante más sencillo: que las instituciones competentes investiguen y cumplan con sus obligaciones.

Y que el Gobierno dé las explicaciones que pueda ofrecer sin perjudicar la seguridad nacional.

Lo demás son excusas.

Porque resulta inadmisible que se invoque constantemente la seguridad del Estado y, cuando aparecen noticias sobre posibles vulneraciones de esa misma seguridad, todo quede pendiente de aclaración.

XII. LO QUE ESTÁ EN JUEGO NO ES EL PRESTIGIO DE BOLAÑOS: ES LA INDEPENDENCIA DE ESPAÑA

Las declaraciones de Villarejo pueden resultar ciertas, equivocadas o incompletas.

Pero contienen acusaciones concretas que merecen ser comprobadas.

Y aparecen después de un episodio de espionaje contra las máximas autoridades españolas cuya autoría todavía no se ha esclarecido judicialmente.

La situación obliga a actuar con seriedad.

No para organizar un espectáculo político.

No para convertir a un ministro en culpable antes de investigar.

Sino para averiguar si los servicios secretos de una potencia extranjera han conseguido penetrar en las cercanías del Gobierno español.

Porque, de confirmarse una operación semejante, el problema sería gravísimo.

Y no sólo por la información obtenida.

También por la posibilidad de utilizarla para presionar a quienes toman decisiones en nombre de todos los españoles.

El Gobierno debe rendir cuentas.

La Fiscalía debe examinar las noticias de posibles delitos.

Los jueces deben investigar cuando existan fundamentos suficientes.

El Congreso debe ejercer sus obligaciones de control.

Y el CNI debe proteger los secretos de España frente a cualquier potencia extranjera, sea amiga, aliada o adversaria.

Aquí no valen las sonrisas diplomáticas, las fotografías oficiales ni las declaraciones grandilocuentes.

Si Marruecos ha conseguido infiltrar a un agente en el entorno de uno de los ministros más importantes del Gobierno, queremos saber cómo lo hizo, qué obtuvo y quién permitió que sucediera.

Y si nuestros servicios secretos descubrieron el intento, queremos saber si consiguieron impedirlo.

No pedimos milagros.

Pedimos que funcionen las instituciones que pagamos entre todos.

Porque el espionaje extranjero no es una travesura.

Y una posible infiltración en las proximidades del Gobierno no es un chisme de salón.

Es una cuestión que afecta directamente a la independencia de España.

Que se investigue. Que se averigüe la verdad. Y que respondan quienes tengan que responder.

Porque si hay algo peor que descubrir espías extranjeros en las cercanías del poder, es descubrir que quienes debían impedirlo no hicieron lo necesario.

Y mientras seguimos esperando respuestas, queda una pregunta tan sencilla como desagradable:

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN ESPAÑA?

Carlos Aurelio Caldito Aunión

6 de noviembre de 2026