Galería de conversos, reciclados, fabricantes de pedigrí democrático y antifranquistas sobrevenidos

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

RESUMEN PARA LECTORES APRESURADOS

¿Diez apellidos democráticos? El gran transformismo español

La historia política española suele contarse como una sucesión de rupturas: la caída de la monarquía liberal, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, la Transición y la democracia constitucional. Sin embargo, este ensayo propone mirar esa historia desde otra perspectiva: la sorprendente continuidad de las élites.

La tesis central es sencilla. Cambian los regímenes, las constituciones, los partidos y los discursos, pero determinados grupos familiares, profesionales, económicos, universitarios, judiciales, mediáticos y políticos muestran una extraordinaria capacidad para adaptarse a cada época y conservar posiciones de influencia.

Este ensayo no sostiene que todas las conversiones fueran oportunistas. Al contrario. Distingue cuidadosamente entre quienes evolucionaron sinceramente, incluso pagando un elevado precio personal, y quienes, desaparecido ya todo riesgo, reconstruyeron su biografía para presentarse como antifranquistas de toda la vida.

Muchos intelectuales, profesores, periodistas, jueces, fiscales, dirigentes políticos y empresarios comenzaron sus carreras dentro de la España anterior a 1975. Algunos rompieron públicamente con el régimen antes de su desaparición. Otros continuaron desarrollando una vida profesional ordinaria. Y algunos alcanzaron después gran prestigio como intérpretes exclusivos de la democracia, convirtiéndose incluso en distribuidores de certificados de respetabilidad política.

El ensayo analiza cómo la Transición permitió una continuidad institucional que evitó el caos, pero también facilitó que numerosos cuerpos del Estado, altos funcionarios, magistrados, fiscales, profesores universitarios y dirigentes económicos atravesaran el cambio de régimen sin una renovación profunda. La ruptura fue política; la continuidad fue, en buena medida, humana e institucional.

Especial atención recibe el llamado régimen del 78, presentado aquí como un sistema que consolidó una amplia red de partidos, administraciones, sindicatos subvencionados, medios de comunicación, fundaciones, empresas públicas y comunidades autónomas. El Estado de las Autonomías no sólo descentralizó competencias; también dio lugar a nuevas oligarquías territoriales, cada una con sus propias estructuras administrativas, culturales, educativas y mediáticas.

El libro dedica varios capítulos a la profesionalización de la política. Muchos dirigentes contemporáneos apenas conocieron otra actividad que la militancia, la asesoría, el cargo público y la Administración. La política dejó de ser, en numerosos casos, un servicio temporal para convertirse en una carrera profesional completa, con itinerarios que conducen desde las juventudes de los partidos hasta ministerios, parlamentos, instituciones europeas, empresas públicas o fundaciones.

Otro de los ejes del ensayo es el análisis de la memoria histórica y de la memoria democrática como políticas públicas. Se estudia cómo el recuerdo del pasado pasó de constituir un ámbito de investigación histórica y memoria familiar a convertirse también en objeto de legislación, organismos administrativos y debate político permanente. El autor sostiene que, en ocasiones, la utilización política del pasado ha sustituido a la voluntad de comprenderlo en toda su complejidad.

La universidad, la enseñanza, los medios de comunicación y determinados sectores de la cultura aparecen igualmente como espacios donde se construyen relatos históricos que, con frecuencia, acaban influyendo más en la percepción pública que los propios documentos de archivo. No se niega la existencia de investigaciones rigurosas, pero se advierte del riesgo de convertir la historia en un instrumento de legitimación política.

La judicatura ocupa un lugar destacado. El ensayo examina la continuidad de los altos cuerpos del Estado, la prolongación de determinadas carreras profesionales a través de distintos regímenes, la influencia de los nombramientos políticos en los órganos superiores y el debate sobre la independencia del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. No se cuestiona la profesionalidad de la inmensa mayoría de jueces y fiscales, sino determinados mecanismos institucionales de designación y promoción.

Todo ello se interpreta a la luz de autores como Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, Joaquín Costa, José Ortega y Gasset, Alexis de Tocqueville y James Burnham, cuyas teorías sobre las élites, el caciquismo, la burocracia y la llamada «ley de hierro de las oligarquías» ayudan a comprender que el fenómeno descrito no constituye una anomalía exclusivamente española, sino una constante de muchas sociedades modernas.

La conclusión del ensayo no consiste en sustituir una élite por otra, sino en plantear una cuestión mucho más profunda: cómo impedir que las minorías dirigentes, necesarias en toda organización compleja, terminen convirtiéndose en oligarquías permanentes.

Para ello se propone recuperar principios clásicos de responsabilidad política e institucional: reforzar la separación efectiva de poderes; revisar los sistemas de nombramiento de los órganos constitucionales; fortalecer la independencia judicial; proteger a los denunciantes de corrupción; exigir responsabilidad patrimonial y política a quienes administran fondos públicos; limitar la colonización partidista de las instituciones; simplificar la Administración; y recuperar mecanismos históricos de control del poder, como el juicio de residencia, adaptados al Estado constitucional contemporáneo.

El propósito último de estas páginas no es reabrir la Guerra Civil ni repartir nuevos certificados de pureza democrática. Es invitar al lector a observar la historia española con mayor espíritu crítico, desconfiando tanto de las leyendas negras como de las leyendas blancas, y recordando que las democracias sólo conservan su vitalidad cuando son capaces de renovar realmente sus élites, someterlas a control y evitar que el poder se convierta, una vez más, en patrimonio de unos pocos.

En definitiva, este ensayo sostiene que el verdadero problema de España quizá no haya sido únicamente quién gobierna, sino cómo se reproduce el poder, quién controla los mecanismos de acceso a las instituciones y por qué, generación tras generación, persiste la sensación de que, pese a los cambios de banderas, partidos y discursos, los mismos círculos continúan ocupando las posiciones decisivas del Estado.

Si quieres saber más, profundizar, sigue leyendo.

Prólogo

Los vencedores de un muerto

Existe un viejo dicho según el cual la victoria tiene muchos padres, mientras que la derrota suele quedar huérfana.

En España ha ocurrido exactamente lo contrario.

La derrota política del franquismo parece haber producido millones de vencedores.

Han pasado ya más de cincuenta años desde la muerte de Francisco Franco. Medio siglo constituye tiempo más que suficiente para que varias generaciones hayan nacido, estudiado, trabajado, formado una familia y alcanzado responsabilidades públicas sin haber conocido personalmente aquel régimen.

Sin embargo, nunca hubo tantos españoles empeñados en demostrar que combatieron a una dictadura que muchos ni siquiera llegaron a vivir, pues, ni siquiera habían nacido cuando aún vivía el General Francisco Franco.

A algunos sólo les falta asegurar que pertenecieron al maquis, repartieron octavillas clandestinas durante el recreo del colegio o sabotearon el régimen desde la cuna, e incluso desde el momento que fueron concebidos…

La ironía no pretende ridiculizar a quienes realmente se opusieron al franquismo.

Esos existieron.

Algunos pagaron con la cárcel.

Otros con el exilio.

Otros con la pérdida de su empleo.

Otros con el aislamiento social.

Otros, incluso, con su propia vida.

Su memoria merece respeto.

Precisamente por eso conviene distinguirlos de quienes han construido, muchos años después, una biografía retrospectiva adaptada a las necesidades políticas del presente.

Porque éste no es un ensayo contra los antifranquistas; es más, yo lo fui en mi juventud.

Es un libro contra la impostura.

No pretende averiguar quién tuvo un abuelo falangista, un padre militar o una madre afiliada a la Sección Femenina.

Eso carece de relevancia moral.

Durante casi cuarenta años, España vivió bajo un mismo régimen político.

Millones de personas estudiaron, trabajaron, sirvieron al Estado, ejercieron profesiones liberales, ingresaron en la Administración, hicieron oposiciones, fundaron empresas, compraron viviendas, obtuvieron becas, levantaron industrias, escribieron libros, ejercieron el periodismo o vistieron uniforme.

La inmensa mayoría procuró simplemente vivir.

No todos eran franquistas convencidos.

Tampoco todos eran resistentes.

La historia rara vez se parece a los carteles de propaganda.

El objeto de este ensayo es otro muy distinto.

Pretende estudiar un fenómeno extraordinariamente español: la sorprendente capacidad de adaptación de nuestras élites.

No cambiaron únicamente los partidos.

Cambiaron los discursos.

Cambiaron los símbolos.

Cambiaron los vocabularios.

Cambiaron los héroes.

Cambiaron los enemigos.

Y, en algunos casos, cambiaron incluso las biografías.

Muchos antiguos servidores del régimen evolucionaron sinceramente hacia posiciones democráticas.

Nada hay que reprocharles.

Al contrario.

Algunos contribuyeron decisivamente a que España pasara de una dictadura a una democracia sin una nueva guerra civil, sin purgas masivas y sin venganzas colectivas.

Adolfo Suárez.

Torcuato Fernández-Miranda.

Landelino Lavilla.

Joaquín Ruiz-Giménez.

José María de Areilza.

Incluso Manuel Fraga.

Sin ellos, la Transición difícilmente habría sido la misma.

También hubo intelectuales cuya evolución ideológica fue auténtica.

Dionisio Ridruejo.

Pedro Laín Entralgo.

Manuel Sacristán.

Ramón Tamames.

Cada uno recorrió un camino distinto.

Pero ninguno necesitó inventarse un pasado diferente del que realmente había vivido.

Ése es el rasgo que distingue al converso sincero.

Reconoce quién fue.

Explica por qué cambió.

Y no pretende convencer al mundo de que siempre pensó exactamente igual.

Frente a ellos aparece otra figura mucho más reciente.

El antifranquista sobrevenido.

No siempre procede del franquismo.

A veces nació cuando Franco llevaba años muerto.

Con frecuencia pertenece a familias perfectamente integradas en la España anterior.

En ocasiones es hijo o nieto de militares, funcionarios, empresarios, jueces, periodistas, profesores, altos cargos o profesionales que desarrollaron una vida perfectamente normal bajo el régimen.

Nada de eso constituye reproche alguno.

La contradicción aparece cuando esos mismos personajes convierten los antecedentes familiares de sus adversarios en argumento político mientras silencian cuidadosamente los propios.

O cuando reconstruyen retrospectivamente su árbol genealógico hasta descubrir que toda su familia llevaba luchando contra Franco desde varias generaciones antes de que Franco existiera.

Ya no basta con ser demócrata.

Ahora parece necesario poseer diez apellidos democráticos.

Hemos sustituido la antigua limpieza de sangre por la limpieza de memoria.

Ya no se presume de hidalguía.

Se presume de genealogía antifranquista.

Y quien no pueda exhibir el correspondiente pedigrí corre el riesgo de ser considerado sospechoso de impureza democrática.

Este libro pretende recorrer esa extraña metamorfosis.

No para repartir certificados.

Sino para retirárselos a quienes creen tener derecho exclusivo a expedirlos.

Porque la democracia no pertenece a ninguna familia.

No desciende por vía hereditaria.

No se transmite mediante apellidos.

Ni se obtiene por oposición retrospectiva a un régimen desaparecido hace medio siglo.

La democracia se acredita cada día.

Con los propios actos.

No con los de los abuelos.

LA GRAN AMNESIA ESPAÑOLA

Cómo un país entero se convirtió, de la noche a la mañana, en antifranquista

La memoria constituye una de las facultades más admirables del ser humano.

Y también una de las más traicioneras.

Recordamos lo que sucedió.

Pero, con frecuencia, recordamos sobre todo lo que nos conviene recordar.

Los pueblos no constituyen una excepción.

También ellos seleccionan sus recuerdos.

Embellecen unos.

Olvidan otros.

Convierten derrotas en victorias.

Transforman silencios en heroísmo.

Y terminan creyendo versiones de sí mismos que poco tienen que ver con la realidad.

España ofrece uno de los ejemplos más llamativos.

Si un extranjero llegara hoy a nuestro país y escuchara determinados discursos políticos, televisivos o universitarios, concluiría fácilmente que durante casi cuarenta años España estuvo poblada por una inmensa mayoría de resistentes clandestinos.

Parecería que millones de españoles pasaban las noches conspirando contra Franco.

Que las universidades eran semilleros permanentes de revolución.

Que las fábricas vivían en huelga continua.

Que la prensa combatía heroicamente la censura.

Que los jueces desafiaban constantemente al régimen.

Que los funcionarios trabajaban infiltrados para la democracia.

Y que los empresarios financiaban discretamente la oposición.

Resulta una imagen sugestiva.

Pero completamente falsa.

La inmensa mayoría de los españoles hizo exactamente lo que hacen casi todos los pueblos bajo casi todos los regímenes políticos.

Vivir.

Trabajar.

Casarse.

Educar a sus hijos.

Buscar una vivienda.

Ahorrar cuanto podían.

Intentar prosperar.

Y procurar mantenerse alejados de los conflictos políticos.

No eran héroes.

Tampoco verdugos.

Simplemente eran españoles.

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Una dictadura… y una sociedad extraordinariamente normal

Conviene recordar un hecho elemental.

El franquismo no fue únicamente un régimen político.

Fue también un Estado plenamente organizado.

Con ministerios.

Tribunales.

Ayuntamientos.

Diputaciones.

Universidades.

Escuelas.

Hospitales.

Empresas públicas.

Ferrocarriles.

Correos.

Televisión.

Radio.

Instituto Nacional de Industria.

Seguridad Social.

Mutualidades.

Confederaciones Hidrográficas.

Instituto Nacional de Colonización.

Organización Sindical Española.

Instituto Nacional de la Vivienda.

Instituto Nacional de Previsión.

Millones de personas trabajaban diariamente en aquellas instituciones.

¿Eran todos franquistas convencidos?

Naturalmente que no.

¿Eran todos opositores clandestinos?

Tampoco.

Eran funcionarios.

Ingenieros.

Arquitectos.

Médicos.

Enfermeras.

Maestros.

Profesores.

Secretarios municipales.

Jueces.

Fiscales.

Notarios.

Registradores.

Militares.

Guardias civiles.

Policías.

Obreros.

Campesinos.

Comerciantes.

Transportistas.

La inmensa mayoría no hacía política.

Trabajaba.

Y gracias a ese trabajo España siguió funcionando durante cuarenta años.

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El PSOE invisible

Uno de los aspectos más sorprendentes del relato posterior consiste en la reconstrucción del papel desempeñado por el Partido Socialista Obrero Español durante el franquismo.

El PSOE histórico existía.

Naturalmente que existía.

Pero su dirección política desarrolló la mayor parte de su actividad desde el exilio.

Dentro de España su implantación fue muy reducida durante décadas, por no decir anecdótica.

No recuperó verdadera capacidad organizativa hasta los últimos años del régimen.

Quien sostuvo el mayor peso de la oposición clandestina organizada fue, sobre todo, el Partido Comunista de España.

Éste es un hecho reconocido incluso por numerosos historiadores socialistas.

Sin embargo, medio siglo después parece que hubiese ocurrido exactamente lo contrario.

El PSOE ha terminado ocupando retrospectivamente un espacio histórico muy superior al que realmente desempeñó durante buena parte de aquellos años.

No se trata de negar su importancia posterior.

Se trata de colocar cada pieza en su sitio.

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La UGT desaparecida… y el Sindicato Vertical

Algo semejante ocurrió con la Unión General de Trabajadores.

La UGT sobrevivió.

Pero quedó reducida a una presencia muy limitada dentro del país.

Mientras tanto, la representación laboral quedó integrada en la Organización Sindical Española, el llamado Sindicato Vertical.

Y aquí aparece una paradoja apenas estudiada.

Muchos hombres que después militarían en Comisiones Obreras, en la UGT e incluso en organizaciones socialistas participaron previamente en las elecciones sindicales del propio Sindicato Vertical.

No porque fueran franquistas.

Sino porque aquel era, en numerosas ocasiones, el único cauce legal desde el que podían defender determinadas reivindicaciones laborales.

La historia rara vez admite explicaciones simples.

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Los exiliados que regresaron

Otro de los grandes silencios afecta al exilio.

El exilio existió.

Fue dramático.

Miles de españoles abandonaron su patria.

Algunos jamás regresaron.

Otros murieron lejos de España.

Otros encontraron una nueva vida en Francia, México, Argentina o diversos países europeos.

Todo ello forma parte de nuestra historia.

Pero existe otra parte mucho menos recordada.

Miles de exiliados regresaron.

Algunos durante los años cuarenta.

Otros en los cincuenta.

Muchos durante los sesenta.

Otros poco antes de la muerte de Franco.

Regresaron antiguos republicanos.

Socialistas.

Anarquistas.

Comunistas.

Intelectuales.

Profesionales.

Artistas.

Empresarios.

Muchos recuperaron sus profesiones.

Otros reconstruyeron sus vidas.

Algunos incluso llegaron a ocupar posiciones relevantes dentro de la propia sociedad española anterior a la Transición.

La España franquista no fue un bloque inmóvil.

Hubo indultos.

Conmutaciones.

Rehabilitaciones.

Readmisiones.

Retornos.

Reconciliaciones personales.

Nada de ello elimina la existencia de la represión.

Pero tampoco permite presentar cuarenta años de historia como un enfrentamiento permanente entre dos Españas congeladas en 1939.

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Los españoles corrientes

Quizá el mayor error de muchas reconstrucciones históricas consista en olvidar precisamente a quienes hicieron posible la continuidad cotidiana del país.

Los españoles normales.

Los millones de ciudadanos que jamás escribieron unas memorias.

Que nunca fueron diputados.

Ni ministros.

Ni dirigentes sindicales.

Ni líderes estudiantiles.

Ni héroes.

Ni mártires.

Ni villanos.

Aquellos hombres y mujeres levantaron carreteras.

Construyeron pantanos.

Abrieron escuelas.

Atendieron hospitales.

Enseñaron a leer.

Cultivaron los campos.

Fundaron empresas.

Trabajaron en fábricas.

Pagaron impuestos.

Criaron hijos.

Y envejecieron sin imaginar que, varias décadas después, alguien les explicaría que, en realidad, habían vivido permanentemente enfrentados al régimen bajo el que desarrollaron toda su existencia.

La historia de España no pertenece exclusivamente a quienes luego escribieron los discursos.

También pertenece a quienes nunca pronunciaron ninguno.

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La primera gran mentira

De todas las leyendas construidas después de la Transición, quizá ninguna haya alcanzado tanta difusión como ésta:

«Toda España era antifranquista.»

No.

No lo era.

Había antifranquistas.

Había franquistas convencidos.

Había monárquicos.

Había falangistas.

Había carlistas.

Había liberales.

Había católicos sociales.

Había comunistas.

Había socialistas.

Había anarquistas.

Y había, sobre todo, millones de personas cuya principal preocupación consistía en llegar a fin de mes, sacar adelante a sus hijos y vivir tranquilamente.

Confundir a esa inmensa mayoría silenciosa con un ejército clandestino constituye una deformación de la realidad.

Y precisamente sobre esa deformación se edificará, en los capítulos siguientes, el gran fenómeno que da título a este libro:

la fabricación del antifranquista sobrevenido.

Porque, antes de aparecer los conversos, antes de surgir los nuevos guardianes de la memoria y antes de concederse certificados de pureza democrática, fue necesario construir una ficción previa.

La ficción de que casi todos habían combatido una dictadura que, en realidad, la inmensa mayoría simplemente había vivido.

DE CAMISA VIEJA A CHAQUETA NUEVA

La extraordinaria capacidad española para cambiar sin moverse

Si algún rasgo caracteriza la historia política española de los dos últimos siglos, no es la revolución.

Es la adaptación.

Cambian las Constituciones.

Cambian los himnos.

Cambian las banderas.

Cambian los retratos oficiales.

Cambian los discursos.

Cambian las consignas.

Pero, con sorprendente frecuencia, los apellidos permanecen.

No es un fenómeno exclusivo de España.

Toda sociedad desarrolla mecanismos de continuidad.

La Administración continúa funcionando.

Los jueces siguen administrando justicia.

Los funcionarios siguen tramitando expedientes.

Los empresarios continúan produciendo.

Los profesores siguen enseñando.

Los médicos continúan atendiendo enfermos.

Sin embargo, en España esa continuidad presenta una característica muy singular.

Las élites rara vez desaparecen.

Simplemente se transforman.

Quien ayer juraba fidelidad al rey absoluto, mañana defendía la Constitución liberal.

Quien combatía por Isabel II terminaba sirviendo a Alfonso XII.

Quien había sido republicano acababa aceptando la Restauración.

Quien ocupaba cargos durante la Segunda República continuó ocupándolos, cuando pudo, bajo el nuevo régimen.

Y muchos de quienes hicieron carrera durante el franquismo pasaron después a desempeñar altas responsabilidades en la democracia.

No se trata de una anomalía.

Se trata de una constante histórica.

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El arte español del transformismo

En Italia hablaron del trasformismo.

En Francia se habló de oportunismo político.

En España nunca encontramos un nombre suficientemente expresivo.

Quizá porque el fenómeno alcanzó aquí tal grado de perfección que dejó de parecernos extraordinario.

El transformista español no cambia únicamente de partido.

Cambia de vocabulario.

Cambia de principios.

Cambia de enemigos.

Cambia de amigos.

Y, cuando resulta necesario, cambia incluso de pasado.

No suele reconocer que ha cambiado.

Prefiere convencer al prójimo de que siempre pensó exactamente igual.

La memoria hace el resto.

Con el paso de los años desaparecen fotografías.

Se olvidan discursos.

Se extravían artículos.

Se reinterpretan entrevistas.

Se matizan adhesiones.

Las biografías se vuelven cada vez más limpias.

Más coherentes.

Más heroicas.

Como si hubieran sido redactadas por un departamento de publicidad.

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Fernando Vizcaíno Casas vio antes que nadie el fenómeno.

Mucho antes de que universidades, fundaciones y observatorios comenzaran a hablar de memoria histórica, Fernando Vizcaíno Casas ya había descrito con extraordinaria ironía aquella metamorfosis.

Su novela De camisa vieja a chaqueta nueva no era únicamente una sátira.

Era un documento sociológico.

El escritor observó cómo numerosos personajes que apenas unos meses antes exhibían con orgullo sus credenciales franquistas comenzaban a descubrir un entusiasmo desbordante por la democracia.

Algunos cambiaron sinceramente.

Otros cambiaron prudentemente.

Otros cambiaron porque comprendieron que la historia había tomado un rumbo irreversible.

Y unos cuantos cambiaron únicamente porque el nuevo poder repartía ya los cargos, las influencias, las subvenciones y el prestigio.

Vizcaíno Casas comprendió algo fundamental.

La inmensa mayoría de los españoles no había cambiado tanto.

Quienes cambiaban con extraordinaria rapidez eran, sobre todo, quienes vivían cerca del poder.

Porque las élites poseen un instinto de conservación mucho más desarrollado que los ciudadanos corrientes.

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No todos los conversos fueron iguales.

Sería profundamente injusto colocar a todos en el mismo plano.

Éste constituye quizá el mayor error cometido por muchos análisis simplistas.

No.

Hubo diferencias enormes.

Dionisio Ridruejo reconoció siempre su pasado falangista.

Jamás intentó ocultarlo.

Explicó públicamente las razones de su evolución.

Aceptó las consecuencias.

Sufrió marginación.

Terminó enfrentándose al régimen.

Manuel Sacristán jamás negó su juventud vinculada al SEU.

Pedro Laín Entralgo nunca fingió no haber pertenecido a la primera generación intelectual del franquismo.

Joaquín Ruiz-Giménez jamás ocultó haber sido ministro de Franco.

José María de Areilza tampoco negó haber sido alcalde, procurador, embajador y figura destacada del régimen antes de evolucionar hacia posiciones liberales.

Incluso Manuel Fraga defendió siempre su actuación como ministro.

Podrá discutirse su interpretación.

Pero nunca intentó convencer a nadie de que había pasado cuarenta años escondido en una buhardilla imprimiendo propaganda clandestina.

Ésa constituye la diferencia esencial.

El converso sincero no falsifica su biografía.

La completa.

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Los verdaderos arquitectos de la Transición

Existe otra paradoja apenas estudiada.

Buena parte de quienes hicieron posible la democracia procedían precisamente del régimen anterior.

Torcuato Fernández-Miranda.

Adolfo Suárez.

Landelino Lavilla.

Leopoldo Calvo-Sotelo.

José María de Areilza.

Manuel Fraga.

Rodolfo Martín Villa.

No llegaron desde París.

Ni desde Moscú.

Ni desde el exilio mexicano.

Llegaron desde ministerios, gobernaciones civiles, procuradurías, universidades, embajadas, consejos nacionales y despachos oficiales.

Eso no disminuye el mérito de la oposición democrática.

Pero sí obliga a completar el relato.

La Transición no fue la victoria militar de unos españoles sobre otros.

Fue, sobre todo, un gigantesco acuerdo político.

Un acuerdo entre reformistas procedentes del régimen, oposición democrática, nacionalistas, comunistas, socialistas, liberales, democristianos y monárquicos.

Sin esa suma de renuncias probablemente hoy seguiríamos escribiendo otra historia muy distinta.

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Los conversores

Hasta aquí hemos hablado de conversos.

Ahora conviene introducir otra figura.

Los conversores.

Es decir, quienes comenzaron a otorgar certificados de respetabilidad democrática.

Durante los primeros años de la Transición apenas existía esa obsesión.

Importaba construir el futuro.

No ajustar cuentas con el pasado.

Pero poco a poco surgió una nueva aristocracia moral.

Ciertos periódicos.

Determinadas editoriales.

Algunas universidades.

Numerosas fundaciones.

No pocas asociaciones.

Productoras cinematográficas.

Subvenciones culturales.

Y, más tarde, organismos públicos dedicados a la memoria.

Todos ellos comenzaron a elaborar un nuevo canon.

Ya no bastaba con aceptar la democracia.

Había que demostrar que uno siempre había sido demócrata.

Ya no bastaba con condenar la dictadura.

Había que acreditar una genealogía irreprochable.

Ya no bastaba con respetar la Constitución.

Había que exhibir un pedigrí antifranquista.

Así nació una curiosa nobleza contemporánea.

No basada en la sangre.

Ni en la riqueza.

Ni en los títulos.

Sino en la memoria.

O, para ser más exactos…

En una determinada versión de la memoria.

Y fue precisamente entonces cuando comenzó a multiplicarse una nueva especie política.

Los antifranquistas sobrevenidos.

No eran necesariamente antiguos franquistas.

A veces ni siquiera habían nacido cuando murió Franco.

Pero descubrieron que el antifranquismo otorgaba prestigio.

Abría puertas.

Facilitaba carreras.

Permitía descalificar al adversario.

Y ofrecía una inagotable superioridad moral.

A partir de ese momento, algunos dejaron de limitarse a cambiar de ideas.

Comenzaron a cambiar también de biografía.

Y eso es lo que examinaremos en el siguiente capítulo.

Porque antes de estudiar a los antifranquistas sobrevenidos, será necesario detenernos en un fenómeno todavía más llamativo:

la fabricación del pedigrí democrático y la aparición de una nueva nobleza basada, no en los méritos propios, sino en la reconstrucción interesada del pasado familiar.

LOS DIEZ APELLIDOS DEMOCRÁTICOS

La nueva limpieza de sangre

Durante siglos, la sociedad española concedió enorme importancia a la limpieza de sangre.

Aquellos viejos estatutos pretendían distinguir entre cristianos viejos y conversos, entre quienes podían acreditar determinados antepasados y quienes arrastraban un origen considerado sospechoso.

Fue una injusticia.

Y terminó desapareciendo.

La España constitucional nació precisamente para que nadie volviera a ser juzgado por sus antepasados.

Ni por su apellido.

Ni por su linaje.

Ni por las ideas de sus padres.

Ni por las de sus abuelos.

Sin embargo, la Historia posee un extraordinario sentido del humor.

Después de abolir la limpieza de sangre, hemos terminado inventando otra limpieza.

La limpieza democrática.

Ya no importa quién fue nuestro tatarabuelo.

Importa demostrar que toda la familia fue siempre antifranquista.

Ya no se pregunta por el origen religioso.

Se pregunta por el origen político.

Ya no se presume de hidalguía.

Se presume de pedigrí democrático.

Y así han aparecido los nuevos hidalgos de la democracia.

Personas que parecen descender de una estirpe donde todos, absolutamente todos, luchaban contra Franco desde tiempo inmemorial.

Los bisabuelos.

Los abuelos.

Los padres.

Los tíos.

Los primos.

Todos.

Si siguiéramos remontando el árbol genealógico quizá descubriríamos que algún remoto antepasado ya conspiraba contra el franquismo durante la Guerra de la Independencia.

La exageración provoca una sonrisa.

Pero el fenómeno existe.

Y merece ser estudiado.

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La memoria como certificado nobiliario

En la España contemporánea, la memoria ha dejado de ser únicamente una herramienta para conocer el pasado.

Se ha convertido también en un mecanismo de legitimación política.

Hay memorias que otorgan prestigio.

Y memorias que lo arrebatan.

Hay genealogías que abren puertas.

Y otras que parecen condenar a quien las posee.

De este modo, determinados dirigentes políticos, periodistas, profesores universitarios, magistrados, escritores y personajes públicos han sentido la necesidad de reconstruir retrospectivamente la historia de sus propias familias.

No siempre mediante la mentira.

A veces basta con seleccionar cuidadosamente los recuerdos.

Recordar unas cosas.

Olvidar otras.

Subrayar determinados episodios.

Silenciar otros mucho menos convenientes.

Toda familia posee contradicciones.

Lo sorprendente consiste en que algunas parecen haber eliminado todas las suyas.

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El abuelo conveniente

Existe un curioso fenómeno repetido una y otra vez.

Cuando un personaje público desea reforzar su autoridad moral suele recurrir al abuelo.

Rara vez al padre.

Mucho menos al tío.

Y casi nunca al conjunto de la familia.

El abuelo posee varias ventajas.

Pertenece a una generación suficientemente lejana para resultar casi legendaria.

Es difícil comprobar algunos detalles.

Y, además, despierta simpatía.

Así aparecen los abuelos republicanos.

Los abuelos represaliados.

Los abuelos encarcelados.

Los abuelos resistentes.

Todo ello puede ser perfectamente cierto.

Lo que ya no resulta tan frecuente es recordar que ese mismo abuelo obtuvo posteriormente un indulto.

Que recuperó su libertad.

Que volvió a ejercer su profesión.

Que terminó trabajando para organismos del propio Estado franquista.

Que sus hijos ingresaron en la Administración.

Que la familia prosperó.

La memoria selecciona.

No miente necesariamente.

Pero tampoco cuenta toda la historia.

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La genealogía reconstruida

A veces la reconstrucción alcanza extremos verdaderamente llamativos.

El padre deja de ser jefe local del Movimiento para convertirse en un funcionario sin mayor importancia.

El abuelo deja de aparecer como alcalde franquista y pasa a ser simplemente un vecino del pueblo.

La madre ya no pertenecía a la Sección Femenina.

Únicamente participaba en actividades culturales.

El tío ya no fue procurador en Cortes.

Era un jurista de reconocido prestigio.

Y el periodista formado en la prensa del Movimiento termina apareciendo como pionero de la libertad de expresión.

No siempre existe falsedad.

Con frecuencia existe algo mucho más difícil de detectar.

La omisión.

La media verdad (las medias verdades son falsedades).

La biografía cuidadosamente editada.

Como esos álbumes familiares donde sólo aparecen las fotografías más favorecedoras.

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Los nuevos conversos… y los nuevos inquisidores

Lo verdaderamente sorprendente no consiste en cambiar de ideas.

Eso forma parte de la libertad.

Lo verdaderamente sorprendente aparece cuando quien ha cambiado comienza a perseguir a quienes permanecieron donde él mismo estuvo.

Éste es uno de los fenómenos más antiguos de la Historia.

El converso suele convertirse en el más severo inquisidor.

Necesita demostrar constantemente la sinceridad de su nueva fe.

Por eso resulta, a menudo, más intransigente que quienes nunca cambiaron.

Algo semejante ocurrió en España.

Muchos antiguos servidores del régimen pasaron a convertirse en sus más duros jueces.

Muchos hijos de familias perfectamente integradas en el franquismo terminaron utilizando el franquismo como arma arrojadiza.

Y numerosos personajes que jamás corrieron riesgo alguno durante la dictadura comenzaron a repartir certificados de valentía retrospectiva.

No combatieron a Franco.

Combatieron su recuerdo.

Que es bastante más cómodo.

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Los fabricantes del pedigrí

Pero ninguna genealogía se construye sola.

Alguien debe certificarla.

Alguien debe difundirla.

Alguien debe convertirla en verdad oficial.

Aquí aparecen los grandes fabricantes del relato.

Determinados medios de comunicación.

Editoriales.

Productoras cinematográficas.

Universidades.

Fundaciones.

Asociaciones subvencionadas.

Comisiones.

Observatorios.

Institutos de memoria.

Una inmensa maquinaria cultural que, durante décadas, ha ido configurando una determinada interpretación del pasado.

No siempre mediante la mentira.

Sería demasiado simple.

Lo ha hecho, sobre todo, mediante la selección.

Toda memoria selecciona.

Pero cuando selecciona siempre en la misma dirección, deja de ser memoria para convertirse en propaganda.

Y cuando esa propaganda recibe respaldo oficial, financiación pública y protección institucional, deja de competir con otras interpretaciones de la Historia.

Aspira a sustituirlas.

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Una advertencia imprescindible

Conviene repetirlo una vez más.

Este libro no pretende demostrar que determinadas personas no tengan derecho a defender ideas progresistas, socialistas, comunistas, nacionalistas o conservadoras por el hecho de proceder de familias vinculadas al franquismo. Con respecto de «gustos no hay colores.

Sería una estupidez.

Tampoco pretende descalificar a nadie por haber cambiado de opinión.

Cambiar de opinión constituye uno de los mayores privilegios de la inteligencia.

Lo que aquí se analiza es algo mucho más concreto.

La utilización interesada del pasado.

La reconstrucción selectiva de las biografías.

La fabricación de genealogías moralmente impecables.

Y la pretensión de convertir ese pedigrí retrospectivo en fuente permanente de legitimidad política.

Porque la democracia no necesita aristócratas de la memoria.

Necesita ciudadanos libres.

Y los ciudadanos libres no heredan ni la culpa ni el mérito de sus antepasados.

Responden únicamente de sus propios actos.

GALERÍA DE PERSONAJES

LOS CONVERSOS SINCEROS

Cambiar de ideas no constituye una deshonra.

Una sociedad libre sólo puede existir si admite una posibilidad elemental:

que las personas cambien de opinión.

Toda biografía verdaderamente rica contiene rectificaciones.

Nadie nace con todas las respuestas.

La experiencia modifica convicciones.

La lectura destruye prejuicios.

La edad introduce matices.

La realidad suele burlarse de las ideologías.

Por eso este libro no pretende ridiculizar a quienes evolucionaron.

Al contrario.

Muchos de ellos engrandecen la historia intelectual española.

Porque tuvieron el valor de reconocer públicamente que ya no pensaban igual.

Sin borrar su pasado.

Sin destruir fotografías.

Sin reescribir discursos.

Sin fabricar genealogías retrospectivas.

Éstos son algunos de ellos.

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DIONISIO RIDRUEJO

El hombre que tuvo el valor de reconocer que se había equivocado

Pocos personajes simbolizan mejor la honestidad intelectual que Dionisio Ridruejo.

Fue uno de los principales intelectuales de Falange.

Escribió himnos.

Dirigió la propaganda.

Creyó sinceramente en aquel proyecto político.

No existe motivo para ocultarlo.

Precisamente porque jamás lo ocultó él mismo.

Con el paso del tiempo comenzó a comprender que el régimen evolucionaba hacia una realidad muy distinta de la que había imaginado.

Criticó aquella deriva.

Aceptó las consecuencias.

Terminó marginado.

Vigilado.

Detenido.

Y finalmente convertido en opositor.

No necesitó convencer a nadie de que siempre había sido antifranquista.

Le bastó con decir la verdad.

«Pensé una cosa.

Después comprendí otra.»

Resulta difícil encontrar una actitud más digna.

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PEDRO LAÍN ENTRALGO

Cuando un intelectual explica toda su biografía

Pedro Laín Entralgo participó en la construcción intelectual del primer franquismo.

Ello constituye un hecho perfectamente conocido.

Lo importante vino después.

Nunca intentó borrar aquella etapa.

Simplemente la superó.

Su inmensa obra médica, filosófica e histórica terminó ocupando un lugar muy superior al de cualquier circunstancia política juvenil.

Quienes reducen toda su vida a unos años iniciales cometen exactamente el mismo error que aquellos que pretenden ocultarlos.

La Historia debe contarse entera.

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MANUEL SACRISTÁN

Del SEU a Marx

Tal vez ningún itinerario intelectual resulte tan sorprendente.

El joven vinculado al Sindicato Español Universitario terminó convirtiéndose en el mayor introductor del marxismo filosófico contemporáneo en España.

Sacristán tradujo a Marx.

A Engels.

A Gramsci.

A Lukács.

A numerosos filósofos alemanes.

Formó generaciones enteras de intelectuales comunistas.

Y jamás necesitó fingir que había nacido leyendo El Capital.

Reconoció su evolución.

Eso basta.

La honestidad intelectual comienza precisamente ahí.

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JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ

Un ministro que terminó construyendo puentes

Fue ministro.

Fue embajador.

Sirvió al régimen.

Y terminó creando uno de los principales espacios de diálogo entre las distintas familias políticas españolas.

Su revista Cuadernos para el Diálogo constituye quizá uno de los mayores servicios prestados a la reconciliación nacional.

No destruyó su pasado.

Lo utilizó para construir el futuro.

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JOSÉ MARÍA DE AREILZA

Del régimen a la Monarquía constitucional

Alcalde.

Embajador.

Procurador.

Ministro.

Liberal.

Monárquico.

Difícil encontrar una biografía más representativa del siglo XX español.

Su evolución tampoco fue improvisada.

Fue lenta.

Visible.

Y perfectamente conocida.

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RAMÓN TAMAMES

Toda una vida cambiando… y explicando por qué

Comunista.

Economista.

Concejal.

Diputado.

Centrista.

Académico.

Autor de decenas de libros.

Y finalmente candidato propuesto por Vox para una moción de censura.

Muchos se burlaron.

Quizá porque olvidaban que toda la vida de Tamames constituye precisamente una permanente reflexión sobre la economía, el Estado y la libertad.

Podrá discutirse si acertó o no.

Lo que resulta difícil negar es que nunca ocultó su evolución.

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JORGE SEMPRÚN

El resistente

Frente a tantos resistentes imaginarios, aparece uno auténtico.

Resistencia francesa.

Buchenwald.

Clandestinidad.

Partido Comunista.

Expulsión.

Literatura.

Ministerio de Cultura.

Toda una vida.

No necesitó inventarse nada.

Su biografía basta.

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UNA PRIMERA CONCLUSIÓN

Los personajes anteriores tienen muy poco en común.

Un falangista.

Un comunista.

Un ministro.

Un resistente.

Un embajador.

Un filósofo.

Un economista.

Sin embargo, todos comparten una misma virtud.

Nunca renegaron de la verdad.

Explicaron quiénes fueron.

Explicaron por qué cambiaron.

Y aceptaron que el pasado forma parte inseparable de cualquier biografía.

Precisamente por eso resulta injusto meterlos en el mismo saco que quienes reconstruyen retrospectivamente su vida para adaptarla a las necesidades políticas del presente.

Ellos cambiaron de ideas.

Otros cambiarán de recuerdos.

Y esa diferencia constituye la verdadera frontera moral que pretende estudiar este libro.

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LOS ARQUITECTOS DE LA TRANSICIÓN

Hasta aquí hemos conocido a quienes evolucionaron personalmente.

Ahora aparece otra categoría todavía más importante.

Los hombres que, procediendo del propio régimen, hicieron posible su transformación pacífica.

Durante demasiado tiempo se ha repetido una imagen simplificada de la Transición.

Según ese relato, la democracia fue conquistada exclusivamente por una oposición heroica que terminó derribando una dictadura agotada.

La realidad fue bastante más compleja.

Sin la oposición democrática no habría existido Transición.

Pero tampoco habría existido sin quienes, desde las propias instituciones franquistas, comprendieron que España necesitaba un nuevo marco político.

Aquí aparecen nombres imprescindibles.

Torcuato Fernández-Miranda.

Adolfo Suárez.

Landelino Lavilla.

Leopoldo Calvo-Sotelo.

José María de Areilza.

Manuel Fraga.

Rodolfo Martín Villa.

Y algunos otros.

No todos pensaban igual.

Ni perseguían idénticos objetivos.

Pero compartieron una intuición decisiva.

España debía cambiar.

Y debía hacerlo sin volver a matarse.

Ese mérito —con independencia de los juicios políticos que cada lector formule sobre ellos— forma parte de la verdad histórica y no debería quedar eclipsado por ningún relato partidista.

DE AQUELLOS POLVOS, ESTOS LODOS

Las renuncias de la Transición y el nacimiento del régimen del 78

Con el paso de los años se ha instalado una expresión que apenas admite discusión: «el régimen del 78».

Para unos constituye casi un insulto.

Para otros, una exageración.

Sin embargo, el término resulta útil siempre que no se utilice como simple consigna, sino como descripción de un determinado sistema político nacido de la Constitución de 1978 y, sobre todo, de la evolución posterior de sus instituciones.

Porque una cosa fue la Constitución.

Y otra muy distinta el régimen político que terminó desarrollándose alrededor de ella.

No son exactamente lo mismo.

La Constitución establecía unos principios.

El régimen del 78 fue el resultado de cómo esos principios fueron interpretados, desarrollados y, en ocasiones, desnaturalizados durante casi medio siglo.

Y ahí aparecen algunos de los problemas que todavía condicionan la vida pública española.

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La Constitución decía una cosa. La realidad terminó siendo otra.

Los constituyentes aspiraban a construir un Estado social y democrático de Derecho.

Pretendían garantizar la separación de poderes.

La independencia judicial.

La igualdad de todos los españoles.

La solidaridad entre territorios.

La libertad política.

Y un marco estable de convivencia.

Difícilmente puede discutirse la buena fe de la inmensa mayoría de quienes participaron en aquel proceso.

Otra cuestión distinta consiste en analizar qué terminó ocurriendo.

Porque los textos constitucionales no gobiernan por sí solos.

Gobiernan las personas.

Y las instituciones que ellas crean.

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El Estado de las Autonomías: de solución de compromiso a problema estructural

Quizá ningún aspecto ilustra mejor esa evolución que el denominado Estado de las Autonomías.

Los constituyentes evitaron definir expresamente un Estado federal.

Tampoco mantuvieron un modelo estrictamente centralizado.

Optaron por una fórmula abierta que permitía diferentes niveles de autogobierno.

Aquella solución pretendía integrar, sobre todo, las aspiraciones de Cataluña y del País Vasco sin romper la unidad del Estado.

Sin embargo, el desarrollo posterior condujo a un modelo muy distinto.

Las competencias fueron ampliándose de manera casi ininterrumpida.

Cada negociación parlamentaria dio lugar a nuevas cesiones.

Cada crisis política terminó resolviéndose mediante nuevas transferencias.

Y el llamado «café para todos», concebido inicialmente como una fórmula de equilibrio, acabó desembocando en un complejo entramado de diecisiete administraciones autonómicas con amplísimas competencias, miles de organismos dependientes y frecuentes conflictos competenciales.

El problema no radica únicamente en el coste económico.

Radica también en la fragmentación normativa.

En la duplicación administrativa.

En la proliferación de empresas públicas, observatorios, agencias, consorcios, fundaciones y entes instrumentales.

En la desigualdad creciente entre españoles según el territorio donde residan.

Y en la consolidación de poderosas redes clientelares cuya supervivencia depende, precisamente, del mantenimiento de ese entramado institucional.

Lo que nació como una solución transitoria terminó convirtiéndose en uno de los pilares permanentes del sistema.

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La soberanía compartida… y la soberanía perdida

Otro de los grandes cambios llegó con la incorporación de España a las entonces Comunidades Europeas.

Aquella decisión respondió a un amplísimo consenso político y social.

España salía de décadas de aislamiento internacional y aspiraba a integrarse plenamente en Europa.

Los beneficios fueron reales.

Llegaron inversiones.

Se modernizaron infraestructuras.

Se amplió el mercado.

Se consolidó la apertura económica.

Pero toda decisión política tiene también costes.

La incorporación supuso aceptar un progresivo desplazamiento de competencias hacia las instituciones comunitarias.

Buena parte de la legislación económica, comercial, agrícola, pesquera, medioambiental e incluso monetaria pasó a depender, en mayor o menor medida, del marco europeo.

Los defensores de ese proceso hablan de soberanía compartida.

Sus críticos consideran que, en numerosos ámbitos, se produjo una cesión efectiva de capacidad de decisión nacional.

Ese debate sigue plenamente abierto.

Y difícilmente puede comprenderse la España actual sin tenerlo presente.

A ello se añadió, según numerosos analistas, una adaptación precipitada de determinados sectores económicos. La reconversión industrial, las transformaciones del sector naval, siderúrgico o pesquero y las sucesivas reformas de la Política Agraria Común suscitaron fuertes controversias y alimentaron la percepción de que algunas decisiones exigidas por el proceso de integración perjudicaban a actividades tradicionales de la economía española. Las valoraciones sobre su alcance siguen siendo objeto de debate entre economistas e historiadores.

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La partitocracia

Sin embargo, quizá el cambio más profundo no procedió de Bruselas.

Procedió de Madrid.

La Constitución reconocía el papel fundamental de los partidos políticos.

Con el paso de los años, éstos dejaron de ser instrumentos al servicio de la sociedad para convertirse, según numerosos críticos del sistema, en el auténtico eje del Estado.

Los partidos pasaron a influir decisivamente en la designación de altos cargos de instituciones cuya independencia constituía uno de los pilares del Estado de Derecho.

Consejo General del Poder Judicial.

Tribunal Constitucional.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía General del Estado.

Consejo de Estado.

Radiotelevisión pública.

Autoridades reguladoras.

Empresas públicas.

La frontera entre Estado y partido comenzó a difuminarse.

Robert Michels había descrito este fenómeno muchos años antes al formular su conocida ley de hierro de la oligarquía.

Toda organización tiende a concentrar el poder en una minoría dirigente.

España no constituyó una excepción.

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De la partitocracia a la cleptocracia

Cuando el poder político controla el nombramiento de buena parte de quienes deben fiscalizarlo, el riesgo de corrupción aumenta.

No significa que todo gobernante sea corrupto.

Ni que toda institución esté corrompida.

Significa que el sistema contiene incentivos que favorecen determinadas prácticas.

Las últimas décadas han conocido numerosos casos de corrupción que han afectado a administraciones de distinto signo político.

Cada uno presenta características propias.

No resulta correcto equipararlos sin más.

Pero su reiteración ha contribuido a deteriorar la confianza de una parte de la ciudadanía en las instituciones.

De ahí que algunos autores hablen de una deriva hacia formas de partitocracia clientelar o incluso de cleptocracia, entendida no como una calificación penal general del sistema, sino como una crítica al riesgo de captura de recursos públicos por redes de poder político, económico y administrativo.

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La memoria sustituyó a las reformas

Mientras crecían la deuda pública, la complejidad administrativa, la hipertrofia institucional y la desafección ciudadana, el debate político fue desplazándose progresivamente hacia el pasado.

Las reformas estructurales quedaron con frecuencia relegadas.

La discusión sobre la memoria histórica adquirió un protagonismo creciente.

Y así, mientras aumentaban los problemas del presente, una parte importante del debate público volvió una y otra vez sobre un pasado concluido hacía décadas.

No porque el pasado carezca de importancia.

Sino porque el presente seguía reclamando respuestas.

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De aquellos polvos…

Quizá la mayor paradoja del régimen nacido tras 1978 resida precisamente ahí.

Nació con la voluntad de cerrar definitivamente las heridas de la Guerra Civil.

Terminó convirtiendo el pasado en uno de los principales campos de batalla de la política española.

Nació para descentralizar la Administración.

Terminó creando una de las estructuras territoriales más complejas y costosas de Europa.

Nació para fortalecer la democracia representativa.

Terminó alimentando una creciente concentración del poder en los aparatos de los partidos.

Nació para garantizar la igualdad de los españoles.

Y hoy sigue afrontando intensos debates sobre la igualdad efectiva entre ciudadanos de distintos territorios, la distribución de competencias, el alcance de la integración europea y el funcionamiento de las instituciones.

De aquellos polvos, estos lodos.

Porque la Historia rara vez presenta las consecuencias de forma inmediata.

A menudo tarda décadas en mostrar el verdadero alcance de las decisiones políticas.

CATALUÑA: DE LA BURGUESÍA FRANQUISTA A LA OLIGARQUÍA SEPARATISTA

La Cataluña que también ganó con Franco

Una de las falsificaciones más persistentes consiste en presentar a Cataluña como una sociedad unánimemente ocupada, perseguida y enfrentada al franquismo.

Hubo represión, como en el resto de España.

Hubo prohibiciones.

Hubo exiliados, presos y opositores.

Pero también hubo empresarios, industriales, propietarios, periodistas, sacerdotes, funcionarios y familias catalanas que apoyaron al bando nacional, colaboraron con el régimen o prosperaron extraordinariamente durante aquellos años.

La burguesía catalana no permaneció cuarenta años escondida en las montañas.

Fabricó.

Exportó.

Construyó.

Financió.

Hizo negocios.

Y cuando llegó la democracia, descubrió que el nacionalismo ofrecía una nueva forma de conservar el poder.

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Jordi Pujol: del antifranquismo verdadero al régimen familiar

Jordi Pujol sufrió prisión bajo el franquismo y, por tanto, no fue un opositor inventado después.

Pero esa verdad no obliga a aceptar la posterior santificación de su figura.

Pujol transformó una experiencia real de oposición en fundamento de una larguísima hegemonía política. Bajo su mandato se consolidó una red de poder nacionalista que abarcó la Administración autonómica, la enseñanza, la lengua, los medios de comunicación, la cultura, la contratación pública y amplios sectores empresariales.

El antifranquista terminó convertido en patriarca.

El antiguo perseguido levantó un régimen familiar y partidista.

La Cataluña autónoma se presentó como liberada del centralismo, pero quedó sometida durante décadas a una oligarquía propia, mucho más cercana y mucho más difícil de fiscalizar.

No desapareció el caciquismo.

Aprendió catalán.

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Pasqual Maragall, Ernest Maragall y las familias que atraviesan todos los partidos

La familia Maragall representa otra forma de continuidad.

Pasqual Maragall desarrolló su carrera en el socialismo catalán, fue alcalde de Barcelona y presidente de la Generalidad. Ernest Maragall pasó del PSC al separatismo republicano.

Una misma familia burguesa pudo transitar desde el prestigio cultural y municipal hasta el socialismo y, después, hasta el independentismo.

Eso no demuestra oportunismo por sí solo.

Demuestra algo más profundo: las élites regionales poseen una extraordinaria capacidad para adaptarse a la ideología que domina cada etapa.

Los partidos cambian.

Los apellidos permanecen.

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Carles Puigdemont: el antifranquista que tenía trece años cuando murió Franco

Carles Puigdemont nació en 1962. Fue periodista, alcalde de Gerona, presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, presidente de la Generalidad y eurodiputado. Su biografía oficial recoge también su residencia en Waterloo y su prolongada trayectoria dentro de las instituciones autonómicas y europeas.

Tenía trece años cuando murió Franco.

No fue resistente.

No fue clandestino.

No fue maquis.

Su antifranquismo es ideológico y retrospectivo, perfectamente legítimo como opinión, pero muy distinto de la experiencia de quienes afrontaron cárcel o persecución.

Sin embargo, el separatismo ha utilizado constantemente la dictadura como explicación universal de la relación entre Cataluña y España.

De ese modo, dirigentes formados enteramente dentro de la autonomía, pagados por sus instituciones y elevados gracias a la Constitución de 1978 terminaron presentándose como continuadores de una lucha contra un Estado supuestamente franquista.

El régimen que les dio parlamento, gobierno, policía, televisión, escuelas, universidades y presupuesto fue descrito después como prolongación de la dictadura.

No deja de ser una forma particularmente refinada de ingratitud institucional.

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Oriol Junqueras: el historiador que convirtió la memoria en programa político

Oriol Junqueras nació en 1969. Era un niño cuando murió Franco. Fue profesor, eurodiputado, alcalde, diputado, presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana y vicepresidente de la Generalidad. El Parlamento catalán recoge su larga presencia institucional y su jefatura parlamentaria en ERC.

Su antifranquismo tampoco procede de una actividad opositora personal.

Procede de una lectura histórica convertida en identidad política.

Como tantos dirigentes separatistas de su generación, transformó la memoria de la dictadura en una pieza central de un relato más amplio: España como opresión permanente y Cataluña como víctima perpetua.

Tal interpretación tropieza con un inconveniente: omite a los catalanes que apoyaron a Franco, a quienes prosperaron bajo el régimen y a las propias familias nacionalistas que encontraron después un acomodo privilegiado en el Estado autonómico.

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Gabriel Rufián: el antifranquismo nacido siete años después de Franco

Gabriel Rufián nació en 1982, siete años después de la muerte de Franco. Ha sido diputado en cinco legislaturas, portavoz parlamentario de ERC, miembro de Súmate y antiguo secretario de la Asamblea Nacional Catalana.

Pertenece a una especie política plenamente desarrollada en el siglo XXI: el antifranquista sin recuerdo del franquismo.

No padeció aquella dictadura.

No pudo combatirla.

Pero utiliza su condena como elemento permanente de legitimación y descalificación.

La paradoja alcanza aquí su forma más acabada: cuanto más lejos se encuentra una generación del franquismo, con mayor vehemencia afirma combatirlo.

Los verdaderos opositores envejecen y desaparecen.

Los resistentes retrospectivos se multiplican.

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EL PAÍS VASCO: DEL CARLISMO FAMILIAR AL NACIONALISMO HEGEMÓNICO

Xabier Arzalluz: hijo de requeté y señor del partido

Xabier Arzalluz nació en una familia carlista. Su padre combatió como requeté en el bando nacional. El hijo estudió con los jesuitas, fue sacerdote, profesor, diputado y durante muchos años máximo dirigente del Partido Nacionalista Vasco.

Nada obliga a un hijo a continuar las ideas de su padre.

Pero su trayectoria destruye la cómoda ficción de una sociedad vasca dividida entre franquistas españoles y nacionalistas resistentes.

La realidad familiar fue mucho más compleja.

Hubo requetés vascos.

Hubo falangistas vascos.

Hubo militares vascos en ambos bandos.

Hubo nacionalistas, socialistas y comunistas.

A veces en una misma casa.

Arzalluz terminó dirigiendo uno de los aparatos partidistas más sólidos de España. El PNV construyó una extensa red institucional, empresarial, financiera, cultural y mediática en torno al Gobierno vasco.

La antigua nación oprimida terminó poseyendo su propia administración, policía, televisión, hacienda y clase dirigente permanente.

Otra taifa.

Otro caciquismo modernizado.

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José María Setién: del marco concordatario franquista al nacionalismo eclesiástico

José María Setién llegó al episcopado dentro del sistema de relaciones entre el Estado franquista y la Santa Sede.

Después se convirtió en una figura muy cercana al nacionalismo vasco y profundamente polémica por sus actitudes ante ETA y su entorno.

Su trayectoria muestra que la Iglesia vasca tampoco permaneció al margen del transformismo general.

Sacerdotes formados, ordenados y ascendidos durante el franquismo terminaron presentándose como representantes morales de un pueblo sometido por España.

La conversión no fue únicamente política.

También fue eclesiástica.

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DE LA VIOLENCIA A LA RESPETABILIDAD

El antifranquismo como coartada de la izquierda abertzale

La existencia del franquismo sirvió durante décadas como explicación y justificación del nacimiento de ETA.

La organización continuó asesinando, sin embargo, mucho después de la muerte de Franco, de la aprobación de la Constitución, de la amnistía, de la creación del Gobierno vasco, de la legalización de partidos y de la recuperación del concierto económico.

El régimen del General Franco desapareció.

El terrorismo continuó.

Ése es el hecho que desbarata cualquier intento de presentar toda la violencia de ETA como mera resistencia antifranquista.

Aun así, amplios sectores políticos y culturales mantuvieron durante años una indulgencia extraordinaria hacia el entorno ideológico de la banda.

No apoyaban necesariamente sus asesinatos.

Pero comprendían sus «causas».

Explicaban su «conflicto».

Equiparaban violencias.

Reclamaban diálogo mientras las víctimas enterraban a sus muertos.

De esa ambigüedad nació lo que suele denominarse filoterrorismo: no la participación directa en atentados, sino la justificación, atenuación, comprensión selectiva o aprovechamiento político de quienes ejercen la violencia.

Por supuesto, no toda persona partidaria del separatismo vasco apoyó a ETA.

No todo votante de la izquierda abertzale aprobó sus crímenes.

Pero tampoco puede borrarse la larga relación política, humana y organizativa existente entre el mundo de Batasuna y la organización terrorista.

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Arnaldo Otegi: del entorno de ETA a interlocutor respetable

Arnaldo Otegi representa mejor que nadie el tránsito desde la violencia y su entorno hasta la plena respetabilidad política.

Fue dirigente de Herri Batasuna y Batasuna, organizaciones situadas históricamente en el ámbito político de ETA, y terminó convertido en coordinador de EH Bildu y socio parlamentario necesario para diversas decisiones de los Gobiernos nacionales.

En 2011, la Audiencia Nacional lo condenó en el caso Bateragune por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente. Aquella condena fue anulada posteriormente por vulneración del derecho a un tribunal imparcial, y el Tribunal Constitucional impidió un segundo juicio al apreciar la prohibición de ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Por tanto, no existe hoy una condena válida en aquel procedimiento, extremo que debe señalarse con toda claridad.

La precisión jurídica no elimina la significación política de su trayectoria.

Otegi pasó de representar el mundo de Batasuna a ser recibido como dirigente político normalizado.

Quienes durante años exigieron a la derecha que repudiara hasta el último vestigio del franquismo no mostraron siempre la misma severidad frente a quienes procedían del ambiente político que acompañó a ETA.

La vara de medir volvió a ser desigual.

El hijo o nieto de un funcionario franquista debía pedir perdón por su árbol genealógico.

El antiguo portavoz de Batasuna podía presentarse como hombre de paz.

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PODEMOS, SUMAR Y LA REBELIÓN DE LOS BIEN SITUADOS

Los de abajo dirigidos por los de arriba

Podemos apareció proclamando que venía a desalojar a la casta.

El propósito resultaba atractivo.

El problema fue que buena parte de sus dirigentes procedía de universidades, familias profesionales, altos funcionarios, dirigentes políticos y ambientes culturales perfectamente integrados en el sistema.

La rebelión de los de abajo fue encabezada, en buena medida, por profesores, asesores, investigadores, hijos de ministros y personas con acceso privilegiado a tribunas y medios de comunicación.

No eran desheredados.

Eran aspirantes a sustituir a quienes ocupaban los puestos.

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Pablo Iglesias Turrión: el abuelo elegido y la memoria incompleta

El caso de Pablo Iglesias ya ha sido expuesto, pero cobra aquí su verdadero significado.

Su relato familiar destacó la condena y persecución sufridas por su abuelo.

Mencionó mucho menos su posterior liberación, integración profesional y relación con organismos dependientes del Ministerio de Trabajo, así como el acceso de otros miembros de la familia a la Administración. El texto original recoge esa trayectoria y las relaciones profesionales atribuidas a la familia, aunque algunos extremos deben seguir considerándose pendientes de acreditación documental completa.

No se trata de negar la represión.

Se trata de contar la historia entera.

El abuelo pudo ser represaliado y después favorecido.

Pudo padecer una condena y, más tarde, integrarse.

La contradicción no se encuentra en su vida.

Se encuentra en la selección posterior de los recuerdos.

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Pablo Bustinduy: la nueva izquierda también hereda

Pablo Bustinduy nació en 1983, fue diputado de Podemos y desde noviembre de 2023 ocupa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Su biografía oficial destaca una amplia formación universitaria internacional y una trayectoria docente e investigadora.

Es hijo de Ángeles Amador, ministra socialista de Sanidad durante los Gobiernos de Felipe González, y de Javier Bustinduy, alto responsable del desarrollo ferroviario español.

No procede de una familia perseguida ni excluida del poder.

Procede de la élite profesional y política del régimen democrático.

Su caso no pertenece al franquismo, sino a la reproducción de las oligarquías progresistas.

La nueva izquierda prometió acabar con las dinastías.

Terminó creando y heredando las suyas.

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Yolanda Díaz: del sindicalismo comunista al Consejo de Ministros

Yolanda Díaz nació en 1971, procede de una familia vinculada al sindicalismo comunista gallego y ha sido concejal, diputada autonómica, diputada nacional, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno. Su trayectoria institucional es extensa y plenamente integrada en el Estado que su tradición política aspiraba en otros tiempos a transformar radicalmente.

No es una antifranquista de genealogía inventada.

Su familia sí estuvo relacionada con la izquierda sindical.

Pero representa otra metamorfosis: la conversión del comunismo obrero en una nueva clase ministerial.

Los antiguos partidos de la revolución terminaron administrando subvenciones, reglamentos laborales, fondos europeos y puestos públicos.

La barricada desembocó en el gabinete.

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LAS OLIGARQUÍAS DE LAS TAIFAS

Diecisiete pequeñas cortes

El Estado autonómico no acercó únicamente la Administración a los ciudadanos.

Acercó también el poder a los caciques.

Cada autonomía desarrolló una pequeña corte.

Presidente.

Consejeros.

Diputados.

Altos cargos.

Asesores.

Televisión propia.

Consejo consultivo.

Defensor regional.

Institutos.

Agencias.

Fundaciones.

Universidades sometidas a influencias políticas.

Empresas públicas.

Sindicatos y organizaciones empresariales sostenidos con fondos públicos.

Asociaciones cuidadosamente seleccionadas.

Y una prensa local cuya supervivencia dependía con frecuencia de la publicidad institucional.

La taifa necesitaba además su propia historia.

No bastaba con administrar.

Había que justificar el poder.

Cataluña se presentó como nación ocupada.

El País Vasco, como pueblo colonizado.

Andalucía, como tierra secularmente explotada.

Galicia, como país negado.

Valencia, Baleares, Canarias, Aragón o Asturias elaboraron, con distinta intensidad, sus propias mitologías regionales.

El resultado fue una España dividida en relatos incompatibles.

Cada oligarquía autonómica necesitaba demostrar que su territorio había sido víctima de Madrid.

Porque cuanto mayor fuese el agravio, mayor sería la necesidad de autonomía.

Y cuanto mayor fuese la autonomía, mayor el presupuesto controlado por la oligarquía regional.

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El caciquismo que aprendió a hablar de progreso

El nuevo cacique no se presenta como cacique.

Se presenta como progresista.

Defensor de la tierra.

Representante del pueblo.

Guardián de la identidad.

Víctima histórica del centralismo.

Antifranquista de diez apellidos.

Mientras pronuncia esos discursos, reparte cargos, ayudas, contratos y reconocimientos.

La retórica es moderna.

El sistema es antiguo.

Joaquín Costa pidió escuela, despensa y siete llaves para el sepulcro del Cid.

La España autonómica respondió con consejerías, televisiones regionales y diecisiete sepulcros donde enterrar la responsabilidad política.

Nadie responde de nada.

El Gobierno central culpa a las autonomías.

Las autonomías culpan al Gobierno central.

Bruselas culpa a los Estados.

Los partidos culpan a los funcionarios.

Y el ciudadano paga todas las administraciones que se declaran incompetentes cuando llega el momento de asumir responsabilidades.

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Mando en plaza

Muchos antifranquistas sobrevenidos no se limitaron a obtener un escaño.

Alcanzaron mando en plaza.

Presidieron gobiernos.

Dirigieron parlamentos.

Ocuparon ministerios.

Controlaron televisiones.

Nombraron magistrados.

Repartieron subvenciones.

Dirigieron universidades y fundaciones.

Decidieron quién era demócrata y quién no.

Quienes procedían de familias bien situadas bajo Franco no tuvieron que pedir disculpas.

Bastó con que ingresaran en el partido correcto.

La izquierda, el nacionalismo o el separatismo obraron como pilas bautismales.

El pasado quedó lavado.

El nuevo militante recibió inmediatamente sus diez apellidos democráticos.

Y, una vez purificado, pudo dedicarse a señalar las impurezas de los demás.

Ése fue el gran milagro del transformismo español.

No convertir el agua en vino.

Convertir al hijo del régimen en fiscal de la memoria.

ILUSTRES CONVERSOS, DISIDENTES Y RESISTENTES VERDADEROS

No basta con cambiar de chaqueta: importa cuándo, por qué y a qué precio.

El término «converso» suele emplearse con intención despectiva.

No siempre lo merece.

Hay personas que cambian de ideas porque descubren que estaban equivocadas. Otras evolucionan lentamente al comprobar la distancia entre una doctrina y sus resultados. Algunas rompen con el poder cuando hacerlo todavía supone un riesgo. Y no faltan quienes esperan prudentemente a que desaparezca todo peligro para anunciar que, en realidad, siempre habían estado enfrente.

No son iguales.

El converso sincero reconoce su primera fe.

El oportunista la borra.

El disidente temprano se enfrenta al poder cuando aún puede castigarlo.

El antifranquista sobrevenido espera a que Franco lleve décadas bajo tierra.

Conviene, pues, continuar la galería sin meter en el mismo saco a quienes pagaron un precio por su evolución y a quienes obtuvieron de ella un cargo, una cátedra, una tribuna o una superioridad moral retrospectiva.

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Antonio Tovar: de la propaganda falangista al alejamiento del régimen

Antonio Tovar Llorente fue uno de los grandes filólogos españoles del siglo XX, pero también un personaje profundamente representativo de las mudanzas ideológicas de su generación.

Durante la Guerra Civil se incorporó a Falange, trabajó en el aparato de propaganda del bando nacional y asumió responsabilidades en Radio Nacional de España. Después ocupó la Subsecretaría de Prensa y Propaganda, fue consejero nacional del Movimiento, procurador en Cortes y rector de la Universidad de Salamanca. Su vinculación inicial con el nuevo Estado no fue secundaria ni accidental.

Tovar no fue un funcionario gris que pasó inadvertido por el régimen.

Participó en su construcción cultural y propagandística.

Sin embargo, se alejó progresivamente del franquismo, dimitió del rectorado de Salamanca en 1956 y terminó desarrollando buena parte de su carrera docente fuera de España. Sus diferencias con el régimen fueron públicas y precedieron en muchos años a la muerte de Franco.

Su itinerario guarda semejanza con el de Ridruejo, aunque su ruptura fue menos política y más intelectual.

No fue un antifranquista de última hora.

Fue un falangista destacado que acabó alejándose de aquello en lo que había creído.

Por tanto, merece figurar entre los conversos sinceros, no entre los fabricantes de genealogías.

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José Luis López Aranguren: del bando nacional a maestro moral de la izquierda

José Luis López Aranguren nació en una familia burguesa acomodada, estudió con los jesuitas y fue movilizado durante la Guerra Civil por el bando nacional, en el que sirvió en tareas auxiliares de Intendencia y Sanidad. Después desarrolló su carrera académica dentro de la universidad franquista y obtuvo la cátedra de Ética en 1955.

Con el tiempo se convirtió en crítico del régimen y en uno de los referentes intelectuales de la oposición universitaria. En 1965 fue expulsado de la Universidad por su actitud ante las protestas estudiantiles y no recuperó su cátedra hasta 1976.

Aranguren representa una evolución profunda, pero también una de las metamorfosis más llamativas del mundo intelectual español.

El joven movilizado con los nacionales terminó convertido en maestro moral de la izquierda universitaria, crítico del poder y figura venerada por generaciones de progresistas.

Su antifranquismo no fue retrospectivo.

Le costó la expulsión de la universidad.

Pero su trayectoria demuestra cómo una parte de la intelectualidad formada bajo el régimen acabó desempeñando un papel fundamental en la elaboración del lenguaje moral que luego utilizaría la izquierda democrática.

Aranguren cambió.

Y lo hizo cuando el cambio todavía tenía consecuencias.

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Narciso Perales: falangista auténtico contra el franquismo real

Narciso Perales fue uno de los primeros colaboradores de José Antonio Primo de Rivera y participó activamente en la fundación y organización de Falange. Intervino en los preparativos del alzamiento y sirvió como oficial médico durante la guerra. Sin embargo, muy pronto comenzó a enfrentarse al rumbo que tomaba el nuevo Estado. Ya durante la contienda fue investigado por su posible participación en una llamada «Falange Auténtica» y, después de la guerra, sufrió detención y condena.

Su caso resulta especialmente revelador.

No todos los falangistas se identificaron con el franquismo.

Algunos consideraron que Franco había vaciado la Falange de su contenido social y revolucionario, convirtiéndola en una pieza subordinada de un régimen personal y conservador.

Perales no se convirtió en marxista ni en progresista.

Fue un disidente desde dentro del propio falangismo.

Su presencia permite evitar una simplificación frecuente: no toda oposición al franquismo procedió de la izquierda. También hubo falangistas, monárquicos, católicos, tradicionalistas y militares que terminaron enfrentados al régimen por motivos muy distintos.

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Manuel Vázquez Montalbán: comunista en la Prensa del Movimiento

Manuel Vázquez Montalbán nació en una familia humilde. Su padre permaneció encarcelado durante los primeros años de su infancia y su madre sostuvo a la familia trabajando como costurera. En la universidad se incorporó al antifranquismo, militó en el Frente de Liberación Popular y posteriormente ingresó en el PSUC. Fue detenido y sufrió prisión por su actividad política.

No fue, por tanto, un opositor inventado.

Pero su biografía contiene una paradoja característica de aquella España: mientras militaba en ambientes comunistas y antifranquistas comenzó su trayectoria periodística en Solidaridad Nacional, periódico integrado en la Prensa del Movimiento.

Esta aparente contradicción no demuestra impostura.

Demuestra que la sociedad franquista no estaba formada por compartimentos herméticos. Opositores reales podían trabajar dentro de medios oficiales porque eran los medios existentes, del mismo modo que militantes clandestinos se presentaban a las elecciones del Sindicato Vertical o ingresaban en cuerpos de la Administración.

Vázquez Montalbán se convirtió después en uno de los grandes constructores culturales de la izquierda española, colaborador de Triunfo, Por Favor y El País, novelista, ensayista y cronista crítico de la Transición.

No fue un converso desde el franquismo.

Fue un comunista que aprendió el oficio dentro de una institución del régimen y terminó utilizándolo contra el mundo político que la había creado.

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Gregorio Peces-Barba: oposición real y aristocracia constitucional

Gregorio Peces-Barba procedía de una familia vinculada a la República: su padre había sido capitán auditor del Ejército republicano y, ya en democracia, senador y consejero de Estado. Peces-Barba desarrolló una intensa carrera jurídica, académica y política, participó en la oposición democristiana y socialista, defendió a procesados ante el Tribunal de Orden Público y terminó convirtiéndose en uno de los ponentes de la Constitución, presidente del Congreso y rector fundador de la Universidad Carlos III.

Su antifranquismo fue real.

No necesita ser discutido.

Sin embargo, su trayectoria posterior ilustra otro fenómeno: la conversión de antiguos opositores en una nueva aristocracia institucional.

Quienes habían combatido al régimen pasaron a dirigir universidades, parlamentos, consejos, fundaciones y grandes organismos del Estado.

Nada hay de extraño en ello.

Lo cuestionable comienza cuando la legitimidad obtenida por aquella oposición se convierte en título vitalicio y hereditario, transmitido a discípulos, allegados y protegidos.

Peces-Barba no fue un antifranquista sobrevenido.

Fue un opositor verdadero que terminó convertido en uno de los grandes sacerdotes civiles del régimen del 78.

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Carlos Jiménez Villarejo: fiscal con Franco, referente jurídico de Podemos

Carlos Jiménez Villarejo ingresó en la carrera fiscal durante el franquismo. El Boletín Oficial del Estado recoge su confirmación como abogado fiscal en 1963 y su ascenso en 1966. Por tanto, no existe duda de que ejerció como miembro del ministerio fiscal bajo la legislación del régimen.

Posteriormente, desarrolló una larga carrera en democracia, fue fiscal jefe de Cataluña, primer fiscal especial anticorrupción y una de las figuras más admiradas por la izquierda jurídica. Tras jubilarse, se vinculó políticamente a Podemos y llegó a ocupar brevemente un escaño en el Parlamento Europeo.

Su caso no prueba oportunismo.

Numerosos juristas comenzaron su carrera durante el franquismo y evolucionaron después hacia convicciones democráticas.

Pero sí representa de manera perfecta la continuidad del aparato del Estado.

El fiscal formado bajo Franco terminó convertido en referente moral y jurídico de la izquierda que proclamaba haber llegado para romper con el régimen del 78.

No hubo ruptura.

Hubo transmisión.

Las mismas carreras, los mismos cuerpos y buena parte de las mismas estructuras atravesaron la dictadura, la Transición y la nueva izquierda.

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Marcelino Camacho: el opositor que no necesita adornos

Marcelino Camacho pertenece a una categoría completamente distinta.

Se afilió a la UGT y al Partido Comunista antes de la Guerra Civil, combatió en defensa de la República, sufrió campos de trabajo, escapó al exilio y regresó a España en 1957. Desde su puesto de obrero metalúrgico participó en la creación y extensión de Comisiones Obreras, utilizó los cauces del Sindicato Vertical para organizar a los trabajadores y sufrió numerosas detenciones y años de cárcel, incluido el célebre proceso 1001.

No fue un antifranquista sobrevenido.

No fue un profesor de salón.

No fue un heredero bien situado.

Fue un trabajador que pagó personalmente por su actividad política y sindical.

Su inclusión es necesaria porque proporciona una medida de comparación.

Cuando se coloca a un verdadero perseguido como Marcelino Camacho junto a políticos nacidos después de 1975 que hablan como veteranos de la resistencia, se comprende hasta qué punto se ha devaluado el antifranquismo.

Camacho no necesitaba diez apellidos democráticos.

Le bastaban sus años de cárcel.

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Nicolás Redondo: socialismo real frente al socialismo reconstruido

Nicolás Redondo Urbieta comenzó su militancia socialista y ugetista en 1945. A lo largo de casi treinta años sufrió detenciones, prisión, destierro y despido por su actividad sindical. Participó en huelgas y conflictos laborales mucho antes de que el PSOE se convirtiera en partido de Gobierno.

Su figura resulta incómoda para algunas reconstrucciones posteriores.

Redondo representaba al socialismo obrero cuando el PSOE apenas tenía presencia dentro de España. Más tarde, cuando el partido alcanzó el poder, terminó enfrentándose al Gobierno de Felipe González y promoviendo la huelga general de 1988.

No aceptó que el sindicato se convirtiera en simple apéndice del partido.

Esa independencia lo distingue de la UGT progresivamente subvencionada e integrada en el sistema institucional posterior.

Nicolás Redondo tampoco fue un antifranquista sobrevenido.

Fue uno de aquellos hombres cuya biografía real deja en evidencia a quienes adquirieron después el pedigrí socialista mediante una credencial de partido.

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LOS CONVERSOS Y LOS CONVERSORES

Los personajes anteriores permiten observar dos fenómenos distintos.

Unos cambiaron personalmente.

Otros ayudaron a cambiar el lenguaje político de toda una época.

Antonio Tovar, Aranguren y Sacristán evolucionaron desde ambientes vinculados al falangismo o al bando nacional hacia posiciones críticas, marxistas o progresistas.

Vázquez Montalbán, Peces-Barba, Camacho y Redondo fueron opositores reales, aunque sus trayectorias se desarrollaran parcialmente dentro de las propias instituciones del régimen.

Jiménez Villarejo representa la continuidad de los cuerpos del Estado y su posterior incorporación al universo moral de la izquierda.

Cada caso posee su singularidad.

Pero todos sirven para señalar una diferencia decisiva:

Quien cambió antes de 1975 y pagó por ello es un converso o un opositor; quien descubrió su antifranquismo cuando ya no existía riesgo alguno es un sobrevenido.

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LOS FABRICANTES DEL RELATO

Cuando el converso comienza a expedir certificados

El paso siguiente se produjo cuando algunos conversos, opositores e intelectuales no se limitaron a explicar su propia evolución.

Comenzaron a decidir cuál debía ser la evolución de los demás.

La prensa, la universidad, el cine, las editoriales y las fundaciones se convirtieron en máquinas de legitimación.

Determinados nombres pasaron a representar la democracia, la modernidad y la cultura.

Otros quedaron marcados como supervivencias del pasado.

La absolución no dependía tanto de lo que uno hubiese hecho antes de 1975 como del lugar donde se situara después.

El antiguo falangista que desembocaba en la izquierda era presentado como hombre evolucionado.

El antiguo franquista que terminaba en la derecha permanecía manchado para siempre.

El comunista que justificó dictaduras extranjeras podía convertirse en maestro de democracia.

El conservador que había participado en la Transición continuaba obligado a pedir perdón.

No se juzgaba el pasado.

Se juzgaba el destino final del converso.

La chaqueta nueva no tenía el mismo poder purificador para todos.

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La pila bautismal progresista

Ingresar en el PSOE, el PCE, el PSUC, Izquierda Unida, Podemos o alguno de los nacionalismos periféricos funcionó durante décadas como un bautismo civil.

El pasado quedaba lavado.

El nuevo militante recibía sus diez apellidos democráticos.

Podía haber trabajado en la Prensa del Movimiento.

Podía haber ingresado en la carrera fiscal bajo Franco.

Podía proceder de una familia de altos cargos.

Podía haber prosperado económica y profesionalmente durante la dictadura.

Nada de ello importaba demasiado.

Había elegido el partido correcto.

Desde ese momento quedaba autorizado para examinar el árbol genealógico de los demás.

La izquierda y el separatismo no sólo ofrecían un programa político.

Ofrecían una absolución histórica.

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Algunos nombres que todavía faltan

La galería debe continuar, entre otros, con:

• José Luis López Aranguren, del bando nacional a maestro ético del progresismo.
• Luis Rosales, falangista y poeta posteriormente recuperado por ambientes culturales muy distintos.
• Gonzalo Torrente Ballester, colaborador del aparato cultural falangista y después escritor ampliamente aceptado por la cultura democrática.
• José María Valverde, intelectual católico que renunció a su cátedra por solidaridad con profesores expulsados y acabó próximo al marxismo.
• José Bergamín, republicano, exiliado y posteriormente cercano al separatismo vasco más radical.
• José María Díez-Alegría, jesuita y teólogo procedente del mundo nacionalcatólico que evolucionó hacia el cristianismo marxista.
• Alfonso Carlos Comín, burgués católico y falangista juvenil convertido en comunista cristiano.
• Carlos Barral, editor y poeta que contribuyó a fabricar el prestigio cultural de la izquierda.
• José María Castellet, procedente del ambiente cultural de posguerra y convertido en canonizador literario del progresismo catalán.
• Camilo José Cela, acomodado en el franquismo y posteriormente celebrado por todas las instituciones democráticas.
• Torcuato Luca de Tena, cuya evolución y relación con la monarquía merecen un examen propio.
• Luis María Ansón, monárquico del régimen y gran constructor periodístico de la democracia.
• Juan Luis Cebrián, ejemplo fundamental de paso directo desde la información oficial del tardofranquismo al magisterio progresista.
• Jesús de Polanco, empresario desarrollado bajo el régimen y convertido en gran poder mediático de la izquierda.
• Enric Sopena, cuya afición a repartir certificados de franquismo contrasta con varios antecedentes familiares y profesionales que requieren comprobación rigurosa.
• Baltasar Garzón, juez estrella, condenado por prevaricación e inhabilitado durante once años, que llegó en su cruzada judicial retrospectiva a solicitar el certificado de defunción de Francisco Franco.
• José Antonio Martín Pallín, fiscal del régimen convertido después en uno de sus jueces históricos más severos.
• Cándido Conde-Pumpido, heredero de una larga dinastía judicial y elevado a la presidencia del Tribunal Constitucional como referente del sector progresista.
• Manuela Carmena, opositora real, posteriormente convertida en símbolo amable y casi hagiográfico de la nueva izquierda.
• Nicolás Sartorius, verdadero resistente comunista cuya trayectoria debe diferenciarse de la de los sobrevenidos.
• Ramón Jáuregui, representante de la profesionalización prolongada del socialismo institucional.
• Joaquín Leguina, socialista histórico convertido en crítico de la deriva de su propio partido.
• José Félix Tezanos, dirigente socialista y sociólogo, ejemplo de la conversión de instituciones públicas en prolongaciones de la lucha partidista, cuestión que deberá analizarse con datos y resoluciones concretas.
• Alfonso Guerra, cuya procedencia y ascenso ilustran la construcción del aparato socialista posterior a Suresnes.
• Felipe González, opositor real, pero también arquitecto de una nueva oligarquía política, económica y mediática.
• José Luis Rodríguez Zapatero, heredero de una memoria familiar cuidadosamente seleccionada y principal impulsor de la transformación de la reconciliación en memoria oficial.
• Pedro Sánchez, nacido en 1972, antifranquista infantil y máximo aprovechado político de una guerra memorial que no vivió.

Esta lista no se cerrará hasta completar la galería de periodistas, jueces, fiscales, profesores, empresarios, sindicalistas, separatistas y dirigentes que hicieron del antifranquismo una fe tardía, una coartada, un oficio o una puerta de acceso al poder.

LOS CONVERSOS DE LA CULTURA

De la literatura del régimen al canon progresista

Las conversiones políticas no se produjeron únicamente en los ministerios, los partidos, la judicatura o los sindicatos.

También alcanzaron a la literatura, la universidad, la Iglesia, las editoriales y el periodismo.

Quizá fue precisamente en esos ámbitos donde el cambio resultó más profundo, porque quienes controlan la cultura no se limitan a ocupar cargos.

Deciden qué debe recordarse.

Qué debe olvidarse.

Quién merece ser llamado demócrata.

Quién recibe el título de resistente.

Quién puede ser perdonado por su pasado.

Y quién continuará condenado por haber permanecido en la orilla equivocada.

La cultura española posterior a 1975 no nació de la nada.

Muchos de sus principales escritores, profesores, editores, críticos y periodistas se habían formado, publicado, trabajado y prosperado dentro del franquismo.

Algunos habían pertenecido a Falange.

Otros colaboraron con instituciones oficiales.

Otros se alejaron después del régimen.

Y no pocos terminaron convertidos en autoridades culturales de una izquierda que presentó su propio dominio como liberación.

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Luis Rosales: falangista, poeta y protector de García Lorca

Luis Rosales nació en Granada en 1910, dentro de una familia acomodada, católica y de talante liberal. Se incorporó a Falange durante la Guerra Civil y quedó vinculado al grupo de escritores que participó en la vida cultural del bando nacional. Su condición falangista está sobradamente acreditada y nunca fue un secreto.

Su nombre aparece inevitablemente relacionado con Federico García Lorca.

Lorca se refugió en la casa de la familia Rosales durante los días previos a su detención. Luis Rosales trató de protegerlo, y la tragedia posterior marcó su vida y la de su familia.

Este episodio destruye la cómoda división entre una cultura franquista enteramente criminal y otra republicana enteramente perseguida.

Un poeta falangista intentó proteger a un poeta republicano.

La amistad personal atravesó las trincheras ideológicas.

Rosales continuó escribiendo durante el franquismo, ingresó en la Real Academia Española y recibió el Premio Cervantes en 1982. La democracia cultural no lo expulsó, ni tenía por qué hacerlo. Su obra poseía valor propio.

No se convirtió propiamente en marxista ni en progresista militante.

Su caso representa otra forma de absolución: el antiguo falangista aceptado por el canon democrático gracias a su talla literaria y a una trayectoria menos rígida de lo que permiten las etiquetas.

No ocultó su camisa.

La literatura terminó siendo más importante que ella.

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Gonzalo Torrente Ballester: del aparato cultural falangista al gran novelista nacional

Gonzalo Torrente Ballester perteneció durante la posguerra al mundo intelectual vinculado a Falange. Fue profesor, crítico, dramaturgo, novelista y colaboró en diversas instituciones y publicaciones culturales del régimen.

Su trayectoria posterior lo convirtió en uno de los escritores españoles más reconocidos del siglo XX.

Recibió el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias y los máximos reconocimientos institucionales.

La democracia no sólo lo aceptó.

Lo consagró.

Torrente Ballester no aparece normalmente en las listas de antifranquistas sobrevenidos porque no construyó una carrera política basada en la condena retrospectiva del régimen.

Pero su biografía resulta útil para comprender la desigual aplicación de los certificados de pureza.

Un pasado falangista podía ser perdonado cuando el personaje ingresaba en el canon cultural aceptado.

Otros, con trayectorias menos comprometidas, siguieron siendo señalados por no haberse desplazado suficientemente hacia la izquierda.

La memoria cultural no juzga únicamente lo que uno hizo.

Juzga dónde terminó situado.

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José María Valverde: del catolicismo oficial al marxismo y la renuncia

José María Valverde nació en 1926. Fue poeta, traductor, crítico literario y catedrático de Estética.

Su primera formación estuvo profundamente marcada por el catolicismo. Formó parte del ambiente intelectual cristiano de la posguerra y llegó a ocupar una cátedra dentro de la universidad franquista.

Sin embargo, evolucionó hacia posiciones cada vez más críticas y próximas al marxismo.

En 1965 renunció a su cátedra en solidaridad con José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván y otros profesores apartados por su apoyo a las protestas universitarias.

Su frase «sin ética no hay estética» quedó asociada a aquella decisión.

Valverde no esperó a que muriera Franco.

Abandonó su posición cuando la renuncia todavía tenía un coste profesional y personal.

Vivió y enseñó fuera de España hasta su regreso.

No fue, por tanto, un antifranquista sobrevenido.

Fue un intelectual católico que se desplazó hacia la izquierda y asumió las consecuencias.

Su conversión fue sincera porque no se limitó a cambiar de vocabulario.

Cambió de vida.

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Alfonso Carlos Comín: del falangismo juvenil al comunismo cristiano

Alfonso Carlos Comín nació en Zaragoza en 1933, dentro de una familia católica y acomodada.

Durante su juventud pasó por organizaciones vinculadas al falangismo, como tantos estudiantes de su generación. Posteriormente, evolucionó hacia un cristianismo social cada vez más radical y terminó incorporándose al comunismo catalán.

Fue ingeniero, escritor, militante político y uno de los principales representantes del llamado cristianismo marxista.

Su pensamiento pretendió reconciliar dos tradiciones que durante décadas se habían presentado como incompatibles: el cristianismo y el comunismo.

No renunció a la fe.

Trató de reinterpretarla desde las categorías marxistas de lucha de clases, liberación y compromiso revolucionario.

Comín constituye uno de los conversos más significativos porque su cambio no fue meramente partidista.

Fue religioso, moral e intelectual.

Del falangismo juvenil pasó al PSUC.

Del catolicismo tradicional al cristianismo revolucionario.

De la integración en la España de posguerra a la oposición política.

Su conversión parece sincera.

Pero su influencia ayudó también a construir una nueva superioridad moral: la del católico de izquierda que se presentaba como cristiano más auténtico que quienes permanecían fieles a la doctrina social tradicional.

El converso no siempre se limita a cambiar.

A veces transforma su nueva fe en tribunal de la antigua.

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José María Díez-Alegría: del nacionalcatolicismo al cristianismo marxista

José María Díez-Alegría, jesuita, teólogo y hermano del general Manuel Díez-Alegría, se formó dentro del catolicismo español anterior al Concilio Vaticano II.

Con el tiempo se desplazó hacia posiciones próximas al marxismo, a la teología de la liberación y a los movimientos cristianos de izquierda.

Abandonó la Compañía de Jesús, aunque mantuvo su condición sacerdotal, y se instaló en el Pozo del Tío Raimundo, uno de los barrios obreros más conocidos de Madrid.

Su evolución fue personal y arriesgada.

No puede describirse como simple acomodo.

Renunció a posiciones de prestigio y asumió conflictos con la jerarquía eclesiástica.

Sin embargo, su figura representa también una mutación de gran importancia: la del sacerdote formado bajo el nacionalcatolicismo que terminó convertido en símbolo del catolicismo progresista y crítico con la España de la que procedía.

No fue un maquis de salón.

Pero sí uno de los padres espirituales de una izquierda cristiana que, con el tiempo, contribuiría a presentar toda la tradición católica española anterior como oscurantismo, complicidad o vergüenza.

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José Bergamín: del republicanismo católico al separatismo vasco

José Bergamín perteneció a la generación intelectual de la República.

Católico, escritor, ensayista y republicano, marchó al exilio después de la Guerra Civil. Regresó a España, volvió a salir y terminó aproximándose en sus últimos años al separatismo vasco más radical.

Su evolución presenta una paradoja distinta.

No pasó del franquismo a la izquierda.

Pasó del republicanismo español a una posición de creciente rechazo hacia la propia idea nacional de España.

Acabó colaborando con medios próximos a la izquierda abertzale y fue presentado por ciertos ambientes como símbolo de resistencia permanente.

Su caso demuestra que el antifranquismo pudo terminar desembocando en algo muy diferente de la defensa de la democracia constitucional.

Para algunos, la oposición a Franco se transformó en oposición a España.

La dictadura desapareció.

La negación de la nación permaneció.

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Carlos Barral: editor, poeta y fabricante de prestigio

Carlos Barral nació en Barcelona en 1928. Estudió con los jesuitas y cursó Derecho en la Universidad de Barcelona. Inició su trayectoria literaria en revistas universitarias de la posguerra, colaboró en Laye y terminó convirtiéndose en editor, poeta, memorialista, senador y eurodiputado socialista.

Barral no fue un alto cargo franquista.

Tampoco un resistente de primera línea.

Su importancia reside en otro lugar.

Desde Seix Barral contribuyó decisivamente a decidir qué escritores españoles y extranjeros debían ocupar el centro del nuevo canon literario.

El editor no escribe únicamente libros.

Crea reputaciones.

Elige autores.

Concede visibilidad.

Abre mercados.

Decide qué voces llegan a las generaciones futuras.

Barral ayudó a construir una cultura moderna, cosmopolita y mayoritariamente inclinada hacia la izquierda.

Su conversión fue menos ideológica que ambiental.

Procedía de la burguesía barcelonesa y terminó convertido en senador socialista y figura del progresismo cultural.

No ocultó una antigua militancia falangista porque no la tuvo de manera significativa.

Pero sí representa la transformación de una élite cultural burguesa en árbitro de la respetabilidad izquierdista.

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José María Castellet: el hombre que hizo listas y fabricó cánones

José María Castellet fue crítico, editor, ensayista y uno de los grandes organizadores de la cultura catalana y española de la segunda mitad del siglo XX.

Su importancia no procede únicamente de sus propios libros.

Procede de sus selecciones.

Las antologías de Castellet ayudaron a establecer qué autores representaban la modernidad y qué tendencias debían considerarse superadas.

Una antología nunca es neutral.

Incluye.

Excluye.

Consagra.

Condena al silencio.

Castellet pasó por distintas etapas intelectuales: realismo social, marxismo, catalanismo cultural y europeísmo.

Contribuyó a convertir el progresismo cultural catalán en un verdadero poder de selección.

No necesitaba ocupar una consejería.

Tenía algo más duradero.

La facultad de decidir quién merecía entrar en la historia literaria.

Ésta es una forma de mando en plaza menos visible que la política, pero a menudo más eficaz.

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Camilo José Cela: del acomodo franquista a la consagración democrática

Camilo José Cela constituye uno de los ejemplos más claros de adaptación cultural.

Combatió en el bando nacional, trabajó como censor, ocupó posiciones reconocidas dentro del mundo literario franquista y desarrolló una carrera extraordinaria.

Después fue senador por designación real en las Cortes Constituyentes, académico, Premio Cervantes y Premio Nobel.

Ningún régimen lo expulsó.

Todos lo premiaron.

Cela no se transformó en marxista ni en antifranquista militante.

Su conversión fue de otra clase: del escritor aceptado por el franquismo al gran escritor oficial de la democracia.

Su biografía demuestra que las élites culturales no siempre tienen que cambiar de ideas.

A veces basta con sobrevivir a todos los cambios.

Cela no cambió tanto como cambió el mundo que lo rodeaba.

Y supo ocupar en cada etapa el centro del escenario.

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La cultura que absuelve

Estos casos revelan una regla constante.

La cultura democrática perdonó con facilidad el pasado de quienes terminaron dentro de su canon.

Luis Rosales.

Torrente Ballester.

Cela.

Aranguren.

Sacristán.

Barral.

Castellet.

Cada uno recorrió un camino distinto.

Pero todos fueron incorporados, con mayor o menor entusiasmo, al relato cultural posterior.

No hay nada necesariamente censurable en ello.

Una obra literaria no pierde su valor por la militancia juvenil de su autor.

Un poeta no debe ser expulsado de las bibliotecas por haber vestido una camisa.

Un filósofo no queda invalidado para siempre por sus primeras ideas.

El problema aparece cuando esa indulgencia se concede sólo en una dirección.

El antiguo falangista convertido en marxista es un hombre que evolucionó.

El antiguo falangista convertido en conservador sigue siendo falangista.

El escritor del régimen acogido por la izquierda queda purificado.

El escritor independiente que se niega a aceptar el nuevo canon permanece sospechoso.

La absolución cultural también tuvo condiciones.

Había que terminar en el lugar adecuado.

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LOS GRANDES CONVERSORES PERIODÍSTICOS

Juan Luis Cebrián: de los informativos franquistas al púlpito democrático

Juan Luis Cebrián no representa una conversión familiar.

Representa una conversión profesional directa.

Trabajó en Pueblo y Arriba, medios pertenecientes al universo periodístico del régimen, y en 1974 fue nombrado director de los servicios informativos de Televisión Española. El artículo original recuerda esa trayectoria antes de su paso a la dirección fundacional de El País.

Dos años después de dirigir la información de la televisión franquista pasó a dirigir el periódico que se convertiría en principal órgano intelectual del progresismo democrático.

La metamorfosis fue extraordinaria.

No hablamos de un adolescente.

Hablamos de un profesional que ya ocupaba una posición de notable responsabilidad en el sistema informativo oficial.

Cebrián terminó convertido en académico, empresario, escritor y gran dispensador de respetabilidad democrática.

Desde las páginas de El País se juzgó durante décadas la pureza política de toda España.

El antiguo director de informativos de TVE bajo Franco participó en la construcción del tribunal moral de la democracia.

Pocos casos resumen mejor el paso de camisa vieja a chaqueta nueva.

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Jesús de Polanco: crecer dentro del régimen y mandar después sobre la izquierda

Jesús de Polanco construyó su poder editorial durante el franquismo, especialmente mediante el mercado educativo y los libros de texto.

Diversas fuentes señalan sus relaciones con altos cargos del régimen y con figuras como Manuel Fraga, Pío Cabanillas, Ricardo Díez Hochleitner y Carlos Robles Piquer. Algunos extremos requieren comprobación documental detallada, pero no existe duda de que su expansión empresarial se produjo dentro de la estructura económica y educativa franquista.

Después, el grupo PRISA se convirtió en uno de los mayores poderes privados de la democracia española.

Influyó en Gobiernos.

Creó y destruyó prestigios.

Respaldó candidatos.

Marcó la línea cultural de varias generaciones.

Y contribuyó a presentar a la izquierda socialista como propietaria natural de la modernidad.

Polanco no fue un político electo.

Tuvo algo mejor.

Poder sin necesidad de someterse directamente a las urnas.

El franquismo facilitó el crecimiento de su empresa.

La democracia multiplicó su influencia.

No hubo ruptura.

Hubo ampliación.

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La paradoja final

Los grandes conversores culturales y periodísticos no se limitaron a cambiar ellos mismos.

Ayudaron a cambiar la memoria de todo el país.

Decidieron qué pasado debía ser perdonado.

Qué biografía debía ser embellecida.

Qué conversión merecía respeto.

Qué apellido quedaba manchado.

Y qué nuevo aristócrata recibía sus diez apellidos democráticos.

El poder político reparte cargos.

El poder cultural reparte legitimidad.

Y, a largo plazo, puede ser mucho más importante.

LOS FABRICANTES DEL RELATO

Quién repartía los certificados de democracia

Toda sociedad posee instituciones que producen riqueza.

Otras producen leyes.

Otras producen sentencias.

Pero existe un cuarto poder, mucho más discreto, que produce algo todavía más valioso.

Prestigio.

Ese poder decide quién merece ser presentado como demócrata ejemplar.

Quién representa el progreso.

Quién simboliza la modernidad.

Y quién debe cargar para siempre con el peso de un pasado que otros ya han conseguido borrar.

Después de la Transición comenzó a formarse en España un reducido pero extraordinariamente influyente grupo de empresas periodísticas, editoriales, universidades, fundaciones, productores cinematográficos y creadores de opinión.

No gobernaban directamente.

No necesitaban hacerlo.

Bastaba con construir el marco mental dentro del cual los ciudadanos interpretarían la realidad.

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La memoria también tiene propietarios

Suele repetirse que la memoria pertenece a las víctimas.

No siempre.

Con frecuencia pertenece a quienes poseen capacidad para difundir una determinada versión del pasado.

Los periódicos.

Las televisiones.

Las radios.

Las editoriales escolares.

Las universidades.

Las academias.

Los premios literarios.

Los suplementos culturales.

Los festivales de cine.

Los grandes grupos audiovisuales.

Todos ellos participan, consciente o inconscientemente, en la elaboración del relato colectivo.

No inventan necesariamente los hechos.

Seleccionan.

Jerarquizan.

Repiten.

Silencian.

Y esa selección termina convirtiéndose, con el paso de los años, en la memoria dominante.

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Juan Luis Cebrián

Del aparato informativo del tardofranquismo al gran árbitro moral

Pocas biografías ilustran mejor la continuidad de determinadas élites periodísticas.

Juan Luis Cebrián desarrolló parte de su primera carrera profesional dentro de medios oficiales del tardofranquismo y ocupó responsabilidades informativas en Televisión Española antes de la muerte de Franco.

Nada de ello constituye deshonra.

Miles de periodistas trabajaban entonces en los únicos medios existentes.

Lo verdaderamente interesante vino después.

Con la fundación de El País pasó a dirigir el periódico que probablemente ejerció mayor influencia intelectual durante las primeras décadas de la democracia.

Desde allí contribuyó decisivamente a configurar el lenguaje político de la nueva España.

No fue únicamente un director de periódico.

Fue uno de los principales arquitectos del nuevo consenso cultural.

Y, como todo arquitecto, decidió también qué edificios merecían conservarse y cuáles debían demolerse.

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Jesús de Polanco

El empresario que comprendió antes que nadie dónde estaría el nuevo poder

Los grandes cambios políticos suelen ir acompañados por grandes transformaciones empresariales.

Jesús de Polanco supo interpretar con extraordinaria rapidez hacia dónde caminaba España.

Su grupo editorial creció durante el franquismo, especialmente en el ámbito educativo.

La democracia multiplicó después aquella influencia hasta convertir PRISA en uno de los mayores grupos de comunicación del mundo hispánico.

Más que imponer opiniones concretas, consiguió algo mucho más eficaz.

Establecer los límites de lo que podía considerarse respetable.

La izquierda socialista aparecía como el espacio natural de la modernidad.

La derecha debía demostrar continuamente su plena desvinculación del franquismo.

Los nacionalismos periféricos eran contemplados durante largos periodos con una comprensión que rara vez se extendía al nacionalismo español.

Aquella línea editorial no nació por casualidad.

Respondía a una determinada concepción cultural de la España democrática.

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Luis María Ansón

Cuando el monárquico sobrevivió a todos los regímenes

Luis María Ansón representa otra modalidad de continuidad.

Monárquico convencido desde su juventud, desarrolló una larga carrera periodística que comenzó antes de la Transición y continuó durante varias décadas después.

Su caso demuestra que el periodismo español no quedó monopolizado por una única sensibilidad.

Existieron también importantes grupos conservadores y monárquicos.

Sin embargo, su capacidad para construir el relato dominante resultó mucho menor que la alcanzada por otros conglomerados mediáticos.

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Enric Sopena

El inquisidor permanente

Toda época necesita inquisidores.

La diferencia reside únicamente en aquello que persiguen.

Enric Sopena convirtió durante años el antifranquismo en una de las principales herramientas de combate político.

Su discurso insistía con frecuencia en recordar el pasado de los adversarios.

Mucho menos interés mostraba por analizar con idéntico rigor las trayectorias de numerosos dirigentes, periodistas e intelectuales próximos a su propio espacio ideológico.

La memoria dejaba así de funcionar como instrumento de conocimiento.

Se transformaba en arma política.

Y toda arma termina utilizándose de manera selectiva.

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El periodismo del Movimiento… y el periodismo democrático

Existe una paradoja extraordinariamente reveladora.

Una parte importante del periodismo español que dominó la democracia había aprendido precisamente su oficio durante el franquismo.

No podía ser de otra manera.

Durante cuarenta años no existió otra estructura periodística.

Los redactores.

Los fotógrafos.

Los correctores.

Los directores.

Los impresores.

Los corresponsales.

Los editores.

Todos habían comenzado su carrera dentro del mismo sistema.

Aquello no deslegitima su trabajo posterior.

Pero sí obliga a formular una pregunta incómoda.

¿Por qué unos fueron presentados como periodistas regenerados mientras otros quedaron para siempre identificados con el régimen anterior?

La respuesta parece encontrarse menos en el pasado que en el destino final de cada uno.

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La gran absolución

A medida que avanzaba la democracia comenzó a consolidarse una curiosa regla no escrita.

Quien terminaba situado en el campo progresista obtenía con mayor facilidad la absolución de sus antiguos vínculos.

Quien permanecía en posiciones conservadoras continuaba sometido al examen permanente de su pasado.

No era una ley.

Ni una conspiración.

Era una tendencia cultural.

Y como todas las tendencias culturales resultaba mucho más poderosa precisamente porque nadie parecía dirigirla expresamente.

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Los nuevos sacerdotes civiles

Toda sociedad necesita legitimar sus valores.

Durante siglos esa función correspondió principalmente a las Iglesias.

Las democracias contemporáneas han creado también sus propios sacerdocios civiles.

No llevan sotana.

Ni uniforme.

Ni toga necesariamente.

Pueden vestir chaqueta de periodista.

Birrete universitario.

Traje de académico.

Bufanda de cineasta.

O acreditación de experto.

Son ellos quienes establecen qué ideas resultan aceptables.

Qué palabras pueden pronunciarse.

Qué comparaciones están permitidas.

Y quién merece ser expulsado del espacio público.

No dictan sentencias judiciales.

Dictan algo quizá más eficaz.

Sentencias morales.

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Una memoria administrada

Así fue apareciendo una memoria cuidadosamente administrada.

No completamente falsa.

Pero sí extraordinariamente selectiva.

Una memoria donde algunos antiguos falangistas eran recordados únicamente como grandes demócratas.

Otros seguían siendo únicamente franquistas.

Algunos hijos de ministros del régimen aparecían convertidos en héroes de la libertad.

Mientras otros debían responder eternamente por el uniforme de un abuelo.

No cambiaban los hechos.

Cambiaba el relato.

Y quien controla el relato termina ejerciendo una forma de poder mucho más duradera que quien simplemente ocupa un ministerio.

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Puente hacia el siguiente capítulo

Hasta ahora hemos recorrido el mundo de la política, de la cultura y de los medios de comunicación.

Pero todavía falta un ámbito decisivo.

Quizá el más influyente de todos.

La universidad, la enseñanza y la fabricación de las nuevas generaciones.

Porque ningún relato histórico perdura si no consigue enseñarse en las aulas.

Y fue precisamente allí donde los diez apellidos democráticos comenzaron a transmitirse casi como un nuevo título de nobleza.

LA UNIVERSIDAD, LA ESCUELA Y LA FÁBRICA DE LA MEMORIA

Cómo una interpretación del pasado terminó convertida en doctrina académica

Los periódicos influyen durante unos días.

Los libros pueden influir durante años.

La enseñanza influye durante generaciones.

Por eso ningún poder cultural se considera completo hasta que logra entrar en las aulas. No basta con publicar editoriales, rodar películas, conceder premios o repetir consignas en las tertulias. Para asegurar la continuidad de un relato es necesario enseñarlo a quienes todavía no poseen recuerdos propios.

La generación que vivió la Guerra Civil desapareció poco a poco.

Después desapareció la que conoció la posguerra.

Más tarde envejeció la que había vivido el desarrollismo y los últimos años del franquismo.

En su lugar llegaron jóvenes nacidos durante la democracia, sin experiencia personal de aquel régimen, cuyo conocimiento dependía casi por completo de lo que leyeran en los manuales, escucharan en clase o vieran en las producciones culturales financiadas por las instituciones.

Ahí comenzó la verdadera batalla por la memoria.

No entre quienes recordaban cosas distintas.

Entre quienes habían vivido aquellos años y quienes recibían una versión ya elaborada.

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La universidad franquista que se volvió antifranquista

Las universidades españolas funcionaron durante todo el régimen.

Tuvieron rectores.

Decanos.

Catedráticos.

Tribunales de oposición.

Institutos de investigación.

Colegios mayores.

Revistas.

Editoriales.

Miles de profesores construyeron sus carreras dentro de aquellas instituciones. Algunos fueron franquistas convencidos. Otros eran conservadores, católicos, liberales, monárquicos o sencillamente funcionarios que procuraban enseñar e investigar sin enfrentarse al poder.

También hubo opositores.

Profesores sancionados.

Estudiantes detenidos.

Cátedras perdidas.

Expedientes.

Protestas.

Nada de eso debe olvidarse.

Pero tampoco debe olvidarse que una parte importante de quienes posteriormente dominaron la universidad democrática se había formado, doctorado, opositado y ascendido dentro de la universidad anterior.

El cambio político no produjo una sustitución completa del profesorado.

Hubo continuidad.

Los mismos departamentos cambiaron de lenguaje.

Las mismas facultades sustituyeron retratos y ceremonias.

Algunos profesores que habían enseñado conforme a las exigencias de la época pasaron a presentarse como representantes naturales de la oposición intelectual.

No todos fingían.

Muchos habían evolucionado sinceramente.

Otros descubrieron que el marxismo, el estructuralismo, el psicoanálisis político, la sociología crítica o los nacionalismos periféricos ofrecían un camino mucho más rápido hacia la respetabilidad académica del nuevo tiempo.

El antiguo lenguaje del Movimiento fue desapareciendo.

Lo sustituyó una nueva ortodoxia.

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El marxismo como contraseña de modernidad

Durante las décadas de 1960, 1970 y buena parte de la de 1980, el marxismo adquirió en numerosos ambientes universitarios una condición casi sacerdotal.

No era sólo una teoría económica o histórica.

Era una contraseña de modernidad.

Quien manejaba las palabras adecuadas —clase, estructura, alienación, lucha, hegemonía, dialéctica— parecía situarse automáticamente en el lado correcto de la historia.

Autores que durante su juventud habían transitado por Falange, el catolicismo oficial o las instituciones del régimen terminaron convertidos en introductores, traductores y guardianes del pensamiento marxista.

Manuel Sacristán representa el ejemplo más brillante.

Su conversión fue sincera y su talento indiscutible. Pero alrededor de su obra se formó también una escuela intelectual cuyos discípulos no siempre conservaron su rigor ni su honradez biográfica.

El maestro había reconocido su evolución.

Algunos herederos actuaron como si el marxismo español hubiese nacido incontaminado, sin conexiones personales con los ambientes intelectuales de la posguerra.

Una vez más, la genealogía se limpiaba retrospectivamente.

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De la cátedra al partido y del partido a la cátedra

La universidad democrática fue ocupando una posición cada vez más cercana al poder político.

Profesores que habían militado en partidos llegaron a ministerios.

Ministros regresaron después a las universidades.

Fundaciones vinculadas a partidos financiaron investigaciones.

Gobiernos autonómicos impulsaron centros, observatorios, institutos y cátedras dedicados a estudiar asuntos coincidentes con sus propias prioridades políticas.

La relación podía funcionar en ambos sentidos.

La universidad proporcionaba expertos, argumentos y prestigio.

El partido proporcionaba puestos, recursos, proyectos y reconocimiento.

No toda colaboración era ilegítima.

El problema aparecía cuando la independencia académica quedaba subordinada al poder que financiaba la investigación o decidía la promoción.

Así nació una nueva figura.

El profesor orgánico.

No necesariamente afiliado.

No siempre obediente de manera expresa.

Pero plenamente consciente de qué temas abrían puertas y cuáles podían cerrarlas.

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El separatismo entra en las aulas

El Estado autonómico entregó a las comunidades amplísimas competencias educativas.

Aquella decisión permitió adaptar una parte de la enseñanza a las circunstancias territoriales.

También permitió que cada oligarquía regional elaborara su propio relato histórico.

En Cataluña, el nacionalismo convirtió la escuela en un instrumento esencial de construcción nacional.

La historia de España quedó presentada, con frecuencia, como historia de imposiciones, derrotas y agravios.

La lengua común apareció como amenaza.

La Monarquía Hispánica, como antecedente del centralismo.

La Guerra de Sucesión, como lucha entre Cataluña y España.

1714, como una especie de pérdida de independencia nacional.

La Guerra Civil y el franquismo se utilizaron para reforzar una identificación entre España, represión y prohibición cultural.

La existencia de catalanes franquistas, carlistas, monárquicos, conservadores o simplemente indiferentes al separatismo quedó reducida a un papel secundario.

La taifa necesitaba una genealogía propia.

Y la escuela se la proporcionó.

Algo semejante, con sus particularidades, ocurrió en el País Vasco.

El relato nacionalista presentó al pueblo vasco como una unidad histórica enfrentada al Estado español, silenciando el peso del carlismo, la participación vasca en el bando nacional y la pluralidad ideológica de aquella sociedad.

No se enseñaba únicamente historia.

Se fabricaba pertenencia.

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Galicia, Valencia, Baleares y las identidades de laboratorio

La imitación no tardó en extenderse.

En Galicia, determinados sectores reconstruyeron el pasado en clave de nación oprimida, pese a la complejidad histórica, lingüística y política de la región.

En Valencia y Baleares se impulsaron interpretaciones dirigidas a integrarlas dentro de unos supuestos «países catalanes», categoría política que no refleja la voluntad mayoritaria de sus habitantes, pero que encontró amplio acomodo en universidades, asociaciones culturales y administraciones.

En otras regiones aparecieron lenguas, identidades y agravios que durante siglos habían tenido una importancia limitada o distinta de la que después les atribuyeron sus promotores.

El poder autonómico comprendió pronto que una identidad regional fuerte justificaba más competencias, más presupuesto y más organismos.

La historia se convirtió en argumento presupuestario.

Cuanto más agraviado aparecía un territorio, mayor parecía su derecho a disponer de consejerías, embajadas, televisiones y administraciones propias.

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Los manuales y la historia sin matices

La historia escolar exige síntesis.

No puede contener todas las complejidades de un archivo.

Pero una cosa es resumir y otra convertir la historia en catecismo.

La Guerra Civil comenzó a explicarse mediante una división moral excesivamente sencilla.

De un lado, la democracia.

Del otro, el fascismo.

La violencia revolucionaria, las persecuciones religiosas, los asesinatos políticos, la insurrección de 1934, las quiebras del orden público y las profundas divisiones de la Segunda República aparecían, cuando aparecían, como asuntos secundarios.

Nada de ello justifica la sublevación militar ni las represiones posteriores.

Pero ocultarlo impide comprender por qué España llegó a la guerra.

La historia deja entonces de explicar.

Se limita a sentenciar.

El alumno no aprende un proceso complejo.

Aprende quiénes fueron los buenos y quiénes los malos.

Y sale del aula preparado para reproducir, varias décadas después, una guerra civil moral de la que no conoce más que la versión resumida.

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La pedagogía del antifranquismo tardío

El antifranquismo terminó convirtiéndose en una de las escasas materias donde casi nadie podía ser considerado suficientemente radical.

Los profesores que habían conocido el régimen podían aportar recuerdos contradictorios.

Los más jóvenes no tenían ese problema.

Habían recibido ya una interpretación cerrada.

Así surgió una curiosa inversión histórica.

Quienes habían vivido la dictadura tendían, con frecuencia, a describirla con más matices.

Quienes habían nacido después la presentaban en términos más absolutos.

El abuelo recordaba luces y sombras.

El nieto sabía que todo había sido oscuridad.

El padre podía relatar una vida cotidiana normal.

El hijo había aprendido que toda normalidad equivalía a complicidad.

La experiencia cedió el paso a la doctrina.

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La universidad como tribunal de pureza

Con el tiempo, algunas facultades dejaron de ser únicamente lugares de enseñanza e investigación.

Se convirtieron en tribunales morales.

Determinados autores fueron excluidos de programas o tratados como sospechosos.

Otros adquirieron una condición casi obligatoria.

La corrección política comenzó a influir en la selección de temas, conferenciantes, proyectos y reconocimientos.

La antigua censura estatal había desaparecido.

En su lugar apareció una censura ambiental.

No prohibía siempre mediante órdenes.

Bastaba con negar una invitación.

Rechazar un artículo.

No financiar un proyecto.

Bloquear una promoción.

O convertir al discrepante en personaje moralmente sospechoso.

El castigo no necesitaba expediente.

Le bastaba con el aislamiento.

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Los nuevos estudios y las nuevas clientelas

Cada nueva prioridad política trajo consigo estudios, departamentos, institutos y observatorios.

Memoria democrática.

Nacionalismos.

Identidades territoriales.

Perspectiva de género.

Colonialismo.

Diversidad.

Discursos de odio.

Extremismos.

Algunos campos aportaron investigaciones valiosas.

Otros se convirtieron en espacios cerrados donde la conclusión aparecía decidida antes de iniciar el estudio.

La universidad podía así confirmar científicamente aquello que el poder político deseaba escuchar.

La taifa financiaba la investigación.

La investigación justificaba la política de la taifa.

Y la política concedía nuevos fondos a quienes confirmaban su necesidad.

Un círculo perfecto.

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El profesor convertido en sacerdote civil

El profesor universitario adquirió una autoridad pública que excedía su especialidad.

Un catedrático de literatura opinaba sobre organización territorial.

Un sociólogo dictaba doctrina constitucional.

Un historiador se convertía en juez moral.

Un filósofo explicaba economía.

Un jurista resolvía cuestiones históricas.

No importaba tanto la competencia concreta como la posición ideológica.

El experto adecuado aparecía en periódicos, radios y televisiones.

El discrepante quedaba reducido a polemista, reaccionario o nostálgico.

Así se construyó una amplia clase de intelectuales públicos que no se limitaba a estudiar la realidad.

Decidía qué interpretación debía considerarse moralmente aceptable.

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Los conversos universitarios y sus herederos

Algunos de los grandes maestros habían sido conversos sinceros.

Sacristán.

Aranguren.

Valverde.

Laín.

Tovar.

Reconocieron su evolución.

En ocasiones pagaron por ella.

Pero buena parte de sus discípulos heredó sólo la posición final.

No conoció la duda.

No sufrió la conversión.

No tuvo que explicar contradicciones.

Recibió ya una genealogía intelectual purificada.

De este modo, el antiguo falangista convertido en marxista podía engendrar una escuela de marxistas que se consideraban democráticos desde el principio de los tiempos.

El católico oficial convertido en progresista podía dejar discípulos convencidos de que su tradición había sido siempre la única forma auténtica de cristianismo.

La conversión personal terminó transformada en linaje.

Habían nacido los diez apellidos democráticos de la universidad.

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La enseñanza como reparto del porvenir

Quien controla el presupuesto gobierna el presente.

Quien controla la enseñanza administra el futuro.

Las oligarquías autonómicas comprendieron esa verdad con extraordinaria rapidez.

Por eso la educación se convirtió en uno de los campos más disputados.

No se trataba sólo de enseñar matemáticas, lengua, ciencias o historia.

Se trataba de decidir a qué comunidad debía sentirse vinculado el alumno.

Qué bandera debía emocionarlo.

Qué episodios debía recordar.

Qué agravios debía heredar.

Y contra quién debía dirigirlos.

La escuela no siempre formó ciudadanos.

En demasiados lugares formó electores futuros.

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La paradoja definitiva

El régimen del 78 proclamó la libertad de enseñanza y el pluralismo.

Su evolución produjo, sin embargo, diecisiete sistemas educativos crecientemente distintos, sometidos a administraciones regionales que podían utilizar los contenidos, la lengua y la memoria como instrumentos de construcción política.

La democracia debía liberar la historia de la propaganda.

Terminó permitiendo que cada taifa fabricara la suya.

La universidad debía ser refugio del pensamiento libre.

En demasiadas ocasiones se convirtió en prolongación de partidos, gobiernos regionales y corrientes ideológicas.

Y los conversos sinceros que habían combatido el dogmatismo dejaron, sin pretenderlo, herederos que construyeron nuevas ortodoxias.

Cambió la doctrina.

No siempre cambió la inclinación a imponerla.

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PUENTE HACIA LA SIGUIENTE GALERÍA

La enseñanza y la universidad fabricaron el clima intelectual.

Pero las grandes decisiones continuaron tomándose en los partidos, los tribunales y los gobiernos.

Corresponde ahora regresar a los personajes que alcanzaron mando en plaza:

• los fiscales y jueces formados bajo el régimen y convertidos después en guardianes de la memoria;
• los socialistas procedentes de familias integradas en el franquismo;
• los dirigentes que transformaron la reconciliación en guerra memorial;
• los separatistas nacidos en democracia;
• y la nueva izquierda hereditaria que llegó al poder presentándose como ruptura con todo lo anterior.

En esa galería ocuparán un lugar principal Baltasar Garzón, José Antonio Martín Pallín, Carlos Jiménez Villarejo, Cándido Conde-Pumpido, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y los ministros, portavoces y dirigentes que han hecho del antifranquismo tardío no sólo una convicción, sino una forma de gobierno.

TOGAS, MEMORIA Y ANTIFRANQUISMO RETROSPECTIVO

Cuando los jueces comenzaron a ajustar cuentas con la Historia

La política no fue el único campo donde prosperó el antifranquismo tardío.

También llegó a los tribunales.

Durante décadas, jueces, fiscales y magistrados formados en el franquismo o en los primeros años de la Transición aplicaron las leyes de cada momento, ascendieron dentro de los cuerpos del Estado y continuaron sus carreras sin una ruptura institucional completa.

No podía ser de otra manera.

España no sustituyó de la noche a la mañana toda su judicatura, su fiscalía, su universidad o su Administración. Los mismos cuerpos profesionales atravesaron la dictadura, la reforma política y la democracia.

Muchos de sus integrantes evolucionaron sinceramente.

Otros se limitaron a cumplir las normas vigentes.

Y algunos terminaron convertidos en severos jueces históricos del sistema dentro del cual habían comenzado su carrera.

No hablamos necesariamente de corrupción ni de engaño.

Hablamos de una paradoja.

El fiscal que había ejercido bajo Franco aparecía décadas después como autoridad moral de la izquierda.

El juez formado durante la Transición se convertía en perseguidor judicial de delitos cometidos antes de su nacimiento profesional.

Y el magistrado que nunca había combatido políticamente a la dictadura podía adquirir, desde la toga, un pedigrí antifranquista que no poseía en su biografía personal.

La Historia pasaba de los archivos a los sumarios.

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Baltasar Garzón: el juez que quiso procesar al pasado

Baltasar Garzón nació en 1955.

Tenía veinte años cuando murió Franco.

No desarrolló una actividad política conocida contra la dictadura, ni perteneció a la clandestinidad, ni sufrió cárcel, destierro o pérdida de empleo por enfrentarse al régimen.

Toda su carrera judicial importante se desarrolló en democracia.

Fue juez de instrucción, magistrado de la Audiencia Nacional, diputado durante un breve periodo, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y nuevamente magistrado.

Investigó narcotráfico, terrorismo, corrupción y violaciones de derechos humanos. Alcanzó fama internacional por la orden de detención contra Augusto Pinochet y por sus intentos de aplicar extensamente la llamada jurisdicción universal.

Garzón no necesitó ser antifranquista durante el franquismo.

Terminó siéndolo judicialmente muchos años después.

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El certificado de defunción del general

Una de las actuaciones más llamativas de su investigación sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la dictadura fue la solicitud de certificados oficiales de defunción de Francisco Franco y de otros altos responsables del régimen.

Formalmente, la diligencia perseguía comprobar el fallecimiento de quienes podrían aparecer como responsables penales y, por tanto, la extinción de cualquier responsabilidad criminal personal.

Sin embargo, la petición resultó esperpéntica para buena parte de la opinión pública.

No porque un juez no pueda pedir una certificación registral.

Sino porque el fallecimiento de Franco, ocurrido el 20 de noviembre de 1975 y seguido de un entierro de Estado, constituía uno de los hechos más notorios de la historia reciente de España.

A algunos sólo les faltaba ya exigir la comparecencia del difunto.

El episodio simbolizó el paso desde la investigación histórica hacia una peculiar escenificación judicial: abrir un procedimiento penal contra un régimen cuyos principales responsables llevaban décadas muertos.

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El proceso por los crímenes del franquismo

Garzón abrió diligencias para investigar desapariciones y crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Su actuación fue recurrida y dio lugar a una causa penal por presunta prevaricación.

El Tribunal Supremo lo absolvió en 2012. La sentencia consideró que su interpretación jurídica había sido errónea y que se había excedido en la aplicación de las normas, pero entendió que su conducta no alcanzaba el grado de arbitrariedad necesario para constituir delito de prevaricación.

La absolución no convirtió su interpretación en correcta.

Significó que el error jurídico no reunía los elementos necesarios para ser castigado penalmente.

Esa diferencia es importante.

Garzón no fue condenado por investigar el franquismo.

Pero tampoco recibió del Tribunal Supremo una bendición sobre la juridicidad de todas sus actuaciones.

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La prevaricación que terminó con su carrera

La condena que puso fin a su trayectoria judicial procedió de otra causa.

En febrero de 2012, el Tribunal Supremo lo declaró autor de un delito de prevaricación por haber autorizado la intervención de comunicaciones entre varios presos investigados en la causa Gürtel y sus abogados, sin que existieran indicios suficientes de actividad delictiva por parte de los letrados.

La sentencia subrayó que el derecho de defensa constituye un elemento esencial del proceso justo y condenó a Garzón a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, además de una multa.

No se trató jurídicamente de una inhabilitación perpetua.

Pero once años, atendiendo a su edad y a la pérdida definitiva de su puesto, significaron en la práctica su expulsión de la carrera judicial.

El juez que había pretendido juzgar el pasado terminó condenado por prevaricación en una actuación realizada en plena democracia.

La ironía histórica resulta difícil de ignorar.

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De juez condenado a símbolo progresista

Tras su inhabilitación, Garzón no desapareció de la vida pública.

Continuó interviniendo en debates políticos, derechos humanos, memoria histórica y justicia internacional. Fue recibido por amplios sectores de la izquierda como víctima de una persecución judicial o como símbolo de una justicia valiente castigada por haberse enfrentado a poderes demasiado importantes.

De este modo se produjo una nueva metamorfosis.

El magistrado condenado por vulnerar garantías fundamentales se transformó en autoridad moral.

La condena quedó minimizada.

Su antifranquismo judicial pasó al primer plano.

Y el antiguo juez estrella adquirió una segunda carrera como conciencia pública de la izquierda memorialista.

No fue rehabilitado jurídicamente.

Fue canonizado políticamente.

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José Antonio Martín Pallín: fiscal con Franco y acusador de la dictadura

José Antonio Martín Pallín ingresó en la carrera fiscal en 1965.

Ejerció, por tanto, durante aproximadamente diez años bajo el franquismo.

Aplicó la legislación vigente, formó parte de las instituciones judiciales del Estado y continuó después su carrera en democracia hasta llegar a magistrado del Tribunal Supremo.

Nada de ello prueba adhesión ideológica al régimen.

Un fiscal no deja de ser jurista por trabajar bajo un sistema autoritario.

Pero tampoco puede presentarse como persona completamente ajena a sus instituciones.

Martín Pallín se convirtió después en una de las voces jurídicas más críticas con el franquismo, la Transición y la aplicación de la Ley de Amnistía. Participó en Jueces para la Democracia y adquirió gran presencia en los medios progresistas.

Su trayectoria es legítima.

También es paradójica.

El fiscal que comenzó aplicando las leyes del Estado franquista terminó convertido en uno de los censores más severos de aquel Estado.

No ocultó totalmente su pasado profesional.

Pero rara vez quienes lo presentaban como autoridad antifranquista recordaban con igual insistencia dónde había comenzado su carrera.

La toga progresista poseía, una vez más, capacidad bautismal.

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Carlos Jiménez Villarejo: de la fiscalía franquista a Podemos

Carlos Jiménez Villarejo ingresó igualmente en el ministerio fiscal durante el franquismo. El Boletín Oficial del Estado recoge sus nombramientos y ascensos desde comienzos de la década de 1960.

Desarrolló posteriormente una carrera destacada en la lucha contra la corrupción y llegó a ser el primer fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

Su prestigio no fue gratuito.

Intervino en asuntos difíciles y se enfrentó a poderes políticos y económicos.

Pero su vida profesional vuelve a poner de manifiesto la continuidad de las instituciones españolas.

El fiscal formado dentro del régimen terminó convertido en referente jurídico de Podemos y en eurodiputado de aquella formación.

No vino desde fuera del sistema.

Atravesó todos sus pisos.

Franquismo.

Transición.

Democracia parlamentaria.

Fiscalía Anticorrupción.

Nueva izquierda.

Podemos se presentaba como una ruptura radical con el régimen del 78, pero recurrió como símbolo a un fiscal cuya carrera había comenzado antes de que existiera ese régimen.

La revolución llamaba a la puerta apoyándose en funcionarios jubilados del antiguo Estado.

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Cándido Conde-Pumpido: la dinastía judicial y el mando en plaza

Cándido Conde-Pumpido Tourón nació en 1949 e ingresó en la carrera judicial en 1974, todavía bajo el régimen del General Franco.

Fue juez, magistrado, presidente de Audiencia Provincial, magistrado del Tribunal Supremo, fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, magistrado del Tribunal Constitucional desde 2017 y presidente de este tribunal desde enero de 2023.

Su biografía representa la continuidad institucional en estado puro.

Comenzó en la judicatura franquista.

Ascendió durante la democracia.

Fue fiscal general bajo José Luis Rodríguez Zapatero.

Y terminó presidiendo el órgano encargado de interpretar definitivamente la Constitución.

Alcanzó, pues, verdadero mando en plaza.

Es impontante subrayar su pertenencia a una familia de larga tradición jurídic… cuentan que su padre intervino en un tribunal militar durante la Guerra Civil, aunque no es mucho lo que se conoce de la causa militar, la identidad exacta de los intervinientes y la función que cada uno desempeñó.

Lo indudable es la continuidad familiar y profesional.

La dinastía atravesó regímenes, sistemas constitucionales y gobiernos.

El apellido sobrevivió a todos.

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El Tribunal Constitucional convertido en campo de batalla

La Constitución concibió el Tribunal Constitucional como un órgano independiente.

Sin embargo, la elección de sus miembros por órganos políticos produjo desde el principio una división pública entre sectores llamados «progresista» y «conservador».

Las etiquetas no figuran en la Constitución.

Pero terminaron formando parte del lenguaje habitual.

Cándido Conde-Pumpido fue identificado durante años con el sector progresista y alcanzó la Presidencia del tribunal en 2023. El propio Tribunal Constitucional confirma que fue designado magistrado a propuesta del Senado y nombrado presidente mediante real decreto.

La cuestión no reside únicamente en su biografía.

Reside en el sistema.

Cuando los magistrados son presentados públicamente por su afinidad ideológica, el ciudadano puede sospechar que la Constitución se interpreta según la mayoría política del momento.

La partitocracia alcanza entonces uno de sus grados más peligrosos: el reparto del árbitro.

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DE LA RECONCILIACIÓN A LA MEMORIA OFICIAL

José Luis Rodríguez Zapatero y la apertura de la guerra memorial

José Luis Rodríguez Zapatero nació en 1960, se afilió al PSOE en 1979, fue diputado desde 1986, secretario general del partido desde 2000 y presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

Tenía quince años cuando murió Franco.

No fue opositor político.

No fue militante clandestino.

No conoció la cárcel ni el exilio.

Su antifranquismo, como el de tantos dirigentes de su generación, fue una construcción posterior.

Sin embargo, convirtió la memoria del franquismo en una pieza fundamental de su proyecto político.

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El abuelo como fuente de legitimidad

Zapatero invocó repetidamente la figura de su abuelo, el capitán Juan Rodríguez Lozano, fusilado en 1936.

Ese hecho familiar explica razonablemente parte de su sensibilidad histórica.

Pero la biografía del abuelo, como tantas otras, fue más compleja de lo que permite el relato político resumido.

No podemos olvidar que su abuelo participó, por ejemplo, en operaciones contra la insurrección revolucionaria de Asturias de 1934, extremo que debe reconstruirse mediante su hoja militar completa y no sólo mediante fragmentos periodísticos.

Nada de ello justifica su ejecución.

Tampoco impide contar toda su trayectoria.

El problema vuelve a ser la selección.

El abuelo víctima adquirió una gran presencia.

Los capítulos menos útiles para el relato quedaron en segundo plano.

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La Ley de Memoria Histórica

En 2007, el Gobierno de Zapatero impulsó la Ley 52/2007, destinada a reconocer y ampliar derechos en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, promover su reparación moral y facilitar el conocimiento y conservación documental de aquel periodo. La ley creó además el Centro Documental de la Memoria Histórica.

Parte de sus disposiciones respondía a demandas legítimas.

Localización de desaparecidos.

Acceso a archivos.

Reconocimiento de víctimas.

Retirada de determinados símbolos.

Ayuda a familias que seguían buscando restos.

El problema no estaba necesariamente en cada medida concreta.

Estaba en el giro político general.

La Transición había procurado basar la convivencia en una renuncia mutua a utilizar la Guerra Civil como arma partidista.

La nueva política convirtió el pasado en campo de batalla permanente.

El Gobierno dejó de limitarse a facilitar la investigación.

Comenzó a fijar un marco moral oficial.

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De la memoria histórica a la memoria democrática

La Ley de Memoria Democrática de 2022 profundizó ese camino.

Su artículo primero define como objeto de la norma la recuperación, protección y difusión de una «memoria democrática», además del reconocimiento de quienes sufrieron persecución o violencia desde el golpe de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución.

La expresión contiene una dificultad evidente.

La Historia es investigación.

La memoria es recuerdo.

La democracia es un sistema político.

Al unir los tres conceptos, el poder público corre el riesgo de establecer qué recuerdo histórico debe considerarse democráticamente correcto.

La norma creó registros, censos, días oficiales de homenaje y mecanismos institucionales para desarrollar políticas públicas de memoria.

En 2026, esas políticas seguían ampliándose mediante reformas legales, reconocimientos, registros de entidades y subvenciones destinadas a actuaciones memoriales.

La memoria dejó de ser sólo un asunto familiar o académico.

Se convirtió en una rama de la Administración.

Con ministerio.

Direcciones generales.

Registros.

Entidades reconocidas.

Presupuestos.

Ayudas.

Actos oficiales.

Y profesionales de la memoria.

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PEDRO SÁNCHEZ: EL ANTIFRANQUISMO COMO INSTRUMENTO DE GOBIERNO

Pedro Sánchez nació en Madrid el 29 de febrero de 1972.

Tenía tres años cuando murió Franco.

Se afilió al PSOE en 1993 y es presidente del Gobierno desde junio de 2018.

No posee recuerdo político del franquismo.

No pudo combatirlo.

No padeció sus tribunales.

No sufrió censura como escritor, expulsión universitaria ni persecución sindical.

Sin embargo, su Gobierno convirtió el antifranquismo retrospectivo en uno de sus instrumentos de legitimación.

La exhumación de Franco.

La resignificación del Valle de los Caídos.

La Ley de Memoria Democrática.

Los homenajes oficiales.

La creación de organismos administrativos.

La presentación constante del adversario político como heredero de la dictadura.

El pasado se transformó en arma del presente.

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El enemigo más cómodo

Franco constituye un adversario políticamente perfecto.

Está muerto.

No comparece en ruedas de prensa.

No recurre las decisiones.

No responde a las acusaciones.

No presenta candidaturas.

No puede defender su obra ni negar las responsabilidades que se le atribuyen.

Combatirlo cincuenta años después ofrece todas las ventajas del heroísmo y ninguno de sus peligros.

De este modo, dirigentes nacidos en la democracia pueden presentarse como vencedores de la dictadura.

No derrotan a Franco.

Derrotan una estatua.

Una tumba.

Una placa.

Un nombre de calle.

Y después convierten esa victoria administrativa en credencial moral.

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El nuevo reparto de los diez apellidos democráticos

El mecanismo ha quedado perfeccionado.

Quien apoya la política memorial del Gobierno recibe el certificado de demócrata.

Quien la discute queda bajo sospecha.

No importa que condene la dictadura.

No basta.

Debe aceptar también la interpretación oficial, las fechas elegidas, las categorías reconocidas y el vocabulario impuesto.

La discrepancia histórica se convierte en sospecha moral.

El historiador pasa a ser examinado por el político.

El juez, por el activista.

El ciudadano, por el funcionario de memoria.

Y el Gobierno adquiere una competencia que nunca debería corresponderle:

decidir quién recuerda correctamente.

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De la toga al boletín oficial

El antifranquismo tardío ha recorrido, pues, todas las instituciones.

Comenzó en los partidos.

Pasó a los periódicos.

Entró en la universidad.

Llegó a los tribunales.

Y terminó instalado en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que había sido convicción política se convirtió en política pública.

Lo que había sido interpretación histórica se transformó en categoría administrativa.

Lo que había sido memoria familiar pasó a depender de registros, subvenciones y organismos oficiales.

El converso dejó de pedir absolución.

Comenzó a expedirla.

El antifranquista sobrevenido dejó de reclamar reconocimiento.

Alcanzó mando en plaza.

Y desde allí empezó a repartir los diez apellidos democráticos a quienes aceptaban su relato.

LOS HEREDEROS DEL PODER

Quién ganó realmente la Transición

Durante años se ha repetido que la Transición significó la derrota definitiva del franquismo.

La afirmación resulta atractiva.

Pero quizá no sea completamente exacta.

Porque depende de qué entendamos por derrota.

Si por derrota entendemos la desaparición del régimen político nacido en 1939, la respuesta parece evidente.

Aquel régimen terminó.

Desaparecieron sus Leyes Fundamentales.

Desapareció el Movimiento Nacional.

Desaparecieron las Cortes Orgánicas.

Desaparecieron el Consejo Nacional, los procuradores, el Sindicato Vertical y buena parte de la arquitectura institucional levantada durante casi cuarenta años.

Pero otra cuestión muy distinta consiste en preguntarse:

¿desaparecieron también las élites?

La respuesta resulta bastante más compleja.

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Las élites casi nunca desaparecen

Las revoluciones cambian gobiernos.

Rara vez cambian completamente las élites.

Los grandes propietarios continúan siéndolo.

Los altos funcionarios permanecen.

Los jueces siguen administrando justicia.

Los profesores conservan sus cátedras.

Los periodistas continúan escribiendo.

Los empresarios mantienen sus empresas.

Las familias influyentes preservan buena parte de sus relaciones.

Cambian los discursos.

No siempre cambian quienes los pronuncian.

España tampoco escapó a esa constante histórica.

Muchos de los grandes grupos económicos nacidos o fortalecidos durante el franquismo conservaron posiciones relevantes durante la democracia.

Numerosas familias siguieron ocupando espacios de influencia.

Grandes despachos jurídicos.

Universidades.

Consejos de administración.

Entidades financieras.

Medios de comunicación.

Editoriales.

Academias.

No hubo sustitución.

Hubo adaptación.

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Los hijos del régimen

Existe otra paradoja todavía más llamativa.

Una parte significativa de la nueva clase dirigente procedía precisamente de familias perfectamente integradas en la España anterior.

No constituye delito.

Ni siquiera constituye reproche.

Los hijos no heredan responsabilidades políticas.

Pero sí conviene señalar una contradicción.

Muchos dirigentes cuya carrera pública se construyó alrededor del antifranquismo procedían de hogares donde el franquismo jamás constituyó un problema existencial.

Padres funcionarios.

Militares.

Profesores.

Altos empleados públicos.

Empresarios.

Profesionales liberales.

La inmensa mayoría había vivido razonablemente integrada en la sociedad española de aquellos años.

Sin embargo, algunos de sus hijos terminaron hablando como si toda su familia hubiese pasado cuarenta años escondida en un sótano imprimiendo propaganda clandestina.

La realidad suele ser bastante menos novelesca.

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La nueva aristocracia progresista

Resulta curioso observar cómo muchos movimientos nacidos contra las élites terminan convirtiéndose en élites.

Ocurrió con numerosas revoluciones.

También con buena parte de la izquierda española.

Los hijos de ministros sucedieron a otros ministros.

Los hijos de catedráticos heredaron cátedras.

Los hijos de dirigentes sindicales terminaron ocupando puestos sindicales.

Los hijos de políticos ingresaron en partidos.

Los hijos de periodistas acabaron escribiendo en los mismos periódicos.

Los apellidos continuaron circulando.

Sólo cambió el lenguaje.

La revolución terminó pareciéndose bastante a aquello que pretendía sustituir.

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Las oligarquías autonómicas

Si existe una verdadera creación original del régimen del 78 probablemente sea ésta.

Las diecisiete oligarquías autonómicas.

Cada una desarrolló sus propias familias políticas.

Sus redes administrativas.

Sus medios de comunicación.

Sus universidades.

Sus empresas públicas.

Sus fundaciones.

Sus organismos consultivos.

Sus consejos audiovisuales.

Sus observatorios.

Sus televisiones.

Sus agencias.

Sus oficinas exteriores.

Sus defensorías.

Sus institutos de memoria.

Y, naturalmente, sus correspondientes clientelas.

El viejo caciquismo provincial parecía cosa del pasado.

En realidad simplemente había aumentado considerablemente de presupuesto.

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Cataluña

Cataluña constituye quizá el ejemplo más evidente.

Convergència i Unió construyó durante décadas un auténtico Estado dentro del Estado.

Escuela.

Televisión.

Radio.

Policía.

Diplomacia paralela.

Subvenciones.

Editoriales.

Universidades.

Asociaciones.

Fundaciones.

Todo ello sostenido por un discurso permanente de agravio histórico.

El nacionalismo comprendió muy pronto que la memoria también constituye un recurso económico.

Cuanto mayor fuese el agravio.

Mayor parecía la necesidad de nuevas competencias.

Y cuanto mayores fueran las competencias.

Mayor sería el poder de quienes las administraban.

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El País Vasco

Algo semejante ocurrió en el País Vasco.

El Partido Nacionalista Vasco levantó una de las estructuras institucionales más sólidas de Europa.

Concierto económico.

Hacienda propia.

Policía propia.

Radiotelevisión.

Administración.

Empresas públicas.

Fundaciones.

Universidades.

Una parte considerable del poder económico y administrativo terminó concentrándose alrededor de un mismo espacio político.

La alternancia existía.

La hegemonía también.

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Andalucía

Durante casi cuatro décadas Andalucía conoció otra forma distinta de hegemonía.

No nacionalista.

Pero igualmente poderosa.

La Junta se convirtió en el principal distribuidor de empleo público.

Subvenciones.

Cursos de formación.

Ayudas.

Empresas públicas.

Consorcios.

Fundaciones.

Agencias.

Todo ello permitió consolidar una inmensa red clientelar cuya influencia política resultó extraordinaria.

El partido terminó identificándose con la propia Administración.

Y la Administración con el partido.

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Extremadura

Extremadura siguió un camino semejante.

La dependencia económica de amplias capas de la población respecto del presupuesto público facilitó la consolidación de una estructura política extraordinariamente estable.

No era necesario comprar voluntades.

Bastaba con administrar recursos.

El ciudadano dejaba de depender del antiguo cacique.

Pasaba a depender del presupuesto autonómico.

El mecanismo había cambiado.

La lógica permanecía.

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El cacique moderno

El cacique del siglo XIX controlaba el agua.

La tierra.

Los jornales.

Las recomendaciones.

El del siglo XXI controla oposiciones.

Subvenciones.

Contratos.

Publicidad institucional.

Nombramientos.

Ayudas europeas.

Empresas públicas.

Medios autonómicos.

La dependencia ya no nace del latifundio.

Nace del presupuesto.

Y quien controla el presupuesto termina controlando una parte importante de la vida política.

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La aristocracia de la memoria

Toda aristocracia necesita justificar su posición.

La nueva oligarquía también.

Los antiguos nobles hablaban de sangre.

Los revolucionarios hablaban del pueblo.

Los nacionalistas hablan de identidad.

La nueva aristocracia progresista encontró una legitimación especialmente eficaz.

La memoria.

No bastaba con gobernar.

Había que gobernar en nombre de los vencidos.

Aunque uno hubiese nacido treinta años después.

No bastaba con administrar presupuestos.

Había que hacerlo como heredero moral de una resistencia que muchos jamás conocieron.

Así aparecieron los herederos profesionales del antifranquismo.

No heredaban la persecución.

Heredaban su prestigio.

Y ese prestigio terminó convirtiéndose en un capital político extraordinariamente rentable.

EL GATOPARDISMO ESPAÑOL

Que todo cambie para que los mismos continúen mandando

En El Gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa puso en boca del joven Tancredi una de las frases más citadas de la literatura política:

«Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».

La sentencia ha terminado convertida en definición universal del gatopardismo: la capacidad de las clases dirigentes para ponerse al frente de los cambios, dirigirlos y conservar mediante ellos la parte esencial de su poder.

España ofrece abundantes ejemplos.

En los últimos dos o tres siglos han caído monarquías, se han proclamado repúblicas, restaurado dinastías, aprobado constituciones, sufrido pronunciamientos, guerras civiles y dictaduras, y establecido finalmente una monarquía parlamentaria integrada en la Unión Europea.

Todo ha cambiado muchas veces.

Pero algunos apellidos, familias, cuerpos del Estado, grandes empresas, despachos profesionales y círculos sociales han mostrado una asombrosa capacidad para reaparecer junto al poder.

Unos fueron absolutistas y después liberales.

Otros moderados y más tarde conservadores.

Monárquicos durante la Restauración, republicanos durante la República, franquistas después de 1939, juancarlistas durante la Transición, europeístas cuando Europa repartía fondos y progresistas en cuanto el progresismo se convirtió en lengua oficial del Estado.

No siempre fueron exactamente las mismas personas.

Fueron, con demasiada frecuencia, las mismas familias, las mismas redes y los mismos ambientes.

El camaleón político cambia de color.

No cambia de rama.

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De la nobleza cortesana a la nobleza presupuestaria

Durante el Antiguo Régimen, el poder se transmitía principalmente mediante la sangre, el patrimonio, el matrimonio y la cercanía a la Corona.

La revolución liberal debía acabar con aquella sociedad estamental.

En parte lo hizo.

Pero la igualdad jurídica no eliminó la influencia familiar.

La transformó.

Los títulos nobiliarios perdieron parte de su antiguo poder, mientras surgían nuevas dinastías de políticos, abogados, funcionarios, militares, financieros, catedráticos y empresarios.

Las viejas familias enviaron a sus hijos a las academias militares, los ministerios, la diplomacia, la judicatura y las Cortes.

Las nuevas familias burguesas hicieron lo mismo.

El matrimonio continuó uniendo patrimonios y relaciones.

La recomendación adoptó la forma de carta de presentación.

El privilegio se disfrazó de mérito.

Y el acceso al Estado se convirtió en el camino más seguro hacia la influencia.

La nobleza de sangre fue sustituida parcialmente por una nobleza de cuerpos, apellidos y relaciones.

Más tarde apareció la nobleza presupuestaria.

Ya no era imprescindible poseer tierras.

Bastaba con controlar partidos, administraciones, contratos, subvenciones, empresas públicas y organismos reguladores.

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Los apellidos sobreviven a las constituciones

España ha tenido numerosas constituciones desde comienzos del siglo XIX.

Cada una prometió inaugurar una época.

Cada una afirmó representar una ruptura con la anterior.

Pero los apellidos muestran una continuidad que las constituciones no siempre revelan.

Familias que habían servido a Fernando VII ocuparon cargos durante el liberalismo.

Descendientes de ministros isabelinos reaparecieron en la Restauración.

Dinastías militares atravesaron reinados, repúblicas y dictaduras.

Grandes propietarios se adaptaron a las reformas agrarias, las desamortizaciones y los cambios de régimen.

Juristas y altos funcionarios cambiaron el retrato del despacho sin perder el despacho.

Periodistas que habían elogiado a un gobernante descubrieron después las virtudes de su sucesor.

El Estado cambiaba de legitimidad.

Ellos continuaban administrándolo.

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La Restauración y el turno de los clanes

La Restauración perfeccionó un sistema de alternancia que permitía cambiar de Gobierno sin alterar profundamente la estructura social.

Conservadores y liberales se turnaban.

Los caciques aseguraban el resultado.

El gobernador civil transmitía las instrucciones.

Los notables locales elaboraban el censo práctico.

Y el ciudadano depositaba un voto cuyo efecto estaba decidido, en demasiadas ocasiones, antes de abrirse las urnas.

El sistema ofrecía estabilidad.

También ofrecía una formidable capacidad para perpetuar élites.

Las familias políticas dominaban provincias, distritos y municipios.

Un hermano era diputado.

Otro magistrado.

Un cuñado ocupaba un puesto ministerial.

El hijo heredaba la circunscripción.

El sobrino ingresaba en la diplomacia.

No gobernaban sólo partidos.

Gobernaban clanes.

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La Segunda República tampoco empezó de cero

La proclamación de la Segunda República modificó el régimen, pero no hizo desaparecer instantáneamente a las clases dirigentes anteriores.

Monárquicos se convirtieron en republicanos moderados.

Liberales de la Restauración encontraron acomodo en los nuevos partidos.

Funcionarios, jueces, militares, profesores y diplomáticos continuaron desempeñando sus cargos.

Otros fueron apartados.

Algunos conspiraron.

No pocos esperaron a ver hacia dónde se inclinaba la situación.

La República también creó sus propias élites.

Dirigentes políticos.

Sindicalistas profesionales.

Intelectuales orgánicos.

Funcionarios de confianza.

Empresarios cercanos a los nuevos gobiernos.

El poder nunca permanece vacío.

Cuando una élite cae, otra ocupa su lugar; pero, con frecuencia, la nueva incorpora una parte considerable de la anterior.

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El franquismo: depuración y continuidad

La Guerra Civil produjo una ruptura sangrienta.

Hubo muertos, exiliados, depurados, encarcelados y desposeídos.

No cabe minimizarlo.

Pero incluso aquella ruptura radical conservó elementos de continuidad.

El nuevo Estado necesitaba funcionarios.

Ingenieros.

Médicos.

Profesores.

Jueces.

Diplomáticos.

Empresarios.

No podía sustituir a todos.

Algunos profesionales procedentes de la etapa anterior fueron depurados y después readmitidos.

Otros recuperaron paulatinamente sus carreras.

Exiliados regresaron.

Antiguos republicanos encontraron protectores.

Familias inicialmente castigadas terminaron integrándose.

Y junto a las élites tradicionales surgieron otras nuevas: militares victoriosos, falangistas, tecnócratas, empresarios favorecidos por licencias y concesiones, altos funcionarios y familias vinculadas a los ministerios.

El franquismo desplazó a unos.

Ascendió a otros.

Y permitió que bastantes se adaptaran.

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La Transición: la gran operación gatopardesca

La Transición constituye quizá la manifestación más acabada del gatopardismo español.

Cambió el régimen político.

Pero no se produjo una depuración general.

Los jueces siguieron siendo jueces.

Los fiscales, fiscales.

Los profesores conservaron sus cátedras.

Los diplomáticos continuaron representando a España.

Los empresarios mantuvieron sus sociedades.

Los periodistas prosiguieron sus carreras.

Los funcionarios conservaron sus puestos.

La continuidad administrativa evitó el caos.

También permitió que muchos servidores del sistema anterior se reciclaran con sorprendente rapidez.

Algunos contribuyeron sinceramente a la democracia.

Otros se limitaron a cambiar el vocabulario.

Y unos cuantos consiguieron algo todavía más notable: convertir su procedencia del régimen en una biografía de oposición al régimen.

El gatopardismo español alcanzó ahí una de sus mayores perfecciones.

No sólo conservar el cargo después del cambio.

Conservarlo presentándose como víctima del tiempo anterior.

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Del Movimiento al movimiento progresista

El antiguo jerarca no tenía que permanecer en la derecha.

Podía desplazarse hacia el centro.

El hijo podía ingresar en el PSOE.

El nieto, en Podemos.

La familia quedaba así enteramente rehabilitada.

El abuelo había servido al Movimiento.

El hijo ayudó a construir la democracia.

El nieto se convertía en antifranquista radical.

En tres generaciones, el linaje completaba una transformación perfecta.

No perdía su posición.

Ganaba además una nueva legitimidad moral.

El último descendiente podía incluso reprochar a los demás aquello que había permitido prosperar a los suyos.

Ése es el componente camaleónico del gatopardismo.

La familia no sólo se adapta a los colores del nuevo poder.

Termina afirmando que siempre tuvo esos colores.

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Clanes políticos de larga duración

No es necesario formular una teoría conspiratoria.

Basta con observar las biografías.

Hijos de ministros que terminan en consejos de administración.

Descendientes de altos funcionarios que ocupan puestos en la Administración.

Familias con varias generaciones de diputados, senadores, alcaldes, magistrados, fiscales, diplomáticos, profesores universitarios y altos cargos.

Matrimonios entre dirigentes de partido, periodistas, empresarios y funcionarios.

Hermanos repartidos entre la política, la universidad, los medios y la empresa pública.

La coincidencia reiterada deja de ser casualidad.

No implica que todos carezcan de mérito.

Muchos poseen preparación y capacidad.

La cuestión es otra: el mérito suele florecer con mayor facilidad cuando crece en un jardín bien relacionado.

El ciudadano corriente compite.

El heredero político parte con el camino señalado.

Conoce el lenguaje.

Tiene contactos.

Sabe a quién llamar.

Ha visto desde niño cómo se comporta el poder.

Y, sobre todo, pertenece a un ambiente que considera natural su acceso a los cargos.

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Las dinastías socialistas

El PSOE, nacido formalmente como partido obrero, terminó desarrollando sus propias dinastías.

Hijos y parientes de dirigentes socialistas ingresaron en la política, la consultoría, las empresas públicas, las fundaciones, los medios de comunicación y las instituciones europeas.

No hay delito en ello.

El problema surge cuando un partido que denuncia privilegios reproduce las mismas costumbres de las élites tradicionales.

La filiación abre puertas.

La militancia juvenil funciona como aprendizaje.

La agrupación local sustituye al antiguo casino.

La fundación del partido reemplaza al salón aristocrático.

Y la ejecutiva actúa como consejo de familia ampliado.

La sangre no garantiza jurídicamente el cargo.

Pero la cercanía facilita extraordinariamente el camino.

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Las dinastías nacionalistas

Los nacionalismos periféricos perfeccionaron todavía más el sistema porque unieron familia, partido, territorio e identidad.

En Cataluña, determinadas familias burguesas atravesaron la dictadura, la autonomía, el pujolismo, el socialismo catalán y el separatismo.

Un miembro aparecía en la empresa.

Otro en la política.

Otro en la universidad.

Otro en los medios.

Todos compartían círculos sociales y una idea común: Cataluña debía ser administrada por quienes se consideraban sus intérpretes naturales.

En el País Vasco, la hegemonía del PNV creó una extensa red de cargos, empresas, fundaciones, cooperativas, instituciones financieras, asociaciones culturales y medios cercanos.

No era necesario que todos pertenecieran a una misma familia biológica.

Formaban una gran familia política.

La afiliación, el apellido, el municipio de origen, el colegio, la universidad y las amistades componían un tejido difícil de atravesar para quien no perteneciera al ambiente.

Las taifas autonómicas crearon sus propias noblezas.

Nobleza sin título, pero con presupuesto.

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Las dinastías judiciales y funcionariales

La judicatura, la fiscalía, la abogacía del Estado, la diplomacia, la universidad y otros altos cuerpos presentan también una notable continuidad familiar.

El hijo conoce las oposiciones porque el padre las preparó.

Dispone de biblioteca.

Recibe consejos.

Cuenta con tiempo y apoyo económico.

Conoce a quienes ya pertenecen al cuerpo.

Nada de ello invalida su esfuerzo.

Pero sitúa su esfuerzo en condiciones mucho más favorables que las del aspirante sin antecedentes familiares.

Cuando a esa ventaja inicial se añaden después nombramientos políticos, relaciones de partido y puestos discrecionales, la meritocracia empieza a confundirse con la herencia.

Así surgen dinastías de magistrados, fiscales, diplomáticos y catedráticos que atraviesan sucesivas etapas políticas.

La toga cambia de titular.

El apellido permanece en el estrado.

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Las familias mediáticas

La prensa tampoco escapa a la reproducción familiar.

Propietarios, directores, columnistas y comunicadores transmiten relaciones, puestos y tribunas.

El hijo del periodista crece entre redacciones.

Conoce editores.

Accede a colaboraciones.

Aprende qué opiniones abren puertas y cuáles las cierran.

Los grandes medios se presentan como vigilantes del poder, pero constituyen ellos mismos centros de poder.

También poseen familias, lealtades, deudas, amistades e intereses.

Cuando una dinastía mediática se alía con una dinastía política, la continuidad queda asegurada.

Unos administran el Estado.

Otros administran su explicación.

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La Unión Europea: nueva corte para viejos linajes

La entrada en las instituciones europeas abrió un escenario adicional.

Eurodiputados.

Comisarios.

Altos funcionarios.

Consejeros.

Expertos.

Representantes permanentes.

Consultores.

Despachos especializados.

Fundaciones europeístas.

La antigua corte nacional se amplió hasta Bruselas.

Los partidos encontraron nuevos puestos donde colocar dirigentes retirados, candidatos no elegidos, antiguos ministros y jóvenes promesas.

La cesión de soberanía también produjo una cesión de cargos.

Europa se presentó como superación de los viejos vicios nacionales.

En demasiadas ocasiones sirvió para internacionalizarlos.

El cacique provincial se convirtió en intermediario europeo.

El antiguo notable pasó a ser experto comunitario.

Y el hijo bien relacionado pudo continuar su carrera lejos de la mirada inmediata de los electores.

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El camaleón no siempre engaña

Conviene introducir una precisión.

Adaptarse no es necesariamente inmoral.

Toda persona debe aprender a vivir bajo circunstancias cambiantes.

Una familia no puede permanecer eternamente fiel a ideas heredadas.

Los hijos tienen derecho a pensar de manera distinta.

Los nietos pueden rechazar el mundo de sus abuelos.

La conversión sincera existe.

La rectificación merece respeto.

El problema no es cambiar de color.

El problema es negar el color anterior, perseguir a quienes todavía lo conservan y utilizar el nuevo como disfraz para mantener privilegios antiguos.

El camaleón biológico cambia para sobrevivir.

El camaleón político cambia para seguir mandando.

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Que todo cambie… menos el reparto del poder

El gatopardismo español no significa que nada haya cambiado.

España ha cambiado profundamente.

Han cambiado las libertades, la economía, las costumbres, la posición de la mujer, la educación, las comunicaciones, la estructura social y la relación con el mundo.

La cuestión es quién ha dirigido esos cambios y quién ha recogido sus beneficios.

Con demasiada frecuencia, las mismas familias que supieron prosperar en un sistema encontraron la manera de prosperar en el siguiente.

Quienes conocían los resortes del Estado franquista aprendieron los de la democracia.

Quienes administraban provincias administraron autonomías.

Quienes publicaban bajo censura pasaron a repartir credenciales de libertad.

Quienes se beneficiaron de mercados protegidos abrazaron después el europeísmo.

Quienes habían sido centralistas descubrieron identidades regionales.

Y quienes no habían combatido a Franco se convirtieron en sus más entusiastas vencedores póstumos.

Todo cambió.

Los escaños.

Los uniformes.

Los periódicos.

Los partidos.

Las banderas.

Pero el poder continuó circulando por cauces extraordinariamente familiares.

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HACIA EL DICCIONARIO DE LOS CONVERSOS

Este capítulo obliga a modificar ligeramente la galería biográfica.

Ya no bastará con estudiar individuos aislados.

Cada entrada deberá situar al personaje dentro de su red familiar, profesional y política.

No para acusarlo por parentesco.

Sino para mostrar cómo se reproduce el poder.

Cada ficha incluirá:

Origen familiar.
Padres, abuelos y entorno social cuando guarden relación demostrable con su acceso a la vida pública.

Formación y primeros apoyos.
Centros de estudio, protectores, organizaciones y puestos iniciales.

Relación con el franquismo.
Personal o familiar, distinguiendo cargos relevantes de la mera vida profesional bajo el régimen.

Conversión o evolución.
Cuándo cambió, por qué lo hizo y si reconoció públicamente su pasado.

Acceso al mando.
Partidos, ministerios, parlamentos, tribunales, universidades, empresas, sindicatos o medios.

Relato posterior.
Cómo presentó su propia biografía y qué partes subrayó, omitió o reinterpretó.

Red de continuidad.
Familiares, discípulos, socios, colaboradores y herederos políticos.

Grado de certeza.
Hechos probados, indicios razonables, informaciones discutidas y afirmaciones no suficientemente acreditadas.

Sólo mediante ese método podrá comprenderse que el transformismo español no es una colección de conversiones individuales.

Es un sistema de continuidad.

El converso cambia de ideas.

El clan cambia de partido.

La oligarquía cambia de lenguaje.

Y el poder cambia de manos sin salir, demasiadas veces, del mismo círculo.

EL DICCIONARIO DE LOS CONVERSOS Y HEREDEROS DEL PODER

I. La corte socialista: del partido clandestino a la nueva clase dirigente

La victoria socialista de 1982 suele presentarse como la llegada al poder de una generación completamente nueva, procedente de la oposición y destinada a sustituir las estructuras heredadas del franquismo.

La realidad fue más ambigua.

El PSOE que llegó al Gobierno no era el viejo partido obrero que había sobrevivido débilmente en el exilio. Era una organización reconstruida durante los últimos años del régimen, integrada por jóvenes universitarios, abogados, profesores, técnicos, economistas y funcionarios pertenecientes, en muchos casos, a la misma sociedad que afirmaban venir a transformar.

No desembarcaron desde otro país.

Habían nacido, estudiado y comenzado sus carreras en la España franquista.

Muchos procedían de familias integradas con plena normalidad en aquel mundo. Algunos habían conocido la clandestinidad y las detenciones. Otros desarrollaron una oposición más discreta. No pocos llegaron a la política cuando el régimen daba ya sus últimos pasos.

La nueva clase dirigente no fue una tropa de maquis descendida de la sierra.

Fue una generación preparada para ocupar el Estado.

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Felipe González Márquez: del antifranquismo real a la construcción de una nueva oligarquía

Felipe González nació en Sevilla en 1942, estudió Derecho, ingresó en el PSOE durante el franquismo y desarrolló actividad clandestina bajo el nombre de «Isidoro». Su oposición no fue inventada después de 1975. Participó en la reconstrucción interior de un partido casi inexistente y encabezó la generación que desplazó a la antigua dirección del exilio.

Hasta aquí, los hechos.

Otra cuestión es lo que ocurrió después.

González llegó a la Presidencia del Gobierno en 1982 y permaneció en ella hasta 1996. Bajo sus mandatos España ingresó en la Comunidad Económica Europea, consolidó su pertenencia a la OTAN, acometió reconversiones industriales, amplió el Estado autonómico y levantó una extensa red de empresas públicas, organismos, medios afines, fundaciones, sindicatos subvencionados y relaciones entre poder político y poder económico.

El opositor terminó convertido en jefe de una nueva corte.

Alrededor del Gobierno socialista crecieron empresarios, banqueros, periodistas, altos funcionarios, consultores, abogados y dirigentes sindicales. La izquierda que había denunciado a las oligarquías descubrió que gobernar consistía también en crear las propias.

La conversión de Felipe González no fue del franquismo a la democracia.

Fue del socialismo obrero a la razón de Estado; del marxismo formal al pragmatismo; de la crítica a la Alianza Atlántica a la defensa de la permanencia en ella; y del partido de los trabajadores a la dirección de una poderosa trama institucional, económica y mediática.

Nada obliga a considerar ilegítima esa evolución.

Pero tampoco debe presentarse como una trayectoria lineal y sin contradicciones.

González fue opositor verdadero.

Después fue constructor del régimen que sus herederos terminarían llamando, según conviniera, democracia ejemplar o «régimen del 78».

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Alfonso Guerra González: el guardián del aparato

Alfonso Guerra nació en Sevilla en 1940, estudió Filosofía y Letras y ejerció como profesor. Fue diputado desde las Cortes Constituyentes hasta la X Legislatura y participó en la Comisión Constitucional. Su carrera parlamentaria se extendió durante más de tres décadas, circunstancia que lo convirtió en uno de los políticos de más larga permanencia del periodo democrático.

Guerra no fue un recién llegado después de la muerte de Franco. Participó en la reconstrucción del PSOE sevillano, acompañó a Felipe González en la conquista del partido y se convirtió en principal organizador del aparato socialista.

Si González representaba el rostro presidencial, Guerra encarnaba la maquinaria.

Selección de candidatos.

Control orgánico.

Disciplina interna.

Relaciones territoriales.

Equilibrio entre familias del partido.

Su célebre afirmación de que, después de la victoria socialista, «a España no la iba a conocer ni la madre que la parió» resumía la ambición transformadora de aquella generación. También expresaba una concepción del poder que no siempre distinguía con claridad entre gobernar el Estado y ocuparlo.

Guerra fue vicepresidente del Gobierno y presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Su prolongada vida política demuestra que el partido nacido para representar a los trabajadores se convirtió rápidamente en una organización profesionalizada, jerarquizada y dotada de sus propios notables.

Con el paso de los años, Guerra se distanció de algunas posiciones adoptadas por el PSOE, especialmente en materia territorial y de alianzas con el separatismo. El antiguo guardián de la ortodoxia terminó contemplando con desconfianza la nueva ortodoxia.

También los inquisidores envejecen y descubren que otro tribunal ha ocupado su lugar.

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Joaquín Almunia: de la UGT y el ministerio a Bruselas

Joaquín Almunia nació en Bilbao en 1948. Se licenció en Derecho y Ciencias Económicas, trabajó entre 1971 y 1975 en la delegación de las Cámaras de Comercio españolas ante la Comunidad Económica Europea y, desde 1976, como asesor económico de la UGT. Fue diputado durante ocho legislaturas, ministro de Trabajo, ministro para las Administraciones Públicas, secretario general del PSOE y posteriormente comisario europeo.

Su trayectoria constituye una muestra perfecta de circulación por los distintos pisos del poder.

Organización sindical.

Partido.

Congreso.

Ministerio.

Dirección socialista.

Instituciones europeas.

Almunia no fue un antifranquista de epopeya clandestina. Su carrera se preparó en los últimos años del régimen y se desarrolló plenamente en la democracia.

Tampoco pertenece a la categoría del converso oportunista.

Representa al técnico-político que acompaña la transformación del socialismo español desde el sindicalismo y la economía dirigida hacia el europeísmo, la disciplina presupuestaria y la administración supranacional.

La vieja izquierda decía defender la soberanía popular.

La nueva izquierda aprendió a gobernar desde Bruselas.

El político nacional terminó convertido en funcionario político europeo, alejado del control directo de los electores españoles y plenamente integrado en una estructura donde los partidos colocaron durante décadas a antiguos ministros, dirigentes retirados y miembros de confianza.

La Unión Europea fue presentada como superación del caciquismo español.

También se convirtió en una magnífica residencia para sus élites.

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Manuel Marín: el europeísmo como carrera de Estado

Manuel Marín perteneció igualmente a la generación socialista que se formó durante el tardofranquismo y alcanzó el poder después de la Transición.

Ingresó en el PSOE antes de la muerte de Franco, fue diputado, secretario de Estado para las relaciones con las Comunidades Europeas, vicepresidente de la Comisión Europea y presidente del Congreso.

Su figura quedó asociada a la negociación de la entrada española en Europa y al programa Erasmus.

Marín representa la nueva aristocracia europeísta: juristas, economistas y altos cargos capaces de transitar entre Madrid y Bruselas con la misma naturalidad con la que las antiguas familias cortesanas se desplazaban entre el ministerio y la embajada.

En su caso se han difundido antecedentes familiares relacionados con Falange y con asociaciones de excombatientes. Esos extremos requieren comprobación documental individual y no deben presentarse como hechos definitivos sin consultar archivos y fuentes primarias.

La cuestión principal no reside, en cualquier caso, en su padre.

Reside en la continuidad social.

Un joven perteneciente a una familia integrada en la España anterior pudo ingresar en el socialismo tardío y terminar ocupando algunas de las más altas posiciones nacionales y europeas.

El cambio ideológico no destruyó el camino hacia el poder.

Lo ensanchó.

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LA JUDICATURA: TOGAS, CLANES Y CONTINUIDAD

La República de los cuerpos

La política visible cambia con las elecciones.

Los altos cuerpos del Estado poseen otra medida del tiempo.

Jueces.

Fiscales.

Abogados del Estado.

Letrados de las Cortes.

Diplomáticos.

Notarios.

Registradores.

Inspectores.

Catedráticos.

Sus carreras duran décadas y atraviesan Gobiernos de signo contrario.

Esa continuidad es necesaria para que el Estado no se derrumbe cada vez que cambia el poder político.

Pero también puede convertirse en un mecanismo de reproducción de élites.

Quien nace en una familia judicial conoce desde niño un mundo inaccesible para la mayoría.

Sabe qué oposición preparar.

Conoce sus exigencias.

Dispone de biblioteca, orientación, apoyo económico y relaciones.

Ha escuchado hablar de salas, recursos, destinos, ascensos y nombramientos durante las comidas familiares.

Nada de ello invalida el esfuerzo exigido para aprobar una oposición.

Pero el mérito no se desarrolla en el vacío.

Unos comienzan la carrera desde la línea de salida.

Otros llegan a ella después de recorrer varios kilómetros.

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De padres a hijos: la toga como herencia ambiental

En España no existe herencia jurídica automática de una plaza judicial.

El hijo de un magistrado debe aprobar la oposición como cualquier otro aspirante cuando accede por ese turno.

Sin embargo, existe una herencia ambiental evidente.

Preparación.

Tiempo.

Recursos.

Conocimientos.

Contactos.

Prestigio familiar.

Acceso a preparadores.

Comprensión anticipada del funcionamiento de los cuerpos.

A ello se añaden los puestos discrecionales.

Presidencias de Audiencias.

Magistraturas del Tribunal Supremo.

Vocalías del Consejo General del Poder Judicial.

Fiscalías de sala.

Tribunal Constitucional.

Consejo de Estado.

En esos nombramientos, el mérito profesional convive con la negociación política, las afinidades asociativas y los apoyos internos.

La toga no siempre se hereda.

La cercanía al lugar donde se reparten las togas, sí.

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La continuidad entre dictadura y democracia

Numerosos jueces y fiscales que comenzaron su carrera antes de 1975 continuaron ejerciendo en democracia.

No hubo una sustitución general.

Tampoco una revisión completa de las actuaciones profesionales anteriores.

La Transición optó por la continuidad.

Esa decisión evitó la parálisis de los tribunales, pero permitió también que magistrados formados en un régimen autoritario alcanzaran después puestos destacados en el nuevo Estado de Derecho.

Algunos evolucionaron sinceramente.

Otros aplicaron simplemente las nuevas leyes.

Y no faltaron quienes terminaron convertidos en autoridades morales del antifranquismo judicial.

José Antonio Martín Pallín comenzó en la fiscalía durante el franquismo.

Carlos Jiménez Villarejo ingresó igualmente en el ministerio fiscal antes de la democracia.

Cándido Conde-Pumpido entró en la carrera judicial en 1974.

Baltasar Garzón comenzó ya durante la nueva etapa constitucional, aunque hizo de la investigación retrospectiva del franquismo una de sus grandes causas públicas.

No se trata de negar sus méritos profesionales.

Se trata de observar que el nuevo Estado fue administrado, en buena medida, por personas formadas en el anterior o inmediatamente después de su desaparición.

La ruptura fue política.

La continuidad fue humana.

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El Consejo General del Poder Judicial: de garantía a reparto

El Consejo General del Poder Judicial fue concebido como órgano de gobierno de los jueces.

Su finalidad -teórica- era proteger la independencia judicial frente al Gobierno.

Sin embargo, la evolución de su sistema de elección terminó sometiendo la designación de sus vocales a negociaciones entre partidos.

Las formaciones políticas comenzaron a hablar abiertamente de puestos correspondientes a cada una, de sectores progresistas y conservadores y de candidatos aceptables para unos u otros.

La Constitución no creó vocales socialistas, populares, nacionalistas o progresistas.

La partitocracia sí.

A partir de entonces, cada renovación se pareció demasiado a un reparto.

Los partidos afirmaban defender la independencia judicial mientras negociaban los nombres de quienes debían gobernar a los jueces.

Y los ciudadanos contemplaban cómo el árbitro era elegido por los jugadores.

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El Tribunal Supremo y la carrera prolongada

El Tribunal Supremo reúne magistrados con trayectorias profesionales extensísimas. La actual presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló, ingresó en la carrera judicial en 1985 y fue nombrada presidenta en septiembre de 2024. La biografía oficial de los miembros del alto tribunal muestra carreras iniciadas, en muchos casos, durante las décadas de 1980 y 1990, con pasos por juzgados, audiencias, tribunales superiores, la Audiencia Nacional, gabinetes técnicos y órganos de gobierno judicial.

Esta larga formación constituye una garantía de experiencia.

También crea un mundo cerrado, dotado de lenguaje, jerarquías, asociaciones y redes propias.

Quien llega al Supremo rara vez aparece de improviso.

Ha recorrido durante décadas una cadena de destinos, especializaciones, cargos gubernativos y relaciones profesionales.

El problema comienza cuando la promoción depende menos de las sentencias y de la capacidad jurídica que de apoyos asociativos, pactos políticos o afinidades ideológicas.

Entonces la carrera deja de parecer una sucesión de méritos.

Empieza a parecer una sucesión de padrinazgos.

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Los sectores progresista y conservador

La existencia pública de «sectores» dentro de los tribunales superiores merece una reflexión.

Un juez puede poseer convicciones políticas.

Es ciudadano.

Tiene ideas.

Lo inadmisible es que una sentencia pueda predecirse por la etiqueta ideológica atribuida al magistrado.

Cuando la prensa anuncia que una resolución dependerá de la mayoría progresista o conservadora, la confianza en la justicia queda dañada, cualquiera que sea el contenido final de la sentencia.

La ley debería ser el criterio.

No la procedencia del nombramiento.

No la asociación judicial.

No el Gobierno que propuso al magistrado.

Sin embargo, la partitocracia ha logrado algo extraordinario: normalizar que los altos tribunales se describan como pequeños parlamentos togados.

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Cándido Conde-Pumpido: la culminación de una dinastía jurídica

Cándido Conde-Pumpido Tourón representa de forma especialmente clara la prolongación de una tradición familiar en los altos cuerpos jurídicos.

Su familia cuenta con varias generaciones relacionadas con la judicatura y la fiscalía. Él ingresó en la carrera judicial en 1974, fue magistrado del Tribunal Supremo, fiscal general del Estado durante los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, magistrado del Tribunal Constitucional y presidente de este tribunal.

No existe reproche alguno en proceder de una familia de juristas.

El problema reside en la imagen de un sistema que permite a determinados apellidos atravesar todos los regímenes y alcanzar siempre las cimas institucionales.

El franquismo.

La Transición.

El socialismo gobernante.

El Tribunal Supremo.

La Fiscalía General.

El Tribunal Constitucional.

No es una trayectoria individual cualquiera.

Es el retrato de una casta profesional capaz de adaptarse a todos los cambios…

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Carlos Lesmes y la prolongación del mandato

Carlos Lesmes ingresó en la carrera fiscal, pasó después a la judicatura, ocupó puestos en el Ministerio de Justicia y fue presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Su prolongación al frente del órgano de gobierno de los jueces durante años de bloqueo en la renovación simbolizó una de las grandes anomalías del sistema.

No fue únicamente responsabilidad personal.

Fue consecuencia de la incapacidad —o falta de voluntad— de los grandes partidos para alcanzar un acuerdo.

El Consejo encargado de velar por la independencia judicial permaneció atrapado por la disputa partidista sobre su composición.

La Justicia se convirtió así en rehén de quienes afirmaban querer liberarla.

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Dolores Delgado: del ministerio a la Fiscalía General

Dolores Delgado desarrolló una extensa carrera fiscal antes de ser nombrada ministra de Justicia y, posteriormente, fiscal general del Estado.

Su paso directo desde un cargo político ministerial a la jefatura del ministerio fiscal abrió una controversia inevitable sobre la apariencia de independencia de la institución.

No era necesario negar su experiencia profesional.

La cuestión era institucional.

¿Puede el ciudadano confiar plenamente en la autonomía de la Fiscalía cuando su máxima responsable ha formado parte inmediatamente antes del Gobierno que la propone?

La ley puede permitirlo.

La prudencia democrática aconseja evitarlo.

La colonización política no siempre exige dar órdenes.

A veces basta con elegir a quien no necesita recibirlas.

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Álvaro García Ortiz y la fiscalía bajo sospecha política

La Fiscalía General del Estado ha seguido ocupando el centro de la lucha partidista.

Cada nombramiento se interpreta según el Gobierno que lo impulsa.

Cada instrucción se examina buscando afinidades.

Cada actuación polémica alimenta la sospecha de dependencia.

La frase pronunciada en su día por un presidente del Gobierno —«¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está»— resumió, quizá de manera involuntaria, la degradación de la apariencia institucional.

Una democracia sólida no puede conformarse con que los fiscales actúen legalmente.

Debe procurar que su independencia resulte también creíble.

La confianza pública no se sostiene sólo con boletines oficiales.

Se sostiene con distancia efectiva respecto del poder.

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Las asociaciones judiciales: partidos sin elecciones

Las asociaciones judiciales cumplen una función legítima de representación profesional y defensa de modelos distintos de justicia.

Pero su identificación pública con bloques ideológicos ha contribuido a trasladar la lógica partidista al interior de la carrera.

Candidaturas.

Cuotas.

Negociaciones.

Apoyos.

Afinidades.

Listas.

El juez individual puede ser plenamente independiente.

La estructura colectiva puede, sin embargo, funcionar como un sistema de promoción y pertenencia.

El magistrado sabe qué asociación posee más influencia.

Quién propone candidatos.

Quién mantiene relaciones con determinados partidos.

Qué nombres circulan para los altos puestos.

Así, la independencia formal convive con incentivos muy humanos.

La carrera puede avanzar por mérito.

También por alineamiento.

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El Supremo, el Constitucional y el ciudadano perplejo

El ciudadano corriente no conoce las diferencias técnicas entre jurisdicción ordinaria y constitucional.

Ve, sencillamente, tribunales.

Cuando observa que una sentencia del Supremo puede ser revisada por un Constitucional dividido políticamente; cuando escucha hablar de mayorías progresistas y conservadoras; cuando comprueba que los magistrados han sido propuestos por partidos; y cuando los fallos coinciden con demasiada frecuencia con esas etiquetas, concluye que la Justicia forma parte del combate político.

Puede estar equivocado en cada caso particular.

Pero la apariencia importa.

La mujer de César no sólo debe ser honrada.

También debe parecerlo.

La Justicia, todavía más.

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GATOPARDISMO TOGADO

La judicatura española no constituye una conspiración familiar ni un bloque homogéneo.

Contiene miles de profesionales honrados, independientes y laboriosos.

Pero su cúspide muestra algunos de los mismos rasgos presentes en la política:

continuidad de apellidos;

reproducción ambiental;

carreras cerradas;

nombramientos discrecionales;

afinidades ideológicas;

pactos entre partidos;

circulación entre fiscalía, ministerios, tribunales y consejos;

y una sorprendente capacidad para sobrevivir a todos los cambios de régimen.

El político cambia de escaño.

El magistrado cambia de sala.

El alto funcionario cambia de ministerio.

El apellido continúa en el boletín.

Ése es el gatopardismo togado.

Todo cambia para que la arquitectura profunda del poder permanezca.

Y cuando algún miembro de esa arquitectura se convierte después en antifranquista de diez apellidos democráticos, el círculo queda completo:

el heredero de las instituciones del Estado anterior termina juzgando moralmente a quienes nunca disfrutaron de su posición.

DE LA MILITANCIA A LA PROFESIÓN

Cuando la política dejó de ser un servicio para convertirse en una carrera

Uno de los cambios más profundos experimentados por España durante el último medio siglo apenas recibe atención.

No consiste en la alternancia entre partidos.

Consiste en la transformación del propio político.

Durante buena parte del siglo XIX y comienzos del XX, la mayoría de los diputados, ministros y alcaldes procedían de profesiones previas.

Abogados.

Médicos.

Militares.

Ingenieros.

Catedráticos.

Empresarios.

Agricultores.

Periodistas.

Tenían un oficio antes de entrar en política.

Y, al menos en teoría, podían regresar a él.

La política constituía una etapa.

No una forma permanente de vida.

Ese modelo comenzó a desaparecer lentamente durante la segunda mitad del siglo XX.

Hoy resulta frecuente encontrar dirigentes cuya única profesión conocida ha sido la propia política.

Empiezan en las juventudes del partido.

Después ocupan un puesto de asesor.

Más tarde una concejalía.

Luego una dirección general.

Después una secretaría de Estado.

Más adelante un ministerio.

Y, cuando abandonan el Gobierno, encuentran acomodo en una empresa pública, un organismo internacional, una fundación, un consejo consultivo o una institución europea.

La política deja entonces de representar ciudadanos.

Empieza a representar carreras profesionales.

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La nueva nobleza administrativa

La nobleza tradicional heredaba títulos.

La nueva nobleza hereda relaciones.

No necesita castillos.

Le bastan despachos.

No necesita escudos.

Le basta un carné de partido.

No necesita privilegios legales.

Le bastan nombramientos.

El poder deja de transmitirse únicamente entre padres e hijos.

También circula entre compañeros de promoción, colaboradores, asesores, antiguos jefes de gabinete, dirigentes juveniles, miembros de ejecutivas y responsables territoriales.

La familia biológica continúa siendo importante.

Pero aparece otra familia igualmente poderosa.

La familia política.

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Las juventudes como vivero

Las organizaciones juveniles de los partidos cumplen una función legítima.

Forman cuadros.

Preparan dirigentes.

Acercan a los jóvenes a la vida pública.

El problema aparece cuando dejan de ser escuelas de ciudadanía para convertirse en academias de colocación.

Quien ingresa muy pronto en la organización aprende antes la disciplina interna que la vida profesional.

Conoce reglamentos antes que empresas.

Aprende a negociar listas antes que contratos.

Domina congresos antes que talleres.

Y llega a los cuarenta años con una larga experiencia política… pero sin haber trabajado apenas fuera de ella.

No es una crítica personal.

Es una descripción sociológica.

La profesionalización modifica inevitablemente la forma de gobernar.

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La colonización institucional

El fenómeno no afecta sólo a los ministerios.

Se extiende a:

• empresas públicas;
• fundaciones;
• observatorios;
• consejos consultivos;
• organismos reguladores;
• agencias independientes;
• medios públicos;
• defensorías;
• universidades;
• consorcios;
• institutos de investigación.

Cada cambio de Gobierno suele implicar también un cambio de equipos directivos.

La frontera entre Administración y partido se vuelve más difusa.

No siempre existe ilegalidad.

Pero sí una creciente identificación entre quien gobierna y quien administra.

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Europa como prolongación de la carrera

La integración europea abrió una nueva etapa.

Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo ofrecieron espacios para continuar carreras políticas nacionales.

Antiguos ministros.

Comisarios.

Eurodiputados.

Altos funcionarios.

Representantes permanentes.

Consejeros.

Expertos.

El retiro político dejó de significar retirada.

Pasó a significar traslado.

La carrera podía continuar lejos del escrutinio cotidiano del elector.

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La paradoja democrática

La democracia nació para impedir que el poder quedara concentrado en pocas manos.

Sin embargo, la profesionalización de la política ha producido un efecto inesperado.

Ha creado una clase dirigente extraordinariamente estable.

Cambian los partidos.

Cambian los gobiernos.

Pero buena parte de quienes ocupan el espacio político pertenecen al mismo universo social, administrativo y profesional.

Conocen los mismos pasillos.

Frecuentan los mismos foros.

Participan en los mismos cursos.

Comparten asesores.

Rotan entre instituciones.

Y, cuando abandonan un cargo, rara vez abandonan el poder.

Simplemente cambian de despacho.

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¿Una nueva aristocracia?

No posee títulos nobiliarios.

No hereda mayorazgos.

No viste uniforme.

Pero comparte algunos rasgos de las antiguas aristocracias.

Tiende a reproducirse.

Protege a los suyos.

Controla el acceso a determinados puestos.

Desarrolla un lenguaje propio.

Y considera natural ejercer funciones de dirección.

La diferencia consiste en que ya no invoca la sangre.

Invoca el mérito.

Y, en muchos casos, ese mérito existe.

Lo que conviene preguntarse es si todos los ciudadanos parten realmente desde el mismo punto para alcanzarlo.

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Este enfoque mantiene el hilo conductor del ensayo —la continuidad de las élites y el transformismo político— sin depender de atribuciones personales que puedan ser discutidas o insuficientemente documentadas. A partir de aquí, las biografías individuales (Zapatero, Pedro Sánchez, dirigentes de Podemos, nacionalistas o miembros de la judicatura) pueden servir como estudios de caso, siempre distinguiendo con claridad entre hechos acreditados, interpretaciones y cuestiones que permanecen abiertas al debate histórico.

LA SEGUNDA CORTE SOCIALISTA

Del partido de los obreros al partido de los profesionales de la política

El PSOE que llegó al poder en 1982 todavía conservaba dirigentes procedentes de la oposición, del sindicalismo, de la universidad y de profesiones ejercidas antes de la política.

Con el paso de los años fue apareciendo otro tipo humano.

El militante que ingresa joven en el partido.

El asesor.

El concejal.

El secretario de organización.

El diputado.

El ministro.

El eurodiputado.

El alto cargo.

La política dejó de ser una etapa de la vida profesional y terminó convirtiéndose, para muchos, en la profesión misma.

El fenómeno no pertenece únicamente al PSOE. Se reproduce en casi todos los partidos. Pero el socialismo español, por su prolongado dominio de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, ministerios, empresas públicas, sindicatos y organismos europeos, dispuso de una capacidad incomparable para formar su propia clase dirigente.

Ya no se trataba de cambiar la sociedad desde fuera.

Se trataba de ocupar, administrar y conservar el Estado.

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José Blanco: el partido como oficio completo

José Blanco López nació en Palas de Rei en 1962. Comenzó estudios de Derecho, trabajó como administrativo y desarrolló desde muy joven su trayectoria dentro del socialismo gallego. Fue concejal, senador, diputado durante cinco legislaturas, miembro del Comité Federal, vicesecretario general del PSOE, ministro de Fomento y portavoz del Gobierno.

Su biografía representa de forma especialmente clara la conversión de la militancia en carrera.

No llegó al ministerio después de una larga experiencia empresarial, técnica, docente o profesional independiente.

Llegó después de recorrer casi todos los escalones del partido.

Agrupación local.

Organización regional.

Senado.

Congreso.

Dirección federal.

Ministerio.

La estructura partidista actuó como universidad, empresa y ascensor.

Blanco no pertenece propiamente a la categoría de antifranquista sobrevenido por reconstrucción familiar. Su generación era demasiado joven para haber combatido al régimen.

Pertenece a otra: la de los políticos que heredaron del antifranquismo una identidad ya preparada y la utilizaron como parte natural del patrimonio ideológico del partido.

No tuvieron que demostrar oposición.

La afiliación socialista la daba por supuesta.

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Leire Pajín: ascenso veloz y genealogía cuidadosamente olvidada

Leire Pajín nació en 1976, después de la muerte de Franco. Su carrera se desarrolló enteramente dentro de la democracia y del aparato socialista: Juventudes Socialistas, diputación, Secretaría de Estado, Secretaría de Organización y Ministerio de Sanidad.

No pudo ser antifranquista por experiencia propia.

Lo fue por pertenencia política.

Su caso interesa por dos motivos.

El primero es la rapidez del ascenso. Representa a la generación que ingresa muy pronto en la organización y alcanza responsabilidades elevadas sin una trayectoria profesional extensa fuera de ella.

El segundo son las informaciones publicadas sobre la vinculación de sus abuelos paternos con Falange y la Sección Femenina. Esas afirmaciones se han repetido durante años, pero no aparecen siempre acompañadas de documentos primarios completos. Deben mantenerse, por tanto, como datos pendientes de comprobación archivística definitiva.

Aunque llegaran a acreditarse plenamente, no constituirían reproche moral contra Pajín.

Su importancia residiría en otra cosa: mostrar hasta qué punto el partido progresista podía purificar cualquier genealogía propia mientras examinaba con severidad la genealogía ajena.

Nacida después de Franco, criada en democracia y procedente —según las informaciones difundidas— de una familia con antecedentes integrados en el régimen, Pajín terminó convertida en dirigente de una izquierda que hablaba desde una supuesta continuidad histórica con los vencidos.

No heredó culpa alguna.

Heredó, en cambio, la absolución automática del partido correcto.

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Carmen Calvo: universidad, taifa andaluza y mando nacional

Carmen Calvo nació en 1957. Se formó como jurista, obtuvo el doctorado en Derecho Constitucional, fue profesora titular y secretaria general de la Universidad de Córdoba. Después pasó a la política autonómica como consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, fue diputada regional y nacional, ministra de Cultura, vicepresidenta del Congreso y vicepresidenta del Gobierno.

Su trayectoria reúne tres de los grandes cauces de ascenso del régimen del 78:

la universidad;

la autonomía;

y el partido nacional.

No procede del mundo obrero ni de la clandestinidad.

Procede de la clase universitaria que encontró en la Administración autonómica una puerta directa hacia el mando político.

Durante su etapa pública, Calvo se convirtió en una de las principales defensoras de las políticas de memoria, de las nuevas doctrinas igualitarias y de la utilización del Derecho como instrumento de transformación social.

Su autoridad no procedía de haber combatido al franquismo.

Tenía dieciocho años cuando murió Franco.

Procedía de su condición de jurista, dirigente socialista y administradora de una legitimidad política heredada.

El socialismo andaluz actuó como una auténtica corte de formación y promoción.

Consejería.

Parlamento autonómico.

Ministerio.

Mesa del Congreso.

Vicepresidencia.

El caciquismo territorial ya no necesitaba al notable rural.

Podía producir catedráticos, consejeros y ministros.

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EL SOCIALISMO COMO PILA BAUTISMAL

Los casos anteriores no son idénticos.

Zapatero convirtió una tragedia familiar en fundamento de la política memorial.

Blanco representa la militancia elevada a profesión completa.

Pajín simboliza el ascenso veloz de una generación nacida ya después del franquismo.

Calvo reúne universidad, autonomía y Gobierno central.

Sánchez culmina la utilización gubernamental del antifranquismo póstumo.

Todos comparten, sin embargo, una ventaja.

Ingresaron en el partido que otorgaba legitimidad retrospectiva.

El PSOE podía perdonar el pasado de una familia.

Podía transformar al hijo de un militar en dirigente progresista.

Al descendiente de un falangista en ministro demócrata.

Al funcionario del régimen en jurista de izquierdas.

Al periodista de los medios oficiales en autoridad de la libertad de prensa.

No había inconveniente en cambiar.

El inconveniente consistía en cambiar hacia el lado equivocado.

La pila bautismal progresista limpiaba las manchas antiguas.

Después concedía al recién bautizado la facultad de inspeccionar las manchas de los demás.

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DE LA PROFESIÓN POLÍTICA A LA CASTA

La profesionalización no sería necesariamente negativa si el poder permaneciera abierto, controlado y sometido a una verdadera rendición de cuentas.

El problema aparece cuando el político profesional controla también:

las listas electorales;

los nombramientos;

las empresas públicas;

las subvenciones;

las instituciones fiscalizadoras;

los medios públicos;

las organizaciones sindicales;

y una parte creciente de la judicatura superior.

Entonces la clase política deja de limitarse a gobernar.

Comienza a reproducirse.

El dirigente forma asesores.

Los asesores se convierten en diputados.

Los diputados llegan a ministros.

Los ministros colocan colaboradores.

Los colaboradores pasan a organismos públicos.

Los antiguos cargos desembarcan en Bruselas, fundaciones, consejos consultivos o empresas.

El sistema no necesita un plan secreto.

Funciona por inercia.

Cada miembro protege al siguiente porque espera ser protegido cuando llegue su turno.

Ésa es la verdadera familia política.

No comparte sangre.

Comparte carrera.

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LA JUDICATURA COMO LÍMITE… O COMO PARTE DEL REPARTO

Frente a esa expansión del poder partidista, la Justicia debería actuar como límite.

Pero el régimen del 78 dejó que la partitocracia penetrara también en sus cimas.

Consejo General del Poder Judicial.

Fiscalía General del Estado.

Tribunal Constitucional.

Nombramientos discrecionales.

Bloques progresistas y conservadores.

Asociaciones convertidas en cauces de influencia.

La colonización no afecta a la inmensa mayoría de jueces que resuelven diariamente asuntos ordinarios con independencia.

Afecta a los puestos donde se deciden las cuestiones capaces de alterar el equilibrio político nacional.

Cuando los partidos controlan la designación de quienes deben juzgar los límites del poder, la separación de poderes corre el riesgo de convertirse en una ceremonia.

El político profesional encuentra entonces su último refugio.

No basta con controlar el Gobierno y el Parlamento.

Aspira también a influir sobre el árbitro.

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EL GATOPARDISMO COMPLETO

La segunda corte socialista llevó el transformismo español a una fase superior.

No era necesario proceder personalmente del franquismo.

Bastaba con heredar sus estructuras, ocuparlas y presentarse como enemigo histórico de aquello que las había creado.

La Administración continuó.

Los altos cuerpos continuaron.

Las familias influyentes continuaron.

Las taifas autonómicas crecieron.

La soberanía se desplazó hacia Bruselas.

Los partidos colonizaron las instituciones.

Y quienes dirigían aquel proceso hablaban como si acabaran de bajar del monte después de cuarenta años de resistencia.

Todo había cambiado.

El lenguaje.

Las banderas.

Las leyes.

Los ministerios.

Pero el poder seguía circulando por cauces conocidos:

partido;

familia;

universidad;

alto cuerpo;

medio de comunicación;

autonomía;

institución europea.

El camaleón ya no necesitaba ocultarse.

Había aprendido a gobernar.

LA NUEVA IZQUIERDA Y LA REBELIÓN DE LOS HEREDEROS

De la protesta contra la casta a la construcción de una nueva casta

En 2014 irrumpió en la política española una fuerza que prometía romper con todo lo anterior.

Su discurso parecía sencillo.

La culpa de los males de España no correspondía ya únicamente a la vieja división entre derecha e izquierda.

Existía un nuevo adversario.

La casta.

La palabra tuvo un éxito inmediato.

Permitía reunir bajo una misma etiqueta a dirigentes políticos, banqueros, altos funcionarios, grandes empresarios, medios de comunicación y cualquier institución identificada con el llamado «régimen del 78».

El mensaje resultaba atractivo.

Muchos ciudadanos contemplaban con preocupación los efectos de la crisis económica, el desempleo, los casos de corrupción y el descrédito de los grandes partidos.

La promesa consistía en abrir puertas y ventanas.

Pero la realidad mostró pronto una paradoja frecuente en la historia política.

Los movimientos que nacen denunciando una élite suelen terminar creando la suya.

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La universidad como vivero político

Una parte importante de los dirigentes de la nueva izquierda procedía del mundo universitario.

Profesores.

Investigadores.

Becarios.

Colaboradores académicos.

Analistas políticos.

No llegaban desde las fábricas ni desde el sindicalismo clásico.

Su formación se había desarrollado principalmente en las facultades, los departamentos universitarios y los medios de comunicación.

No constituye reproche alguno.

La universidad debe participar en el debate público.

Lo relevante es advertir que el nuevo discurso revolucionario surgía, en gran medida, desde instituciones financiadas por el propio Estado al que se pretendía transformar.

La revolución nacía en las aulas.

No en las barricadas.

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Del movimiento a la organización

Todo movimiento político afronta el mismo dilema.

Mientras permanece en la oposición puede presentarse como voz espontánea de la sociedad.

Cuando aspira a gobernar necesita estructura.

Secretarías.

Portavocías.

Gabinetes.

Asesores.

Grupos parlamentarios.

Fundaciones.

Personal contratado.

Administración económica.

El movimiento termina convirtiéndose en organización.

Y la organización desarrolla intereses propios.

La historia se repite.

Quienes denunciaban el profesionalismo político descubren que gobernar exige también profesionales de la política.

Quienes criticaban las redes internas crean las suyas.

Quienes hablaban de horizontalidad establecen jerarquías.

No es un fenómeno exclusivo de una formación concreta.

Es una constante de casi todas las organizaciones humanas.

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La memoria como patrimonio político

La nueva izquierda heredó también una parte importante del lenguaje memorial desarrollado durante las décadas anteriores.

Muchos de sus dirigentes habían nacido después de 1975.

No participaron en la oposición al franquismo.

Su legitimidad no procedía de una experiencia personal.

Procedía de una tradición política asumida como propia.

El antifranquismo pasó a convertirse menos en un recuerdo vivido que en un elemento de identidad ideológica.

Ese fenómeno explica que personas nacidas en democracia hablaran con frecuencia del franquismo en primera persona política.

No porque hubieran sufrido aquel régimen.

Sino porque se consideraban continuadoras de quienes sí lo habían combatido.

Es una forma de legitimidad heredada, no necesariamente ilegítima, pero distinta de la experiencia directa.

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Cuando la crítica al poder se convierte en ejercicio del poder

El paso por las instituciones transforma inevitablemente a cualquier partido.

La gestión de ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos o empresas públicas obliga a tomar decisiones, elaborar presupuestos, nombrar responsables y administrar recursos.

La crítica deja paso al gobierno.

Y el gobierno produce responsabilidades.

A partir de ese momento, los ciudadanos juzgan menos los discursos que los resultados.

La verdadera prueba de un movimiento regenerador no consiste en denunciar los defectos del sistema.

Consiste en demostrar que gobierna de manera distinta cuando dispone de poder efectivo.

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El relevo de las élites

La historia política española muestra una pauta repetida.

No siempre cambian las reglas del juego.

Con frecuencia cambian quienes ocupan los principales asientos.

Una generación sustituye a otra.

Un partido releva a otro.

Una corriente ideológica desplaza a la anterior.

Sin embargo, determinadas formas de organización permanecen.

Centralización del poder interno.

Selección de candidatos desde las direcciones.

Dependencia de listas cerradas.

Profesionalización.

Redes de confianza.

Nombramientos.

La alternancia puede modificar los protagonistas sin alterar completamente el mecanismo.

Éste es, precisamente, uno de los rasgos característicos del transformismo político.

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LOS NACIONALISMOS Y LA CONTINUIDAD DE LAS OLIGARQUÍAS

La autonomía como estructura de poder

Las comunidades autónomas nacieron con la finalidad de descentralizar el Estado.

Con el paso de los años desarrollaron también sus propias élites políticas, administrativas y culturales.

Gobiernos.

Parlamentos.

Televisiones públicas.

Empresas públicas.

Universidades.

Fundaciones.

Organismos consultivos.

Instituciones culturales.

Cada comunidad fue creando un ecosistema de poder con personalidad propia.

En algunas de ellas, determinados partidos ejercieron una influencia muy prolongada.

Esa continuidad permitió formar redes de confianza, cuadros administrativos y proyectos políticos estables.

Al mismo tiempo, alimentó el riesgo de identificar partido e institución.

Cuando una misma fuerza gobierna durante décadas, la frontera entre Administración y organización política puede volverse menos nítida.

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La identidad como fuente de legitimidad

Los nacionalismos contemporáneos han encontrado en la historia, la lengua y la cultura elementos fundamentales de su discurso político.

Como ocurre con cualquier tradición política, existen interpretaciones diversas sobre el pasado.

El historiador trabaja con fuentes, contexto y debate crítico.

El político, en cambio, tiende a simplificar para construir un relato comprensible.

El riesgo aparece cuando el relato político sustituye al análisis histórico.

Entonces la memoria deja de ser un objeto de estudio para convertirse en un instrumento de movilización.

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El poder y el relato

Sea cual sea la ideología de quien gobierna, existe una tentación constante.

Presentar la propia llegada al poder como el comienzo de una etapa moralmente superior.

Y presentar a los adversarios como representantes de un pasado que debe ser superado.

Esa lógica no pertenece exclusivamente a una familia política.

Aparece, con distintos matices, en tradiciones conservadoras, socialdemócratas, nacionalistas, liberales o revolucionarias.

Precisamente por eso conviene distinguir siempre entre el análisis histórico y el combate político.

La historia busca comprender.

La política busca convencer.

Confundir ambas tareas suele empobrecer a las dos.

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Hacia una conclusión general

Después de recorrer estas biografías, instituciones y transformaciones, la cuestión central ya no consiste en decidir quién fue más franquista, más antifranquista o más converso.

La pregunta de fondo es otra.

¿Por qué determinados grupos muestran una capacidad tan notable para conservar influencia a través de cambios de régimen, constituciones, partidos y generaciones?

Responder a esa pregunta exige mirar menos los discursos y más las estructuras.

Menos las consignas y más las instituciones.

Menos las etiquetas y más las trayectorias.

Porque los nombres cambian.

Los mecanismos de reproducción del poder, con frecuencia, permanecen.

LA LEY DE HIERRO DE LAS OLIGARQUÍAS

¿POR QUÉ SIEMPRE ACABAN MANDANDO LOS MISMOS?

Llegados a este punto, el lector puede tener la impresión de que este ensayo habla únicamente de España.

Sería un error.

España posee peculiaridades propias.

Pero el fenómeno descrito es mucho más antiguo y mucho más universal.

Las oligarquías cambian de nombre.

Las élites se transforman.

Las ideologías se suceden.

Los regímenes nacen y desaparecen.

Pero el poder muestra una extraordinaria tendencia a concentrarse.

Y quienes consiguen alcanzarlo procuran conservarlo.

Esta observación no pertenece a ningún partido político.

Pertenece a la historia.

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Gaetano Mosca

La clase política

A finales del siglo XIX, el jurista y sociólogo italiano Gaetano Mosca llegó a una conclusión incómoda.

Todas las sociedades, incluso las que se consideran plenamente democráticas, terminan siendo gobernadas por una minoría.

No existe gobierno directo del pueblo.

Existe una organización minoritaria que dirige a una mayoría mucho más numerosa.

Mosca llamó a ese grupo dirigente clase política.

No afirmaba que toda élite fuera ilegítima.

Lo que sostenía era algo mucho más sencillo.

Las élites son inevitables.

La cuestión consiste en saber:

¿Cómo llegan al poder?

¿Cómo lo ejercen?

¿Y cómo pueden ser sustituidas?

Cuando las respuestas dejan de depender del mérito y pasan a depender de la cooptación, el parentesco, la obediencia o el clientelismo, la clase política degenera en oligarquía.

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Vilfredo Pareto

La circulación de las élites

Vilfredo Pareto desarrolló una idea complementaria.

Las élites nunca permanecen exactamente iguales.

Se renuevan.

Pero esa renovación rara vez significa desaparición.

Las viejas familias se mezclan con otras nuevas.

Los dirigentes incorporan personas procedentes de grupos anteriormente excluidos.

Los revolucionarios sustituyen a los antiguos gobernantes.

Y, pocos años después, ellos mismos constituyen una nueva aristocracia.

Pareto denominó a este fenómeno circulación de las élites.

No desaparece el poder.

Cambian sus administradores.

Cuando el relevo funciona con normalidad, el sistema mantiene cierto equilibrio.

Cuando deja de funcionar, aparecen la corrupción, el inmovilismo y las crisis.

España ofrece numerosos ejemplos.

La nobleza liberal sustituyó parcialmente a la absolutista.

Los notables de la Restauración reemplazaron a los revolucionarios de 1868.

La Segunda República creó nuevas élites.

El franquismo promovió otras.

La Transición incorporó una generación distinta.

Y el régimen autonómico añadió diecisiete aristocracias territoriales.

No desaparecieron las élites.

Simplemente cambiaron de composición.

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Robert Michels

La ley de hierro de las oligarquías

Quizá ninguna teoría explique mejor lo sucedido en España durante las últimas décadas que la formulada por Robert Michels.

Su famosa ley de hierro de las oligarquías sostiene que toda organización compleja acaba siendo dirigida por una minoría profesional.

Da igual que el partido sea revolucionario.

Sindical.

Religioso.

Conservador.

Socialista.

Liberal.

Ecologista.

Nacionalista.

Todos necesitan:

dirigentes;

secretarios;

tesoreros;

expertos;

administradores;

portavoces;

negociadores.

Con el tiempo, esos dirigentes adquieren experiencia.

Controlan la información.

Conocen los estatutos.

Designan candidatos.

Administran recursos.

Seleccionan sucesores.

Y terminan defendiendo antes la supervivencia de la organización que los fines con los que ésta nació.

Michels formuló esta teoría estudiando precisamente el Partido Socialdemócrata Alemán.

Paradójicamente, uno de los partidos más democráticos de Europa.

La conclusión resultó demoledora.

Incluso quienes luchan contra las oligarquías terminan creando una.

¿No recuerda extraordinariamente a la evolución de tantos partidos españoles?

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Joaquín Costa

La oligarquía y el caciquismo

Mucho antes de que estas teorías adquirieran fama internacional, Joaquín Costa ya había descrito el funcionamiento real del sistema político español.

Su diagnóstico continúa resultando inquietante.

España estaba gobernada por una alianza entre:

la oligarquía;

el caciquismo;

y una Administración sometida al poder político.

Costa no creía que bastara con cambiar gobiernos.

Era necesario transformar profundamente el funcionamiento del Estado.

Más de un siglo después siguen resultando familiares expresiones como:

clientelismo;

enchufismo;

redes de influencia;

colonización institucional;

partitocracia;

ocupación de organismos independientes.

Los nombres cambian.

Los mecanismos conservan un notable parecido.

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José Ortega y Gasset

La rebelión… de las minorías organizadas

Se suele citar a Ortega por La rebelión de las masas.

Pero quizá resulte más útil recordar otra de sus intuiciones.

Las sociedades necesitan minorías excelentes.

No aristocracias hereditarias.

No castas cerradas.

Sino personas capaces de asumir responsabilidades con competencia, ejemplaridad y sentido del deber.

Cuando esas minorías desaparecen o degeneran, la vida pública entra en decadencia.

El problema español quizá no haya consistido nunca en la existencia de élites.

Toda sociedad las posee.

El problema aparece cuando dejan de renovarse.

Cuando sustituyen la excelencia por la obediencia.

El mérito por la fidelidad.

La capacidad por el carné.

El servicio por la carrera.

Entonces la minoría dirigente deja de ser ejemplar.

Se convierte simplemente en dirigente.

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Alexis de Tocqueville

La democracia también puede producir oligarquías

Tocqueville observó otro fenómeno extraordinariamente actual.

Las democracias pueden generar formas nuevas de dependencia.

El ciudadano entrega progresivamente parcelas de autonomía al Estado.

Y el Estado crea una inmensa maquinaria administrativa.

Quien controla esa maquinaria dispone de un poder que ningún monarca absoluto habría imaginado.

Presupuestos.

Subvenciones.

Educación.

Sanidad.

Medios públicos.

Regulación económica.

Fiscalidad.

Estadística.

Tecnología.

Información.

Nunca había resultado tan sencillo dirigir la vida cotidiana de millones de personas sin necesidad de recurrir a la violencia.

Basta con administrar.

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James Burnham

La revolución de los directivos

James Burnham añadió otra pieza esencial.

El verdadero poder moderno ya no pertenece exclusivamente a los propietarios.

Pertenece a quienes administran las grandes organizaciones.

Directivos.

Altos funcionarios.

Gestores.

Expertos.

Tecnócratas.

Consejeros.

Presidentes ejecutivos.

La propiedad pierde importancia relativa.

La gestión gana poder.

España ha conocido perfectamente ese fenómeno.

Las empresas públicas.

Las agencias.

Las fundaciones.

Las empresas participadas.

Las autoridades independientes.

Los organismos europeos.

Todos generan una nueva clase dirigente cuya legitimidad ya no depende directamente del voto.

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La Unión Europea y la nueva oligarquía tecnocrática

La integración europea añadió otro escalón.

Buena parte de las decisiones fundamentales dejó de adoptarse exclusivamente en Madrid.

Bruselas.

Luxemburgo.

Fráncfort.

Estrasburgo.

Consejo.

Comisión.

Banco Central Europeo.

Tribunales europeos.

Miles de altos funcionarios ejercen competencias de enorme trascendencia sin responder directamente ante el elector español.

No constituye necesariamente un mal.

Pero sí modifica profundamente el principio clásico de responsabilidad política.

El ciudadano vota.

Quien decide puede encontrarse a dos mil kilómetros.

Y quien ejecuta puede afirmar que simplemente cumple normas europeas.

La responsabilidad se diluye.

El poder permanece.

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España como laboratorio del gatopardismo

España reúne casi todos los elementos descritos por estos autores.

La circulación de las élites de Pareto.

La clase política de Mosca.

La ley de hierro de Michels.

El caciquismo de Costa.

La preocupación orteguiana por las minorías directoras.

La tecnocracia descrita por Burnham.

Y el poder administrativo anunciado por Tocqueville.

Todo ello se mezcla con circunstancias específicamente españolas.

La Restauración.

La Guerra Civil.

El franquismo.

La Transición.

El Estado autonómico.

La integración europea.

El resultado constituye un sistema especialmente complejo.

No gobierna una única oligarquía.

Gobiernan varias.

La estatal.

Las autonómicas.

Las partidistas.

Las sindicales.

Las universitarias.

Las judiciales.

Las mediáticas.

Las económicas.

Y, cada vez más, las burocracias europeas.

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La verdadera pregunta

Después de recorrer todas estas páginas, quizá el lector espere una conclusión sencilla.

No la hay.

No basta con cambiar un partido por otro.

No basta con sustituir unas personas por otras.

No basta siquiera con aprobar nuevas leyes.

La pregunta decisiva sigue siendo la misma que formularon Mosca, Pareto, Michels y Joaquín Costa.

¿Cómo impedir que las élites necesarias para gobernar se conviertan en oligarquías permanentes?

Ésa es la cuestión.

No quién manda hoy.

Sino quién podrá sustituir mañana a quienes mandan.

Y, sobre todo, mediante qué procedimientos.

Porque una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones.

Se mide por la posibilidad real de renovar sus élites, exigirles responsabilidades y evitar que el poder termine convirtiéndose en patrimonio hereditario, partidista o clientelar.

Mientras eso no ocurra plenamente, el viejo Tancredi seguirá teniendo razón.

Cambiarán los discursos.

Cambiarán las banderas.

Cambiarán los partidos.

Cambiarán incluso las constituciones.

Pero los españoles continuarán preguntándose, generación tras generación, por qué da la impresión de que siempre acaban mandando los mismos.

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PUENTE HACIA EL EPÍLOGO

El recorrido histórico llega aquí a su término.

Sólo queda responder a una última cuestión.

¿Existe salida?

¿Puede una democracia limitar de verdad el poder de sus propias oligarquías?

¿O la historia demuestra que toda reforma termina siendo absorbida por el mismo mecanismo que pretendía corregir?

Ésa será la materia del epílogo.

No un catálogo de quejas.

Sino una reflexión sobre qué reformas institucionales podrían romper, o al menos debilitar, el viejo círculo del transformismo español.

DEL «JUICIO DE RESIDENCIA» A LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL SIGLO XXI

«Todo poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.»

La frase de Lord Acton se ha convertido en uno de los lugares comunes del pensamiento político.

Sin embargo, quizá convenga formular otra pregunta.

¿Por qué unas sociedades consiguen limitar esa corrupción mejor que otras?

La respuesta no depende únicamente de la virtud de los gobernantes.

Depende, sobre todo, de las instituciones.

Porque la Historia enseña una lección constante.

No basta confiar en hombres buenos.

Es preciso construir instituciones capaces de controlar incluso a los malos.

España conoció, durante siglos, un instrumento extraordinariamente interesante.

El juicio de residencia.

Al concluir su mandato, corregidores, gobernadores, virreyes, alcaldes mayores y otros altos cargos debían responder públicamente de su actuación.

No bastaba con abandonar el puesto.

Era necesario rendir cuentas.

Los vecinos podían denunciar abusos.

Se examinaban contratos.

Decisiones.

Enriquecimientos.

Nombramientos.

Conductas arbitrarias.

No era un sistema perfecto.

Ninguna institución humana lo es.

Pero partía de una idea extraordinariamente moderna.

El poder constituye un servicio temporal, no un patrimonio personal.

Con el tiempo, aquella institución desapareció.

La sustituyeron mecanismos propios del Estado liberal.

Muchos funcionaron razonablemente.

Otros quedaron absorbidos por los partidos.

Hoy asistimos a una paradoja llamativa.

Nunca ha existido una Administración tan extensa.

Nunca han manejado los gobernantes tantos recursos públicos.

Nunca se han aprobado tantos controles formales.

Y, sin embargo, la sensación de impunidad continúa creciendo.

Ministros que abandonan el cargo sin responder de decisiones ruinosas.

Presidentes autonómicos que multiplican deuda y organismos.

Alcaldes que inauguran proyectos inviables.

Altos funcionarios que firman resoluciones anuladas repetidamente por los tribunales.

Consejeros que pasan directamente a empresas reguladas por ellos mismos.

Presidentes que encuentran acomodo en consejos de administración.

Todo parece perfectamente legal.

Y, sin embargo, el ciudadano percibe que casi nadie responde realmente de sus actos.

La responsabilidad política se reduce con demasiada frecuencia a perder unas elecciones.

La responsabilidad administrativa suele terminar en un expediente.

La responsabilidad penal exige requisitos muy estrictos.

La responsabilidad patrimonial apenas se aplica.

Y la responsabilidad moral ha desaparecido casi por completo.

Quizá haya llegado el momento de recuperar el espíritu del antiguo juicio de residencia.

No para copiar literalmente una institución del siglo XVI.

Sería absurdo.

Pero sí para rescatar su principio inspirador.

Quien administra poder ajeno debe responder personalmente de su gestión.

Ello exigiría, entre otras medidas:

• reforzar la independencia efectiva del Poder Judicial;
• modificar el sistema de designación de los órganos constitucionales para reducir la influencia de los partidos;
• proteger de verdad a los denunciantes de corrupción;
• hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los cargos públicos cuando actúen con dolo o negligencia grave;
• limitar drásticamente las puertas giratorias;
• reducir la proliferación de organismos públicos innecesarios;
• reforzar la transparencia real de contratos, subvenciones y nombramientos;
• establecer evaluaciones independientes de las grandes políticas públicas;
• impedir que quien haya gestionado fondos públicos pueda refugiarse automáticamente en empresas beneficiadas por sus propias decisiones.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años.

Consiste también en poder exigir responsabilidades entre elección y elección.

Consiste en impedir que los partidos ocupen todas las instituciones.

Consiste en garantizar que los jueces no dependan de quienes después deben juzgar.

Consiste en recordar que el dinero público pertenece a los ciudadanos y no a quienes circunstancialmente lo administran.

Y consiste, sobre todo, en comprender que la libertad no sobrevive cuando el poder deja de responder ante alguien.

A lo largo de estas páginas hemos recorrido casi dos siglos de historia española.

Hemos visto cambiar constituciones, monarquías, repúblicas, dictaduras, transiciones, autonomías, partidos y gobiernos.

Hemos observado cómo muchos personajes cambiaban de bandera con admirable rapidez.

Cómo determinadas familias conservaban posiciones privilegiadas.

Cómo algunos conversos sinceros convivían con oportunistas consumados.

Cómo el antifranquismo llegó a convertirse, para algunos, en una especie de certificado hereditario de superioridad moral.

Y cómo las nuevas oligarquías aprendieron a utilizar la democracia para consolidar su propia permanencia.

No todos los cambios fueron aparentes.

España ha progresado extraordinariamente en muchos aspectos.

Sería injusto negarlo.

Pero tampoco conviene ignorar que los viejos mecanismos de reproducción del poder continúan mostrando una sorprendente capacidad de adaptación.

El camaleón cambia de color.

El gatopardo cambia el decorado.

La oligarquía cambia el discurso.

El presupuesto cambia de destinatario.

La burocracia cambia de nombre.

El ministerio cambia de competencias.

El partido cambia de siglas.

Pero el ciudadano sigue formulándose la misma pregunta que se hacían nuestros bisabuelos:

¿Quién controla realmente a quienes nos gobiernan?

Ésa, y no otra, constituye la cuestión decisiva.

Porque una democracia digna de tal nombre no necesita ciudadanos que veneren a sus gobernantes.

Necesita ciudadanos capaces de vigilarlos.

Como escribía Joaquín Costa, había que cerrar «con siete llaves el sepulcro del Cid» para dejar de vivir de viejas glorias.

Quizá hoy debamos añadir otra tarea.

Cerrar también, con las mismas siete llaves, el sepulcro de las viejas oligarquías.

No para sustituirlas por otras nuevas.

Sino para recordar que ningún apellido, ningún partido, ningún sindicato, ningún medio de comunicación, ninguna burocracia, ninguna autonomía, ningún juez, ningún empresario y ningún gobernante pueden situarse por encima del principio más sencillo y más revolucionario de todos:

el poder pertenece a los ciudadanos; los gobernantes sólo lo administran temporalmente y deben responder íntegramente por el uso que hagan de él.

Ésa era, en el fondo, la gran enseñanza del antiguo juicio de residencia.

Y quizá siga siendo, varios siglos después, una de las reformas pendientes de la democracia española.