Ha conseguido algo mucho más importante: que sus adversarios acepten sus ideas, utilicen su lenguaje, administren sus instituciones y gobiernen sin atreverse a desmontar buena parte de lo que ella construyó.

Por Carlos Aurelio Caldito Aunión

Octubre de 2026

RESUMEN PARA LECTORES CON PRISAS

LA IZQUIERDA YA NO NECESITA GANAR ELECCIONES

Cuando el adversario acepta tus ideas, utiliza tus palabras, conserva tus leyes y administra las instituciones que has construido, ¿para qué necesitas derrotarlo en las urnas?

La mayor victoria política no consiste en ganar unas elecciones, sino en conseguir que quienes te derrotan terminen gobernando conforme a tus ideas.

Y eso es, precisamente, lo que ha conseguido buena parte de la izquierda española.

Durante décadas ha trabajado para imponer su vocabulario, sus criterios morales y su interpretación de la historia, influyendo decisivamente en la enseñanza, la cultura, los medios de comunicación y numerosas instituciones.

Se ha apropiado de palabras como progreso, democracia, pueblo, trabajadores, igualdad, solidaridad y justicia social, presentándose como su representante natural.

A sus adversarios les ha reservado los calificativos menos agradables: reaccionarios, retrógrados, enemigos del pueblo y, naturalmente, fascistas.

Pero su mayor triunfo no ha sido imponer esos calificativos, sino conseguir que buena parte de la derecha los tema hasta el extremo de renunciar a defender sus propias convicciones.

La izquierda propone. La derecha protesta. La izquierda legisla. La derecha promete derogar. Y cuando finalmente gobierna, descubre que quizá convenga conservar buena parte de lo que prometió eliminar.

Así se perpetúa un sistema en el que cambian los gobernantes, pero permanecen las estructuras, las leyes, las subvenciones, los organismos, los privilegios y las redes de influencia.

La enseñanza desempeña un papel fundamental: quien determina qué conocimientos se transmiten y qué interpretaciones se presentan como verdades indiscutibles influye en la manera de pensar de generaciones enteras.

Los medios de información y las instituciones culturales completan esa tarea, convirtiendo determinadas ideas en socialmente respetables y otras en motivo de sospecha.

No hace falta prohibir todas las opiniones incómodas. Basta con conseguir que expresarlas tenga consecuencias desagradables. La autocensura hará el resto.

La cuestión va mucho más allá de la disputa entre izquierda y derecha.

Hemos terminado confundiendo democracia con elecciones, representación popular con partitocracia y soberanía nacional con el poder de las direcciones de los partidos.

Una votación no concede a los vencedores la propiedad de la voluntad general durante cuatro años. Los ciudadanos deberían disponer de mecanismos efectivos y frecuentes para intervenir en las decisiones públicas, controlar a sus representantes y exigirles responsabilidades.

Las nuevas tecnologías permiten avanzar considerablemente en esa dirección, siempre que existan garantías de seguridad, identificación y secreto del voto.

La proximidad del 12 de octubre proporciona otro ejemplo revelador: la aceptación de determinados prejuicios de la leyenda negra antiespañola y la incomodidad de quienes parecen necesitar innumerables justificaciones para reivindicar nuestra historia, nuestra identidad nacional y nuestro patrimonio cultural.

Pero el problema fundamental no es la Hispanidad, ni siquiera la izquierda.

Es la rendición intelectual de quienes aseguran oponerse a unas ideas que después aceptan como fundamentos de su propia acción política.

No basta con cambiar de Gobierno. Hay que examinar las estructuras de poder, combatir los privilegios, garantizar la independencia de las instituciones y devolver protagonismo a los ciudadanos.

Tampoco basta con sustituir a unos beneficiarios del sistema por otros.

La verdadera transformación comienza cuando quienes gobiernan están dispuestos a limitar su propio poder.

Porque la democracia no pertenece a los partidos. Pertenece a los ciudadanos.

Y porque quien acepta que su adversario determine qué puede pensar, qué puede decir y hasta qué palabras debe utilizar ha perdido la batalla antes de comenzar.

La izquierda puede perder las elecciones y conservar buena parte de su influencia.

La derecha puede ganarlas y continuar administrando sus políticas.

Y los ciudadanos pueden descubrir, una vez más, que han cambiado los gobernantes, pero no las reglas del juego.

Esa es la paradoja de nuestra democracia realmente existente.

Y la mayor victoria de quienes la han configurado a su conveniencia.

Si quieres profundizar, saber más, sigue leyendo.

EL GRAN TRIUNFO: QUE EL ADVERSARIO PIENSE COMO TÚ

La izquierda española ha conseguido algo extraordinario: ya no necesita ganar todas las elecciones para que buena parte de sus planteamientos continúen gobernando España.

Puede perder ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones y hasta el Gobierno de la nación. Puede contemplar cómo sus adversarios ocupan despachos, nombran consejeros, reparten cargos y pronuncian discursos encendidos contra el socialismo.

No importa demasiado.

Porque el verdadero triunfo político no consiste únicamente en alcanzar el poder, sino en conseguir que quienes te sucedan lo ejerzan aceptando tus principios, tu vocabulario, tus prejuicios y buena parte de tus leyes.

La victoria definitiva no es derrotar al adversario. Es conseguir que, después de derrotarte electoralmente, gobierne conforme a las ideas que tú has impuesto.

Y eso, precisamente, es lo que considero que ha sucedido en España durante las últimas décadas.

La derecha gana elecciones y, con demasiada frecuencia, administra las consecuencias de las victorias culturales e ideológicas de la izquierda.

La izquierda propone. La derecha protesta. La izquierda legisla. La derecha promete derogar. La izquierda transforma las instituciones. La derecha llega al Gobierno y descubre que, después de todo, quizá no convenga cambiar tantas cosas.

Y así, elección tras elección, legislatura tras legislatura, el terreno del debate político se desplaza en una dirección que unos han decidido y otros han terminado aceptando.

No estamos hablando solamente del Partido Socialista, de los comunistas o de sus sucesivas marcas electorales.

Hablamos de algo bastante más profundo: una manera de interpretar la sociedad que ha conseguido convertirse, en numerosos ámbitos, en el criterio que determina qué ideas son respetables, qué conductas resultan admisibles y qué opiniones merecen ser condenadas al ostracismo.

La izquierda ha comprendido algo que sus adversarios parecen empeñados en ignorar: el poder político es importante, pero el poder de decidir qué puede pensarse, decirse y discutirse resulta mucho más duradero.

Y mientras unos se disputaban los sillones, otros se ocupaban de fabricar las ideas que acabarían justificando quién debía sentarse en ellos.

PRIMERO SE CONQUISTAN LAS PALABRAS; DESPUÉS, LAS CONCIENCIAS

Las grandes transformaciones políticas comienzan muchas veces modificando el significado de las palabras.

Quien consigue imponer su vocabulario dispone de una ventaja extraordinaria: obliga a sus adversarios a discutir empleando conceptos cuya interpretación ya ha establecido él.

Pensemos en la palabra progreso.

¿Quién puede estar contra el progreso?

El problema surge cuando un determinado movimiento político se apropia del término y decide que solamente merece ese nombre aquello que coincide con sus propuestas.

Desde ese momento, quienes discrepan ya no defienden otras maneras de mejorar la sociedad. Son reaccionarios, enemigos del progreso, partidarios de regresar a un pasado supuestamente tenebroso.

Algo semejante sucede con la palabra pueblo.

Ciertos dirigentes se proclaman representantes del pueblo con una naturalidad verdaderamente pasmosa.

No representan a sus votantes, ni a sus afiliados, ni a una determinada corriente política.

Representan al pueblo.

Así, en singular.

Los demás ciudadanos, por lo visto, constituimos una especie de población sobrante que solamente adquiere existencia política cuando tiene la delicadeza de votar correctamente.

El procedimiento se repite con los trabajadores.

Un empresario que mantiene a decenas de empleados, un agricultor que se levanta de madrugada, un transportista, un médico, un albañil o un autónomo que trabaja doce horas diarias pueden descubrir que no pertenecen a la clase trabajadora si sus opiniones políticas resultan inconvenientes.

En cambio, un dirigente que lleva treinta años viviendo de cargos públicos puede proclamarse representante natural de los trabajadores sin que semejante contradicción le produzca el menor sonrojo.

También se han apropiado de la democracia.

Se consideran demócratas por definición, mientras que sus adversarios deben acreditar constantemente que merecen ese calificativo.

Ellos representan la voluntad popular.

Los demás, cuando ganan, constituyen una amenaza para las instituciones democráticas.

Y lo mismo ocurre con la libertad, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, la diversidad, la tolerancia y tantos otros conceptos que deberían formar parte del patrimonio común de cualquier sociedad civilizada.

Se ha creado así una formidable trampa lingüística.

La izquierda se reserva las palabras que designan las virtudes. A sus adversarios les adjudica las que representan los vicios.

Y la derecha, acomplejada, dedica buena parte de su tiempo a demostrar que también es progresista, solidaria, tolerante, igualitaria y democrática, aceptando que sus contrincantes determinen el significado de esos términos.

¡Magnífico negocio!

Ni siquiera es necesario ganar una discusión cuando se ha conseguido que el adversario empiece aceptando las premisas que conducen a tu conclusión.

LA SUPERIORIDAD MORAL: EL PRIVILEGIO DE NO TENER QUE DAR EXPLICACIONES

La siguiente conquista es todavía más importante.

Se trata de la supuesta superioridad moral.

Quien consigue ser reconocido como moralmente superior puede cometer errores, incumplir promesas, contradecir sus principios y adoptar decisiones desastrosas sin perder automáticamente la condición de bienintencionado.

Sus equivocaciones serán consecuencia de circunstancias adversas, dificultades imprevistas o resistencias de enemigos poderosos.

En cambio, cualquier error del adversario se interpretará como la confirmación de su perversidad.

El mecanismo es extraordinariamente eficaz.

Si la izquierda propone una intervención económica, se presume que pretende proteger a los débiles.

Si una formación de derechas cuestiona esa intervención, se sospecha que pretende favorecer a los poderosos.

Poco importa que los resultados de una política terminen perjudicando precisamente a quienes supuestamente debía beneficiar.

La intención proclamada se convierte en prueba suficiente de bondad.

Y el resultado pasa a ocupar un lugar secundario.

Es la vieja confusión entre las intenciones y las consecuencias.

Bastiat la explicó con especial lucidez al distinguir entre lo que se ve y lo que no se ve.

Lo que se ve es la ayuda concedida, la subvención anunciada, la protección prometida.

Lo que no se ve tan fácilmente es quién paga, qué oportunidades desaparecen, qué incentivos se destruyen y qué consecuencias produce la intervención.

Pero discutir esas consecuencias exige razonar.

Y resulta mucho más sencillo acusar de insolidario a quien formula las preguntas.

La superioridad moral permite sustituir el debate por la descalificación.

Así, quien discrepa deja de ser un adversario al que conviene convencer y se convierte en una persona de la que hay que proteger a la sociedad.

Hemos pasado de discutir si determinadas ideas son acertadas a discutir si sus defensores tienen derecho a expresarlas sin sufrir represalias sociales.

Y esta transformación constituye una de las victorias culturales más importantes de nuestro tiempo.

LA ENSEÑANZA: EL PODER DE FABRICAR EL SENTIDO COMÚN

Hay un motivo por el que todas las grandes corrientes ideológicas han concedido tanta importancia a la enseñanza.

Los niños de hoy serán los adultos que mañana voten, trabajen, formen familias, dirijan empresas, administren instituciones y eduquen a las siguientes generaciones.

Quien consigue determinar qué se enseña y cómo se enseña influye decisivamente en la formación de sus convicciones.

Antonio Gramsci comprendió que el poder no se sostiene solamente mediante las leyes, la policía o el control de las instituciones.

Necesita algo más: conseguir que sus ideas se incorporen al sentido común de la sociedad.

Es decir, que dejen de percibirse como propuestas ideológicas y comiencen a considerarse verdades evidentes.

En España llevamos décadas disputando la educación mediante sucesivas leyes, reformas y contrarreformas.

La Ley Orgánica de Educación de 2006, su modificación en 2013 y la llamada LOMLOE de 2020 constituyen ejemplos de una enseñanza convertida en campo permanente de controversia política.

Pero el asunto va mucho más allá de una ley concreta.

Lo decisivo es qué aprenden los alumnos, qué conocimientos se consideran fundamentales, qué interpretaciones históricas se transmiten y qué espacio queda para formar un criterio independiente.

Porque enseñar a pensar no equivale a enseñar qué debe pensarse.

Una cosa es explicar las distintas concepciones de la justicia y otra presentar una determinada concepción como la única moralmente admisible.

Una cosa es enseñar historia y otra utilizar el pasado para repartir certificados de culpabilidad o inocencia política entre los ciudadanos actuales.

Una cosa es educar en el respeto a las personas y otra imponer una determinada interpretación ideológica de la sociedad.

Y una cosa es formar ciudadanos libres y otra acostumbrarlos desde niños a repetir fórmulas cuya discusión se considera inconveniente.

Lo verdaderamente sorprendente es que quienes denuncian con frecuencia el adoctrinamiento religioso parezcan menos preocupados cuando la enseñanza incorpora dogmas políticos contemporáneos.

Han cambiado los catecismos.

Lo que no siempre ha cambiado es la pretensión de que los alumnos aprendan las respuestas antes de haber formulado las preguntas.

Una escuela verdaderamente libre debería proporcionar conocimientos sólidos, capacidad de razonamiento, dominio de la lengua, comprensión de las matemáticas, familiaridad con las ciencias y conocimiento riguroso de la historia.

Sobre esas bases, cada alumno podrá construir sus propias convicciones.

Pero eso exige aceptar algo que incomoda profundamente a quienes pretenden dirigir la conciencia de los demás: que una persona bien formada puede llegar, legítimamente, a conclusiones distintas de las nuestras.

LA CULTURA, LOS MEDIOS Y LA FABRICACIÓN DEL PRESTIGIO

La enseñanza no actúa sola.

A su alrededor encontramos los medios de comunicación, las universidades, las editoriales, el cine, la televisión, las instituciones culturales y todo un universo de asociaciones y organizaciones que intervienen en la formación de la opinión pública.

Conviene detenerse en un fenómeno especialmente revelador: la capacidad de convertir determinadas ideas en culturalmente prestigiosas y otras en socialmente sospechosas.

Un artista puede ser valorado por su obra.

Un investigador, por sus descubrimientos.

Un escritor, por su talento.

Un periodista, por su capacidad para investigar y explicar los hechos.

Sin embargo, cuando la afinidad ideológica se convierte en un criterio de reconocimiento, el mérito comienza a competir con la adhesión.

Y si, además, intervienen subvenciones, nombramientos, premios, contratos públicos y posibilidades de promoción, el sistema puede terminar recompensando la conformidad y castigando la discrepancia.

No hace falta una orden escrita.

Tampoco una conspiración organizada en una habitación oscura.

Basta con que muchas personas comprendan cuáles son las opiniones que facilitan una carrera y cuáles pueden convertirla en una sucesión de obstáculos.

Así funciona la autocensura.

Y la autocensura tiene una ventaja extraordinaria para quienes pretenden imponer una ortodoxia: ahorra el trabajo de censurar.

El interesado se encarga de vigilarse.

El periodista aprende qué asuntos conviene evitar.

El profesor comprende qué afirmaciones pueden ocasionarle problemas.

El funcionario descubre cuáles son los criterios que favorecen los ascensos.

El artista entiende qué discursos reciben reconocimiento institucional.

El empresario calcula si expresar determinadas opiniones puede perjudicar sus relaciones comerciales.

Y, poco a poco, se instala una cultura en la que muchas personas dejan de decir lo que piensan y comienzan a decir lo que consideran conveniente.

Orwell no necesitó imaginar un policía detrás de cada ciudadano.

Comprendió que el dominio del lenguaje y la presión social podían acabar trasladando la vigilancia al interior de las propias conciencias.

Y cuando ese mecanismo funciona, la censura más eficaz es precisamente la que no necesita manifestarse.

LA DERECHA BOBA: GANAR PARA NO CAMBIAR DEMASIADO

Llegamos ahora a la segunda gran protagonista de esta historia.

La derecha española.

O, para ser más precisos, esa derecha política, intelectual y sociológica que parece haber aceptado que sus adversarios poseen una legitimidad moral superior.

Una derecha que dedica tanto tiempo a evitar que la llamen reaccionaria que termina renunciando a buena parte de las ideas que decía defender.

Una derecha que promete grandes transformaciones cuando se encuentra en la oposición y descubre innumerables dificultades cuando alcanza el Gobierno.

Una derecha que denuncia la proliferación de organismos, cargos, subvenciones y estructuras administrativas, pero que después encuentra razones excelentes para conservarlos.

Una derecha que critica la utilización partidista de las instituciones y que, cuando consigue dirigirlas, siente también la tentación de colocar a sus propios correligionarios.

Una derecha que proclama la necesidad de reducir el intervencionismo estatal, pero que frecuentemente se limita a administrar un intervencionismo ligeramente distinto.

Y una derecha que habla continuamente de libertad sin decidirse a renunciar a los instrumentos de poder de los que se beneficia cuando gobierna.

El resultado es un curioso reparto de funciones.

La izquierda construye el edificio. La derecha cambia algunos muebles, pinta las paredes y presume de haber reformado la casa.

Después pierde las elecciones, regresan los anteriores propietarios y continúan la construcción donde la habían dejado.

El procedimiento se repite hasta que resulta difícil recordar qué principios pretendía defender cada cual.

Lo más desconcertante es que numerosos dirigentes conservadores parecen convencidos de que el éxito consiste en demostrar que pueden administrar las políticas de la izquierda con mayor eficacia.

Es decir, aceptan los fines y discuten los procedimientos.

Aceptan las premisas y matizan las consecuencias.

Aceptan el terreno de juego y se limitan a negociar dónde colocar las porterías.

La consecuencia es inevitable.

Quien admite las ideas de su adversario como verdades indiscutibles ha perdido la batalla antes de comenzar.

Y quien renuncia a defender sus propias convicciones por miedo a recibir un calificativo desagradable no necesita ser derrotado.

Ya se ha rendido.

EL FASCISMO COMO FANTASMA DE UTILIDAD PERMANENTE

Existe además una palabra que desempeña un papel casi mágico en nuestro debate público: fascista.

El fascismo histórico fue una ideología y una forma de organización política surgida en la Europa del siglo XX, asociada al nacionalismo autoritario, al partido único, a la exaltación del Estado y a la supresión del pluralismo político.

El régimen de Mussolini desapareció durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero, en la retórica política contemporánea, el fascismo parece disponer de una extraordinaria capacidad para resucitar.

Basta con que alguien discrepe de determinadas políticas migratorias, cuestione una legislación, critique el separatismo, defienda la propiedad privada o manifieste opiniones conservadoras para que aparezca alguien dispuesto a identificarlo con los camisas negras.

El término ha sufrido una inflación verdaderamente espectacular.

Y, como suele suceder con las monedas que se multiplican sin respaldo, ha perdido buena parte de su precisión.

Si todo es fascismo, resulta cada vez más difícil identificar el fascismo verdadero.

Pero la finalidad política de este abuso no consiste en describir con exactitud una ideología.

Consiste en convertir al adversario en una amenaza moral contra la cual estaría justificado movilizar todos los recursos disponibles.

La expresión alerta antifascista resume magníficamente ese procedimiento.

Primero se identifica al adversario con uno de los mayores horrores políticos del siglo pasado.

Después se presenta su participación en la vida pública como una amenaza extraordinaria.

Finalmente se pretende que combatirlo constituya una obligación moral superior al debate democrático ordinario.

El adversario deja de ser alguien con quien competir.

Se convierte en alguien cuya presencia exige una movilización permanente.

Y así se consigue otra victoria considerable: transformar la discrepancia en una anomalía que debe ser corregida.

LAS LEYES CAMBIAN; LAS ESTRUCTURAS PERMANECEN

Las elecciones sirven para elegir representantes, constituir gobiernos y renovar instituciones.

Pero el poder efectivo no se agota en los cargos sometidos a votación.

También se ejerce mediante las leyes vigentes, los reglamentos, los procedimientos administrativos, los órganos consultivos, la distribución de competencias, los presupuestos, los convenios y los nombramientos institucionales.

Una ley aprobada hoy puede seguir produciendo efectos durante décadas.

Un organismo creado por un Gobierno puede sobrevivir a muchos gobiernos posteriores.

Una subvención transformada en financiación habitual puede originar organizaciones cuya supervivencia dependa de que determinada política continúe aplicándose.

Un programa educativo puede influir en generaciones enteras.

Y una manera de interpretar los derechos y las obligaciones puede terminar incorporándose a la práctica cotidiana de instituciones y tribunales.

Por eso gobernar no consiste únicamente en aprobar nuevas normas.

También consiste en decidir cuáles de las existentes merecen permanecer.

La Ley de Memoria Democrática de 2022, por ejemplo, no se limita a formular una interpretación del pasado: establece actuaciones públicas, organismos, programas y obligaciones administrativas.

Puede defenderse o criticarse su contenido, pero su proyección institucional resulta evidente.

Algo semejante sucede con numerosas políticas de intervención económica, igualdad, educación, vivienda, organización territorial o administración pública.

Su influencia no desaparece cuando cambia el Gobierno.

Permanece mientras subsisten los mecanismos que las hacen funcionar.

Y aquí aparece una pregunta que rara vez obtiene respuestas satisfactorias.

¿Por qué tantos partidos que prometen transformar profundamente el Estado terminan limitándose a modificar parcialmente su administración?

La explicación tiene bastante que ver con la naturaleza del poder.

Es mucho más sencillo prometer una reducción de la burocracia que renunciar a los cargos que esa burocracia permite repartir.

Es más fácil denunciar las subvenciones que prescindir de ellas cuando benefician a organizaciones próximas.

Es más cómodo criticar los nombramientos políticos que establecer mecanismos de selección verdaderamente independientes.

Y resulta especialmente tentador conservar los instrumentos de intervención que antes utilizaban los adversarios, con la esperanza de emplearlos ahora en provecho propio.

De ese modo, la alternancia electoral puede terminar convirtiéndose en una simple alternancia de administradores.

Cambian los ocupantes de los despachos, pero la capacidad de decisión de los ciudadanos apenas aumenta.

LA DEMOCRACIA NO CONSISTE EN VOTAR Y CALLAR DURANTE CUATRO AÑOS

Llegados aquí conviene abordar una cuestión esencial.

Hemos terminado confundiendo democracia con elecciones y representación popular con partitocracia.

Una votación permite conocer las preferencias expresadas por quienes participan, en unas circunstancias concretas y entre unas opciones determinadas.

No es una revelación sobrenatural.

No convierte al vencedor en propietario de la voluntad general.

No demuestra que millones de personas compartan todas y cada una de las decisiones que adoptarán sus representantes.

Y mucho menos constituye una autorización ilimitada para hacer cualquier cosa durante los siguientes cuatro años.

Los ciudadanos votan a candidaturas que suelen ofrecer programas amplios, ambiguos y frecuentemente contradictorios.

Después descubren que las decisiones fundamentales pueden depender de pactos, intercambios de apoyos parlamentarios y negociaciones que jamás figuraron en aquellos programas.

Se proclama que el pueblo es soberano.

Pero el pueblo apenas tiene intervención directa en las grandes decisiones.

Se afirma que los representantes obedecen a los ciudadanos.

Pero los representantes deben buena parte de sus posibilidades de continuar en el cargo a quienes confeccionan las listas electorales.

Se asegura que los partidos son instrumentos de participación política.

Pero sus direcciones terminan actuando demasiadas veces como propietarios de la representación.

Y, cuando alguien propone mecanismos más frecuentes de consulta y participación ciudadana, aparecen inmediatamente innumerables dificultades técnicas, jurídicas y organizativas.

¡Qué curioso!

Vivimos en una sociedad capaz de realizar millones de operaciones bancarias, comerciales y administrativas mediante sistemas electrónicos.

Podemos identificarnos, presentar declaraciones tributarias, acceder a servicios públicos y realizar operaciones económicas complejas sin acudir personalmente a una oficina.

Sin embargo, cuando se plantea la posibilidad de consultar con mayor frecuencia a los ciudadanos sobre determinadas decisiones públicas, descubrimos que semejante empresa parece superar nuestras capacidades.

Naturalmente, cualquier procedimiento de votación requiere garantías de identidad, secreto, integridad, accesibilidad y control.

Precisamente por eso habría que diseñarlo rigurosamente, en lugar de utilizar las dificultades como coartada para no avanzar.

El problema de fondo no es tecnológico.

Es político.

Una democracia que aspire a ser algo más que una sucesión de campañas electorales necesita ciudadanos con capacidad efectiva para intervenir, controlar, exigir explicaciones y decidir sobre asuntos relevantes.

Y esa participación no debería depender de que una dirección de partido considere conveniente convocarlos.

EL PODER QUE NO SE SOMETE A LAS URNAS

He aquí la paradoja.

Nos pasamos la vida discutiendo sobre quién debe ganar las próximas elecciones, pero dedicamos mucho menos esfuerzo a examinar qué parcelas del poder permanecen prácticamente intactas con independencia del resultado.

Las administraciones continúan funcionando.

Las normas siguen vigentes.

Los intereses organizados permanecen.

Las redes de influencia no desaparecen.

Las relaciones entre partidos, instituciones, asociaciones y beneficiarios de contratos o subvenciones pueden sobrevivir perfectamente a un cambio de Gobierno.

Y el debate público continúa condicionado por ideas que llevan años instaladas en la enseñanza, la cultura y los medios.

Esta realidad explica por qué no basta con sustituir a unos dirigentes por otros.

Si se mantienen idénticos mecanismos de dependencia, privilegio y concentración del poder, el problema no desaparece.

Simplemente cambia de beneficiarios.

La partitocracia tiene una capacidad extraordinaria para absorber las críticas.

Incluso quienes llegan a la política prometiendo acabar con los privilegios pueden terminar descubriendo que esos privilegios resultan mucho más agradables cuando uno es su beneficiario.

Y así el sistema se reproduce.

No necesita que todos estén de acuerdo.

Le basta con conseguir que quienes discrepan encuentren más conveniente adaptarse que enfrentarse a sus reglas.

La izquierda ha sabido desenvolverse especialmente bien en esta disputa cultural.

Pero la responsabilidad de la derecha que acepta el juego no es menor.

Porque una cosa es que alguien pretenda imponer sus ideas.

Y otra que sus adversarios colaboren en esa tarea por comodidad, miedo, interés o falta de convicciones.

ESPAÑA, LA HISTORIA Y EL 12 DE OCTUBRE: UN EJEMPLO REVELADOR

La cercanía del 12 de octubre ofrece un ejemplo muy ilustrativo de cuanto venimos examinando.

España posee una historia extraordinaria.

Como cualquier nación antigua, acumula aciertos y errores, grandezas y miserias, episodios admirables y acontecimientos terribles.

Sin embargo, una parte de nuestro debate cultural ha terminado convirtiendo la historia española en una especie de interminable proceso de acusación.

La leyenda negra antiespañola, difundida durante siglos por las potencias rivales de la Monarquía Hispánica, ya no necesita exclusivamente propagandistas extranjeros.

Ha encontrado numerosos continuadores entre nosotros.

La conquista y colonización de América se presentan demasiadas veces mediante una simplificación que convierte cinco siglos de historia en una sucesión de crímenes.

Se relegan las universidades, las ciudades, los hospitales, las instituciones, las expediciones científicas, el mestizaje, el pensamiento jurídico de la Escuela de Salamanca y los debates sobre los derechos de los indígenas.

Se olvida que la expansión española creó vínculos culturales y lingüísticos que todavía unen a centenares de millones de personas.

Y se pretende transformar la pertenencia a esa historia en una especie de culpa hereditaria.

Lo más revelador no es que determinados sectores de la izquierda compartan esa interpretación.

Lo revelador es la incomodidad con la que ciertos representantes de la derecha se atreven a contradecirla.

Parece que reivindicar la historia española exige comenzar dando explicaciones.

Que elogiar las gestas de nuestros antepasados obliga a presentar inmediatamente un inventario de sus errores.

Que defender la unidad nacional necesita acompañarse de innumerables garantías de que uno no es autoritario, reaccionario, franquista o cualquier otra cosa que pueda disgustar a los guardianes de la respetabilidad pública.

Y que exhibir la bandera española continúa siendo, para algunas personas, una declaración ideológica sospechosa.

Ese es el verdadero problema.

Cuando una nación necesita justificar constantemente su propia existencia ante una parte de quienes la gobiernan o aspiran a gobernarla, algo muy profundo ha sucedido en su cultura política.

El 12 de octubre debería ser una ocasión natural para recordar nuestra historia, celebrar la Hispanidad y reconocer un patrimonio cultural compartido.

Sin convertirlo en un examen de conciencia impuesto por quienes se atribuyen el derecho a determinar qué aspectos del pasado merecen orgullo y cuáles deben producir vergüenza.

Pero esta cuestión no se resuelve colgando una bandera durante veinticuatro horas.

Se resuelve recuperando el conocimiento histórico, el sentido crítico y la libertad intelectual durante los restantes días del año.

Porque el patriotismo de ceremonia sirve de poco cuando va acompañado de una rendición cultural permanente.

CÓMO SE GANA UNA GUERRA DE IDEAS SIN NECESIDAD DE PRESENTARSE A LAS ELECCIONES

La mayor victoria política es conseguir que determinadas ideas parezcan tan naturales que nadie se pregunte ya por qué debe aceptarlas.

Que la intervención estatal se considere siempre la primera respuesta ante cualquier dificultad.

Que el aumento del gasto público se identifique automáticamente con una mejora social.

Que las subvenciones se confundan con derechos adquiridos.

Que los partidos políticos se comporten como propietarios de instituciones que pertenecen a todos los ciudadanos.

Que las discrepancias ideológicas se conviertan en defectos morales.

Que los gobernantes decidan cuáles son las interpretaciones históricas merecedoras de reconocimiento oficial.

Que el lenguaje administrativo termine sustituyendo al lenguaje ordinario.

Que la obediencia a determinados códigos ideológicos se presente como requisito para ser considerado una persona respetable.

Y que quien cuestione cualquiera de estas premisas tenga que comenzar justificando su propia legitimidad para participar en la discusión.

Cuando todo eso sucede, la disputa electoral queda considerablemente condicionada.

Un partido puede conseguir millones de votos y alcanzar el Gobierno.

Pero si ha aceptado previamente las ideas fundamentales de sus adversarios, ¿qué victoria ha conseguido realmente?

Puede administrar mejor.

Puede gastar algo menos.

Puede modificar algunas normas.

Puede cambiar determinadas personas.

Pero difícilmente transformará aquello cuyos principios considera intocables.

Es la diferencia entre ejercer el poder y cuestionar la manera en que ese poder se encuentra organizado.

Y ahí reside el auténtico problema de una derecha que pretende ofrecer una alternativa sin atreverse a discutir los fundamentos del sistema que dice querer reformar.

LA VERDADERA ALTERNATIVA CONSISTE EN RECUPERAR LA LIBERTAD DE PENSAR

No se trata de sustituir una ortodoxia de izquierdas por otra de derechas.

Eso significaría conservar el mismo mecanismo cambiando solamente a quienes se benefician de él.

Tampoco de cambiar unos comisarios ideológicos por otros, unos beneficiarios de subvenciones por otros o unas interpretaciones históricas obligatorias por otras.

La cuestión consiste en recuperar principios bastante más elementales.

Que los ciudadanos puedan discrepar sin convertirse en enemigos morales de la sociedad.

Que la enseñanza forme personas capaces de razonar, en lugar de limitarse a transmitir las preferencias ideológicas de los sucesivos gobiernos.

Que los poderes públicos no conviertan las subvenciones y los nombramientos en instrumentos de fidelización política.

Que la cultura y la investigación se valoren por sus méritos.

Que las instituciones actúen conforme a la ley y no según las conveniencias de los partidos que hayan participado en el nombramiento de sus responsables.

Que el dinero público se administre con transparencia.

Que la separación de poderes deje de ser una hermosa expresión de los manuales de derecho constitucional.

Que la igualdad ante la ley prevalezca sobre los privilegios negociados.

Que las decisiones políticas puedan ser examinadas y discutidas sin necesidad de acreditar previamente una determinada identidad ideológica.

Y que los ciudadanos recuperen instrumentos reales para controlar a sus representantes.

En definitiva, que el Estado vuelva a estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de las organizaciones que pretenden administrarla.

Todo esto requiere algo mucho más difícil que ganar unas elecciones.

Requiere convicciones.

Requiere independencia intelectual.

Requiere voluntad de enfrentarse a los intereses creados.

Y exige estar dispuesto a renunciar a determinados instrumentos de poder, incluso cuando su utilización pudiera beneficiar a quienes impulsan las reformas.

Porque no se combate eficazmente el abuso del poder reclamando que ese poder pase a nuestras manos.

Se combate estableciendo límites que impidan abusar de él a cualquiera.

EL DÍA EN QUE LA DERECHA DEJE DE PEDIR PERMISO

La izquierda española lleva décadas demostrando una considerable perseverancia en la defensa de sus ideas.

Sus adversarios deberían haber aprendido, al menos, una lección: las convicciones no se defienden pidiendo disculpas por tenerlas.

No existe obligación alguna de aceptar que la izquierda representa el progreso, la cultura, la justicia social, la democracia y la moral.

Ni de admitir que quien discrepa de sus propuestas debe demostrar constantemente que es una persona decente.

Ni de asumir que las políticas públicas solamente pueden modificarse dentro de los límites establecidos por quienes las diseñaron.

Ni de considerar que las instituciones pertenecen a quienes llevan más tiempo ocupándolas.

Y, por supuesto, no existe obligación de aceptar que una determinada corriente política posee la facultad de interpretar oficialmente el pasado, el presente y el porvenir de España.

El debate democrático comienza precisamente cuando nadie disfruta de semejante monopolio.

Una derecha que pretenda ofrecer una alternativa debería comprender que no basta con prometer una administración más eficiente de las mismas estructuras.

Tiene que explicar qué principios defiende, qué instituciones pretende reformar, qué privilegios está dispuesta a suprimir y qué poderes considera necesario devolver a los ciudadanos.

Y después debe actuar en consecuencia.

No resulta especialmente admirable pronunciar discursos sobre la libertad mientras se conservan todos los instrumentos administrativos que permiten limitarla.

Tampoco tiene demasiado mérito denunciar los privilegios de los adversarios para sustituirlos por privilegios propios.

Ni merece llamarse regeneración a una operación destinada a cambiar los nombres de quienes ocupan los despachos.

La verdadera prueba comienza cuando gobernar exige renunciar a poderes que resultarían cómodos para quien gobierna.

Ahí se distingue al reformador del simple aspirante a beneficiarse del sistema.

EPÍLOGO: LA MAYOR DERROTA ES NO SABER QUE SE HA PERDIDO

Decía al principio que la izquierda española ya no necesita ganar todas las elecciones.

Ahora podemos comprender mejor el alcance de la afirmación.

No significa que las elecciones carezcan de importancia.

Significa que el poder político no termina en las urnas ni comienza en ellas.

Existe también un poder cultural, educativo, económico, institucional y lingüístico que condiciona las decisiones públicas y la manera en que los ciudadanos interpretan la realidad.

Quien consigue establecer los criterios conforme a los cuales serán juzgadas las propuestas políticas ha obtenido una ventaja formidable.

Y quien acepta esos criterios sin examinarlos comienza cada discusión desde una posición de dependencia intelectual.

Durante décadas, una parte de la izquierda ha trabajado para conseguir esa ventaja.

Y una parte considerable de la derecha ha contribuido a consolidarla mediante su resignación, sus complejos y su manifiesta falta de disposición a cuestionar determinados consensos.

El resultado es un sistema en el que cambiar de gobernantes puede no significar cambiar verdaderamente la orientación de las políticas.

Un sistema en el que quienes llegan prometiendo reformas profundas terminan administrando continuidades.

Un sistema en el que la alternancia electoral corre el riesgo de convertirse en un mecanismo para sustituir a los encargados de conservar el edificio.

Por eso el problema no se resuelve exclusivamente ganando unas elecciones.

Ni proclamando grandes promesas.

Ni envolviéndose en la bandera nacional.

Ni presentándose como el último defensor de una democracia supuestamente amenazada por todos los demás.

Se resuelve recuperando la capacidad de pensar y actuar con independencia.

Se resuelve dejando de aceptar como verdades indiscutibles las premisas que otros han establecido.

Se resuelve devolviendo el protagonismo a los ciudadanos, sometiendo las instituciones a controles efectivos y acabando con la idea de que los partidos son propietarios del Estado.

Y comienza, necesariamente, por una decisión intelectual muy sencilla:

Dejar de pedir permiso al adversario para discrepar de él.

Porque cuando una fuerza política consigue que sus rivales hablen su lenguaje, acepten sus categorías morales, conserven sus estructuras y administren sus políticas, ya no necesita vencerlos constantemente en las urnas.

Le basta con esperar.

Tarde o temprano, quienes llegaron prometiendo cambiarlo todo descubrirán que han terminado justificando por qué conviene que casi todo continúe igual.

Y entonces podremos asistir, una vez más, al maravilloso espectáculo de unos ciudadanos celebrando una victoria electoral mientras sus nuevos gobernantes se apresuran a conservar buena parte de aquello contra lo que habían pedido el voto.

La izquierda habrá perdido unas elecciones.

Sus ideas seguirán gobernando.

Y la derecha, satisfecha, todavía creerá que ha ganado.

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Carlos Aurelio Caldito Aunión
Octubre de 2026