Carlos Aurelio Caldito Aunión

Raro es el estudio de opinión en el que se pregunte a los españoles cuáles son los principales problemas nacionales y no aparezca inmediatamente la corrupción entre las primeras preocupaciones.

Y no es para menos.

España no padece simplemente algunos episodios aislados de corrupción administrativa o política.

Cada vez resulta más evidente que el país lleva décadas sufriendo un proceso profundo de degradación institucional, clientelismo político, saqueo presupuestario y ocupación oligárquico-caciquil de buena parte de las estructuras públicas.

El llamado “affaire Zapatero”, con:

• las investigaciones sobre el rescate fraudulento de Plus Ultra;
• las conexiones venezolanas;
• las sociedades opacas;
• las agendas intervenidas;
• las joyas;
• el dinero oculto;
• las estructuras internacionales de intermediación;
• y las conversaciones sobre “mover hilos” y “dar empujones”,

No ha hecho sino reforzar una percepción social ya enormemente extendida:
La sensación de que España habría evolucionado progresivamente hacia una auténtica cleptocracia.

Es decir:
un sistema donde redes políticas, administrativas y económicas utilizan el poder público fundamentalmente para:

• enriquecerse;
• protegerse mutuamente;
• controlar instituciones;
• repartir favores;
• y perpetuarse mediante clientelismo, propaganda y utilización masiva del dinero público.

La percepción dominante entre muchísimos ciudadanos es demoledora:

• impunidad;
• irresponsabilidad;
• corrupción estructural;
• y ausencia casi total de consecuencias reales para las élites políticas.

Y ahí aparece uno de los problemas más graves del sistema español contemporáneo:
La inexistencia de mecanismos efectivos de responsabilidad política, administrativa y patrimonial.

Los procedimientos judiciales:

• se eternizan;
• los delitos prescriben;
• las responsabilidades se diluyen;
• los partidos protegen a los suyos;
• y muchos dirigentes terminan retirándose tranquilamente tras décadas viviendo del presupuesto público.

Mientras tanto:

• trabajadores;
• autónomos;
• empresarios productivos;
• pensionistas;
• y contribuyentes normales

soportan:

• impuestos crecientes;
• inflación;
• endeudamiento gigantesco;
• deterioro institucional;
• y degradación constante de los servicios públicos.

La corrupción no sólo roba dinero.

Destruye:

• confianza;
• moral pública;
• mérito;
• cohesión nacional;
• y respeto hacia las instituciones.

España transmite crecientemente imagen de:

• podredumbre;
• clientelismo;
• arbitrariedad;
• y utilización partidista del Estado.

Y eso afecta:

• a la inversión;
• a la competitividad;
• a la productividad;
• y al prestigio internacional del país.

La situación ha llegado hasta tal punto que muchísimos ciudadanos perciben ya a los partidos políticos no como instrumentos de representación nacional, sino como estructuras organizadas alrededor del control del presupuesto y del reparto de poder.

La corrupción aparece así como el gran caballo de Troya del sistema político español.

Y cuanto mayor es:

• el gasto público;
• la deuda;
• la hipertrofia burocrática;
• y el poder discrecional de los gobernantes,

mayor resulta también la tentación corrupta.

Ya Maquiavelo advirtió hace siglos que cuando una sociedad alcanza altos niveles de corrupción política y moral, las soluciones superficiales dejan de ser suficientes.

«Quien en los actuales tiempos quisiera fundar una república, le sería más fácil conseguirlo con hombres montaraces y sin civilización alguna, que con ciudadanos de corrompidas costumbres; como un escultor obtendrá mejor una bella estatua de un trozo informe de mármol que de un mal esbozo hecho por otro.»

La experiencia histórica demuestra además algo elemental:
resulta mucho más eficaz prevenir la corrupción que intentar castigarla cuando ya se encuentra profundamente extendida.

Porque toda estructura corrupta:

• se protege;
• se adapta;
• se infiltra;
• y termina creando redes de defensa mutua.

Por eso España necesita urgentemente una reconstrucción profunda de los mecanismos de responsabilidad pública.

Y ello exige medidas concretas, severas y disuasorias.

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MEDIDAS URGENTES PARA FRENAR LA CLEPTOCRACIA

1. Independencia real de la Justicia

Resulta imprescindible una Administración de Justicia:

• independiente de partidos;
• libre de grupos de presión;
• rápida;
• eficaz;
• y protegida frente a injerencias políticas.

Sin jueces y fiscales independientes no existe verdadero Estado de Derecho.

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2. Prohibición absoluta de indultos por corrupción

Ningún condenado por:

• malversación;
• tráfico de influencias;
• prevaricación;
• cohecho;
• financiación ilegal;
• enriquecimiento ilícito;
• o delitos contra el patrimonio público

debería poder recibir indulto gubernamental.

El corrupto debe saber desde el principio que:

• responderá;
• pagará;
• y no será salvado políticamente.

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3. Reducción drástica de aforamientos

España posee un número escandaloso de aforados.

El aforamiento debería limitarse exclusivamente:

• al ejercicio directo de determinadas funciones institucionales;
• y nunca convertirse en blindaje procesal permanente.

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4. Protección absoluta de denunciantes

Toda lucha seria contra la corrupción exige:

• protección legal;
• económica;
• laboral;
• y personal

para quienes denuncien tramas corruptas.

Sin denunciantes protegidos, las redes clientelares prosperan fácilmente.

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5. Regulación severa de grupos de presión («lobbies»)

Es imprescindible:

• legislar sobre grupos de presión;
• obligarlos a registrarse;
• hacer públicas sus reuniones;
• transparentar contactos;
• y controlar su influencia sobre contratos y decisiones públicas.

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6. Limitación del poder discrecional de alcaldes y cargos públicos

La corrupción urbanística y contractual demuestra que muchos ayuntamientos fueron utilizados durante décadas como auténticos cortijos políticos.

Debe reducirse severamente:

• la arbitrariedad contractual;
• el urbanismo discrecional;
• y la capacidad de favorecer empresarios afines.

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EL JUICIO DE RESIDENCIA: UNA HERRAMIENTA EXTRAORDINARIAMENTE MODERNA

Y aquí aparece una vieja institución española hoy más imprescindible que nunca:

El Juicio de Residencia.

El juicio de residencia fue una institución jurídica fundamental del derecho castellano, posteriormente extendida a todo el Imperio Español.

Su origen parece encontrarse en el derecho romano tardío y fue incorporado por Alfonso X el Sabio en Las Partidas.

Su finalidad era elemental y profundamente sensata:
todo funcionario, gobernador o cargo público debía rendir cuentas reales al finalizar su mandato.

No bastaba:

• abandonar el cargo;
• cambiar de despacho;
• ni refugiarse políticamente.

Debía responder:

• administrativa;
• política;
• patrimonial;
• y eventualmente penalmente.

Inicialmente se aplicó a jueces, pero desde el siglo XIV se extendió prácticamente a todos los funcionarios y autoridades reales:

• virreyes;
• gobernadores;
• corregidores;
• alcaldes;
• magistrados;
• capitanes generales;
• y altos cargos administrativos.

El procedimiento poseía elementos extraordinariamente avanzados incluso para estándares contemporáneos.

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¿EN QUÉ CONSISTÍA?

El cargo investigado:

• no podía abandonar el territorio donde ejerció;
• no podía acceder a otro cargo;
• y parte de su patrimonio quedaba retenido cautelarmente

hasta finalizar el procedimiento.

Éste es un aspecto decisivo.

Porque garantizaba:

• responsabilidad real;
• posibilidad efectiva de sanción económica;
• y prevención de fugas patrimoniales.

Además:

• el procedimiento era público;
• se difundía mediante pregones;
• y cualquier ciudadano agraviado podía participar y denunciar abusos.

El juicio poseía:

• una fase secreta de investigación;
• y otra pública de acusaciones y defensa.

Se analizaban:

• documentos;
• testigos;
• cárceles;
• actuaciones administrativas;
• y cumplimiento de obligaciones públicas.

Las sanciones podían incluir:

• multas;
• confiscaciones;
• cárcel;
• e inhabilitación temporal o perpetua.

Nadie estaba exento.

Ni siquiera:

• Cristóbal Colón;
• Hernán Cortés;
• o Pedro de Alvarado.

Eso explica precisamente su enorme eficacia disuasoria.

Todo gobernante sabía que:

• tarde o temprano;
• pública y patrimonialmente;
• habría de responder.

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LA DESAPARICIÓN DEL JUICIO DE RESIDENCIA Y LA CULTURA DE IMPUNIDAD

Los juicios de residencia fueron eliminados por las Cortes de Cádiz de 1812.

Y resulta difícil no sospechar que una herramienta tan poderosa contra:

• abusos;
• corruptelas;
• arbitrariedad;
• y saqueo institucional

incomodaba enormemente a las nuevas élites políticas.

Desde entonces, España fue evolucionando progresivamente hacia sistemas donde:

• la responsabilidad se diluye;
• los procedimientos se eternizan;
• y las élites políticas disfrutan de creciente sensación de impunidad.

Precisamente lo contrario del espíritu del juicio de residencia.

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LA NECESIDAD URGENTE DE UN JUICIO DE RESIDENCIA MODERNO

España necesita urgentemente recuperar una versión moderna y constitucional del juicio de residencia.

Es decir:
un sistema obligatorio, automático y público de revisión patrimonial, administrativa y política de:

• ministros;
• presidentes;
• consejeros;
• alcaldes;
• altos cargos;
• y responsables de gestión pública.

Dicho procedimiento debería incluir:

• auditoría patrimonial completa;
• revisión de contratos;
• investigación de relaciones societarias;
• análisis de enriquecimiento injustificado;
• responsabilidad patrimonial personal;
• e inhabilitación automática en determinados supuestos.

Y todo ello:

• rápido;
• público;
• transparente;
• y con participación ciudadana.

Porque sin responsabilidad real:

• toda democracia degenera;
• toda oligarquía se fortalece;
• y toda cleptocracia termina expandiéndose.

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CONCLUSIÓN FINAL

España se encuentra probablemente ante una de las mayores crisis morales e institucionales de su historia contemporánea.

La cuestión ya no es simplemente:
si existe corrupción.

La cuestión decisiva es otra:
si la nación posee todavía suficiente energía moral para frenar la consolidación definitiva de una cleptocracia oligárquico-caciquil.

Y eso exige:

• valentía política;
• independencia judicial;
• responsabilidad patrimonial;
• castigos ejemplares;
• y recuperación urgente de mecanismos históricos de control del poder.

Porque ningún país puede sobrevivir indefinidamente cuando:
quienes deberían servirlo terminan utilizándolo principalmente para servirse de él.