POLONIA EN PIE DE GUERRA INSTITUCIONAL: LAS MISERIAS DE LA DEMOCRACIA EUROPEA, A LOS OJOS DE UN ESPAÑOL PERPLEJO

Cuando los gobernantes se disputan los tribunales, los partidos confunden la justicia con sus intereses y la Unión Europea pretende decidir qué gobiernos son respetables y cuáles merecen ser castigados.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Hay acontecimientos que, contemplados desde España, producen una mezcla de asombro, indignación y cierta sensación de estar asistiendo a una representación teatral cuyo argumento conocemos demasiado bien. Cambian los nombres, los protagonistas hablan otra lengua y los escenarios se encuentran a miles de kilómetros, pero la función resulta extraordinariamente familiar.

Lo que está sucediendo en Polonia es uno de esos acontecimientos.

Un presidente de la República enfrentado al primer ministro. Un Tribunal Constitucional convertido en campo de batalla entre partidos. Magistrados cuya legitimidad discuten otros magistrados. Policías rodeando la sede del tribunal. Manifestantes en la calle. Acusaciones recíprocas de golpe de Estado. Y, como no podía faltar en semejante representación, la Unión Europea vigilando los acontecimientos y repartiendo certificados de buena conducta democrática.

Uno, español y suficientemente escarmentado por cuanto sucede en nuestra patria, contempla semejante espectáculo y se pregunta: ¿de verdad alguien pretende convencernos de que las democracias europeas funcionan gracias a la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto escrupuloso a las constituciones?

Porque lo ocurrido en Varsovia durante los últimos días de octubre de 2026 merece algo más que una noticia despachada con cuatro lugares comunes sobre la extrema derecha, los europeístas, los nacionalistas y demás etiquetas con las que los políticos profesionales y sus servidores pretenden ahorrarnos el esfuerzo de pensar.

El asunto es bastante más serio.

Polonia tiene un presidente de la República, Karol Nawrocki, próximo a la derecha nacional-conservadora de Ley y Justicia (PiS), y un primer ministro, Donald Tusk, que encabeza una coalición parlamentaria integrada por distintas fuerzas políticas, desde posiciones liberales y conservadoras hasta la izquierda socialdemócrata.

Ambos disponen de atribuciones constitucionales importantes. El Parlamento elige a los magistrados del Tribunal Constitucional, pero el presidente interviene en su toma de posesión. Además, puede vetar leyes, aunque ese veto puede ser levantado por una mayoría parlamentaria especialmente amplia.

Una combinación que exige cierta disposición a entenderse.

Precisamente lo que brilla por su ausencia.

El 30 de octubre de 2026, la magistrada Anna Korwin-Piotrowska, elegida por la mayoría parlamentaria, anunció la suspensión durante un mes del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente. Korwin-Piotrowska asumió provisionalmente la dirección de la institución.

El presidente de la República había rechazado recibir el juramento de varios magistrados elegidos por el Parlamento. Los afectados consideraban que aquella negativa no podía impedirles ejercer sus cargos. Sus adversarios sostenían que carecían de legitimidad para actuar sin cumplir el procedimiento correspondiente.

La Policía acudió a la sede del Tribunal Constitucional. Se produjeron concentraciones de protesta. Nawrocki interrumpió un viaje oficial y regresó a Varsovia. Los partidarios de una y otra posición comenzaron a acusarse de vulnerar la Constitución y de pretender apoderarse de la justicia.

¡Magnífico espectáculo!

El órgano encargado de resolver los conflictos constitucionales se había convertido, él mismo, en protagonista de un conflicto constitucional de primer orden.

Y quienes debían someterse a sus decisiones discutían hasta quién tenía derecho a sentarse en sus sillones.

Desde España, donde llevamos décadas contemplando cómo PSOE y PP negocian los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial como si estuvieran repartiéndose los puestos de una diputación provincial, todo esto tiene un aire inquietantemente conocido.

La independencia judicial es una maravilla, siempre que los independientes hayan sido elegidos por los nuestros.

Pero el conflicto polaco no nació el pasado octubre. Sus raíces se remontan, al menos, a 2015.

Aquel año, cuando Plataforma Cívica estaba a punto de perder el poder, la mayoría parlamentaria saliente intentó asegurarse el nombramiento de cinco magistrados del Tribunal Constitucional. Tres correspondían a vacantes que debían producirse durante su mandato; los otros dos, a vacantes posteriores, cuando ya debía constituirse el nuevo Parlamento.

El Tribunal Constitucional terminó reconociendo la validez de los tres primeros nombramientos, pero rechazó los dos restantes.

Cuando Ley y Justicia llegó al poder, intentó sustituir los cinco nombramientos por otros propios.

Es decir, unos procuraron dejar el tribunal convenientemente ocupado antes de abandonar el Gobierno, y los siguientes trataron de deshacer aquella maniobra colocando a quienes consideraban más favorables.

Después llegaron nuevas reformas judiciales, enfrentamientos con las instituciones europeas, resoluciones judiciales contrarias a diversas actuaciones del Gobierno polaco y una disputa cada vez más enconada.

¿No resulta extraordinariamente familiar?

Lo verdaderamente preocupante es que, después de tantos años, la discusión sobre la independencia de la justicia haya degenerado en una disputa por hacerse con el control de las instituciones.

Porque una cosa es discutir legítimamente quién debe nombrar a los magistrados, cuáles son sus atribuciones y cómo deben organizarse los tribunales, y otra muy distinta convertir esos tribunales en prolongaciones de las mayorías parlamentarias.

Y aquí aparece una pregunta que cualquier español medianamente avisado debería formularse: ¿cómo puede un tribunal arbitrar con independencia las controversias entre partidos cuando esos mismos partidos consideran que sus magistrados les deben fidelidad?

En España conocemos demasiado bien las consecuencias de semejante disparate.

El Consejo General del Poder Judicial lleva décadas sometido a un procedimiento de renovación en el que los partidos parlamentarios desempeñan un papel decisivo. El Tribunal Constitucional tampoco permanece ajeno a los nombramientos políticos. Y, cuando llega una resolución judicial especialmente importante, con demasiada frecuencia la discusión pública comienza por averiguar qué magistrados fueron propuestos por unos y cuáles por otros.

Después nos hablan solemnemente de separación de poderes.

¡Y esperan que nos lo creamos!

Por supuesto, Polonia añade un ingrediente que transforma su conflicto interno en un asunto europeo: la Unión Europea.

Donald Tusk representa una orientación decididamente favorable a las actuales instituciones comunitarias. Sus adversarios nacional-conservadores defienden una Polonia más celosa de su soberanía, de sus tradiciones y de sus facultades para decidir sin recibir instrucciones de Bruselas.

Sin embargo, sería engañoso presentar la cuestión como un enfrentamiento sencillo entre partidarios y enemigos de Europa.

Polonia tiene motivos históricos más que suficientes para desconfiar de cualquier poder exterior que pretenda condicionar sus decisiones.

Su territorio fue repartido entre potencias extranjeras. Sufrió la ocupación nazi, la devastación de la Segunda Guerra Mundial y décadas de subordinación a la Unión Soviética.

La independencia nacional no es allí una expresión decorativa para pronunciar discursos patrióticos. Es una conquista que ha costado generaciones enteras de sufrimientos.

Por eso resulta comprensible que una parte considerable de los polacos contemple con prevención determinadas pretensiones de Bruselas.

La Unión Europea fue durante años una garantía de integración económica, seguridad y prosperidad. Pero la pertenencia a una organización internacional no exige renunciar a discutir las decisiones de quienes la dirigen.

Y aquí, nuevamente, el español perplejo encuentra motivos para la reflexión.

¿Cómo hemos llegado a aceptar que unas instituciones europeas alejadas del control directo de los electores puedan pronunciarse con tanta autoridad sobre las decisiones políticas de naciones cuyos gobiernos responden, al menos formalmente, ante sus respectivos ciudadanos?

No discuto que existan tratados que obligan a los Estados miembros, ni que las instituciones comunitarias tengan atribuciones reconocidas por esos tratados.

Discuto algo diferente: la facilidad con la que la defensa de la legalidad europea acaba mezclándose con las preferencias políticas de quienes ocupan el poder en Bruselas.

Porque la legalidad no debería cambiar de significado según el gobierno examinado resulte simpático o antipático a la Comisión Europea.

Y el respeto a la independencia judicial debería exigirse con idéntico rigor a todos.

No basta con condenar los excesos de una mayoría nacional-conservadora si después se disculpan procedimientos discutibles cuando los protagoniza una mayoría que se proclama europeísta.

Tampoco basta con invocar la soberanía nacional para justificar cualquier atropello cometido por quienes dicen defenderla.

La propia Comisión Internacional de Juristas ha advertido que la crisis polaca debe resolverse mediante el derecho y no por la fuerza, al tiempo que critica la negativa presidencial a recibir el juramento de magistrados elegidos por el Parlamento. ICJ

Y ese es precisamente el problema de fondo: el Estado de derecho exige normas y procedimientos que obliguen a todos, no solamente a quienes pierden las elecciones.

Hay, además, otra cuestión que contribuye a explicar las divisiones polacas: Ucrania.

Para Polonia, la guerra entre Rusia y Ucrania no es una discusión lejana. Es un conflicto que se desarrolla junto a sus fronteras, en una región cuya historia está marcada por invasiones, deportaciones, matanzas y enfrentamientos nacionales.

Polonia ha respaldado a Ucrania frente a la invasión rusa y ha acogido a numerosos ucranianos que huyeron de la guerra.

Pero ese respaldo no elimina los conflictos históricos, ni las diferencias políticas, ni las preguntas sobre el destino de las ayudas económicas.

Tampoco obliga a los polacos a compartir todas las decisiones de Volodímir Zelenski.

En mayo de 2026 estalló una controversia especialmente significativa cuando se conoció la decisión ucraniana de dar a una unidad militar el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano, organización vinculada a las matanzas de población polaca durante la Segunda Guerra Mundial.

Karol Nawrocki promovió entonces la retirada a Zelenski de la Orden del Águila Blanca, máxima distinción polaca, y en junio anunció su revocación.

Las matanzas de Volinia y de otras regiones no constituyen para Polonia un recuerdo menor. Forman parte de una tragedia nacional cuya memoria continúa viva. Polska Agencja Prasowa SA+1

¿Es tan difícil comprender que una nación recuerde a sus muertos y exija respeto por su historia?

¿Acaso la ayuda prestada a un país obliga a cerrar los ojos ante cualquier decisión de sus gobernantes?

Naturalmente, nada de esto convierte en legítima la invasión rusa ni disminuye la responsabilidad de Moscú por la guerra. Pero tampoco convierte al Gobierno ucraniano en una autoridad moral situada por encima de toda crítica.

Una cosa es defender la independencia de Ucrania y otra conceder a sus gobernantes una patente de corso.

Y entre ambas existe una diferencia que convendría no olvidar.

La posición de Polonia ante Rusia tampoco responde únicamente a las preferencias de sus actuales dirigentes.

El recuerdo de las particiones del país, de la dominación soviética y de la pérdida de su independencia explica una desconfianza hacia Moscú que atraviesa buena parte de su sociedad.

Tusk y Nawrocki discrepan profundamente sobre numerosas cuestiones, pero ambos consideran a Rusia una amenaza y respaldan el fortalecimiento de la defensa nacional. Reuters

Reducir toda esa complejidad a una supuesta lucha entre europeístas virtuosos y nacionalistas peligrosos es una manera muy cómoda de no entender absolutamente nada.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional continúa atrapado en una disputa que amenaza con prolongarse.

El 3 de noviembre, su asamblea consiguió aprobar el presupuesto de la institución para 2027, pero aquello no resolvió el enfrentamiento sobre su composición y dirección. Al día siguiente, Donald Tusk manifestó su disposición a reunirse con Karol Nawrocki para tratar de rebajar las tensiones. Le Monde.fr+1

Habrá que ver si prevalece el acuerdo o si ambos bandos prefieren continuar la batalla hasta las próximas elecciones parlamentarias.

Pero lo ocurrido ya permite extraer una conclusión bastante incómoda.

Las instituciones políticas no se vuelven independientes porque una Constitución proclame su independencia.

Tampoco basta con establecer procedimientos aparentemente solemnes para nombrar magistrados, fiscales o responsables de organismos públicos.

Si quienes ejercen el poder conciben esos nombramientos como una oportunidad para colocar a personas afines, la independencia termina convertida en una fórmula vacía.

Y si los ciudadanos aceptan resignadamente esa conducta, convencidos de que lo importante es que los nuestros ocupen los puestos antes de que lleguen los otros, el problema deja de ser exclusivamente de los gobernantes.

Se convierte en un problema de toda la sociedad.

Aquí es donde el español perplejo deja de mirar hacia Varsovia y vuelve los ojos hacia Madrid.

Porque nosotros también llevamos décadas soportando una extraordinaria exhibición de solemnidades constitucionales mientras contemplamos el reparto partidista de innumerables instituciones.

Los partidos se alternan en el poder, se acusan de colonizar la justicia, prometen regenerar la vida pública y terminan practicando aquello mismo que denunciaban cuando estaban en la oposición.

La independencia de los órganos de control les parece imprescindible cuando están en manos ajenas y bastante menos urgente cuando pueden influir en su composición.

Y, por supuesto, jamás faltan los discursos grandilocuentes sobre la democracia, la convivencia, la calidad institucional y todas esas expresiones que pierden buena parte de su significado cuando se contrastan con la conducta de quienes las pronuncian.

El espectáculo polaco también pone de manifiesto otra debilidad europea: la facilidad con la que las discrepancias políticas terminan convertidas en acusaciones de golpismo.

Unos se proclaman defensores de la Constitución. Los otros afirman estar restaurando la legalidad constitucional. Ambos aseguran actuar en nombre de la democracia.

Y el ciudadano común asiste al enfrentamiento sin saber siquiera quién tiene autoridad para resolverlo.

Porque, cuando se discute la legitimidad del propio tribunal llamado a decidir, ¿ante quién se presenta el recurso?

¿Quién arbitra entre quienes deben arbitrar?

¿Quién garantiza que la interpretación definitiva de la Constitución no dependa de la fuerza parlamentaria, de la obediencia policial o de la capacidad de movilizar manifestantes?

Son preguntas elementales.

Y precisamente por eso resultan tan difíciles de responder cuando las instituciones llevan años sometidas a una disputa partidista.

No hace falta simpatizar con Donald Tusk ni con Karol Nawrocki para advertir la gravedad del problema. Tampoco es necesario tomar partido por una determinada corriente política polaca.

Basta con comprender que ninguna democracia puede funcionar razonablemente cuando sus gobernantes consideran que las instituciones son propiedades que se conquistan, se ocupan y se defienden contra el adversario.

La justicia no debería ser un premio electoral.

La Constitución no debería convertirse en un arma arrojadiza.

La Policía no debería aparecer como instrumento para resolver desacuerdos entre quienes se disputan la dirección de un tribunal.

Y las instituciones europeas tampoco deberían utilizar la defensa del derecho como pretexto para favorecer a los gobiernos políticamente más próximos.

Todo esto parece tan elemental que casi produce vergüenza tener que recordarlo.

Sin embargo, lo elemental se ha convertido en extraordinario.

Polonia ofrece una imagen particularmente descarnada de una enfermedad que afecta, con distintas manifestaciones, a numerosas democracias europeas: la confusión entre conquistar el Gobierno y adueñarse del Estado.

Los partidos ganan unas elecciones y parecen convencidos de haber recibido autorización para extender su poder sobre todo aquello que debería limitarlo.

Cuando pierden, descubren repentinamente las virtudes de la independencia institucional.

Y así sucesivamente.

Unos colocan a los suyos. Los siguientes intentan desalojarlos. Los primeros denuncian persecuciones. Los segundos prometen recuperar la legalidad. Y todos invocan al pueblo, aunque el pueblo cada vez tenga menos motivos para confiar en semejante representación.

Desde luego, no faltará quien sostenga que todo esto demuestra la fortaleza de la democracia, porque las instituciones resisten, los conflictos se discuten y finalmente se encontrarán soluciones.

Tal vez.

Pero también cabe una interpretación menos complaciente: que las instituciones sobrevivan a las malas prácticas de los políticos no convierte esas malas prácticas en virtudes democráticas.

Una democracia no debería presumir de soportar indefinidamente los abusos de quienes la gobiernan.

Debería disponer de medios eficaces para impedirlos, corregirlos y exigir responsabilidades a sus autores.

Y cuando los mecanismos de control dependen precisamente de quienes deben ser controlados, tenemos motivos sobrados para desconfiar.

Al final, contemplando lo que sucede en Polonia, este español perplejo no puede evitar una última reflexión.

Durante décadas nos han repetido que vivimos en un continente ejemplar, poblado de democracias consolidadas, instituciones independientes y gobernantes sometidos al imperio de la ley.

Pero, de cuando en cuando, la realidad se empeña en levantar el telón.

Y detrás aparecen partidos disputándose los tribunales, presidentes enfrentados a primeros ministros, magistrados que desconocen la autoridad de otros magistrados, policías desplegados alrededor de las instituciones y organismos internacionales repartiendo reprimendas.

Todo ello entre interminables declaraciones de amor a la democracia.

Quizá el problema no sea que falten constituciones, tribunales, leyes, tratados o instituciones.

Quizá el problema sea mucho más sencillo y bastante más desagradable: sobran gobernantes convencidos de que las leyes deben servir a sus intereses, en lugar de comprender que son ellos quienes deben someterse a las leyes.

Y sobran ciudadanos dispuestos a disculpar cualquier atropello mientras lo cometan los políticos a quienes entregan su voto.

Por eso, mientras en Varsovia continúa la disputa por el Tribunal Constitucional, en Madrid podemos contemplar los acontecimientos sin sentirnos precisamente superiores.

Al contrario.

Los polacos están representando ante nuestros ojos una función cuyo argumento conocemos de sobra.

La diferencia es que allí la disputa ha terminado por llevar a la Policía hasta las puertas del Tribunal Constitucional.

Aquí todavía podemos permitirnos contemplar el espectáculo desde la distancia y fingir que nuestros males son de otra naturaleza.

Pero hay una lección que conviene aprender antes de que sea demasiado tarde:

Cuando los partidos convierten la justicia en botín político, la Constitución en coartada y la democracia en una competición por controlar todas las instituciones, los ciudadanos dejan de ser soberanos y se convierten en espectadores de una lucha por el poder que otros libran en su nombre.

Y entonces las elecciones sirven para cambiar a quienes ocupan los sillones, pero no necesariamente para modificar las costumbres de quienes se sientan en ellos.

Eso, desgraciadamente, cualquier español suficientemente escarmentado lo comprende sin necesidad de viajar a Polonia.