¿Puede sobrevivir una democracia cuando cambia radicalmente la sociedad que la hizo posible?
Del gobierno de los mejores al gobierno de las mayorías: Aristóteles, los Padres Fundadores de Estados Unidos y la gran cuestión política del siglo XXI
«No importa el nombre del régimen. Lo importante es que produzca buenos gobernantes, proteja la libertad y sirva al bien común.»
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Cada vez que se acercan unas elecciones, asistimos al mismo espectáculo.
Los partidos prometen bajar impuestos o subirlos.
Prometen más gasto público o una mejor gestión.
Prometen reformar la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda o la justicia.
Los ciudadanos discuten sobre candidatos, siglas e ideologías.
Pero casi nadie plantea la cuestión verdaderamente importante.
¿Cómo seleccionar a quienes han de gobernar y qué límites debe tener el poder que les entregamos?
Ésa ha sido siempre la gran cuestión de la política.
No empezó con la Constitución española de 1978.
Ni con la Revolución francesa.
Ni siquiera con la democracia moderna.
Hace casi dos mil quinientos años Aristóteles ya se preguntó cuál era la mejor forma de gobierno.
Y llegó a una conclusión que sigue plenamente vigente.
El verdadero problema no consiste en saber quién gobierna, sino cómo evitar que el poder termine en manos de personas incapaces, deshonestas o irresponsables.
Porque toda forma de gobierno puede corromperse.
Una monarquía puede convertirse en tiranía.
Una aristocracia —entendida como gobierno de los mejores— puede degenerar en oligarquía.
Y una democracia puede acabar transformándose en una oclocracia, el gobierno de una multitud fácilmente manipulable por la propaganda, las emociones o los demagogos.
Aristóteles no discutía el número.
Discutía la calidad del gobierno.
Y ésa continúa siendo la pregunta esencial.
La mayor falacia
Con el paso del tiempo hemos terminado aceptando una afirmación como si fuera una verdad indiscutible.
Que la mayoría tiene razón.
No.
La mayoría únicamente demuestra que ha reunido más votos.
Nada más.
La verdad no se decide por mayoría.
Tampoco la competencia.
Ni la honradez.
Ni la prudencia.
Las urnas otorgan legitimidad para ejercer el poder.
No convierten automáticamente a nadie en un buen gobernante.
Confundir ambas cosas constituye, probablemente, el mayor error de la democracia contemporánea.
La segunda ficción
Existe otra idea igualmente discutible.
Se supone que millones de ciudadanos poseen toda la información necesaria para elegir siempre a los mejores gobernantes.
¿Es realmente así?
La mayoría dedica su tiempo a trabajar, sacar adelante a su familia y resolver sus propios problemas.
Nadie puede conocer con profundidad la economía, el Derecho, la política internacional, la energía, la educación, la sanidad, la defensa o la administración pública.
La información llega filtrada por partidos, medios de comunicación, redes sociales e intereses económicos.
No constituye una crítica al ciudadano.
Constituye una simple constatación.
El conocimiento humano siempre es limitado.
La pregunta prohibida
Existe, además, otra cuestión casi nunca formulada.
Antes de que el ciudadano vote…
¿Quién ha elegido a los candidatos?
Porque los electores no escogen libremente entre todos los ciudadanos.
Escogen entre quienes previamente han sido seleccionados por las direcciones de los partidos.
La primera elección no la hace el pueblo.
La hacen las organizaciones políticas.
Y ese simple hecho modifica profundamente el significado de la llamada democracia representativa.
Quizá haya llegado el momento de recuperar la vieja pregunta de Aristóteles.
No basta con preguntarse quién obtiene más votos.
La verdadera cuestión consiste en saber si el sistema es capaz de seleccionar a los mejores para servir al bien común.
Antes de decidir quién gobierna, conviene preguntarse para qué existe un gobierno
Si aceptamos que el verdadero problema consiste en seleccionar a los mejores gobernantes, inmediatamente surge otra pregunta.
¿Qué debe hacer exactamente un gobierno?
Porque resulta inútil discutir quién ejerce el poder si antes no delimitamos cuáles son sus funciones.
Sin embargo, éste es uno de los debates más olvidados de nuestro tiempo.
Un gobierno no existe para dirigir nuestra vida
Con demasiada frecuencia se presenta al Estado como el gran solucionador de todos los problemas.
Si existe una crisis económica…
Más intervención.
Si aumenta la delincuencia…
Más leyes.
Si aparece cualquier dificultad…
Más organismos públicos.
Más regulación.
Más gasto.
Parece que el único remedio imaginable consiste en ampliar continuamente el poder del Estado.
Pero ésa nunca ha sido la función esencial del gobierno.
Su misión no consiste en sustituir a la sociedad.
Consiste en hacer posible su convivencia.
Las funciones esenciales
Reducido a su núcleo, un buen gobierno tiene muy pocas obligaciones.
Garantizar el cumplimiento de las leyes.
Proteger la vida, la libertad y la propiedad.
Hacer respetar los contratos libremente celebrados entre particulares.
Perseguir y castigar a los delincuentes.
Resolver los conflictos mediante jueces independientes.
Y defender a la nación frente a cualquier agresión exterior o interior.
Ésas son las funciones que justifican la existencia misma del Estado.
Todo lo demás merece, al menos, un debate.
Porque cada nueva competencia asumida por el poder público supone una competencia menos para la sociedad.
La libertad debería ser la regla
Durante siglos predominó una idea muy sencilla.
Los ciudadanos podían hacer todo aquello que la ley no prohibía.
El Estado sólo intervenía cuando resultaba imprescindible.
Hoy parece haber ocurrido exactamente lo contrario.
Cada vez existen más normas.
Más reglamentos.
Más autorizaciones.
Más prohibiciones.
Más controles.
Más burocracia.
La excepción amenaza con convertirse en la regla.
Y cuando eso sucede, la libertad deja de ser un derecho para convertirse en una concesión administrativa.
El poder nunca se conforma
Existe una constante que se repite a lo largo de la Historia.
El poder tiende a crecer.
Un impuesto provisional termina siendo permanente.
Una competencia extraordinaria acaba convirtiéndose en ordinaria.
Un organismo creado para resolver un problema concreto encuentra pronto nuevas razones para seguir existiendo.
Las burocracias rara vez desaparecen.
Se expanden.
Y cuanto mayor es el aparato del Estado, mayor resulta también la tentación de intervenir en aspectos que antes pertenecían exclusivamente a la vida privada.
El precio de la dependencia
Al mismo tiempo ocurre otro fenómeno menos visible.
La sociedad pierde iniciativa.
Las familias.
Las asociaciones.
Las empresas.
Los municipios.
Incluso los propios ciudadanos.
Poco a poco dejan de resolver directamente muchos problemas y esperan que sea la Administración quien lo haga.
Sin apenas advertirlo, la responsabilidad individual disminuye al mismo ritmo que aumenta la intervención pública.
Y una sociedad que depende cada vez más del Estado termina siendo también una sociedad menos libre.
El mejor gobierno
Existe una vieja máxima que conserva toda su actualidad.
El mejor gobierno no es el que más manda.
Es el que mejor cumple sus funciones esenciales.
El que protege eficazmente los derechos de los ciudadanos.
El que garantiza la igualdad ante la ley.
El que castiga al delincuente.
El que hace respetar los contratos.
El que defiende la nación.
Y, una vez cumplidas esas obligaciones, deja el mayor espacio posible a la libertad, a la iniciativa y a la responsabilidad de las personas.
Porque una sociedad libre no necesita un Estado que decida constantemente por ella.
Necesita un Estado que le permita decidir por sí misma.
En el fondo, toda la filosofía política podría resumirse en una sola pregunta.
¿Queremos ciudadanos responsables o ciudadanos permanentemente tutelados por el poder?
Ésa es la cuestión.
Y de la respuesta depende mucho más que el resultado de unas elecciones.
Depende el futuro mismo de una sociedad libre.
La democracia no consiste sólo en votar
Existe una idea que apenas se discute.
Que democracia y libertad significan exactamente lo mismo.
No es verdad.
Una democracia puede celebrar elecciones impecables y, sin embargo, aprobar leyes injustas, aumentar sin límite el poder del Estado o restringir la libertad de los ciudadanos.
Las urnas son imprescindibles.
Pero no bastan.
Votar no garantiza el buen gobierno
Las elecciones responden únicamente a una pregunta.
¿Quién ha obtenido más votos?
No responden a otra muy distinta.
¿Quién gobernará mejor?
La diferencia parece pequeña.
No lo es.
Un magnífico orador puede convertirse en un pésimo gobernante.
Y una persona prudente y competente puede carecer del carisma necesario para ganar unas elecciones.
La popularidad y la capacidad nunca han sido sinónimos.
El poder también necesita límites
La democracia no nació para convertir a las mayorías en soberanas absolutas.
Nació para impedir que cualquiera pudiera ejercer un poder sin control.
Por eso existen las constituciones.
Por eso existe la separación de poderes.
Por eso deben existir jueces independientes.
Y por eso ningún gobernante debería situarse jamás por encima de la ley.
La legitimidad electoral no convierte en justa cualquier decisión.
El peligro de las mayorías
Alexis de Tocqueville advirtió hace casi dos siglos de un riesgo que sigue plenamente vigente.
Una mayoría también puede convertirse en tirana.
No hace falta un dictador.
Basta con que una mayoría crea que disponer de más votos le autoriza para hacerlo todo.
Precisamente ahí comienza el Estado de Derecho.
En el momento en que incluso la mayoría encuentra límites que no puede traspasar.
La democracia tampoco es una religión
Durante demasiado tiempo se ha presentado la democracia como si fuera una verdad absoluta.
No lo es.
Es una institución humana.
Y toda institución humana puede mejorar.
Las elecciones constituyen un medio.
No un fin.
Lo importante no es votar por votar.
Lo importante es que ese procedimiento permita seleccionar gobernantes competentes, limitar su poder y proteger la libertad de los ciudadanos.
Si deja de cumplir esos objetivos, resulta legítimo preguntarse cómo mejorarlo.
Sin miedo.
Sin prejuicios.
Sin convertir el debate en un tabú.
La política no cambia la naturaleza humana
Otro error muy frecuente consiste en creer que basta con aprobar leyes para transformar a las personas.
No.
El ser humano continúa siendo el mismo que conocieron Aristóteles, Cicerón o Cervantes.
Capaz de la mayor generosidad.
Y también del mayor egoísmo.
Por eso las instituciones no deben diseñarse pensando en ciudadanos perfectos ni en gobernantes ejemplares.
Deben diseñarse para funcionar con personas normales.
Con sus virtudes.
Y con sus defectos.
La importancia de las reglas
Las instituciones no cambian la naturaleza humana.
Pero sí cambian los incentivos.
Si un sistema premia el mérito, tenderán a prosperar los más capaces.
Si recompensa la obediencia ciega, terminarán ascendiendo los más obedientes.
Si castiga la corrupción, habrá menos corrupción.
Si favorece la impunidad, ésta acabará extendiéndose.
Las reglas del juego importan.
Y mucho.
Porque terminan moldeando el comportamiento de gobernantes y ciudadanos.
Ésa es la razón por la que las buenas instituciones valen más que los buenos discursos.
Los discursos emocionan.
Las instituciones permanecen.
España: cuando ha llegado el momento de examinar los resultados
Toda institución merece respeto.
Pero ninguna merece inmunidad frente a la crítica.
La Constitución de 1978 permitió culminar una transición política pacífica y abrir una etapa de estabilidad desconocida durante décadas.
Ése constituye un hecho histórico.
Pero otro hecho resulta igualmente evidente.
Han transcurrido casi cincuenta años.
Tiempo más que suficiente para preguntarnos si el sistema sigue cumpliendo adecuadamente los fines para los que fue concebido.
No se trata de juzgar las intenciones de sus redactores.
Se trata de examinar los resultados.
La única prueba que importa
Las instituciones no deben evaluarse por lo que prometen.
Deben evaluarse por lo que producen.
La pregunta, por tanto, resulta muy sencilla.
¿Ha conseguido nuestro sistema seleccionar a los mejores gobernantes?
¿Ha reforzado la independencia del Poder Judicial?
¿Ha garantizado una verdadera separación de poderes?
¿Ha acercado los representantes a los ciudadanos?
¿Ha facilitado la rendición de cuentas?
Si la respuesta fuera claramente afirmativa, el debate terminaría aquí.
Pero basta observar la realidad para comprender que existen motivos más que suficientes para abrir esa discusión.
El creciente poder de los partidos
La Constitución reconoce a los partidos políticos como instrumentos fundamentales de participación.
Con el paso de los años, muchos ciudadanos tienen la impresión de que han dejado de ser instrumentos para convertirse en protagonistas.
Ellos elaboran las listas.
Ellos deciden quién entra y quién sale.
Ellos distribuyen responsabilidades.
Ellos controlan, en buena medida, la disciplina parlamentaria.
El ciudadano deposita una papeleta.
Pero la selección de los candidatos ya se ha producido mucho antes.
Y esa circunstancia reduce considerablemente la capacidad real de elección del elector.
Representantes… ¿de quién?
En teoría, cada diputado representa a la nación.
En la práctica, con demasiada frecuencia parece representar, ante todo, a la dirección del partido que ha decidido incluirlo en la candidatura.
El mandato libre, uno de los principios clásicos del parlamentarismo, acaba sustituido por la disciplina de voto.
El debate pierde importancia.
La obediencia gana terreno.
Y el Parlamento corre el riesgo de convertirse más en una cámara de ratificación que en un verdadero órgano de deliberación y control del Gobierno.
El poder necesita vigilancia
No existe libertad sin control del poder.
Ésa constituye una de las grandes enseñanzas de la civilización occidental.
La separación de poderes no nació por desconfianza hacia un partido concreto.
Nació por desconfianza hacia el poder mismo.
Porque cualquier poder, tarde o temprano, tiende a ampliar sus competencias.
Precisamente por eso resulta imprescindible que existan jueces independientes, órganos de fiscalización eficaces y mecanismos que obliguen a los gobernantes a responder de sus decisiones.
No basta con votar cada cuatro años.
La vigilancia del poder debe ser permanente.
Recuperar una vieja exigencia
Durante siglos existió una idea hoy casi olvidada.
Quien ejerce poder debe rendir cuentas.
No sólo ante las urnas.
También ante la ley.
Y, cuando proceda, ante los tribunales.
El cargo público nunca ha debido entenderse como un privilegio.
Es una responsabilidad.
Y toda responsabilidad lleva aparejada la obligación de responder por los propios actos.
Quizá haya llegado el momento de recuperar esa cultura de la responsabilidad.
No para perseguir adversarios políticos.
Sino para fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Porque una democracia madura no se define únicamente por celebrar elecciones.
Se define, sobre todo, porque nadie se encuentra por encima de la ley.
La democracia no es una meta. Es un instrumento.
Después de más de dos mil cuatrocientos años seguimos formulando la misma pregunta que preocupaba a Aristóteles.
¿Cómo evitar que el poder termine sirviendo a quienes lo ejercen en lugar de servir a la comunidad?
Todavía no existe una respuesta perfecta.
Probablemente nunca exista.
Pero sí conocemos algunos principios que la Historia ha confirmado una y otra vez.
Ningún sistema es definitivo
Las instituciones no son obras sagradas.
Las crean los hombres.
Y los hombres pueden mejorarlas.
Negarse siquiera a debatir posibles reformas equivale a sostener que hemos alcanzado la perfección.
Y ninguna sociedad inteligente puede aceptar semejante afirmación.
Las constituciones deben respetarse.
Pero también deben examinarse.
Las leyes deben cumplirse.
Pero también pueden modificarse.
Ésa es precisamente una de las mayores virtudes de una sociedad libre.
Reformar no significa destruir
Toda reforma sensata comienza distinguiendo entre lo que funciona y lo que no funciona.
Lo que ha dado buen resultado debe conservarse.
Lo que ha demostrado sus limitaciones debe corregirse.
La experiencia constituye el mejor laboratorio de la política.
Mucho mejor que los prejuicios ideológicos.
Porque los hechos no votan.
Simplemente existen.
El verdadero criterio
Durante demasiado tiempo hemos discutido sobre etiquetas.
Izquierda.
Derecha.
Progresistas.
Conservadores.
Socialistas.
Liberales.
Sin embargo, todas esas palabras resultan secundarias.
La única pregunta importante es otra.
¿Sirven las instituciones al ciudadano o terminan sirviéndose del ciudadano?
Ése debería ser el criterio para juzgar cualquier sistema político.
No el nombre que adopta.
No la ideología que proclama.
Sino los resultados que ofrece.
La política tiene límites
Conviene recordar una última idea.
La política no puede hacerlo todo.
No puede sustituir a la familia.
Ni a la educación.
Ni al esfuerzo personal.
Ni al sentido de la responsabilidad.
Ninguna ley puede fabricar ciudadanos honrados.
Ningún decreto puede crear una sociedad virtuosa.
El Estado puede proteger la libertad.
No puede vivirla por nosotros.
Puede castigar el delito.
No puede sustituir la conciencia.
Puede garantizar unas reglas de juego justas.
Pero corresponde a los ciudadanos aprovechar esa libertad.
La lección de Aristóteles
Aristóteles nunca buscó un régimen perfecto.
Sabía que no existía.
Buscó algo mucho más realista.
Un sistema capaz de dificultar el acceso de los peores al poder, favorecer el gobierno de los más capaces y orientar la acción pública hacia el bien común.
Veinticuatro siglos después seguimos enfrentándonos al mismo desafío.
La naturaleza humana no ha cambiado.
Tampoco han cambiado las tentaciones del poder.
Una pregunta para el lector
Quizá haya llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente quién ganará las próximas elecciones.
Tal vez la cuestión decisiva sea otra.
¿El sistema político actual selecciona realmente a los más capaces, limita eficazmente su poder y les exige responsabilidades cuando incumplen sus obligaciones?
Si la respuesta es afirmativa, bastará con conservarlo.
Si la respuesta es negativa, reformarlo dejará de ser una opción para convertirse en una necesidad.
Porque la democracia nunca ha consistido simplemente en depositar una papeleta en una urna.
Su verdadera finalidad consiste en proteger la libertad, garantizar la igualdad ante la ley, someter el poder al Derecho y poner el Estado al servicio de la nación.
Cuando deja de cumplir esos fines, la obligación de los ciudadanos no consiste en resignarse.
Consiste en debatir, proponer y reformar.
Con serenidad.
Con prudencia.
Y con la misma pregunta que formuló Aristóteles hace casi dos mil quinientos años.
¿Cuál es la mejor manera de servir al bien común sin sacrificar la libertad?
Ésa sigue siendo la gran cuestión política de nuestro tiempo.
Y, probablemente, también la de las generaciones futuras.
