CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS

LA DEUDA HISTÓRICA DE ESPAÑA CON LOS SAHARAUIS ESPAÑOLES

Durante las últimas semanas el Congreso de los Diputados tramita una proposición de ley, impulsada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y respaldada por sus socios parlamentarios, destinada a facilitar el acceso a la nacionalidad española de miles de saharauis.

La noticia apenas ha despertado interés entre la mayoría de los españoles.

Y, sin embargo, pocas cuestiones reflejan con tanta claridad una de las mayores deudas históricas que el Estado español mantiene consigo mismo.

Porque el verdadero debate no consiste en decidir si España debe conceder la nacionalidad a unos extranjeros.

Ésa es una manera profundamente equivocada de plantear el problema.

Los saharauis del antiguo Sáhara Español no eran extranjeros.

Eran españoles.

Hasta 1975, el Sáhara Español era una provincia española.

No una colonia administrada desde la distancia.

No un territorio asociado.

Una provincia española, incorporada al Estado, con administración española, tribunales españoles, Guardia Civil, Ejército español, enseñanza española, representación política conforme al ordenamiento entonces vigente y matrícula provincial propia, identificada con las letras SH.

Sus habitantes eran españoles.

Éste es el punto de partida de todo el ensayo.

Y también la razón por la que la discusión actual resulta tan confusa.

En 1975 Marruecos aprovechó la extrema debilidad política que atravesaba España para apoderarse del Sáhara Español.

Las autoridades españolas de entonces renunciaron a defender el territorio y abandonaron a quienes tenían el deber de proteger.

Aquella decisión marcó para siempre la vida de miles de familias.

No fue únicamente la pérdida de un territorio.

Fue el abandono de una parte del pueblo español.

Ésa constituye la verdadera infamia.

Y también la verdadera deuda.

Durante medio siglo los distintos gobiernos españoles han preferido mirar hacia otro lado.

Han cambiado los partidos.

Han cambiado las mayorías parlamentarias.

Han cambiado los presidentes del Gobierno.

Pero ninguno ha afrontado con decisión esta cuestión.

Mientras tanto, las Naciones Unidas siguen considerando al Sáhara Occidental un territorio pendiente de descolonización, lo que demuestra que la cuestión nunca quedó definitivamente resuelta en el ámbito internacional.

Sin embargo, el debate político español ha preferido concentrarse casi siempre en Marruecos, en el Frente Polisario, en la diplomacia o en los intereses estratégicos del momento.

Muy pocas veces se ha hablado de los saharaui-españoles.

Y menos aún de las obligaciones que España contrajo con ellos.

Éste es precisamente el centro del presente ensayo.

No pretende discutir la política migratoria española.

No pretende abrir nuevas vías de acceso indiscriminado a la nacionalidad.

No pretende justificar concesiones arbitrarias.

Defiende exactamente lo contrario.

Sostiene que la nacionalidad española constituye uno de los vínculos jurídicos y morales más importantes que pueden existir entre una persona y su nación.

Precisamente por ello no debe convertirse nunca en una mercancía electoral, en una recompensa política ni en un simple instrumento administrativo.

Pero el caso de los saharaui-españoles no puede confundirse con ningún otro.

No estamos hablando de personas sin relación con España.

Estamos hablando de quienes pertenecían a una provincia española cuando el Estado decidió retirarse.

Ésa es una diferencia esencial.

Por eso reparar aquella injusticia no significa repartir pasaportes.

Significa reconocer una realidad histórica.

Y hacerlo con todas las garantías necesarias para impedir fraudes y asegurar que únicamente quienes acrediten de manera fehaciente su condición de saharaui-españoles o de descendientes directos de éstos puedan acogerse a esa reparación.

El ensayo también analiza críticamente la actuación de los principales partidos políticos.

Resulta evidente que el Gobierno ha decidido impulsar ahora una iniciativa que llega con cincuenta años de retraso.

Cada lector juzgará los motivos de esa decisión.

Pero una causa justa no deja de ser justa porque llegue tarde.

Ni porque quien la impulse persiga, además, otros objetivos políticos.

Mucho más difícil resulta comprender la actitud del Partido Popular y de Vox.

Ambos partidos tenían una magnífica oportunidad para presentar una alternativa más rigurosa, más sólida y mejor fundamentada.

Podían haber corregido los defectos del proyecto.

Podían haber endurecido los requisitos.

Podían haber impedido cualquier posibilidad de fraude.

Podían haber convertido la reparación de esta injusticia en una auténtica cuestión de Estado.

No lo hicieron.

Optaron por rechazar la iniciativa sin ofrecer una solución propia.

Y esa decisión constituye, probablemente, uno de los mayores errores políticos cometidos en relación con el Sáhara Español durante los últimos años.

Porque la historia del Sáhara no pertenece a la izquierda ni a la derecha.

Pertenece a España.

Y las deudas de España deberían resolverse pensando en España y en los españoles, no en el calendario electoral ni en la conveniencia inmediata de los partidos.

La tesis de este ensayo puede resumirse en muy pocas palabras.

El Sáhara fue España.

Los saharauis eran españoles.

Marruecos ocupó el territorio.

Las autoridades españolas abandonaron a quienes tenían el deber de proteger.

Y esa deuda sigue pendiente de reparación.

Ninguna nación puede borrar su historia.

Pero toda nación digna puede reconocer sus errores.

Y cuando todavía es posible, intentar corregirlos.

Eso es exactamente lo que España debería hacer con los saharaui-españoles.

No por generosidad.

No por oportunismo.

No por cálculo político.

Sino por justicia.

Porque las naciones verdaderamente respetables no se distinguen únicamente por la fuerza de su economía, por el tamaño de su ejército o por su influencia internacional.

Se distinguen, sobre todo, por la lealtad con que tratan a los suyos.

Y España todavía está a tiempo de demostrar que no ha olvidado esa lección.

Si quieres profundizar y aprender-saber más, sigue leyendo.

¿Tiene España una deuda pendiente con los saharaui-españoles?

Reparar una infamia. Reparar una traición.

I. La gran mentira

Mientras la inmensa mayoría de los españoles ignora que este asunto se está tramitando, el Congreso de los Diputados estudia una proposición de ley, impulsada por el Gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez y apoyada por sus socios parlamentarios, destinada a reconocer la nacionalidad española a miles de saharauis.

Presentado así, podría parecer que el Parlamento está decidiendo si concede generosamente la nacionalidad española a unos extranjeros.

Ésa es la gran mentira.

Porque los saharauis del Sáhara Español no eran extranjeros.

Eran españoles.

Y éste no es un matiz sin importancia.

Es la clave de todo el debate.

El verdadero problema no consiste en decidir si España debe regalar hoy la nacionalidad española a quienes nunca la tuvieron.

El verdadero problema consiste en averiguar cómo va a reparar el Estado español la infamia cometida hace cincuenta años contra unos españoles abandonados por las propias autoridades españolas.

Ésa es la cuestión.

Y, sin embargo, apenas se habla de ella.

Los grandes medios de información pasan sobre este asunto de puntillas.

Los partidos políticos lo despachan con unas cuantas frases hechas.

Y la inmensa mayoría de los españoles desconoce que el Sáhara Español fue una provincia española exactamente igual que Badajoz, Burgos o Valencia.

Desconoce que los vehículos matriculados en el territorio llevaban las letras SH.

Desconoce que había ayuntamientos, tribunales, Guardia Civil, enseñanza pública y administración españolas.

Y, sobre todo, desconoce que sus habitantes eran españoles.

Ésa es la verdad histórica sobre la que debe construirse todo el debate.

No sobre consignas.

No sobre propaganda.

No sobre eufemismos.

Sobre hechos.

II. El Sáhara Español

El Sáhara Español fue España.

No una metáfora.

No una exageración.

No una nostalgia.

Fue una provincia española.

Así figuraba en los mapas. Así aparecía en los documentos oficiales. Así se enseñaba en las escuelas. Así funcionaba la administración.

Había una matrícula propia: SH.

Había funcionarios españoles.

Había fuerzas españolas.

Había tribunales españoles.

Había enseñanza española.

Había españoles nacidos allí.

Y había saharauis que eran españoles.

Ésa es la realidad que muchos quieren borrar o envolver en palabras confusas.

Luego llegó 1975.

Marruecos aprovechó la debilidad de España y se lanzó sobre el Sáhara Español.

Las autoridades españolas de entonces no defendieron el territorio.

No defendieron a sus habitantes.

No defendieron a los saharaui-españoles.

Se retiraron.

Firmaron.

Callaron.

Y dejaron a su suerte a cientos de miles de españoles.

Eso no fue una descolonización.

Fue un abandono.

Fue una traición.

Fue una infamia.

Llamarlo de otro modo es engañar al lector.

Y ésa es la herida que sigue abierta medio siglo después.

III. La gran deuda de España

Los gobiernos pasan.

Las Cortes se renuevan.

Los ministros cambian.

Pero las naciones conservan su historia.

Y también sus deudas.

España mantiene una deuda con los saharaui-españoles.

No porque lo diga este autor.

Lo demuestra la propia realidad histórica.

Durante años, el Estado español afirmó, dentro y fuera de nuestras fronteras, que el Sáhara era una provincia española.

No lo dijo una sola vez.

Lo sostuvo de manera constante.

Lo enseñó en las escuelas.

Lo publicó en los mapas oficiales.

Lo reflejó en toda su organización administrativa.

Los saharauis nacidos en aquella provincia eran españoles.

No eran invitados.

No eran residentes extranjeros.

No eran simples administrados.

Eran españoles.

Y España tenía con ellos las mismas obligaciones que tenía con cualquier español nacido en Badajoz, Santander o Las Palmas.

Sin embargo, cuando Marruecos decidió apoderarse del Sáhara Español, las autoridades españolas no estuvieron a la altura de aquella responsabilidad.

No defendieron la provincia.

No defendieron a sus habitantes.

No defendieron a sus ciudadanos.

Prefirieron marcharse.

Y dejaron tras de sí un inmenso vacío.

A partir de ese momento comenzó uno de los silencios más vergonzosos de nuestra historia reciente.

Los distintos gobiernos españoles —unos por miedo, otros por comodidad y otros por simple cálculo político— evitaron afrontar la cuestión de fondo.

Hablaron del conflicto.

Hablaron de Marruecos.

Hablaron del Frente Polisario.

Hablaron de las Naciones Unidas.

Hablaron de diplomacia.

Hablaron de cooperación.

Pero casi nadie habló de los saharaui-españoles.

Casi nadie recordó que España había abandonado a una parte de sus propios ciudadanos.

Y menos aún quiso explicar qué ocurrió con ellos desde el punto de vista jurídico.

Ésa es la gran pregunta.

No basta con decir que España abandonó el territorio.

Eso ya lo sabemos.

Lo verdaderamente importante es responder a otra cuestión.

¿Qué hizo España para proteger los derechos de aquellos españoles cuando decidió marcharse?

La respuesta resulta desoladora.

Prácticamente nada.

Durante cincuenta años se ha preferido correr un tupido velo sobre este episodio.

Se ha intentado convencer a los españoles de que el Sáhara constituye un problema lejano, complicado y ajeno.

No lo es.

Es un problema español.

Nació por decisiones adoptadas por autoridades españolas.

Y afecta a personas que eran españolas.

Por eso sorprende que el debate parlamentario actual se presente como si el Congreso estuviera estudiando una simple concesión de nacionalidad.

No.

La cuestión es mucho más profunda.

Lo que está sobre la mesa no debería ser una dádiva.

Debería ser una reparación.

Porque la nacionalidad española no puede convertirse en una limosna concedida por quienes antes abandonaron a quienes tenían el deber de proteger.

Y aquí aparece otra paradoja difícil de explicar.

La iniciativa ha sido impulsada por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Sin embargo, el Partido Popular y Vox, en lugar de presentar un proyecto alternativo que reparara con mayor rigor y mayores garantías aquella injusticia histórica, han optado por rechazar la iniciativa.

Ésa es una decisión política que muchos españoles difícilmente comprenderán.

Una cosa es discrepar del texto presentado por el Gobierno.

Otra muy distinta es renunciar a encabezar la reparación de una de las mayores infamias cometidas por el Estado español durante el último medio siglo.

Si el proyecto del Gobierno resulta insuficiente, corríjase.

Si contiene defectos, modifíquese.

Si carece de garantías, incorpórense.

Pero votar simplemente en contra sin ofrecer una solución propia significa dejar sin respuesta una cuestión que afecta al honor de España.

Porque aquí no hablamos de abrir las puertas de España a quien nunca perteneció a ella.

Hablamos de responder, medio siglo después, a una pregunta que ningún Gobierno ha querido afrontar con valentía:

¿Qué debe hacer España para reparar el abandono de los saharaui-españoles?

Ésa es la verdadera cuestión.

Todo lo demás es secundario.

IV. La invasión marroquí y el abandono español

Las desgracias no caen del cielo.

Las provocan las personas.

Y las grandes tragedias de los pueblos casi siempre tienen nombres y apellidos.

En 1975, Marruecos decidió apoderarse del Sáhara Español.

No fue un movimiento improvisado.

Fue una operación cuidadosamente preparada desde el Palacio Real de Rabat.

La llamada Marcha Verde constituyó el aspecto más visible de aquella operación.

Detrás de las cámaras de televisión y de las imágenes de miles de civiles avanzando con banderas marroquíes existía una decisión política perfectamente calculada: ocupar un territorio español aprovechando la gravísima crisis que atravesaba España.

El general Franco agonizaba.

La incertidumbre política era enorme.

El futuro del régimen era incierto.

Y Marruecos consideró que había llegado el momento de actuar.

Lo hizo.

Y España no respondió como cabía esperar de cualquier Estado que pretende defender la integridad de su territorio y la seguridad de sus ciudadanos.

Las autoridades españolas renunciaron a defender el Sáhara Español.

Renunciaron a proteger a quienes vivían allí.

Renunciaron a cumplir el primero de los deberes de cualquier Estado: proteger a sus ciudadanos.

No faltarán quienes invoquen las difíciles circunstancias del momento.

Las había.

Nadie sensato puede negarlo.

Pero las dificultades explican una decisión.

No la justifican.

Porque las consecuencias fueron devastadoras.

Miles de familias saharauis quedaron abandonadas.

Miles de españoles contemplaron cómo el Estado al que pertenecían desaparecía de un día para otro.

Muchos huyeron.

Otros permanecieron en su tierra bajo una nueva autoridad.

Otros acabaron en los campamentos de refugiados levantados en territorio argelino.

Y todos compartían la misma experiencia.

España se había marchado.

No porque hubiera perdido una guerra.

No porque un tratado internacional reconocido hubiera puesto fin legítimamente a su soberanía.

Se marchó porque quienes gobernaban entonces decidieron hacerlo.

Y esa decisión marcó la vida de varias generaciones.

Lo más sorprendente no fue únicamente el abandono.

Fue el silencio posterior.

Durante décadas apenas se habló de los saharaui-españoles.

Se habló del conflicto del Sáhara.

Se habló de Marruecos.

Se habló del Frente Polisario.

Se habló del referéndum.

Se habló de geopolítica.

Pero casi nadie habló de la obligación que España tenía para con quienes habían sido sus ciudadanos.

Era como si hubiera existido un acuerdo tácito para borrar de la memoria nacional un episodio incómodo.

Como si bastara con dejar pasar el tiempo para que desaparecieran las responsabilidades.

No desaparecieron.

Siguen ahí.

Y cada vez que el Congreso de los Diputados vuelve a debatir sobre la nacionalidad de los saharauis, esa vieja herida vuelve a abrirse.

Porque el problema nunca fue únicamente el territorio.

El verdadero problema fueron las personas.

Los hombres, las mujeres y los niños que eran españoles y quedaron abandonados por el Estado que tenía el deber de protegerlos.

Ésa es la infamia.

Y ésa es la deuda.

No una deuda con Marruecos.

No una deuda con Argelia.

No una deuda con las Naciones Unidas.

Una deuda con los saharaui-españoles.

Mientras España no afronte esa realidad con honradez, cualquier iniciativa legislativa correrá el riesgo de quedarse en la superficie.

Porque las leyes pueden reconocer derechos.

Lo que no pueden hacer es borrar la historia.

Y la historia dice, con absoluta claridad, que España abandonó el Sáhara Español y abandonó a quienes eran españoles.

Reconocer esa verdad constituye el primer paso.

Repararla constituye el deber.

V. Los llamados Acuerdos de Madrid

Hay documentos que aclaran los problemas.

Y hay documentos que los agravan.

Los llamados Acuerdos de Madrid pertenecen a esta segunda categoría.

Con frecuencia se presentan como si hubieran resuelto definitivamente la cuestión del Sáhara.

No es cierto.

Aquellos acuerdos sirvieron para ordenar la retirada de la administración española.

Nada más.

No pusieron fin al conflicto.

No resolvieron el futuro del territorio.

Y tampoco resolvieron la situación de los saharaui-españoles.

Ésa es una diferencia esencial.

Conviene no olvidar otro hecho.

Las Naciones Unidas nunca consideraron aquellos acuerdos como un instrumento que hubiera transferido la soberanía del territorio.

Por eso, medio siglo después, el Sáhara Occidental continúa figurando entre los territorios no autónomos pendientes de descolonización.

El problema sigue abierto.

Y continúa abierto porque nunca se resolvió conforme al Derecho internacional.

Mientras tanto, en España se actuó como si todo hubiera quedado definitivamente zanjado.

No era verdad.

Simplemente se dejó de hablar del asunto.

Las autoridades españolas se marcharon.

La bandera española dejó de ondear sobre los edificios oficiales.

La administración desapareció.

Los funcionarios regresaron.

Las unidades militares abandonaron el territorio.

Pero una cuestión quedó sin respuesta.

¿Qué ocurría con los españoles que permanecían allí?

Ésa era la pregunta decisiva.

Y nadie quiso responderla.

Porque responderla obligaba a reconocer una realidad incómoda.

España no sólo abandonaba una provincia.

Abandonaba también a quienes hasta entonces habían formado parte del pueblo español.

Durante años se intentó presentar todo aquello como una consecuencia inevitable de las circunstancias internacionales.

No lo fue.

Fue una decisión política.

Y toda decisión política lleva consigo responsabilidades.

No basta con decir que el contexto era difícil.

También lo eran otros momentos de nuestra historia.

Las naciones se miden precisamente cuando llegan las dificultades.

Y España fracasó en aquella prueba.

Fracasó porque no defendió el territorio.

Fracasó porque no defendió a sus ciudadanos.

Y fracasó porque nunca afrontó con valentía las consecuencias de aquella retirada.

Desde entonces se ha preferido administrar el problema en lugar de resolverlo.

Un gobierno tras otro.

Un ministro tras otro.

Una legislatura tras otra.

Siempre el mismo comportamiento.

Ganar tiempo.

Evitar el enfrentamiento con Marruecos.

Esperar que el paso de los años diluyera las responsabilidades.

No ocurrió.

Las responsabilidades permanecen.

Porque el tiempo podrá borrar los nombres de muchos gobernantes.

Pero no borra las injusticias.

Y ésta sigue esperando reparación.

Por eso el debate actual corre el riesgo de comenzar por el final.

Se discute sobre la nacionalidad.

Se discute sobre el procedimiento.

Se discute sobre los requisitos.

Todo eso tiene importancia.

Pero antes de discutir cómo reparar una injusticia conviene reconocer que la injusticia existió.

Y la injusticia consistió en abandonar a los saharaui-españoles.

Ésa es la piedra angular de todo este debate.

Sin reconocer ese hecho, cualquier ley quedará incompleta.

Porque no estará reparando una deuda.

Estará limitándose a administrar sus consecuencias.

Y España necesita mucho más que eso.

Necesita mirar de frente a una de las páginas más dolorosas de su historia reciente y reconocer que hubo un abandono, que hubo una traición y que todavía está a tiempo de reparar, al menos en parte, aquella infamia.

VI. La gran pregunta silenciada

Toda esta cuestión puede resumirse en una sola pregunta.

Una pregunta sencilla.

Tan sencilla que resulta incómoda.

¿Qué obligaciones tenía España con los saharaui-españoles cuando decidió abandonar el Sáhara?

Ésa es la pregunta.

No otra.

Porque un Estado no sólo administra un territorio.

Administra, sobre todo, los derechos de las personas que viven bajo su soberanía.

Durante años el Estado español afirmó que el Sáhara era España.

No fue una frase pronunciada para salir del paso.

Fue la doctrina oficial del Estado.

La repetían los gobiernos.

La enseñaban las escuelas.

La reflejaban los mapas.

La aplicaban los tribunales.

La cumplían los funcionarios.

La defendían las Fuerzas Armadas.

Todo el aparato del Estado descansaba sobre una misma realidad.

El Sáhara era una provincia española.

Sus habitantes eran españoles.

Por eso resulta inevitable formular otra pregunta.

Si el Estado español llevaba años afirmando que aquellos hombres y mujeres eran españoles, ¿qué protección les dispensó cuando decidió marcharse?

La respuesta no puede ser más desalentadora.

Los dejó desamparados.

Ésa es la palabra.

Desamparados.

Unos huyeron.

Otros permanecieron bajo la ocupación marroquí.

Otros acabaron en los campamentos de refugiados.

Muchos vieron cómo su vida cambiaba para siempre.

Y mientras tanto, España fue alejándose poco a poco de aquella tragedia.

Con el paso de los años, el silencio sustituyó a la responsabilidad.

Las nuevas generaciones apenas oyeron hablar del Sáhara Español.

Los libros escolares redujeron el asunto a unas pocas líneas.

Los gobiernos prefirieron no remover un episodio incómodo.

Y los grandes medios de información fueron convirtiendo el problema en una noticia esporádica, casi siempre relacionada con Marruecos, con el Frente Polisario o con alguna crisis diplomática.

Se hablaba del territorio.

Nunca de los españoles que habían quedado abandonados.

Ése fue el verdadero triunfo del olvido.

Conseguir que una parte de los españoles olvidara que allí también había españoles.

Y cuando un pueblo olvida su propia historia, termina aceptando como normales cosas que jamás debieron suceder.

Por eso hoy muchos contemplan esta proposición de ley como una simple discusión sobre inmigración o sobre nacionalidad.

Se equivocan.

No estamos hablando de inmigración.

No estamos hablando de abrir o cerrar fronteras.

No estamos hablando de regularizar a quienes llegaron a España desde otro país.

Estamos hablando de reparar, aunque sólo sea parcialmente, una injusticia nacida de una decisión adoptada por autoridades españolas contra personas que eran españolas.

Ésa es la diferencia.

Y esa diferencia lo cambia todo.

Precisamente por eso sorprende la pobreza del debate político.

El Gobierno presenta la iniciativa como una medida de justicia histórica.

La oposición la rechaza por considerar que puede tener consecuencias políticas, electorales o jurídicas.

Sin embargo, unos y otros parecen olvidar la cuestión esencial.

Antes de discutir el contenido de una ley deberían responder a una pregunta mucho más importante.

¿Reconoce el Estado español que abandonó a una parte de sus ciudadanos?

Porque mientras esa pregunta siga sin respuesta, cualquier discusión sobre la nacionalidad comenzará por el tejado.

La primera obligación de una nación no consiste en redactar leyes.

Consiste en reconocer la verdad.

Y la verdad, por incómoda que resulte, es ésta:

El Sáhara fue España.

Los saharauis eran españoles.

Marruecos ocupó el territorio.

Las autoridades españolas abandonaron el Sáhara.

Y los saharaui-españoles quedaron desamparados.

Sobre esa realidad histórica descansa toda la deuda que España sigue teniendo pendiente.

Quien pretenda resolver el problema ignorando ese punto de partida estará construyendo sobre arena.

Y los edificios levantados sobre arena terminan siempre por derrumbarse.

VII. Una cuestión de Derecho… y de honor

Existe una costumbre muy española.

Cuando un problema resulta incómodo, se crea una maraña de leyes, decretos, reglamentos, instrucciones, resoluciones e informes hasta que casi nadie recuerda cuál era la cuestión inicial.

Con el Sáhara ocurrió algo parecido.

Durante años se habló de procedimientos.

De expedientes.

De requisitos.

De plazos.

De certificados.

De resoluciones administrativas.

Y, mientras tanto, la pregunta esencial desapareció del debate.

¿Qué obligaciones tenía España con los saharaui-españoles cuando abandonó el Sáhara?

Porque el Derecho no nació para esconder la justicia.

Nació para hacerla posible.

Cuando una ley produce una injusticia manifiesta, el problema no suele ser la justicia.

El problema suele estar en la ley o en la manera de interpretarla.

Y aquí conviene recordar una verdad elemental.

El Estado existe para proteger a sus ciudadanos.

No para abandonarlos.

Ése es el primero de todos sus deberes.

Mucho antes que recaudar impuestos.

Mucho antes que promulgar leyes.

Mucho antes que firmar tratados internacionales.

Sin ciudadanos no existe Estado.

Por eso sorprende que durante medio siglo casi nadie haya exigido responsabilidades por el abandono de los saharaui-españoles.

Se discute sobre casi todo.

Sobre la economía.

Sobre la inmigración.

Sobre la enseñanza.

Sobre la sanidad.

Sobre la organización territorial.

Pero apenas se habla de una de las mayores deudas que el Estado español mantiene con quienes un día fueron sus ciudadanos.

Y cuando, por fin, el asunto llega al Congreso de los Diputados, el debate vuelve a desviarse.

Se habla de nacionalidad.

Se habla de procedimientos.

Se habla de consecuencias electorales.

Se habla incluso de relaciones diplomáticas con Marruecos.

Pero nadie parece dispuesto a comenzar por donde debería empezar cualquier debate honrado.

Reconociendo los hechos.

El primero ya lo conocemos.

Los saharauis eran españoles.

El segundo también.

Marruecos ocupó el Sáhara Español.

El tercero resulta igualmente evidente.

Las autoridades españolas abandonaron el territorio y dejaron desamparados a quienes tenían el deber de proteger.

A partir de ahí puede discutirse casi todo.

Puede discutirse el modo de reparar aquella injusticia.

Puede discutirse quién tiene derecho a beneficiarse de una futura ley.

Puede discutirse qué documentos deben exigirse para acreditar la condición de saharaui-español.

Puede discutirse cómo impedir fraudes o suplantaciones.

Todo eso pertenece al terreno de la técnica jurídica.

Lo que no puede discutirse es el fundamento moral de la reparación.

Porque nadie repara aquello que no reconoce como injusticia.

Y aquí aparece una paradoja difícil de comprender.

El mismo Estado que durante años sostuvo que el Sáhara era España parece sentirse hoy incómodo cuando se le recuerda que aquellos españoles existieron.

Como si bastara con dejar pasar cincuenta años para borrar una obligación.

No basta.

Las naciones, igual que las personas honradas, responden de sus actos.

Y cuando cometen una injusticia, tienen el deber de repararla.

No porque lo exijan las circunstancias.

No porque resulte políticamente rentable.

Sino porque así lo exige el honor.

Ésa es la palabra que más ha desaparecido del lenguaje político español.

Honor.

Sin honor no existe patriotismo.

Sin honor no existe Estado digno.

Sin honor sólo queda la razón de conveniencia.

Y un Estado que sacrifica el honor por la conveniencia termina perdiendo ambas cosas.

Por eso este debate trasciende con mucho la cuestión de la nacionalidad.

Lo que realmente se está juzgando es si España conserva todavía la capacidad de reconocer una injusticia cometida por sus propias autoridades y de intentar repararla.

Ése es el verdadero examen.

Y de su resultado dependerá mucho más que el futuro de unos miles de expedientes administrativos.

Dependerá también la dignidad del propio Estado español.

VIII. La izquierda llega tarde. La derecha ha perdido una oportunidad histórica.

La proposición de ley que hoy se tramita en el Congreso de los Diputados no nace en el momento más oportuno.

Llega cincuenta años tarde.

Medio siglo después del abandono del Sáhara Español.

Medio siglo después de que cientos de miles de saharaui-españoles quedaran desamparados.

Medio siglo después de que España renunciara a proteger a quienes eran españoles.

No parece, por tanto, que nadie pueda presentar esta iniciativa como un ejemplo de diligencia.

Todo lo contrario.

Llega con un retraso difícilmente justificable.

Y, sin embargo, aunque llegue tarde, plantea una cuestión que ningún Gobierno había querido afrontar con decisión.

España mantiene una deuda con los saharaui-españoles.

Ése es el fondo del asunto.

Otra cuestión muy distinta consiste en discutir si el texto presentado por el Gobierno constituye la mejor forma de reparar aquella injusticia.

Es legítimo sostener que no.

Es legítimo considerar que el proyecto contiene defectos.

Es legítimo exigir mayores garantías.

Es legítimo reclamar una regulación mucho más rigurosa para impedir fraudes y asegurar que sólo puedan acogerse a ella quienes acrediten de manera fehaciente su condición de saharaui-españoles o descendientes directos de éstos.

Todo eso admite discusión.

Lo que resulta mucho más difícil de comprender es la actitud del Partido Popular y de Vox.

Ambos partidos podían haber dicho algo muy sencillo.

«El proyecto del Gobierno es insuficiente. Presentaremos uno mejor.»

Habría sido una respuesta lógica.

Habría sido una respuesta coherente.

Y, sobre todo, habría sido una respuesta digna de quienes afirman defender la continuidad histórica de España y el honor de la nación.

Pero no ocurrió.

Optaron por rechazar la iniciativa.

Y ahí aparece una paradoja que muchos españoles difícilmente entenderán.

Precisamente los partidos que con mayor frecuencia apelan a la historia de España, a la unidad nacional y a la defensa de la soberanía han dejado escapar la oportunidad de encabezar la reparación de una de las mayores injusticias cometidas por el propio Estado español.

No se trata de respaldar sin más el texto impulsado por el Gobierno.

Ni mucho menos.

Se trata de comprender que una causa justa no deja de ser justa porque la proponga un adversario político.

Si una ley resulta deficiente, se corrige.

Si contiene errores, se enmienda.

Si abre la puerta a abusos, se introducen garantías.

Para eso existen las Cortes.

Lo que no parece razonable es limitarse a decir «no» y abandonar nuevamente el problema.

Porque entonces vuelve a repetirse, aunque en circunstancias muy distintas, el mismo comportamiento de hace medio siglo.

Mirar hacia otro lado.

Esperar que el tiempo resuelva lo que la política no quiere afrontar.

Y el tiempo ya ha demostrado que no resuelve nada.

Sólo aumenta el tamaño de las heridas.

Naturalmente, también resulta legítimo preguntarse por qué esta iniciativa aparece precisamente ahora.

Cada lector extraerá sus propias conclusiones.

El calendario político existe.

Las mayorías parlamentarias existen.

Las elecciones existen.

Y ningún observador serio puede ignorar que toda decisión legislativa produce también consecuencias políticas.

Pero aun admitiendo esa realidad, la cuestión esencial permanece intacta.

Una ley puede responder a intereses políticos inmediatos y, al mismo tiempo, intentar corregir una injusticia histórica.

Ambas cosas no son incompatibles.

Precisamente por eso la oposición tenía una magnífica oportunidad.

Podía denunciar cuanto considerara oportuno.

Podía criticar el momento elegido.

Podía señalar las deficiencias del proyecto.

Y, acto seguido, presentar una ley mejor.

Una ley más rigurosa.

Más precisa.

Más difícil de defraudar.

Y más justa.

No lo hizo.

Y esa ausencia de iniciativa constituye, probablemente, uno de los mayores errores políticos cometidos por quienes dicen defender la historia de España.

Porque la cuestión del Sáhara Español nunca debió convertirse en patrimonio de la izquierda ni de la derecha.

Pertenece a España.

Pertenece a la historia de España.

Y pertenece, sobre todo, a los saharaui-españoles que un día fueron abandonados por el Estado al que servían y del que esperaban protección.

Ellos son los protagonistas de esta historia.

No los partidos.

No los gobiernos.

No las mayorías parlamentarias.

Los partidos pasarán.

Los gobiernos cambiarán.

Las Cortes se renovarán.

Pero la deuda con los saharaui-españoles seguirá existiendo hasta que España decida, por fin, afrontarla con verdad, con justicia y con honor.

IX. No eran números. Eran españoles.

Con demasiada frecuencia los periódicos hablan de cincuenta mil.

De trescientos mil.

De trescientas cincuenta mil personas.

Como si bastara una cifra para explicar una tragedia.

Las cifras sirven para hacer estadísticas.

No sirven para contar la vida de las personas.

Detrás de cada uno de aquellos saharaui-españoles había una familia.

Había una casa.

Había una escuela.

Había un trabajo.

Había proyectos.

Había recuerdos.

Había una patria.

Porque España era también su patria.

Muchos habían nacido bajo la bandera española.

Aprendieron a leer en escuelas españolas.

Fueron atendidos en hospitales españoles.

Prestaron servicio en unidades españolas.

Trabajaron para la administración española.

Pagaron impuestos al Estado español.

Cumplieron las leyes españolas.

Y esperaban, como cualquier otro español, que el Estado los protegiera cuando llegaran las dificultades.

Eso es, precisamente, lo que hace un Estado digno.

Proteger a sus ciudadanos.

No sólo cuando todo marcha bien.

Sobre todo cuando llegan los momentos difíciles.

Sin embargo, en el Sáhara ocurrió lo contrario.

Cuando más necesaria era la protección del Estado, el Estado desapareció.

Cuando más necesaria era la presencia de España, España se retiró.

Cuando más necesaria era la solidaridad nacional, llegó el abandono.

Resulta fácil comprender el drama de aquellas familias.

De un día para otro dejaron de saber cuál sería su futuro.

No sabían quién gobernaría su tierra.

No sabían qué leyes regirían sus vidas.

No sabían si conservarían sus bienes.

No sabían si tendrían que marcharse.

No sabían siquiera quién respondería por ellos.

La incertidumbre se convirtió en compañera inseparable de miles de personas.

Y esa incertidumbre no terminó en unas semanas.

Ni en unos meses.

Ha durado medio siglo.

Mientras tanto, España siguió adelante.

Llegó la Transición.

Se aprobó una nueva Constitución.

Entró en la Comunidad Económica Europea.

Celebró Juegos Olímpicos.

Organizó Exposiciones Universales.

Cambiaron los gobiernos.

Cambiaron los partidos.

Cambió el mundo.

Pero hubo una página de nuestra historia que casi todos prefirieron cerrar sin haberla leído.

La página del Sáhara Español.

No porque careciera de importancia.

Sino porque obligaba a formular preguntas incómodas.

¿Podía España haber actuado de otra manera?

¿Tenía el deber de proteger a aquellos españoles?

¿Quién respondió por ellos?

¿Quién pidió perdón?

¿Quién reconoció públicamente que el Estado les había fallado?

La respuesta resulta desoladora.

Prácticamente nadie.

Durante años pareció existir un acuerdo tácito.

No remover el pasado.

No hablar del Sáhara.

No incomodar a Marruecos.

No abrir viejas heridas.

Pero las heridas no desaparecen porque se las ignore.

Las heridas se curan.

O se infectan.

Y ésta lleva medio siglo sin recibir el tratamiento que merece.

Por eso este ensayo no pretende únicamente analizar una proposición de ley.

Pretende recordar una verdad que muchos españoles desconocen.

Antes de hablar de expedientes, de certificados o de nacionalidades, conviene recordar algo mucho más sencillo.

Aquellos hombres y aquellas mujeres eran compatriotas.

No eran una estadística.

No eran un problema diplomático.

No eran una molestia administrativa.

Eran españoles.

Y cuando España decidió marcharse, quedaron abandonados.

Ésa es la verdad.

Y toda nación que aspire a respetarse a sí misma debería comenzar por reconocerla.

Sólo entonces podrá plantearse cómo reparar, siquiera parcialmente, el daño causado.

Porque ninguna nación puede construir un futuro digno sobre el olvido deliberado de quienes un día pertenecieron a ella.

Las personas pasan.

Los gobiernos pasan.

Las generaciones pasan.

Pero el honor de una nación permanece.

Y España todavía tiene pendiente una deuda de honor con los saharaui-españoles.

X. Cuando un Estado abandona a los suyos

Existe una pregunta que toda nación debería hacerse alguna vez.

¿Para qué existe el Estado?

La respuesta parece sencilla.

Existe para garantizar la libertad, la seguridad y los derechos de sus ciudadanos.

Ésa es su primera obligación.

Todas las demás vienen después.

Recaudar impuestos.

Administrar justicia.

Defender las fronteras.

Construir carreteras.

Promulgar leyes.

Todo eso tiene importancia.

Pero nada de ello justifica la existencia de un Estado si, llegado el momento decisivo, abandona a quienes tiene el deber de proteger.

Ésa fue la tragedia del Sáhara Español.

No consistió únicamente en perder un territorio.

Los territorios cambian de manos a lo largo de la historia.

Las fronteras se modifican.

Los mapas se dibujan y se vuelven a dibujar.

Lo verdaderamente grave fue otra cosa.

El Estado español dejó indefensos a quienes eran españoles.

Y un Estado que abandona a sus ciudadanos quebranta el fundamento mismo de su existencia.

Porque entre el ciudadano y la nación existe un pacto no escrito.

El ciudadano cumple las leyes.

Contribuye con sus impuestos.

Respeta las instituciones.

Y, llegado el caso, está dispuesto incluso a arriesgar su vida por su patria.

A cambio, espera algo muy sencillo.

Que su patria no lo abandone.

Ésa es la esencia de toda comunidad política digna de tal nombre.

Sin esa confianza desaparece el vínculo que une a un pueblo con su Estado.

Por eso el caso del Sáhara trasciende con mucho la cuestión territorial.

No estamos hablando únicamente de una provincia perdida.

Estamos hablando de la confianza que un ciudadano deposita en su nación.

¿Qué debía pensar un saharaui-español cuando vio marcharse a las autoridades españolas?

¿Qué debía sentir cuando comprendió que tendría que afrontar solo un futuro incierto?

¿Qué idea podía formarse del Estado al que había pertenecido?

Son preguntas incómodas.

Pero necesarias.

Porque una nación no se mide únicamente por sus victorias.

También se mide por la manera en que trata a los suyos cuando llegan las dificultades.

España no estuvo a la altura de esa obligación.

Y reconocerlo no supone despreciar nuestra historia.

Todo lo contrario.

Las naciones maduras no ocultan sus errores.

Los reconocen.

Los estudian.

Aprenden de ellos.

Y, cuando todavía es posible, intentan repararlos.

Ésa es la diferencia entre una nación segura de sí misma y otra que vive instalada en el miedo a su propio pasado.

Ningún español tiene por qué sentirse culpable de lo ocurrido en 1975.

La inmensa mayoría ni siquiera había nacido o carecía de responsabilidad alguna.

Pero todos tenemos interés en que el Estado español actúe con justicia cuando reconoce una deuda histórica.

Porque un Estado que no repara una injusticia cuando todavía puede hacerlo corre el riesgo de repetir mañana el mismo comportamiento.

Hoy hablamos del Sáhara.

Mañana podría tratarse de cualquier otro rincón de España.

O de cualquier otro grupo de españoles abandonados por la desidia, la cobardía o el cálculo político de quienes gobiernan.

Por eso este debate no pertenece únicamente a los saharaui-españoles.

Pertenece a todos los españoles.

Porque, en el fondo, todos respondemos a la misma pregunta.

¿Podemos confiar en que España protegerá a sus ciudadanos cuando llegue el momento decisivo?

Ésa es la cuestión que este ensayo pretende dejar planteada.

Y mientras esa pregunta no encuentre una respuesta convincente, la herida del Sáhara seguirá abierta.

No sólo en la memoria de los saharaui-españoles.

También en la conciencia de España.

I. Reparar una injusticia no consiste en regalar nacionalidades

Toda injusticia merece reparación.

Pero no toda reparación es justa.

Ésa es la primera idea que conviene dejar clara.

Porque inmediatamente surgirán quienes intenten deformar el contenido de este ensayo.

Unos dirán que pretende abrir las puertas de España a centenares de miles de extranjeros.

Otros afirmarán que propone una regularización masiva.

Nada más lejos de la realidad.

Este ensayo no defiende eso.

Ni lo ha defendido en una sola línea.

La nacionalidad española no puede convertirse en una mercancía electoral.

No puede utilizarse para alterar el cuerpo electoral.

No puede concederse como premio político.

No puede repartirse con criterios ideológicos.

Ni puede transformarse en moneda de cambio parlamentaria.

La nacionalidad constituye el vínculo jurídico y moral más importante entre una persona y su nación.

Por eso debe otorgarse con el máximo rigor.

Precisamente por esa razón, el caso de los saharaui-españoles no admite comparación con ningún otro.

No estamos hablando de personas que nunca tuvieron relación con España.

No estamos hablando de quienes llegaron hace unos años buscando un futuro mejor.

No estamos hablando de una política de inmigración.

Estamos hablando de personas que pertenecían a una provincia española cuando ésta formaba parte del territorio nacional.

Ésa es la diferencia.

Y esa diferencia basta para impedir cualquier comparación.

Por ello, una futura ley de reparación debería partir de un principio muy sencillo.

No todo el que se declare saharaui debe adquirir automáticamente la nacionalidad española.

Sería un disparate.

Y abriría la puerta al fraude.

Lo que debe reconocerse es el derecho de quienes acrediten, de manera fehaciente, su condición de saharaui-españoles o de descendientes directos de éstos.

La carga de la prueba corresponde al solicitante.

Como ocurre en cualquier procedimiento serio.

No bastan las declaraciones.

No bastan los testimonios.

No bastan las afirmaciones de buena voluntad.

Habrá que aportar documentos.

Registros.

Certificaciones.

Archivos.

Censos.

Documentación oficial.

Y cuando esa documentación no exista por causas ajenas al interesado, deberán arbitrarse medios extraordinarios de prueba suficientemente rigurosos para evitar el fraude y proteger el verdadero derecho.

Eso es reparar.

No repartir pasaportes.

Porque toda reparación exige justicia.

Y toda justicia exige verdad.

De lo contrario, la reparación deja de ser reparación para convertirse en privilegio.

Y los privilegios destruyen la justicia que dicen proteger.

Precisamente por eso resulta imprescindible separar dos debates que algunos pretenden mezclar interesadamente.

Uno es el relativo a las políticas generales de inmigración y de adquisición de la nacionalidad española.

Otro muy distinto es el de los saharaui-españoles.

No tienen nada que ver.

Confundirlos sólo sirve para oscurecer el problema.

El primero pertenece a la política migratoria.

El segundo pertenece a la historia de España.

El primero responde a decisiones de oportunidad.

El segundo nace de una obligación pendiente.

No es España quien crea esa obligación.

La creó el abandono del Sáhara Español.

Y mientras esa deuda permanezca sin reparar, el Estado español seguirá teniendo una cuenta pendiente con una parte de quienes un día estuvieron bajo su protección.

Por eso este ensayo no reclama privilegios.

Reclama justicia.

No reclama favores.

Reclama reparación.

No reclama arbitrariedad.

Reclama rigor.

Y precisamente porque reclama rigor sostiene que cualquier futura ley deberá impedir que personas sin vínculo alguno con el antiguo Sáhara Español puedan acogerse a una reparación que no les corresponde.

La justicia deja de ser justicia cuando trata igual lo que es distinto.

Y el caso de los saharaui-españoles es distinto de cualquier otro.

No por razones sentimentales.

No por razones ideológicas.

Sino porque la historia de España lo hizo distinto.

Negarlo equivale a negar la propia historia de España.

Y una nación que reniega de su historia termina perdiendo también el respeto hacia sí mism

XII. El precedente

Hay asuntos cuya importancia supera con mucho a las personas directamente afectadas.

El Sáhara Español es uno de ellos.

Porque aquí no sólo se discute qué debe hacerse con los saharaui-españoles.

También se está respondiendo a una pregunta mucho más amplia.

¿Qué obligaciones conserva un Estado respecto de sus ciudadanos cuando abandona un territorio?

No es una cuestión exclusiva de España.

Es una cuestión que afecta a cualquier Estado que pretenda ser tomado en serio.

Porque la fuerza de una nación no depende únicamente de su economía, de su Ejército o de su influencia internacional.

Depende también de la confianza que inspire a sus propios ciudadanos.

Todo español da por supuesto que, si un día trabaja en el extranjero para una empresa española, sirve en una misión oficial, reside en un territorio bajo soberanía española o representa a España fuera de nuestras fronteras, su país no lo dejará abandonado si llegan las dificultades.

Esa confianza constituye uno de los pilares invisibles de cualquier nación.

Cuando desaparece, desaparece también una parte de la autoridad moral del Estado.

El caso del Sáhara demuestra hasta qué punto esa confianza puede quebrarse.

No hablamos únicamente del pasado.

Hablamos del futuro.

Porque toda decisión política crea precedentes.

Y los precedentes enseñan.

Si un Estado puede abandonar a una parte de sus ciudadanos sin asumir después ninguna responsabilidad, ¿qué garantía tienen los demás de que mañana no ocurra algo semejante en otras circunstancias?

No se trata de alimentar temores.

Se trata de comprender que el vínculo entre la nación y sus ciudadanos debe descansar sobre algo más sólido que la conveniencia política del momento.

Debe descansar sobre la lealtad.

La lealtad exige reciprocidad.

El ciudadano debe ser leal a su nación.

Pero la nación también debe ser leal a sus ciudadanos.

Cuando una de las dos partes rompe ese compromiso, el daño alcanza a toda la comunidad.

Ésa es una de las enseñanzas más profundas que deja el Sáhara Español.

No basta con proclamar grandes principios.

Hay que cumplirlos precisamente cuando hacerlo resulta difícil.

Porque es en los momentos difíciles cuando se conoce el verdadero carácter de las personas y de las naciones.

España todavía puede extraer una lección de aquella experiencia.

Reconocer un error no disminuye la dignidad de un país.

La aumenta.

Sólo quien es capaz de mirar de frente su propia historia puede construir un futuro sobre bases firmes.

Negar los errores, esconderlos o cubrirlos con palabras grandilocuentes no resuelve nada.

Únicamente prolonga sus consecuencias.

Quizá por eso el debate sobre los saharaui-españoles continúa vivo cincuenta años después.

No porque el tiempo no haya pasado.

Sino porque las cuestiones fundamentales nunca prescriben.

La lealtad.

La justicia.

El honor.

Y la responsabilidad de un Estado hacia quienes un día fueron sus ciudadanos.

XIII. España todavía está a tiempo

Ningún español de hoy es responsable de las decisiones adoptadas en 1975.

Sería absurdo sostener lo contrario.

Los hijos no heredan las culpas de sus padres.

Y las generaciones actuales no pueden responder de los errores cometidos por quienes gobernaban hace medio siglo.

Pero una nación no es un gobierno.

Ni una legislatura.

Ni un partido político.

Las naciones permanecen.

Los gobiernos pasan.

Precisamente por eso las naciones también heredan sus obligaciones.

España no tiene el deber de sentirse culpable.

Tiene el deber de ser justa.

Y ser justo significa reconocer que una parte de los españoles fue abandonada cuando más necesitaba el amparo de su patria.

Ésa fue la infamia.

Ésa fue la traición.

Y ésa es la deuda que sigue pendiente.

Repararla no devolverá la juventud a quienes la perdieron.

No borrará el sufrimiento de quienes tuvieron que abandonar su hogar.

No cambiará la historia.

Pero demostrará algo mucho más importante.

Demostrará que España conserva la decencia suficiente para reconocer un error cometido por sus propias autoridades.

Porque una nación se engrandece cuando sabe rectificar.

Nunca cuando convierte el silencio en política de Estado.

Por eso la cuestión que hoy se plantea ante el Congreso de los Diputados trasciende el contenido concreto de una proposición de ley.

Lo verdaderamente importante no consiste en decidir quién obtendrá un pasaporte.

Lo verdaderamente importante consiste en decidir si España quiere seguir viviendo de espaldas a una de las páginas más dolorosas de su historia reciente o si, por el contrario, está dispuesta a mirarla de frente y obrar en consecuencia.

Cada diputado votará según su conciencia.

Cada partido asumirá su responsabilidad.

Y la historia juzgará a todos.

No por sus discursos.

No por sus declaraciones.

No por sus ruedas de prensa.

Los juzgará por sus actos.

Porque llega un momento en que toda nación debe decidir entre la comodidad y el honor.

España tiene ahora esa oportunidad.

Ojalá no la desaproveche otra vez.

XIII. ¿Por qué ahora?

Toda iniciativa política tiene un momento.

Y el momento elegido también forma parte del mensaje.

Resulta inevitable preguntarse por qué esta cuestión llega precisamente ahora al Congreso de los Diputados.

¿Por qué no hace diez años?

¿Por qué no hace veinte?

¿Por qué no hace treinta?

¿Por qué ningún Gobierno anterior, de un signo o de otro, asumió la responsabilidad de afrontar esta cuestión con la serenidad y el rigor que merecía?

Cada lector encontrará su propia respuesta.

Habrá quien piense que se trata de un acto de justicia largamente esperado.

Habrá quien vea en ello un cálculo político.

Habrá quien crea que concurren ambas razones.

Sea cual sea la explicación, conviene no perder de vista lo esencial.

La justicia no deja de ser justicia porque llegue tarde.

Ni una causa deja de ser justa porque quien la impulse persiga, además, otros objetivos.

Precisamente por eso el debate debería haberse desarrollado de otra manera.

En lugar de convertir esta cuestión en un motivo más de enfrentamiento entre partidos, el Congreso de los Diputados habría podido aprovechar la ocasión para alcanzar un amplio acuerdo nacional.

No sobre intereses partidistas.

Sobre una cuestión de Estado.

Porque la historia del Sáhara Español no pertenece a la izquierda.

Ni pertenece a la derecha.

Pertenece a España.

Y las deudas de España deberían afrontarse con la mayor unidad posible.

Desgraciadamente, una vez más, la lucha entre partidos amenaza con ocultar la cuestión esencial.

Se discute quién obtiene ventaja.

Quién gana votos.

Quién pierde credibilidad.

Quién ocupa el titular del día siguiente.

Y, mientras tanto, vuelven a desaparecer del debate quienes deberían ocupar el centro de toda la discusión.

Los saharaui-españoles.

Ellos son los verdaderos protagonistas.

No los partidos.

No los gobiernos.

No las estrategias parlamentarias.

No las próximas elecciones.

Ellos llevan medio siglo esperando.

Esperando que alguien reconozca públicamente que España les falló.

Esperando que alguien sustituya el silencio por la verdad.

Esperando que el Estado al que pertenecieron durante tantos años tenga el valor de reconocer que aquella página de nuestra historia nunca debió escribirse de ese modo.

Si esta proposición de ley sirve para abrir ese debate, habrá prestado ya un servicio importante.

Si además termina convirtiéndose en una reparación justa, rigurosa y plenamente respetuosa con la verdad histórica, España habrá comenzado, por fin, a saldar una deuda que lleva demasiado tiempo pendiente.

Porque hay ocasiones en las que lo verdaderamente importante no consiste en preguntarse por qué una decisión llega ahora.

Lo verdaderamente importante consiste en preguntarse si era necesaria.

Y, en este caso, la respuesta parece evidente.

Sí.

Llega tarde.

Muy tarde.

Pero llega.

Ahora sólo falta que llegue bien.

Que se haga con justicia.

Con rigor.

Con memoria.

Y con el respeto que merecen quienes un día fueron abandonados por el propio Estado que tenía la obligación de protegerlos.