La cuestión no consiste en averiguar quién llevará las llaves de la Moncloa y quién vigilará al portero. Consiste en saber qué harán ambos con la casa, cuánto nos costará mantenerla y quién responderá si vuelven a engañar a sus propietarios: los españoles.

Carlos Aurelio Caldito Aunión
25 de octubre de 2026

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS

NO BASTA CON VOTAR A ABASCAL PARA QUE FEIJÓO CUMPLA. ¡QUE EXPLIQUEN LOS DOS QUÉ DEMONIOS PIENSAN HACER CON ESPAÑA!

El artículo publicado por ESdiario, titulado «Votar a Abascal para que cumpla Feijóo», sostiene que algunos antiguos votantes del PP piensan apoyar a Vox para impedir que Feijóo, si llega a la Moncloa, se olvide de sus compromisos electorales.

La preocupación es comprensible. Pero surge una pregunta inevitable: ¿Y QUIÉN GARANTIZA QUE ABASCAL CUMPLA LOS SUYOS?

¿Vamos a votar a un partido para que vigile al otro? ¿Y después tendremos que buscar a alguien que vigile al vigilante?

¡Magnífico negocio! Sobre todo para quienes viven de la política.

YO SIGO INSISTIENDO: NO BASTA CON ECHAR A SÁNCHEZ. HAY QUE SABER QUÉ HARÁN SUS SUSTITUTOS.

Antes de las elecciones del 29 de noviembre, Feijóo y Abascal deberían explicar públicamente qué reformas están dispuestos a acometer y cuáles son sus acuerdos y discrepancias fundamentales.

¿Qué harán con el Estado autonómico y sus duplicidades? ¿Con la deuda pública, los impuestos y las pensiones? ¿Con la independencia judicial, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía? ¿Con las leyes del sanchismo? ¿Con la inmigración, las nacionalizaciones y la seguridad de nuestras fronteras?

¿Defenderán inequívocamente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, incluso cuando nuestros intereses entren en conflicto con los de Marruecos, Estados Unidos o Israel?

¿Eliminarán organismos, cargos y privilegios políticos o se limitarán a repartirlos entre sus respectivos compañeros de partido?

Y, sobre todo, ¿CUÁNTO COSTARÁN SUS PROPUESTAS, CÓMO LAS FINANCIARÁN Y QUIÉN RESPONDERÁ SI INCUMPLEN?

Mi propuesta es sencilla: UN COMPROMISO POLÍTICO ESCRITO, PÚBLICO Y FIRMADO ANTES DE LAS ELECCIONES, con medidas concretas, presupuestos, plazos y responsabilidades por incumplimiento.

Porque no necesitamos otro Gobierno dedicado a administrar la misma maquinaria política con distintos beneficiarios.

Tampoco necesitamos que el PP y Vox se pasen la campaña aparentando diferencias insalvables para descubrir, después del escrutinio, que todo puede arreglarse mediante el oportuno reparto de ministerios, vicepresidencias y cargos públicos.

Los ciudadanos no somos propiedad de los partidos. Ni estamos obligados a entregarles cuatro años de confianza a cambio de promesas que podrán incumplir sin asumir consecuencias políticas.

SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: MENOS FOTOGRAFÍAS, MENOS CONSIGNAS Y MENOS CÁLCULOS ELECTORALES. MÁS COMPROMISOS, MÁS CUENTAS Y MÁS RESPONSABILIDADES.

Porque sustituir a Sánchez por Feijóo, con Abascal vigilándolo desde una vicepresidencia, no constituye por sí mismo una regeneración de España.

Puede acabar siendo una simple mudanza de inquilinos, con los muebles, los privilegios y las facturas exactamente donde estaban.

LA CASA ES NUESTRA. LOS SUELDOS LOS PAGAMOS NOSOTROS. Y QUIENES ASPIRAN A GOBERNARNOS DEBEN EMPEZAR POR RECORDAR QUE ESTÁN A NUESTRO SERVICIO, NO NOSOTROS AL SUYO.

YO SIGO INSISTIENDO: PRIMERO EXPLIQUEN QUÉ VAN A HACER. DESPUÉS, FIRMEN SUS COMPROMISOS. Y, SI GOBIERNAN E INCUMPLEN, ASUMAN LAS CONSECUENCIAS.

PORQUE NO BASTA CON ECHAR A QUIENES HAN GOBERNADO MAL. HAY QUE IMPEDIR QUE SUS SUSTITUTOS NOS GOBIERNEN IGUAL DE MAL.

SI QUIERES SABER MÁS, PROFUNDIZAR, SIGUE LEYENDO.

Hoy, 25 de octubre, ESdiario publica un artículo titulado «Votar a Abascal para que cumpla Feijóo». Su argumento resulta interesante: determinados electores que tradicionalmente han votado al Partido Popular contemplan ahora la posibilidad de apoyar a Vox, no necesariamente porque deseen a Santiago Abascal como presidente del Gobierno, sino porque consideran que su presencia serviría para impedir que Alberto Núñez Feijóo se olvidase de sus compromisos.

La idea tiene su lógica.

También tiene un pequeño inconveniente.

¿Y QUIÉN GARANTIZA QUE ABASCAL CUMPLA LOS SUYOS?

Porque, puestos a desconfiar, no encuentro razones para conceder a uno de los aspirantes una patente de honradez política que negamos al otro.

Y tampoco entiendo por qué los españoles debemos resignarnos a votar a un partido para que obligue a otro a hacer aquello que ambos deberían habernos explicado y garantizado antes de solicitar nuestro voto.

¡Menuda manera de organizar un país!

Primero elegimos a un gobernante.

Después necesitamos colocarle un vigilante.

Y, por si el vigilante termina entendiéndose demasiado bien con el vigilado, tendremos que buscar a alguien que vigile al vigilante.

A este paso, acabaremos creando un Ministerio de Vigilancia de los Vigilantes, con sus correspondientes subsecretarios, asesores, conductores, gabinetes de prensa y partidas presupuestarias.

¡Como si nos faltaran organismos públicos que mantener!

I. ESTOY DE ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO. NO CON QUE NOS CONFORMEMOS CON EL REMEDIO

El artículo de ESdiario recoge una preocupación que considero perfectamente razonable: el temor a que Feijóo llegue al Gobierno y termine practicando una política bastante menos transformadora de lo que esperan sus electores.

La experiencia de Mariano Rajoy continúa presente en la memoria política de muchos españoles.

Su mayoría absoluta de 2011 despertó expectativas que posteriormente no se cumplieron en asuntos esenciales para numerosos votantes conservadores.

Y esa decepción ayuda a explicar que algunos ciudadanos desconfíen de las promesas de Génova.

Pero tampoco deberíamos olvidar algo elemental.

Vox no es una organización recién llegada a la política española, cuyos dirigentes carezcan de antecedentes y cuya actuación futura únicamente pueda juzgarse por sus discursos.

Ha tenido representación parlamentaria, responsabilidades institucionales y participación en gobiernos autonómicos.

Por tanto, también debe rendir cuentas de lo que ha hecho, de lo que ha dejado de hacer y de las discrepancias entre sus promesas y sus decisiones.

No basta con presentarse como el guardián de las esencias mientras se exige a los demás que acrediten sus intenciones.

LA CREDIBILIDAD POLÍTICA NO SE HEREDA, NO SE PROCLAMA Y NO SE OBTIENE POR CONTRASTE CON LOS DEFECTOS DEL ADVERSARIO. SE GANA CUMPLIENDO COMPROMISOS.

Y esa regla vale para Feijóo, para Abascal y para cualquiera que pretenda gobernarnos.

II. SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: ¿POR QUÉ NO SE PONEN DE ACUERDO ANTES DE LAS ELECCIONES?

El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones generales, convocadas mediante el Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el 6 de octubre.

BOE

No estamos ante una fecha lejana.

Quedan treinta y cinco días.

Tiempo suficiente para que los dirigentes de PP y Vox respondan públicamente a unas cuantas preguntas.

Porque, como vengo insistiendo desde hace semanas, la discusión verdaderamente importante no consiste en averiguar cuántos ministerios corresponderán a cada partido.

Ni quién ocupará las vicepresidencias.

Ni qué dirigente tendrá derecho a utilizar determinado despacho.

Ni cuántos coches oficiales necesitarán para desplazarse desde sus domicilios hasta sus respectivos lugares de trabajo.

Lo verdaderamente importante es conocer qué programa de gobierno están dispuestos a desarrollar conjuntamente.

Y, sobre todo, qué medidas consideran irrenunciables.

Si Feijóo defiende el mantenimiento del Estado autonómico y Abascal propone recuperar para el Estado competencias fundamentales, existe una discrepancia que merece algo más que unas declaraciones apresuradas.

¿Dónde piensan encontrarse?

¿En qué están dispuestos a ceder?

¿Qué administraciones suprimirán?

¿Qué duplicidades eliminarán?

¿Cuánto dinero ahorrarán?

¿Renunciarán a repartir entre sus respectivas organizaciones los puestos políticos que actualmente critican?

¿O descubriremos, una vez celebradas las elecciones, que las diferencias insalvables eran perfectamente salvables mediante el oportuno reparto de consejerías, ministerios y direcciones generales?

No les pido que estén de acuerdo en todo.

LES EXIJO QUE EXPLIQUEN EN QUÉ ESTÁN DE ACUERDO, EN QUÉ NO LO ESTÁN Y QUÉ HARÁN CON SUS DIFERENCIAS ANTES DE PEDIRNOS QUE LAS RESOLVAMOS NOSOTROS A CIEGAS EN LAS URNAS.

III. LA GRAN TRAMPA DEL VOTO ÚTIL Y DEL VOTO DE VIGILANCIA

Durante décadas hemos escuchado el argumento del voto útil.

Hay que votar al partido grande para impedir que gane el adversario.

Ahora aparece una variante ciertamente ingeniosa.

Hay que votar al partido pequeño para que el grande no se desmande.

Y así pasamos de votar por convicción a votar por prevención.

De elegir un programa a contratar una especie de seguro contra el incumplimiento de otro programa.

¡Extraordinario!

En lugar de exigir a los candidatos que expliquen sus compromisos, nos dedicamos a organizar equilibrios de desconfianza.

El Partido Popular reclama apoyos para gobernar.

Vox aspira a disponer de fuerza suficiente para condicionar ese Gobierno.

Son objetivos políticos distintos y legítimos.

Pero ninguno resuelve por sí solo la pregunta fundamental.

¿Para qué quieren gobernar?

Porque una cosa es tener capacidad para alcanzar el poder y otra explicar qué se pretende hacer con él.

Una cosa es condicionar a un presidente y otra garantizar que las condiciones impuestas beneficien efectivamente a los españoles.

Y una cosa es impedir que otro incumpla determinadas promesas y otra cumplir las propias.

NO QUIERO SABER SOLAMENTE QUIÉN TENDRÁ LA LLAVE DEL GOBIERNO. QUIERO SABER QUÉ PIENSAN HACER QUIENES ENTREN EN ÉL.

IV. ¿QUÉ SIGNIFICA EXACTAMENTE ACABAR CON EL SANCHISMO?

Aquí encontramos otra cuestión que merece algo más que consignas.

PP y Vox han convertido la crítica al Gobierno de Pedro Sánchez en uno de los ejes de su actuación política.

Pero sustituir al presidente no equivale necesariamente a modificar las estructuras y decisiones que se denuncian.

Porque el sanchismo, entendido como el conjunto de prácticas, leyes y políticas que sus adversarios consideran perjudiciales, no desaparece por el mero hecho de que Sánchez abandone su despacho.

Permanecerán las leyes que no sean derogadas o reformadas.

Permanecerán los organismos que no sean suprimidos.

Permanecerán las competencias que no sean modificadas.

Permanecerán los compromisos presupuestarios y las obligaciones financieras del Estado.

Y permanecerán los procedimientos de nombramiento que no sean sustituidos por otros.

Así que vuelvo a preguntar:

¿Qué harán con la Ley de Memoria Democrática?

¿Con la ley de amnistía?

¿Con la legislación sobre violencia de género?

¿Con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual?

¿Con la legislación educativa?

¿Con la política de inmigración y nacionalizaciones?

¿Con los mecanismos de elección de los órganos judiciales?

¿Con el Tribunal Constitucional y la Fiscalía?

¿Con las subvenciones a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades de toda condición?

¿Con las empresas públicas y los miles de puestos cuyo nombramiento depende de decisiones políticas?

Y, por supuesto, ¿qué harán con la organización territorial del Estado?

No basta con anunciar derogaciones.

Hay que explicar qué disposiciones sustituirán a las actuales, cuáles requieren mayorías parlamentarias especiales y qué reformas constitucionales pretenden promover.

Porque gobernar no consiste en pronunciar discursos sobre lo que uno desea hacer, sino en adoptar decisiones que produzcan consecuencias comprobables.

Y, por cierto, señores candidatos:

¿QUÉ MEDIDAS DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ ESTÁN DISPUESTOS A CONSERVAR?

También sería interesante saberlo.

Sobre todo para evitar que, dentro de unos meses, descubramos que determinadas políticas resultaban intolerables cuando las aplicaba el PSOE, pero se han convertido en herramientas extraordinariamente útiles cuando las administran otros.

V. CEUTA, MELILLA, MARRUECOS: ¿QUIÉN DEFENDERÁ LOS INTERESES ESPAÑOLES?

Hay cuestiones en las que las fotografías internacionales, las amistades políticas y los discursos patrióticos resultan particularmente insuficientes.

Ceuta y Melilla constituyen un excelente ejemplo.

Marruecos mantiene reivindicaciones territoriales sobre ambas ciudades.

Estados Unidos considera a Marruecos un aliado estratégico.

Israel mantiene estrechas relaciones con Rabat.

Y España tiene la obligación de defender sus propios intereses.

Por eso reitero dos preguntas que ya he formulado públicamente y que considero especialmente importantes.

SEÑOR ABASCAL: SI LOS INTERESES DEL GOBIERNO ISRAELÍ Y LOS DE ESPAÑA ENTRARAN EN CONFLICTO A PROPÓSITO DE MARRUECOS, ¿QUÉ POSICIÓN DEFENDERÍA USTED?

SEÑOR FEIJÓO: SI WASHINGTON DECIDIERA RESPALDAR A RABAT EN UNA CRISIS QUE AFECTASE A CEUTA O MELILLA, ¿QUÉ MEDIDAS ADOPTARÍA SU GOBIERNO?

No se trata de poner en cuestión la conveniencia de mantener buenas relaciones con Estados Unidos o Israel.

Se trata de recordar que nuestros aliados tienen intereses propios.

Y España también.

Me gustaría conocer los compromisos concretos de ambos partidos sobre la seguridad de las ciudades españolas del norte de África, la cooperación fronteriza, los acuerdos con Marruecos y la posición española respecto al Sáhara Occidental.

Y, de paso, saber qué política seguirán respecto a Gibraltar.

Porque la defensa de la soberanía nacional exige decisiones, recursos y una política exterior coherente.

No únicamente banderas en los mítines.

VI. EL ESTADO, LA DEUDA, LOS IMPUESTOS Y LAS PENSIONES: ¿QUIÉN VA A PAGAR LA FIESTA?

Mientras discutimos quién debe vigilar a Feijóo, las obligaciones financieras del Estado no desaparecen.

Los españoles continuarán pagando impuestos.

Las administraciones continuarán gastando.

Los pensionistas seguirán necesitando sus prestaciones.

Los trabajadores continuarán financiando una parte fundamental del sistema de protección social.

Y el Estado tendrá que atender los intereses y vencimientos de su deuda.

Por eso resulta indispensable conocer las propuestas económicas de ambos partidos.

No sus deseos.

Sus propuestas cuantificadas.

¿Cuál será su objetivo de gasto público?

¿Qué impuestos reducirán, modificarán o conservarán?

¿Qué organismos y partidas presupuestarias suprimirán?

¿Qué harán con las duplicidades administrativas?

¿Cómo financiarán las pensiones durante las próximas décadas?

¿Qué medidas impulsarán para mejorar la productividad, facilitar la creación de empresas y aumentar los salarios?

¿Qué reformas llevarán a cabo para afrontar el encarecimiento de la vivienda?

¿Cuánto costarán sus programas?

¿Con qué ingresos los financiarán?

Y, muy especialmente:

¿QUÉ SACRIFICIOS ESTÁN DISPUESTOS A IMPONER A LA PROPIA CLASE POLÍTICA ANTES DE VOLVER A PEDIR SACRIFICIOS A LOS CONTRIBUYENTES?

Porque llevamos demasiado tiempo escuchando discursos sobre la austeridad pronunciados por quienes parecen considerar que las restricciones presupuestarias son una desgracia reservada a los demás.

VII. EL CONTRATO POLÍTICO CON LOS ELECTORES: FIRMEN ANTES DE COBRAR

El pasado 18 de octubre publiqué unas preguntas dirigidas a Feijóo y Abascal.

El 24 de octubre volví a insistir.

Y hoy, 25 de octubre, tras leer el artículo de ESdiario, considero todavía más necesario reiterar mi propuesta.

PP Y VOX DEBEN PUBLICAR, ANTES DE LAS ELECCIONES, UN COMPROMISO DE GOBIERNO CONJUNTO, SI SU PROPÓSITO ES GOBERNAR JUNTOS.

Un compromiso que contenga objetivos concretos, reformas legislativas, previsiones presupuestarias, plazos de ejecución y procedimientos públicos para comprobar los resultados.

También deben explicar qué harán si las circunstancias parlamentarias impiden aprobar determinadas medidas.

Y deben comprometerse a asumir responsabilidades políticas por los incumplimientos graves de aquellos acuerdos que dependan de sus propias decisiones.

No se trata de convertir un programa electoral en un contrato mercantil ejecutable ante un juzgado.

Se trata de terminar con la costumbre de ofrecer promesas grandiosas que, después de las elecciones, desaparecen entre negociaciones reservadas y explicaciones interminables.

La palabra dada no puede convertirse en una mercancía desechable.

Y los compromisos esenciales no deberían estar sometidos a interpretaciones retrospectivas que los vacíen de contenido.

¿Tan difícil resulta que dos dirigentes políticos se sienten, negocien, redacten, cuantifiquen y firmen?

Si pretenden gobernar conjuntamente después de las elecciones, ¿por qué no explican ahora las condiciones fundamentales de ese entendimiento?

¿Acaso necesitan conocer primero cuántos ministerios y cargos corresponderán a cada organización?

No afirmo que esa sea su intención.

PREGUNTO QUÉ LES IMPIDE ACLARARLO.

Porque, si las diferencias programáticas son verdaderamente insalvables, conviene que los electores lo sepan antes de votar.

Y si no lo son, también.

VIII. ¿QUIÉN VIGILARÁ A LOS VIGILANTES?

Regresemos al argumento inicial.

«Votar a Abascal para que cumpla Feijóo».

Comprendo perfectamente la preocupación política que expresa esa frase.

Un partido puede condicionar las decisiones de otro, exigir el cumplimiento de determinados acuerdos y ejercer un control parlamentario efectivo.

Pero esa posibilidad no constituye una garantía automática.

Todo depende de cuáles sean las condiciones, de cómo se negocien, de los instrumentos que existan para comprobar su cumplimiento y de la voluntad de ambos partidos para respetarlas.

La experiencia política ofrece ejemplos de coaliciones en las que los socios se han vigilado mutuamente y de otras en las que los desacuerdos públicos han convivido con acuerdos de reparto institucional.

Por eso la verdadera garantía no consiste únicamente en que uno disponga de fuerza suficiente para vigilar al otro.

Consiste en que ambos acepten compromisos verificables y respondan públicamente por sus decisiones.

Además, los mecanismos de control no deben quedar exclusivamente en manos de los propios partidos.

El Parlamento, los tribunales, los órganos fiscalizadores, los medios de información y los ciudadanos tienen funciones distintas, pero fundamentales, para impedir que el poder actúe sin rendir cuentas.

La separación de poderes no consiste en que dos partidos se repartan la vigilancia de las instituciones.

Consiste, precisamente, en que las instituciones encargadas de controlar al poder puedan cumplir sus funciones con independencia de quienes gobiernan.

NO NECESITAMOS SOLAMENTE QUE ABASCAL VIGILE A FEIJÓO. NECESITAMOS QUE NINGUNO DE LOS DOS PUEDA ESCAPAR AL CONTROL DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS INSTITUCIONES.

Y eso exige reformas que afectarán a quienes hoy aspiran a beneficiarse del poder.

Ahí es donde podrán demostrar hasta qué punto están dispuestos a renunciar a las ventajas del sistema que critican.

IX. LOS ELECTORES NO SOMOS PROPIEDAD DE LOS PARTIDOS

Existe una costumbre política que siempre me ha resultado especialmente irritante.

Los dirigentes hablan de sus votantes como si fueran una especie de patrimonio hereditario.

El PP considera que determinados ciudadanos deberían apoyarlo por tradición.

Vox aspira a convencerlos de que sus posiciones merecen mayor representación.

El PSOE y las demás organizaciones políticas hacen sus propios cálculos electorales.

Perfectamente legítimo.

Pero conviene recordar algo.

Los ciudadanos no pertenecemos a ningún partido.

No estamos obligados a mantener fidelidades eternas.

Tampoco tenemos el deber de aceptar que nuestras exigencias se reduzcan a escoger entre dos aspirantes a gobernarnos sin conocer previamente sus compromisos fundamentales.

Y mucho menos debemos renunciar a exigir explicaciones por temor a perjudicar electoralmente a determinada candidatura.

Los partidos existen para representar a los ciudadanos.

No al revés.

La fidelidad democrática no consiste en obedecer a unos dirigentes.

Consiste en defender unos principios, examinar unas propuestas y exigir responsabilidades a quienes reciben el encargo de gobernar.

El voto pertenece al elector.

No a Génova.

No a Bambú.

No a Ferraz.

Y tampoco a los comentaristas políticos que intentan interpretar qué debe hacer cada ciudadano.

X. NO QUIERO OTROS CUATRO AÑOS DE EXCUSAS

Imagino perfectamente el panorama posterior a las elecciones.

Unos habrán ganado escaños.

Otros los habrán perdido.

Se hablará de victorias, derrotas, mayorías, acuerdos, condiciones y responsabilidades.

Después vendrán las negociaciones.

Y, si finalmente se constituye un Gobierno de coalición o sustentado en acuerdos parlamentarios, aparecerá la explicación de que los compromisos originales han tenido que adaptarse a las circunstancias.

Naturalmente.

Gobernar exige negociar.

Pero negociar no puede convertirse en un procedimiento para borrar aquello que se prometió a los electores.

No quiero escuchar dentro de cuatro años que no se reformó determinada ley porque el socio de Gobierno se opuso.

Ni que no se redujeron determinados gastos porque Bruselas planteó dificultades.

Ni que no se modificó un sistema de nombramientos porque resultó imposible alcanzar un acuerdo.

Ni que no se abordaron determinadas reformas porque las circunstancias internacionales cambiaron.

Si existen obstáculos previsibles, explíquenlos ahora.

Si determinadas medidas requieren una reforma constitucional, díganlo.

Si una propuesta depende de la aprobación de las instituciones europeas, aclárenlo.

Si los programas de PP y Vox son incompatibles en asuntos fundamentales, reconózcanlo.

Y si creen que podrán superar esas diferencias, publiquen las condiciones.

EL CIUDADANO TIENE DERECHO A CONOCER EL ALCANCE REAL DE LAS PROMESAS ANTES DE ENTREGAR SU VOTO, NO CUANDO YA SE HA CERRADO EL COLEGIO ELECTORAL.

EPÍLOGO. YO SIGO INSISTIENDO, Y SEGUIRÉ HACIÉNDOLO

El artículo publicado hoy por ESdiario plantea una cuestión interesante: determinados ciudadanos contemplan el voto a Vox como una forma de condicionar a un futuro Gobierno encabezado por Feijóo.

Es una interpretación del comportamiento electoral que merece atención.

Pero no resuelve mis preguntas.

No explica qué reformas concretas aceptarán ambos partidos.

No establece qué compromisos están dispuestos a suscribir.

No aclara cuáles serán las responsabilidades políticas por los incumplimientos.

Y tampoco garantiza que el posible vigilante no termine compartiendo las decisiones del vigilado.

Por eso considero necesario desplazar la discusión desde los cálculos electorales hasta las obligaciones de quienes aspiran a gobernar.

Señor Feijóo:

¿Qué piensa hacer, exactamente, si llega a la presidencia del Gobierno?

Señor Abascal:

¿Qué medidas considera imprescindibles para participar en ese Gobierno o sostenerlo parlamentariamente?

Señores Feijóo y Abascal:

¿Qué están dispuestos a acordar antes de las elecciones?

¿Qué reformas pueden comprometerse a llevar a cabo?

¿Cuánto costarán?

¿En qué plazos?

¿Quién responderá si incumplen?

Y, por encima de todo:

¿ESTÁN DISPUESTOS A RENUNCIAR A LOS PRIVILEGIOS Y MECANISMOS DE CONTROL POLÍTICO QUE TANTO CRITICAN CUANDO LOS EJERCEN SUS ADVERSARIOS?

Porque ésa es una de las pruebas más importantes de cualquier compromiso regenerador.

Resulta relativamente sencillo prometer que se utilizará el poder de manera distinta.

Lo verdaderamente difícil es reformar las instituciones para que nadie, ni siquiera uno mismo, pueda volver a utilizarlo abusivamente.

No me interesa que PP y Vox se presenten como dos organizaciones destinadas a vigilarse mutuamente mientras administran conjuntamente el Estado.

Me interesa que expliquen cómo piensan gobernar y qué reformas garantizarán que los ciudadanos puedan exigirles cuentas.

España no necesita un presidente acompañado de un vigilante cuya principal ocupación sea impedir que el primero se desvíe del camino.

Necesita instituciones eficaces, controles independientes, cuentas comprensibles y gobernantes sujetos a compromisos públicos.

Y termino como llevo haciendo durante días, porque parece que determinadas preguntas necesitan repetirse hasta la extenuación.

SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL:

NO BASTA CON PROMETER QUE UNO GOBERNARÁ Y EL OTRO VIGILARÁ.

EXPLIQUEN QUÉ VAN A HACER. PÓNGANSE DE ACUERDO EN LO FUNDAMENTAL. PUBLIQUEN SUS COMPROMISOS. FÍRMENLOS. Y RESPONDAN POLÍTICAMENTE SI LOS INCUMPLEN.

Porque la regeneración democrática no consiste en sustituir al inquilino de la Moncloa y contratar a otro para que le vigile.

Consiste en recordar que el edificio pertenece a los españoles y que quienes lo ocupan están allí temporalmente, por mandato de los electores.

Y ahora sí, la pregunta que ninguno debería esquivar:

¿PARA QUÉ DEMONIOS QUIEREN GOBERNAR ESPAÑA?

Porque si todo se reduce a cambiar a unos ministros por otros, sustituir a unos asesores por otros y repartir entre distintos partidos los cargos que antes ocupaban sus adversarios, habremos celebrado unas elecciones para cambiar la nómina del personal encargado de administrar la misma maquinaria.

Y eso no es una regeneración nacional.

Es una mudanza.

Con gastos a cargo del contribuyente.

Y, probablemente, con factura de la empresa de transportes incluida.

YO SIGO INSISTIENDO.

PRIMERO, LOS COMPROMISOS. DESPUÉS, LAS URNAS. Y, SI GOBIERNAN, CUENTAS CLARAS Y RESPONSABILIDADES.

Porque los ciudadanos no tenemos por qué seguir comprando promesas electorales cuya letra pequeña únicamente aparece cuando ya hemos pagado.

Texto de opinión elaborado a partir del artículo de ESdiario del 25 de octubre de 2026 y del artículo del autor publicado en Voz Ibérica el 24 de octubre. La convocatoria electoral del 29 de noviembre está confirmada oficialmente en el BOE.

BOE Las consideraciones sobre los posibles acuerdos entre PP y Vox son propuestas y valoraciones políticas, no acuerdos ya alcanzados.