«Una nación puede resistir durante siglos las amenazas que llegan desde fuera. A lo que ninguna nación sobrevive indefinidamente es a las fuerzas que trabajan contra ella desde el interior de sus propias instituciones.»
Resumen para lectores con prisas
España atraviesa una de las mayores paradojas de su historia.
Nunca había disfrutado de tanta estabilidad política «aparentemente» y, sin embargo, nunca había sufrido un proceso tan profundo de fragmentación institucional, jurídica, educativa y administrativa.
La tesis de este ensayo es sencilla:
El principal problema de España ya no procede del exterior. Se encuentra dentro de nuestras propias instituciones.
El Estado de las Autonomías nació con el propósito de acercar la Administración al ciudadano y de integrar las aspiraciones territoriales surgidas durante la Transición, decían sus promotores…
Con el paso del tiempo, aquel modelo dejó de ser un instrumento al servicio de la Nación para convertirse en un fin en sí mismo.
Lo que comenzó siendo una descentralización administrativa terminó creando diecisiete centros de poder, diecisiete burocracias, diecisiete sistemas educativos, diecisiete políticas sanitarias, diecisiete redes clientelares y una creciente desigualdad entre españoles según el territorio en el que residen.
La consecuencia ha sido la aparición de una nueva forma de caciquismo.
Ya no se trata del viejo cacique local descrito por Joaquín Costa.
Se trata de poderosas oligarquías autonómicas que viven de conservar y ampliar unas estructuras administrativas cuyo crecimiento parece no conocer límites.
El sistema se alimenta a sí mismo.
Cuanto mayor es la burocracia, más personas dependen de ella.
Y cuanto más personas dependen de ella, más difícil resulta reformarla.
Mientras tanto, el interés general de España ha ido cediendo terreno ante la negociación permanente entre gobiernos regionales y ejecutivos nacionales necesitados de apoyos parlamentarios.
Las competencias han dejado de responder con frecuencia a criterios de eficacia para convertirse en moneda de cambio político.
El resultado es visible.
Más gasto.
Más deuda.
Más burocracia.
Más desigualdad.
Más privilegios.
Y una Nación progresivamente menos cohesionada.
Este ensayo sostiene que la verdadera riqueza de España nunca consistió en multiplicar fronteras interiores, sino en integrar su extraordinaria diversidad bajo un proyecto nacional compartido.
España fue capaz de construir una de las comunidades políticas más duraderas de la Historia precisamente porque supo unir territorios diferentes sin destruir su personalidad.
El Estado de las Autonomías ha recorrido, en buena medida, el camino contrario.
La igualdad entre españoles constituye el fundamento de cualquier Estado de Derecho.
Cuando los derechos, las obligaciones y los servicios públicos dependen cada vez más del lugar de residencia, la cohesión nacional comienza a debilitarse.
Y cuando la cohesión desaparece, la propia Nación termina resintiéndose.
El ensayo no propone volver al pasado.
Propone recuperar algunos principios que nunca debieron abandonarse:
Un Estado capaz de garantizar la igualdad ante la ley;
Una enseñanza que transmita una historia común;
Un mercado verdaderamente nacional;
Unas instituciones al servicio de los ciudadanos y no de sí mismas;
Y una Administración dimensionada para servir a España, no para perpetuarse.
Joaquín Costa denunció el caciquismo.
Ortega y Gasset advirtió del riesgo de la desvertebración.
Cicerón recordó que el enemigo más peligroso suele encontrarse dentro de la propia ciudad.
Y una conocida frase, atribuida a Otto von Bismarck, resume admirablemente el desafío español: «La nación más fuerte del mundo es, sin duda, España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo».
Sea o no auténtica esa cita, encierra una advertencia que merece ser escuchada.
Las naciones no desaparecen únicamente porque sean derrotadas por enemigos exteriores.
También pueden debilitarse cuando aceptan como inevitables los errores de sus propias instituciones.
España todavía está a tiempo.
Pero ninguna Nación cambia su destino mientras se niegue a reconocer el origen de sus problemas.
Si quieres profundizar y aprender más, sigue leyendo.
El Estado de las Autonomías: el enemigo interior de España. ¿Quién se atreverá a ponerle el cascabel al monstruo?
El enemigo siempre ha estado dentro.
Hace más de dos mil años Marco Tulio Cicerón dejó una de las grandes lecciones de la historia política de Occidente.
Roma no corría su mayor peligro en sus fronteras.
No eran los pueblos bárbaros quienes amenazaban de manera inmediata la supervivencia de la República.
El verdadero peligro se encontraba dentro de la propia ciudad.
Entre quienes ocupaban cargos públicos.
Entre quienes utilizaban las instituciones para fines distintos de aquellos para los que habían sido creadas.
Entre quienes, amparándose en la legalidad, debilitaban poco a poco los fundamentos de la República.
Ésa constituye una enseñanza permanente de la Historia.
Las naciones rara vez desaparecen porque un ejército extranjero cruza sus fronteras.
Con mucha mayor frecuencia se debilitan porque sus propias élites dejan de servir al interés nacional y comienzan a servir intereses particulares.
El enemigo exterior destruye.
El enemigo interior corroe.
Uno actúa con las armas.
El otro utiliza las leyes, el presupuesto, la Administración, la enseñanza, la propaganda y el lenguaje.
España constituye un ejemplo extraordinariamente revelador de ese proceso.
Durante siglos resistió invasiones, guerras civiles, bancarrotas, epidemias, invasiones napoleónicas, conflictos coloniales y atentados terroristas.
Sin embargo, durante las últimas décadas ha ido construyendo, con recursos aportados por todos los españoles, un sistema político que ha favorecido la fragmentación del propio Estado, la multiplicación de los centros de poder y el debilitamiento progresivo de la conciencia nacional.
Ésa es la tesis de este ensayo.
El llamado Estado de las Autonomías no constituye únicamente un modelo de organización territorial.
Se ha convertido en la principal estructura de fragmentación política, administrativa, jurídica, económica y cultural de la Nación española.
No es un problema periférico.
Es el problema central.
Mientras España discutía sobre ideologías, alternancias políticas o reformas parciales, el verdadero proceso transformador avanzaba silenciosamente.
Año tras año.
Competencia tras competencia.
Transferencia tras transferencia.
Presupuesto tras presupuesto.
Hasta levantar una inmensa maquinaria cuya lógica consiste en crecer, multiplicarse y perpetuarse.
El resultado está a la vista.
Diecisiete parlamentos.
Diecisiete gobiernos.
Diecisiete administraciones.
Diecisiete sistemas educativos.
Diecisiete legislaciones que afectan a materias esenciales.
Diecisiete políticas culturales.
Diecisiete televisiones y medios públicos.
Miles de organismos.
Decenas de miles de altos cargos.
Una burocracia gigantesca sostenida por una sola Nación.
Todo ello financiado por los mismos contribuyentes.
Pero el mayor daño no aparece en los Presupuestos Generales del Estado.
Ni siquiera en la deuda pública.
El daño más profundo afecta al alma misma de la Nación.
Porque el Estado de las Autonomías no sólo ha dividido la Administración.
Ha fragmentado la memoria histórica compartida.
Ha sustituido un proyecto nacional por diecisiete proyectos territoriales.
Ha fomentado la aparición de diecisiete relatos políticos distintos sobre España.
Ha contribuido a que millones de españoles conozcan mejor la historia oficial de su autonomía que la historia común de su Nación.
Y ninguna nación puede mantenerse unida cuando cada generación aprende un relato diferente sobre su propio pasado.
Toda institución necesita justificar su existencia.
También las comunidades autónomas.
Y la forma más eficaz de hacerlo consiste en fabricar una identidad política propia.
Héroes propios.
Símbolos propios.
Agravios propios.
Efemérides propias.
Relatos propios.
Todo ello acaba construyendo una legitimidad que reclama cada vez más poder, más competencias y más recursos.
El proceso resulta casi inevitable.
Toda burocracia desarrolla un poderoso instinto de conservación.
Todo centro de poder aspira a ampliar sus competencias.
Toda administración procura justificar su crecimiento.
Cuando ese fenómeno se reproduce diecisiete veces, el resultado sólo puede ser uno:
un Estado fragmentado y una Administración hipertrofiada cuya principal preocupación deja de ser el servicio a España para convertirse en la conservación de sí misma.
La vieja fábula de Esopo ayuda a comprender lo ocurrido.
La montaña rugía.
Temblaba.
Parecía anunciar un acontecimiento extraordinario.
Y terminó pariendo un ratón.
Algo semejante ocurrió en 1978.
Se presentó el Estado de las Autonomías como una modesta fórmula de organización administrativa.
Una solución prudente.
Limitada.
Casi provisional.
Nadie habló entonces de diecisiete pequeños Estados administrativos.
Nadie anunció que acabarían existiendo miles de organismos públicos.
Nadie explicó que la enseñanza dejaría de responder a un proyecto nacional común.
Nadie advirtió que la legislación terminaría fragmentándose hasta extremos desconocidos.
Nadie anunció que surgirían poderosas oligarquías territoriales capaces de condicionar la política nacional.
El ratón parecía inofensivo.
El verdadero problema vino después.
Durante casi medio siglo fue alimentado sin descanso.
Cada cesión de competencias aumentó su tamaño.
Cada transferencia multiplicó su fuerza.
Cada reforma amplió su capacidad de influencia.
Hasta convertirse en un monstruo.
Y todos los monstruos presentan la misma característica.
Dejan de servir al hombre.
Exigen que el hombre los sirva a ellos.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido.
La Administración dejó de ser un instrumento al servicio del Estado.
Y el Estado dejó de servir plenamente a la Nación.
España sostiene hoy una estructura cuyo crecimiento parece haberse convertido en un objetivo por sí mismo.
No existe en Europa otro ejemplo semejante de una descentralización política tan extensa aplicada a una nación con una historia, una lengua común mayoritaria, un mercado único y una soberanía compartida.
La consecuencia resulta inevitable.
Cuando el interés de cada territorio acaba prevaleciendo sobre el interés nacional, deja de existir un verdadero proyecto común.
Y cuando desaparece el proyecto común, la Nación comienza lentamente a desdibujarse.
Joaquín Costa denunció hace más de un siglo que España vivía sometida a la oligarquía y al caciquismo.
Su diagnóstico continúa conservando una sorprendente actualidad.
La diferencia consiste en que el viejo caciquismo provincial ha sido sustituido por diecisiete poderosas oligarquías regionales que disponen de presupuestos multimillonarios, amplios aparatos administrativos, medios públicos de comunicación y una enorme capacidad para influir en la vida política nacional.
El caciquismo no desapareció.
Se descentralizó.
Y con él también se descentralizaron el gasto, la burocracia, la deuda, el clientelismo y la corrupción.
Ésa es la cuestión que recorrerá las páginas de este ensayo.
No basta con preguntarse cuánto cuesta el Estado de las Autonomías.
La pregunta verdaderamente importante es otra.
¿Cómo llegó España a construir, financiar y consolidar con el dinero de todos una estructura que ha debilitado progresivamente su cohesión nacional?
Responder a esa pregunta exige examinar el origen del modelo, su evolución, sus consecuencias y, sobre todo, el enorme poder adquirido por quienes viven de él.
Porque ningún privilegio desaparece voluntariamente.
Y ningún monstruo burocrático acepta de buen grado que alguien se acerque para ponerle el cascabel.
La montaña parió un ratón… y acabó criando un monstruo.
Ningún gran desastre político nace de golpe.
Se construye poco a poco.
Con decisiones que, consideradas aisladamente, parecen razonables.
Así ocurrió con el Estado de las Autonomías.
No nació como un monstruo.
Nació como un modesto mecanismo administrativo.
Se aseguró que serviría para acercar la Administración al ciudadano.
Para atender mejor las peculiaridades regionales.
Para fortalecer la unidad de España mediante una prudente descentralización.
Nada hacía presagiar lo que vendría después.
Sin embargo, el ratón comenzó a crecer desde el mismo instante de su nacimiento.
Cada nueva competencia generaba una nueva consejería.
Cada consejería reclamaba nuevos funcionarios.
Cada departamento necesitaba edificios, asesores, empresas públicas, organismos dependientes y presupuestos cada vez mayores.
El crecimiento nunca encontraba un límite.
Porque toda burocracia posee una ley no escrita:
crecer para justificar su propia existencia.
Muy pronto dejó de hablarse de descentralización administrativa.
Se empezó a hablar de «autogobierno».
Después de «hechos diferenciales».
Más tarde de «realidades nacionales».
Y, finalmente, de «naciones».
La cesión de competencias nunca satisfacía a nadie.
Cada transferencia abría inmediatamente la discusión sobre la siguiente.
El proceso nunca terminaba.
Era una escalera sin último peldaño.
Al mismo tiempo fue apareciendo una nueva clase dirigente.
Presidentes autonómicos.
Consejeros.
Directores generales.
Empresarios próximos al poder.
Medios públicos.
Universidades dependientes.
Organizaciones subvencionadas.
Todos ellos comenzaron a formar un entramado de intereses cuyo mantenimiento dependía del crecimiento permanente del propio sistema.
Joaquín Costa describió hace más de un siglo el dominio de la oligarquía y el caciquismo.
El Estado de las Autonomías no acabó con aquel fenómeno.
Lo multiplicó por diecisiete.
El viejo cacique local fue sustituido por poderosas oligarquías regionales dotadas de presupuestos multimillonarios, enormes aparatos administrativos y una influencia decisiva sobre la política nacional.
El caciquismo cambió de escala.
No desapareció.
Se institucionalizó.
Y, como sucede con todos los organismos vivos, el monstruo desarrolló un formidable instinto de supervivencia.
Quien vive del sistema procura conservar el sistema.
Quien prospera gracias a él procura ampliarlo.
Así, una organización concebida para servir a España terminó convirtiéndose en una estructura cuya principal preocupación consiste en garantizar su propia continuidad.
Ésa constituye la gran paradoja del Estado de las Autonomías.
Nació para resolver un problema.
Ha terminado convirtiéndose en el mayor problema político e institucional de la España contemporánea.
Diecisiete taifas para una sola Nación.
La consecuencia era inevitable.
Si cada comunidad autónoma disponía de gobierno, parlamento, administración, presupuesto y competencias propias, tarde o temprano aspiraría también a disponer de un relato propio.
El poder necesita legitimarse.
Y la Historia constituye una de las formas más eficaces de conseguirlo.
Así comenzó la lenta fragmentación de la memoria nacional.
La enseñanza dejó de transmitir una Historia común de España.
Cada autonomía empezó a escribir la suya.
No bastaba con estudiar la Historia de España desde una perspectiva regional.
Se trataba de convertir la perspectiva regional en el eje principal del relato.
Los héroes pasaban a ser locales.
Las gestas, regionales.
Los agravios, propios.
Las efemérides, particulares.
Los símbolos, exclusivos.
España quedaba reducida, poco a poco, a un simple escenario donde actuaban diecisiete historias distintas.
El resultado era previsible.
Un alumno gallego aprendía una visión de España.
Otro catalán, una diferente.
Otro andaluz, otra.
Otro extremeño, otra más.
Todos estudiaban oficialmente la Historia de España.
Pero ya no estudiaban exactamente la misma Historia.
El fenómeno no se limitó a la enseñanza.
Cada autonomía comenzó a construir su propio imaginario colectivo.
Museos.
Fundaciones.
Academias.
Centros de interpretación.
Conmemoraciones.
Premios.
Publicaciones oficiales.
Todo contribuía a consolidar una identidad política diferenciada.
No se trataba únicamente de administrar un territorio.
Se trataba de justificar la existencia permanente del nuevo poder.
Las palabras también cambiaron.
España comenzó a desaparecer del lenguaje institucional.
En su lugar aparecieron expresiones neutras, como «este país», mientras las autonomías adquirían personalidad propia, voz propia y hasta intereses supuestamente propios.
El lenguaje nunca es inocente.
Nombrar menos a España y más a los territorios acabó modificando la forma de entender la realidad.
Mientras tanto, el mercado nacional también comenzaba a fragmentarse.
Normas distintas.
Procedimientos distintos.
Registros distintos.
Subvenciones distintas.
Requisitos distintos.
Lo que debía ser una sola Nación empezó a funcionar, en demasiados ámbitos, como un mosaico de pequeños compartimentos administrativos.
La paradoja resulta difícil de superar.
Mientras Europa derribaba fronteras entre los Estados miembros, España levantaba barreras dentro de su propio territorio.
Cada nueva competencia reforzaba la autonomía administrativa.
Cada nueva diferencia debilitaba la cohesión nacional.
Y, como sucede siempre, las consecuencias acabaron apareciendo.
Ya no se discutía únicamente sobre la mejor forma de administrar España.
Se empezó a discutir sobre la propia existencia de España como proyecto común.
Cuando una Nación deja de enseñar una Historia compartida, deja de hablar un lenguaje político común y deja de perseguir objetivos comunes, la división deja de ser un riesgo.
Se convierte en una consecuencia.
La igualdad rota
Toda nación digna de ese nombre descansa sobre un principio irrenunciable:
todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
No iguales en talento.
No iguales en riqueza.
No iguales en fortuna.
Iguales en derechos y obligaciones.
Ése constituye uno de los pilares del Estado de Derecho.
Sin embargo, el Estado de las Autonomías ha ido erosionando lentamente ese principio.
Hoy el lugar de nacimiento o de residencia determina, en demasiadas ocasiones, los derechos efectivos de cada español.
La sanidad ya no funciona igual.
La enseñanza tampoco.
Los impuestos difieren.
Las ayudas públicas cambian.
Las normas administrativas se multiplican.
Las exigencias para ejercer determinadas profesiones varían.
Las políticas lingüísticas dependen del territorio.
La relación entre el ciudadano y la Administración deja de ser la misma.
Un español deja de ser tratado simplemente como español.
Pasa a ser tratado, antes que nada, como vecino de una comunidad autónoma.
La igualdad jurídica se diluye.
Y cuando la igualdad comienza a resquebrajarse, también se debilita la conciencia nacional.
Porque la Nación no se sostiene únicamente sobre una bandera o un himno.
Se sostiene, sobre todo, sobre la certeza de que todos sus ciudadanos pertenecen a una misma comunidad política.
Que todos disfrutan de los mismos derechos.
Que todos responden a las mismas leyes.
Que todos participan en un mismo proyecto.
El Estado de las Autonomías ha invertido esa lógica.
Ha colocado el territorio por delante de la ciudadanía.
La administración regional por delante del interés nacional.
La diferencia por delante de la igualdad.
Sus defensores presentan esa diversidad como una riqueza.
Olvidan que una cosa es respetar la personalidad de cada región y otra muy distinta convertir esa diversidad en un régimen permanente de desigualdad.
España siempre ha sido diversa.
Lo fue bajo los Reyes Católicos.
Lo fue con los Austrias.
Lo fue con los Borbones.
Jamás necesitó diecisiete parlamentos para reconocer esa diversidad.
Ni diecisiete legislaciones.
Ni diecisiete sistemas educativos.
Ni diecisiete burocracias.
La riqueza de España nunca residió en levantar fronteras interiores.
Residió precisamente en integrar esa diversidad bajo un mismo proyecto nacional.
Ésa fue la gran aportación histórica de España.
Transformar reinos distintos en una Nación.
El Estado de las Autonomías ha recorrido el camino inverso.
Ha transformado una Nación en diecisiete administraciones que, con demasiada frecuencia, actúan como compartimentos estancos.
La consecuencia resulta inevitable.
Cuando el ciudadano percibe que sus derechos dependen del territorio en el que vive, deja de sentirse plenamente miembro de una comunidad nacional.
Comienza a pensar en clave regional.
Y cuando millones de ciudadanos terminan pensando primero en su autonomía y sólo después en España, la cohesión nacional deja de debilitarse lentamente.
Empieza a deshacerse.
No existe democracia sólida sin igualdad jurídica.
No existe Estado de Derecho cuando la ley deja de ser verdaderamente común.
Y no existe Nación capaz de perdurar si sus propios ciudadanos dejan de sentirse iguales entre sí.
Ése constituye, quizá, el mayor fracaso del Estado de las Autonomías.
No haber dividido únicamente la Administración.
Haber comenzado a dividir a los españoles.
Ponerle el cascabel al monstruo
Todo sistema político genera intereses.
Cuanto más tiempo permanece en pie, más poder acumulan quienes viven de él.
Ésa es la principal dificultad.
El Estado de las Autonomías ya no es únicamente una forma de organizar el territorio.
Es una inmensa estructura de poder.
Miles de cargos públicos.
Decenas de miles de asesores.
Centenares de organismos.
Empresas públicas.
Fundaciones.
Consorcios.
Observatorios.
Televisiones.
Universidades.
Redes de subvenciones.
Asociaciones.
Lobbies.
Millones de personas dependen, directa o indirectamente, de ese entramado.
Ninguno de esos grupos tiene interés en reducirlo.
Al contrario.
Todos encuentran razones para conservarlo.
Ésa es la auténtica fortaleza del sistema.
No reside en la Constitución.
Reside en quienes viven de él.
Por eso resulta ingenuo esperar que el Estado de las Autonomías desaparezca por simple evolución.
Los privilegios nunca se suicidan.
Las burocracias nunca votan su propia reducción.
Las oligarquías jamás renuncian voluntariamente al poder.
La Historia demuestra exactamente lo contrario.
Todo poder tiende a perpetuarse.
Y cuanto mayor es, mayor resistencia ofrece a cualquier reforma.
De ahí el enorme mérito intelectual de Joaquín Costa.
Comprendió que el problema de España no consistía únicamente en cambiar a unos gobernantes por otros.
Había que transformar las estructuras que hacían posible el caciquismo.
Más de un siglo después, la conclusión sigue siendo válida.
No basta con sustituir un gobierno.
No basta con cambiar unas siglas por otras.
Mientras permanezca intacta la maquinaria, el resultado acabará siendo el mismo.
Cambiarán los ocupantes de los despachos.
Los despachos seguirán ahí.
España necesita recuperar un principio elemental.
Las instituciones existen para servir a la Nación.
No la Nación para mantener indefinidamente a las instituciones.
Eso exige una profunda reconstrucción del Estado.
No una reforma cosmética.
No una nueva comisión de estudio.
No otra conferencia de presidentes.
Hace falta revisar desde sus cimientos la organización territorial.
Suprimir duplicidades.
Recuperar competencias esenciales para el Estado.
Restablecer la unidad del mercado.
Garantizar una enseñanza común para todos los españoles, compatible con el conocimiento de la historia y las peculiaridades de cada región.
Asegurar que la igualdad ante la ley vuelva a ser una realidad y no una simple declaración constitucional.
Y devolver al Estado aquello que jamás debió dejar de ejercer: las funciones indispensables para garantizar la unidad, la igualdad y la continuidad de la Nación.
No se trata de recentralizar por afán de poder.
Se trata de reconstruir un Estado capaz de servir eficazmente a España.
Ésa es la diferencia.
Los defensores del modelo suelen presentar cualquier crítica como un ataque a la descentralización.
Confunden deliberadamente dos conceptos distintos.
Descentralizar determinados servicios puede mejorar la gestión.
Fragmentar la soberanía, la legislación, la enseñanza, el mercado y la acción política debilita inevitablemente a la Nación.
No son la misma cosa.
El problema nunca ha sido la proximidad de la Administración al ciudadano.
El problema consiste en haber convertido esa proximidad en un sistema permanente de reparto del poder, del gasto y de la influencia política.
Toda obra humana puede corregirse.
También ésta.
Pero para hacerlo resulta imprescindible reconocer antes la magnitud del problema.
Ningún médico cura una enfermedad que se niega a diagnosticar.
Ningún arquitecto salva un edificio ocultando las grietas de sus cimientos.
Y ninguna Nación recupera su fortaleza mientras continúe confundiendo la causa de sus males con su supuesto remedio.
Ha llegado el momento de decidir.
Seguir alimentando al monstruo.
O, de una vez por todas, ponerle el cascabel.
Epílogo
España todavía está a tiempo.
Circula desde hace años una frase atribuida a Otto von Bismarck que resume con extraordinaria fuerza una vieja paradoja española:
«La nación más fuerte del mundo es, sin duda, España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo».
No existe constancia segura de que Bismarck pronunciara o escribiera esas palabras.
Pero la frase, auténtica o apócrifa, contiene una verdad reconocible.
España ha sobrevivido demasiadas veces a quienes parecían empeñados en destruirla.
Ha superado invasiones.
Guerras civiles.
Bancarrotas.
Epidemias.
Atentados terroristas.
La pérdida de un imperio.
Crisis políticas que habrían acabado con otras naciones.
Y, sin embargo, aquí sigue.
Ésa es la gran paradoja española.
Su fortaleza histórica ha sido tan grande como su inclinación a desperdiciarla.
Por eso, el problema no consiste en que España carezca de futuro.
El problema consiste en que demasiados españoles han dejado de reconocer el verdadero origen de sus males.
Se discute sobre los síntomas.
Casi nunca sobre la enfermedad.
Se habla de falta de financiación.
De reformas fiscales.
De conferencias de presidentes.
De nuevos estatutos.
De singularidades territoriales.
De federalismo.
De España plural.
De cooperación entre administraciones.
De financiación diferenciada.
Pero casi nadie se atreve a cuestionar el propio modelo.
El monstruo ha conseguido algo extraordinario.
Ha convencido a buena parte de la clase política de que resulta intocable.
PSOE y PP discrepan sobre muchas cuestiones.
Coinciden, sin embargo, en conservar la estructura territorial nacida en 1978.
Los partidos nacionalistas y separatistas viven de ella.
Las oligarquías regionales viven de ella.
Miles de altos cargos viven de ella.
Una inmensa burocracia vive de ella.
Y quien vive del sistema jamás impulsa su desaparición.
Mientras tanto, España continúa descendiendo por una pendiente peligrosa.
Más deuda.
Más gasto político.
Más burocracia.
Más desigualdad entre españoles.
Más fragmentación.
Más cesiones.
Más privilegios.
Y menos Nación.
Todo ello se presenta como progreso.
No lo es.
Una Administración más grande no significa un Estado mejor.
Un Estado más costoso tampoco garantiza una Nación más fuerte.
La fortaleza de una Nación depende de la solidez de sus instituciones, de la igualdad de sus ciudadanos ante la ley, de la existencia de un proyecto común y de la voluntad de permanecer unidos.
Todo lo demás resulta secundario.
España necesita volver a pensar en grande.
Necesita dejar de contemplarse como una suma de intereses territoriales.
Necesita recordar que antes de existir las comunidades autónomas ya existía España.
Y que, cuando algún día las comunidades autónomas hayan desaparecido o se hayan transformado profundamente, España seguirá existiendo.
Porque las administraciones son pasajeras.
La Nación permanece.
Ésa es la gran diferencia.
Las instituciones cambian.
Las leyes se reforman.
Las administraciones nacen y desaparecen.
La Nación continúa.
Siempre que sus ciudadanos quieran conservarla.
La Historia demuestra que ningún sistema político es eterno.
Tampoco lo será el Estado de las Autonomías.
La única incógnita consiste en saber cuándo cambiará.
Y en qué condiciones.
Puede reformarse de manera ordenada, devolviendo al Estado las competencias indispensables para garantizar la igualdad de todos los españoles, la unidad del mercado, una enseñanza común y una Administración eficaz.
O puede derrumbarse por el peso de sus propias contradicciones, dejando tras de sí una España más dividida, más endeudada y más débil.
La decisión pertenece a los españoles.
No a Bruselas.
No a los partidos.
No a las oligarquías autonómicas.
A los españoles.
Porque la soberanía nacional no reside en los gobiernos.
Reside en la Nación.
Y ninguna Nación conserva su libertad cuando renuncia a defender aquello que la mantiene unida.
Hace más de un siglo Joaquín Costa reclamó un «cirujano de hierro».
No pedía un caudillo providencial.
Reclamaba el restablecimiento de la autoridad de la ley, el fin del caciquismo y una profunda regeneración del Estado.
Su diagnóstico sigue esperando respuesta.
También Ortega y Gasset advirtió sobre la desvertebración de España y sobre el peligro de que cada parte dejara de sentirse unida al conjunto.
Cicerón había prevenido muchos siglos antes contra el enemigo interior: aquel que combate desde dentro, conoce las debilidades de la Nación y utiliza sus propias instituciones contra ella.
Las tres advertencias convergen.
Un país no se destruye únicamente por la fuerza de sus enemigos exteriores.
También se deshace cuando sus dirigentes olvidan el bien común, cuando sus instituciones dejan de servir a la Nación y cuando sus ciudadanos se acostumbran a contemplar la decadencia como algo inevitable.
Quizá por eso la frase atribuida a Bismarck resulta tan certera.
España lleva siglos intentando sobrevivir a sus propios errores.
Y lo ha conseguido.
Pero no existe garantía alguna de que pueda hacerlo eternamente.
La fortaleza histórica no autoriza la negligencia.
La resistencia de una Nación no debe confundirse con su invulnerabilidad.
Cicerón escribió que la salud del pueblo debe ser la ley suprema.
Dos mil años después, esa máxima conserva toda su vigencia.
La salud de España exige reconstruir un Estado al servicio de la Nación y no una Nación sometida a los intereses de su propio aparato político.
Todo lo demás son parches.
Y los parches nunca salvan un edificio cuyos cimientos llevan demasiado tiempo agrietándose.
España todavía está a tiempo.
Todavía puede dejar de malgastar sus fuerzas en destruirse a sí misma.
Todavía puede recuperar la igualdad entre sus ciudadanos.
Todavía puede restaurar la autoridad del Estado.
Todavía puede volver a reconocerse como una comunidad histórica unida por un pasado, un presente y un destino común.
Quizá entonces se cumpla la última parte de aquella frase:
El día en que España deje de intentar destruirse, volverá a estar en condiciones de ocupar el lugar que le corresponde.
