CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Resumen para lectores con prisas

Una democracia no deja de ser un Estado de Derecho de un día para otro. Se deteriora lentamente, casi sin que los ciudadanos lo perciban, cuando quienes ejercen el poder van acumulando privilegios que los sitúan, de hecho, por encima de la ley.

Ese deterioro no suele producirse mediante golpes de Estado ni con la suspensión formal de la Constitución. Resulta mucho más eficaz utilizar los propios mecanismos legales para vaciarla de contenido.

Los aforamientos, concebidos inicialmente como una garantía institucional excepcional, han terminado convirtiéndose en España en un privilegio desproporcionado. Mientras la inmensa mayoría de las democracias occidentales apenas conocen esta figura o la reservan a un reducido número de autoridades, España ha llegado a convertirse en una auténtica anomalía jurídica.

Los indultos y las amnistías, previstos para circunstancias extraordinarias, también han dejado de ser, en demasiadas ocasiones, instrumentos de justicia para transformarse en herramientas de negociación política. Cuando el mantenimiento de un gobierno depende de determinados apoyos parlamentarios, el riesgo de que la ley se convierta en moneda de cambio resulta evidente.

A ello se suma la progresiva apropiación de las instituciones por los partidos políticos. El reparto de los órganos constitucionales, la politización del gobierno de los jueces y la creciente dependencia de numerosos organismos respecto del poder político han debilitado uno de los principios esenciales de cualquier democracia: la separación de poderes.

Todo ello se justifica invocando una palabra casi sagrada: consenso.

Pero el consenso no constituye una virtud por sí mismo. También existe consenso para repartirse el poder, para conservar privilegios o para garantizar la impunidad. Cuando el consenso sirve para colocar los intereses de la clase política por encima del interés general, deja de fortalecer la democracia y comienza a erosionarla.

El verdadero problema no radica únicamente en los aforamientos, los indultos o las amnistías considerados aisladamente. Todos forman parte de un mismo modelo institucional que reduce los controles sobre quienes gobiernan y dificulta la exigencia de responsabilidades.

Por eso la regeneración democrática no pasa simplemente por sustituir un gobierno por otro.

Exige reducir drásticamente los aforamientos, impedir que el indulto y la amnistía puedan utilizarse como instrumentos de supervivencia política, garantizar una independencia real del Poder Judicial, despolitizar los órganos constitucionales, recuperar mecanismos eficaces de rendición de cuentas —como los antiguos juicios de residencia adaptados al siglo XXI— y exigir responsabilidad efectiva a todos los cargos públicos.

Porque una nación no se mide por la brillantez de sus discursos ni por la belleza de su Constitución.

Se mide por algo mucho más sencillo:

Que quien gobierna responda ante la misma ley que exige cumplir a los demás.

Cuando el poder se somete al Derecho, existe libertad.

Cuando el Derecho se somete al poder, sólo permanecen las apariencias de la democracia.

Si tu deseo es profundizar y saber más, sigue leyendo.

En España la casta parasitaria y depredadora está por encima de la Constitución y de la ley

Cuando el poder deja de obedecer a la ley

Existe una pregunta muy sencilla que cualquier ciudadano debería hacerse cuando escucha hablar de democracia, Estado de Derecho o Constitución:

¿Quién controla a quienes nos gobiernan?

Porque el verdadero problema nunca ha sido quién ocupa el poder. El problema aparece cuando quienes lo ocupan consiguen situarse por encima de las normas que están obligados a respetar.

La Constitución proclama que todos los españoles somos iguales ante la ley. No dice «casi todos», ni «salvo determinadas autoridades», ni «excepto cuando convenga alcanzar un acuerdo parlamentario». Dice todos.

Sin embargo, desde hace décadas asistimos a un fenómeno inquietante: cada vez que determinados intereses políticos entran en conflicto con el cumplimiento estricto de la ley, no se modifica la conducta de quienes la han infringido; se modifica la interpretación de la ley, se busca un atajo jurídico o, sencillamente, se cambia la propia norma.

Los instrumentos son conocidos: aforamientos, indultos, amnistías, reformas legales hechas a medida, nombramientos partidistas, pactos para repartirse los órganos constitucionales y una interminable sucesión de privilegios reservados a quienes viven de la política.

Todo ello suele justificarse invocando palabras grandilocuentes: consenso, convivencia, normalización, diálogo, utilidad pública, interés general o estabilidad institucional. Son términos respetables cuando describen una realidad; resultan peligrosos cuando sirven para ocultarla.

Porque el Estado de Derecho no consiste en que los gobernantes hagan lo que consideran más conveniente. Consiste precisamente en lo contrario: en que también ellos estén sometidos a la ley.

Cuando el poder comienza a decidir qué normas deben cumplirse, quién debe cumplirlas y quién puede quedar dispensado de hacerlo, deja de existir igualdad ante la ley. En ese momento aparecen los privilegios, la arbitrariedad y, finalmente, la impunidad.

No se trata únicamente de un problema jurídico. Es, sobre todo, un problema moral. Una sociedad en la que los ciudadanos perciben que existen dos justicias —una para la gente corriente y otra para la clase política— acaba perdiendo la confianza en las instituciones. Y cuando desaparece la confianza, la democracia empieza a vaciarse de contenido.

Durante años nos han repetido que el consenso constituye la máxima virtud de la política. Pero existe un consenso saludable y otro profundamente nocivo. El primero busca el bien común; el segundo pretende repartir parcelas de poder, intercambiar favores y proteger intereses compartidos.

Ese es el consenso que ha permitido convertir instituciones concebidas para limitar el poder en instrumentos al servicio del propio poder.

No estamos ante errores aislados ni ante decisiones coyunturales. Estamos ante una forma de entender la política según la cual conservar el gobierno justifica casi cualquier concesión: pactar con quien haga falta, reinterpretar las leyes cuando estorban o utilizar mecanismos excepcionales para satisfacer las exigencias de los socios parlamentarios.

Cuando eso ocurre, la ley deja de ser el límite del poder y se convierte en una herramienta más del poder.

Y ése es, precisamente, el problema que merece ser analizado. No desde la pasión partidista, sino desde un principio mucho más antiguo y mucho más importante que cualquier gobierno: nadie debe estar por encima de la ley.

Los aforados: el privilegio convertido en sistema

Existe un principio jurídico tan antiguo como el propio Derecho: quien ejerce el poder debe responder de sus actos exactamente igual que cualquier otro ciudadano. De lo contrario, deja de existir igualdad ante la ley y aparece el privilegio.

En teoría, el aforamiento nació con una finalidad muy concreta y razonable: proteger a determinadas autoridades frente a denuncias falsas o maniobras destinadas a obstaculizar el ejercicio de sus funciones. Se trataba de preservar la institución, no a la persona.

Pero, como ocurre con demasiada frecuencia en España, una excepción terminó convirtiéndose en regla, y la regla acabó degenerando en privilegio.

Nuestro país ha llegado a contar con varios miles de aforados, una cifra desproporcionada si se compara con la inmensa mayoría de las democracias occidentales. Ningún sistema que proclame la igualdad ante la ley puede justificar semejante anomalía.

Lo más grave no es el número. Lo verdaderamente preocupante es el mensaje que transmite.

El ciudadano corriente comparece ante el juez que por turno le corresponda. Un político aforado, no. Dispone de un procedimiento especial y de un tribunal distinto. Aunque el resultado final pudiera ser el mismo, la percepción social es completamente diferente: unos responden como cualquier ciudadano; otros lo hacen en condiciones privilegiadas.

Y la confianza en la Justicia no depende únicamente de que ésta sea imparcial. También depende de que lo parezca.

Los defensores del aforamiento suelen repetir que no constituye un privilegio, sino una garantía institucional. La afirmación sólo sería aceptable si el aforamiento estuviera limitado de forma estricta al ejercicio del cargo y a las actuaciones directamente relacionadas con él.

Sin embargo, durante décadas hemos asistido a una constante ampliación de esas situaciones excepcionales. El privilegio ha terminado pareciendo un atributo natural del cargo político.

No deja de resultar paradójico que quienes proclaman diariamente la igualdad, la inclusión y la eliminación de cualquier forma de privilegio defiendan con tanto entusiasmo uno de los privilegios más evidentes que subsisten en nuestro ordenamiento.

Porque el problema no consiste únicamente en que existan aforados.

El verdadero problema es la cultura política que los sostiene: la convicción de que determinados servidores públicos necesitan una protección jurídica superior a la del ciudadano al que dicen servir.

Una democracia madura debería aspirar justamente a lo contrario.

Quien solicita la confianza de millones de ciudadanos para administrar recursos públicos, legislar o gobernar debe aceptar también un nivel de responsabilidad superior, no inferior.

La autoridad nunca debería servir como escudo frente a la ley.

De hecho, debería implicar exactamente lo contrario: una mayor exigencia ética, jurídica y política.

Cuando un gobernante dispone de privilegios procesales que el resto de los ciudadanos no posee, deja de ser simplemente un representante público para convertirse en miembro de una categoría diferenciada.

Y cuando una clase política empieza a diferenciarse jurídicamente del resto de la sociedad, la democracia comienza a parecerse peligrosamente a aquello contra lo que decía haber nacido: una sociedad de privilegios.

Porque la igualdad ante la ley no admite apellidos.

O existe para todos.

O deja de existir.

El indulto y la amnistía: cuando la ley se negocia

Si los aforamientos introducen un privilegio antes del juicio, los indultos y las amnistías pueden convertir en papel mojado el resultado del propio proceso judicial.

Ambos tienen una larga tradición histórica y, utilizados con enorme prudencia, pueden responder a circunstancias verdaderamente excepcionales. El problema comienza cuando dejan de ser una excepción para transformarse en instrumentos de negociación política.

El indulto supone el perdón, total o parcial, de la pena impuesta por un tribunal. El delito sigue existiendo; la condena también. Lo que desaparece es, total o parcialmente, el castigo.

La amnistía va mucho más lejos.

No perdona la pena: pretende borrar el propio delito, como si nunca hubiera existido. Jurídicamente equivale a pasar una goma de borrar sobre unos hechos que los tribunales habían considerado delictivos.

La diferencia no es menor.

El indulto puede interpretarse como un acto extraordinario de clemencia.

La amnistía, cuando se utiliza para resolver problemas de mera conveniencia política, supone que el poder legislativo corrige o neutraliza los efectos del poder judicial.

Y ahí aparece una pregunta incómoda.

¿Puede un Gobierno depender parlamentariamente de quienes han cometido determinados hechos y, al mismo tiempo, impulsar medidas destinadas a eliminar sus consecuencias penales?

Cada cual responderá según sus convicciones políticas. Pero la cuestión verdaderamente importante no es esa.

La pregunta decisiva es otra:

¿Qué confianza puede conservar un ciudadano en la Justicia cuando comprueba que una sentencia firme puede terminar dependiendo de una negociación parlamentaria?

Porque entonces la impresión que recibe la sociedad es demoledora.

Ya no basta con conocer el Código Penal.

También resulta imprescindible conocer la aritmética parlamentaria.

El cumplimiento de la ley deja de depender exclusivamente de jueces y tribunales para depender, además, del número de diputados que necesite el Gobierno para mantenerse en el poder.

Y eso constituye una perversión institucional de enorme gravedad.

Naturalmente, siempre se encontrarán argumentos grandilocuentes para justificar esas decisiones.

Se hablará de convivencia.

De reconciliación.

De normalización.

De utilidad pública.

Del interés general.

Del famoso consenso.

Las palabras cambian.

La realidad permanece.

Cuando el poder utiliza mecanismos excepcionales para satisfacer necesidades políticas ordinarias, esos mecanismos dejan de ser jurídicos para convertirse en políticos.

Y una democracia comienza a deteriorarse cuando la ley deja de aplicarse con carácter general y empieza a negociarse caso por caso.

La clemencia puede ser una virtud.

La impunidad nunca lo es.

Porque el ciudadano acaba llegando a una conclusión devastadora:

No todos responden igual ante la ley. Algunos responden ante los jueces; otros, ante la mesa de negociación de un Gobierno.

Y cuando esa percepción se instala en la sociedad, el problema ya no afecta únicamente a la Justicia.

Afecta a la credibilidad misma del Estado de Derecho.

El consenso: la coartada perfecta

Pocas palabras gozan de un prestigio tan inmerecido en la política española como consenso.

Se pronuncia con solemnidad, casi con veneración, como si bastara invocarla para convertir en virtuosa cualquier decisión. Quien se atreve a cuestionar el consenso queda inmediatamente retratado como un extremista, un irresponsable o, sencillamente, un enemigo de la democracia.

Pero conviene hacerse una pregunta muy simple:

¿Consenso… para qué?

Porque no todo acuerdo es bueno por el mero hecho de ser un acuerdo.

También las organizaciones criminales alcanzan consensos. También los cárteles empresariales pactan precios. También las mafias se reparten territorios. El consenso, por sí mismo, no posee ninguna superioridad moral. Todo depende del objetivo que persiga.

En una democracia, el consenso sólo merece respeto cuando sirve para reforzar la libertad, garantizar los derechos fundamentales o mejorar las instituciones.

Cuando se utiliza para repartirse el poder, proteger privilegios o impedir la alternancia en los órganos de control, deja de ser una virtud para convertirse en una forma elegante de encubrir el reparto del botín.

Durante décadas, los grandes partidos españoles han demostrado una capacidad admirable para ponerse de acuerdo en aquello que afecta a sus propios intereses.

Han consensuado el reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Han consensuado los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional.

Han consensuado el reparto de organismos reguladores, tribunales de cuentas, defensorías, consejos audiovisuales, empresas públicas y un interminable catálogo de instituciones cuya independencia debería estar fuera de toda sospecha.

Curiosamente, ese admirable espíritu de consenso desaparece cuando se trata de reducir privilegios políticos, eliminar aforamientos, limitar subvenciones, suprimir organismos innecesarios o devolver competencias a la sociedad civil.

Entonces ya no hay consenso posible.

Entonces aparecen las líneas rojas, los vetos cruzados y las apelaciones a la prudencia.

Porque una cosa es discrepar por razones ideológicas y otra muy distinta poner en riesgo un sistema del que todos obtienen beneficios.

Ahí reside el verdadero problema.

No estamos ante una confrontación permanente entre adversarios irreconciliables, como muchas veces pretenden hacernos creer.

En demasiadas ocasiones asistimos a una representación teatral.

Los partidos discuten apasionadamente ante las cámaras, se insultan en el Parlamento y movilizan a sus respectivas parroquias electorales. Pero cuando llega el momento de proteger determinadas estructuras del poder, las diferencias ideológicas se vuelven sorprendentemente flexibles.

El consenso aparece entonces con una rapidez admirable.

No porque esté en juego el interés general.

Sino porque está en juego el interés de la clase política.

Por eso conviene desconfiar de quienes convierten el consenso en una especie de dogma democrático.

La democracia no consiste en que todos los partidos estén de acuerdo.

Consiste en que todos, gobernantes y gobernados, estén sometidos exactamente a las mismas reglas.

Porque el consenso jamás puede situarse por encima de la ley.

Y mucho menos por encima de la Justicia.

Cuando ocurre lo contrario, el consenso deja de ser un instrumento de convivencia para convertirse en la coartada perfecta de quienes han aprendido que resulta mucho más cómodo repartirse el poder que someterse a él.

España, el paraíso de los aforados.

Uno de los argumentos más repetidos por quienes defienden el aforamiento consiste en afirmar que «todos los países democráticos contemplan figuras semejantes».

La afirmación es cierta… pero sólo a medias.

Lo que casi nunca añaden es que ningún país de nuestro entorno cultural, jurídico y civilizatorio ha llevado esa institución hasta los extremos alcanzados por España.

España constituye una auténtica anomalía europea.

Mientras que en Alemania y el Reino Unido no existe el aforamiento político como institución general, en Italia queda prácticamente reducido al presidente de la República y en Portugal ocurre algo muy parecido. Francia limita esa protección al presidente de la República, al primer ministro y a los miembros del Gobierno, es decir, apenas una veintena de personas, dependiendo de la composición del Ejecutivo.

En España, por el contrario, las cifras resultan difíciles de creer.

Si se computan todas las categorías protegidas por fueros especiales —políticos, jueces, fiscales, determinados altos cargos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los supuestos previstos por la ley— se supera ampliamente la cifra de doscientas cincuenta mil personas. Incluso limitando el análisis a los cargos estrictamente políticos y altos responsables institucionales, seguimos hablando de varios miles de aforados, una cifra muy superior a la de cualquier otro país europeo.

La comparación resulta demoledora.

Alemania: ninguno.

Reino Unido: ninguno.

Italia: uno.

Portugal: uno.

Francia: alrededor de veinte.

España: miles… o cientos de miles, según el ámbito jurídico que se tome como referencia.

Y, sin embargo, Alemania no parece sufrir una epidemia de denuncias falsas contra sus ministros.

Ni Francia se ha hundido porque sus dirigentes respondan ante la Justicia en condiciones mucho más parecidas a las del resto de los ciudadanos.

Ni Italia ha dejado de funcionar porque el presidente del Gobierno pueda comparecer ante un juez ordinario.

Entonces, ¿por qué España necesita semejante blindaje?

La respuesta oficial suele apelar a la protección institucional.

La respuesta real parece mucho más sencilla.

Porque nuestra clase política ha terminado identificando la protección de las instituciones con la protección de quienes las ocupan.

Y ambas cosas no son lo mismo.

Las instituciones se fortalecen cuando sus responsables responden de sus actos.

Se debilitan cuando quienes las representan disfrutan de privilegios que el resto de la sociedad percibe como injustificados.

No deja de resultar llamativo que los mismos partidos que proclaman a diario la igualdad, la justicia social y la supresión de cualquier privilegio heredado defiendan con tanta vehemencia uno de los privilegios más visibles del sistema político español.

La igualdad parece ser un principio irrenunciable… siempre que no afecte a quienes viven de la política.

El problema no consiste únicamente en el número de aforados.

El verdadero problema es el mensaje que transmite esa desproporción.

Un mensaje que millones de ciudadanos interpretan del mismo modo:

«Si quienes hacen las leyes necesitan protegerse de ellas, quizá el problema no esté en las leyes, sino en quienes las hacen.»

Y ahí aparece la cuestión de fondo.

Los aforamientos, los indultos, las amnistías y el reparto de las instituciones no son fenómenos independientes.

Son piezas distintas de un mismo engranaje.

Un sistema concebido para reducir al mínimo el riesgo político, judicial y personal de quienes ejercen el poder.

Porque la historia demuestra que todo privilegio acaba reclamando otro privilegio para proteger al anterior.

Y así, casi sin darnos cuenta, la excepción termina convirtiéndose en norma, el privilegio en derecho adquirido y la igualdad ante la ley en una hermosa declaración constitucional que cada vez resulta más difícil reconocer en la realidad cotidiana.

La separación de poderes: la gran promesa incumplida

Si hubiera que resumir en una sola frase la esencia de un Estado de Derecho, bastaría con decir esto:

Quien hace la ley no debe aplicarla, y quien la aplica no debe juzgarla.

Esa idea, formulada magistralmente por Montesquieu hace casi tres siglos, no nació de una elucubración filosófica, sino de una constatación histórica: todo poder tiende a expandirse, y sólo otro poder independiente puede contenerlo.

Por eso las democracias modernas descansan sobre tres pilares:

• un poder legislativo que aprueba las leyes;
• un poder ejecutivo que gobierna;
• un poder judicial que las interpreta y aplica.

Cada uno controla a los demás.

Cada uno limita a los otros.

Cada uno impide que el poder se concentre en unas pocas manos.

Al menos, esa es la teoría.

La práctica española resulta bastante menos edificante.

Desde hace décadas asistimos a una progresiva colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos. El fenómeno afecta al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo, al Consejo de Estado, a la Fiscalía General del Estado y, muy especialmente, al Consejo General del Poder Judicial.

Formalmente, todas esas instituciones son independientes.

Materialmente, buena parte de sus máximos responsables llegan a sus cargos tras negociaciones entre los grandes partidos.

El ciudadano contempla entonces un espectáculo desolador.

Los mismos dirigentes que durante meses se insultan en el Parlamento acaban reuniéndose discretamente para repartirse los órganos que, precisamente, deberían controlar su actuación.

La consecuencia resulta inevitable.

Aunque muchos jueces actúen con absoluta honestidad e independencia —y sería profundamente injusto negar su profesionalidad—, la percepción pública termina deteriorándose.

Porque la independencia judicial no sólo debe existir.

También debe parecerlo.

Y cuando los órganos de gobierno de la Justicia aparecen identificados con cuotas partidistas, esa confianza comienza a resquebrajarse.

La situación alcanza su máxima gravedad cuando el propio poder político intenta influir, directa o indirectamente, en procedimientos judiciales que afectan a sus intereses.

No hace falta que dicte sentencias.

Basta con crear la sospecha de que determinados nombramientos, ascensos o promociones dependen, en última instancia, del favor de quienes gobiernan.

La mera apariencia de dependencia basta para erosionar la credibilidad del sistema.

No es casualidad que la inmensa mayoría de las recomendaciones formuladas durante años por instituciones europeas insistan una y otra vez en reforzar la independencia del Poder Judicial español y en modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, para evitar su excesiva politización.

Cuando quienes deben controlar al poder son elegidos, negociados o repartidos por ese mismo poder, el círculo termina cerrándose.

Y entonces aparece una pregunta que ningún gobernante desea escuchar:

¿Quién vigila al vigilante?

Porque el problema ya no consiste únicamente en que existan decisiones discutibles.

El verdadero problema surge cuando desaparece la confianza de que exista un árbitro completamente independiente capaz de corregirlas.

Sin esa confianza, la Constitución deja de ser una garantía efectiva para convertirse en una declaración de buenas intenciones.

Y el Estado de Derecho empieza a vaciarse lentamente desde dentro.

No mediante un golpe de Estado.

No mediante tanques en las calles.

Sino a través de algo mucho más silencioso y mucho más peligroso: la ocupación gradual de las instituciones por quienes deberían estar sometidos a su control.

Ese proceso rara vez se presenta como un ataque a la democracia.

Al contrario.

Siempre se justifica en nombre de la democracia.

Y ésa constituye, probablemente, la forma más eficaz de debilitarla.

Porque cuando los ciudadanos llegan a la conclusión de que los tres poderes del Estado han dejado de ser verdaderamente independientes, dejan también de creer que la ley sea igual para todos.

Y cuando desaparece esa convicción, la democracia representativa empieza a transformarse en una simple lucha por controlar las instituciones.

No para servir a la ley.

Sino para servirse de ella.

Recuperar el Estado de Derecho

Es fácil denunciar la corrupción. Mucho más difícil resulta eliminar las condiciones que la hacen posible.

Los escándalos no aparecen por generación espontánea. Son la consecuencia lógica de un sistema institucional que concentra demasiado poder en muy pocas manos y establece muy pocos controles efectivos sobre quienes lo ejercen.

Mientras la clase política conserve la capacidad de nombrar a quienes deben controlarla, indultar a quienes le conviene perdonar, negociar amnistías para garantizar su permanencia en el poder y disfrutar de privilegios procesales desconocidos para el resto de los ciudadanos, la desconfianza seguirá creciendo.

No basta con cambiar de gobierno.

Hay que cambiar las reglas del juego.

La primera reforma debería consistir en reducir los aforamientos a su mínima expresión, limitándolos exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio estricto de determinadas funciones institucionales. Nadie debería disfrutar de un juez distinto por el simple hecho de ocupar un cargo público.

La segunda pasa por impedir que el indulto pueda utilizarse con fines políticos. Un Gobierno no debería disponer de la facultad de neutralizar sentencias firmes cuando afectan a personas cuya colaboración necesita para conservar el poder. La clemencia sólo resulta compatible con el Estado de Derecho cuando permanece completamente al margen del interés partidista.

La tercera exige devolver al Poder Judicial la independencia que la Constitución proclama. Los jueces deben gobernarse conforme a criterios de mérito, capacidad e independencia, no según cuotas previamente negociadas entre partidos.

También resulta imprescindible limitar drásticamente los cargos de libre designación, reforzar la transparencia en la contratación pública, proteger eficazmente a los denunciantes de corrupción y exigir responsabilidad patrimonial, política e incluso penal a quienes administren negligentemente los recursos públicos.

Y convendría recuperar, adaptándolo al siglo XXI, un principio que durante siglos funcionó razonablemente bien en el Derecho castellano: el juicio de residencia.

Quien administra poder en nombre de la sociedad debería responder de su gestión al finalizar su mandato. No mediante una comisión parlamentaria dominada por los mismos partidos, sino mediante procedimientos objetivos, públicos e independientes que permitieran evaluar su actuación, depurar responsabilidades e imponer las correspondientes sanciones cuando procediera.

Gobernar no puede convertirse en una patente de corso.

Debe ser, precisamente, la actividad sometida al mayor nivel de control.

Porque cuanto mayor es el poder que se ejerce, mayor debe ser la responsabilidad de quien lo ejerce.

Y hoy sucede exactamente lo contrario.

Con demasiada frecuencia, quienes más poder acumulan son quienes disfrutan de mayor protección frente a las consecuencias de sus propios actos.

Ese es el verdadero privilegio que una democracia madura no puede permitirse mantener.

Y esa debería ser la gran reforma pendiente de nuestro sistema institucional.

Porque un Estado de Derecho no se mide por la belleza de su Constitución.

Se mide por la capacidad efectiva de exigir responsabilidades a quienes gobiernan.

Cuando esa capacidad desaparece, las leyes continúan existiendo.

Pero la Justicia comienza a convertirse en una ilusión.

Epílogo

La ley o el poder

Existe una vieja advertencia, atribuida a Cicerón, que conserva hoy toda su vigencia:

«Somos siervos de las leyes para poder ser libres.»

La libertad no consiste en hacer cada uno lo que le venga en gana. Consiste en vivir bajo unas reglas iguales para todos, conocidas de antemano y aplicadas con independencia de la riqueza, de la ideología, de la influencia o del cargo que cada cual ocupe.

Ésa es, precisamente, la esencia del Estado de Derecho.

Sin embargo, durante demasiado tiempo en España hemos ido aceptando como normales situaciones que, vistas con un mínimo de perspectiva, deberían parecernos profundamente anormales.

Nos hemos acostumbrado a que los partidos se repartan las instituciones.

A que los gobiernos negocien la aplicación de las leyes.

A que existan miles de aforados.

A que los indultos respondan más a necesidades parlamentarias que a razones de justicia.

A que las amnistías aparezcan cuando las mayorías políticas las necesitan.

A que los órganos llamados a controlar al poder dependan, en buena medida, de acuerdos entre quienes deben ser controlados.

A que las responsabilidades políticas casi nunca lleven aparejadas responsabilidades personales.

Y, quizá lo más grave de todo, nos hemos acostumbrado a la impunidad.

No porque la corrupción haya dejado de indignarnos.

Sino porque muchos ciudadanos han terminado convenciéndose de que, ocurra lo que ocurra, nunca pasa nada.

Se suceden los escándalos.

Se crean comisiones de investigación.

Se anuncian reformas.

Se prometen regeneraciones democráticas.

Cambian los gobiernos.

Cambian las mayorías parlamentarias.

Pero el entramado de privilegios permanece prácticamente intacto.

Y mientras tanto, la confianza de los ciudadanos continúa deteriorándose.

No hay democracia digna de tal nombre cuando los gobernantes disponen de más derechos que obligaciones.

No existe igualdad cuando quienes redactan las leyes encuentran siempre el procedimiento adecuado para eludir sus consecuencias.

No hay verdadera separación de poderes cuando los órganos encargados de controlar al poder aparecen condicionados por quienes lo ejercen.

Y tampoco puede hablarse seriamente de ejemplaridad pública cuando el fracaso político raramente lleva consigo responsabilidad alguna.

La democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta en una urna cada cuatro años.

Consiste, sobre todo, en que quienes reciben ese mandato sepan que responderán personal e institucionalmente de cada una de sus decisiones.

Porque el poder sin responsabilidad degenera inevitablemente en arbitrariedad.

Y la arbitrariedad termina desembocando en privilegio.

Por eso la gran tarea pendiente de España no consiste simplemente en sustituir unos gobernantes por otros.

Consiste en reconstruir una arquitectura institucional en la que nadie pueda situarse por encima de la ley.

Reducir drásticamente los aforamientos.

Limitar el indulto a supuestos verdaderamente excepcionales.

Impedir que las amnistías se conviertan en moneda de cambio parlamentaria.

Garantizar una independencia real del Poder Judicial.

Exigir responsabilidad efectiva a todos los cargos públicos.

Y recuperar un principio tan sencillo como revolucionario:

Quien administra poder debe responder de él.

Nada más.

Pero tampoco nada menos.

Porque una nación no se fortalece cuando protege a sus gobernantes.

Se fortalece cuando protege a los ciudadanos frente a sus gobernantes.

Ésa fue la razón de ser del constitucionalismo.

Ésa fue la razón de ser de la separación de poderes.

Y ésa debería volver a ser la razón de ser de nuestras instituciones.

Mientras tanto, seguiremos escuchando hablar de consenso, de diálogo, de convivencia y de estabilidad.

Palabras hermosas.

Pero completamente vacías cuando dejan de descansar sobre el único cimiento capaz de sostener una sociedad libre:

la igualdad de todos ante la ley.

Porque la ley nació para limitar el poder.

Nunca para servirle.

Y el día en que olvidemos esa verdad, dejaremos de ser ciudadanos para convertirnos, poco a poco, en simples súbditos.