¿PARA QUÉ QUIEREN NUESTROS VOTOS, SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL? EL MAL MENOR, LA MENTIRA ELECTORAL Y LA RENUNCIA A LOS PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Hay una pregunta que considero imprescindible formular antes de las próximas elecciones generales. Una pregunta bastante más importante que averiguar quién ganará, cuántos diputados conseguirá cada partido o quién ocupará los ministerios después de la correspondiente negociación.
¿Para qué quieren nuestros votos Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal?
No pregunto para qué quieren ganar las elecciones. Eso resulta evidente. Tampoco para qué desean desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Sus declaraciones sobre este particular son suficientemente conocidas.
Pregunto algo mucho más elemental: ¿para qué quieren gobernar España? ¿Qué pretenden hacer con el poder? ¿Qué principios consideran verdaderamente irrenunciables? ¿Qué leyes están dispuestos a derogar? ¿Qué estructuras políticas y administrativas piensan desmantelar? ¿Qué libertades devolverán a los ciudadanos? ¿Qué privilegios eliminarán? ¿Qué compromisos asumirán por escrito? ¿Y qué consecuencias aceptarán si, pudiendo cumplirlos, deciden incumplirlos?
Porque, a estas alturas, los españoles tenemos sobradas razones para desconfiar de quienes nos piden el voto asegurando que van a cambiarlo todo, pero evitan explicar qué piensan cambiar realmente.
Y existe otra cuestión todavía más incómoda: ¿por qué debemos seguir entregando nuestra confianza a organizaciones políticas cuyos dirigentes parecen considerar que los principios pueden proclamarse solemnemente durante años y abandonarse discretamente cuando se aproxima la posibilidad de ocupar el poder?
Estamos ante una costumbre tan extendida que muchos han terminado por considerarla una demostración de sensatez.
La llaman pragmatismo, responsabilidad, moderación o sentido de Estado.
Yo prefiero examinar cada caso antes de aceptar semejantes calificativos.
Porque una cosa es negociar para conseguir una parte de lo que legítimamente se pretende y otra muy distinta utilizar las convicciones de los electores como reclamo publicitario para después sacrificarlas en beneficio de los dirigentes.
Y una cosa es aceptar que determinadas reformas no pueden realizarse inmediatamente por falta de apoyo parlamentario y otra renunciar a defenderlas precisamente cuando empieza a vislumbrarse el reparto de ministerios.
La decencia política comienza por distinguir ambas cosas.
LA POLÍTICA NO ESTÁ POR ENCIMA DEL BIEN Y DEL MAL
Una de las mayores falsedades que han terminado imponiéndose en la vida pública consiste en presentar la política como una actividad sometida a unas reglas morales diferentes de las que exigimos en nuestras relaciones personales.
Si un empresario promete entregar una mercancía y deliberadamente entrega otra, hablamos de engaño.
Si alguien solicita dinero para realizar una actividad determinada y lo utiliza conscientemente para otra, exigimos explicaciones y, cuando corresponde, responsabilidades.
Si una persona obtiene nuestra confianza mediante promesas que nunca tuvo intención de cumplir, consideramos que ha actuado deshonestamente.
Pero cuando un dirigente político consigue millones de votos comprometiéndose a realizar determinadas reformas y después hace lo contrario, aparecen inmediatamente los especialistas en encontrar justificaciones.
Que si las circunstancias han cambiado.
Que si la situación económica no lo permite.
Que si Bruselas se opone.
Que si los socios de gobierno no están de acuerdo.
Que si no existe mayoría suficiente.
Que si hay que ser realistas.
Y así hasta la siguiente campaña electoral, cuando los mismos personajes vuelven a presentar idénticas promesas como si los ciudadanos padeciéramos una amnesia colectiva incurable.
Naturalmente, no todos los incumplimientos constituyen engaños. Un gobernante puede encontrarse con dificultades imprevisibles, obstáculos jurídicos o circunstancias extraordinarias que hagan imposible cumplir determinados compromisos.
Pero esa realidad no autoriza a convertir el incumplimiento en costumbre ni la mentira deliberada en una habilidad política digna de admiración.
Desde Aristóteles sabemos que la política y la ética no son compartimentos completamente separados. La organización de la comunidad debe examinarse también desde la perspectiva de la justicia, la virtud y el bien común.
Y conviene recordar asimismo una exigencia moral elemental: la bondad de un fin no convierte automáticamente en buenos todos los medios empleados para alcanzarlo.
No resulta aceptable prometer cualquier cosa para ganar unas elecciones y justificar después el engaño alegando que el adversario era peor.
Tampoco cabe considerar virtuosa una renuncia simplemente porque haya permitido alcanzar el Gobierno.
Si los medios utilizados para conseguir el poder consisten en ocultar las verdaderas intenciones, manipular los temores de los ciudadanos y aprovecharse de sus convicciones, difícilmente puede presentarse el resultado como una victoria moral.
Por mucho que los vencedores aparezcan sonrientes en el balcón de la sede del partido.
EL MAL MENOR: DE EXCEPCIÓN MORAL A SISTEMA PERMANENTE DE ENGAÑO
Aquí aparece una expresión que merece especial atención: el mal menor.
Se nos repite constantemente que debemos elegir al menos perjudicial de los candidatos, que no existe alternativa y que cualquier exigencia de coherencia constituye un lujo que no podemos permitirnos.
Así hemos llegado a esa peculiar forma de participación política que consiste en votar con la nariz tapada.
La expresión resulta bastante reveladora.
Reconocemos que algo huele mal, pero, en lugar de exigir que desaparezca el hedor, aceptamos soportarlo porque nos aseguran que los demás huelen todavía peor.
Y encima debemos considerarnos ciudadanos responsables.
Es cierto que existen situaciones extraordinarias en las que todas las alternativas disponibles presentan inconvenientes graves. En tales circunstancias puede resultar moralmente admisible optar por una solución imperfecta para evitar consecuencias peores, siempre que se respeten determinados límites.
Pero esa posibilidad excepcional no constituye una autorización ilimitada para sacrificar cualquier principio.
Menos todavía para convertir la renuncia en costumbre.
Porque cuando cada convocatoria electoral exige abandonar una nueva convicción, cuando cada acuerdo de gobierno obliga a justificar una nueva contradicción y cuando cada victoria electoral termina demostrando que las promesas anteriores carecían de valor, el mal menor deja de ser una respuesta ante una dificultad excepcional.
Se convierte en un procedimiento habitual para conservar el poder.
Hoy renunciamos a una reforma porque no existe mayoría suficiente.
Mañana aceptamos una ley que considerábamos injusta porque necesitamos los votos de otro partido.
Pasado mañana conservamos un impuesto que prometimos suprimir porque resulta extraordinariamente útil para financiar nuestros gastos.
Y finalmente descubrimos que, después de tantos sacrificios, hemos renunciado a casi todo.
A casi todo, naturalmente, menos a los ministerios, los cargos, los presupuestos y las demás ventajas de gobernar.
¡Qué admirable capacidad de sacrificio!
Por eso me niego a aceptar que el ciudadano esté moralmente obligado a votar a quien considera menos malo.
El voto es un derecho, no una servidumbre.
Y nadie adquiere un derecho sobre nuestra conciencia por el simple hecho de proclamarse enemigo de un gobernante al que rechazamos.
FEIJÓO Y ABASCAL: CUANDO LOS PRINCIPIOS COMIENZAN A ESTORBAR
Las posiciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal permiten comprender perfectamente el problema.
El Partido Popular y VOX se presentan como alternativas al Gobierno socialista, pero mantienen diferencias importantes sobre cuestiones que no son precisamente secundarias.
La organización territorial del Estado, la legislación sobre el aborto, las relaciones con las instituciones europeas, determinadas leyes sociales, el alcance de la intervención pública y la distribución de competencias entre administraciones forman parte de esas diferencias.
No estamos hablando de decidir quién presidirá una comisión parlamentaria o qué ministerio ocupará determinado dirigente.
Estamos hablando de cuestiones que afectan a los fundamentos mismos de sus respectivos proyectos políticos.
VOX ha defendido durante años la transformación profunda del Estado autonómico y la recuperación de competencias por la Administración central. También ha presentado la defensa de la vida humana como uno de sus compromisos fundamentales.
El Partido Popular, por su parte, defiende la continuidad del modelo autonómico y mantiene posiciones diferentes sobre determinadas leyes que VOX pretende derogar.
¿Y qué ocurrirá si necesitan gobernar juntos?
Las recientes declaraciones de Abascal, reconociendo que determinadas reformas no constituyen ahora una prioridad inmediata y que algunas de sus posiciones carecen de suficiente respaldo social, plantean una cuestión que sus electores tienen perfecto derecho a exigir que se aclare.
Señor Abascal: ¿estamos ante un aplazamiento impuesto por la aritmética parlamentaria o ante una renuncia política?
Porque no es lo mismo.
Si considera que el Estado autonómico perjudica gravemente a España, explique qué medidas concretas exigirá para corregir sus efectos.
Si entiende que determinadas leyes vulneran principios fundamentales, identifique cuáles está dispuesto a intentar derogar y cuáles no.
Si carece de mayoría suficiente, explique qué reformas parciales considera admisibles y qué límites no piensa traspasar.
Pero no pretenda que los electores descubran después de votar hasta dónde llega su disposición a transigir.
Y usted, señor Feijóo, debe responder a cuestiones igualmente importantes.
¿Qué leyes socialistas piensa conservar?
¿Qué reformas propuestas por VOX considera absolutamente inaceptables?
¿Qué cambios está dispuesto a impulsar en la organización territorial del Estado?
¿Qué hará con la legislación sobre el aborto, la eutanasia, la enseñanza, la memoria histórica y democrática, y las disposiciones que establecen tratamientos jurídicos distintos para hombres y mujeres en determinadas circunstancias?
¿Se propone modificar sustancialmente esas políticas o simplemente introducir algunos retoques para presentar como cambio lo que, en realidad, continuará siendo casi lo mismo?
Ambos tienen derecho a defender sus respectivos programas.
Lo que no tienen derecho a exigir es que los ciudadanos votemos sin conocer qué parte de esos programas piensan sacrificar.
Si los principios son irrenunciables, no pueden transformarse en simples molestias que desaparecen cuando se aproxima la posibilidad de gobernar.
Y si han dejado de considerarlos irrenunciables, tengan al menos la decencia de reconocerlo.
EL PRECEDENTE DE RAJOY: LA EXPERIENCIA OBLIGA A DESCONFIAR
El Partido Popular no se presenta ante los españoles como una organización recién fundada cuyos compromisos nunca han sido sometidos a prueba.
Ha gobernado España durante largos periodos.
Y dispone de antecedentes suficientemente conocidos como para que sus nuevas promesas deban examinarse a la luz de sus actuaciones anteriores.
Recordemos la mayoría absoluta conseguida por Mariano Rajoy en noviembre de 2011.
Los españoles que respaldaron al PP esperaban, entre otras cosas, una política económica distinta de la socialista, una reducción de los impuestos y una corrección profunda de determinadas decisiones del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
¿Qué ocurrió?
Se aprobaron importantes aumentos tributarios, incluido el incremento del IRPF y del IVA, pese a las promesas electorales de reducir la presión fiscal.
Numerosas leyes que habían sido objeto de críticas permanecieron vigentes.
La transformación de las administraciones públicas quedó muy por debajo de las expectativas creadas.
Y cuando llegó el desafío separatista catalán de 2017, la aplicación del artículo 155 de la Constitución terminó acompañada de una convocatoria electoral autonómica que no impidió la recuperación posterior del poder por las fuerzas separatistas.
La experiencia no fue precisamente un ejemplo de coherencia entre los compromisos proclamados y las decisiones adoptadas.
Naturalmente, cada actuación debe examinarse atendiendo a las circunstancias en que se produjo. Pero el conjunto constituye un antecedente político que los electores tienen derecho a recordar.
Y a exigir que no se repita.
Por eso la pregunta a Feijóo resulta inevitable:
¿Qué garantías ofrece de que su Gobierno no repetirá los incumplimientos que caracterizaron buena parte de la etapa de Rajoy?
¿En qué consiste exactamente la diferencia entre lo que promete ahora y lo que su partido hizo cuando dispuso de mayoría absoluta?
¿Debemos confiar nuevamente en que esta vez sí cumplirá?
Porque la confianza no se renueva automáticamente cada cuatro años.
Y la experiencia debería servir para algo más que para escribir memorias políticas.
ZAPATERO, RAJOY Y SÁNCHEZ: TRES PRESIDENCIAS Y UNA MISMA TENDENCIA A MULTIPLICAR LAS LEYES
Precisamente ahora conocemos un estudio que aporta datos particularmente reveladores sobre la continuidad de determinadas tendencias políticas bajo gobiernos de distinto signo.
El Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS han examinado 598 normas con rango de ley correspondientes a las presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Sus investigadores consideran que 453 de esas disposiciones, aproximadamente el 76 %, deberían derogarse, simplificarse o reformarse profundamente.
El desglose de sus recomendaciones resulta especialmente interesante.
De las 208 normas examinadas de la etapa de Zapatero, proponen intervenir sobre 137, aproximadamente el 66 %.
De las 147 correspondientes a Rajoy, recomiendan modificar o eliminar 112, alrededor del 76 %.
Y de las 243 analizadas de la etapa de Sánchez, consideran necesaria la revisión de 204, aproximadamente el 84 %.
Conviene precisar que estas cifras corresponden a las valoraciones de los autores del estudio. No significan que tres de cada cuatro leyes sean ilegales ni que su eliminación produzca automáticamente resultados beneficiosos.
Pero el diagnóstico merece una reflexión profunda.
Durante más de veinte años, gobiernos socialistas y populares han contribuido a desarrollar un ordenamiento jurídico cada vez más extenso, con nuevas obligaciones, autorizaciones, restricciones y procedimientos.
En demasiadas ocasiones, aprobar una nueva ley parece constituir la respuesta obligada a cualquier problema.
Si aparece una dificultad, se legisla.
Si la nueva norma produce consecuencias imprevistas, se aprueba otra.
Si los ciudadanos no consiguen cumplir las obligaciones anteriores, se crean procedimientos complementarios.
Y si el resultado continúa siendo insatisfactorio, se constituye un organismo encargado de estudiar las razones del fracaso.
Todo ello, naturalmente, con cargo al presupuesto público.
La cuestión no es que cualquier ley resulte perjudicial. Una sociedad necesita normas claras, estables y justas que protejan los derechos, garanticen la seguridad jurídica y permitan resolver los conflictos.
El problema comienza cuando la proliferación legislativa deja de servir a esos fines y termina convirtiéndose en un instrumento de intervención permanente sobre la vida económica y social.
Cada obligación innecesaria consume tiempo y dinero.
Cada autorización redundante dificulta una actividad.
Cada trámite absurdo obliga al ciudadano a justificar ante la Administración lo que debería poder hacer libremente.
Y cada organismo creado para vigilar el cumplimiento de nuevas disposiciones necesita personal, presupuesto, instalaciones y procedimientos.
El resultado es un aparato administrativo que tiende a crecer incluso cuando no mejora proporcionalmente los servicios que reciben los ciudadanos.
Por eso las conclusiones del estudio deberían provocar una reacción inmediata de Feijóo y Abascal.
Aquí tienen un trabajo de investigación sobre centenares de leyes concretas, acompañado de recomendaciones de derogación y reforma.
¿Están dispuestos a examinarlo públicamente y explicar cuáles de esas propuestas aceptan, cuáles rechazan y por qué?
¿O prefieren continuar pronunciando discursos sobre la libertad, la prosperidad y la reducción de la burocracia sin comprometerse con medidas verificables?
EL DINERO PÚBLICO NO BROTA DE LOS ÁRBOLES
Y llegamos a una cuestión que debería preocupar especialmente a quienes pagamos los impuestos.
España soporta un endeudamiento gigantesco.
Los pasivos financieros totales de las administraciones públicas alcanzaron los 2.309.015 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, una magnitud distinta de la deuda consolidada calculada conforme al procedimiento europeo de déficit excesivo.
Esta distinción resulta importante para no confundir conceptos contables diferentes, pero ninguna de las dos magnitudes permite contemplar con tranquilidad nuestras obligaciones financieras.
A la deuda se suman los intereses, las necesidades de financiación, el gasto en pensiones, los compromisos futuros y el mantenimiento de unas administraciones públicas extraordinariamente extensas.
Y, sin embargo, cada campaña electoral parece convertirse en una competición para prometer nuevas prestaciones, inversiones, ayudas, subvenciones y beneficios.
Todos anuncian que mejorarán los servicios.
Todos aseguran que protegerán las pensiones.
Todos prometen facilitar la vivienda, mejorar la sanidad, impulsar las infraestructuras y crear empleo.
Algunos, además, prometen reducir los impuestos.
¡Una maravilla!
Pero hay un pequeño inconveniente.
Todo eso cuesta dinero.
Y el dinero público no aparece por generación espontánea.
Procede fundamentalmente de los impuestos y cotizaciones que pagan ciudadanos y empresas, o del endeudamiento que habrá que atender en el futuro.
Por eso Feijóo y Abascal deberían explicar con precisión qué modelo económico pretenden aplicar.
¿Cuánto gasto público piensan reducir?
¿Qué organismos consideran prescindibles?
¿Cuántos cargos de designación política están dispuestos a eliminar?
¿Qué subvenciones suprimirán?
¿Qué impuestos reducirán y cómo financiarán la disminución de ingresos?
¿Qué reformas plantean para garantizar la sostenibilidad de las pensiones?
¿Y qué medidas adoptarán para evitar que la deuda continúe condicionando el porvenir de las generaciones futuras?
No basta con repetir que combatirán el despilfarro.
Hay que identificarlo.
Cuantificarlo.
Y comprometerse a eliminarlo.
Porque prometer reducciones de impuestos mientras se conserva prácticamente intacta la estructura del gasto constituye otra variante de ese viejo procedimiento que consiste en ofrecer a cada elector lo que desea escuchar.
EL ESTADO AUTONÓMICO: ¿REFORMA, CONTINUIDAD O SIMPLE REPARTO DEL PODER?
Pocas cuestiones permiten comprobar con tanta claridad las diferencias entre PP y VOX como la organización territorial de España.
Abascal lleva años denunciando los problemas del Estado autonómico y defendiendo la recuperación de competencias estatales.
Feijóo, por el contrario, ha desarrollado buena parte de su trayectoria política al frente de una comunidad autónoma y continúa defendiendo ese modelo de organización territorial.
No estamos ante una diferencia menor.
Porque la existencia de diecisiete comunidades autónomas, con sus parlamentos, gobiernos, administraciones, organismos y empresas públicas, condiciona la distribución del poder, el gasto y la legislación aplicable a los españoles.
También afecta a la enseñanza, la sanidad, la fiscalidad, las infraestructuras y numerosas actividades económicas.
¿Pretenden mantener ese sistema?
¿Reformarlo?
¿Reducir sus competencias?
¿Suprimir organismos duplicados?
¿Armonizar las principales obligaciones administrativas?
¿O conservarlo en lo esencial y limitarse a cambiar los nombres de quienes gobiernan determinadas comunidades?
La discusión no puede resolverse mediante declaraciones solemnes sobre la unidad de España.
Hay que concretar las reformas.
Y, sobre todo, explicar cómo pretenden conciliar dos proyectos políticos que parten de concepciones diferentes de la organización territorial.
Si finalmente gobiernan juntos, ¿qué posición prevalecerá?
¿La de Feijóo?
¿La de Abascal?
¿O ambas quedarán convenientemente aplazadas mientras sus respectivos dirigentes disfrutan del poder?
Los españoles merecemos conocer la respuesta antes de votar.
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES GOBIERNAN
Otra de las grandes cuestiones pendientes es la relación entre la política y la Administración de Justicia.
Durante décadas, los principales partidos han intervenido decisivamente en la designación de integrantes de instituciones llamadas a controlar el ejercicio del poder.
El sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial constituye uno de los ejemplos más conocidos.
Y también merecen revisión los mecanismos de nombramiento y fiscalización de otros organismos, incluido el Tribunal de Cuentas.
Si Feijóo y Abascal prometen regenerar las instituciones, deberían explicar cómo piensan reducir la influencia de los partidos sobre los órganos encargados de examinarlos.
No basta con sustituir a los magistrados, consejeros o responsables actuales por personas próximas a los nuevos gobernantes.
Eso no representa ninguna transformación del sistema.
Representa un cambio de beneficiarios.
La verdadera prueba de una voluntad regeneradora consiste en aceptar controles que también puedan incomodar al propio Gobierno.
En renunciar a facultades que permiten utilizar las instituciones partidistamente.
Y en establecer mecanismos eficaces para investigar el despilfarro, los sobrecostes injustificados, las irregularidades administrativas y los posibles delitos cometidos durante el ejercicio del poder.
Porque existe una anomalía moral que resulta difícil de comprender.
El ciudadano responde por sus obligaciones tributarias.
El empresario debe cumplir sus contratos.
El trabajador está sujeto a responsabilidades por el desempeño de sus funciones.
Pero el dirigente político puede conseguir el poder mediante compromisos solemnemente proclamados, incumplir una parte sustancial de ellos y regresar a las siguientes elecciones pidiendo nuevamente confianza.
Naturalmente, el incumplimiento de una promesa no constituye por sí mismo un delito.
Pero eso no significa que deba carecer de consecuencias políticas.
Y tampoco impide investigar y sancionar las actuaciones que sí constituyan infracciones administrativas o penales.
La responsabilidad de los gobernantes no puede comenzar y terminar en las urnas cada cuatro años.
ESPAÑA, SUS FRONTERAS Y LOS INTERESES DE SUS ALIADOS
La política exterior tampoco debería quedar fuera de esta exigencia de claridad.
Feijóo y Abascal mantienen relaciones políticas internacionales y defienden determinados vínculos con Estados Unidos, Israel y nuestros socios europeos.
Perfectamente legítimo.
Pero los gobiernos extranjeros defienden sus propios intereses, que no siempre coinciden con los españoles.
Marruecos constituye un ejemplo especialmente significativo.
Estados Unidos e Israel mantienen importantes relaciones estratégicas con Rabat. Israel reconoció en 2023 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, mientras Marruecos mantiene reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla.
Por tanto, surgen preguntas que ningún aspirante a presidir España debería considerar secundarias.
¿Qué harán si los intereses de nuestros aliados entran en conflicto con los españoles?
¿Revisarán la posición adoptada por Pedro Sánchez en 2022 sobre el Sáhara Occidental?
¿Qué garantías exigirán a Marruecos respecto a Ceuta, Melilla y las demás plazas españolas norteafricanas?
¿Qué compromisos establecerán para defender nuestras fronteras?
¿Qué política de defensa nacional consideran necesaria y cuánto costará?
Y, especialmente, ¿están dispuestos a anteponer los intereses de España a sus simpatías personales o políticas hacia determinados gobernantes extranjeros?
No se trata de exigir rupturas diplomáticas ni enfrentamientos innecesarios.
Se trata de recordar algo elemental.
La política exterior española debe estar al servicio de España, no de las amistades internacionales de nuestros gobernantes.
Y también sobre esta cuestión merecemos respuestas claras.
LA DECENCIA: ESA VIRTUD QUE NO APARECE EN LOS PROGRAMAS ELECTORALES
Llegados a este punto, conviene volver a lo esencial.
La política no debería ser una actividad donde resulte normal decir una cosa antes de las elecciones y hacer la contraria después.
No debería considerarse admirable la habilidad para disimular los verdaderos propósitos.
Ni debería aceptarse que la conquista del poder justifique cualquier contradicción.
La prudencia es una virtud.
La capacidad de negociar también puede serlo.
Pero ninguna de las dos debe confundirse con la falta de principios.
La prudencia consiste en elegir los medios adecuados para alcanzar fines legítimos, teniendo en cuenta las circunstancias.
No en abandonar los fines cada vez que su defensa produce inconvenientes.
Y negociar significa buscar acuerdos compatibles con las propias convicciones, no convertir todas las convicciones en objetos negociables.
Porque cuando todo puede sacrificarse para conseguir el poder, el poder termina convirtiéndose en el único principio verdaderamente irrenunciable.
Ahí reside la gran corrupción moral de determinada manera de entender la política.
No hace falta recibir sobres, amañar contratos ni desviar fondos públicos para actuar de forma indecente.
También es indecente utilizar deliberadamente las convicciones de millones de personas para obtener votos y abandonarlas después sin reconocer siquiera el engaño.
Es indecente prometer reformas que no se piensa emprender.
Es indecente ocultar pactos previsibles que modificarán sustancialmente el programa presentado a los electores.
Y es indecente pretender que los ciudadanos agradezcan esas renuncias como si constituyeran muestras de una extraordinaria responsabilidad.
No.
La responsabilidad empieza por decir la verdad.
Aunque resulte incómoda.
Aunque pueda costar votos.
Aunque impida conseguir un ministerio.
LOS ELECTORES TAMBIÉN DEBEMOS EXAMINAR NUESTRA CONDUCTA
Sería demasiado cómodo atribuir todos nuestros males exclusivamente a los dirigentes políticos.
Porque los gobernantes no aparecen por generación espontánea.
Alcanzan el poder mediante procedimientos electorales en los que participamos los ciudadanos.
Y, aunque las responsabilidades de gobernantes y gobernados no sean equivalentes, tampoco podemos fingir que nuestras decisiones carecen de consecuencias.
Si un partido incumple reiteradamente sus promesas y sus electores continúan respaldándolo sin exigir explicaciones, resulta difícil esperar que sus dirigentes modifiquen espontáneamente su conducta.
¿Por qué habrían de hacerlo?
¿Porque han experimentado una súbita conversión moral?
¿Porque han descubierto inesperadamente las virtudes de la decencia?
¿Porque les preocupa profundamente la opinión de quienes siempre terminan votándolos?
Convendría que examináramos también nuestra propia responsabilidad.
Nos indignamos cuando descubrimos un incumplimiento.
Protestamos contra el despilfarro.
Criticamos los privilegios.
Denunciamos las contradicciones.
Y después aceptamos que hay que votar nuevamente a los mismos porque los demás son todavía peores.
Así se consolida un sistema en el que el incumplimiento deja de tener un precio político apreciable.
El ciudadano puede votar a quien considere más conveniente, abstenerse, votar en blanco o apoyar otra candidatura. Cada opción tiene consecuencias diferentes y ninguna garantiza por sí sola un buen resultado.
Pero resulta indispensable decidir con conocimiento y sin autoengaños.
No somos súbditos obligados a agradecer que nos permitan escoger periódicamente a quienes van a administrarnos.
Somos ciudadanos.
Y precisamente por eso tenemos derecho a exigir cuentas antes y después de votar.
QUE FEIJÓO Y ABASCAL FIRMEN UN CONTRATO CON SUS ELECTORES
La propuesta es bastante sencilla.
Si PP y VOX contemplan formar un Gobierno conjunto, deberían sentarse a negociar antes de las elecciones.
No después, cuando comiencen las discusiones sobre ministerios y cargos.
Antes.
Y de esa negociación debería salir un acuerdo público que permita conocer qué están dispuestos a hacer juntos.
Un acuerdo que identifique las leyes que pretenden derogar, las reformas institucionales que impulsarán, los impuestos que reducirán, los gastos que suprimirán y las actuaciones que consideran prioritarias.
También deberían explicar cuáles son sus discrepancias fundamentales y qué propuestas de cada partido no podrán llevarse a cabo en un eventual Gobierno conjunto.
Nada de ocultar las renuncias detrás de expresiones ambiguas.
Nada de prometer simultáneamente cosas incompatibles.
Nada de descubrir después de las elecciones que determinadas cuestiones consideradas esenciales han dejado de serlo.
Ese acuerdo debería acompañarse de un calendario.
¿Qué harán durante los primeros cien días?
¿Qué reformas impulsarán durante el primer año?
¿Qué compromisos deberán haberse cumplido al finalizar el segundo?
¿Qué resultados prometen alcanzar antes de terminar la legislatura?
Y todo ello acompañado de previsiones económicas que permitan conocer los costes, los ahorros y las consecuencias presupuestarias.
También debería establecerse un sistema público de evaluación periódica.
Que los ciudadanos conozcamos qué se prometió, qué se ha cumplido, qué permanece pendiente y cuáles son las razones concretas de cada incumplimiento.
Y que los responsables acepten consecuencias políticas por los incumplimientos deliberados de compromisos esenciales, incluida la renuncia al cargo cuando así lo hayan asumido expresamente.
No estoy proponiendo que cualquier previsión equivocada termine ante un tribunal.
Estoy reclamando algo bastante más elemental: que quienes pretenden gobernarnos asuman compromisos serios y acepten responder por ellos.
Porque cuando se pide un préstamo, se firma un contrato.
Cuando se encarga una obra, se acuerdan unas condiciones.
Y cuando se contrata un servicio, se establecen obligaciones.
Sin embargo, parece que para entregar el Gobierno de España basta con asistir a un mitin, agitar una bandera y confiar en las buenas intenciones de los oradores.
¿No les parece un tanto disparatado?
NO NOS PIDAN QUE VOTEMOS CON LA NARIZ TAPADA
Señores Feijóo y Abascal:
No queremos que nos expliquen únicamente lo malo que es Pedro Sánchez.
Sus actuaciones están sometidas al juicio público desde hace años y cada ciudadano dispone de elementos suficientes para valorarlas.
Queremos saber qué harán ustedes.
Qué cambiarán.
Qué conservarán.
Qué reformas consideran fundamentales.
Qué principios no están dispuestos a sacrificar.
Qué compromisos asumirán.
Y qué responsabilidades aceptarán si los incumplen.
Queremos saber si su propósito consiste en reducir efectivamente el poder político sobre la sociedad o simplemente en administrar de manera diferente las estructuras existentes.
Queremos saber si van a revisar las leyes que consideran injustas, los impuestos que califican de excesivos y las administraciones cuyo coste denuncian.
Queremos saber si están dispuestos a establecer controles sobre el ejercicio de su propio poder.
Y queremos conocer anticipadamente qué acuerdos piensan alcanzar para gobernar juntos.
No nos pidan que entreguemos primero nuestro voto y descubramos después el verdadero programa.
No nos amenacen con las consecuencias de que continúe gobernando el adversario.
No conviertan nuestros principios en obstáculos molestos que debemos abandonar por razones de oportunidad.
Y, sobre todo, no pretendan que aceptemos indefinidamente la vieja mentira del mal menor.
Porque una cosa es reconocer que ninguna alternativa política será perfecta y otra muy distinta resignarse a elegir permanentemente entre proyectos que incumplen sus compromisos fundamentales.
El bien posible exige esfuerzo, prudencia, coherencia y responsabilidad.
No exige cerrar los ojos.
Ni taparse la nariz.
Ni renunciar a la conciencia.
¿PARA QUÉ QUIEREN GOBERNAR, EXACTAMENTE?
Quisiera terminar donde comencé.
¿Para qué quieren nuestros votos Feijóo y Abascal?
¿Para transformar profundamente España o para conservar la mayor parte del sistema cambiando a sus administradores?
¿Para devolver poder y libertad a los ciudadanos o para continuar ampliando las competencias de quienes gobiernan?
¿Para reducir impuestos, organismos, gastos y privilegios o para decidir quién se beneficia de ellos?
¿Para defender sus principios o para utilizarlos como reclamo electoral hasta que aparezcan los primeros inconvenientes?
¿Para restablecer la decencia en la vida pública o para repetir el conocido espectáculo de prometer desde la oposición lo que después se considera imposible desde el Gobierno?
Son preguntas que merecen respuestas.
Respuestas claras.
Por escrito.
Antes de votar.
Porque el problema de España no se resolverá simplemente sustituyendo a Pedro Sánchez por Alberto Núñez Feijóo, ni incorporando a Santiago Abascal a un Gobierno de coalición.
La alternancia política puede ser necesaria, pero no constituye por sí sola una garantía de transformación.
Y la experiencia debería habernos enseñado que cambiar de gobernantes no sirve de gran cosa cuando permanecen intactos los abusos que justificaban su sustitución.
No necesitamos nuevos ocupantes para los viejos despachos.
Necesitamos gobernantes que acepten limitar su propio poder, revisar las leyes injustificadas, reducir el despilfarro, defender las libertades y responder por sus actuaciones.
Y necesitamos, sobre todo, gobernantes que consideren la palabra dada algo más que un instrumento para conseguir votos.
La decencia no debería ser una rareza admirable en política.
Debería constituir su requisito mínimo.
Por eso, señores Feijóo y Abascal, antes de pedirnos nuevamente que confiemos en ustedes, hagan algo extraordinariamente sencillo.
Dígannos la verdad.
Explíquennos qué van a hacer.
Reconozcan aquello que no están dispuestos a cambiar.
Aclaren hasta dónde llegan sus principios.
Negocien públicamente sus posibles acuerdos.
Y firmen compromisos cuyo cumplimiento podamos comprobar.
NO QUEREMOS VOTAR CON LA NARIZ TAPADA.
NO QUEREMOS ELEGIR AL ADMINISTRADOR MENOS MALO DE LOS MISMOS ABUSOS.
NO QUEREMOS OTRA LEGISLATURA DE PROMESAS, EXCUSAS Y RENUNCIAS.
Y si consideran que exigir semejante grado de claridad constituye una extravagancia, quizá deberían explicar por qué pretenden administrar la vida, los derechos y el dinero de millones de españoles sin asumir obligaciones comparables a las que cualquier ciudadano corriente debe cumplir.
Porque quien solicita nuestra confianza tiene la obligación moral de merecerla.
Y porque, por mucho que se empeñen en convencernos de lo contrario, el poder no concede a nadie el derecho a engañar.
SEÑORES FEIJÓO Y ABASCAL: PRIMERO, LOS PRINCIPIOS. DESPUÉS, LOS COMPROMISOS. Y SOLO ENTONCES, EL VOTO.
Que ya hemos padecido suficientes gobernantes empeñados en demostrarnos que su único principio verdaderamente irrenunciable consiste en conservar el poder.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
