CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Resumen para lectores apresurados

Las joyas pasan; los principios permanecen. Ésa constituye, quizá, la idea central de este ensayo.

El llamado «caso de las joyas de Zapatero» ha suscitado un intenso debate político y periodístico. La investigación pretende aclarar el origen de un lote de joyas de elevado valor, las circunstancias en que llegaron a manos del expresidente del Gobierno y la documentación que acredita su procedencia. Paralelamente, diversos periodistas han publicado informaciones sobre posibles gestiones realizadas en el extranjero para justificar ese origen. Entre ellas figura la difundida por Albert Castillón, según la cual el Rey Juan Carlos I habría movido sus contactos en los Emiratos Árabes Unidos para impedir cualquier intento de dar apariencia de legalidad a unas joyas cuya procedencia investiga la justicia. Esa información pertenece al ámbito periodístico y, como cualquier exclusiva, necesita confirmación mediante pruebas.

Más allá de nombres y circunstancias concretas, el verdadero interés del asunto reside en otra cuestión mucho más importante: ¿qué grado de transparencia debe exigirse a quienes han ejercido las más altas responsabilidades del Estado?

Una democracia no puede conformarse con que sus gobernantes afirmen que todo es correcto. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el origen de bienes de gran valor cuando existen dudas razonables sobre ellos. No basta con ofrecer explicaciones genéricas o versiones cambiantes. La mejor respuesta consiste en presentar documentos claros, completos y verificables que permitan reconstruir el recorrido de esos bienes desde su origen hasta su destino final.

El ensayo distingue cuidadosamente entre tres conceptos que con frecuencia se confunden.

En primer lugar, los hechos acreditados, que son aquellos respaldados por documentos, resoluciones judiciales o pruebas objetivas.

En segundo lugar, los indicios, que justifican una investigación, pero no equivalen a una prueba definitiva.

Y, por último, las opiniones o las informaciones periodísticas, cuyo valor depende de la solidez de las fuentes y de la posterior comprobación de los hechos.

Confundir esos tres planos conduce tanto a la condena precipitada como a la impunidad.

La reflexión se amplía después hacia una cuestión de carácter histórico. Durante siglos existió en España una institución casi olvidada: el juicio de residencia. Al terminar su mandato, virreyes, gobernadores, corregidores y otros altos cargos debían responder de su actuación. Se examinaban las cuentas, se escuchaban las quejas de los vecinos y se investigaban posibles abusos. Aquel sistema no era perfecto, pero respondía a un principio de extraordinaria actualidad: quien ejerce el poder debe rendir cuentas de su gestión.

Ese principio conserva hoy toda su fuerza.

Los cargos públicos administran recursos que no les pertenecen. El dinero del Estado no nace en los ministerios ni en las administraciones; procede del trabajo y de los impuestos de millones de ciudadanos. Por eso, la transparencia constituye una obligación y no una concesión.

El ensayo sostiene igualmente que la lucha contra la corrupción exige proteger a quienes denuncian irregularidades de buena fe. Una sociedad que castiga al denunciante y premia el silencio favorece la impunidad. Naturalmente, quien formule acusaciones falsas también debe responder de sus actos. La defensa de la verdad exige responsabilidad por ambas partes.

En sus páginas finales, el texto recupera una antigua enseñanza romana: «La mujer del César no sólo debe ser honrada; además, debe parecerlo.» Esa máxima resume una exigencia que sigue plenamente vigente. Quien ocupa un cargo de máxima responsabilidad no sólo debe respetar la ley; también debe actuar con una ejemplaridad que inspire confianza.

Aquí aparece una distinción esencial.

La legalidad fija el mínimo exigible.

La ejemplaridad representa el comportamiento que cabe esperar de un servidor público.

Y el honor expresa el compromiso personal de actuar con rectitud incluso cuando nadie observa.

Una sentencia judicial puede declarar la existencia o la inexistencia de un delito. Sin embargo, la ejemplaridad va más allá del Código Penal. La confianza de los ciudadanos no depende únicamente de las resoluciones de los tribunales; nace también de la claridad con que los gobernantes explican sus decisiones, su patrimonio y sus relaciones.

El caso de las joyas terminará algún día. Las investigaciones concluirán, los jueces dictarán sus resoluciones y los protagonistas desaparecerán de las portadas. Lo que permanecerá será una cuestión mucho más profunda: ¿queremos una vida pública en la que baste con no ser condenado, o aspiramos a que quienes ejercen el poder respondan de sus actos con la transparencia, la honestidad y la ejemplaridad que exige el servicio a la nación?

Ésa constituye, en definitiva, la verdadera enseñanza de este ensayo. Las personas pasan. Los cargos cambian de manos. Los escándalos acaban cayendo en el olvido. Pero una democracia sólo conserva su fortaleza cuando ningún gobernante considera ofensivo que los ciudadanos le pidan cuentas. La transparencia no debilita el poder; lo legitima. Y la confianza pública, una vez perdida, resulta mucho más difícil de recuperar que cualquier patrimonio material.

Si tu deseo es profundizar y saber más, sigue leyendo.

Las joyas de Zapatero y el Rey Emérito: cuando las preguntas valen más que las respuestas

Hay asuntos que, por sí solos, retratan una época. No porque su importancia material resulte extraordinaria, sino porque obligan a formular preguntas incómodas. El llamado «caso de las joyas de Zapatero» pertenece a esa categoría.

Nadie discute que las joyas existen. Nadie discute tampoco que forman parte de una investigación. A partir de ahí comienzan las preguntas.

¿Quién las entregó?

¿Cuándo?

¿Por qué?

¿En calidad de qué?

¿Con qué documentación?

Y, sobre todo, ¿puede reconstruirse, paso a paso, el recorrido de cada pieza desde que salió de manos de su primer propietario hasta que apareció en un despacho utilizado por un expresidente del Gobierno?

Ésa constituye la verdadera cuestión.

El resto pertenece al terreno de las conjeturas, de las versiones enfrentadas y de las informaciones periodísticas.

Las exclusivas también necesitan pruebas

El periodista Albert Castillón ha difundido una información llamativa.

Según sostiene, el Rey Juan Carlos I, desde Abu Dabi, ha realizado diversas gestiones entre personas influyentes de los Emiratos Árabes Unidos con el propósito de impedir que prospere cualquier intento de justificar el origen de esas joyas mediante documentos elaborados a posteriori.

Castillón atribuye esa información a sus propias fuentes.

Como ocurre con cualquier exclusiva periodística, corresponde ahora aportar pruebas que la respalden o aceptar su desmentido si los hechos discurren por otro camino.

Así funciona el buen periodismo.

Informar no consiste en dictar sentencias, sino en ofrecer datos contrastados y distinguir con claridad entre aquello que se sabe, aquello que se investiga y aquello que permanece envuelto en la incertidumbre.

Lo importante no son las joyas

Muchos observadores centran su atención en el valor económico del lote.

Se equivocan.

Tres millones de euros impresionan.

Pero el verdadero problema no reside en la cifra.

Lo importante consiste en conocer la historia de cada joya.

Toda pieza valiosa deja un rastro.

Existe alguien que la compra.

Alguien que la vende.

Alguien que la transporta.

Alguien que la asegura.

Alguien que firma recibos, declaraciones aduaneras o documentos de propiedad.

Las joyas no aparecen por generación espontánea.

Tienen pasado.

Y ese pasado puede reconstruirse.

Si la documentación resulta completa, desaparecen las dudas.

Si presenta lagunas, contradicciones o vacíos, las preguntas aumentan.

Nadie queda dispensado de dar explicaciones

José Luis Rodríguez Zapatero ocupó durante ocho años la Presidencia del Gobierno de España.

Quien desempeña una responsabilidad semejante acepta también una obligación permanente: explicar con claridad cualquier hecho que afecte a su patrimonio cuando éste despierta dudas razonables.

No se trata de invertir la carga de la prueba.

No corresponde al ciudadano demostrar la culpabilidad de nadie.

Pero tampoco corresponde al ciudadano aceptar explicaciones vagas cuando existen hechos objetivos que reclaman una respuesta convincente.

La transparencia deja de ser un eslogan cuando llega el momento de abrir los cajones.

La extraña paradoja del Rey Emérito

Si la información difundida por Castillón refleja fielmente lo ocurrido, la situación encierra una notable ironía.

Durante años, buena parte de la izquierda presentó al Rey Juan Carlos como el símbolo de todos los males de la Corona.

Ahora aparece precisamente él como la persona que, según esa información periodística, dificulta cualquier intento de limpiar el origen de unas joyas cuya procedencia investiga la justicia.

La paradoja resulta evidente.

Sin embargo, conviene mantener la cabeza fría.

Esa intervención forma parte, por ahora, de una información periodística que necesita confirmación mediante hechos comprobables.

La prudencia nunca sobra.

El viejo juicio de residencia

Nuestros antepasados resolvieron hace siglos este problema con una institución tan sencilla como eficaz.

La llamaron juicio de residencia.

Virreyes, gobernadores, corregidores y demás altos cargos no abandonaban tranquilamente su puesto.

Antes debían responder de su gestión.

Los vecinos podían presentar quejas.

Se examinaban las cuentas.

Se revisaban las decisiones.

Se escuchaban los testimonios.

Sólo después quedaban libres de responsabilidad.

Aquel sistema distaba mucho de la perfección.

Pero encerraba una enseñanza que conserva plena vigencia.

El poder no concede privilegios.

Impone obligaciones.

Quien administra bienes públicos debe aceptar el examen de su conducta.

Y cuanto más alto ocupa un cargo, mayor resulta su deber de rendir cuentas.

Ni linchamientos ni silencios

La democracia no necesita juicios paralelos.

Tampoco necesita zonas oscuras.

Entre ambos extremos existe un camino mucho más sólido.

Investigar.

Comprobar.

Preguntar.

Responder.

Examinar documentos.

Escuchar testigos.

Contrastar versiones.

Y, finalmente, dejar que los jueces decidan conforme a las pruebas.

Ésa constituye la única garantía frente a la arbitrariedad.

Una cuestión que supera a sus protagonistas

Quizá dentro de unos meses sepamos con exactitud cuál fue el origen de esas joyas.

Quizá algunas sospechas se desvanezcan.

Quizá otras se confirmen.

Lo verdaderamente importante permanece al margen de los nombres propios.

Hoy se llama Zapatero.

Mañana llevará otro apellido.

El principio no cambia.

En una democracia sana ningún gobernante debe molestarse porque los ciudadanos formulen preguntas acerca de bienes cuyo origen suscita dudas.

Al contrario.

La mejor manera de disipar cualquier sospecha consiste en abrir los archivos, mostrar la documentación y permitir que los hechos hablen por sí solos.

Las palabras convencen durante un tiempo.

Los documentos convencen mucho más.

Y las pruebas, cuando existen, terminan por imponer su autoridad sobre cualquier versión interesada.

La mujer del César… y el juicio de residencia

Los romanos dejaron una máxima que ha llegado hasta nuestros días: «La mujer del César no sólo debe ser honrada; además, debe parecerlo.»

La frase no alude únicamente a la esposa de Julio César. Encierra un principio de validez permanente: quien ejerce el poder ha de evitar no sólo la corrupción, sino también cualquier apariencia razonable de corrupción.

Un presidente del Gobierno, un ministro, un magistrado o un alto funcionario administran una parte de la confianza depositada por los ciudadanos. Esa confianza constituye un patrimonio mucho más valioso que cualquier fortuna particular. Cuando surgen dudas acerca del origen de determinados bienes, el silencio, las explicaciones confusas o las versiones cambiantes no ayudan a disiparlas. Al contrario, alimentan la desconfianza.

Los Reyes Católicos y, después, la Monarquía Hispánica entendieron muy bien esa exigencia. Por eso implantaron el juicio de residencia, una institución destinada a examinar la actuación de los altos cargos cuando concluían su mandato. No bastaba con abandonar el puesto. Había que responder de las decisiones adoptadas, del dinero administrado y de las posibles quejas de los administrados.

Aquel procedimiento no perseguía la perfección; perseguía algo mucho más importante: recordar que el poder nunca pertenece a quien lo ejerce. El cargo pasa; la responsabilidad permanece.

Cinco siglos después, España necesita recuperar ese espíritu, adaptado naturalmente a un Estado de Derecho moderno. No se trata de restaurar instituciones históricas, sino de rescatar el principio que las inspiraba.

Quien desempeña un cargo público de la máxima responsabilidad debe presentar una declaración completa de su patrimonio al acceder al puesto y otra al abandonarlo. Debe justificar cualquier incremento patrimonial significativo. Debe explicar el origen de regalos de elevado valor. Debe someterse al mismo escrutinio que exige a los demás.

La transparencia no puede convertirse en un arma que sólo se utiliza contra el adversario político. Ha de ser una obligación igual para todos.

Tampoco basta con endurecer las leyes. Resulta imprescindible proteger a quienes denuncian de buena fe posibles casos de corrupción. A lo largo de la historia demasiados denunciantes han pagado con su carrera profesional, con su patrimonio e incluso con su libertad el hecho de negarse a guardar silencio. Una sociedad que castiga al denunciante y premia al corrupto termina por acostumbrarse a la corrupción como si formara parte del paisaje.

Las instituciones no se regeneran mediante discursos grandilocuentes ni campañas de propaganda. Se regeneran cuando los ciudadanos comprueban que nadie disfruta de privilegios ante la ley y que todo servidor público responde de sus actos, de sus decisiones y de su patrimonio.

Ésa constituye la verdadera enseñanza que deja este episodio, cualquiera que resulte su desenlace. Las joyas acabarán tasadas, devueltas, decomisadas o restituidas, según determine la justicia. Lo verdaderamente importante no son las joyas. Lo importante consiste en recordar que la confianza pública vale mucho más que el oro, los diamantes o las piedras preciosas, y que quien la recibe adquiere una obligación ineludible: rendir cuentas con la misma claridad con la que administró el poder.

**Apéndice II

¿Quién responde de los errores del poder?**

Existe una pregunta tan antigua como incómoda:

¿Quién responde cuando un gobernante administra mal los bienes públicos?

En la vida corriente la respuesta parece evidente.

Quien causa un daño por negligencia responde de él.

Un arquitecto responde de un proyecto defectuoso.

Un médico responde de una mala práctica.

Un administrador responde de las pérdidas ocasionadas por una gestión desleal.

Un cajero responde del dinero que falta en su caja.

Sin embargo, cuando el perjuicio nace de una decisión política, esa regla parece desvanecerse.

El gobernante pierde unas elecciones.

Dimite.

Cambia de despacho.

Es nombrado para otro cargo.

Escribe unas memorias.

Pronuncia conferencias.

Y, con frecuencia, ahí termina todo.

Mientras tanto, la factura permanece.

La pagan los contribuyentes.

El dinero público no pertenece al Gobierno

Con demasiada frecuencia se habla del «dinero del Estado» como si perteneciera a una entidad abstracta.

No es cierto.

El Estado no produce riqueza.

La administra.

El dinero público procede del trabajo, del ahorro y de los impuestos de millones de ciudadanos.

Por eso, malgastarlo constituye algo más grave que un simple error administrativo.

Supone administrar con ligereza bienes ajenos.

Responsabilidad política y responsabilidad personal

No toda decisión equivocada merece un castigo.

Gobernar implica elegir entre distintas posibilidades, y nadie acierta siempre.

Otra cosa muy distinta consiste en actuar con negligencia grave, ocultar información, favorecer intereses particulares, infringir la ley o administrar recursos públicos con manifiesto desprecio hacia las consecuencias.

En esos casos, la responsabilidad política resulta insuficiente.

La dimisión no repara el daño.

Las disculpas tampoco.

Cuando concurren actuaciones contrarias a la ley, corresponde a los tribunales determinar si existe responsabilidad civil, administrativa o penal.

Y cuando no aparece delito, la exigencia de rendir cuentas ante los ciudadanos sigue plenamente vigente.

Una vieja enseñanza que conserva su valor

El antiguo juicio de residencia recordaba a los gobernantes que el cargo no les pertenecía.

Hoy convendría recuperar ese mismo espíritu mediante instrumentos adaptados a nuestro tiempo.

Declaraciones patrimoniales completas antes y después del ejercicio del cargo.

Publicidad de los regalos institucionales que superen un determinado valor.

Auditorías independientes cuando existan dudas razonables.

Protección efectiva para quienes denuncien irregularidades de buena fe.

Y, sobre todo, una justicia que actúe con rapidez suficiente para que las resoluciones lleguen cuando los hechos todavía conservan actualidad.

Una cuestión de confianza

La fortaleza de un Estado de Derecho no se mide únicamente por la calidad de sus leyes.

Se mide también por la confianza que inspiran sus instituciones.

Esa confianza nace cuando los ciudadanos comprueban que todos responden ante la ley con el mismo rasero.

El poderoso y el humilde.

El ministro y el funcionario.

El presidente del Gobierno y el último empleado de la Administración.

Sin excepciones.

Sin privilegios.

Sin atajos.

La igualdad ante la ley deja de ser una hermosa declaración cuando algunos disfrutan de una indulgencia que jamás obtendría un ciudadano corriente.

La mejor herencia

Las democracias no se fortalecen multiplicando organismos, observatorios, agencias o comisiones.

Se fortalecen cuando el ejercicio del poder vuelve a inspirarse en una idea sencilla, casi de sentido común.

Quien administra bienes ajenos debe poder explicar, con claridad y sin rodeos, qué hizo con ellos.

Ésa fue la enseñanza del Derecho romano.

Ésa inspiró el juicio de residencia de la Monarquía Hispánica.

Y ésa sigue siendo, cinco siglos después, una de las mejores defensas contra la corrupción y contra la impunidad.

Porque las instituciones no se sostienen únicamente sobre las leyes.

Se sostienen, sobre todo, sobre la confianza.

Y la confianza se gana con hechos, no con discursos.

**Epílogo

No basta con ser inocente**

Existe una diferencia que nuestra época parece haber olvidado.

La diferencia entre legalidad, ejemplaridad y honor.

La ley fija el mínimo exigible.

La ejemplaridad marca el nivel que cabe esperar de quien acepta gobernar a los demás.

El honor representa el compromiso íntimo de actuar rectamente incluso cuando nadie mira.

Durante demasiado tiempo la política española se ha refugiado en una idea tan pobre como peligrosa.

«Mientras no exista una sentencia condenatoria, aquí no ha pasado nada.»

No.

No es ése el criterio que inspira una democracia sana.

Una sentencia penal determina si alguien ha cometido un delito.

Nada más.

No decide si una conducta resulta prudente, decorosa, ejemplar o digna del cargo desempeñado.

Confundir esos planos empobrece la vida pública.

Quien ocupa una alta magistratura del Estado no puede limitarse a cumplir el Código Penal.

Debe aspirar a algo más.

Debe inspirar confianza.

Cuando aparecen dudas razonables acerca del origen de un patrimonio, de determinados regalos o de relaciones difíciles de explicar, la primera obligación de un servidor público no consiste en buscar el mejor abogado ni el argumento más ingenioso.

Consiste en despejar cualquier sombra con hechos, documentos y explicaciones claras.

La transparencia nunca debilita a las instituciones.

Las fortalece.

Ocultar información, retrasar las explicaciones o desacreditar a quien formula preguntas produce el efecto contrario.

Los ciudadanos dejan de confiar.

Y cuando desaparece la confianza, las leyes resultan insuficientes para sostener una democracia.

Por eso nuestros antepasados concedían tanta importancia al buen nombre.

Una reputación limpia constituía un patrimonio que se conservaba durante toda la vida y que podía perderse en un solo instante.

Hoy parece ocurrir lo contrario.

Algunos consideran que la reputación constituye un obstáculo y que basta con resistir unos días el vendaval informativo para que llegue otro escándalo y todo caiga en el olvido.

Tal vez ahí resida uno de los grandes males de nuestro tiempo.

La desmemoria.

La corrupción necesita dinero.

Pero también necesita olvido.

Olvido de los ciudadanos.

Olvido de los medios de comunicación.

Olvido de las instituciones.

Olvido, incluso, de quienes un día prometieron regenerar la vida pública y acabaron repitiendo los mismos vicios que decían combatir.

Una nación no mejora únicamente aprobando nuevas leyes.

Mejora cuando recupera el viejo principio según el cual el poder constituye un servicio y no un privilegio.

Cuando gobernar vuelve a entenderse como una responsabilidad y no como una forma de medrar.

Cuando el honor deja de parecer una palabra antigua para convertirse de nuevo en una virtud cívica.

Quizá entonces resulte innecesario recordar una frase que ha atravesado los siglos desde la antigua Roma hasta nuestros días.

Quien ejerce el poder no sólo debe obrar con rectitud.

Debe vivir de tal manera que ningún ciudadano honrado tenga motivos fundados para sospechar de él.

Ésa no constituye una exigencia desmesurada.

Constituye, sencillamente, el precio de la confianza.

Y la confianza, una vez perdida, cuesta mucho más recuperar que cualquier fortuna, cualquier cargo o cualquier joya.