¿DEBEMOS PERDER TODA ESPERANZA…?
Tenemos un problema: el Partido Popular es socialdemócrata, feminista y verde.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Introducción y resumen para lectores con prisas
Muchos españoles creen que el principal problema político de España se llama Pedro Sánchez.
Este ensayo sostiene una tesis diferente.
Más incómoda.
Más profunda.
Y posiblemente más preocupante.
El problema de España no es únicamente Pedro Sánchez.
Ni siquiera es únicamente el Partido Socialista.
El verdadero problema es que, durante décadas, se ha consolidado un amplio acuerdo político, cultural y económico que apenas cambia cuando cambia el gobierno.
Los nombres cambian.
Las siglas cambian.
Los ministros cambian.
Pero las tendencias fundamentales permanecen.
El Estado sigue creciendo.
La deuda sigue creciendo.
Los impuestos siguen creciendo.
Las administraciones siguen creciendo.
Las subvenciones siguen creciendo.
Las regulaciones siguen creciendo.
Y los ciudadanos siguen perdiendo capacidad de decisión sobre aspectos cada vez más amplios de sus propias vidas.
Durante muchos años millones de votantes pensaron que existía una alternativa clara entre izquierda y derecha.
Entre PSOE y PP.
Entre socialismo y libertad económica.
Entre intervencionismo y responsabilidad individual.
Entre quienes pretendían transformar la sociedad desde el poder y quienes decían defender las instituciones tradicionales.
Sin embargo, la experiencia acumulada durante casi medio siglo permite plantear una pregunta cada vez más frecuente:
¿Y si las diferencias fueran mucho menores de lo que nos han contado?
Porque cuando se observan los hechos y no los discursos aparecen algunas realidades difíciles de ignorar.
El Partido Popular jamás ha reducido de forma significativa el tamaño del Estado.
Jamás ha desmontado el entramado administrativo construido durante décadas.
Jamás ha revertido seriamente el crecimiento del gasto político.
Jamás ha cuestionado de forma efectiva el modelo territorial surgido tras 1978.
Y, sobre todo, ha terminado aceptando buena parte de las premisas culturales que inicialmente decía combatir.
Ésta es la tesis central de este trabajo.
El PSOE impulsa determinadas transformaciones.
El PP las critica mientras permanece en la oposición.
Pero cuando llega al gobierno rara vez las revierte.
Se limita a administrarlas.
En economía, el Partido Popular ha aceptado básicamente la lógica socialdemócrata.
Discute porcentajes.
Discute ritmos.
Discute procedimientos.
Pero raramente cuestiona los principios fundamentales.
No propone una reducción sustancial del aparato estatal.
No plantea una revisión profunda del gasto público.
No impulsa una transformación seria de las estructuras creadas durante décadas.
Simplemente las gestiona.
En el terreno cultural ocurre algo parecido.
La gran victoria de la izquierda no ha sido electoral.
Ha sido cultural.
Ha conseguido que muchos de sus adversarios terminen pensando con sus mismas categorías.
Y cuando una fuerza política acepta el lenguaje de su adversario acaba aceptando también buena parte de sus planteamientos.
Por eso el Partido Popular ha terminado asumiendo gran parte del feminismo institucional que inicialmente cuestionaba.
Las leyes permanecen.
Los organismos permanecen.
Las subvenciones permanecen.
Las estructuras permanecen.
Las diferencias suelen limitarse a cuestiones secundarias.
Algo parecido sucede con las políticas energéticas y medioambientales.
Nadie discute ya los fundamentos.
Únicamente se discuten los plazos.
Las velocidades.
Los procedimientos.
La dirección general permanece intacta.
Y el Partido Popular, al igual que buena parte de la derecha europea, se mueve cómodamente dentro de ese marco.
No combate el modelo.
Lo administra.
Pero el problema es todavía más profundo.
Porque quizá no se trate únicamente de un problema del Partido Popular.
Quizá se trate de un problema inherente al funcionamiento de los partidos modernos.
Autores como Robert Michels, Joaquín Costa o Mancur Olson describieron hace décadas mecanismos que continúan plenamente vigentes.
Michels explicó cómo toda organización compleja termina generando una oligarquía.
Costa denunció el caciquismo y la apropiación de las instituciones por grupos organizados.
Olson mostró cómo las sociedades desarrolladas acumulan grupos de interés que viven de privilegios, subvenciones y regulaciones, dificultando cualquier reforma.
Cada uno utilizó un lenguaje distinto.
Pero todos describieron un fenómeno parecido.
La tendencia del poder a perpetuarse.
La tendencia de las organizaciones a protegerse a sí mismas.
La tendencia de las administraciones a crecer.
La tendencia de los partidos a anteponer su supervivencia a las ideas que justificaron su nacimiento.
Por eso este ensayo no pretende únicamente criticar al PSOE ni al PP.
Pretende analizar una cuestión mucho más amplia.
La progresiva transformación de la democracia española en una estructura dominada por partidos, administraciones, organismos y redes de intereses que sobreviven prácticamente intactos independientemente de quién gane las elecciones.
Y precisamente por eso la solución no puede consistir simplemente en sustituir unas siglas por otras.
La cuestión decisiva es otra.
¿Quién puede impulsar una verdadera regeneración nacional?
Desde luego, no quienes viven de las estructuras que deberían reformarse.
Ninguna casta extractiva se hace el harakiri.
Ninguna mafia desmonta voluntariamente su negocio.
Ninguna oligarquía entrega por las buenas los resortes del poder.
Por ello, si existe alguna esperanza razonable, no vendrá de los partidos que han administrado el modelo durante décadas.
Tendría que surgir de una minoría nacional competente, honrada, solvente y verificable.
De empresarios que hayan creado riqueza real.
De profesionales liberales.
De juristas independientes.
De economistas rigurosos.
De auditores, inspectores e interventores con trayectoria limpia.
De profesores comprometidos con la enseñanza.
De periodistas libres.
De jueces verdaderamente independientes.
De ciudadanos cuyo prestigio haya sido construido fuera de la política profesional.
Esa minoría tendría que comenzar por algo que hoy apenas existe en España:
Un diagnóstico preciso, riguroso y documentado de la situación nacional.
No una campaña electoral.
No una colección de consignas.
No una operación de propaganda.
Un diagnóstico.
Un análisis serio de las causas del deterioro institucional, económico y moral que padece el país.
A partir de ahí deberían formularse objetivos concretos.
Objetivos realistas.
Objetivos medibles.
Objetivos a corto, medio y largo plazo.
Acompañados de procedimientos claros para alcanzarlos.
Y, sobre todo, deberían proponerse medidas concretas para combatir la corrupción.
No mediante discursos grandilocuentes.
Sino mediante controles eficaces, castigos rápidos, recuperación de lo robado y auténtica rendición de cuentas.
Porque mientras el poder no responda de sus errores, los errores seguirán repitiéndose.
¿Es probable que aparezca una minoría de esta naturaleza?
No especialmente.
¿Es imposible?
Tampoco.
La historia demuestra que las naciones comienzan a recuperarse cuando una minoría suficiente decide que la decadencia ha dejado de ser soportable.
Por eso la conclusión final es sencilla.
No debemos perder toda esperanza.
Pero sí debemos abandonar la esperanza ingenua.
La esperanza de que un partido resolverá por sí solo problemas acumulados durante décadas.
La esperanza de que bastará una elección para corregir errores estructurales.
La esperanza de que quienes viven del problema vayan a convertirse en la solución.
Los países no se salvan por inercia.
Se salvan cuando una minoría suficiente es capaz de comprender la gravedad de la situación, formular una alternativa creíble y asumir el coste de defenderla.
Ésa es la advertencia principal de este ensayo.
Y también, quizá, su único motivo razonable para la esperanza.
Si quieres profundizar y saber más, sigue leyendo
ENTREGA I
El problema no es solamente el PSOE
«Abandonad toda esperanza los que entráis aquí».
La célebre frase que Dante situó sobre las puertas del Infierno ha sido utilizada durante siglos para describir situaciones aparentemente irresolubles. No faltan españoles que, al contemplar el panorama político nacional, sienten precisamente algo parecido.
No porque gobierne Pedro Sánchez.
No porque exista corrupción.
No porque la deuda pública haya superado cotas históricas.
No porque el Estado se haya convertido en una maquinaria burocrática gigantesca.
Todo eso es grave.
Pero hay algo posiblemente más preocupante.
Cada vez son más los ciudadanos que empiezan a sospechar que el problema no reside exclusivamente en el Partido Socialista.
El problema consiste en que la principal fuerza que debería actuar como alternativa ha terminado aceptando buena parte de los presupuestos ideológicos de su adversario.
Y cuando la oposición acepta las premisas del gobierno, la alternancia deja de ser una verdadera alternativa.
Se convierte simplemente en un cambio de administradores.
Cambian los ocupantes de los despachos.
Cambian los nombres.
Cambian las fotografías oficiales.
Pero el rumbo general permanece inalterado.
Ésta es precisamente la sensación que experimentan millones de votantes conservadores, liberales o simplemente desencantados.
Durante décadas les dijeron que existían dos modelos distintos de sociedad.
Por una parte, la izquierda.
Por otra, la derecha.
Por una parte, el intervencionismo.
Por otra, la libertad económica.
Por una parte, la ingeniería social.
Por otra, la defensa de las instituciones tradicionales.
Pero la experiencia acumulada durante casi medio siglo de régimen constitucional permite formular una pregunta incómoda:
¿Y si las diferencias fueran mucho menores de lo que nos han contado?
¿Y si la supuesta derecha española hubiera terminado asumiendo la mayor parte del marco ideológico diseñado por la izquierda?
¿Y si la verdadera discusión política actual no estuviera entre socialismo y liberalismo, sino entre distintas velocidades de aplicación de un mismo proyecto?
Porque cuando uno analiza fríamente la evolución de España desde 1978, encuentra un fenómeno llamativo.
Los gobiernos cambian.
Las tendencias fundamentales permanecen.
El Estado crece.
La deuda crece.
Los impuestos crecen.
La regulación crece.
Las subvenciones crecen.
La burocracia crece.
Los organismos públicos crecen.
Las competencias autonómicas crecen.
Las estructuras clientelares crecen.
Y todo ello ocurre independientemente de quién ocupe La Moncloa.
El PSOE acelera.
El PP administra.
Pero ambos circulan por la misma carretera.
La gran victoria cultural de la izquierda
Antonio Gramsci comprendió algo que muchos revolucionarios anteriores no habían entendido.
El poder político es importante.
Pero el poder cultural es decisivo.
Quien controla las ideas dominantes acaba controlando también la política.
No es necesario conquistar el poder mediante una revolución.
Basta con modificar lentamente las categorías mentales de la sociedad.
Basta con decidir qué puede decirse.
Qué puede enseñarse.
Qué puede pensarse.
Qué puede discutirse.
Y qué debe considerarse automáticamente incuestionable.
La izquierda europea comprendió esta estrategia hace décadas.
La derecha europea, en cambio, apenas pareció percatarse de ella.
Mientras unos ocupaban universidades, medios de información, sindicatos, fundaciones, organismos internacionales, instituciones culturales y buena parte de la enseñanza pública, los otros parecían convencidos de que bastaba con gestionar razonablemente la economía.
El resultado está a la vista.
Hoy determinadas ideas han dejado de ser objeto de debate.
Han adquirido categoría de dogma.
La expansión constante del Estado.
La superioridad moral de lo público sobre lo privado.
La redistribución permanente.
La política identitaria.
El feminismo institucional.
La emergencia climática como principio rector de toda política económica.
La burocracia supranacional europea.
La intervención creciente sobre mercados, empresas y ciudadanos.
Todo ello forma parte del consenso dominante.
Y aquí aparece la cuestión central.
¿Qué posición mantiene el Partido Popular frente a ese consenso?
La respuesta resulta incómoda para muchos de sus votantes.
Generalmente no lo combate.
Lo administra.
No discute los fundamentos.
Discute los detalles.
No cuestiona el edificio.
Propone pequeñas reformas en la decoración.
Cuando la derecha deja de ser derecha
Resulta revelador observar qué sucede cuando el Partido Popular alcanza el poder.
Muchos ciudadanos esperan grandes cambios.
Esperan derogaciones.
Esperan rectificaciones.
Esperan reformas estructurales.
Esperan una reducción significativa del aparato estatal.
Esperan una recuperación de competencias nacionales.
Esperan una simplificación administrativa.
Esperan una revisión profunda de determinadas leyes ideológicas.
Sin embargo, la experiencia demuestra otra cosa.
Las estructuras heredadas permanecen.
Las agencias permanecen.
Los observatorios permanecen.
Los institutos permanecen.
Las subvenciones permanecen.
Los organismos permanecen.
Las redes clientelares permanecen.
La maquinaria permanece.
Simplemente cambia quien la dirige.
Y eso explica una creciente frustración.
Porque el ciudadano observa que el discurso electoral promete una cosa mientras la práctica gubernamental ejecuta otra muy distinta.
El fenómeno no es exclusivamente español.
Está ocurriendo en gran parte de Europa.
Los partidos conservadores han terminado aceptando progresivamente las principales victorias culturales de la izquierda.
Han abandonado la batalla intelectual.
Han renunciado a discutir las premisas.
Han asumido el lenguaje de sus adversarios.
Y cuando se acepta el lenguaje del adversario, la derrota suele estar muy avanzada.
George Orwell lo explicó magistralmente.
Quien controla las palabras termina controlando las ideas.
Y quien controla las ideas termina controlando la realidad política.
El síntoma llamado Pie en Pared
La reciente crisis de la asociación Pie en Pared constituye un ejemplo particularmente revelador.
No se trata simplemente de una disputa personal.
No es una pelea de egos.
No es una anécdota organizativa.
Es el reflejo de una decepción mucho más profunda.
Muchos de quienes apoyaron inicialmente a Alberto Núñez Feijóo esperaban una oposición firme frente al modelo político impulsado por Pedro Sánchez.
Esperaban una ruptura.
Esperaban una alternativa.
Esperaban una rectificación.
Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, algunos de esos apoyos han llegado a la conclusión de que dicha alternativa no existe realmente.
Lo que existe son diferencias de intensidad.
No diferencias de naturaleza.
La discusión de fondo es sencilla.
¿Debe el Partido Popular limitarse a gestionar mejor el modelo vigente?
¿O debería cuestionar algunos de sus fundamentos esenciales?
Esa pregunta atraviesa hoy toda la derecha europea.
Y también la española.
Porque la verdadera batalla política del siglo XXI probablemente ya no se libra entre izquierda y derecha.
Se libra entre quienes desean conservar el consenso socialdemócrata dominante y quienes consideran que dicho consenso ha llevado a Europa hacia el estancamiento económico, la hipertrofia burocrática, la dependencia estatal y la progresiva erosión de las libertades individuales.
Una cuestión incómoda
La pregunta, por tanto, no es si Pedro Sánchez representa la socialdemocracia.
Eso resulta evidente.
La verdadera pregunta es otra.
¿Hasta qué punto el Partido Popular representa algo sustancialmente distinto?
Porque si ambas fuerzas comparten los mismos principios fundamentales, aunque discrepen sobre la velocidad o la intensidad de su aplicación, entonces el problema político español adquiere una dimensión mucho más profunda.
Y entonces la desesperanza de muchos ciudadanos deja de parecer irracional.
Comienza a parecer comprensible.
La cuestión ya no sería quién gobierna.
La cuestión sería si alguien está dispuesto a cambiar realmente el rumbo.
Y esa pregunta nos conduce directamente al siguiente capítulo:
¿Es el Partido Popular realmente un partido de centro-derecha o se ha convertido en la versión moderada de la socialdemocracia española?
(Continuará en la Entrega II: «La larga marcha hacia la socialdemocracia: cómo el PP aceptó el Estado que decía combatir»).
¿DEBEMOS PERDER TODA ESPERANZA…?
Tenemos un problema: el Partido Popular es socialdemócrata, feminista y verde
ENTREGA II
La larga marcha hacia la socialdemocracia: cómo el PP aceptó el Estado que decía combatir
Existe una pregunta que rara vez se formula de manera directa.
Una pregunta incómoda.
Una pregunta que muchos dirigentes del Partido Popular preferirían evitar.
Si el PP es realmente un partido liberal-conservador, ¿por qué el Estado español es hoy mucho más grande, más costoso, más intervencionista y más burocrático que cuando llegó al poder por primera vez?
Porque ésta es una cuestión objetiva.
No ideológica.
No emocional.
No partidista.
Los números existen.
Los presupuestos existen.
Los boletines oficiales existen.
Los organismos públicos existen.
Y todos ellos cuentan una historia bastante distinta de la que suele aparecer en los discursos electorales.
La trampa de las etiquetas
Uno de los mayores éxitos de la política contemporánea consiste en lograr que las etiquetas sustituyan a la realidad.
Así, un partido puede autodenominarse liberal mientras aumenta impuestos.
Puede llamarse conservador mientras impulsa transformaciones sociales profundas.
Puede proclamarse defensor de la libertad económica mientras multiplica la regulación.
Y puede presentarse como enemigo del intervencionismo mientras incrementa el tamaño del Estado.
Las palabras dejan entonces de describir la realidad.
Empiezan a ocultarla.
Por eso conviene analizar hechos.
No etiquetas.
Presupuestos.
No eslóganes.
Políticas concretas.
No campañas publicitarias.
Y cuando observamos la trayectoria del Partido Popular durante las últimas décadas, aparece una conclusión difícil de evitar.
Jamás ha protagonizado una reducción significativa del Estado.
Jamás ha impulsado una auténtica revolución liberal.
Jamás ha revertido seriamente el crecimiento estructural de la Administración.
Ha administrado el sistema.
Lo ha gestionado.
En ocasiones lo ha hecho mejor que sus adversarios.
Pero rara vez ha cuestionado sus fundamentos.
El Estado nunca deja de crecer
Aquí conviene recordar una observación de Robert Higgs.
Las burocracias funcionan como organismos vivos.
Crean intereses.
Generan dependencias.
Construyen clientelas.
Y desarrollan un instinto de supervivencia extraordinario.
Cada organismo justifica su propia existencia.
Cada agencia reclama más recursos.
Cada departamento exige nuevas competencias.
Cada administración encuentra razones para expandirse.
Y una vez creada una estructura pública resulta extraordinariamente difícil eliminarla.
Lo verdaderamente llamativo es que el Partido Popular, pese a presentarse como defensor de una administración más eficiente, jamás ha mostrado una voluntad firme de reducir drásticamente ese crecimiento.
Puede ralentizarlo.
Puede contenerlo temporalmente.
Puede gestionarlo mejor.
Pero rara vez lo revierte.
En consecuencia, el resultado acumulado durante décadas es inequívoco.
Más administraciones.
Más organismos.
Más cargos.
Más empresas públicas.
Más observatorios.
Más agencias.
Más institutos.
Más subvenciones.
Más regulación.
Más gasto.
Más deuda.
Más dependencia política de amplias capas de la población.
El ejemplo de las autonomías
Pocas cuestiones ilustran mejor este fenómeno que el llamado Estado de las Autonomías.
Durante años, el Partido Popular denunció duplicidades.
Denunció despilfarros.
Denunció fragmentación administrativa.
Denunció desigualdades territoriales.
Denunció el uso partidista de determinadas instituciones autonómicas.
Sin embargo, cuando gobernó con mayorías absolutas, jamás abordó una reforma profunda del modelo.
Ni una.
Ni una sola.
No eliminó competencias duplicadas.
No recentralizó ámbitos estratégicos.
No cuestionó el diseño general.
No corrigió el crecimiento permanente de estructuras paralelas.
Simplemente pasó a gestionarlas.
Y éste constituye uno de los rasgos más característicos de la política española contemporánea.
Las instituciones que una oposición critica suelen convertirse en las instituciones que posteriormente administra.
Las redes clientelares que denuncia terminan siendo utilizadas por ella misma.
Las estructuras que promete reformar acaban siendo ocupadas por sus propios cuadros.
Mancur Olson habría reconocido inmediatamente el fenómeno.
Las coaliciones distributivas tienden a perpetuarse.
Cambian los beneficiarios.
Pero el mecanismo permanece.
Rajoy: el gran punto de inflexión
Si existe un momento simbólico en el que buena parte del electorado conservador comenzó a sentirse políticamente huérfano, probablemente fue el período de Mariano Rajoy.
La victoria electoral de 2011 generó expectativas enormes.
España atravesaba una crisis económica devastadora.
Millones de ciudadanos esperaban reformas profundas.
Esperaban una reducción del gasto político.
Esperaban una simplificación administrativa.
Esperaban una reestructuración institucional.
Esperaban una recuperación de principios liberal-conservadores.
Sin embargo, lo que encontraron fue algo muy distinto.
Subidas de impuestos.
Mantenimiento del grueso del aparato estatal.
Ausencia de reformas estructurales profundas.
Continuidad institucional.
Y una creciente sensación de que las promesas electorales se habían convertido en papel mojado.
Muchos votantes concluyeron entonces que el PP podía ser más competente que el PSOE administrando el sistema.
Pero no estaba dispuesto a transformarlo.
Y esa percepción continúa influyendo decisivamente en la política española actual.
La ley de hierro de Michels
Aquí resulta inevitable recordar a Robert Michels y su célebre Ley de Hierro de las Oligarquías.
Michels observó que todas las organizaciones complejas desarrollan élites dirigentes que terminan adquiriendo intereses propios.
Inicialmente nacen para defender determinadas ideas.
Con el tiempo comienzan a defender principalmente su propia supervivencia.
El partido deja de existir para servir a una causa.
La causa empieza a existir para justificar la continuidad del partido.
El análisis resulta especialmente útil para comprender la evolución de muchas organizaciones políticas contemporáneas.
Las grandes formaciones ya no parecen diseñadas para transformar la realidad.
Parecen diseñadas para gestionar su propia permanencia.
Su financiación.
Sus estructuras.
Sus redes territoriales.
Sus cargos.
Sus cuotas de poder.
Desde esta perspectiva, resulta perfectamente lógico que las reformas profundas sean tan escasas.
Las reformas profundas generan conflictos.
Y los aparatos políticos suelen evitar los conflictos que amenazan su estabilidad.
El consenso socialdemócrata
La consecuencia de todo ello ha sido la consolidación de un amplio consenso socialdemócrata.
Un consenso que atraviesa buena parte de Europa occidental.
Un consenso según el cual:
- El Estado debe seguir creciendo.
- La presión fiscal elevada es inevitable.
- La redistribución constituye la función central de la política.
- La burocracia europea es incuestionable.
- La regulación debe aumentar constantemente.
- Las subvenciones son instrumentos normales de gobierno.
- La planificación pública debe extenderse a ámbitos cada vez más amplios.
El Partido Socialista cree en este modelo.
Eso no sorprende a nadie.
La cuestión relevante es que el Partido Popular también parece aceptarlo en sus líneas fundamentales.
Puede discutir porcentajes.
Puede discutir ritmos.
Puede discutir procedimientos.
Pero raramente discute los principios.
Y cuando una fuerza política deja de discutir los principios, acaba convirtiéndose en administradora del sistema que decía combatir.
¿Por qué ocurre esto?
La respuesta nos conduce a un terreno aún más profundo.
No se trata únicamente de cálculos electorales.
Ni de oportunismo político.
Ni siquiera de cobardía intelectual.
Existe además un fenómeno cultural.
Una parte significativa de las élites del Partido Popular ha sido formada en el mismo ecosistema intelectual que las élites socialistas.
Las mismas universidades.
Los mismos organismos internacionales.
Las mismas instituciones europeas.
Los mismos medios de información.
Los mismos círculos burocráticos.
Los mismos marcos conceptuales.
Las diferencias existen.
Pero son menores de lo que aparentan.
Y precisamente por eso tantas discusiones políticas actuales se parecen más a disputas familiares que a verdaderos enfrentamientos ideológicos.
La cuestión decisiva
Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable.
Si el Partido Popular ha aceptado en gran medida la lógica económica de la socialdemocracia, ¿qué ha ocurrido en el terreno cultural?
Porque hay un ámbito donde la transformación parece todavía más evidente.
Un ámbito donde muchos antiguos votantes conservadores consideran que la rendición ha sido casi total.
Ese ámbito es el feminismo institucional.
Y ahí es donde nos dirigiremos en la próxima entrega.
(Continuará)
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Tenemos un problema: el Partido Popular es socialdemócrata, feminista y verde
ENTREGA III
El Partido Popular y el feminismo institucional: de la oposición retórica a la aceptación práctica
Si la socialdemocratización económica del Partido Popular resulta discutible para algunos observadores, su evolución en materia cultural y social resulta todavía más llamativa.
Porque aquí ya no hablamos únicamente de presupuestos.
Ni de impuestos.
Ni de gasto público.
Ni de burocracias.
Hablamos de algo mucho más profundo.
Hablamos de la concepción misma de la sociedad.
De la familia.
De la educación.
De las relaciones entre hombres y mujeres.
Del papel del Estado en la vida privada.
Y, sobre todo, de la capacidad de los gobiernos para moldear las creencias de los ciudadanos.
Durante años, muchos votantes conservadores creyeron que el Partido Popular actuaría como contrapeso frente a determinadas corrientes ideológicas surgidas desde la izquierda.
Sin embargo, la realidad ha terminado siendo muy distinta.
Lo que inicialmente parecía una resistencia acabó convirtiéndose en adaptación.
Y posteriormente en aceptación.
Hasta llegar, en muchos casos, a una auténtica asunción del marco conceptual elaborado por sus adversarios.
La victoria más importante nunca fue electoral
Antonio Gramsci habría comprendido perfectamente lo ocurrido.
La gran victoria de la izquierda europea no fue conquistar gobiernos.
Fue conquistar el lenguaje.
Porque quien controla las palabras acaba controlando las categorías mentales mediante las cuales la sociedad interpreta la realidad.
Y cuando una fuerza política acepta el lenguaje de su adversario, comienza a pensar con los conceptos de su adversario.
A partir de ese momento la batalla está prácticamente perdida.
El Partido Popular no sólo aceptó determinadas políticas.
Aceptó progresivamente gran parte del vocabulario ideológico que las sustentaba.
Comenzó a hablar de las mismas prioridades.
De los mismos enfoques.
De los mismos objetivos.
De los mismos problemas.
Incluso cuando discrepaba sobre los métodos.
Y ésa es precisamente la razón por la que muchos ciudadanos empezaron a percibir que las diferencias entre izquierda y derecha se reducían cada vez más.
Del individuo al colectivo
Una de las características tradicionales del pensamiento liberal clásico consistía en analizar a las personas como individuos.
Cada ciudadano era responsable de sus actos.
Cada persona respondía por sus decisiones.
Cada delito tenía un culpable concreto.
Cada derecho pertenecía a individuos concretos.
El feminismo institucional introdujo progresivamente una lógica diferente.
La sociedad comenzó a interpretarse a través de colectivos.
Hombres.
Mujeres.
Minorías.
Grupos identitarios.
Categorías sociales.
La responsabilidad individual fue siendo desplazada por explicaciones basadas en estructuras colectivas.
El individuo dejó paso al grupo.
Y el grupo pasó a convertirse en el sujeto principal de la política.
La cuestión relevante para nuestro análisis no es si esa visión resulta correcta o incorrecta.
La cuestión relevante es otra.
¿Se opuso realmente el Partido Popular a ese cambio de paradigma?
La respuesta parece evidente.
No.
Como mucho discutió aspectos secundarios.
Pero raramente cuestionó los fundamentos.
Las leyes que nunca fueron derogadas
Existe un criterio muy sencillo para medir la profundidad de las convicciones políticas.
No consiste en analizar discursos.
Ni entrevistas.
Ni campañas electorales.
Consiste en observar qué hace un partido cuando dispone de mayoría suficiente para gobernar.
Y aquí aparece un dato difícil de ignorar.
Numerosas normas impulsadas por gobiernos socialistas permanecieron intactas bajo gobiernos del Partido Popular.
Algunas fueron matizadas.
Otras recibieron modificaciones parciales.
Pero el núcleo esencial permaneció.
Eso provocó una creciente sensación de engaño entre sectores importantes del electorado conservador.
Porque una cosa es perder una batalla parlamentaria.
Y otra muy distinta es renunciar a librarla.
Muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse:
Si determinadas leyes son tan perjudiciales como afirma la oposición cuando está fuera del poder, ¿por qué permanecen vigentes cuando esa oposición llega al gobierno?
La respuesta que muchos encontraron fue incómoda.
Porque quizá quienes las criticaban tampoco deseaban realmente derogarlas.
La burocracia de la igualdad
Pocas cosas ilustran mejor esta evolución que el crecimiento continuo de organismos relacionados con las llamadas políticas de igualdad.
Observatorios.
Institutos.
Consejerías.
Direcciones generales.
Fundaciones.
Agencias.
Subvenciones.
Programas específicos.
Campañas institucionales.
Cursos obligatorios.
Protocolos.
Un enorme entramado administrativo se ha desarrollado durante las últimas décadas.
Y lo llamativo es que dicho entramado ha continuado creciendo bajo gobiernos de distinto signo político.
No se ha producido una revisión profunda de sus funciones.
No se ha producido una evaluación rigurosa de resultados.
No se ha producido una reducción significativa de estructuras.
Al contrario.
La maquinaria ha seguido expandiéndose.
A veces bajo gobiernos socialistas.
A veces bajo gobiernos populares.
Pero siempre en la misma dirección.
Mancur Olson habría identificado inmediatamente el fenómeno.
Una vez creados determinados grupos de interés, éstos desarrollan poder suficiente para garantizar su supervivencia.
Y cuanto mayor es el flujo de recursos públicos que gestionan, mayor es también su capacidad de influencia política.
El miedo a la batalla cultural
Existe otro factor que ayuda a explicar este proceso.
El miedo.
No necesariamente un miedo físico.
Sino reputacional.
Mediático.
Académico.
Institucional.
Durante años se ha consolidado una situación peculiar.
Cuestionar determinados dogmas culturales puede acarrear costes importantes.
Etiquetas.
Campañas.
Descalificaciones.
Estigmatización pública.
Muchos dirigentes políticos han llegado a la conclusión de que resulta más cómodo aceptar determinadas premisas que discutirlas.
Más cómodo adaptarse que resistir.
Más cómodo administrar el consenso dominante que desafiarlo.
Y así, poco a poco, la batalla cultural fue siendo abandonada.
No porque hubiera sido derrotada.
Sino porque dejó de librarse.
El caso paradigmático de la enseñanza
Tal vez ningún ámbito refleje mejor esta renuncia que la enseñanza.
Durante décadas, amplios sectores conservadores denunciaron la creciente ideologización de los contenidos educativos.
Denunciaron la pérdida de exigencia académica.
Denunciaron el deterioro del nivel cultural.
Denunciaron la sustitución del conocimiento por la pedagogía emocional.
Denunciaron el predominio de la ingeniería social sobre la transmisión de saberes.
Sin embargo, cuando dispusieron de capacidad política suficiente, las transformaciones fueron limitadas.
Las grandes tendencias continuaron.
Los marcos ideológicos permanecieron.
Y la evolución general siguió avanzando en la misma dirección.
Aquí vuelve a aparecer la misma pregunta.
¿Se trataba de una incapacidad para actuar?
¿O de una falta de voluntad para hacerlo?
La paradoja conservadora
El resultado de todo ello es una paradoja notable.
Millones de ciudadanos continúan considerando al Partido Popular una fuerza conservadora.
Sin embargo, muchas de las transformaciones culturales impulsadas durante las últimas décadas se han consolidado precisamente bajo gobiernos populares.
No necesariamente porque éstos las impulsaran.
Pero sí porque decidieron mantenerlas.
Y mantener una transformación puede resultar tan decisivo como haberla iniciado.
Porque toda reforma que no es revertida termina consolidándose.
Toda excepción termina convirtiéndose en norma.
Toda medida provisional acaba integrándose en el paisaje institucional.
Toda victoria cultural no combatida termina convirtiéndose en sentido común.
De Gramsci a la realidad española
La izquierda comprendió antes que nadie que las leyes son importantes.
Pero las ideas lo son aún más.
Las leyes pueden derogarse.
Las mentalidades son mucho más difíciles de cambiar.
Por eso el auténtico triunfo de una corriente ideológica se produce cuando sus adversarios aceptan sus premisas.
Y eso es precisamente lo que muchos críticos consideran que ha ocurrido en España.
El Partido Popular ha continuado ganando elecciones.
Ha gobernado comunidades autónomas.
Ha gobernado ayuntamientos.
Ha gobernado España.
Pero, según esta interpretación, lo ha hecho dentro de un marco cultural diseñado en gran medida por sus adversarios.
Y cuando uno juega dentro de las reglas intelectuales establecidas por otro, las posibilidades de alterar realmente el resultado son limitadas.
Una pregunta cada vez más incómoda
Llegados a este punto surge una cuestión inevitable.
Si el Partido Popular ha aceptado en buena medida la lógica económica de la socialdemocracia y buena parte del marco cultural del feminismo institucional, ¿qué ha ocurrido con la tercera gran ideología dominante de nuestro tiempo?
La ideología verde.
Porque existe un ámbito donde la convergencia entre los grandes partidos europeos parece aún más evidente.
Un ámbito donde las diferencias suelen referirse a los plazos, los costes o los procedimientos, pero rara vez a los principios fundamentales.
Ese ámbito es el ecologismo político contemporáneo.
Y precisamente ahí nos dirigiremos en la próxima entrega.
(Continuará)
¿DEBEMOS PERDER TODA ESPERANZA…?
Tenemos un problema: el Partido Popular es socialdemócrata, feminista y verde
ENTREGA IV
El Partido Popular y la religión climática: cuando lo verde se convierte en dogma político
Hubo un tiempo en que la política se ocupaba principalmente de cuestiones bastante concretas.
La seguridad.
La justicia.
La defensa.
La prosperidad económica.
Las infraestructuras.
La administración del Estado.
Naturalmente existían discrepancias ideológicas.
Pero el debate se desarrollaba, en general, dentro de los límites de la razón práctica.
Los gobiernos podían equivocarse.
Podían acertar.
Podían gestionar mejor o peor.
Pero sus decisiones estaban sometidas al análisis de costes, beneficios y resultados.
Sin embargo, durante las últimas décadas ha emergido en Occidente un fenómeno singular.
Determinadas cuestiones han abandonado progresivamente el terreno de la discusión política ordinaria para adquirir una especie de carácter sagrado.
Ya no se debaten.
Se veneran.
Ya no se someten a contraste.
Se proclaman.
Ya no admiten matices.
Exigen adhesión.
Y entre todas ellas ninguna ha alcanzado un nivel comparable al alcanzado por la llamada transición ecológica.
No hablamos aquí de la legítima preocupación por la conservación de la naturaleza.
Ni de la necesidad evidente de evitar la contaminación.
Ni de la gestión racional de recursos limitados.
Eso ha existido siempre.
Y seguirá existiendo.
Hablamos de algo distinto.
Hablamos de la transformación de determinadas hipótesis científicas, modelos predictivos y objetivos políticos en una especie de dogma incuestionable.
Cuando disentir se convierte en pecado
Toda religión posee sus dogmas.
Sus sacerdotes.
Sus herejes.
Sus excomulgados.
Sus profecías.
Sus rituales.
Sus pecados.
Sus indulgencias.
Y resulta difícil no advertir ciertas similitudes con el funcionamiento actual de buena parte del discurso climático dominante.
Los expertos sustituyen a los antiguos teólogos.
Las cumbres internacionales desempeñan el papel de concilios.
Las declaraciones institucionales adquieren rango casi catequético.
Las discrepancias son frecuentemente presentadas no como errores intelectuales, sino como desviaciones morales.
El problema no consiste en estudiar el clima.
Eso es perfectamente legítimo.
El problema aparece cuando determinadas conclusiones dejan de poder discutirse.
Cuando la discrepancia deja de ser científica para convertirse automáticamente en sospechosa.
Cuando el debate es reemplazado por la condena.
Y aquí surge una cuestión relevante para nuestro análisis.
¿Qué posición ha adoptado el Partido Popular frente a esta evolución?
La respuesta vuelve a resultar incómoda.
Prácticamente la misma que el resto del establishment europeo.
Del conservacionismo al ecologismo burocrático
Conviene distinguir cuidadosamente dos cosas.
No es lo mismo proteger el medio natural que construir una gigantesca burocracia climática.
No es lo mismo conservar bosques que planificar centralizadamente la economía.
No es lo mismo reducir la contaminación que rediseñar por decreto el conjunto del sistema productivo.
Sin embargo, ambas cuestiones suelen aparecer mezcladas deliberadamente.
Quien cuestiona una determinada política energética es presentado como enemigo del planeta.
Quien critica una regulación concreta es retratado como negacionista.
Quien señala costes económicos es acusado de irresponsabilidad moral.
El debate desaparece.
Sólo queda la adhesión.
O la herejía.
Y lo llamativo es que el Partido Popular rara vez ha cuestionado este marco conceptual.
Puede discutir calendarios.
Puede discutir subvenciones.
Puede discutir mecanismos concretos.
Pero generalmente acepta el diagnóstico global y los objetivos fundamentales.
La discusión se limita a la velocidad.
No a la dirección.
La Unión Europea como fuente doctrinal
Aquí aparece otro elemento fundamental.
Gran parte de la política contemporánea ya no se decide exclusivamente en Madrid.
Ni siquiera en las capitales nacionales.
Se decide cada vez más en Bruselas.
La Unión Europea se ha convertido progresivamente en un gigantesco productor de normas, directivas, reglamentos y estrategias.
Y pocas áreas ilustran mejor esta realidad que las políticas climáticas.
Objetivos de emisiones.
Restricciones energéticas.
Regulación industrial.
Normativas agrícolas.
Requisitos financieros.
Condicionantes tecnológicos.
Planes de descarbonización.
Agendas de transición.
Todo ello conforma una arquitectura regulatoria extraordinariamente compleja.
Y tanto socialistas como populares participan en ella.
Porque ambos forman parte de las grandes familias políticas europeas que sostienen el mismo proyecto general.
Las discrepancias existen.
Pero se producen dentro de márgenes relativamente estrechos.
Nadie cuestiona seriamente los fundamentos.
Se discuten únicamente los detalles de aplicación.
El caso de la energía nuclear
Pocas cuestiones ilustran mejor estas contradicciones que el debate sobre la energía nuclear.
Durante años Europa ha asistido a una paradoja extraordinaria.
Mientras se proclamaba la necesidad urgente de reducir emisiones, numerosos gobiernos impulsaban o aceptaban el cierre de centrales nucleares.
Es decir, de una de las pocas fuentes de generación masiva capaz de producir electricidad estable con bajas emisiones de carbono.
El resultado ha sido, en muchos casos, un incremento de la dependencia exterior.
Un aumento de costes energéticos.
Una mayor vulnerabilidad estratégica.
Y una creciente inseguridad de suministro.
España constituye un ejemplo especialmente revelador.
La discusión energética se ha convertido frecuentemente en un debate ideológico más que técnico.
Y lo llamativo es que el Partido Popular tampoco ha mostrado una voluntad especialmente combativa para revertir completamente determinadas tendencias.
Ha formulado críticas.
Ha expresado reservas.
Ha señalado errores.
Pero rara vez ha planteado una batalla frontal contra el paradigma dominante.
El agricultor como sospechoso
Quizá uno de los fenómenos más llamativos de los últimos años ha sido la creciente tensión entre las políticas verdes y sectores tradicionalmente productivos.
Agricultores.
Ganaderos.
Transportistas.
Pescadores.
Industriales.
Muchos de ellos tienen la sensación de que quienes diseñan determinadas regulaciones desconocen profundamente la realidad sobre la que legislan.
Observan cómo aumentan requisitos.
Controles.
Limitaciones.
Costes.
Obligaciones administrativas.
Mientras disminuye su capacidad competitiva.
Y lo que inicialmente se presentó como una política de protección ambiental empieza a ser percibido por algunos sectores como una forma de asfixia burocrática.
La cuestión relevante es que tampoco aquí encontramos una oposición especialmente firme por parte del Partido Popular europeo.
Las críticas suelen dirigirse a los excesos.
No a la lógica general del sistema.
El triunfo de la política simbólica
Existe además otro fenómeno particularmente característico de nuestro tiempo.
La sustitución de los resultados por los gestos.
La sustitución de la eficacia por la apariencia.
La sustitución de la solución por el símbolo.
Se aprueban declaraciones.
Se organizan cumbres.
Se anuncian compromisos.
Se proclaman emergencias.
Se multiplican los planes estratégicos.
Y mientras tanto los ciudadanos soportan costes crecientes.
La política adquiere una dimensión teatral.
Lo importante deja de ser resolver problemas.
Lo importante pasa a ser demostrar virtud.
Mostrar sensibilidad.
Exhibir compromiso.
Transmitir mensajes.
Y en ese terreno la diferencia entre los grandes partidos resulta frecuentemente difícil de percibir.
La nueva alianza entre burocracia y moralismo
Tal vez la característica más peculiar del ecologismo político contemporáneo sea precisamente esa combinación de burocracia y moralismo.
Por una parte genera estructuras administrativas gigantescas.
Por otra, se presenta como una causa moral superior.
El resultado es extraordinariamente eficaz.
Porque quien cuestiona una regulación ya no parece discutir una medida concreta.
Parece desafiar una obligación ética.
Y ése es probablemente uno de los mecanismos de poder más poderosos que existen.
Transformar una decisión política en un imperativo moral.
Convertir una estrategia discutible en una verdad indiscutible.
Y una vez más encontramos al Partido Popular moviéndose cómodamente dentro de ese marco.
No combatiéndolo.
No cuestionándolo.
Administrándolo.
El denominador común
Llegados a este punto, empieza a dibujarse un patrón.
En economía:
socialdemocracia moderada.
En cuestiones culturales:
aceptación progresiva del feminismo institucional.
En materia climática:
adhesión general a la agenda verde europea.
Naturalmente existen diferencias respecto al PSOE.
Sería absurdo negarlo.
Pero la cuestión ya no consiste en determinar si existen diferencias.
La cuestión consiste en preguntarse si esas diferencias son suficientes para hablar de modelos realmente distintos de sociedad.
Y cada vez son más quienes responden negativamente.
La gran pregunta
Si el Partido Popular comparte buena parte del consenso económico, cultural y climático dominante, surge entonces una cuestión decisiva.
¿Por qué ocurre?
¿Por qué una organización que nació reivindicando principios distintos ha terminado convergiendo hacia posiciones cada vez más similares a las de sus adversarios?
¿Se trata de oportunismo?
¿De cobardía?
¿De cálculo electoral?
¿O existe una explicación mucho más profunda relacionada con la naturaleza misma de las oligarquías políticas?
Para responder a esa pregunta será necesario analizar cómo funcionan realmente los partidos modernos.
Y ahí aparecen nombres como Robert Michels, Mancur Olson, Joaquín Costa y, más recientemente, numerosos críticos de las democracias partitocráticas contemporáneas.
(Continuará)
¿DEBEMOS PERDER TODA ESPERANZA…?
Tenemos un problema: el Partido Popular es socialdemócrata, feminista y verde
ENTREGA V
La ley de hierro de las oligarquías: por qué los partidos terminan pareciéndose entre sí
Hasta ahora hemos examinado tres ámbitos concretos:
- La economía.
- La política cultural.
- La agenda verde.
Y en los tres hemos encontrado una conclusión semejante.
Las diferencias entre PSOE y PP existen.
Pero suelen referirse más a los ritmos que a la dirección.
Más a los procedimientos que a los principios.
Más a la gestión que al modelo.
Sin embargo, todavía no hemos respondido a la pregunta fundamental.
¿Por qué sucede esto?
¿Por qué partidos que nacieron defendiendo proyectos distintos terminan pareciéndose cada vez más?
¿Por qué tantas promesas electorales desaparecen una vez alcanzado el poder?
¿Por qué tantas reformas anunciadas jamás llegan a realizarse?
¿Por qué los discursos de oposición suelen ser mucho más audaces que las decisiones de gobierno?
Para responder a estas cuestiones conviene abandonar momentáneamente la política española y acudir a algunos pensadores que analizaron los mecanismos profundos del poder.
Porque el fenómeno no es exclusivamente español.
Ni siquiera europeo.
Es un fenómeno recurrente en la historia.
Robert Michels y la ley de hierro
En 1911, el sociólogo alemán Robert Michels publicó una obra que terminaría convirtiéndose en un clásico de la ciencia política:
«Los partidos políticos».
Su conclusión central era demoledora.
Toda organización compleja acaba convirtiéndose en una oligarquía.
Toda.
Sin excepción.
Sindicatos.
Partidos.
Asociaciones.
Cooperativas.
Iglesias.
Movimientos revolucionarios.
Administraciones.
Empresas.
Todas desarrollan inevitablemente una élite dirigente.
Y esa élite termina adquiriendo intereses propios.
Inicialmente la organización nace para defender unas ideas.
Con el tiempo las ideas pasan a ser el instrumento que permite conservar la organización.
La prioridad deja de ser el ideal.
Pasa a ser la supervivencia del aparato.
Y aquí aparece una de las claves fundamentales para comprender la evolución de los grandes partidos españoles.
El partido ya no vive para sus principios
Observemos cualquier gran partido contemporáneo.
Miles de cargos.
Miles de asesores.
Miles de empleados.
Miles de contratos.
Miles de dependencias económicas.
Miles de relaciones institucionales.
Miles de personas cuya posición profesional depende directa o indirectamente de la continuidad de la organización.
En esas circunstancias surge inevitablemente una lógica distinta.
Las decisiones dejan de evaluarse únicamente según criterios ideológicos.
Empiezan a evaluarse según criterios de estabilidad.
¿Generará conflictos?
¿Perjudicará alianzas?
¿Provocará resistencia interna?
¿Creará enemigos poderosos?
¿Pondrá en peligro estructuras ya consolidadas?
Si la respuesta es afirmativa, la reforma suele aplazarse.
O suavizarse.
O abandonarse.
No porque sea necesariamente incorrecta.
Sino porque resulta incómoda para quienes administran la organización.
Y de este modo la prudencia acaba transformándose en inmovilismo.
La observación de Joaquín Costa
Mucho antes que Michels, Joaquín Costa había identificado otro fenómeno relacionado.
España no estaba gobernada realmente por ciudadanos libres.
Estaba gobernada por redes de intereses.
Por caciques.
Por intermediarios.
Por estructuras clientelares.
Por grupos cuya principal preocupación consistía en conservar posiciones de poder.
Costa escribió en una época distinta.
Pero muchas de sus observaciones conservan una actualidad sorprendente.
Porque el caciquismo no desaparece necesariamente cuando cambian las instituciones.
A menudo simplemente adopta nuevas formas.
Los antiguos notables locales pueden ser sustituidos por aparatos de partido.
Los viejos caciques pueden transformarse en estructuras burocráticas.
Las redes clientelares pueden modernizarse.
Pero la lógica esencial permanece.
Quien controla recursos públicos controla influencia.
Quien controla influencia acumula poder.
Y quien acumula poder desarrolla un interés natural en conservarlo.
Mancur Olson y las coaliciones distributivas
Aquí aparece otro autor fundamental.
Mancur Olson.
Su análisis de las sociedades desarrolladas resulta extraordinariamente útil para comprender la evolución política de Occidente.
Olson observó que, con el paso del tiempo, las democracias maduras generan una multitud de grupos organizados que viven directa o indirectamente de privilegios, subvenciones, regulaciones o transferencias públicas.
Cada grupo es relativamente pequeño.
Cada beneficio está muy concentrado.
Pero el coste se reparte entre millones de contribuyentes.
Por ello resulta extremadamente difícil desmontar esos privilegios.
Quienes los reciben están muy motivados para defenderlos.
Quienes los pagan apenas perciben su coste individual.
Y así, poco a poco, la economía se llena de rigideces.
La burocracia crece.
La regulación aumenta.
La productividad disminuye.
La innovación se ralentiza.
Y el sistema entero se vuelve progresivamente más pesado.
¿Les resulta familiar?
Debería.
Porque describe bastante bien la evolución de muchas democracias occidentales.
Y también la de España.
El político racional
Existe además una realidad incómoda que pocas veces se menciona.
Los políticos suelen actuar racionalmente.
No necesariamente en beneficio del país.
Sino en beneficio de sus propios incentivos.
Esto no significa que sean malvados.
Ni corruptos.
Ni perversos.
Significa simplemente que responden a los estímulos existentes.
Y esos estímulos rara vez premian las reformas profundas.
Reducir organismos públicos genera enemigos.
Cerrar estructuras innecesarias genera enemigos.
Eliminar subvenciones genera enemigos.
Suprimir privilegios genera enemigos.
Reformar radicalmente instituciones genera enemigos.
Mientras tanto, mantenerlas suele generar tranquilidad.
Desde el punto de vista electoral, la segunda opción suele resultar mucho más atractiva.
Por eso tantas reformas anunciadas terminan diluyéndose.
El consenso de las élites
Llegamos así a otro elemento decisivo.
Las élites políticas contemporáneas comparten mucho más de lo que aparentan.
Han estudiado en universidades similares.
Participan en los mismos foros.
Leen los mismos informes.
Frecuentan los mismos organismos internacionales.
Consumen los mismos medios.
Comparten entornos culturales parecidos.
Y, sobre todo, comparten una visión bastante semejante acerca de qué cuestiones pueden discutirse y cuáles deben considerarse cerradas.
Por eso resulta frecuente observar enfrentamientos muy intensos sobre cuestiones secundarias mientras los grandes consensos permanecen intactos.
Se discute apasionadamente sobre símbolos.
Sobre declaraciones.
Sobre polémicas mediáticas.
Pero apenas se debate acerca de la arquitectura fundamental del sistema.
El teatro de la alternancia
Aquí aparece una idea especialmente incómoda.
La alternancia política puede coexistir perfectamente con una enorme continuidad ideológica.
De hecho, muchas veces cumple precisamente esa función.
Permite renovar legitimidades sin alterar estructuras.
Permite canalizar descontentos sin modificar fundamentos.
Permite sustituir gestores manteniendo intacta la maquinaria.
El ciudadano vota convencido de que está eligiendo entre modelos distintos.
Y en cierto sentido es verdad.
Existen diferencias.
Pero con frecuencia esas diferencias se desarrollan dentro de límites muy estrechos.
Los márgenes del debate ya han sido previamente definidos.
Las reglas del juego ya han sido establecidas.
Las cuestiones esenciales ya han quedado fuera de discusión.
Y eso explica la creciente sensación de frustración que experimentan numerosos ciudadanos en toda Europa.
No sienten que las elecciones cambien realmente el rumbo.
Sienten únicamente que cambian los conductores.
El caso español
España presenta además una peculiaridad adicional.
El sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas fortalece extraordinariamente el poder de las cúpulas partidistas.
El diputado depende más del aparato que del elector.
Su carrera política depende principalmente de quienes confeccionan las listas.
No de quienes depositan la papeleta.
Esta circunstancia refuerza todavía más la tendencia oligárquica descrita por Michels.
La lealtad principal deja de dirigirse hacia el votante.
Pasa a dirigirse hacia la organización.
Y cuando eso ocurre, el aparato adquiere una capacidad de control enorme.
¿Debemos perder toda esperanza?
Llegados a este punto podría parecer que sí.
Que todo está perdido.
Que las oligarquías son inevitables.
Que los partidos terminan pareciéndose siempre.
Que las burocracias nunca retroceden.
Que las coaliciones distributivas resultan imposibles de desmontar.
Que la historia conduce inexorablemente hacia Estados cada vez más grandes y sociedades cada vez más dependientes.
Sin embargo, ésa sería una conclusión precipitada.
Porque la historia también ofrece ejemplos de reformas profundas.
De regeneraciones institucionales.
De cambios de rumbo.
De reconstrucciones políticas.
Pero esas transformaciones nunca comenzaron por los partidos.
Comenzaron por las ideas.
Siempre por las ideas.
Antes de cambiar las instituciones fue necesario cambiar las mentalidades.
Antes de reformar las leyes fue necesario cuestionar los dogmas.
Antes de transformar la política fue necesario transformar la cultura.
Y precisamente ahí reside el auténtico campo de batalla.
Una cuestión decisiva
Si el problema no es solamente Pedro Sánchez.
Si el problema tampoco es únicamente el Partido Popular.
Si el problema afecta a la estructura misma del sistema político.
Entonces surge una pregunta todavía más importante:
¿Qué reformas institucionales serían necesarias para romper la dinámica oligárquica que describieron Michels, Costa y Olson?
¿Es posible construir mecanismos que limiten el poder de las partitocracias?
¿Es posible devolver poder real al ciudadano?
¿Es posible restaurar la responsabilidad política?
¿Es posible reducir el peso de las burocracias?
¿Es posible recuperar una auténtica representación?
Esa será la cuestión central de la próxima entrega.
Porque criticar resulta relativamente sencillo.
Mucho más difícil es proponer remedios.
(Continuará)
¿DEBEMOS PERDER TODA ESPERANZA…?
Tenemos un problema: el Partido Popular es socialdemócrata, feminista y verde
ENTREGA VI
¿Hay salida? Reformas institucionales para una democracia menos oligárquica y más representativa
Después de varias entregas, hemos llegado al núcleo del problema.
Hemos analizado la progresiva convergencia ideológica entre PSOE y PP en numerosos ámbitos.
Hemos examinado la expansión constante del Estado.
Hemos visto cómo la batalla cultural ha sido abandonada por gran parte de la derecha tradicional.
Hemos observado la consolidación de una burocracia política cada vez más extensa.
Y hemos comprobado cómo las oligarquías partidistas tienden a perpetuarse.
Pero toda crítica seria debe afrontar una obligación intelectual.
Proponer alternativas.
Porque limitarse a denunciar resulta insuficiente.
Y porque el pesimismo absoluto constituye una forma de resignación.
La pregunta, por tanto, ya no es qué funciona mal.
La pregunta es:
¿Cómo podría funcionar mejor?
El error de creer que la democracia consiste únicamente en votar
Uno de los mayores triunfos de las oligarquías contemporáneas ha sido convencer a los ciudadanos de que la democracia consiste esencialmente en introducir una papeleta en una urna cada cuatro años.
Nada más lejos de la realidad.
Las elecciones son importantes.
Pero constituyen solamente una parte del problema.
La cuestión decisiva es otra.
¿Qué ocurre entre elección y elección?
¿Quién controla realmente a quienes gobiernan?
¿Quién supervisa a quienes administran recursos públicos?
¿Quién fiscaliza a quienes toman decisiones?
¿Quién responde por los errores?
¿Quién paga por los abusos?
¿Quién asume las consecuencias de la mala gestión?
Si la respuesta es «nadie», entonces la democracia se convierte progresivamente en una ficción formal.
Existe el voto.
Pero desaparece la responsabilidad.
Y sin responsabilidad no existe auténtico gobierno representativo.
Recuperar el principio de responsabilidad política
Roma comprendió algo que las democracias modernas parecen haber olvidado.
Todo poder debía ir acompañado de responsabilidad.
La autoridad sin control degenera.
La impunidad corrompe.
La ausencia de consecuencias destruye los incentivos para actuar correctamente.
Durante siglos existió una institución extraordinariamente interesante:
el juicio de residencia.
Al finalizar su mandato, numerosos cargos públicos debían responder por su gestión.
Sus decisiones eran examinadas.
Sus actuaciones revisadas.
Sus abusos investigados.
No bastaba con abandonar el cargo.
Era necesario rendir cuentas.
La idea merece ser reconsiderada.
No necesariamente copiando mecanismos históricos.
Pero sí recuperando el principio fundamental:
quien administra recursos públicos debe responder personalmente por sus decisiones.
El problema de las listas cerradas
Pocas instituciones han contribuido tanto al fortalecimiento de las oligarquías partidistas como las listas cerradas y bloqueadas.
El ciudadano no elige realmente diputados.
Elige siglas.
Quienes deciden los nombres son las cúpulas partidistas.
Y quienes aspiran a conservar su puesto saben perfectamente de quién depende su futuro político.
No del elector.
Del aparato.
Consecuencia:
la disciplina de partido sustituye progresivamente a la representación.
El diputado deja de representar a los ciudadanos.
Empieza a representar a quienes confeccionan las listas.
Y ahí se produce una inversión completa del principio representativo.
El representante ya no mira hacia abajo.
Mira hacia arriba.
No depende del votante.
Depende de la dirección.
Distritos uninominales y representación directa
Numerosos sistemas políticos utilizan fórmulas distintas.
Distritos pequeños.
Representantes identificables.
Responsabilidad personal.
Relación directa entre elector y elegido.
El ciudadano sabe quién le representa.
Y el representante sabe perfectamente quién puede expulsarlo del cargo.
Ese vínculo genera incentivos muy diferentes.
Obliga a escuchar.
Obliga a responder.
Obliga a rendir cuentas.
No elimina todos los problemas.
Ningún sistema los elimina.
Pero dificulta la formación de castas políticas completamente desvinculadas de la sociedad.
La hipertrofia institucional
Otro problema evidente es el tamaño alcanzado por el aparato administrativo.
Cada crisis genera nuevos organismos.
Cada problema genera nuevas agencias.
Cada conflicto genera nuevas estructuras.
Sin embargo, rara vez ocurre lo contrario.
Pocas instituciones desaparecen.
Pocos organismos se cierran.
Pocas competencias regresan a los ciudadanos.
La lógica es siempre expansiva.
Más administración.
Más regulación.
Más gasto.
Más burocracia.
Robert Higgs explicó brillantemente este fenómeno.
Las crisis amplían el poder del Estado.
Y una vez ampliado rara vez vuelve a sus dimensiones anteriores.
La excepción termina convirtiéndose en norma.
Y la norma en estructura permanente.
El Estado de las Autonomías
En el caso español existe además una cuestión específica.
El llamado Estado de las Autonomías.
Inicialmente concebido para resolver determinados problemas territoriales, ha terminado generando una complejidad administrativa gigantesca.
Diecisiete sistemas sanitarios.
Diecisiete sistemas educativos.
Diecisiete burocracias paralelas.
Miles de organismos duplicados.
Miles de cargos.
Miles de estructuras superpuestas.
Naturalmente existen ventajas en la descentralización.
Pero también costes.
Y esos costes rara vez son objeto de un debate sereno.
La cuestión no consiste en recentralizarlo todo ni en fragmentarlo aún más.
La cuestión consiste en analizar racionalmente qué competencias deben ejercerse en cada nivel y cuáles generan duplicidades innecesarias.
La independencia judicial
Existe además un elemento absolutamente fundamental.
Sin jueces independientes no existe Estado de Derecho.
Todo lo demás resulta secundario.
Porque una ley injusta puede modificarse.
Un gobierno incompetente puede ser sustituido.
Pero cuando desaparece la independencia judicial, desaparece el principal mecanismo de protección frente al abuso del poder.
Por eso resulta tan importante que los órganos de gobierno judicial se encuentren alejados de la lógica partidista.
Y por eso resulta tan preocupante cualquier intento de colonización política de la justicia.
La experiencia histórica demuestra que todas las formas de autoritarismo comienzan debilitando precisamente ese contrapeso.
La batalla cultural olvidada
Sin embargo, ninguna reforma institucional será suficiente si no se produce previamente una transformación cultural.
Ésta es quizá la enseñanza más importante de Gramsci.
Y también la más ignorada por muchos de sus adversarios.
Las instituciones reflejan valores.
Las leyes reflejan ideas.
Las políticas reflejan creencias.
Quien controla la cultura termina influyendo sobre todas ellas.
Por eso la verdadera regeneración no comienza en los parlamentos.
Comienza en las familias.
En las escuelas.
En las universidades.
En los libros.
En los medios de información.
En las asociaciones civiles.
En las conversaciones cotidianas.
La política suele llegar al final.
No al principio.
El ejemplo de la Escuela de Salamanca
España dispone además de una tradición intelectual extraordinariamente rica que con frecuencia ha sido olvidada.
La Escuela de Salamanca desarrolló reflexiones avanzadísimas sobre el poder, la propiedad, los impuestos, la libertad económica y los límites de la autoridad.
Autores como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Juan de Mariana comprendieron algo esencial:
El poder político existe para servir a la sociedad.
No al contrario.
Cuando el Estado se convierte en un fin en sí mismo, la libertad empieza a retroceder.
Cuando la burocracia se convierte en objetivo, la prosperidad empieza a deteriorarse.
Y cuando los gobernantes dejan de considerarse servidores para convertirse en administradores permanentes, la degeneración institucional resulta inevitable.
La esperanza razonable
Llegados a este punto podemos responder finalmente a la pregunta que da título a este ensayo.
¿Debemos perder toda esperanza?
No.
Pero tampoco conviene alimentar ilusiones ingenuas.
Los problemas descritos son reales.
Profundos.
Estructurales.
Y acumulados durante décadas.
No desaparecerán mediante una elección.
Ni mediante un líder carismático.
Ni mediante un simple cambio de gobierno.
La regeneración exige algo mucho más difícil.
Exige ciudadanos dispuestos a pensar por sí mismos.
Exige una sociedad civil fuerte.
Exige instituciones sometidas a control.
Exige responsabilidad política.
Exige independencia judicial.
Exige una cultura de la libertad.
Exige una ciudadanía adulta.
Y, sobre todo, exige abandonar la cómoda ficción según la cual todos los problemas se resolverán simplemente sustituyendo unas siglas por otras.
La cuestión final
Quizá el verdadero problema de España no sea únicamente que el PSOE sea socialdemócrata.
Ni siquiera que el Partido Popular haya asumido buena parte de los postulados socialdemócratas, feministas y verdes.
Quizá el problema más profundo sea que demasiados ciudadanos continúan esperando soluciones de quienes se benefician precisamente de que nada esencial cambie.
Joaquín Costa hablaba de oligarquía y caciquismo.
Michels hablaba de la ley de hierro de las oligarquías.
Mancur Olson hablaba de coaliciones distributivas.
Cada uno utilizó un lenguaje distinto.
Pero todos describían un fenómeno parecido.
La tendencia permanente del poder a perpetuarse.
Y precisamente por eso la defensa de la libertad nunca concluye.
Nunca queda resuelta definitivamente.
Nunca puede darse por garantizada.
Debe renovarse generación tras generación.
Porque las oligarquías descansan.
La libertad no.
FIN DE LA PRIMERA PARTE
APÉNDICE I
¿Y si el problema no fuera el PSOE… sino cuarenta años de consenso socialdemócrata?
Llegados a este punto, muchos lectores podrían formular una objeción razonable.
«De acuerdo. El Partido Popular ha asumido buena parte de las políticas que critica. Pero sigue existiendo una diferencia evidente entre PSOE y PP».
Y es cierto.
Las diferencias existen.
Negarlo sería absurdo.
Existen diferencias de estilo.
De tono.
De prioridades.
De alianzas.
De velocidad.
Incluso de grado.
Pero la cuestión central de este ensayo nunca ha sido ésa.
La cuestión es otra.
¿Son esas diferencias suficientes para afirmar que representan modelos radicalmente distintos de organización social?
Y ahí es donde comienzan las dudas.
Porque cuando observamos la evolución de España durante las últimas décadas, aparece una realidad difícil de ignorar.
Gobierne quien gobierne:
- El Estado crece.
- La deuda crece.
- Los impuestos crecen.
- La regulación crece.
- Las subvenciones crecen.
- La burocracia crece.
- Las competencias políticas crecen.
- Los organismos públicos crecen.
Las diferencias suelen afectar a la velocidad.
No a la dirección.
El fenómeno que nadie quiere nombrar
Existe una expresión que rara vez aparece en los debates públicos.
Porque resulta incómoda.
Porque cuestiona demasiados intereses.
Porque obliga a mirar más allá de las disputas partidistas.
Esa expresión es:
consenso socialdemócrata.
Un consenso tan arraigado que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera percibe su existencia.
Funciona como el agua para los peces.
Está presente en todas partes.
Y precisamente por eso resulta invisible.
La inmensa mayoría de los debates políticos actuales se desarrollan dentro de ese marco.
No se discute si el Estado debe intervenir.
Se discute cuánto.
No se discute si debe redistribuir.
Se discute cuánto.
No se discute si debe regular.
Se discute cuánto.
No se discute si debe endeudarse.
Se discute cuánto.
No se discute si debe subvencionar.
Se discute cuánto.
Y cuando una sociedad deja de discutir los principios y se limita a discutir los porcentajes, los principios ya han vencido.
El triunfo de la socialdemocracia
Resulta paradójico.
La socialdemocracia europea ha perdido muchas elecciones.
Pero ha ganado casi todas las batallas culturales.
Incluso cuando la izquierda abandona el poder, sus categorías mentales permanecen.
Sus marcos conceptuales permanecen.
Sus premisas permanecen.
Y eso explica por qué tantas políticas sobreviven a los cambios de gobierno.
Las estructuras continúan.
Los organismos continúan.
Las agencias continúan.
Las subvenciones continúan.
Los observatorios continúan.
Las consejerías continúan.
Las empresas públicas continúan.
Los impuestos continúan.
La deuda continúa.
Todo continúa.
Cambian los gestores.
No cambia el sistema.
Hans-Hermann Hoppe y la lógica del poder
Aquí resulta especialmente interesante la crítica desarrollada por Hans-Hermann Hoppe.
Hoppe sostiene que las democracias modernas generan incentivos perversos.
No porque los gobernantes sean necesariamente peores personas.
Sino porque la estructura institucional favorece determinadas conductas.
Si el gobernante sabe que ocupará el poder durante un período limitado, tenderá a maximizar beneficios políticos inmediatos.
Pensará en las próximas elecciones.
No en las próximas generaciones.
Pensará en el corto plazo.
No en el largo plazo.
Pensará en repartir beneficios presentes y diferir costes futuros.
Y el mecanismo más eficaz para lograrlo suele ser la deuda.
Endeudarse hoy.
Trasladar la factura al mañana.
Comprar apoyos en el presente.
Transferir costes al futuro.
Naturalmente, esta interpretación resulta discutible.
Pero ofrece una perspectiva interesante sobre la evolución de muchas democracias occidentales.
Especialmente cuando observamos el crecimiento continuado de la deuda pública.
Gustavo Bueno y la partitocracia
Desde posiciones filosóficas muy distintas, Gustavo Bueno llegó a conclusiones parcialmente semejantes.
Bueno insistía en distinguir entre democracia realmente existente y democracia ideal.
Las democracias reales no son gobiernos directos del pueblo.
Son sistemas complejos donde operan élites, partidos, grupos de presión, burocracias y aparatos institucionales.
La cuestión, por tanto, no consiste en preguntarse si existe poder oligárquico.
Siempre existe.
La cuestión consiste en averiguar cómo se controla.
Cómo se limita.
Cómo se fiscaliza.
Y ahí es donde aparecen las debilidades de muchos sistemas contemporáneos.
Brennan y el votante racionalmente ignorante
Otro autor interesante es Jason Brennan.
Brennan parte de una observación incómoda.
La inmensa mayoría de los ciudadanos dispone de escasos incentivos para estudiar profundamente cuestiones políticas complejas.
Y resulta perfectamente racional que así sea.
Un voto individual apenas modifica el resultado de una elección.
Por tanto, dedicar miles de horas a estudiar presupuestos, legislación, política energética, fiscalidad o regulación produce un rendimiento electoral prácticamente nulo.
Consecuencia:
muchos votantes toman decisiones basándose en emociones, identidades grupales, lealtades partidistas o impresiones superficiales.
La observación puede resultar desagradable.
Pero conviene reflexionar sobre ella.
Porque quizá explique parte del éxito de los discursos simplificadores.
Y también parte de la resistencia de los sistemas políticos a las reformas profundas.
Joaquín Costa sigue vivo
Lo verdaderamente inquietante es que muchas de las críticas formuladas por Joaquín Costa a finales del siglo XIX conservan una actualidad sorprendente.
Costa denunciaba:
- El caciquismo.
- El clientelismo.
- La colonización partidista de las instituciones.
- La falta de responsabilidad política.
- La distancia entre representantes y representados.
Más de un siglo después, buena parte de esas cuestiones siguen presentes.
Naturalmente bajo formas distintas.
Pero reconocibles.
Los nombres cambian.
Las estructuras evolucionan.
Las tecnologías avanzan.
Pero ciertos mecanismos de poder permanecen extraordinariamente estables.
La gran ilusión
Y aquí llegamos quizá al corazón del problema.
La gran ilusión contemporánea consiste en creer que todos los problemas pueden resolverse sustituyendo unas siglas por otras.
Como si el mero relevo de gestores modificara automáticamente los incentivos.
Como si cambiar los nombres transformara las estructuras.
Como si reemplazar personas alterara necesariamente el funcionamiento del sistema.
La experiencia demuestra que no siempre ocurre así.
Las instituciones importan.
Los incentivos importan.
Las reglas importan.
Y cuando esas reglas favorecen la concentración del poder, la expansión burocrática y la irresponsabilidad política, los resultados tienden a repetirse.
Gobierne quien gobierne.
España: entre la resignación y la regeneración
La consecuencia de todo ello ha sido una creciente sensación de impotencia.
Muchos ciudadanos sienten que las elecciones cambian poco.
Que las promesas se incumplen sistemáticamente.
Que las estructuras permanecen intactas.
Que los problemas se perpetúan.
Que las élites se reproducen.
Que las reformas nunca llegan.
Sin embargo, la resignación constituye precisamente el mayor aliado de cualquier oligarquía.
Porque el poder se fortalece cuando deja de ser cuestionado.
Cuando deja de ser fiscalizado.
Cuando deja de ser vigilado.
Cuando los ciudadanos concluyen que nada puede cambiar.
Entonces… ¿debemos perder toda esperanza?
No.
Pero quizá debamos abandonar ciertas ilusiones.
La ilusión del salvador providencial.
La ilusión del partido perfecto.
La ilusión de que una sola elección resolverá problemas acumulados durante décadas.
La ilusión de que las instituciones funcionan automáticamente.
La libertad política exige vigilancia permanente.
Responsabilidad.
Control.
Participación.
Crítica.
Esfuerzo intelectual.
Y, sobre todo, ciudadanos capaces de pensar por sí mismos.
Porque, como advirtió George Orwell, las libertades nunca desaparecen de golpe.
Retroceden gradualmente.
Paso a paso.
Con frecuencia entre aplausos.
Y a menudo en nombre de las mejores intenciones.
APÉNDICE II
Del «cirujano de hierro» de Joaquín Costa al «bandido estacionario» de Mancur Olson
Si Joaquín Costa diagnosticó la enfermedad, Mancur Olson ayudó a comprender su funcionamiento.
Y lo hizo mediante una imagen extraordinariamente sencilla.
Tan sencilla que resulta difícil olvidarla una vez conocida.
Tan sencilla que permite comprender buena parte de la historia política de la humanidad.
Y también algunos fenómenos de la España actual.
El bandido itinerante
Imaginemos una comarca medieval.
Un grupo de salteadores aparece.
Saquea aldeas.
Roba cosechas.
Incendia viviendas.
Captura ganado.
Y desaparece.
Meses después vuelve otro grupo distinto.
Repite el proceso.
La riqueza producida por los habitantes nunca llega a acumularse.
Nunca llega a invertirse.
Nunca llega a prosperar.
¿Por qué sembrar más?
¿Por qué construir mejores herramientas?
¿Por qué aumentar la producción?
¿Por qué asumir riesgos?
Si tarde o temprano alguien vendrá a apropiarse de los frutos del esfuerzo.
La consecuencia inevitable es la pobreza.
La parálisis.
La decadencia.
Olson denomina a esta figura el bandido itinerante.
Extrae riqueza.
Pero destruye los incentivos para crearla.
El descubrimiento del bandido inteligente
Sin embargo, en algún momento aparece un bandido más inteligente.
Observa la situación.
Y llega a una conclusión elemental.
Si destruyo completamente a quienes producen riqueza, terminaré empobreciéndome también yo.
Por tanto, resulta mucho más rentable permanecer.
Instalarse.
Cobrar impuestos.
Garantizar cierto orden.
Proteger parcialmente a la población.
Permitir que la economía prospere.
Y quedarse con una parte de la producción de manera permanente.
Ha nacido el bandido estacionario.
Y con él, según Olson, aparece el origen económico del Estado.
La paradoja
La conclusión resulta provocadora.
El gobernante estable puede ser preferible al saqueador ocasional.
No porque sea moralmente superior.
Sino porque sus incentivos son distintos.
Le interesa que la sociedad produzca.
Le interesa que existan inversiones.
Le interesa que haya crecimiento económico.
Le interesa que aumente la riqueza.
Porque de esa riqueza vive él mismo.
Desde esta perspectiva, el Estado surge inicialmente como una forma relativamente racional de explotación.
Una explotación limitada por la necesidad de mantener viva la fuente de recursos.
Cuando el Estado se vuelve demasiado voraz
El problema aparece cuando la extracción supera determinados límites.
Cuando el gobernante comienza a considerar a la sociedad exclusivamente como una fuente de ingresos.
Cuando la fiscalidad deja de financiar funciones esenciales y empieza a alimentar estructuras crecientes.
Cuando la burocracia adquiere vida propia.
Cuando las élites políticas descubren que pueden transferir costes a generaciones futuras mediante deuda pública.
Cuando el gasto deja de estar vinculado al interés general y pasa a servir intereses particulares.
Entonces el bandido estacionario empieza a olvidar algo esencial.
La riqueza no surge de los boletines oficiales.
No surge de los ministerios.
No surge de los observatorios.
No surge de las agencias.
La riqueza surge del trabajo.
Del ahorro.
De la inversión.
Del riesgo.
De la innovación.
Del emprendimiento.
Y si quienes producen riqueza perciben que una parte creciente de sus esfuerzos será absorbida por el aparato político, los incentivos empiezan a deteriorarse.
España bajo la mirada de Olson
Aquí es donde la teoría de Olson adquiere un interés especial para analizar la realidad española.
Durante décadas hemos asistido a un crecimiento continuo de estructuras públicas.
Más administraciones.
Más organismos.
Más empresas públicas.
Más agencias.
Más observatorios.
Más subvenciones.
Más regulaciones.
Más niveles administrativos.
Más deuda.
Más gasto.
Más dependencia.
La pregunta incómoda es inevitable.
¿En qué momento el Estado deja de actuar como garante del marco institucional y comienza a comportarse como un extractor creciente de recursos?
Naturalmente no existe una respuesta matemática.
Pero la pregunta sigue siendo pertinente.
Porque toda estructura política corre el riesgo de olvidar que su función consiste en servir a la sociedad.
No en servirse de ella.
El clientelismo como forma moderna de extracción
La situación se vuelve todavía más compleja cuando aparecen redes clientelares.
Costa lo llamó caciquismo.
Hoy utilizamos otros nombres.
Subvenciones.
Fundaciones.
Consorcios.
Observatorios.
Empresas públicas.
Entidades instrumentales.
Organismos autónomos.
Programas específicos.
La terminología cambia.
La lógica permanece.
El poder distribuye recursos.
Los beneficiarios desarrollan incentivos para mantener ese flujo.
Y poco a poco se forma una red de intereses mutuos.
El gobernante distribuye.
El beneficiario apoya.
El sistema se perpetúa.
Y cualquier intento de reforma encuentra una resistencia formidable.
Porque ya no se enfrenta únicamente a una institución.
Se enfrenta a miles de personas que dependen directa o indirectamente de ella.
La advertencia de Tocqueville
Mucho antes que Olson, Alexis de Tocqueville había advertido sobre un peligro semejante.
No temía únicamente el despotismo clásico.
Temía algo más sutil.
Más suave.
Más paternalista.
Más difícil de percibir.
Un poder que no aplasta.
Un poder que tutela.
Un poder que protege.
Un poder que regula.
Un poder que administra.
Un poder que decide progresivamente por los ciudadanos.
Hasta convertirlos en menores de edad políticos.
Tocqueville describió magistralmente esa tendencia.
Y muchos observadores consideran que buena parte de Occidente avanza precisamente en esa dirección.
La infantilización de la sociedad
Aquí aparece una cuestión que rara vez recibe la atención que merece.
Toda expansión del Estado tiene una consecuencia cultural.
No afecta únicamente a los presupuestos.
Afecta también a las mentalidades.
Cuando el ciudadano se acostumbra a que otros resuelvan sus problemas.
Cuando espera permanentemente soluciones externas.
Cuando delega todas las responsabilidades.
Cuando convierte al Estado en proveedor universal.
Empieza a debilitarse algo esencial.
La autonomía personal.
La responsabilidad individual.
La iniciativa.
La capacidad de afrontar riesgos.
La madurez cívica.
Y entonces surge una paradoja inquietante.
Cuanto más crece el Estado protector, más disminuye a menudo la fortaleza moral de la sociedad que pretende proteger.
El diagnóstico de Costa sigue vigente
Costa observó una España dominada por oligarquías.
Por redes clientelares.
Por intermediarios.
Por caciques.
Por estructuras de dependencia.
Y reclamó una profunda regeneración nacional.
No una revolución.
No una guerra civil.
No una ruptura traumática.
Una regeneración.
Una reconstrucción institucional y moral.
Más de un siglo después, la pregunta sigue siendo sorprendentemente actual.
¿Hasta qué punto hemos superado realmente aquellos problemas?
¿Y hasta qué punto simplemente los hemos modernizado?
El verdadero problema
Llegados a este punto, quizá podamos reformular el título de este ensayo.
Tal vez el problema no sea exclusivamente que el Partido Popular haya asumido buena parte del consenso socialdemócrata.
Ni siquiera que PSOE y PP compartan numerosos presupuestos básicos.
Quizá el problema sea más profundo.
Quizá el problema radique en que ambos operan dentro de un sistema que premia la expansión burocrática, la creación de clientelas, el crecimiento del gasto y la acumulación de poder.
Si esto es cierto, entonces el debate deja de ser partidista.
Pasa a ser institucional.
Y también cultural.
Porque las instituciones reflejan los valores dominantes de una sociedad.
Y ninguna reforma política duradera puede sobrevivir si no va acompañada de una reforma moral e intelectual.
La pregunta final de Costa
Joaquín Costa formuló hace más de un siglo una pregunta que sigue resonando en el presente.
¿Cómo regenerar una nación cuando las estructuras encargadas de regenerarla forman parte del problema?
La pregunta sigue abierta.
Y quizá constituye el verdadero desafío de la España contemporánea.
No sustituir unas siglas por otras.
No cambiar unos nombres por otros.
Sino reconstruir los mecanismos de responsabilidad, control y representación que permitan que el poder vuelva a ser un servidor de la sociedad y no su propietario.
Porque, al final, toda libertad depende de una cuestión muy sencilla.
Que los gobernantes recuerden que administran algo que no les pertenece.
Y que los ciudadanos recuerden que conservar la libertad exige mucho más esfuerzo que perderla.
(Continuará)
APÉNDICE III
Oligarquía y caciquismo en el siglo XXI: Joaquín Costa, Michels y la España de las diecinueve mil administraciones, organismos y entes públicos
Hay libros que envejecen.
Y hay libros que parecen escritos para el futuro.
Entre estos últimos se encuentra una obra publicada en 1901 cuyo título conserva una actualidad casi inquietante:
Oligarquía y caciquismo.
Han transcurrido más de ciento veinte años desde entonces.
Han desaparecido monarquías.
Han desaparecido imperios.
Han desaparecido dictaduras.
Han aparecido automóviles, aviones, internet, inteligencia artificial y viajes espaciales.
España ha conocido una guerra civil.
Un régimen autoritario.
Una transición política.
La integración en la Unión Europea.
La globalización.
La revolución digital.
Y, sin embargo, muchas de las reflexiones de Joaquín Costa continúan pareciendo sorprendentemente familiares.
¿Por qué?
Porque Costa no estaba describiendo simplemente un momento histórico.
Estaba describiendo mecanismos permanentes del poder.
Y esos mecanismos poseen una extraordinaria capacidad de adaptación.
Cambian las formas.
Cambian los nombres.
Cambian los uniformes.
Cambian los discursos.
Pero la lógica permanece.
El cacique no ha muerto
Cuando el ciudadano contemporáneo escucha la palabra «cacique», suele imaginar a un terrateniente del siglo XIX.
Un notable provincial.
Un propietario rodeado de clientelas.
Un personaje de novela.
Alguien perteneciente a un mundo desaparecido.
Sin embargo, Costa entendía el caciquismo de una manera mucho más amplia.
El cacique era, esencialmente, quien controlaba recursos, favores y oportunidades.
Quien podía abrir puertas.
Quien podía cerrarlas.
Quien distribuía beneficios.
Quien decidía carreras.
Quien administraba dependencias.
Desde esta perspectiva, el caciquismo no desaparece necesariamente con el sufragio universal.
Ni con los parlamentos.
Ni con las constituciones.
Simplemente cambia de forma.
Y aquí surge una pregunta incómoda.
¿Es posible que buena parte del viejo caciquismo haya sido sustituido por formas modernas de dependencia política y administrativa?
El nuevo ecosistema clientelar
Observemos el paisaje institucional español.
Ministerios.
Consejerías.
Diputaciones.
Cabildos.
Mancomunidades.
Consorcios.
Empresas públicas.
Fundaciones.
Observatorios.
Agencias.
Institutos.
Autoridades independientes.
Entidades instrumentales.
Organismos autónomos.
Oficinas de coordinación.
Comisionados especiales.
Mesas sectoriales.
Consejos asesores.
Foros permanentes.
La lista parece no terminar nunca.
Cada una de estas estructuras posee presupuestos.
Personal.
Contratos.
Subvenciones.
Convenios.
Capacidad de influencia.
Y, por tanto, capacidad para generar intereses.
La cuestión no consiste en afirmar que todas sean inútiles.
Sería absurdo.
Muchas cumplen funciones necesarias.
La cuestión consiste en preguntarse si el crecimiento acumulativo de estas estructuras ha terminado creando una red de dependencias extraordinariamente difícil de reformar.
Robert Michels vuelve a aparecer
Aquí reaparece Robert Michels.
Y su famosa Ley de Hierro de las Oligarquías.
Toda organización compleja desarrolla una élite.
Toda élite desarrolla intereses propios.
Toda élite tiende a perpetuarse.
Y toda élite encuentra razones para justificar su propia continuidad.
El mecanismo resulta casi universal.
No depende de la ideología.
No depende del sistema político.
No depende de la buena o mala voluntad de las personas.
Forma parte de la lógica organizativa.
Por eso Michels terminó formulando una conclusión tan pesimista.
Las organizaciones nacen para servir a determinados fines.
Con frecuencia terminan convirtiendo esos fines en instrumentos para asegurar la supervivencia de la organización.
La multiplicación de intermediarios
Existe además otro fenómeno característico de nuestro tiempo.
La proliferación de intermediarios.
Cada vez más decisiones pasan por capas sucesivas de administración.
Cada vez más procedimientos requieren autorizaciones múltiples.
Cada vez más actividades dependen de organismos diversos.
Cada vez más recursos circulan a través de estructuras burocráticas complejas.
Naturalmente, muchas de estas regulaciones nacieron con buenas intenciones.
Proteger.
Coordinar.
Garantizar.
Supervisar.
El problema aparece cuando la complejidad termina convirtiéndose en un fin en sí misma.
Cuando el procedimiento adquiere más importancia que el resultado.
Cuando la burocracia comienza a existir para alimentar más burocracia.
El Estado como mercado laboral
Existe una cuestión especialmente delicada.
Y precisamente por ello suele evitarse.
Durante décadas, amplias regiones españolas han encontrado en el empleo público una fuente esencial de estabilidad económica.
No se trata únicamente de funcionarios.
Se trata también de organismos dependientes.
Empresas públicas.
Fundaciones.
Consorcios.
Agencias.
Entidades instrumentales.
Programas subvencionados.
Proyectos financiados.
Estructuras auxiliares.
Miles y miles de personas desarrollan actividades perfectamente legítimas dentro de este entramado.
Pero surge una cuestión inevitable.
¿Qué ocurre cuando una parte creciente de la economía depende directa o indirectamente del gasto público?
La respuesta es sencilla.
Las posibilidades de reforma se reducen enormemente.
Porque cualquier intento de racionalización afecta inmediatamente a intereses concretos.
Y los intereses concretos suelen organizarse mucho mejor que los intereses generales.
Mancur Olson y la inmovilidad creciente
Ésta fue precisamente una de las observaciones centrales de Mancur Olson.
Las sociedades desarrolladas acumulan progresivamente grupos organizados que viven de regulaciones, privilegios o transferencias.
Cada grupo es relativamente pequeño.
Pero está extraordinariamente motivado.
Cada beneficio está concentrado.
Cada coste está disperso.
Y como consecuencia, las reformas resultan cada vez más difíciles.
Todo el mundo reconoce que el sistema necesita cambios.
Pero casi nadie desea que esos cambios afecten a su propio ámbito.
El resultado es la parálisis.
Una parálisis que se disfraza de consenso.
Una inmovilidad que se presenta como estabilidad.
Un estancamiento que adopta la apariencia de prudencia.
La descentralización de la corrupción
Existe una frase especialmente provocadora que algunos críticos del modelo territorial español utilizan con frecuencia.
Afirman que el Estado de las Autonomías no eliminó determinadas prácticas clientelares.
Simplemente las descentralizó.
Naturalmente, la afirmación puede parecer exagerada.
Y en algunos casos lo es.
Pero apunta hacia una cuestión relevante.
Las redes de influencia no desaparecen necesariamente cuando se multiplica el número de administraciones.
A menudo ocurre exactamente lo contrario.
Aumentan los centros de poder.
Aumentan los presupuestos.
Aumentan los cargos.
Aumentan las oportunidades de captura institucional.
Y aumentan también las posibilidades de que surjan nuevas formas de dependencia política.
Costa habría reconocido inmediatamente algunos de esos mecanismos.
El espejismo de la alternancia
Quizá una de las conclusiones más inquietantes sea ésta.
Las oligarquías modernas han aprendido a convivir perfectamente con la alternancia política.
Ya no necesitan impedir elecciones.
No necesitan suspender constituciones.
No necesitan prohibir partidos.
Les basta con operar dentro de las instituciones existentes.
Porque cuando las estructuras fundamentales permanecen intactas, el relevo de gestores puede resultar perfectamente compatible con la continuidad del sistema.
Y aquí regresamos al punto de partida de este ensayo.
La cuestión no consiste únicamente en preguntarse quién gobierna.
La cuestión consiste en preguntarse qué cambia realmente cuando cambia el gobierno.
Costa y la cirugía de hierro
Es imposible concluir este análisis sin recordar una de las expresiones más célebres de Joaquín Costa.
La necesidad de una «cirugía de hierro».
Con frecuencia se malinterpreta esta fórmula.
No era una llamada al autoritarismo.
Ni una invitación a la dictadura.
Era una metáfora regeneracionista.
Una apelación a reformas profundas capaces de corregir patologías institucionales que el propio sistema parecía incapaz de resolver.
Costa observaba una España atrapada por inercias políticas.
Muchos ciudadanos actuales consideran que la situación presenta ciertos paralelismos.
Y precisamente por eso sus textos siguen siendo leídos más de un siglo después.
Una reflexión incómoda
Quizá la cuestión más inquietante de todas sea la siguiente.
¿Y si el verdadero problema de España no fuera quién ocupa temporalmente el poder?
¿Y si el problema fuera la estructura de incentivos que condiciona el comportamiento de quienes llegan a él?
Porque si los incentivos permanecen intactos, las personas cambian.
Pero los resultados tienden a repetirse.
Michels lo vio.
Olson lo vio.
Costa lo vio.
Cada uno desde perspectivas diferentes.
Cada uno utilizando lenguajes distintos.
Pero todos apuntaban hacia una misma realidad.
El poder tiende a organizarse para perpetuarse.
Y la libertad exige mecanismos permanentes de control capaces de impedirlo.
Hacia la cuestión decisiva
Todo lo anterior nos conduce a una pregunta final.
Quizá la más importante de todo este ensayo.
Si el PSOE y el PP participan de un amplio consenso socialdemócrata.
Si las oligarquías partidistas tienden a perpetuarse.
Si las burocracias tienden a crecer.
Si las coaliciones distributivas tienden a bloquear las reformas.
Entonces:
¿qué modelo político e institucional podría romper esa dinámica?
Para responder a esa cuestión será necesario examinar las propuestas de autores tan distintos como Hoppe, Brennan, Hayek, la Escuela de Salamanca, el ordoliberalismo alemán, Joaquín Costa e incluso algunas experiencias históricas olvidadas.
Porque la crítica sólo adquiere sentido cuando se acompaña de una búsqueda sincera de alternativas.
(Continuará)
APÉNDICE IV
Más allá del PSOE y del PP: cómo devolver el poder a los ciudadanos
Después de analizar durante páginas y páginas la progresiva convergencia entre PSOE y PP, las oligarquías partidistas, el crecimiento constante de la burocracia y la expansión del Estado, llega el momento de formular una pregunta inevitable.
Muy bien.
¿Y ahora qué?
Porque denunciar resulta relativamente sencillo.
Más difícil es proponer remedios.
Y más difícil aún es hacerlo sin caer en las fantasías de los vendedores de milagros políticos.
No existen soluciones mágicas.
No existen hombres providenciales.
No existen partidos perfectos.
Las sociedades humanas son demasiado complejas para admitir remedios simples.
Sin embargo, sí existen reformas capaces de limitar los abusos del poder.
Y todas ellas parten de una idea elemental:
el problema no es únicamente quién gobierna, sino los incentivos que condicionan la conducta de quienes gobiernan.
Acercar representantes y representados
Hoy un diputado debe su cargo principalmente a la dirección de su partido.
No al ciudadano.
Ésa es una de las mayores debilidades del sistema español.
El elector vota unas siglas.
La cúpula decide los nombres.
Y el parlamentario sabe perfectamente quién decide su futuro político.
No el votante.
El aparato.
Mientras esto siga ocurriendo, la lealtad principal seguirá dirigiéndose hacia arriba y no hacia abajo.
Por eso convendría aproximar representantes y representados.
Circunscripciones más pequeñas.
Representantes identificables.
Mayor responsabilidad personal.
Mayor control ciudadano.
No resolvería todos los problemas.
Pero dificultaría la formación de castas políticas separadas de la realidad cotidiana.
Que toda institución justifique su existencia
Existe una regla sencilla que debería aplicarse a cualquier organismo financiado con dinero ajeno.
Demostrar periódicamente que sigue siendo necesario.
Lo contrario es exactamente lo que ocurre hoy.
Los organismos nacen.
Crecen.
Acumulan competencias.
Aumentan presupuestos.
Multiplican personal.
Y rara vez desaparecen.
Por ello sería razonable exigir revisiones periódicas obligatorias.
No para destruirlo todo.
No para recortar por recortar.
Sino para distinguir lo útil de lo superfluo.
Lo necesario de lo redundante.
Lo que sirve al interés general de lo que únicamente sirve a quienes viven de ello.
Menos dependencia política
Una sociedad libre requiere ciudadanos libres.
Y la libertad disminuye cuando la supervivencia económica depende crecientemente de decisiones políticas.
Cuanto más dependen los ciudadanos del favor administrativo, menos capaces son de enfrentarse a él.
Por eso una economía sana exige ampliar los espacios de autonomía personal.
Más iniciativa privada.
Más ahorro.
Más propiedad.
Más independencia.
Menos dependencia de subvenciones, ayudas, favores y dispensas administrativas.
No porque toda ayuda sea mala.
Sino porque toda dependencia prolongada acaba generando sumisión.
Jueces verdaderamente independientes
Sin justicia independiente no existe libertad.
Todo lo demás resulta secundario.
Las leyes pueden corregirse.
Los gobiernos pueden cambiar.
Pero cuando la justicia deja de ser independiente, el ciudadano pierde su principal defensa frente al abuso.
Por ello cualquier reforma seria debería garantizar que los jueces dependan cada vez menos de los partidos y cada vez más de la ley.
Recuperar la vieja sabiduría de la Escuela de Salamanca
España no necesita importar todas las soluciones.
Posee una tradición intelectual propia extraordinariamente rica.
Francisco de Vitoria.
Domingo de Soto.
Juan de Mariana.
Comprendieron algo esencial.
El poder existe para servir a la sociedad.
No la sociedad para servir al poder.
Parece una obviedad.
Pero gran parte de los problemas contemporáneos nacen precisamente cuando esta relación se invierte.
La cuestión decisiva
Sin embargo, ninguna reforma institucional bastará por sí sola.
Porque las instituciones son consecuencia de las ideas dominantes.
Y aquí llegamos al verdadero problema.
Durante décadas la derecha española creyó que bastaba con gestionar mejor.
Pensó que los presupuestos eran más importantes que los principios.
Que la economía era más importante que la cultura.
Que la administración era más importante que las ideas.
Y mientras tanto abandonó el terreno donde realmente se decide el futuro de una sociedad.
La enseñanza.
La universidad.
Los libros.
Los medios de información.
La cultura.
Las asociaciones.
La formación de las nuevas generaciones.
Cuando una fuerza política pierde la batalla cultural, acaba administrando las victorias culturales de sus adversarios.
Y eso es precisamente lo que muchos consideran que ha ocurrido.
Entonces… ¿debemos perder toda esperanza?
No.
Pero tampoco debemos esperar milagros.
La regeneración exige ciudadanos adultos.
Ciudadanos que piensen.
Que lean.
Que discutan.
Que se organicen.
Que fiscalicen al poder.
Que desconfíen de quienes prometen soluciones instantáneas.
Y que comprendan algo esencial.
La libertad no se pierde de golpe.
Se pierde poco a poco.
Mediante pequeñas renuncias.
Pequeñas comodidades.
Pequeñas dependencias.
Pequeñas cesiones.
Del mismo modo, tampoco se recupera de golpe.
Se recupera lentamente.
Generación tras generación.
Idea tras idea.
Institución tras institución.
Porque, en última instancia, la cuestión no consiste en sustituir al PSOE por el PP o al PP por cualquier otra fuerza política.
La cuestión consiste en volver a situar al ciudadano por encima del partido, a la sociedad por encima del Estado y a la ley por encima del gobernante.
Y ésa, hoy como ayer, sigue siendo la verdadera tarea pendiente.
Muy bien. ¿Y ahora qué?
Después de todo lo reflexionado, después de analizar la expansión del Estado, el crecimiento de las burocracias, la deuda, las redes clientelares, la ocupación partidista de las instituciones y la progresiva convergencia entre PSOE y PP en numerosos asuntos fundamentales, surge inevitablemente una pregunta:
Muy bien. ¿Y ahora qué?
Porque diagnosticar una enfermedad no equivale a curarla.
Y porque cualquier análisis que concluya simplemente con un catálogo de lamentos acaba pareciéndose a esas conversaciones de sobremesa en las que todos coinciden en que «habría que hacer esto» o «habría que hacer aquello», sin que nada llegue a concretarse.
La primera conclusión es evidente.
No cabe esperar que quienes se benefician del sistema procedan a reformarlo.
Ninguna casta extractiva se hace el harakiri.
Ninguna mafia desmonta voluntariamente su negocio.
Ninguna oligarquía entrega por las buenas los resortes del poder.
Y, por tanto, resulta ingenuo esperar que los partidos que han administrado durante décadas el modelo actual sean quienes impulsen su transformación profunda.
La segunda conclusión es igualmente importante.
Tampoco parece razonable confiar en la aparición de un hombre providencial.
La historia demuestra que los Cincinatos son extraordinariamente escasos y que los falsos salvadores suelen ser mucho más abundantes que los auténticos reformadores.
Por ello, si existe alguna posibilidad de regeneración nacional, ésta no vendrá de un individuo aislado ni de un partido político tradicional.
Todo depende de que algunos españoles decentes decidan dar un paso al frente.
Españoles procedentes del mundo empresarial.
De las profesiones liberales.
De la judicatura.
De la universidad.
De los cuerpos técnicos de la Administración.
Del periodismo independiente.
De la economía.
De la empresa privada.
De la creación intelectual.
Personas cuya reputación haya sido construida fuera de la política profesional.
Personas que hayan demostrado capacidad para gestionar organizaciones complejas, dirigir equipos humanos y administrar recursos ajenos sin arruinarlos ni saquearlos.
Personas cuyo prestigio no proceda de la propaganda ni de la proximidad al poder, sino de una trayectoria verificable de trabajo, competencia y responsabilidad.
Ese grupo debería comenzar por algo que apenas existe en España.
Un proyecto nacional serio.
No una campaña electoral.
No un movimiento de protesta.
No una ocurrencia pasajera.
Un proyecto.
Un proyecto capaz de elaborar un diagnóstico preciso, riguroso y realista de la situación española.
Un diagnóstico que identifique las causas del deterioro institucional, económico y moral que padece el país.
Que explique con claridad cómo funcionan las redes clientelares.
Dónde se desperdician los recursos públicos.
Qué normas favorecen la corrupción.
Qué organismos han dejado de cumplir adecuadamente su función.
Qué incentivos premian la irresponsabilidad.
Y qué reformas serían necesarias para corregir esos problemas.
A partir de ese diagnóstico deberían formularse objetivos concretos.
Objetivos a corto plazo.
Objetivos a medio plazo.
Objetivos a largo plazo.
Objetivos medibles.
Temporalizados.
Acompañados de procedimientos específicos para alcanzarlos.
Y con indicación expresa de los recursos necesarios para su ejecución.
Porque uno de los grandes males de la política española consiste precisamente en la abundancia de promesas grandilocuentes y la escasez de planes verificables.
Pero por encima de cualquier otra cuestión, ese proyecto debería concentrarse en el problema que probablemente se encuentra en la raíz de muchos de los demás:
La corrupción.
No mediante discursos moralizantes.
No mediante declaraciones solemnes.
Sino mediante medidas concretas.
Mecanismos eficaces de prevención.
Sistemas rigurosos de control.
Castigos rápidos y ejemplares.
Recuperación efectiva de lo robado.
Inhabilitaciones permanentes para quienes hayan saqueado recursos públicos.
Protección real para quienes denuncien irregularidades.
Publicidad completa de contratos, subvenciones y adjudicaciones.
Y procedimientos de seguimiento que permitan conocer quién decide, quién ejecuta, quién se beneficia y quién responde.
La cuestión decisiva sería la rendición de cuentas.
Todo cargo público debería responder por sus decisiones.
Todo organismo debería justificar periódicamente su existencia.
Toda subvención debería demostrar su utilidad.
Toda deuda debería explicarse como una carga trasladada a generaciones futuras.
Todo gestor debería saber que sus actos tendrán consecuencias.
Porque mientras el poder no responda de sus errores, los errores seguirán repitiéndose.
¿Es probable que aparezca una minoría de esta naturaleza?
No especialmente.
¿Es imposible?
Tampoco.
La historia demuestra que las naciones suelen comenzar a recuperarse cuando una minoría suficiente decide que la decadencia ha dejado de ser soportable.
Por eso la verdadera cuestión ya no consiste en preguntarse qué deberían hacer el PSOE o el PP.
La verdadera cuestión consiste en saber si todavía existen en España suficientes personas competentes, honradas y valientes dispuestas a organizarse para formular y defender un proyecto nacional serio.
Si existen, todavía hay motivos para la esperanza.
Si no existen, o si continúan refugiándose en la comodidad de la vida privada mientras los asuntos públicos quedan en manos de los profesionales del poder, entonces sí deberíamos abandonar la esperanza ingenua de que España se regenerará por sí sola.
Porque los países no se salvan por inercia.
Se salvan cuando una minoría suficiente decide actuar antes de que la decadencia se convierta en irreversible.
