Del matrimonio como institución social a la sociedad de los vínculos provisionales

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Resumen para lectores con prisas

El 7 de julio de 1981 España aprobó la ley que introdujo el divorcio en el ordenamiento jurídico de la nueva democracia constitucional.

Sus defensores la presentaron como una medida de libertad destinada a resolver situaciones familiares excepcionales.

Sus detractores advirtieron que supondría una transformación profunda de la institución matrimonial y de la propia estructura social.

Cuarenta y cinco años después disponemos de una ventaja que los protagonistas de aquel debate no tenían.

Podemos observar los resultados.

Y los resultados merecen una reflexión serena, porque afectan a cuestiones tan importantes como la natalidad, la estabilidad familiar, la educación de los hijos, la confianza entre hombres y mujeres y el futuro demográfico de España.

Cuando el fracaso se convierte en progreso

Una de las transformaciones culturales más llamativas de las últimas décadas ha consistido en presentar como signos de modernidad fenómenos que históricamente siempre fueron considerados síntomas de fracaso o situaciones indeseables.

Nadie se casa deseando divorciarse.

Nadie forma una familia esperando destruirla.

Sin embargo, durante décadas se ha presentado el divorcio no como una solución excepcional para una situación desgraciada, sino como una conquista social.

Ha ocurrido algo parecido con otros debates contemporáneos.

El aborto no representa el éxito de una maternidad.

La eutanasia no representa el éxito de la medicina.

El divorcio no representa el éxito de una familia.

En todos los casos estamos ante respuestas a situaciones problemáticas.

La cuestión no es su legalidad.

La cuestión es que se ha producido una inversión cultural mediante la cual determinadas situaciones trágicas o indeseables han dejado de ser percibidas como tales para convertirse en símbolos de progreso.

La ventana de Overton y la normalización de la ruptura

Este cambio no se produjo de un día para otro.

Siguió un proceso gradual.

Primero se pidió tolerancia.

Después aceptación.

Posteriormente reconocimiento.

Finalmente celebración.

Lo que durante siglos fue considerado una excepción pasó a convertirse en una opción normal.

Y más tarde en una opción socialmente prestigiosa.

La estabilidad matrimonial dejó de ser presentada como ideal colectivo.

La ruptura dejó de contemplarse como un fracaso.

Y la permanencia comenzó a parecer sospechosa, casi una reliquia del pasado.

Sin embargo, todas las civilizaciones conocidas habían compartido hasta entonces una convicción básica.

La estabilidad de las relaciones familiares constituía un bien social.

No por razones religiosas exclusivamente.

No por moralismo.

Sino porque de ella dependían la educación de los hijos, la transmisión cultural y la continuidad de la comunidad.

Del matrimonio permanente al contrato revocable

La reforma de 1981 abrió una puerta que posteriormente sería ampliada por la legislación posterior, especialmente por la reforma de 2005.

El llamado divorcio exprés transformó radicalmente la naturaleza práctica del matrimonio.

Desaparecieron las causas.

Desaparecieron las responsabilidades específicas asociadas a la ruptura.

Desapareció la necesidad de justificarla.

Bastaba la voluntad de uno de los cónyuges.

El mensaje cultural era evidente.

El matrimonio dejaba de ser una institución basada en la permanencia para convertirse en una unión esencialmente revocable.

Muchos ciudadanos comenzaron a percibirlo de forma diferente.

Y las percepciones influyen sobre las conductas.

El nacimiento del padre visitante

Uno de los fenómenos más discutidos de las últimas décadas ha sido la evolución de los sistemas de custodia.

Durante años, la práctica judicial española funcionó sobre una premisa tácita.

Tras la ruptura, los hijos debían permanecer principalmente con la madre.

El padre conservaba obligaciones económicas y determinadas facultades legales, pero veía reducida drásticamente su convivencia cotidiana.

Apareció así la figura del padre visitante.

Un hombre que seguía siendo padre sobre el papel, pero que en muchos casos quedaba reducido a fines de semana alternos y periodos vacacionales.

Posteriormente la jurisprudencia del Tribunal Supremo impulsó la custodia compartida.

Pero la percepción social tardó mucho más en cambiar.

Y la confianza, una vez perdida, resulta difícil de recuperar.

La huelga matrimonial masculina

En 2002 los estadounidenses Glenn Sacks y Dianna Thompson formularon una hipótesis provocadora.

Quizá muchos hombres no estaban rechazando la familia.

Quizá estaban rechazando los riesgos asociados al matrimonio moderno.

Han pasado casi veinticinco años.

Y la pregunta sigue siendo pertinente.

Cada vez más hombres afirman que desean tener hijos.

Que desean formar una familia.

Pero que no desean casarse.

No porque rechacen el compromiso afectivo.

Sino porque perciben riesgos jurídicos que consideran excesivos.

Pueden estar equivocados en algunos casos.

Pueden exagerar determinados peligros.

Pero la cuestión decisiva es otra.

Las instituciones dependen de la confianza.

Y una parte creciente de los hombres ha dejado de confiar en el matrimonio como institución protectora.

Los niños, los grandes olvidados

En los debates sobre divorcio se habla constantemente de los derechos de los adultos.

Mucho menos de los niños.

Sin embargo, ellos son quienes soportan las consecuencias más duraderas.

La infancia no puede repetirse.

Los años perdidos no pueden recuperarse.

Los conflictos de lealtad.

La utilización de los hijos como instrumentos de presión.

La desaparición práctica de uno de los progenitores.

Las guerras judiciales interminables.

Todo ello deja huellas profundas.

No todos los divorcios producen daños graves.

Pero nadie puede sostener seriamente que la conflictividad familiar constituye una buena noticia para los menores.

El invierno demográfico

La crisis familiar coincide además con una crisis demográfica sin precedentes.

España registra una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo.

Los matrimonios disminuyen.

Los nacimientos disminuyen.

Los hogares unipersonales aumentan.

La edad media de maternidad continúa creciendo.

Y cada generación resulta más pequeña que la anterior.

Las causas son múltiples.

Pero resulta difícil ignorar la relación entre la fragilidad de los vínculos familiares y el desplome de la natalidad.

Las personas suelen tener hijos cuando perciben estabilidad.

Cuando creen en el futuro.

Cuando consideran que pueden construir algo duradero.

Precisamente aquello que parece escasear cada vez más.

La revolución cultural

Nada de esto ocurrió por casualidad.

Durante décadas, buena parte de los medios de información, la industria audiovisual, determinados sectores académicos y numerosos responsables políticos transmitieron una visión profundamente crítica de la familia tradicional.

La autoridad era sospechosa.

La permanencia era sospechosa.

El compromiso era sospechoso.

La familia era sospechosa.

El resultado fue una erosión progresiva de su prestigio social.

No porque desaparecieran sus problemas.

Los tuvo siempre.

Sino porque dejó de reconocerse también su función positiva.

La industria del conflicto

Mientras tanto, se multiplicaron las estructuras destinadas a gestionar las consecuencias de la ruptura.

Juzgados especializados.

Equipos psicosociales.

Puntos de encuentro familiar.

Informes periciales.

Servicios de intervención.

Programas públicos.

La paradoja resulta evidente.

Cada vez existen más recursos destinados a administrar los conflictos familiares.

Pero muy pocos destinados a impedir que esos conflictos se produzcan.

La mediación familiar constituye probablemente el mejor ejemplo.

Durante décadas ha permanecido en un papel secundario, pese a que numerosos especialistas llevan años defendiendo su utilidad para reducir litigios y proteger mejor a los menores.

Recuperar la familia

El objetivo de este ensayo no consiste en prohibir el divorcio.

Ni en regresar a 1981.

Ni mucho menos a épocas anteriores.

La historia no funciona así.

La cuestión consiste en preguntarse qué tipo de sociedad queremos construir.

Una sociedad que se limite a gestionar rupturas.

O una sociedad que intente fortalecer los vínculos que evitan esas rupturas.

Las propuestas son relativamente sencillas.

Mediación obligatoria previa cuando existan hijos menores.

Custodia compartida como punto de partida general.

Protección efectiva de la relación de los hijos con ambos progenitores.

Incentivos fiscales favorables a la familia y la natalidad.

Educación en responsabilidad familiar.

Reducción de los incentivos al conflicto.

Recuperación de una cultura de cooperación entre hombres y mujeres.

Y, sobre todo, recuperación de la idea de que las cosas más valiosas suelen exigir esfuerzo, sacrificio y perseverancia.

La cuestión decisiva

Cuarenta y cinco años después de la Ley del Divorcio, el verdadero debate ya no gira únicamente en torno al divorcio.

Gira en torno a algo mucho más profundo.

¿Puede una sociedad sobrevivir indefinidamente cuando disminuyen los matrimonios, disminuyen los nacimientos, aumenta la soledad y se deteriora la confianza entre hombres y mujeres?

La respuesta no depende exclusivamente de las leyes.

Depende de la cultura.

Depende de los incentivos.

Depende de las instituciones.

Y depende, sobre todo, de la voluntad colectiva de construir algo que merezca perdurar.

Porque las civilizaciones no desaparecen únicamente por invasiones o crisis económicas.

También pueden desaparecer cuando dejan de creer en el futuro.

Y pocas cosas expresan mejor la confianza en el futuro que la decisión de formar una familia y transmitir la vida a la siguiente generación.

Ésa es, en última instancia, la gran cuestión que plantea este ensayo.

No sólo qué ocurrió con la Ley del Divorcio de 1981.

Sino qué tipo de sociedad queremos ser cuarenta y cinco años después.

SI QUIERES PROFUNDIZAR Y SABER MÁS, SIGUE LEYENDO.

El 7 de julio de 1981 España aprobó la ley que introdujo el divorcio en el ordenamiento jurídico de la etapa constitucional.

Han transcurrido ya cuarenta y cinco años.

Se trata de tiempo más que suficiente para efectuar un balance sereno de sus consecuencias.

No un balance moralista.

No un balance sentimental.

Sino un balance histórico, demográfico, jurídico y social.

Porque las leyes, especialmente aquellas que afectan a la familia, producen efectos que suelen manifestarse décadas después de su aprobación.

En 1981 se aseguró a los españoles que el divorcio sería una solución excepcional para situaciones excepcionales.

Se afirmó que apenas afectaría a la estructura familiar.

Se dijo que ampliaría la libertad individual sin alterar los fundamentos de la convivencia.

Se presentó como una adaptación necesaria a la modernidad.

Cuatro décadas y media después, la pregunta resulta inevitable:

¿Qué ha ocurrido realmente?

La respuesta exige mirar más allá de las consignas políticas y de los eslóganes ideológicos.

Porque la familia, la natalidad, la transmisión generacional y la estabilidad social no se rigen por campañas publicitarias ni por declaraciones institucionales.

Se rigen por la realidad.

Y la realidad suele ser menos complaciente que la propaganda.

Cuando el fracaso se presenta como progreso

Uno de los fenómenos más llamativos de las últimas décadas ha sido la capacidad de determinados grupos políticos, mediáticos y culturales para presentar como conquistas sociales fenómenos que, contemplados individualmente, casi nadie desea experimentar.

Nadie se casa deseando divorciarse.

Nadie forma una familia soñando con una ruptura traumática.

Nadie desea que sus hijos crezcan entre litigios, enfrentamientos o alejamiento de uno de sus progenitores.

Del mismo modo que nadie desea sufrir una enfermedad grave, afrontar una bancarrota o perder su empleo.

Sin embargo, durante años se ha presentado el divorcio como un símbolo de modernidad.

Como una prueba de avance social.

Como una conquista emancipadora.

Y aquí aparece una confusión fundamental.

Una cosa es admitir jurídicamente una solución para situaciones de fracaso.

Otra muy distinta convertir ese fracaso en una bandera ideológica.

La existencia de hospitales no convierte la enfermedad en una buena noticia.

La existencia de tribunales no transforma el delito en algo deseable.

La existencia de bomberos no convierte los incendios en signos de progreso.

De igual forma, la existencia del divorcio no convierte la ruptura matrimonial en un éxito colectivo.

El divorcio es, en la inmensa mayoría de los casos, la constatación de que un proyecto familiar ha fracasado.

Puede ser una solución necesaria.

Puede ser incluso la menos mala de las alternativas disponibles.

Pero sigue siendo la consecuencia de una quiebra previa.

Durante décadas se ha confundido deliberadamente la posibilidad de resolver un problema con la celebración del problema mismo.

Y esa confusión ha terminado impregnando buena parte del debate público.

La ventana de Overton y la normalización de la ruptura

La transformación cultural no se produjo de golpe.

Se desarrolló gradualmente.

Siguiendo un mecanismo que recuerda bastante a lo que habitualmente se denomina ventana de Overton.

Primero se presenta una conducta como excepcional.

Posteriormente se afirma que no debe ser condenada.

Más tarde se sostiene que es perfectamente respetable.

Después se considera equivalente a cualquier otra opción.

Finalmente se presenta como un modelo tan válido o incluso superior al tradicional.

Este proceso no ha afectado únicamente al divorcio.

Puede observarse también en otros debates contemporáneos relacionados con el aborto, la eutanasia o la disolución de estructuras familiares tradicionales.

Lo relevante no es la existencia de estas realidades.

Lo relevante es el cambio de lenguaje.

Lo que antes se consideraba una desgracia pasa a definirse como una liberación.

Lo que antes generaba preocupación colectiva se convierte en una expresión de autonomía personal.

Lo que antes era contemplado como un fracaso pasa a interpretarse como una forma de realización individual.

Las palabras cambian.

La realidad permanece.

Porque una familia rota sigue siendo una familia rota aunque se utilicen expresiones más amables para describirla.

Y porque las consecuencias sociales no desaparecen simplemente modificando el vocabulario.

Una constante antropológica

A lo largo de la historia, prácticamente todas las civilizaciones conocidas han intentado favorecer relaciones estables y duraderas entre hombres y mujeres.

Las fórmulas concretas variaban.

Las normas jurídicas eran diferentes.

Las creencias religiosas también.

Pero existía una coincidencia casi universal.

La estabilidad familiar era considerada un bien social.

No por romanticismo.

No por puritanismo.

No por capricho.

Sino porque la experiencia acumulada durante siglos demostraba que la supervivencia de una comunidad depende de su capacidad para educar a los hijos, transmitir conocimientos y asegurar la continuidad generacional.

Roma lo comprendió.

La Cristiandad medieval lo comprendió.

Las sociedades islámicas lo comprendieron.

China lo comprendió.

La India lo comprendió.

Los pueblos tribales también.

Las sociedades humanas siempre han tendido a proteger aquello que garantiza su continuidad.

Por eso resulta llamativo que precisamente las sociedades más ricas y tecnológicamente avanzadas de la historia sean también algunas de las que muestran mayores dificultades para reproducirse y mantener estructuras familiares estables.

El divorcio y la crisis demográfica

Resultaría simplista atribuir el invierno demográfico exclusivamente al divorcio.

Las causas son múltiples.

Factores económicos.

Cambios culturales.

Transformaciones laborales.

Retraso en la emancipación juvenil.

Pero también sería ingenuo ignorar la relación existente entre la inestabilidad familiar y el desplome de la natalidad.

Las cifras son elocuentes.

España presenta una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo.

La edad media de maternidad no deja de aumentar.

Los matrimonios disminuyen.

Los nacimientos descienden.

Los hogares unipersonales crecen.

Cada vez más ciudadanos llegan a la vejez sin descendencia.

No parece una casualidad.

La confianza constituye el fundamento invisible de cualquier proyecto familiar.

Cuando la percepción de estabilidad desaparece, muchas personas optan por no asumir compromisos duraderos.

Y cuando disminuyen los compromisos duraderos, disminuyen también los nacimientos.

La huelga matrimonial masculina

Hace casi un cuarto de siglo, los estadounidenses Glenn Sacks y Dianna Thompson formularon una hipótesis que entonces fue considerada polémica.

Según ellos, muchos hombres estaban desarrollando una especie de huelga matrimonial.

No rechazaban necesariamente la paternidad.

No odiaban a las mujeres.

No sufrían un supuesto complejo de Peter Pan.

Simplemente observaban lo que ocurría a su alrededor.

Veían divorcios traumáticos.

Veían litigios interminables.

Veían amigos alejados de sus hijos.

Veían patrimonios destruidos.

Veían denuncias falsas.

Veían procedimientos judiciales imprevisibles.

Y concluían que los riesgos eran excesivos.

Aquella reflexión se refería a Estados Unidos en 2002.

Sin embargo, resulta difícil no encontrar paralelismos con la España actual.

Basta escuchar conversaciones cotidianas entre hombres jóvenes para comprobarlo.

Muchos afirman desear una familia.

Muchos afirman querer hijos.

Pero una proporción creciente rechaza formalizar el matrimonio.

No porque rechacen el compromiso afectivo.

Sino porque desconfían profundamente de las consecuencias jurídicas de una eventual ruptura.

Los hijos: el verdadero centro del conflicto

La mayoría de los hombres no teme principalmente perder dinero.

Ni siquiera perder una vivienda.

Lo que teme es perder la convivencia cotidiana con sus hijos.

Y aquí aparece uno de los grandes debates pendientes del Derecho de Familia español.

Durante décadas la custodia materna funcionó prácticamente como una presunción de hecho.

La custodia compartida fue durante mucho tiempo una excepción.

Posteriormente el Tribunal Supremo comenzó a considerarla la opción más razonable en muchos supuestos.

Pero la percepción social no ha cambiado al mismo ritmo.

Muchos padres siguen considerando que parten en desventaja.

Y esa percepción, acertada o equivocada, influye directamente sobre las decisiones de millones de personas.

Porque las personas no organizan su vida en función de estadísticas.

La organizan en función de lo que creen que puede ocurrirles.

Cuarenta y cinco años después

Quizá la cuestión fundamental no sea si el divorcio debe existir.

Probablemente seguirá existiendo en cualquier sociedad libre.

La verdadera cuestión es otra.

¿Por qué una institución que durante siglos fue considerada deseable por la inmensa mayoría de la población genera hoy tanta desconfianza?

¿Por qué tantos jóvenes afirman querer una familia estable y al mismo tiempo rechazan casarse?

¿Por qué las sociedades que han convertido la libertad individual en su principal bandera atraviesan una crisis demográfica sin precedentes?

¿Por qué la soledad, el aislamiento y la fragmentación social aumentan precisamente cuando disponemos de más medios materiales que nunca?

Cuarenta y cinco años después de la ley de 1981, el debate ya no consiste únicamente en el divorcio.

El debate gira en torno a la propia capacidad de nuestra civilización para crear vínculos duraderos.

Porque ninguna sociedad puede sobrevivir indefinidamente si pierde la voluntad de construir familias estables, transmitir la vida a las nuevas generaciones y mantener relaciones basadas en la confianza mutua.

Y quizá ahí resida la gran paradoja de nuestro tiempo.

Mientras perfeccionamos cada vez más los mecanismos jurídicos para gestionar las rupturas, dedicamos cada vez menos esfuerzos a evitar que esas rupturas se produzcan.

LA LEY QUE IBA A CAMBIARLO TODO

1981: España rompe con una tradición secular

Cuando el Congreso aprobó la Ley 30/1981, de 7 de julio, España atravesaba uno de los periodos de transformación más profundos de toda su historia contemporánea.

La Constitución de 1978 apenas tenía tres años de vida.

La democracia parlamentaria todavía estaba consolidándose.

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero acababa de producirse.

La economía sufría graves dificultades.

Y una parte importante de la clase política identificaba modernización con ruptura acelerada respecto de todo lo heredado.

En aquel contexto, la legalización del divorcio fue presentada como una consecuencia inevitable del nuevo tiempo político.

Los defensores de la ley afirmaban que España simplemente se estaba equiparando a las democracias occidentales.

Los críticos advertían de que se estaba alterando uno de los pilares fundamentales sobre los que descansaba la estructura social.

Ambos tenían razón, aunque probablemente ninguno imaginó hasta qué punto.

Porque el divorcio no fue simplemente una reforma jurídica.

Fue una transformación antropológica.

Cambió la forma en que millones de personas entendían el matrimonio.

Y cuando cambia la naturaleza de una institución, terminan cambiando también los comportamientos asociados a ella.

Lo que se prometió

Conviene recordar las promesas.

Porque el paso del tiempo permite contrastarlas con la realidad.

Se dijo que la ley estaba destinada a resolver situaciones extremas.

Se aseguró que el matrimonio seguiría siendo la forma normal de convivencia.

Se afirmó que el divorcio sería relativamente excepcional.

Se insistió en que los hijos no sufrirían consecuencias relevantes.

Y se sostuvo que la estabilidad familiar no se vería afectada.

Muchas de aquellas afirmaciones partían probablemente de una convicción sincera.

Pero la experiencia histórica demuestra que las instituciones generan incentivos.

Y los incentivos modifican conductas.

Cuando una sociedad facilita extraordinariamente una determinada conducta, esa conducta tiende a multiplicarse.

No porque las personas se vuelvan mejores o peores.

Simplemente porque responden a los estímulos existentes.

La historia económica está llena de ejemplos.

La historia política también.

Y la historia familiar no constituye una excepción.

El matrimonio antes de 1981

Resulta difícil para los menores de cincuenta años imaginar cómo era la España anterior al divorcio.

No se trataba de un paraíso familiar.

Existían conflictos.

Existían abandonos.

Existían infidelidades.

Existían matrimonios desgraciados.

Existían incluso separaciones de hecho que podían prolongarse durante décadas.

La condición humana no cambió en 1981.

Pero existía una diferencia fundamental.

El matrimonio era concebido socialmente como un compromiso destinado a durar toda la vida.

La ruptura no era contemplada como una posibilidad ordinaria.

Era considerada una anomalía.

Una desgracia.

Un fracaso.

Precisamente por eso muchos matrimonios soportaban tensiones que hoy desembocarían rápidamente en una separación.

No porque las personas fueran más virtuosas.

Sino porque el marco cultural empujaba hacia la reconciliación y la permanencia.

Hoy ocurre con frecuencia lo contrario.

Ante las primeras dificultades, el entorno social suele empujar hacia la ruptura.

La lógica de las consecuencias imprevistas

Uno de los grandes errores de la ingeniería social consiste en creer que las leyes producen únicamente los efectos deseados por quienes las redactan.

La realidad es mucho más compleja.

Las leyes generan consecuencias previstas e imprevistas.

Beneficios y costes.

Ganadores y perdedores.

En 1981 casi nadie hablaba de invierno demográfico.

Casi nadie hablaba de soledad no deseada.

Casi nadie hablaba de hogares unipersonales masivos.

Casi nadie hablaba de millones de personas envejeciendo sin hijos o sin nietos.

Simplemente porque aquellos fenómenos apenas existían.

Sin embargo, hoy forman parte del paisaje habitual.

Sería absurdo atribuirlos exclusivamente al divorcio.

Pero también sería absurdo negar cualquier relación.

Las grandes transformaciones sociales rara vez obedecen a una única causa.

Lo habitual es que surjan de la interacción de múltiples factores.

Y el debilitamiento progresivo del matrimonio constituye uno de ellos.

Del compromiso permanente al contrato revocable

Quizá la transformación más profunda no fue jurídica sino psicológica.

Durante siglos, casarse significaba asumir un compromiso prácticamente irreversible.

Tras 1981 comenzó a extenderse otra percepción.

El matrimonio seguía siendo importante.

Pero dejaba de ser necesariamente definitivo.

La diferencia parece pequeña.

No lo es.

Cuando las personas creen que una institución es permanente, se comportan de una manera.

Cuando creen que es provisional, se comportan de otra.

Lo mismo ocurre con las empresas.

Con las asociaciones.

Con los Estados.

Y también con las familias.

La estabilidad esperada influye sobre el grado de inversión emocional que cada persona está dispuesta a realizar.

Por eso el debate sobre el divorcio nunca ha sido exclusivamente jurídico.

Siempre ha sido también cultural.

El comienzo de una larga cadena

Lo que ocurrió en 1981 no terminó en 1981.

Fue simplemente el comienzo.

Vendrían después nuevas reformas.

Nuevas interpretaciones judiciales.

Nuevos cambios culturales.

Nuevas formas de convivencia.

Nuevas concepciones de la maternidad y la paternidad.

Nuevas formas de entender el compromiso.

Y finalmente aparecería algo que nadie había previsto en aquellos años:

una generación creciente de hombres y mujeres que ya no rechazan el divorcio.

Rechazan directamente el matrimonio.

Porque consideran que el riesgo supera a la recompensa.

Y cuando una institución deja de atraer a quienes deberían sostenerla, la cuestión deja de ser jurídica.

Se convierte en un problema de supervivencia social.

Eso es precisamente lo que veremos en los capítulos siguientes.

DEL DIVORCIO EXCEPCIONAL AL DIVORCIO EXPRÉS

Cuando lo extraordinario se convierte en ordinario

Existe una vieja observación formulada por numerosos pensadores del Derecho y de la política:

Las excepciones tienden a convertirse en reglas.

Especialmente cuando desaparecen los obstáculos que limitaban su utilización.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con el divorcio en España.

La ley de 1981 nació rodeada de cautelas.

Existían causas tasadas.

Existían plazos.

Existían requisitos previos.

Existía la voluntad explícita de presentar el divorcio como un recurso excepcional destinado a resolver situaciones particularmente graves.

La intención era transmitir a la sociedad una idea clara:

El matrimonio seguía siendo una institución estable.

El divorcio era únicamente una válvula de escape para casos extremos.

Sin embargo, la lógica interna del sistema empujaba en otra dirección.

Una vez aceptado el principio de que el vínculo matrimonial podía disolverse por voluntad humana, la discusión dejó de centrarse en si debía existir divorcio y pasó a centrarse en cuán fácil debía resultar obtenerlo.

Era sólo cuestión de tiempo.

La reforma de 2005

Ese tiempo llegó con la Ley 15/2005.

La reforma fue presentada como una ampliación de la libertad individual.

Desde entonces desapareció la necesidad de alegar causas.

Desapareció la obligación de justificar la ruptura.

Desapareció la necesidad de demostrar incumplimientos graves.

Desapareció, en la práctica, la idea misma de responsabilidad matrimonial.

Bastaba una sola voluntad.

Una sola decisión.

Un solo cónyuge.

Tres meses después del matrimonio, cualquiera de los dos podía solicitar el divorcio.

Sin explicaciones.

Sin necesidad de acreditar nada.

El mensaje implícito era inequívoco.

El matrimonio dejaba de ser una institución basada en la permanencia para convertirse en un vínculo esencialmente revocable.

Sus defensores lo interpretaron como un triunfo de la libertad.

Sus críticos lo vieron como una desnaturalización completa de la institución matrimonial.

Lo cierto es que, independientemente de las valoraciones ideológicas, el significado social del matrimonio cambió radicalmente.

El contrato más extraño del mundo

Resulta llamativo observar cómo funciona el matrimonio contemporáneo.

En prácticamente cualquier contrato civil existen obligaciones recíprocas.

Existen responsabilidades.

Existen consecuencias derivadas del incumplimiento.

Existen mecanismos de protección para ambas partes.

Sin embargo, el matrimonio ha evolucionado hacia una situación peculiar.

Se exige una enorme inversión emocional, económica y vital.

Pero la permanencia del vínculo depende exclusivamente de la voluntad continuada de cualquiera de las partes.

No hace falta demostrar incumplimiento.

No hace falta demostrar daño.

No hace falta demostrar causa.

Simplemente basta con dejar de querer continuar.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, muchos jóvenes observan esta realidad y llegan a una conclusión evidente:

¿Por qué asumir obligaciones potencialmente muy importantes dentro de una institución cuya continuidad depende de factores imposibles de controlar?

La pregunta puede resultar incómoda.

Pero existe.

Y cada vez más personas la formulan.

La desaparición del compromiso institucional

Conviene aclarar algo.

Las personas siguen enamorándose.

Siguen formando parejas.

Siguen conviviendo.

Siguen teniendo hijos.

Lo que ha cambiado no es la necesidad humana de afecto.

Lo que ha cambiado es la confianza en determinadas instituciones.

La pérdida de atractivo del matrimonio no significa necesariamente una pérdida de atractivo de la vida familiar.

Lo que desaparece es la percepción de seguridad asociada al compromiso formal.

Durante siglos el matrimonio proporcionó precisamente eso.

Seguridad.

Estabilidad.

Previsibilidad.

Hoy muchos ciudadanos consideran que ofrece exactamente lo contrario.

Incertidumbre.

Riesgo.

Vulnerabilidad jurídica.

Y cuando una institución deja de proporcionar aquello para lo que fue creada, comienza inevitablemente su crisis de legitimidad.

La cultura de lo provisional

La reforma de 2005 no surgió en el vacío.

Formaba parte de un fenómeno mucho más amplio.

La progresiva sustitución de la cultura del compromiso por la cultura de la provisionalidad.

Relaciones provisionales.

Empleos provisionales.

Identidades provisionales.

Creencias provisionales.

Residencias provisionales.

Todo parece sometido a revisión permanente.

Nada parece definitivo.

Nada parece merecer sacrificios duraderos.

Nada parece justificar renuncias personales importantes.

El problema es que la familia no funciona bien bajo esa lógica.

Los hijos necesitan estabilidad.

La confianza necesita estabilidad.

La cooperación entre generaciones necesita estabilidad.

Y la estabilidad exige asumir compromisos que sobrevivan a los estados de ánimo pasajeros.

Precisamente aquello que la cultura contemporánea contempla con creciente sospecha.

El gran silencio político

Existe un aspecto particularmente llamativo.

Pese a la magnitud de los cambios producidos, casi ningún partido político parece dispuesto a debatir seriamente sus consecuencias.

La izquierda considera el asunto cerrado desde hace décadas.

La derecha suele evitarlo por temor a ser acusada de reaccionaria.

El resultado es un curioso consenso.

Se discuten constantemente los efectos.

Pero rara vez se analizan las causas.

Se habla del colapso demográfico.

Se habla de la soledad.

Se habla de la crisis de natalidad.

Se habla del envejecimiento.

Se habla de la salud mental.

Se habla de la falta de expectativas vitales.

Pero pocas veces se examina el deterioro progresivo de las instituciones familiares como posible factor explicativo.

Es como analizar una epidemia prestando atención únicamente a los síntomas.

Los niños invisibles

En los debates sobre divorcio suele hablarse mucho de los derechos de los adultos.

Y muy poco de los intereses de los niños.

Sin embargo, son ellos quienes soportan las consecuencias más duraderas.

Un adulto divorciado puede reconstruir su vida.

Puede formar una nueva pareja.

Puede comenzar de nuevo.

Un niño no puede elegir otra infancia.

No puede cambiar de padres.

No puede recuperar los años perdidos.

No puede rehacer las experiencias que no llegó a vivir.

Por eso resulta sorprendente que una cuestión tan importante quede frecuentemente relegada a un segundo plano.

Como si los conflictos familiares afectaran únicamente a quienes protagonizan la ruptura.

La realidad suele ser bastante más compleja.

El cambio de percepción masculina

Es precisamente en este punto donde comienza a entenderse el fenómeno descrito por Glenn Sacks hace más de dos décadas.

Muchos hombres no contemplan el matrimonio desde la óptica romántica con la que era percibido por generaciones anteriores.

Lo observan como una institución jurídica.

Analizan incentivos.

Evalúan riesgos.

Estudian precedentes.

Escuchan experiencias ajenas.

Y extraen conclusiones.

A veces acertadas.

A veces exageradas.

Pero siempre influyentes.

Lo importante no es únicamente lo que dicen las leyes.

Lo importante es cómo las interpreta la sociedad.

Y una proporción creciente de hombres cree que, en caso de ruptura, el sistema continúa otorgando ventajas estructurales a las madres frente a los padres.

Esa percepción, justa o injusta, constituye uno de los factores que ayudan a explicar el descenso continuado de los matrimonios.

Una consecuencia imprevista

Los promotores de las reformas de 1981 y 2005 perseguían ampliar la libertad individual.

Probablemente no pretendían desalentar el matrimonio.

Probablemente tampoco pretendían agravar la crisis demográfica.

Ni fomentar la desconfianza entre hombres y mujeres.

Pero las consecuencias de una ley no dependen exclusivamente de las intenciones de quienes la aprueban.

Dependen también de los incentivos que crea.

Y uno de los efectos más visibles de las últimas décadas ha sido el crecimiento de una generación que contempla el matrimonio no como una garantía de estabilidad, sino como una apuesta de riesgo elevado.

Una sociedad puede sobrevivir durante algún tiempo con menos matrimonios.

Lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir cuando desaparece la confianza necesaria para formarlos.

Y precisamente esa confianza es la gran damnificada de esta historia.

DEL PADRE DE FAMILIA AL «PADRE VISITANTE»

La gran transformación que casi nadie quiso ver

Cuando se habla de divorcio, la atención suele centrarse en los cónyuges.

Se discute sobre pensiones.

Se discute sobre viviendas.

Se discute sobre patrimonios.

Se discute sobre derechos individuales.

Sin embargo, el verdadero epicentro del problema suele encontrarse en otro lugar.

En los hijos.

Y más concretamente en la relación cotidiana entre los hijos y sus padres.

Porque el cambio más profundo producido durante las últimas décadas no ha sido económico.

Ha sido relacional.

Millones de hombres pasaron de ejercer una paternidad diaria a desempeñar un papel periférico en la vida de sus hijos.

Y ello no como consecuencia de una decisión propia.

Sino como resultado de una determinada manera de interpretar la ruptura familiar.

El nacimiento del padre visitante

Durante buena parte de las décadas de 1980, 1990 y primeros años del siglo XXI, la práctica judicial española funcionó bajo un principio tácito.

Tras la separación, los hijos debían permanecer con la madre.

El padre quedaba reducido a un régimen de visitas.

Oficialmente nadie hablaba de discriminación.

Oficialmente se afirmaba que cada caso era estudiado individualmente.

Oficialmente siempre prevalecía el interés superior del menor.

Sin embargo, las estadísticas mostraban una realidad extraordinariamente homogénea.

La inmensa mayoría de las custodias recaían sobre las madres.

Los padres quedaban relegados a fines de semana alternos.

Algunas tardes entre semana.

Y determinados periodos vacacionales.

Se instauró así una figura desconocida en la historia de las relaciones familiares:

el padre visitante.

Un padre que seguía siendo legalmente padre.

Que seguía siendo económicamente responsable.

Que seguía obligado a contribuir al mantenimiento de sus hijos.

Pero cuya presencia cotidiana desaparecía.

Una paternidad reducida al 14%

Diversos estudios internacionales calcularon que muchos padres divorciados apenas convivían con sus hijos entre un 10% y un 15% del tiempo anual.

La cifra resulta estremecedora.

Un hombre que había participado diariamente en la crianza pasaba a convertirse en una presencia episódica.

Un invitado.

Un visitante autorizado.

Un padre de fines de semana.

En términos prácticos, la relación se transformaba radicalmente.

Y ello afectaba tanto a los hijos como a los propios padres.

Porque la paternidad no consiste únicamente en pasar tiempo con los hijos.

Consiste en compartir rutinas.

Problemas.

Conversaciones espontáneas.

Pequeños acontecimientos cotidianos.

Todo aquello que desaparece cuando la convivencia se reduce a unas pocas horas cada quince días.

La ficción de la patria potestad compartida

Durante años se produjo además una curiosa confusión jurídica.

Muchos padres conservaban la patria potestad compartida.

Sobre el papel seguían participando en las decisiones importantes.

Sobre el papel mantenían derechos y obligaciones.

Pero la realidad cotidiana era muy diferente.

La convivencia genera influencia.

La ausencia la reduce.

Quien acompaña al niño al colegio.

Quien supervisa los deberes.

Quien acude al médico.

Quien conversa diariamente.

Quien conoce a sus amigos.

Quien participa en los problemas cotidianos.

Ese progenitor dispone inevitablemente de una capacidad de influencia muy superior.

Por eso muchos padres comenzaron a percibir que la denominada patria potestad compartida era, en numerosas ocasiones, una ficción formal.

Un derecho teórico difícil de ejercer eficazmente desde la distancia.

El interés superior del menor

Pocas expresiones han sido utilizadas con tanta frecuencia en los juzgados de familia como ésta.

El interés superior del menor.

Resulta difícil encontrar a alguien que discrepe del principio.

El problema surge cuando se intenta definirlo.

Durante décadas se identificó casi automáticamente con la permanencia junto a la madre.

Esa presunción apenas se discutía.

Formaba parte de la cultura judicial dominante.

Sin embargo, el conocimiento científico sobre el desarrollo infantil comenzó a cuestionar seriamente esa visión.

Cada vez más investigaciones mostraban la importancia de la implicación activa de ambos progenitores.

Cada vez más especialistas señalaban los beneficios de mantener vínculos sólidos con padre y madre tras la ruptura.

Cada vez más estudios alertaban sobre los efectos negativos derivados de la desaparición práctica de uno de los progenitores.

Pese a ello, las inercias institucionales tardaron mucho en modificarse.

La custodia compartida: teoría y realidad

La jurisprudencia del Tribunal Supremo introdujo un cambio significativo al considerar que la custodia compartida no debía ser una medida excepcional, sino una opción normal e incluso deseable cuando las circunstancias lo permitieran.

La doctrina parecía anunciar una transformación profunda.

Sin embargo, la práctica evolucionó más lentamente.

Los datos continúan mostrando diferencias territoriales importantes.

Diferencias entre juzgados.

Diferencias entre comunidades autónomas.

Diferencias incluso entre magistrados del mismo partido judicial.

La consecuencia es una notable inseguridad jurídica.

Muchos ciudadanos ignoran qué resolución recibirían ante situaciones prácticamente idénticas.

Y la inseguridad jurídica siempre genera desconfianza.

La industria del conflicto

Existe además un aspecto incómodo del que rara vez se habla.

Los sistemas familiares modernos han generado una extensa estructura administrativa, judicial y profesional.

Juzgados especializados.

Equipos psicosociales.

Puntos de encuentro familiar.

Servicios de intervención.

Mediadores.

Peritos.

Psicólogos.

Abogados.

Trabajadores sociales.

Fundaciones.

Asociaciones.

Empresas colaboradoras.

Miles de profesionales trabajan diariamente en torno a los conflictos familiares.

La inmensa mayoría actúa de buena fe.

Pero existe una pregunta legítima.

¿Tiene el sistema incentivos suficientes para reducir realmente el conflicto?

Porque una estructura institucional que vive de gestionar problemas puede terminar especializándose más en administrarlos que en prevenirlos.

La mediación que nunca llegó

Resulta llamativo observar cómo España ha desarrollado complejas estructuras para gestionar divorcios conflictivos mientras ha mostrado escaso interés por prevenirlos.

La mediación familiar constituye un ejemplo particularmente significativo.

Numerosos países han apostado por mecanismos obligatorios o cuasi obligatorios de mediación previa cuando existen hijos menores.

La lógica resulta sencilla.

Intentar acuerdos antes de iniciar una guerra judicial.

Reducir la conflictividad.

Preservar relaciones parentales mínimamente funcionales.

Evitar daños innecesarios a los niños.

Sin embargo, en España la mediación ha permanecido durante décadas en una posición secundaria.

Con frecuencia aparece más como una declaración de intenciones que como una herramienta realmente central del sistema.

El resultado es conocido.

Demasiados conflictos terminan judicializándose desde el primer momento.

Y cuando una familia entra en una dinámica de litigio permanente, los principales perjudicados suelen ser los hijos.

El miedo masculino tiene nombres y apellidos

A menudo se caricaturiza a los hombres que desconfían del matrimonio.

Se les presenta como inmaduros.

Egoístas.

Comprometidos únicamente consigo mismos.

Víctimas de un supuesto síndrome de Peter Pan.

Pero la realidad suele ser más compleja.

Muchos de ellos no rechazan la familia.

Precisamente desean tenerla.

Lo que rechazan son determinados riesgos asociados a una eventual ruptura.

Han visto a amigos alejados de sus hijos.

Han visto procedimientos judiciales interminables.

Han visto denuncias utilizadas estratégicamente en procesos de separación.

Han visto patrimonios destruidos.

Han visto situaciones que consideran profundamente injustas.

Y extraen conclusiones.

Puede discutirse si esas conclusiones son siempre correctas.

Lo que resulta mucho más difícil es negar que influyen sobre su comportamiento.

El origen de la huelga matrimonial

Aquí reaparece la hipótesis formulada por Glenn Sacks hace más de veinte años.

Quizá no estemos ante una generación de hombres inmaduros.

Quizá estemos ante una generación de hombres que realiza cálculos racionales.

Cálculos acertados o equivocados.

Pero racionales.

Si una proporción creciente de ciudadanos percibe que el matrimonio implica riesgos jurídicos considerables y beneficios inciertos, el resultado lógico es una disminución del número de matrimonios.

La consecuencia final no afecta únicamente a los hombres.

Ni únicamente a las mujeres.

Afecta a toda la sociedad.

Porque cuando desaparece la confianza necesaria para formar familias estables, terminan apareciendo otros problemas.

Menos nacimientos.

Más soledad.

Más envejecimiento.

Más aislamiento.

Más fragmentación social.

Y entonces comenzamos a preocuparnos por las consecuencias sin atrevernos a examinar las causas.

Quizá porque las causas resultan mucho más incómodas que los síntomas.

EL MIEDO AL RIESGO JURÍDICO

Cuando el amor entra en los tribunales

Existe una diferencia fundamental entre las crisis matrimoniales de generaciones anteriores y las actuales.

Antes, la mayoría de los conflictos familiares se resolvían dentro de la propia familia.

Con ayuda de parientes.

Con la intervención de amigos.

Con el consejo de personas respetadas del entorno.

Con sacerdotes, mediadores informales o personas de confianza.

No siempre funcionaba.

Pero la lógica predominante era intentar resolver el problema antes de trasladarlo a una instancia superior.

Hoy sucede con frecuencia lo contrario.

La primera reacción suele ser acudir a abogados.

Presentar demandas.

Solicitar medidas cautelares.

Activar mecanismos judiciales.

Convertir un conflicto familiar en un conflicto legal.

Y cuando los sentimientos entran en los tribunales, suelen producirse consecuencias difíciles de controlar.

Porque los jueces pueden repartir tiempos de convivencia.

Pueden repartir bienes.

Pueden fijar pensiones.

Pero no pueden reconstruir la confianza perdida.

Ni restaurar el afecto desaparecido.

Ni devolver a un niño los años consumidos entre litigios.

La judicialización de la vida familiar

Durante los últimos cuarenta años España ha desarrollado una compleja maquinaria destinada a gestionar las rupturas familiares.

Cada nueva dificultad ha tendido a recibir una respuesta jurídica.

Más normas.

Más protocolos.

Más procedimientos.

Más informes.

Más intervención administrativa.

La intención suele ser positiva.

Sin embargo, los resultados no siempre acompañan.

Con frecuencia la proliferación de procedimientos incrementa la conflictividad.

Multiplica las posibilidades de enfrentamiento.

Y convierte desacuerdos familiares en batallas legales de larga duración.

La consecuencia es paradójica.

Disponemos de más instrumentos que nunca para resolver conflictos.

Y, sin embargo, muchos conflictos parecen durar más que nunca.

La aparición del factor miedo

Pocas variables influyen tanto en el comportamiento humano como el miedo.

No necesariamente el miedo real.

Basta con la percepción del riesgo.

La economía lo demuestra constantemente.

La política también.

Y las relaciones familiares no constituyen una excepción.

Cuando una persona percibe que puede perder algo muy valioso, modifica su conducta.

Y pocas cosas resultan más valiosas para un padre que sus hijos.

Por eso, al analizar la evolución del matrimonio en España, conviene prestar atención a un fenómeno frecuentemente ignorado.

La creciente percepción masculina de vulnerabilidad jurídica.

No importa únicamente si dicha percepción es correcta.

Importa que existe.

Y que condiciona decisiones.

La lógica de la prevención

Los seres humanos aprenden observando.

No necesitan sufrir personalmente una experiencia para extraer conclusiones.

Les basta contemplar lo ocurrido a otros.

Un hombre no necesita atravesar un divorcio conflictivo para temerlo.

Le basta observar a un hermano.

A un amigo.

A un compañero de trabajo.

A un vecino.

A un familiar.

Cada experiencia negativa actúa como un poderoso mecanismo de advertencia.

Y cuando esas experiencias se acumulan, terminan generando cambios culturales profundos.

Muchos hombres jóvenes han crecido escuchando historias de litigios interminables.

De custodias conflictivas.

De denuncias.

De restricciones de contacto con los hijos.

De dificultades económicas derivadas de las rupturas.

Esas historias pueden representar casos excepcionales.

O pueden reflejar problemas estructurales.

Pero en ambos casos producen el mismo efecto psicológico.

La prudencia.

O, si se prefiere, la desconfianza.

Las denuncias durante los procesos de ruptura

Uno de los aspectos más controvertidos del debate familiar contemporáneo gira en torno al uso de denuncias durante los procedimientos de separación.

Conviene actuar aquí con rigor.

La violencia real existe.

Y merece ser perseguida con toda la contundencia del Estado de Derecho.

Ninguna sociedad civilizada puede tolerar agresiones contra mujeres, hombres o niños.

Pero reconocer esa realidad no impide analizar otro fenómeno.

La utilización instrumental de determinadas denuncias dentro de procesos altamente conflictivos.

La propia existencia de resoluciones judiciales, absoluciones, archivos y denuncias falsas acreditadas demuestra que el problema no pertenece únicamente al terreno de la imaginación.

La cuestión relevante no es su frecuencia exacta.

La cuestión relevante es su efecto disuasorio.

Porque basta la percepción de que una acusación puede alterar drásticamente la posición procesal de una de las partes para generar temor.

Y el temor modifica conductas.

El principio de precaución masculino

En numerosos ámbitos de la vida se acepta el principio de precaución.

Si existe riesgo de accidente, se toman medidas preventivas.

Si existe riesgo financiero, se diversifican inversiones.

Si existe riesgo sanitario, se adoptan protocolos.

Sin embargo, cuando algunos hombres aplican esa misma lógica a las relaciones familiares, suelen ser acusados de inmadurez o cobardía.

La contradicción resulta llamativa.

Un joven puede estudiar cuidadosamente las condiciones de una hipoteca antes de firmarla y será considerado responsable.

Puede analizar las cláusulas de un contrato mercantil y será considerado prudente.

Puede evaluar los riesgos de una inversión financiera y será considerado sensato.

Pero si analiza los posibles efectos jurídicos de un matrimonio, con frecuencia será acusado de tener miedo al compromiso.

La diferencia de trato merece al menos una reflexión.

El auge de las alternativas

Los datos muestran una tendencia clara.

Disminuyen los matrimonios.

Aumentan las parejas de hecho.

Aumentan las convivencias informales.

Aumentan las relaciones sin formalización jurídica.

Aumentan incluso las personas que optan por permanecer solteras.

No se trata necesariamente de un rechazo al amor.

Ni a la convivencia.

Ni siquiera a la paternidad o a la maternidad.

Lo que parece estar disminuyendo es la disposición a asumir determinados riesgos institucionales.

El fenómeno afecta tanto a hombres como a mujeres.

Pero parece especialmente intenso entre los varones.

Y ello ayuda a comprender por qué la llamada huelga matrimonial constituye una hipótesis que sigue apareciendo periódicamente en distintos países occidentales.

La destrucción de la confianza

Toda institución descansa sobre un elemento invisible.

La confianza.

Los mercados necesitan confianza.

Las democracias necesitan confianza.

Las monedas necesitan confianza.

Las familias también.

Cuando la confianza desaparece, las instituciones continúan existiendo formalmente durante algún tiempo.

Pero comienzan a vaciarse de contenido.

Eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo con el matrimonio en buena parte de Occidente.

La institución sigue existiendo.

Las leyes siguen regulándola.

Las ceremonias continúan celebrándose.

Pero un número creciente de ciudadanos ya no cree que ofrezca la estabilidad que ofrecía a generaciones anteriores.

Y cuando una institución pierde la confianza de quienes deberían sostenerla, entra inevitablemente en crisis.

La paradoja de nuestro tiempo

Quizá la paradoja más notable de las últimas décadas sea ésta.

Nunca ha resultado tan fácil romper una relación.

Nunca han existido tantos mecanismos para gestionar la ruptura.

Nunca han intervenido tantos profesionales en los conflictos familiares.

Y, sin embargo, nunca ha habido tanta incertidumbre respecto al futuro de la familia.

Las sociedades occidentales parecen haberse especializado en administrar las consecuencias de la desintegración familiar.

Mucho menos en prevenirla.

Mucho menos en fortalecer los vínculos que la hacen posible.

Mucho menos en fomentar la reconciliación, la mediación y la cooperación entre progenitores.

Y ahí reside probablemente una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo.

Porque una civilización puede soportar muchas cosas.

Puede soportar crisis económicas.

Puede soportar cambios tecnológicos.

Puede soportar transformaciones políticas.

Lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir cuando pierde la capacidad de generar confianza entre las personas que deben formar las familias de la siguiente generación.

Y precisamente esa confianza parece haberse convertido en una de las grandes víctimas silenciosas de los últimos cuarenta y cinco años.

EL INVIERNO DEMOGRÁFICO

Cuando una sociedad deja de reemplazarse a sí misma

Durante mucho tiempo, los debates sobre divorcio fueron presentados como una cuestión estrictamente privada.

Un asunto que afectaba exclusivamente a los cónyuges implicados.

Una decisión individual.

Un problema doméstico.

Sin embargo, la realidad ha terminado demostrando que las decisiones familiares poseen consecuencias colectivas.

Y ninguna es tan importante como la demografía.

Porque una nación puede sobrevivir a una crisis económica.

Puede recuperarse de una guerra.

Puede superar cambios políticos profundos.

Lo que ninguna sociedad puede hacer indefinidamente es dejar de reproducirse.

Sin nuevas generaciones no existe continuidad.

No existe crecimiento.

No existe relevo.

No existe futuro.

La aritmética termina imponiéndose.

Y la aritmética demográfica no entiende de consignas ideológicas.

La España que desaparece

A comienzos de la década de 1980 España todavía mantenía niveles de fecundidad relativamente elevados.

Las familias numerosas eran frecuentes.

Los matrimonios constituían la norma social predominante.

Los niños formaban parte habitual del paisaje cotidiano.

Hoy la situación es muy diferente.

La fecundidad se encuentra muy por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo generacional.

Cada nueva generación es más pequeña que la anterior.

La edad media de maternidad continúa aumentando.

Los nacimientos disminuyen.

Las aulas se vacían.

Muchos pueblos desaparecen lentamente.

Amplias zonas del país envejecen a gran velocidad.

La llamada España vaciada no es únicamente un fenómeno territorial.

Es también un fenómeno demográfico.

Y detrás de él se encuentra una realidad sencilla.

Nacen muy pocos niños.

La cadena de causas

Los fenómenos sociales complejos rara vez tienen una única explicación.

La crisis demográfica tampoco.

Intervienen factores económicos.

Intervienen factores laborales.

Intervienen factores culturales.

Intervienen factores fiscales.

Intervienen factores educativos.

Pero existe un elemento que aparece constantemente.

La creciente fragilidad de las relaciones familiares.

Las personas suelen tener hijos cuando perciben estabilidad.

Cuando existe un proyecto común.

Cuando creen que el futuro resulta razonablemente previsible.

Cuando desaparecen esas condiciones, las decisiones reproductivas se retrasan.

O simplemente no llegan a producirse.

Por eso la crisis de natalidad y la crisis matrimonial constituyen fenómenos estrechamente relacionados.

No son idénticos.

Pero se alimentan mutuamente.

El miedo al futuro

Uno de los rasgos más característicos de las sociedades occidentales contemporáneas es la incertidumbre.

Muchos jóvenes dudan acerca de su situación laboral.

Dudan acerca de su vivienda.

Dudan acerca de sus ingresos futuros.

Dudan acerca de sus relaciones personales.

Dudan incluso acerca de la duración de sus propios compromisos afectivos.

Y cuando la incertidumbre aumenta, los proyectos a largo plazo se resienten.

Tener hijos constituye probablemente el proyecto a más largo plazo que puede asumir un ser humano.

Exige confianza.

Exige sacrificio.

Exige estabilidad.

Exige capacidad para pensar en décadas.

No en meses.

Por eso la cultura de lo provisional termina chocando inevitablemente con la lógica de la maternidad y la paternidad.

La soledad como fenómeno de masas

Existe otra consecuencia menos visible.

Pero igualmente importante.

La expansión de la soledad.

Durante siglos la familia funcionó como la principal red de apoyo humano.

Padres.

Hijos.

Abuelos.

Hermanos.

Primos.

Nietos.

Generaciones enteras conectadas por vínculos permanentes.

Ese entramado proporcionaba protección económica.

Protección emocional.

Protección social.

Hoy millones de personas viven solas.

Muchas lo hacen libremente.

Otras no.

La cuestión relevante no es juzgar esas decisiones.

La cuestión relevante es comprender sus consecuencias.

Una sociedad formada por individuos cada vez más aislados genera inevitablemente nuevas necesidades.

Más asistencia pública.

Más dependencia institucional.

Más costes sanitarios.

Más problemas psicológicos.

Más fragilidad social.

La paradoja del Estado protector

Aquí aparece una paradoja particularmente interesante.

A medida que la familia pierde capacidad protectora, el Estado se ve obligado a asumir funciones que antes desempeñaban espontáneamente los vínculos familiares.

Atención a mayores.

Ayuda económica.

Cuidados.

Acompañamiento.

Protección de personas vulnerables.

La consecuencia es una expansión constante de estructuras administrativas destinadas a sustituir parcialmente lo que antes proporcionaban las familias.

Pero existe un límite.

Ninguna burocracia puede reemplazar completamente el afecto.

Ningún presupuesto puede sustituir completamente a una familia funcional.

Ningún funcionario puede ocupar plenamente el lugar de un padre, una madre, un hijo o un nieto.

Por eso las sociedades que debilitan sistemáticamente sus estructuras familiares terminan enfrentándose a costes crecientes.

Costes económicos.

Costes emocionales.

Costes culturales.

Costes humanos.

La gran contradicción

Durante décadas se ha afirmado que la ampliación de la autonomía individual conduciría automáticamente a sociedades más felices.

Sin embargo, los resultados plantean interrogantes.

Nunca hemos disfrutado de tanta libertad formal.

Nunca hemos tenido tanta capacidad de elección.

Nunca hemos dispuesto de tantos recursos materiales.

Y, sin embargo, aumentan la soledad, la ansiedad, el aislamiento y la sensación de incertidumbre.

Sería absurdo atribuir todos estos problemas a la transformación de la familia.

Pero también sería ingenuo excluirla del análisis.

Las instituciones familiares surgieron precisamente para responder a necesidades humanas permanentes.

Necesidades que continúan existiendo aunque cambien las leyes y las costumbres.

La ilusión de la sustitución

Durante algún tiempo pareció que la inmigración podría compensar el déficit de nacimientos.

Muchos gobiernos europeos actuaron como si el problema demográfico pudiera resolverse mediante aportaciones continuas de población exterior.

Sin embargo, esa solución presenta límites evidentes.

Las sociedades no se sostienen únicamente mediante cifras.

Necesitan cohesión.

Necesitan integración.

Necesitan transmisión cultural.

Necesitan estabilidad institucional.

Además, la práctica totalidad de los países desarrollados afrontan problemas demográficos similares.

La competencia por atraer población joven será cada vez mayor.

Y ningún país puede construir indefinidamente su futuro sobre la base de que otros sigan aportando los hijos que él ya no tiene.

El problema que nadie quiere nombrar

Quizá la razón principal por la que la crisis demográfica recibe tan poca atención es que obliga a formular preguntas incómodas.

¿Por qué cada vez menos personas desean casarse?

¿Por qué cada vez menos personas desean tener hijos?

¿Por qué tantas relaciones resultan incapaces de mantenerse en el tiempo?

¿Por qué aumenta la desconfianza entre hombres y mujeres?

¿Por qué las instituciones familiares pierden legitimidad?

Responder honestamente a estas preguntas exige revisar muchas de las certezas ideológicas acumuladas durante las últimas décadas.

Y eso resulta políticamente incómodo.

Mucho más cómodo es concentrarse exclusivamente en los síntomas.

El juicio de la realidad

Las ideologías pueden discutir indefinidamente.

La realidad no.

La realidad termina dictando sentencia mediante los hechos.

Menos nacimientos.

Más envejecimiento.

Más dependencia.

Más soledad.

Más incertidumbre.

Más fragmentación.

Las cifras no poseen ideología.

Simplemente reflejan comportamientos humanos.

Y esos comportamientos parecen indicar que algo profundo se ha roto en las sociedades occidentales contemporáneas.

Por eso el debate sobre el divorcio ya no puede limitarse al divorcio.

Se ha convertido en una cuestión mucho más amplia.

Una cuestión que afecta al futuro mismo de nuestras comunidades.

Porque cuando una sociedad pierde simultáneamente la confianza en el matrimonio, la voluntad de tener hijos y la capacidad para reemplazar a sus generaciones, deja de enfrentarse a un problema sectorial.

Comienza a enfrentarse a una crisis de continuidad histórica.

Y pocas crisis resultan tan graves como esa.

LA REVOLUCIÓN CULTURAL CONTRA LA FAMILIA

La institución que estorbaba

Las grandes transformaciones históricas rara vez comienzan en los parlamentos.

Antes de llegar a las leyes suelen producirse en las ideas.

En los libros.

En las universidades.

En los medios de información.

En el cine.

En las series de televisión.

En la publicidad.

En las conversaciones cotidianas.

Primero cambia la manera de pensar.

Después cambia la manera de hablar.

Finalmente cambian las leyes.

La transformación de la familia durante las últimas décadas responde exactamente a este esquema.

Mucho antes de las reformas legislativas, comenzó a difundirse una nueva visión de la realidad.

Según esa visión, las instituciones tradicionales no eran herramientas de cooperación social construidas durante siglos de experiencia acumulada.

Eran estructuras de opresión.

La autoridad era sospechosa.

La tradición era sospechosa.

La religión era sospechosa.

La familia era sospechosa.

Y cuanto más antigua era una institución, más sospechosa resultaba.

La consecuencia fue previsible.

Si una institución es presentada durante décadas como fuente de injusticias, terminará perdiendo legitimidad social.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Del ciudadano al individuo aislado

Durante siglos, la persona estuvo integrada en una red de relaciones.

Familia.

Parentesco.

Vecindad.

Asociaciones.

Comunidades religiosas.

Organizaciones voluntarias.

Aquella estructura limitaba el poder político.

El individuo nunca se encontraba completamente solo frente al Estado.

Disponía de apoyos intermedios.

Disponía de vínculos.

Disponía de lealtades.

Disponía de protección.

La progresiva erosión de esas estructuras produjo una consecuencia paradójica.

Mientras aumentaba la autonomía individual formal, también aumentaba la dependencia real respecto de grandes organizaciones burocráticas.

El individuo aislado resulta más vulnerable que el individuo integrado en una comunidad familiar sólida.

Tiene menos recursos.

Menos apoyo.

Menos capacidad de resistencia.

Menos independencia efectiva.

Y necesita recurrir con mayor frecuencia a instituciones externas para resolver problemas que anteriormente se resolvían dentro del ámbito familiar.

La familia en el banquillo

Durante décadas, una parte significativa del discurso cultural occidental pareció sentar a la familia en el banquillo de los acusados.

Los ejemplos abundan.

Si existía violencia, la familia era culpable.

Si existía desigualdad, la familia era culpable.

Si existían frustraciones personales, la familia era culpable.

Si existían conflictos psicológicos, la familia era culpable.

Naturalmente, las familias pueden generar problemas.

Lo han hecho siempre.

Porque están formadas por seres humanos imperfectos.

Pero una cosa es reconocer defectos.

Y otra muy distinta convertir una institución esencial para la continuidad de cualquier sociedad en objeto permanente de sospecha.

La crítica dejó de centrarse en los abusos concretos para dirigirse contra la propia institución.

Y cuando una institución es atacada constantemente, termina debilitándose.

La televisión como escuela sentimental

Quizá ninguna herramienta cultural ha influido tanto sobre las percepciones familiares como la industria audiovisual.

Durante décadas, millones de personas han recibido una representación muy particular del matrimonio.

La estabilidad rara vez resulta interesante para los guionistas.

La armonía vende poco.

La normalidad genera escasa audiencia.

El conflicto, en cambio, atrae espectadores.

Por eso las pantallas se llenaron de adulterios.

Separaciones.

Familias desestructuradas.

Relaciones efímeras.

Cambios constantes de pareja.

Rupturas presentadas como liberaciones.

Compromisos descritos como cadenas.

El resultado acumulativo terminó moldeando expectativas.

Generaciones enteras crecieron observando que la ruptura era normal.

Que la provisionalidad era normal.

Que el compromiso duradero era excepcional.

Y cuando una conducta se presenta continuamente como normal, acaba siendo percibida como normal.

La ventana de Overton en acción

El proceso siguió una secuencia bastante reconocible.

Primero se afirmó que determinadas conductas debían ser toleradas.

Posteriormente se sostuvo que eran perfectamente respetables.

Más tarde se insistió en que eran equivalentes a las tradicionales.

Finalmente se presentaron como expresiones superiores de libertad y progreso.

Lo llamativo es que este mecanismo no afectó únicamente al divorcio.

También apareció en otros debates.

El aborto.

La eutanasia.

La maternidad.

La paternidad.

La identidad sexual.

La propia idea de compromiso.

No se trata aquí de discutir la legalidad de cada una de estas cuestiones.

Se trata de observar cómo cambia el lenguaje.

Y cómo ese cambio de lenguaje modifica progresivamente la percepción social.

Lo excepcional se convierte en frecuente.

Lo frecuente se convierte en normal.

Lo normal termina convirtiéndose en deseable.

Y quien cuestiona el proceso pasa a ser considerado sospechoso.

La desaparición del ideal

Existe una diferencia fundamental entre tolerar una conducta y convertirla en modelo.

Durante siglos las sociedades comprendieron esa diferencia.

Aceptaban la existencia de conflictos familiares.

Aceptaban separaciones de hecho.

Aceptaban situaciones difíciles.

Pero seguían considerando la estabilidad familiar como el ideal al que debía aspirarse.

Hoy esa distinción resulta mucho menos evidente.

La sociedad parece haber perdido la capacidad de señalar modelos deseables sin temor a ser acusada de imponerlos.

Todo debe aparecer como equivalente.

Todas las opciones deben recibir exactamente la misma valoración.

Toda preferencia cultural debe considerarse sospechosa.

Sin embargo, ninguna sociedad puede funcionar indefinidamente sin ideales compartidos.

Porque los ideales orientan conductas.

Orientan expectativas.

Orientan decisiones.

Y cuando desaparecen, aumenta inevitablemente la incertidumbre.

El triunfo de la provisionalidad

Quizá la palabra que mejor define nuestra época sea provisional.

Trabajos provisionales.

Relaciones provisionales.

Convicciones provisionales.

Residencias provisionales.

Compromisos provisionales.

Todo parece sometido a revisión constante.

Todo parece reversible.

Todo parece temporal.

La cultura contemporánea ha elevado la flexibilidad a la categoría de virtud suprema.

Y la flexibilidad posee ventajas evidentes.

Pero también costes.

Especialmente cuando invade ámbitos que requieren estabilidad.

La crianza de los hijos.

La transmisión de conocimientos.

La cooperación entre generaciones.

La construcción de confianza.

Todas estas actividades necesitan tiempo.

Necesitan permanencia.

Necesitan continuidad.

Necesitan exactamente aquello que la cultura de la provisionalidad contempla con creciente incomodidad.

La paradoja de la libertad

Aquí aparece una de las grandes paradojas de nuestro tiempo.

Nunca hemos disfrutado de tantas posibilidades de elección.

Y, sin embargo, muchas personas experimentan una creciente sensación de inseguridad.

Nunca hemos tenido tantas opciones vitales.

Y, sin embargo, abundan la incertidumbre y el desconcierto.

Quizá porque la libertad no consiste únicamente en eliminar límites.

También requiere instituciones capaces de proporcionar estabilidad.

La familia ha desempeñado históricamente esa función.

Ha sido una de las principales fábricas de confianza, cooperación y responsabilidad personal.

Debilitarla produce consecuencias.

Consecuencias que no siempre resultan visibles de inmediato.

Pero que terminan acumulándose con el paso de los años.

La factura cultural

Durante mucho tiempo se pensó que las transformaciones familiares tendrían únicamente efectos privados.

La experiencia demuestra lo contrario.

La factura aparece en múltiples lugares.

En la natalidad.

En la salud mental.

En la soledad.

En el envejecimiento.

En la dependencia.

En la fragmentación social.

En la creciente dificultad para construir proyectos vitales duraderos.

Todo ello forma parte de una misma realidad.

Una realidad que comenzó mucho antes de las leyes.

Una realidad que hunde sus raíces en una profunda transformación cultural.

Porque las leyes pueden modificar comportamientos.

Pero antes de que cambien las leyes deben cambiar las ideas.

Y quizá la historia de la familia en las últimas décadas sea, sobre todo, la historia de una batalla cultural cuyo alcance apenas comenzamos a comprender.

Una pregunta incómoda

Después de cuarenta y cinco años de reformas, campañas educativas, cambios legislativos y transformaciones culturales, resulta legítimo formular una pregunta.

Si el debilitamiento de la familia ha representado realmente un progreso tan extraordinario, ¿por qué las sociedades que más intensamente lo han experimentado atraviesan simultáneamente crisis de natalidad, crisis de confianza, crisis de relevo generacional y crecientes niveles de soledad?

La pregunta no implica que debamos regresar al pasado.

La historia nunca retrocede.

Pero sí obliga a examinar críticamente algunas de las certezas que durante décadas fueron presentadas como indiscutibles.

Porque una cosa es ampliar la libertad.

Y otra muy distinta destruir las condiciones que hacen posible utilizar esa libertad para construir algo duradero.

Tal vez ahí resida una de las grandes lecciones de estos cuarenta y cinco años.

Y también una de las más incómodas.

LOS NIÑOS DEL DIVORCIO

Los grandes olvidados

Cada vez que se produce una ruptura matrimonial, los adultos ocupan el centro de la escena.

Los abogados representan a los adultos.

Los jueces escuchan a los adultos.

Los medios de información hablan de los adultos.

Las estadísticas registran a los adultos.

Las leyes se redactan pensando principalmente en los adultos.

Sin embargo, quienes soportan las consecuencias más prolongadas suelen ser precisamente quienes menos capacidad tienen para influir en el proceso.

Los hijos.

Los niños no votan.

No presentan demandas.

No contratan abogados.

No comparecen en tertulias.

No escriben artículos de opinión.

Y quizá por eso su voz aparece tan poco en el debate público.

Paradójicamente, la expresión «interés superior del menor» se ha convertido en una de las más repetidas dentro del Derecho de Familia.

Pero una cosa es invocar ese principio.

Otra muy distinta analizar con honestidad cuáles son sus implicaciones reales.

La infancia no se repite

Existe una característica de la infancia que la diferencia de casi cualquier otra experiencia humana.

No admite repetición.

Un adulto puede rehacer su vida.

Puede cambiar de empleo.

Puede volver a estudiar.

Puede iniciar una nueva relación.

Puede reconstruir parcialmente su patrimonio.

Un niño no puede recuperar una infancia perdida.

No puede volver atrás para vivir los cumpleaños que no celebró con uno de sus progenitores.

No puede rehacer las Navidades que pasaron entre enfrentamientos.

No puede repetir los años durante los cuales un padre o una madre desaparecieron de su vida cotidiana.

El tiempo infantil posee una característica cruel.

Una vez transcurrido, desaparece para siempre.

Por eso las decisiones que afectan a los niños deberían ser contempladas con una prudencia extraordinaria.

La ruptura y la realidad

Conviene introducir una precisión importante.

No todos los divorcios producen daños graves.

No todos los hijos de padres separados desarrollan problemas.

No todos los matrimonios conflictivos deberían mantenerse artificialmente.

La realidad es mucho más compleja que cualquier eslogan.

Existen matrimonios destructivos.

Existen hogares donde la convivencia se vuelve imposible.

Existen situaciones en las que la separación puede reducir sufrimientos.

Negar esta evidencia sería absurdo.

Pero reconocerla tampoco obliga a negar otra realidad.

La ruptura familiar constituye un factor de riesgo.

No una condena inevitable.

Pero sí un factor de riesgo.

Y las sociedades responsables deberían intentar minimizar los riesgos, no ignorarlos.

El conflicto como verdadero enemigo

Numerosos especialistas coinciden en un punto.

Con frecuencia, el principal problema no es la separación en sí misma.

Es la conflictividad asociada a ella.

Un divorcio razonablemente civilizado puede permitir a los hijos adaptarse con relativa normalidad.

Un divorcio convertido en guerra permanente puede provocar efectos devastadores.

El problema es que los sistemas judiciales tienden a intervenir cuando el conflicto ya ha alcanzado niveles elevados.

Cuando el daño emocional ya se ha producido.

Cuando la confianza ya se ha roto.

Cuando las posiciones se han radicalizado.

Por eso resulta tan importante la prevención.

Y por eso resulta tan sorprendente la escasa atención que han recibido durante décadas los mecanismos destinados a evitar la escalada del enfrentamiento.

El padre ausente

Una de las consecuencias más estudiadas internacionalmente ha sido la desaparición práctica del padre de la vida cotidiana de muchos hijos tras la ruptura.

No hablamos aquí de padres irresponsables.

No hablamos de abandonos voluntarios.

Hablamos de hombres que desean mantener una relación estrecha con sus hijos pero cuya presencia queda limitada por circunstancias jurídicas o materiales.

La figura del padre de fines de semana constituye una realidad relativamente reciente en términos históricos.

Durante milenios, los hijos convivieron diariamente con ambos progenitores siempre que estos permanecieran vivos.

La separación introdujo una situación inédita.

Millones de niños crecieron manteniendo un contacto esporádico con uno de sus padres.

Los efectos concretos varían enormemente según cada caso.

Pero la pregunta sigue siendo pertinente.

¿Puede considerarse ideal una situación que convierte a uno de los progenitores en visitante habitual de la vida de sus propios hijos?

La madre imposible

Conviene evitar un error frecuente.

La desaparición del padre no beneficia necesariamente a la madre.

Con frecuencia ocurre exactamente lo contrario.

Muchas mujeres divorciadas terminan soportando cargas enormes.

Responsabilidades educativas.

Responsabilidades económicas.

Responsabilidades organizativas.

Responsabilidades emocionales.

La figura de la madre agotada se ha convertido en una realidad habitual en numerosos hogares.

Por eso el conflicto entre hombres y mujeres suele plantearse de forma equivocada.

No estamos ante un enfrentamiento entre padres y madres.

Estamos ante un sistema que con frecuencia dificulta la cooperación entre ambos.

Y cuando la cooperación desaparece, todos pierden.

Especialmente los hijos.

La pobreza infantil

Existe además una dimensión económica frecuentemente olvidada.

La ruptura familiar suele generar costes significativos.

Donde antes existía un hogar aparecen dos.

Donde antes existía una economía doméstica aparecen dos economías separadas.

Los gastos se duplican.

Las eficiencias desaparecen.

Las dificultades aumentan.

No resulta extraño que numerosos estudios hayan detectado una mayor incidencia de dificultades económicas en hogares monoparentales.

Naturalmente, las situaciones individuales varían enormemente.

Pero la tendencia general resulta difícil de ignorar.

La fragmentación familiar posee costes materiales.

Y esos costes terminan afectando también a los niños.

La transmisión generacional

Existe otro fenómeno menos visible.

Pero posiblemente más importante.

Los modelos familiares se transmiten.

Los niños aprenden observando.

Aprenden cómo se gestionan los conflictos.

Aprenden cómo se construyen los compromisos.

Aprenden cómo se afrontan las dificultades.

Aprenden qué cabe esperar de una relación estable.

Cuando las rupturas se convierten en una experiencia habitual, también cambian las expectativas de las generaciones siguientes.

No porque exista un determinismo absoluto.

Sino porque los seres humanos tienden a reproducir aquello que conocen.

Por eso la inestabilidad familiar puede convertirse en un fenómeno acumulativo.

Cada generación transmite a la siguiente una determinada visión del compromiso.

Y esa visión influye sobre decisiones futuras.

La alienación y los conflictos de lealtad

Quizá una de las situaciones más dolorosas aparezca cuando los hijos son utilizados como armas dentro del conflicto entre adultos.

No siempre ocurre.

Pero ocurre.

Comentarios despectivos.

Manipulaciones emocionales.

Intentos de deteriorar la relación con el otro progenitor.

Presiones explícitas o implícitas.

Conflictos de lealtad.

Los niños se ven entonces obligados a desempeñar un papel imposible.

Querer a ambos padres y, al mismo tiempo, sentirse presionados para elegir.

La literatura psicológica lleva décadas describiendo este tipo de situaciones.

Y sus efectos pueden prolongarse durante años.

Porque ninguna persona debería verse obligada a escoger entre las dos figuras que constituyen el origen de su propia existencia.

La pregunta fundamental

Al analizar todas estas cuestiones conviene evitar simplificaciones.

La vida humana es demasiado compleja para reducirla a consignas.

Pero precisamente por eso resulta necesario formular una pregunta esencial.

Si el objetivo principal de cualquier sistema familiar es proteger a los hijos, ¿por qué gran parte del debate público gira casi exclusivamente en torno a los derechos y reivindicaciones de los adultos?

¿Por qué dedicamos tantos esfuerzos a administrar las rupturas y tan pocos a prevenirlas?

¿Por qué invertimos tantos recursos en gestionar conflictos y tan pocos en fortalecer las condiciones que permiten evitarlos?

Las respuestas no son sencillas.

Pero las preguntas siguen ahí.

Los verdaderos protagonistas

Quizá la lección más importante de este capítulo sea también la más evidente.

El divorcio nunca afecta únicamente a quienes se divorcian.

Afecta a una generación entera.

Afecta a niños que crecerán, formarán nuevas familias y transmitirán a sus propios hijos aquello que aprendieron.

Por eso la cuestión no puede reducirse a una disputa jurídica.

Ni a una discusión ideológica.

Ni a una batalla entre hombres y mujeres.

Se trata de una cuestión mucho más profunda.

Se trata de cómo una sociedad decide cuidar a quienes no tienen voz suficiente para defenderse por sí mismos.

Y en ese terreno, cuarenta y cinco años después de la ley de 1981, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta.

Porque los grandes protagonistas de esta historia no son los jueces.

No son los abogados.

No son los políticos.

No son los activistas.

Son los niños.

Y demasiado a menudo parecen ser también los grandes olvidados.

LA GUERRA DE SEXOS QUE NUNCA DEBIÓ EXISTIR

Cuando la cooperación se transforma en sospecha

Pocas relaciones han resultado tan decisivas para la supervivencia de la especie humana como la existente entre hombres y mujeres.

Durante milenios, con conflictos, errores, injusticias y dificultades de toda clase, ambos sexos cooperaron para afrontar una tarea extraordinariamente compleja:

Crear familias.

Educar hijos.

Transmitir conocimientos.

Garantizar la continuidad de la comunidad.

Ninguna civilización habría sido posible sin esa cooperación.

Ninguna cultura.

Ninguna nación.

Ninguna tradición.

Ninguna economía.

Sin embargo, una parte significativa del discurso público contemporáneo parece haber olvidado esta realidad elemental.

La relación entre hombres y mujeres aparece cada vez con mayor frecuencia descrita en términos de confrontación.

De opresores y oprimidas.

De víctimas y culpables.

De privilegios y agravios.

De sospechas permanentes.

La cooperación ha sido progresivamente sustituida por el conflicto.

Y cuando una sociedad convierte la desconfianza mutua en principio organizador de las relaciones humanas, las consecuencias terminan manifestándose tarde o temprano.

De compañeros a adversarios

Resulta llamativo observar la evolución del lenguaje.

Durante generaciones, el matrimonio fue descrito como una comunidad de vida.

Una asociación.

Una alianza.

Un proyecto compartido.

Hoy abundan expresiones muy diferentes.

Relaciones tóxicas.

Masculinidades problemáticas.

Micromachismos.

Red flags.

Control emocional.

Violencia simbólica.

Patriarcado estructural.

Sin negar que existan conductas abusivas reales, el resultado acumulativo de este lenguaje ha sido profundamente transformador.

Muchos hombres y mujeres han terminado interiorizando una visión de las relaciones basada en la prevención constante del riesgo.

La confianza inicial ha sido sustituida por la sospecha inicial.

Y una relación construida sobre la sospecha difícilmente puede convertirse en una relación sólida.

El triunfo de la lógica adversarial

Los sistemas jurídicos occidentales fueron diseñados para resolver conflictos.

No para crear familias.

No para generar afectos.

No para construir confianza.

Su función consiste en arbitrar disputas.

Por ello resulta preocupante que una parte creciente de las relaciones personales comience a contemplarse desde una perspectiva jurídica antes incluso de existir conflicto alguno.

Cada vez resulta más frecuente analizar el matrimonio en términos de riesgos legales.

Pensiones.

Custodias.

Patrimonio.

Denuncias.

Compensaciones.

Procedimientos.

La lógica resulta comprensible.

Pero sus consecuencias son profundas.

Porque cuando una institución empieza a ser percibida principalmente a través de sus posibles mecanismos de ruptura, termina debilitándose como proyecto de construcción común.

El hombre bajo sospecha

Uno de los fenómenos más llamativos de las últimas décadas ha sido la creciente sensación de muchos hombres de encontrarse sometidos a una sospecha preventiva.

No se trata únicamente de leyes concretas.

Se trata de clima cultural.

De mensajes repetidos durante años.

De representaciones mediáticas.

De discursos políticos.

Muchos jóvenes han crecido escuchando que forman parte del sexo históricamente opresor.

Que disfrutan de privilegios estructurales.

Que constituyen un problema potencial que debe ser corregido.

Naturalmente, las intenciones de quienes difunden estos mensajes suelen ser combatir conductas injustas.

Pero los efectos secundarios merecen análisis.

Porque cuando una parte significativa de la población siente que se la juzga por pertenecer a una categoría colectiva, la reacción habitual no suele ser el entusiasmo.

Suele ser el distanciamiento.

La mujer como víctima permanente

Paralelamente se ha extendido otro fenómeno.

La representación de la mujer como víctima estructural casi permanente.

También aquí conviene distinguir entre problemas reales y discursos simplificadores.

Existen mujeres maltratadas.

Existen discriminaciones.

Existen abusos.

Existen situaciones profundamente injustas.

Negarlo sería absurdo.

Pero presentar a todas las mujeres como víctimas potenciales y a todos los hombres como sospechosos potenciales genera consecuencias difíciles de ignorar.

Porque las relaciones humanas requieren confianza recíproca.

Y la confianza resulta incompatible con la sospecha sistemática.

El miedo mutuo

Uno de los efectos más visibles de esta evolución cultural es la aparición de un fenómeno relativamente nuevo.

El miedo mutuo.

Muchas mujeres afirman desconfiar de los hombres.

Muchos hombres afirman desconfiar de las consecuencias jurídicas derivadas de determinadas relaciones.

Ambos grupos pueden aportar ejemplos que consideran justificativos de sus temores.

El problema aparece cuando el miedo deja de ser excepcional y se convierte en criterio general de conducta.

Entonces comienzan a modificarse los comportamientos sociales.

Se retrasan los compromisos.

Disminuyen los matrimonios.

Se reducen los nacimientos.

Aumenta la soledad.

Y la confianza social se deteriora progresivamente.

La ruptura del pacto implícito

Toda sociedad descansa sobre pactos implícitos.

No escritos.

No formalizados.

Pero fundamentales.

Uno de ellos ha consistido históricamente en la expectativa de reciprocidad entre hombres y mujeres.

Ambos asumían obligaciones.

Ambos obtenían beneficios.

Ambos realizaban sacrificios.

Naturalmente existían desequilibrios y conflictos.

Pero el sistema funcionaba porque la mayoría percibía que la cooperación resultaba más ventajosa que el enfrentamiento.

Cuando esa percepción desaparece, el pacto comienza a resquebrajarse.

Y precisamente eso parece estar ocurriendo en numerosas sociedades occidentales.

La huelga silenciosa

La denominada huelga matrimonial masculina no se manifiesta mediante manifestaciones.

Ni mediante organizaciones políticas.

Ni mediante campañas coordinadas.

Se manifiesta de una forma mucho más sencilla.

No casándose.

No teniendo hijos.

No formalizando relaciones.

No asumiendo compromisos jurídicos considerados excesivamente arriesgados.

El fenómeno no necesita líderes.

Ni consignas.

Ni programas.

Basta con decisiones individuales repetidas millones de veces.

Y precisamente por eso resulta tan difícil de combatir.

Porque no se trata de una protesta organizada.

Se trata de una adaptación espontánea a una determinada percepción de la realidad.

Las consecuencias inesperadas

Quizá la ironía más notable de todo este proceso sea que sus consecuencias perjudican precisamente a aquellos colectivos que supuestamente pretendía beneficiar.

Las mujeres encuentran mayores dificultades para formar familias estables.

Los hombres se muestran más reacios al compromiso.

Los niños nacen menos.

La soledad aumenta.

La confianza disminuye.

La natalidad se desploma.

La cooperación entre sexos se deteriora.

Y la sociedad en su conjunto se vuelve más frágil.

No parece precisamente un balance brillante.

Recuperar la cooperación

Quizá la solución no consista en otorgar más poder a unos o a otros.

Ni en multiplicar regulaciones.

Ni en intensificar los enfrentamientos ideológicos.

Tal vez el problema requiera recuperar una idea mucho más antigua.

La cooperación.

La comprensión de que hombres y mujeres no son enemigos naturales.

Ni competidores inevitables.

Ni bloques enfrentados.

Son socios necesarios en la tarea de construir familias, comunidades y sociedades funcionales.

La civilización nació de esa cooperación.

Y difícilmente podrá mantenerse sin ella.

La gran pregunta

Llegados a este punto, la pregunta resulta inevitable.

¿Qué ocurre cuando una sociedad dedica décadas a enseñar a hombres y mujeres que deben contemplarse mutuamente con recelo?

La respuesta parece estar escrita en las estadísticas.

Menos matrimonios.

Menos hijos.

Más soledad.

Más aislamiento.

Más incertidumbre.

Más desconfianza.

Quizá no todas estas consecuencias procedan exclusivamente de esa transformación cultural.

Pero resulta difícil creer que no guarden relación alguna con ella.

Porque la confianza tarda años en construirse.

Y apenas unos minutos en destruirse.

La historia de los últimos cuarenta y cinco años puede interpretarse, en gran medida, como la historia de una erosión progresiva de la confianza entre los sexos.

Y sin confianza no existen matrimonios sólidos.

Sin matrimonios sólidos difícilmente existen familias estables.

Y sin familias estables ninguna civilización puede aspirar a perdurar durante mucho tiempo.

¿QUIÉN SE BENEFICIA?

La pregunta prohibida

Existe una pregunta que rara vez aparece en los debates sobre divorcio, custodia, conflicto familiar o crisis de la familia.

No porque carezca de importancia.

Precisamente porque resulta incómoda.

Toda actividad humana genera incentivos.

Toda estructura institucional crea intereses.

Toda organización tiende a justificar su propia existencia.

Y toda burocracia procura perpetuarse.

La pregunta es sencilla:

¿Quién obtiene beneficios, poder, influencia o recursos económicos de la creciente conflictividad familiar?

Plantear esta cuestión no implica atribuir malas intenciones a nadie.

No implica conspiraciones.

No implica planes secretos.

Simplemente significa aplicar a las instituciones familiares el mismo análisis que se aplica a cualquier otro ámbito de la vida pública.

Seguir el rastro de los incentivos.

Porque los incentivos importan.

Y mucho.

La paradoja del sistema

Resulta llamativo observar una contradicción evidente.

Durante las últimas décadas se han multiplicado las estructuras destinadas a gestionar divorcios y conflictos familiares.

Más juzgados especializados.

Más equipos psicosociales.

Más puntos de encuentro familiar.

Más servicios de intervención.

Más programas de seguimiento.

Más informes.

Más peritajes.

Más profesionales.

Más presupuesto.

Más burocracia.

Sin embargo, los conflictos familiares no parecen disminuir.

La litigiosidad continúa siendo enorme.

Los procedimientos siguen prolongándose durante años.

La conflictividad parental continúa afectando a miles de menores.

Y la sensación de insatisfacción respecto al funcionamiento del sistema sigue siendo muy elevada.

La pregunta surge sola:

¿Cómo puede ser que cada vez existan más recursos para gestionar el problema y el problema continúe creciendo?

La industria del divorcio

La expresión puede resultar incómoda.

Pero describe una realidad observable.

En torno a cada ruptura familiar gira una extensa red de actividades profesionales.

Abogados.

Procuradores.

Peritos.

Psicólogos.

Trabajadores sociales.

Equipos técnicos.

Mediadores.

Puntos de encuentro.

Empresas adjudicatarias.

Fundaciones.

Asociaciones.

Servicios contratados por administraciones públicas.

La inmensa mayoría de estos profesionales realiza un trabajo necesario.

Muchos desarrollan funciones valiosas.

Muchos actúan con honestidad y vocación de servicio.

La cuestión no es esa.

La cuestión es otra.

Todo ese entramado institucional necesita la existencia continua de conflictos para justificar su tamaño y su financiación.

Y eso genera una paradoja difícil de ignorar.

El problema de los incentivos

Un bombero desea que existan menos incendios.

Un médico desea que existan menos enfermedades.

Un ingeniero desea que los puentes no se derrumben.

La finalidad de su trabajo consiste en reducir el problema que afrontan.

Pero en algunos ámbitos institucionales modernos los incentivos son más ambiguos.

Si desapareciera gran parte de la conflictividad familiar, miles de estructuras perderían buena parte de su razón de ser.

No se trata de que nadie quiera conscientemente que existan divorcios.

Sería absurdo afirmarlo.

Se trata de algo mucho más sencillo.

Cuando una organización vive de gestionar un problema, suele dedicar más esfuerzos a administrarlo que a eliminarlo.

La historia de las burocracias está llena de ejemplos semejantes.

La prevención olvidada

La mejor prueba de ello puede encontrarse en la mediación familiar.

Resulta sorprendente comprobar la escasa importancia que ha recibido durante décadas en España.

Especialmente cuando existen hijos menores.

Numerosos especialistas llevan años señalando que la mediación temprana reduce conflictos.

Reduce litigios.

Reduce costes.

Reduce enfrentamientos.

Reduce daños emocionales.

Y, sobre todo, mejora la cooperación futura entre los progenitores.

Sin embargo, la mediación continúa ocupando una posición secundaria.

Con frecuencia aparece como un complemento.

Como una posibilidad.

Como una recomendación.

No como el eje central del sistema.

La consecuencia es previsible.

Muchos conflictos entran directamente en los tribunales.

Y una vez judicializados, suelen agravarse.

El negocio del conflicto

Existe una observación formulada hace décadas por diversos economistas y sociólogos.

Cuando una actividad económica depende de la existencia de un problema, aparece una tendencia natural a perpetuar la gestión del problema.

No necesariamente a resolverlo.

Puede observarse en numerosos sectores.

Programas públicos.

Organizaciones privadas.

Subvenciones.

Fundaciones.

Agencias.

Observatorios.

Institutos.

Comisiones.

Consejos.

La lógica resulta sencilla.

La desaparición del problema pondría en cuestión la existencia de quienes viven de administrarlo.

No se trata de corrupción.

Ni de maldad.

Ni siquiera de intención consciente.

Se trata simplemente de incentivos.

Y los incentivos actúan incluso cuando nadie los reconoce.

La multiplicación de estructuras

Resulta revelador observar la evolución institucional de las últimas décadas.

Cada nueva dificultad familiar ha generado una nueva estructura.

Un nuevo protocolo.

Una nueva oficina.

Un nuevo organismo.

Una nueva regulación.

Un nuevo procedimiento.

Muy raramente se plantea la pregunta contraria.

¿Por qué se producen tantos conflictos?

¿Qué factores los generan?

¿Cómo podrían prevenirse?

¿Cómo fortalecer los matrimonios antes de que fracasen?

¿Cómo reducir la litigiosidad desde el origen?

Las respuestas a estas preguntas reciben mucha menos atención.

Porque la prevención genera menos titulares.

Menos presupuesto.

Menos visibilidad institucional.

Y, en ocasiones, menos poder.

El niño como expediente

Uno de los riesgos más preocupantes de cualquier burocracia consiste en la despersonalización.

Las personas se convierten en expedientes.

Los dramas humanos se convierten en procedimientos.

Los niños se convierten en informes.

Las familias se convierten en estadísticas.

No ocurre siempre.

Pero ocurre.

Y cuando sucede, el sistema pierde de vista aquello que debería constituir su objetivo principal.

La protección efectiva de las personas.

Especialmente de los menores.

Porque un niño no necesita un procedimiento.

Necesita una infancia.

No necesita un informe.

Necesita estabilidad.

No necesita una resolución judicial.

Necesita que los adultos sean capaces de cooperar.

Sin embargo, demasiadas veces el sistema parece diseñado para gestionar el conflicto una vez producido, no para evitarlo.

El coste oculto

La conflictividad familiar posee además un coste gigantesco.

Coste económico.

Coste judicial.

Coste sanitario.

Coste educativo.

Coste psicológico.

Coste social.

Miles de horas de trabajo.

Miles de procedimientos.

Miles de informes.

Miles de recursos públicos.

Y todo ello para administrar las consecuencias de relaciones que han fracasado.

Cabe preguntarse qué ocurriría si una parte significativa de esos recursos se destinara a fortalecer las relaciones familiares antes de su ruptura.

A fomentar la mediación.

A promover la corresponsabilidad parental.

A preparar mejor a las parejas para afrontar conflictos.

A proteger realmente la relación de los hijos con ambos progenitores.

Probablemente los resultados serían muy diferentes.

El Estado como sustituto de la familia

Existe además una consecuencia más profunda.

A medida que la familia pierde capacidad para resolver problemas internamente, el Estado amplía su presencia.

Más intervención.

Más regulación.

Más supervisión.

Más dependencia institucional.

La paradoja resulta evidente.

La misma sociedad que proclama la autonomía individual genera simultáneamente una creciente dependencia de estructuras burocráticas.

Porque cuando desaparecen las redes familiares, alguien debe asumir sus funciones.

Y ese alguien suele ser el Estado.

Pero ninguna administración puede sustituir completamente a una familia funcional.

Ni emocionalmente.

Ni económicamente.

Ni culturalmente.

La gran cuestión

Llegados a este punto, la pregunta inicial reaparece con más fuerza.

¿Quién se beneficia?

La respuesta no es sencilla.

Existen beneficiarios económicos.

Beneficiarios profesionales.

Beneficiarios burocráticos.

Beneficiarios políticos.

Beneficiarios ideológicos.

Pero quizá el verdadero problema no sea quién gana.

Quizá el verdadero problema sea quién pierde.

Pierden los hijos.

Pierden los padres.

Pierden muchas madres.

Pierde la confianza social.

Pierde la natalidad.

Pierde la estabilidad.

Pierde la comunidad.

Pierde, en definitiva, la sociedad entera.

Porque una civilización puede permitirse muchas burocracias.

Puede permitirse muchos procedimientos.

Puede permitirse muchos organismos.

Lo que difícilmente puede permitirse es la destrucción progresiva de la institución que históricamente ha garantizado su continuidad.

Y esa institución sigue siendo, pese a todos sus defectos, la familia.

Una conclusión incómoda

Quizá la lección más inquietante de estos cuarenta y cinco años sea ésta.

Hemos construido un aparato extraordinariamente complejo para gestionar las consecuencias del fracaso familiar.

Pero hemos dedicado mucha menos energía a evitar que ese fracaso se produzca.

Hemos perfeccionado los mecanismos de ruptura.

Hemos multiplicado los mecanismos de litigio.

Hemos sofisticado los mecanismos de intervención.

Y, sin embargo, seguimos sin abordar la pregunta esencial.

¿Cómo construir matrimonios más sólidos?

¿Cómo proteger la relación de los hijos con ambos progenitores?

¿Cómo reducir la conflictividad antes de que llegue a los tribunales?

¿Cómo devolver a la familia la estabilidad que necesita para cumplir su función?

Mientras esas preguntas continúen sin respuesta, seguiremos administrando las consecuencias de una crisis que parece no tener fin.

Y seguiremos confundiendo la gestión del problema con su solución.

LA MEDIACIÓN QUE ESPAÑA NUNCA QUISO TOMARSE EN SERIO

Curar o administrar

Existe una diferencia fundamental entre una medicina orientada a curar enfermedades y una medicina orientada a administrar sus consecuencias.

La primera intenta actuar sobre las causas.

La segunda se limita a gestionar los síntomas.

Algo parecido ha ocurrido en buena medida con el sistema español de familia.

Durante décadas se han multiplicado los mecanismos destinados a gestionar rupturas.

Pero apenas se ha prestado atención a evitar que los conflictos alcancen niveles destructivos.

La lógica predominante parece haber sido la siguiente:

Una vez que la pareja se rompe, el sistema interviene.

La pregunta es inevitable.

¿Por qué esperar a que la ruptura se convierta en una guerra?

¿Por qué no actuar antes?

¿Por qué no intentar reducir el conflicto cuando todavía resulta posible?

La respuesta conduce directamente a una de las grandes asignaturas pendientes de España en materia de familia:

la mediación.

Veinticinco años predicando en el desierto

Desde finales del siglo XX numerosas asociaciones de padres separados, especialistas en infancia, juristas y profesionales de distintos ámbitos han defendido la necesidad de impulsar seriamente la mediación familiar.

No como una simple recomendación.

No como una actividad marginal.

No como una posibilidad decorativa destinada a adornar discursos institucionales.

Sino como una herramienta central del sistema.

La idea resulta extraordinariamente sencilla.

Cuando existen hijos menores, antes de iniciar una batalla judicial debería intentarse seriamente alcanzar acuerdos.

No imponer reconciliaciones imposibles.

No obligar a convivencias inviables.

Simplemente intentar que dos personas que van a seguir siendo padre y madre durante toda su vida aprendan a cooperar.

Incluso después de haber dejado de ser pareja.

La propuesta parece de sentido común.

Sin embargo, España ha mostrado históricamente una sorprendente resistencia a convertirla en realidad.

El gran error conceptual

Uno de los problemas más graves del sistema consiste en confundir ruptura de pareja con ruptura de familia.

Son cosas distintas.

Una pareja puede dejar de existir.

La condición de padre y madre no desaparece jamás.

Un divorcio extingue una relación conyugal.

No extingue la responsabilidad parental.

No extingue la necesidad de cooperación.

No extingue la obligación moral de seguir actuando en beneficio de los hijos.

Sin embargo, demasiados procedimientos parecen diseñados como si el conflicto entre adultos fuera el elemento central.

Y no los niños.

Cuando esto ocurre, la lógica del enfrentamiento termina imponiéndose sobre la lógica de la cooperación.

El progenitor más generoso

Existe una idea tan sencilla como poderosa.

En caso de ruptura, el mejor progenitor no suele ser quien más exige para sí mismo.

Sino quien más facilita la relación de los hijos con el otro progenitor.

Dicho de otra manera.

El mejor padre o la mejor madre suele ser quien comprende que los hijos necesitan a ambos.

Quien no utiliza a los niños como armas arrojadizas.

Quien no convierte el resentimiento en estrategia educativa.

Quien no intenta ganar una guerra emocional.

Quien comprende que el bienestar de los hijos debe situarse por encima de las heridas derivadas de la ruptura.

Podría llamarse el criterio del progenitor más generoso.

No el más rico.

No el más agresivo procesalmente.

No el más hábil jurídicamente.

Sino el más dispuesto a favorecer la relación con el otro progenitor.

Resulta llamativo que un principio tan razonable apenas haya sido incorporado a la práctica habitual de los tribunales.

El interés superior del menor revisitado

Durante décadas se ha repetido una expresión:

interés superior del menor.

Sin embargo, pocas veces se formula una pregunta elemental.

¿Qué necesita realmente un niño tras la ruptura de sus padres?

Salvo situaciones excepcionales de violencia, abandono o incapacidad grave, la respuesta parece bastante evidente.

Necesita seguir teniendo padre.

Necesita seguir teniendo madre.

Necesita conservar vínculos afectivos sólidos con ambos.

Necesita estabilidad.

Necesita continuidad.

Necesita sentirse querido por los dos.

Necesita no verse obligado a elegir.

Necesita no convertirse en instrumento de venganza.

La mediación familiar bien diseñada persigue precisamente ese objetivo.

Reducir el conflicto para proteger al menor.

No proteger el conflicto a costa del menor.

El modelo adversarial

El procedimiento judicial tradicional posee una característica inevitable.

Produce vencedores y vencidos.

Demandantes y demandados.

Acusaciones y defensas.

Pruebas y contra pruebas.

Recursos y contra recursos.

Es una lógica adecuada para conflictos patrimoniales.

Pero presenta limitaciones evidentes cuando se aplica a relaciones familiares.

Porque después de la sentencia los litigantes seguirán siendo padres.

Seguirán coincidiendo en cumpleaños.

Seguirán afrontando problemas escolares.

Seguirán tomando decisiones médicas.

Seguirán vinculados por la existencia de los hijos.

La sentencia no elimina esa realidad.

Por eso resulta tan importante evitar que la dinámica judicial destruya completamente las posibilidades futuras de cooperación.

Lo que hacen otros países

Numerosos países occidentales han desarrollado sistemas mucho más ambiciosos de mediación familiar.

No porque hayan descubierto una fórmula mágica.

No porque los conflictos desaparezcan.

Simplemente porque han comprendido algo elemental.

Cuanto antes se interviene sobre la conflictividad, menores suelen ser los daños posteriores.

La mediación no garantiza acuerdos.

No garantiza reconciliaciones.

No garantiza éxito.

Pero sí aumenta considerablemente las posibilidades de que los progenitores encuentren espacios mínimos de entendimiento.

Y esos espacios pueden marcar una enorme diferencia para los hijos.

La judicialización como fracaso

Quizá convendría contemplar los procedimientos altamente conflictivos como lo que realmente son.

No una victoria del sistema.

Sino un fracaso.

Cuando dos progenitores necesitan años de litigios para organizar la relación con sus hijos, algo ha funcionado mal.

Muy mal.

La judicialización masiva de la vida familiar no debería considerarse una señal de eficacia institucional.

Debería interpretarse como un síntoma de incapacidad para resolver los problemas por vías menos destructivas.

Y, sin embargo, con demasiada frecuencia parece haberse asumido como algo normal.

Como si la guerra judicial fuera una fase inevitable del proceso.

No debería serlo.

Custodia compartida y mediación

La experiencia acumulada durante las últimas décadas apunta en una dirección bastante clara.

Los modelos basados en la corresponsabilidad parental funcionan mejor cuando van acompañados de mecanismos eficaces de mediación.

La custodia compartida no consiste simplemente en repartir tiempos.

Consiste en compartir responsabilidades.

Y compartir responsabilidades exige comunicación.

Exige cooperación.

Exige acuerdos.

Exige madurez.

Todo aquello que la mediación intenta fomentar.

Por eso resulta difícil entender que ambas herramientas hayan evolucionado durante tanto tiempo por caminos paralelos.

Cuando en realidad deberían formar parte de una misma filosofía.

Una cuestión de civilización

En el fondo, el debate sobre la mediación trasciende el ámbito jurídico.

Se trata de una cuestión cultural.

Una sociedad puede optar por gestionar los conflictos mediante la confrontación permanente.

O puede intentar resolverlos mediante la cooperación.

Puede incentivar el enfrentamiento.

O puede incentivar el acuerdo.

Puede recompensar la hostilidad.

O puede premiar la generosidad.

Toda civilización termina reflejando esas elecciones.

Y las consecuencias aparecen tarde o temprano.

La alternativa olvidada

Quizá lo más sorprendente de estos cuarenta y cinco años sea que una herramienta relativamente sencilla haya recibido tan poca atención.

La mediación no elimina todos los problemas.

No convierte en amigos a quienes ya no se soportan.

No resuelve mágicamente todos los conflictos.

Pero puede evitar muchos daños innecesarios.

Puede reducir sufrimientos.

Puede proteger mejor a los niños.

Puede disminuir la litigiosidad.

Puede favorecer la corresponsabilidad parental.

Y puede devolver algo de humanidad a procesos que con demasiada frecuencia terminan convirtiéndose en auténticas guerras de desgaste.

Tal vez la pregunta correcta no sea por qué la mediación funciona.

Tal vez la pregunta correcta sea otra.

¿Por qué España ha tardado tanto en tomársela realmente en serio?

Porque mientras seguimos perfeccionando los mecanismos de enfrentamiento, continuamos desaprovechando una de las pocas herramientas capaces de reducirlo.

Y esa contradicción dice mucho acerca de las prioridades reales de nuestro sistema familiar.

¿POR QUÉ LOS HOMBRES HAN DEJADO DE CREER EN EL MATRIMONIO?

La pregunta que casi nadie quiere formular

Existe una cuestión que aparece constantemente en conversaciones privadas, foros de internet, reuniones familiares y grupos de amigos, pero que rara vez ocupa el centro del debate público.

¿Por qué tantos hombres han dejado de casarse?

No hablamos de una disminución puntual.

No hablamos de una moda pasajera.

Hablamos de una tendencia persistente que se extiende por buena parte del mundo occidental.

Cada vez más hombres retrasan el matrimonio.

Cada vez más hombres optan por convivencias informales.

Cada vez más hombres evitan compromisos jurídicos permanentes.

Y cada vez más hombres afirman abiertamente que no tienen intención de casarse nunca.

La explicación habitual suele ser superficial.

Se habla de inmadurez.

De egoísmo.

De miedo al compromiso.

Del denominado síndrome de Peter Pan.

Sin embargo, esa interpretación resulta insuficiente.

Porque no explica por qué el fenómeno afecta simultáneamente a millones de personas pertenecientes a generaciones distintas y países distintos.

Cuando un comportamiento se generaliza de esa manera, conviene buscar causas más profundas.

El artículo que formuló una hipótesis incómoda

En 2002, los estadounidenses Glenn Sacks y Dianna Thompson plantearon una pregunta provocadora.

¿Estaban las políticas familiares y judiciales contribuyendo a una especie de huelga masculina contra el matrimonio?

Su planteamiento resultó polémico.

Pero tenía una virtud.

Intentaba comprender el fenómeno en lugar de limitarse a ridiculizarlo.

Los autores observaban que muchos hombres no rechazaban la familia.

No rechazaban la paternidad.

No rechazaban el amor.

Lo que rechazaban era asumir determinados riesgos asociados al matrimonio moderno.

Veían a amigos separados de sus hijos.

Veían procesos judiciales devastadores.

Veían conflictos interminables.

Veían consecuencias económicas graves.

Y concluían que el coste potencial era excesivo.

Han pasado casi veinticinco años.

Y la pregunta sigue vigente.

Quizá más que entonces.

España ya no es una excepción

Durante mucho tiempo se pensó que estos fenómenos pertenecían sobre todo al mundo anglosajón.

La experiencia demuestra lo contrario.

España recorre una trayectoria muy similar.

Cada vez resulta más frecuente escuchar afirmaciones como estas:

«No me importa convivir, pero no quiero casarme.»

«Quiero hijos, pero no quiero firmar un contrato que puede volverse contra mí.»

«He visto lo que le ocurrió a mi hermano.»

«He visto cómo acabó mi amigo.»

«He visto años de juicios.»

«He visto cómo dejaron de ver a sus hijos.»

Estas conversaciones existen.

Se producen diariamente.

Y merecen ser analizadas con seriedad.

No para aceptar automáticamente todas las conclusiones.

Pero sí para comprender por qué influyen sobre las decisiones de millones de personas.

La diferencia entre realidad y percepción

Aquí conviene introducir una precisión importante.

Las decisiones humanas no dependen únicamente de la realidad objetiva.

Dependen también de las percepciones.

Un hombre puede sobreestimar determinados riesgos.

Puede interpretar erróneamente algunos casos.

Puede generalizar experiencias excepcionales.

Todo eso es posible.

Pero desde el punto de vista social existe una cuestión aún más relevante.

Si millones de personas perciben una institución como arriesgada, actuarán en consecuencia.

Aunque sus percepciones no coincidan exactamente con la realidad estadística.

La confianza constituye un fenómeno psicológico.

Y las instituciones viven o mueren en función de la confianza que inspiran.

No únicamente en función de los datos.

El matrimonio como contrato de riesgo

Para generaciones anteriores, el matrimonio era percibido principalmente como una garantía de estabilidad.

Hoy muchos hombres lo contemplan de forma muy distinta.

Lo perciben como un contrato de riesgo elevado.

No necesariamente porque esperen fracasar.

Sino porque consideran que, si fracasan, las consecuencias pueden resultar extremadamente difíciles de controlar.

La lógica es sencilla.

Si una persona cree que las posibles pérdidas superan ampliamente los posibles beneficios, tenderá a evitar el compromiso.

Ocurre en la economía.

Ocurre en la política.

Y ocurre también en las relaciones personales.

Por eso la cuestión central no es si esos temores son siempre razonables.

La cuestión central es que existen.

Y están modificando conductas.

El miedo a perder a los hijos

Cuando se pregunta a muchos hombres por sus temores, aparece constantemente una misma respuesta.

Los hijos.

No la vivienda.

No el dinero.

No el patrimonio.

Los hijos.

El miedo principal no consiste en perder bienes materiales.

Consiste en perder la convivencia cotidiana.

La posibilidad de acompañar a los hijos al colegio.

De ayudarles con los deberes.

De compartir comidas.

De participar en su crecimiento.

De formar parte normal de su vida.

Este temor constituye probablemente el núcleo emocional del problema.

Y resulta imposible comprender la crisis del matrimonio sin tenerlo en cuenta.

La desaparición de la presunción de permanencia

Existe además un cambio cultural profundo.

Durante siglos, quienes se casaban asumían que el vínculo estaba destinado a durar.

Podía fracasar.

Pero la expectativa dominante era la permanencia.

Hoy sucede algo diferente.

Muchas personas se casan asumiendo implícitamente que la relación puede terminar en cualquier momento.

La diferencia parece sutil.

No lo es.

Las expectativas condicionan comportamientos.

Cuando una institución deja de percibirse como estable, disminuye la disposición a invertir en ella.

Tiempo.

Esfuerzo.

Sacrificio.

Recursos.

Compromiso.

Todo ello se resiente.

Los incentivos importan

A menudo se analiza el matrimonio exclusivamente desde una perspectiva emocional.

Pero también posee una dimensión institucional.

Y las instituciones generan incentivos.

Si los incentivos favorecen la cooperación, la cooperación aumenta.

Si favorecen la desconfianza, la desconfianza aumenta.

La cuestión clave consiste en preguntarse qué incentivos han predominado durante las últimas décadas.

¿Hemos construido un sistema que fomente la corresponsabilidad?

¿Hemos construido un sistema que premie la cooperación parental?

¿Hemos construido un sistema que reduzca los conflictos?

¿O hemos creado un entorno donde demasiadas personas perciben que la ruptura puede reportar ventajas estratégicas?

Las respuestas no son sencillas.

Pero las preguntas resultan inevitables.

La huelga silenciosa

La llamada huelga matrimonial masculina no tiene líderes.

No tiene manifiestos.

No tiene organización.

No tiene sede social.

No tiene portavoces.

Se manifiesta simplemente mediante decisiones individuales.

Un hombre decide no casarse.

Otro también.

Miles hacen lo mismo.

Millones terminan produciendo una transformación social.

Precisamente por eso el fenómeno resulta tan difícil de abordar.

No existe un adversario político.

No existe una organización que negociar.

No existe una ley que derogar.

Existe únicamente una pérdida progresiva de confianza.

Y la confianza no puede imponerse por decreto.

El coste colectivo

Algunos observadores consideran que se trata de una cuestión estrictamente privada.

Probablemente se equivocan.

Porque las decisiones individuales terminan produciendo consecuencias colectivas.

Menos matrimonios.

Menos hijos.

Más envejecimiento.

Más soledad.

Más fragmentación social.

Menos relevo generacional.

Menos estabilidad.

La suma de millones de decisiones privadas termina transformando el conjunto de la sociedad.

Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.

Más allá de hombres y mujeres

Quizá el error más frecuente consista en interpretar esta cuestión como una batalla entre sexos.

No lo es.

La inmensa mayoría de hombres y mujeres desea exactamente lo mismo.

Amor.

Estabilidad.

Compañía.

Hijos.

Seguridad.

Un proyecto compartido.

La verdadera cuestión consiste en determinar por qué cada vez resulta más difícil construirlo.

Por qué la confianza disminuye.

Por qué aumentan los temores.

Por qué tantas personas consideran arriesgado aquello que durante generaciones fue contemplado como una aspiración natural.

Una advertencia histórica

Las civilizaciones no suelen desaparecer porque sus habitantes dejen de disfrutar de comodidades materiales.

Desaparecen cuando dejan de transmitir la vida.

Cuando dejan de creer en el futuro.

Cuando dejan de construir vínculos duraderos.

Cuando pierden la confianza necesaria para cooperar.

Por eso la crisis matrimonial no constituye únicamente una cuestión sentimental.

Tampoco exclusivamente jurídica.

Ni exclusivamente económica.

Constituye un síntoma de algo más profundo.

Un síntoma de desconfianza cultural.

Y ninguna sociedad puede prosperar durante mucho tiempo cuando la desconfianza se convierte en el principio organizador de las relaciones humanas.

Quizá ahí resida la verdadera lección de estos cuarenta y cinco años.

No estamos asistiendo únicamente a una crisis del matrimonio.

Estamos asistiendo a una crisis de confianza.

Y mientras esa crisis no sea comprendida y afrontada, las estadísticas seguirán deteriorándose, los nacimientos seguirán disminuyendo y la familia continuará perdiendo terreno.

No porque los hombres hayan dejado de querer amar.

Ni porque las mujeres hayan dejado de querer formar familias.

Sino porque demasiadas personas han dejado de creer que las instituciones actuales sean capaces de proteger aquello que más valoran.

RECONSTRUIR LA FAMILIA:

PROPUESTAS PARA SALIR DEL LABERINTO

Criticar no basta

Toda crítica que no vaya acompañada de propuestas corre el riesgo de convertirse en simple lamentación.

Y lamentarse no cambia la realidad.

A lo largo de los capítulos anteriores hemos examinado la evolución del divorcio en España desde 1981.

Hemos analizado la transformación cultural del matrimonio.

La expansión de la conflictividad familiar.

La pérdida de confianza entre hombres y mujeres.

La crisis demográfica.

La creciente judicialización de la vida familiar.

La figura del padre visitante.

La insuficiente implantación de la mediación.

La progresiva sustitución de la cooperación por la confrontación.

Pero identificar problemas constituye únicamente el primer paso.

La cuestión decisiva es otra.

¿Existe alguna forma razonable de corregir esta deriva?

La respuesta es sí.

No existe una solución milagrosa.

No existe una reforma capaz de resolver todos los problemas.

Pero sí existen medidas que podrían mejorar significativamente la situación.

Primera propuesta:

Mediación obligatoria previa cuando existan hijos menores

La mediación familiar debería convertirse en el eje central del sistema.

No como una mera recomendación.

No como una formalidad burocrática.

No como una posibilidad opcional que casi nadie utiliza.

Sino como una etapa obligatoria previa a la judicialización del conflicto cuando existan hijos menores.

Conviene aclarar algo.

Obligatoria no significa forzar acuerdos.

Nadie puede obligar a dos personas a entenderse.

Lo que sí puede exigirse es un intento serio y profesional de alcanzarlos antes de iniciar una guerra judicial.

La experiencia internacional demuestra que muchos conflictos disminuyen cuando los progenitores reciben ayuda adecuada en las primeras fases de la ruptura.

La mediación no elimina todos los problemas.

Pero reduce muchos de ellos.

Y, sobre todo, protege mejor a los niños.

Segunda propuesta:

Custodia compartida como norma general

La custodia compartida debería constituir el punto de partida.

No la excepción.

No una concesión extraordinaria.

No una posibilidad remota.

El punto de partida.

Naturalmente, existirán casos en los que resulte inviable.

Violencia acreditada.

Abandono.

Incapacidad parental grave.

Conductas incompatibles con el interés del menor.

Pero fuera de esas situaciones excepcionales, los niños tienen derecho a mantener una relación normal con ambos progenitores.

No se trata de un derecho de los padres.

Se trata principalmente de un derecho de los hijos.

La ruptura de la pareja no debería implicar la ruptura de la paternidad ni de la maternidad.

Tercera propuesta:

El criterio del progenitor más generoso

Los tribunales deberían valorar positivamente la conducta de quien favorece la relación de los hijos con el otro progenitor.

Y valorar negativamente la de quien intenta obstaculizarla.

La lógica es sencilla.

Quien facilita la presencia del otro padre o de la otra madre está demostrando que antepone el bienestar del menor a sus propios resentimientos.

Quien dificulta esa relación está haciendo exactamente lo contrario.

Sin embargo, esta cuestión recibe todavía una atención insuficiente.

El sistema debería premiar la cooperación.

No la hostilidad.

Debería premiar la generosidad.

No la capacidad de destruir al adversario.

Cuarta propuesta:

Procedimientos rápidos para proteger el contacto con los hijos

Resulta sorprendente comprobar la rapidez con la que actúan los tribunales en determinados asuntos y la lentitud con la que reaccionan en otros.

Cuando se incumplen reiteradamente regímenes de visitas o resoluciones relacionadas con los menores, la respuesta judicial debería ser inmediata.

El tiempo posee una importancia enorme.

Especialmente para un niño.

Seis meses en la vida de un adulto pueden parecer poco.

Seis meses en la vida de un niño pueden resultar decisivos.

Por eso los procedimientos relacionados con el contacto entre progenitores e hijos deberían tramitarse con la máxima urgencia.

Porque la infancia no admite aplazamientos.

Quinta propuesta:

Educación para la vida familiar

Durante décadas la enseñanza ha incorporado multitud de contenidos.

Muchos útiles.

Otros discutibles.

Sin embargo, apenas se dedica atención a una cuestión esencial.

Cómo construir relaciones estables.

Cómo gestionar conflictos.

Cómo asumir responsabilidades.

Cómo ejercer la paternidad y la maternidad.

Cómo cooperar.

Cómo comunicarse.

Cómo afrontar desacuerdos sin destruir vínculos.

La estabilidad familiar no surge espontáneamente.

También requiere aprendizaje.

Y resulta llamativo que una sociedad obsesionada con la formación técnica dedique tan pocos esfuerzos a preparar a las personas para una de las tareas más importantes de sus vidas.

Sexta propuesta:

Una fiscalidad favorable a la familia

Durante décadas los discursos oficiales han proclamado la importancia de la familia.

Sin embargo, las políticas fiscales no siempre han actuado en consecuencia.

Criar hijos implica costes.

Costes económicos.

Costes profesionales.

Costes de tiempo.

Costes de oportunidad.

Si una sociedad considera que la familia constituye un bien social, debería reflejarlo claramente en su sistema fiscal.

La natalidad no puede sostenerse únicamente mediante campañas publicitarias.

Necesita condiciones materiales que faciliten la formación de hogares estables.

Séptima propuesta:

Revisar los incentivos perversos

Toda legislación genera incentivos.

La cuestión consiste en identificar aquellos que fomentan conductas indeseables.

Un sistema familiar razonable debería reducir cualquier ventaja derivada de la conflictividad.

Debería favorecer los acuerdos.

Favorecer la cooperación.

Favorecer la corresponsabilidad.

Favorecer la estabilidad.

Cuando ocurre lo contrario, el conflicto tiende a multiplicarse.

Y los principales perjudicados suelen ser los menores.

Octava propuesta:

Recuperar una cultura del compromiso

Ninguna reforma legal será suficiente si no cambia también la cultura.

Las leyes pueden ayudar.

Pero no pueden sustituir completamente las convicciones sociales.

Durante demasiado tiempo se ha presentado el compromiso como una limitación.

La permanencia como una carga.

La responsabilidad como una renuncia.

Quizá haya llegado el momento de recordar algo que las generaciones anteriores comprendían bastante bien.

Las cosas más valiosas de la vida suelen requerir esfuerzo.

Requieren sacrificio.

Requieren perseverancia.

Requieren capacidad para mantenerse firme cuando aparecen las dificultades.

La familia no constituye una excepción.

Novena propuesta:

Recuperar el prestigio social de la familia

La familia no necesita propaganda.

Necesita respeto.

Necesita reconocimiento.

Necesita dejar de aparecer constantemente como una reliquia del pasado o una estructura sospechosa.

La inmensa mayoría de los ciudadanos continúa deseando formar una familia.

Tener hijos.

Construir un proyecto compartido.

Lo que ocurre es que cada vez encuentran más obstáculos para hacerlo.

Por eso resulta esencial recuperar una visión equilibrada.

La familia no es perfecta.

Nunca lo fue.

Pero sigue siendo una de las instituciones más eficaces que la humanidad ha desarrollado para transmitir afecto, educación, solidaridad y continuidad entre generaciones.

Décima propuesta:

Volver a pensar en los niños

Quizá ésta sea la propuesta más importante.

Toda reforma debería comenzar por una pregunta sencilla.

¿Qué beneficia realmente a los niños?

No a los partidos políticos.

No a las asociaciones.

No a los profesionales.

No a las burocracias.

A los niños.

Si una medida fortalece la relación con ambos progenitores, merece consideración.

Si reduce la conflictividad, merece consideración.

Si protege la estabilidad emocional de los menores, merece consideración.

Si ocurre lo contrario, conviene revisarla.

Porque los niños no constituyen el problema.

Son precisamente aquello que debería protegerse.

Reconstruir la confianza

En última instancia, todos los problemas analizados a lo largo de este ensayo convergen en uno solo.

La pérdida de confianza.

Confianza entre hombres y mujeres.

Confianza en el matrimonio.

Confianza en la imparcialidad del sistema.

Confianza en el futuro.

Confianza en la posibilidad de construir proyectos duraderos.

Ninguna ley puede fabricar confianza por decreto.

Pero las leyes pueden destruirla.

Y también pueden contribuir a recuperarla.

La gran tarea de las próximas décadas consistirá precisamente en eso.

Reconstruir la confianza perdida.

Porque sin confianza no hay matrimonio.

Sin matrimonio hay menos familias.

Sin familias hay menos hijos.

Y sin hijos no existe futuro.

Todo lo demás son consecuencias.

Hacia una nueva cultura de la perdurabilidad

Quizá la palabra clave sea ésta:

Perdurabilidad.

Una sociedad que no piensa en el largo plazo termina consumiendo su propio futuro.

La familia constituye, por definición, una apuesta por el largo plazo.

Por la continuidad.

Por la transmisión.

Por aquello que permanecerá cuando nosotros ya no estemos.

Recuperar esa perspectiva no significa regresar al pasado.

Significa simplemente recordar una verdad elemental.

Las civilizaciones sobreviven porque alguien decide construir algo que dure más que su propia vida.

Y pocas instituciones han cumplido mejor esa función que la familia.

CUARENTA Y CINCO AÑOS DESPUÉS:

EL BALANCE DE UNA EXPERIENCIA HISTÓRICA

El tiempo del balance

Toda reforma importante debería ser evaluada periódicamente.

No para condenarla de antemano.

No para convertirla en dogma.

Sino para comprobar si ha producido los resultados prometidos.

Las leyes no son artículos de fe.

Son instrumentos humanos.

Y los instrumentos deben juzgarse por sus consecuencias.

Han transcurrido cuarenta y cinco años desde la aprobación de la Ley del Divorcio de 1981.

Tiempo suficiente para abandonar las consignas.

Tiempo suficiente para dejar de lado los entusiasmos iniciales.

Tiempo suficiente para observar los resultados.

La pregunta es sencilla.

¿Qué balance puede hacerse hoy?

Lo que nadie discute

Conviene comenzar por los aspectos sobre los que existe un amplio consenso.

La ley permitió resolver situaciones familiares muy difíciles.

Ofreció una salida jurídica a matrimonios fracasados.

Evitó determinadas situaciones de hipocresía legal.

Permitió regular realidades que ya existían de hecho.

Sería absurdo negar estos aspectos.

La cuestión no consiste en discutir la existencia del divorcio.

La cuestión consiste en analizar los efectos derivados de su normalización progresiva y de la transformación cultural que lo acompañó.

Y aquí es donde comienzan las preguntas incómodas.

Lo que sí ha cambiado

Pocas instituciones han experimentado una transformación tan profunda como el matrimonio.

En 1981 seguía siendo percibido como una institución estable.

Hoy es contemplado por muchos ciudadanos como una unión potencialmente transitoria.

En 1981 constituía el marco habitual para la formación de familias.

Hoy compite con múltiples formas de convivencia.

En 1981 la permanencia era la expectativa dominante.

Hoy la posibilidad de ruptura forma parte del cálculo inicial de muchas parejas.

El cambio no es únicamente jurídico.

Es psicológico.

Cultural.

Antropológico.

Y probablemente irreversible en algunos aspectos.

La paradoja de la libertad

Uno de los argumentos más repetidos durante estas décadas ha sido el de la ampliación de la libertad individual.

Sin duda, la libertad es un valor fundamental.

Pero la experiencia histórica sugiere una cuestión importante.

La libertad no constituye el único valor necesario para construir una sociedad funcional.

También son necesarias la confianza.

La responsabilidad.

La cooperación.

La estabilidad.

La continuidad entre generaciones.

Cuando una sociedad fortalece algunos de estos elementos y debilita otros, terminan apareciendo tensiones.

Y precisamente eso parece haber ocurrido.

Disponemos de más libertad formal.

Pero también de más incertidumbre.

Más opciones.

Pero también más soledad.

Más autonomía.

Pero también más aislamiento.

La realidad resulta más compleja de lo que preveían los discursos triunfalistas de los años ochenta.

Los datos demográficos no mienten

Quizá el indicador más contundente sea la demografía.

Las opiniones pueden discutirse.

Las ideologías pueden enfrentarse.

Las interpretaciones pueden variar.

Las cifras son más obstinadas.

Menos matrimonios.

Menos nacimientos.

Más envejecimiento.

Más hogares unipersonales.

Más dependencia.

Menos relevo generacional.

No todos estos fenómenos derivan directamente del divorcio.

Nadie sostiene semejante simplificación.

Pero todos forman parte de un mismo ecosistema cultural.

De una misma transformación histórica.

Y esa transformación merece ser analizada con honestidad intelectual.

Los niños siguen esperando

Quizá el aspecto más decepcionante del balance sea la situación de muchos menores.

Durante décadas se prometió que las nuevas regulaciones protegerían mejor a los niños.

Sin embargo, la conflictividad familiar continúa afectando a miles de ellos.

Las guerras judiciales continúan existiendo.

Los incumplimientos continúan produciéndose.

Las dificultades para mantener relaciones equilibradas con ambos progenitores continúan siendo frecuentes.

Y la mediación sigue ocupando un lugar muy inferior al que debería.

Resulta difícil sostener que este aspecto del sistema constituya un éxito indiscutible.

La gran oportunidad perdida

Probablemente la mayor oportunidad desaprovechada de estos cuarenta y cinco años haya sido la mediación familiar.

España dedicó enormes esfuerzos a regular la ruptura.

Muchos menos a prevenir sus efectos más destructivos.

Se perfeccionaron procedimientos.

Se multiplicaron organismos.

Se desarrollaron protocolos.

Pero no se construyó una auténtica cultura de cooperación parental.

Y esa carencia sigue pesando sobre el sistema.

Una sociedad más rica y más frágil

Existe una contradicción llamativa.

La España de 2026 es muchísimo más rica que la de 1981.

Más desarrollada.

Más educada.

Más avanzada tecnológicamente.

Más longeva.

Más cómoda.

Y, sin embargo, presenta signos evidentes de fragilidad social.

La soledad.

La crisis demográfica.

La dificultad para formar familias.

La incertidumbre vital.

La erosión de los vínculos duraderos.

Todo ello obliga a replantearse algunas certezas adquiridas.

Porque el bienestar material, siendo importante, no resuelve por sí solo los problemas humanos fundamentales.

La ilusión de que todo es privado

Quizá uno de los errores intelectuales más importantes haya consistido en considerar que las decisiones familiares pertenecen exclusivamente al ámbito privado.

No es cierto.

Son privadas en su origen.

Pero poseen consecuencias públicas.

Una sociedad donde nacen pocos niños afronta problemas públicos.

Una sociedad donde aumentan la soledad y el envejecimiento afronta problemas públicos.

Una sociedad donde disminuye la confianza entre hombres y mujeres afronta problemas públicos.

La frontera entre lo privado y lo colectivo resulta mucho más permeable de lo que suele reconocerse.

Lo que hemos aprendido

Si estos cuarenta y cinco años enseñan algo, es precisamente esto.

Las instituciones familiares importan.

Importan más de lo que muchos pensaban.

Importan para la economía.

Importan para la demografía.

Importan para la educación.

Importan para la salud mental.

Importan para la cohesión social.

Importan para la continuidad histórica de una nación.

Debilitarlas produce consecuencias.

Fortalecerlas también.

Y esas consecuencias terminan afectando a todos.

Incluso a quienes creen permanecer al margen.

Una cuestión de civilización

En el fondo, el debate sobre el divorcio nunca ha sido únicamente un debate sobre el divorcio.

Es un debate sobre la naturaleza de los compromisos humanos.

Sobre la capacidad de cooperar.

Sobre la confianza.

Sobre la transmisión entre generaciones.

Sobre la posibilidad de construir algo que perdure.

Por eso trasciende ampliamente el ámbito jurídico.

Y por eso seguirá siendo relevante mientras existan hombres, mujeres, hijos y familias.

El veredicto del tiempo

Los legisladores de 1981 creían estar resolviendo un problema.

Probablemente lo hicieron en parte.

Pero también pusieron en marcha procesos cuyas consecuencias apenas podían imaginar.

El tiempo ha emitido ya una parte de su veredicto.

No un veredicto definitivo.

La historia nunca concluye.

Pero sí suficientemente claro para extraer algunas lecciones.

Las sociedades necesitan libertad.

Pero también necesitan estabilidad.

Necesitan autonomía.

Pero también compromiso.

Necesitan derechos.

Pero también responsabilidades.

Necesitan individuos.

Pero también familias.

Cuando alguno de esos elementos desaparece, el equilibrio se rompe.

Y reconstruirlo suele requerir mucho más tiempo del que hizo falta para destruirlo.

Por eso el verdadero desafío de las próximas décadas no consistirá en perfeccionar todavía más los mecanismos de ruptura.

Consistirá en recuperar la capacidad de construir vínculos duraderos.

Porque de esa capacidad depende, en buena medida, el futuro mismo de nuestra civilización.

EPÍLOGO

CUANDO EL FUTURO DEJÓ DE PARECER IMPORTANTE

Hay una pregunta que sobrevuela silenciosamente todo este ensayo.

¿Por qué sociedades extraordinariamente prósperas, tecnológicamente avanzadas y formalmente libres parecen cada vez menos capaces de asegurar su propia continuidad?

La respuesta probablemente no sea única.

Pero existe un hilo conductor.

La pérdida progresiva de la idea de perdurabilidad.

Durante siglos, hombres y mujeres aceptaron sacrificios porque creían formar parte de algo más grande que ellos mismos.

Una familia.

Un linaje.

Una comunidad.

Una nación.

Una civilización.

La vida no terminaba en el individuo.

Continuaba en los hijos.

En los nietos.

En quienes vendrían después.

Esa perspectiva proporcionaba sentido a numerosos esfuerzos.

Hoy predomina con frecuencia una lógica diferente.

La satisfacción inmediata.

La gratificación instantánea.

La reversibilidad permanente.

El rechazo a todo compromiso que limite opciones futuras.

El problema es que ninguna civilización puede construirse sobre semejantes fundamentos.

Los hijos exigen sacrificios.

El matrimonio exige sacrificios.

La educación exige sacrificios.

La transmisión cultural exige sacrificios.

La propia libertad exige sacrificios.

Y una sociedad que pierde la disposición a realizarlos comienza lentamente a consumir el capital humano, moral y demográfico acumulado por generaciones anteriores.

Tal vez ahí resida la gran paradoja de nuestro tiempo.

Nunca hemos disfrutado de tantas posibilidades.

Y, sin embargo, cada vez parece más difícil comprometerse con algo que vaya más allá de uno mismo.

La familia constituye precisamente lo contrario.

Una apuesta por el largo plazo.

Una inversión en el futuro.

Una declaración de confianza en quienes todavía no han nacido.

Por eso la crisis familiar no es únicamente una crisis familiar.

Es una crisis de futuro.

Una crisis de confianza.

Una crisis de continuidad histórica.

Y quizá también una advertencia.

Porque las sociedades pueden sobrevivir a muchas cosas.

A las crisis económicas.

A los cambios políticos.

A las guerras incluso.

Lo que difícilmente pueden sobrevivir es a la pérdida de la voluntad de perpetuarse.

Cuarenta y cinco años después de la Ley del Divorcio de 1981, la pregunta ya no es si aquella reforma fue buena o mala.

La pregunta es mucho más profunda.

¿Queremos seguir siendo una sociedad capaz de construir vínculos duraderos y transmitir la vida a las generaciones futuras?

¿O estamos convirtiéndonos, poco a poco, en una civilización que ha dejado de creer en sí misma?

Esa es la cuestión.

Y ninguna ley podrá responderla por nosotros.
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