CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Resumen para lectores con prisas

España contempla con preocupación cómo Marruecos vuelve a utilizar la inmigración ilegal como instrumento de presión política sobre una frontera que no sólo es española, sino también europea. Ante una situación de extraordinaria gravedad, el Gobierno actúa con una mezcla de improvisación, propaganda e impotencia. Pero este ensayo no se centra únicamente en el Gobierno.

Plantea una pregunta mucho más incómoda:

¿Dónde está el Rey?

Don Felipe VI es el Jefe del Estado y el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. La Constitución limita sus funciones ejecutivas, pero no le impide ejercer la autoridad moral inherente a la Corona. Sin embargo, mientras la soberanía española es puesta en cuestión, la institución permanece instalada en un silencio que muchos ciudadanos consideran tan incomprensible como inquietante.

Ese silencio merece ser analizado.

Porque el Rey no gobierna, pero tampoco debería convertirse en un mero firmante de decretos o en un notario de las decisiones del Gobierno. La Corona existe para servir a España, representar su unidad y recordar, cuando las circunstancias lo exigen, cuáles son los intereses permanentes de la Nación.

El artículo no formula acusaciones gratuitas. Formula preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a plantear.

¿Recibe el Rey toda la información necesaria?

¿Considera normal cuanto está ocurriendo?

¿Cree que guardar silencio fortalece la institución o la debilita?

Y, sobre todo, ¿qué espera realmente España de su Jefe del Estado cuando la soberanía nacional parece verse amenazada?

La Historia termina juzgando tanto las decisiones como las omisiones. También los silencios.

Porque las instituciones no se sostienen únicamente por la tradición ni por la Constitución. Se sostienen, sobre todo, por la confianza de los ciudadanos.

Y esa confianza sólo perdura cuando quienes las encarnan demuestran, con hechos o con palabras, que comprenden la gravedad de su responsabilidad.

Al fin y al cabo, ningún español —tampoco el Rey— recibe España en propiedad.

Todos la recibimos en depósito.

Y todos tendremos que responder algún día por el estado en que la devolvamos.

Si tu deseo es profundizar, sigue leyendo.

Españoles, la Patria está en peligro… y el Rey de España, «el rey pasmado» se está haciendo el Don Tancredo… ¿Por qué será?

Cuando una nación contempla cómo una parte de su territorio es sometida a una presión migratoria organizada desde un Estado vecino, cuando miles de personas cruzan una frontera que es también frontera de la Unión Europea, cuando la soberanía nacional es puesta a prueba, los españoles tienen derecho a preguntarse: ¿dónde está el Jefe del Estado?

Porque España tiene un Rey. Y ese Rey no es únicamente una figura ornamental. La Constitución lo define como símbolo de la unidad y permanencia del Estado y le atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Aunque sus competencias estén constitucionalmente delimitadas, también posee una autoridad moral e institucional que no debería quedar reducida al silencio cuando la integridad territorial aparece amenazada.

Sin embargo, el silencio ha sido ensordecedor.

Mientras Ceuta soporta una presión sin precedentes; mientras la opinión pública contempla con preocupación cuanto sucede en nuestra frontera sur; mientras Marruecos vuelve a utilizar la inmigración como instrumento de presión política, la Zarzuela permanece inmóvil, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo.

Y ese silencio genera preguntas.

¿Considera Su Majestad que todo esto forma parte de la normalidad institucional?

¿Piensa realmente que los españoles no esperan de él algo más que la firma rutinaria de decretos y la asistencia a actos protocolarios?

¿No merece siquiera la situación una llamada pública a la defensa de la soberanía nacional y al cumplimiento de la legalidad?

Resulta inevitable recordar otro momento decisivo.

Tras las elecciones generales, don Felipe VI decidió proponer como candidato a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. Se explicó entonces que actuaba conforme a la práctica constitucional seguida hasta ese momento. Era una decisión jurídicamente posible. También lo habría sido explorar otras alternativas si existían posibilidades parlamentarias suficientes. La Constitución deja al Rey un margen de consulta y propuesta que no consiste en actuar como un simple autómata.

Aquella decisión puede ser objeto de legítimo debate político.

La cuestión que muchos ciudadanos se plantean hoy es otra: ¿era consciente el Rey del proyecto político que iba a respaldar con aquella propuesta institucional?

Porque ya entonces eran conocidos los acuerdos con fuerzas separatistas; ya se anunciaban concesiones que pocos años antes parecían incompatibles con el orden constitucional; ya se hablaba de amnistías, privilegios territoriales y negociaciones con quienes habían intentado quebrar la unidad nacional.

Si lo sabía, muchos españoles pueden preguntarse por qué consideró que todo ello no merecía una reflexión más profunda.

Y si no lo sabía, la pregunta resulta todavía más inquietante. ¿Cómo puede el Jefe del Estado carecer de la información necesaria para valorar una decisión de semejante trascendencia?

Hoy esas dudas se multiplican.

España contempla cómo su soberanía es puesta a prueba. Marruecos vuelve a demostrar que utiliza la presión migratoria como instrumento político. Y el Rey guarda silencio.

Ese silencio ya no es interpretado por muchos como prudencia.

Empieza a parecer resignación.

O indiferencia.

Porque la Corona no puede aspirar a representar la continuidad histórica de España y, al mismo tiempo, permanecer muda cuando esa continuidad se ve desafiada.

Naturalmente, nadie pide al Rey que gobierne. No le corresponde hacerlo. Tampoco que sustituya al Gobierno. Pero sí que ejerza plenamente la magistratura moral que acompaña a la Jefatura del Estado. La historia demuestra que, en los momentos decisivos, las palabras de un jefe del Estado pueden fortalecer la moral de una nación y recordar a todos cuáles son los intereses permanentes del país.

El silencio también comunica.

Y, a veces, comunica demasiado.

Muchos españoles empiezan a preguntarse qué explicación tiene una actitud tan distante ante acontecimientos de semejante gravedad.

Es una pregunta legítima en una democracia.

No para alimentar rumores ni teorías sin fundamento, sino para exigir la transparencia y la responsabilidad que toda institución pública debe a la nación.

Porque la confianza no se impone.

Se gana.

Y también puede perderse.

La Corona constituye una de las instituciones fundamentales del Estado. Precisamente por ello está sometida, como todas las demás, al juicio de la opinión pública y al examen crítico de los ciudadanos.

Los españoles no necesitan un monarca contemplativo.

Necesitan un Jefe del Estado consciente de que la primera obligación moral de quien ocupa esa magistratura consiste en recordar, dentro de los límites de sus funciones constitucionales, que España merece ser defendida sin ambigüedades.

Porque, si incluso el Rey calla cuando la soberanía nacional parece ponerse en cuestión, muchos ciudadanos terminarán preguntándose cuál es, en los momentos verdaderamente difíciles, la razón de ser de la propia Corona.

El silencio también es una decisión.

Hay ocasiones en las que la Historia no juzga únicamente los actos de los gobernantes. También juzga sus silencios.

España ha conocido reyes valientes y reyes débiles; monarcas que supieron asumir el peso de la Corona y otros que permitieron que la Corona acabara siendo arrastrada por los acontecimientos.

El problema del silencio es que rara vez permanece neutral. Cuando quien calla ocupa la más alta magistratura del Estado, ese silencio termina siendo interpretado como consentimiento, resignación o incapacidad.

Porque la primera obligación de un Jefe del Estado consiste en representar a la Nación, no al Gobierno de turno.

Los gobiernos nacen y desaparecen.

España permanece.

Por eso sorprende comprobar que, ante uno de los mayores desafíos sufridos por nuestra frontera meridional desde la crisis de Ceuta de 2021, la Casa Real haya optado nuevamente por el mutismo.

Ni una apelación solemne a la unidad nacional.

Ni una visita inmediata al territorio afectado.

Ni una declaración institucional que recordara que Ceuta y Melilla no son simples ciudades periféricas, sino parte inseparable de España desde hace siglos.

Nada.

Como si todo cuanto ocurre perteneciera al ámbito exclusivo de la política cotidiana.

Pero no es así.

Cuando una potencia extranjera utiliza la presión migratoria como instrumento diplomático, el problema deja de ser únicamente policial o administrativo. Pasa a convertirse en una cuestión de soberanía nacional.

Y la soberanía constituye precisamente la razón de ser del Estado.

La Corona no puede convertirse en una notaría

Existe una interpretación extremadamente reduccionista de la Monarquía parlamentaria.

Según ella, el Rey únicamente debe firmar cuanto le presentan, inaugurar exposiciones, recibir credenciales diplomáticas, pronunciar discursos previamente consensuados y sonreír ante las cámaras.

En otras palabras: convertirse en un notario de lujo.

Pero esa nunca fue la idea de quienes diseñaron la institución.

La Corona debía actuar como elemento moderador, como símbolo permanente de la continuidad histórica de España y como referencia institucional en momentos de especial gravedad.

Moderar no significa gobernar.

Pero tampoco significa desaparecer.

Porque una institución que jamás interviene, jamás advierte y jamás llama a la reflexión acaba siendo percibida como irrelevante.

Y las instituciones irrelevantes terminan perdiendo el respeto de los ciudadanos.

Las preguntas que muchos españoles se hacen

En las calles, en los cafés, en las tertulias y en las conversaciones familiares empiezan a repetirse interrogantes que hace apenas unos años parecían impensables.

¿Por qué este silencio permanente?

¿Por qué esa extrema prudencia cuando está en juego la unidad nacional?

¿Por qué esa ausencia precisamente cuando muchos ciudadanos esperan escuchar la voz del Jefe del Estado?

No corresponde responder aquí a esas preguntas.

Lo que sí corresponde es afirmar que los españoles tienen perfecto derecho a formularlas.

Porque la Corona existe para servir a España.

No España para servir a la Corona.

La legitimidad histórica puede heredarse.

La legitimidad moral debe ganarse cada día.

Y se fortalece cuando los ciudadanos perciben que quien ocupa la Jefatura del Estado comparte sus preocupaciones esenciales.

Cuando sucede lo contrario, la distancia entre la institución y la sociedad comienza lentamente a agrandarse.

Y esa distancia nunca ha sido buena consejera para ninguna monarquía europea.

La lección de la Historia

La Historia de España ofrece ejemplos suficientes.

Cuando los reyes supieron interpretar el sentimiento nacional, la institución salió fortalecida.

Cuando permanecieron encerrados en los palacios mientras el país cambiaba aceleradamente a su alrededor, terminaron siendo desbordados por los acontecimientos.

Las coronas no suelen caer de un día para otro.

Antes se desgastan.

Pierden prestigio.

Pierden autoridad.

Pierden la confianza silenciosa de quienes durante generaciones las habían considerado un elemento de estabilidad.

Ese desgaste casi nunca comienza con un gran escándalo.

Empieza con una pregunta aparentemente sencilla:

«¿Dónde estaba el Rey cuando España más necesitaba que ejerciera, al menos, su autoridad moral?»

Quizá esa sea la cuestión verdaderamente importante.

No la que incomoda al Gobierno.

Ni la que molesta a los partidos.

Sino la que, tarde o temprano, terminarán formulándose millones de españoles si perciben que la Corona permanece inmóvil mientras los desafíos a la soberanía nacional se suceden uno tras otro.

Porque el prestigio de una institución no depende únicamente de lo que hace.

También depende de aquello que decide no hacer.

¿Quién aconseja al Rey?

Todo jefe de Estado dispone de información privilegiada. Para eso existen los servicios de inteligencia, los asesores, los altos mandos militares y diplomáticos.

Si don Felipe VI desconocía que Marruecos lleva años utilizando la inmigración como arma política, alguien no hacía su trabajo.

Y si lo sabía, resulta inevitable preguntarse por qué ha optado por callar.

Ninguna de las dos respuestas tranquiliza.

La Corona no está para contemplar.

El Rey no gobierna. Cierto.

Pero tampoco está para contemplar impasible cómo se cuestiona la soberanía nacional.

Cuando peligra la integridad de España, los españoles esperan del Jefe del Estado algo más que fotografías, recepciones y discursos cuidadosamente esterilizados.

Esperan liderazgo moral.

El silencio también tiene consecuencias

Cada vez que la Corona calla mientras España retrocede, alguien concluye que todo va bien.

Y cuando el Rey calla, quien habla es el Gobierno.

Ese vacío nunca permanece vacío.

Siempre lo ocupa alguien.

Una pregunta incómoda

Los españoles tienen derecho a saber si el Rey considera normal cuanto está ocurriendo.

Porque, si no lo considera normal, ¿por qué no lo dice?

Y si lo considera normal, entonces el problema es aún mayor.

La Corona se juega su prestigio

Las monarquías no desaparecen por culpa de sus enemigos.

Se debilitan cuando decepcionan a quienes las sostienen.

El mayor patrimonio de un Rey no es la Corona.

Es la confianza de su pueblo.

Y esa confianza, una vez perdida, rara vez se recupera.

El juramento

El Rey juró guardar y hacer guardar la Constitución.

La Constitución comienza proclamando la indisoluble unidad de la Nación española.

No es una frase retórica.

Es el fundamento mismo del Estado.

Por eso, cuando esa unidad se ve desafiada desde fuera o erosionada desde dentro, el silencio del Jefe del Estado deja de ser una simple opción personal.

Se convierte en una cuestión política de primer orden.

Ni un paso al frente

Nadie pide al Rey que sustituya al Gobierno.

Nadie le exige que dicte órdenes a los generales.

Pero sí que recuerde, con la autoridad que le otorga su cargo, que España no es negociable y que su integridad territorial constituye un deber irrenunciable para todos los poderes del Estado.

¿Era tanto pedir?

¿Para qué sirve la Corona?

Ésta es la pregunta que jamás debería hacerse un español.

Y, sin embargo, cada día son más quienes se la formulan.

Porque las instituciones no se justifican por la tradición.

Se justifican por el servicio que prestan.

Si la Corona guarda silencio precisamente cuando la Nación atraviesa momentos difíciles, muchos terminarán preguntándose cuál es su verdadera utilidad.

El peor enemigo

El mayor enemigo de una institución no siempre es quien la combate.

Con frecuencia es quien la vacía lentamente de contenido.

Quien la acostumbra a la comodidad.

Quien la convierte en una figura decorativa.

Porque una Corona que renuncia a ejercer su autoridad moral acaba siendo una Corona ornamental.

Y las instituciones ornamentales terminan siendo prescindibles.

España merece algo más.

España no necesita gestos grandilocuentes.

Necesita servidores públicos conscientes del peso de sus responsabilidades.

También en la Zarzuela.

Porque la historia no pregunta cuántas audiencias concedió un Rey.

Pregunta qué hizo cuando España lo necesitó.

Y esa pregunta, antes o después, acaba llegando siempre.

El tiempo de las explicaciones

Llegará un día en que los historiadores estudien estos años.

Examinarán los documentos.

Leerán los discursos.

Compararán los hechos con los silencios.

Y se harán una pregunta inevitable:

¿Qué hizo la Jefatura del Estado mientras España atravesaba una de las mayores crisis institucionales y territoriales de la democracia?

La respuesta no podrá improvisarse entonces.

Se está escribiendo ahora.

No basta con reinar

La Corona no existe para garantizar la tranquilidad del monarca.

Existe para servir a España.

Reinar no consiste únicamente en inaugurar, sancionar leyes, recibir embajadores o presidir desfiles.

Reinar es, sobre todo, encarnar la continuidad de la Nación.

Y esa continuidad exige, al menos, que los españoles sepan que quien ocupa la Corona comparte sus inquietudes cuando la soberanía nacional se ve comprometida.

El precio del silencio

Hay silencios prudentes.

Y hay silencios que acaban pareciendo renuncias.

Cuanto más se prolonga el mutismo, más difícil resulta convencer a los ciudadanos de que la institución comprende la gravedad de cuanto sucede.

La confianza no desaparece de golpe.

Se desgasta lentamente.

Casi siempre, en silencio.

La Monarquía también responde ante la Historia

Los gobiernos responden ante las urnas.

Los jueces, ante la ley.

Los periodistas, ante sus lectores.

Y la Corona responde ante la Historia.

No existe tribunal más severo.

Porque la Historia no pregunta qué era cómodo.

Pregunta qué era debido.

Hacia una reflexión ineludible

Quizá aún estemos a tiempo.

A tiempo de recordar que la Jefatura del Estado no pertenece al Rey, sino a España.

A tiempo de comprender que la lealtad institucional no consiste en callar siempre, sino en saber cuándo el silencio deja de ser una virtud para convertirse en una forma de ausencia.

Y, sobre todo, a tiempo de exigir que cada institución cumpla el deber para el que existe.

Porque ningún cargo público, por elevado que sea, recibe su dignidad como un privilegio.

La recibe como un servicio.

Y todo servicio lleva consigo una responsabilidad.

De esa responsabilidad tratará el epílogo.

Epílogo

España, un depósito y un deber

Hay una idea que resume, quizá mejor que ninguna otra, la responsabilidad de toda una generación:

Ningún hombre recibe España en herencia. Cada generación la recibe en depósito. Y deberá devolverla, si puede, un poco mejor de como la encontró.

Ese deber alcanza a todos los españoles.

Pero recae, con especial intensidad, sobre quienes ocupan las más altas magistraturas del Estado.

La Corona no pertenece al Rey.

Pertenece a España.

Por eso, el primer deber de quien la ciñe no es preservar su comodidad, ni proteger su popularidad, ni adaptarse dócilmente a las circunstancias políticas del momento.

Su primer deber es servir a España.

Con prudencia, sí.

Con neutralidad institucional, también.

Pero nunca desde la indiferencia.

Porque la neutralidad no puede confundirse con la pasividad.

Ni la prudencia con el silencio permanente.

La Constitución atribuye al Rey funciones tasadas. Nadie le pide que gobierne ni que sustituya al Gobierno. Pero existe una autoridad que ninguna ley puede conferir ni arrebatar: la autoridad moral. Esa autoridad se conquista cuando una nación percibe que quien la representa comparte sus preocupaciones esenciales y está dispuesto a recordar, con serenidad y firmeza, cuáles son los intereses permanentes de España.

Cuando esa voz desaparece, el vacío no permanece vacío.

Lo ocupan otros.

Y la institución comienza, poco a poco, a perder el prestigio que no otorgan los decretos, sino la confianza de los ciudadanos.

Cada español responderá ante su conciencia por lo que hizo —o dejó de hacer— en estos años.

También quienes ocupaban las más altas responsabilidades del Estado.

Los gobiernos pasarán.

Las mayorías parlamentarias cambiarán.

Los discursos caerán en el olvido.

Pero la Historia permanecerá.

Y la Historia no suele preguntar qué era políticamente conveniente.

Pregunta qué era moralmente debido.

Llegará el día en que los historiadores vuelvan la vista hacia este tiempo. Examinarán los hechos, leerán los documentos, compararán las decisiones con los silencios y formularán una pregunta inevitable:

¿Qué hizo la Jefatura del Estado cuando España creyó ver amenazada su soberanía y su unidad?

Ese juicio no podrá evitarse.

Ni maquillarse.

Ni aplazarse.

Porque la Historia es lenta, pero inexorable.

Y cuando finalmente pronuncia su veredicto, ya no importan los protocolos, las explicaciones tardías ni los silencios cuidadosamente administrados.

Sólo permanece una pregunta, sencilla y terrible:

Cuando España llamó, ¿quién estuvo verdaderamente a su lado?

Y una segunda, quizá aún más incómoda:

¿Devolvimos España un poco mejor de como la recibimos… o fuimos la generación que, pudiendo defenderla, prefirió mirar hacia otro lado?