De la oligarquía y el caciquismo a la partitocracia: la captura del Estado, el reparto del poder, el negocio de la corrupción y la urgente necesidad de exigir responsabilidades a quienes gobiernan.

Por Carlos Aurelio Caldito Aunión

I. LA GRAN ESTAFA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

La mayor habilidad de los oligarcas no consiste en imponer su voluntad por la fuerza, sino en conseguir que quienes obedecen sus decisiones se crean los verdaderos titulares del poder.

Y la mayor habilidad de los caciques consiste en transformar la dependencia en agradecimiento.

España ha conseguido reunir ambas tradiciones y revestirlas con los atributos de una democracia parlamentaria: elecciones periódicas, partidos políticos, parlamentos, gobiernos, administraciones públicas y una extraordinaria proliferación de instituciones cuyos nombres suelen contener palabras tan hermosas como transparencia, participación, igualdad, regeneración o buen gobierno.

Contamos con una arquitectura institucional formidable. Lo que resulta bastante más difícil es averiguar quién controla realmente a quienes la administran.

Los partidos políticos, concebidos como instrumentos de participación y representación, se han convertido en organizaciones cuyos aparatos acumulan un poder extraordinario sobre los candidatos, los representantes elegidos, las administraciones y numerosos organismos públicos.

Sus dirigentes controlan las listas electorales, condicionan las carreras políticas, negocian nombramientos institucionales, administran considerables recursos económicos e influyen sobre buena parte de las decisiones públicas.

Y cuando los ciudadanos manifiestan su descontento, se les recuerda que dentro de unos años volverán a tener la oportunidad de votar.

¡Magnífico consuelo!

Se nos presenta como soberanía popular lo que, con demasiada frecuencia, no pasa de ser una autorización periódica para que determinadas organizaciones se turnen en la administración del poder.

Entretanto, los ciudadanos continúan pagando impuestos, soportando decisiones que apenas pueden modificar y financiando estructuras administrativas cuyo coste y utilidad pocas veces se examinan con suficiente rigor.

Los partidos se enfrentan públicamente con una ferocidad que haría pensar en diferencias irreconciliables.

Sin embargo, cuando están en juego determinados privilegios institucionales, las negociaciones pueden desarrollarse con una cordialidad sorprendente.

Unos denuncian el reparto partidista de nombramientos hasta que les corresponde participar en él.

Otros critican la utilización de recursos públicos para sostener redes de influencia hasta que descubren las ventajas de disponer de esos mismos recursos.

Y quienes llegan al poder prometiendo acabar con los abusos encuentran frecuentemente motivos para conservarlos.

No es necesario imaginar una conspiración permanente entre todos los dirigentes.

Basta con comprender que determinadas reglas proporcionan ventajas semejantes a organizaciones aparentemente enfrentadas.

La partitocracia alcanza su plenitud cuando los partidos dejan de competir por mejorar las instituciones y comienzan a competir por apropiarse de ellas.

II. ¿POR QUÉ HABLAR DE CÁRTELES MAFIOSOS?

La expresión puede resultar incómoda.

Precisamente por eso conviene examinar su significado.

En economía, un cártel es una asociación o acuerdo entre empresas que deberían competir, pero que deciden restringir la competencia, repartirse mercados o establecer condiciones beneficiosas para sus integrantes.

En el ámbito criminal, el término designa también a organizaciones dedicadas a actividades ilícitas que cooperan para controlar territorios, proteger intereses y distribuir beneficios.

La comparación con determinadas prácticas de la política española resulta reveladora.

Los partidos compiten por los votos como las empresas compiten por los clientes.

Pero sus aparatos también comparten intereses: conservar las fuentes de financiación, preservar su influencia institucional, controlar las candidaturas y mantener un sistema que dificulta a los ciudadanos intervenir directamente en numerosas decisiones.

Existe incluso una teoría académica, desarrollada por Richard Katz y Peter Mair, que describe la evolución de determinados partidos hacia organizaciones cada vez más dependientes de los recursos estatales y menos vinculadas a sus bases sociales: el denominado partido cártel.

La expresión no significa que todos los partidos sean organizaciones criminales. Tampoco equivale a afirmar que todos sus integrantes sean delincuentes.

Significa que pueden desarrollar comportamientos propios de organizaciones que protegen colectivamente las condiciones que les permiten conservar sus posiciones.

La comparación con las organizaciones mafiosas adquiere especial fuerza cuando aparecen prácticas de intimidación, encubrimiento, tráfico de influencias, contratación fraudulenta, financiación ilegal o utilización de instituciones para proteger intereses particulares.

No todos los partidos presentan idénticos comportamientos ni han incurrido en las mismas responsabilidades.

Pero el sistema facilita que la competencia ideológica conviva con una notable coincidencia de intereses corporativos.

Los dirigentes pueden discutir apasionadamente sobre la enseñanza, la sanidad, los impuestos o la organización territorial.

Cuando se propone modificar las reglas que les permiten controlar las candidaturas o participar en el reparto de nombramientos institucionales, el entusiasmo reformador suele disminuir considerablemente.

A fin de cuentas, ninguna organización desea perder voluntariamente las ventajas de las que disfruta.

Y menos todavía cuando esas ventajas se financian con dinero ajeno.

III. JOAQUÍN COSTA: EL CACIQUE HA CAMBIADO DE TRAJE

En 1901, Joaquín Costa publicó Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla.

Más de un siglo después, buena parte de sus reflexiones continúa resultando incómodamente familiar.

El cacique tradicional controlaba una comarca, distribuía favores, influía en las autoridades y establecía relaciones personales de dependencia.

Quien necesitaba empleo, una recomendación, una licencia o la resolución favorable de algún asunto administrativo podía encontrarse obligado a solicitar su intervención.

El favor generaba agradecimiento.

El agradecimiento producía fidelidad.

Y la fidelidad permitía conservar el poder.

El cacique contemporáneo dispone de instrumentos incomparablemente más sofisticados.

Ya no necesita limitarse a recomendar a un vecino para obtener una plaza.

Puede influir en nombramientos de altos cargos, consejos de administración, empresas públicas, fundaciones, consorcios, agencias, organismos autónomos y entidades financiadas con los presupuestos.

Puede favorecer determinadas redes mediante subvenciones.

Puede recompensar lealtades con puestos de confianza.

Puede intervenir en la selección de candidatos y condicionar la carrera profesional de quienes aspiran a continuar viviendo de la política.

El antiguo cacique tenía una clientela relativamente limitada.

El contemporáneo puede construir redes de dependencia que abarcan administraciones enteras.

Y el fenómeno se reproduce a escala nacional, autonómica, provincial y municipal.

El caciquismo no ha desaparecido.

Se ha informatizado.

Dispone de asesores de comunicación.

Celebra congresos.

Contrata encuestas.

Y proclama su compromiso con la calidad democrática.

El progreso técnico es indiscutible.

El progreso moral resulta bastante menos evidente.

IV. LA CAPTURA DEL ESTADO: CUANDO LAS INSTITUCIONES CAMBIAN DE DUEÑO

La captura del Estado se produce cuando determinados grupos consiguen utilizar las instituciones, las normas o las decisiones públicas para beneficiar de manera privilegiada a sus propios intereses.

No siempre requiere actuaciones delictivas.

Puede desarrollarse mediante procedimientos aparentemente legales.

Un Gobierno puede crear un organismo cuya necesidad resulta discutible.

Puede multiplicar los puestos de confianza.

Puede diseñar programas de subvenciones que favorezcan de manera persistente a organizaciones próximas.

Puede establecer condiciones administrativas que dificulten la aparición de competidores.

Puede distribuir recursos públicos de manera políticamente interesada.

Y puede realizar buena parte de esas actuaciones respetando las formalidades legales.

Aquí aparece uno de los aspectos más inquietantes del problema.

La corrupción no consiste únicamente en infringir las leyes para obtener beneficios.

También puede existir una utilización sistemática del poder para establecer reglas que permitan mantener privilegios.

No todo despilfarro constituye malversación.

No todo nombramiento político es prevaricación.

No toda subvención encubre una irregularidad.

Pero una decisión puede ser legal y, al mismo tiempo, resultar injustificable desde el punto de vista del interés público.

Una administración puede gastar millones de euros en organismos redundantes.

Puede mantener estructuras que no cumplen adecuadamente ninguna función necesaria.

Puede financiar campañas de propaganda institucional cuyos principales beneficiarios sean los gobernantes.

Y el perjuicio económico no desaparece porque tales decisiones hayan sido aprobadas conforme a los procedimientos establecidos.

Una de las formas más perjudiciales de corrupción política consiste en conseguir que los abusos puedan perpetuarse sin necesidad de infringir las normas.

Precisamente por eso no basta con perseguir delitos.

Es imprescindible revisar las reglas que permiten utilizar los recursos públicos para sostener privilegios y redes clientelares.

V. LA CORRUPCIÓN COMO NEGOCIO: DEL SOBORNO AL SAQUEO ORGANIZADO

Las prácticas corruptas presentan numerosas modalidades.

Algunas resultan sobradamente conocidas: el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, la malversación, la apropiación de bienes públicos o la contratación fraudulenta.

Otras son menos visibles, aunque también pueden producir graves perjuicios.

Pensemos en la adjudicación de contratos a empresas favorecidas por sus relaciones políticas.

En las licitaciones diseñadas para dificultar la competencia.

En la utilización de información privilegiada.

En los nombramientos arbitrarios.

En la financiación irregular de organizaciones.

En los conflictos de intereses ocultados.

En la distribución clientelar de determinadas ayudas.

O en la utilización de recursos públicos para favorecer campañas políticas.

Las posibilidades aumentan cuando los responsables disfrutan de amplias facultades discrecionales y los controles resultan insuficientes.

Pero existe una modalidad todavía más extendida de utilización abusiva de los presupuestos: mantener gastos perfectamente legales cuya utilidad pública apenas se justifica.

Imaginemos una entidad creada para desempeñar funciones que ya realiza otro organismo.

Dispone de dirección, oficinas, empleados, presupuesto, gastos de representación y contratos de servicios.

Su actividad produce resultados escasos.

Sin embargo, proporciona puestos, retribuciones y oportunidades de contratación.

¿Quién tendrá interés en suprimirla?

Probablemente no quienes trabajan en ella.

Tampoco sus responsables.

Ni las organizaciones que reciben sus ayudas.

Ni los proveedores que dependen de sus contratos.

Y mucho menos los dirigentes políticos que pueden utilizarla para recompensar lealtades.

Así nace una red de intereses que se protege a sí misma.

No necesita cometer necesariamente un delito.

Le basta con conservar el presupuesto.

Lo verdaderamente grave es que quienes sufragan semejantes estructuras apenas disponen de medios efectivos para exigir su supresión.

Y cuando alguien propone revisar el gasto público, siempre aparece algún dirigente dispuesto a denunciar que pretende destruir los servicios esenciales.

Como si eliminar un observatorio redundante equivaliera a cerrar un hospital.

Como si prescindir de asesores innecesarios significara despedir a maestros.

Como si revisar empresas públicas sin utilidad acreditada implicara abandonar a los ciudadanos.

Conviene separar cuidadosamente ambas cuestiones.

Una cosa es financiar servicios públicos necesarios. Otra muy distinta es financiar la conservación de una clase política y de sus clientelas.

VI. LA MULTIPLICACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES Y DEL EMPLEO POLÍTICO

España ha experimentado desde la transición una transformación extraordinaria de su estructura administrativa.

A la Administración General del Estado se añaden diecisiete comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, diputaciones, cabildos, consejos insulares, ayuntamientos y una multitud de organismos, agencias, consorcios, sociedades y fundaciones públicas.

El conjunto constituye una maquinaria cuya complejidad dificulta incluso conocer con precisión todos sus costes y relaciones.

La población española ha aumentado notablemente desde finales de los años setenta.

También han crecido las prestaciones, los servicios y las competencias administrativas.

Pero el aumento del gasto y de las estructuras públicas debería ir acompañado de una evaluación proporcional de sus resultados.

Y esa evaluación sigue siendo insuficiente.

No se trata de considerar innecesarios a todos los empleados públicos.

Un médico no es un cacique.

Un maestro no es un enchufado.

Un funcionario que ha superado una oposición no puede equipararse a un asesor designado por razones de confianza política.

Tampoco debe confundirse a los funcionarios de carrera con los interinos, el personal laboral o los cargos eventuales.

Lo que resulta imprescindible es distinguir entre los puestos necesarios para prestar servicios públicos y aquellos cuya existencia responde principalmente a intereses políticos.

¿Cuántos organismos realizan funciones duplicadas?

¿Cuántas entidades podrían integrarse en otras?

¿Cuántos altos cargos resultan imprescindibles?

¿Cuántas empresas públicas desempeñan actividades que podrían realizarse mejor mediante otros procedimientos?

¿Cuánto cuesta el conjunto?

¿Quién examina los resultados?

¿Quién decide cerrar una entidad cuando se demuestra que no cumple ninguna finalidad suficiente?

La administración pública no debería funcionar como una empresa de colocación de militantes, familiares, colaboradores o simpatizantes.

Y el acceso a puestos financiados con impuestos debería regirse por criterios adecuados de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, con las particularidades propias de cada función.

El problema de fondo consiste en la dependencia.

Quien debe su posición a una organización política puede sentirse obligado a protegerla.

Y cuando numerosas personas dependen económicamente del mantenimiento de determinadas estructuras, cualquier intento de reforma tropieza con una resistencia formidable.

Así se construyen los cacicazgos modernos.

No mediante decretos que reconozcan oficialmente los privilegios, sino mediante redes de relaciones económicas y profesionales que los hacen perdurar.

VII. EL ESTADO AUTONÓMICO: DIECISIETE OPORTUNIDADES DE REPRODUCIR EL CACiQUISMO.

La descentralización se presentó como una fórmula destinada a acercar las decisiones a los ciudadanos y mejorar la gestión pública.

Pero acercar geográficamente el poder no significa necesariamente someterlo a controles más eficaces.

Una administración autonómica puede ser tan opaca, clientelar o arbitraria como una administración central.

Y cuando las estructuras se multiplican sin establecer mecanismos adecuados de coordinación, aparecen nuevas oportunidades de duplicidad y despilfarro.

Cada comunidad autónoma dispone de Gobierno, Parlamento, administración propia y numerosos organismos dependientes.

La distribución territorial del poder político ha creado espacios adicionales para nombramientos, contratación, subvenciones y relaciones clientelares.

Eso no convierte en corrupta a toda administración autonómica.

Pero multiplica los lugares donde pueden reproducirse determinadas prácticas.

A ello se añade una consecuencia especialmente perjudicial para los ciudadanos: la dispersión de responsabilidades.

Cuando aparece un problema, el Gobierno central culpa a las comunidades autónomas.

Estas responsabilizan al Estado.

Las administraciones locales señalan a las superiores.

Y el ciudadano acaba recorriendo un laberinto burocrático sin encontrar a nadie dispuesto a responder.

La descentralización debería facilitar la identificación de los responsables.

En España, demasiadas veces sirve para complicarla.

Por eso resulta imprescindible revisar la distribución de competencias, eliminar duplicidades, garantizar la igualdad jurídica de los ciudadanos y recuperar una organización administrativa más sencilla y comprensible.

El criterio no debería ser conservar competencias porque proporcionan poder político.

Debería ser determinar qué administración puede ejercerlas con mayor eficacia, menor coste y mejores garantías.

VIII. LA DEUDA PÚBLICA: CUANDO LOS CACIQUES HIPOTECAN A LOS QUE TODAVÍA NO HAN NACIDO

Los gobernantes disponen de una ventaja que no tiene cualquier familia o empresa: pueden comprometer recursos de generaciones que no han participado en las decisiones.

La deuda pública permite financiar gastos presentes trasladando obligaciones al futuro.

No todo endeudamiento es injustificable. Puede responder a necesidades extraordinarias o financiar inversiones útiles.

Pero cuando se convierte en un recurso habitual para sostener estructuras, evitar ajustes y aplazar decisiones impopulares, constituye una pesada carga para la sociedad.

España soporta una deuda pública superior a 1,7 billones de euros en el indicador consolidado utilizado por las autoridades europeas.

La magnitud exige preguntarse no solamente cuánto debemos, sino para qué se ha utilizado el dinero.

¿Qué parte ha financiado inversiones productivas?

¿Qué parte ha servido para sostener servicios imprescindibles?

¿Cuánto se ha destinado a gastos de dudosa utilidad?

¿Cuántas obligaciones podrían haberse evitado mediante una gestión más rigurosa?

Naturalmente, responder exige estudiar los presupuestos y distinguir conceptos.

Pero no debería sorprender que una clase política habituada a administrar recursos ajenos encuentre extraordinariamente cómodo recurrir al endeudamiento.

El Gobierno que contrata la deuda obtiene inmediatamente los recursos.

Quienes deban atender sus obligaciones pueden encontrarse gobernando muchos años después.

Los dirigentes cambian.

Los acreedores permanecen.

Y las generaciones futuras tendrán que trabajar, producir y pagar impuestos para hacer frente a decisiones en las que no participaron.

La deuda destinada a financiar gastos innecesarios constituye una forma especialmente cómoda de trasladar a otros las consecuencias de la irresponsabilidad política.

IX. LA JUSTICIA: ¿QUIÉN VIGILA A QUIENES DEBEN VIGILARNOS?

La separación de poderes constituye una garantía esencial frente a la arbitrariedad.

Sin jueces independientes, la libertad de los ciudadanos depende excesivamente de la voluntad de quienes gobiernan.

Y cuando los principales partidos intervienen decisivamente en determinados nombramientos institucionales, la independencia de los órganos afectados puede quedar sometida a sospechas permanentes.

El sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial constituye un ejemplo especialmente significativo.

Las negociaciones entre partidos para renovar sus órganos de gobierno han generado durante décadas controversias sobre la politización de la justicia.

No significa que todos los jueces obedezcan instrucciones partidistas.

Significa que el procedimiento permite a las organizaciones políticas participar en decisiones que deberían estar suficientemente protegidas frente a sus intereses.

¿Por qué aceptar como inevitable semejante situación?

¿Por qué no establecer sistemas de selección que reduzcan considerablemente la intervención partidista?

¿Por qué no recurrir a procedimientos objetivos, basados en preparación, trayectoria e independencia, e incorporar incluso el sorteo entre candidatos previamente acreditados cuando pueda garantizar mayor imparcialidad?

El sorteo entre personas idóneas tiene una virtud importante: reduce las posibilidades de negociar previamente el nombramiento.

Y puede aplicarse, con las adaptaciones necesarias, a determinados órganos colegiados o funciones de control.

La independencia institucional no debería descansar en que los dirigentes políticos prometan respetarla.

Debería surgir del propio diseño de las instituciones.

El mismo principio debe aplicarse a los organismos encargados de fiscalizar presupuestos, contratación y legalidad administrativa.

Un controlador cuya carrera depende de los controlados difícilmente inspira la misma confianza que otro seleccionado mediante procedimientos independientes.

Y sin independencia de los controles, la corrupción encuentra terreno abonado.

X. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA FABRICACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Los medios de comunicación deberían contribuir a vigilar a quienes ejercen el poder.

Pero cuando dependen económicamente de contratos, subvenciones, publicidad institucional o convenios concedidos por las administraciones, aparecen conflictos de intereses evidentes.

No todos los medios que reciben publicidad institucional se convierten en instrumentos propagandísticos.

Pero la dependencia económica puede afectar a la selección de noticias, la intensidad de las críticas y las prioridades editoriales.

La manipulación tampoco exige necesariamente publicar informaciones falsas.

Puede bastar con omitir determinadas noticias.

Exagerar otras.

Seleccionar cuidadosamente a los participantes en los debates.

Convertir asuntos secundarios en grandes acontecimientos.

O presentar las declaraciones gubernamentales como si fueran conclusiones objetivas e indiscutibles.

También resulta imprescindible examinar los medios públicos.

Una radiotelevisión financiada mediante impuestos debería servir al conjunto de los ciudadanos, no a las mayorías políticas que participan en el nombramiento de sus responsables.

Pero la disputa partidista por su control demuestra hasta qué punto los dirigentes conocen la importancia del dominio informativo.

El resultado puede ser una ciudadanía permanentemente entretenida con enfrentamientos políticos, mientras apenas recibe información comprensible sobre la gestión de los recursos públicos.

Se discute apasionadamente sobre declaraciones, gestos y polémicas.

Pero se examinan mucho menos los presupuestos, contratos, subvenciones y nombramientos.

Para quienes pretenden conservar privilegios, resulta más conveniente que los ciudadanos discutan entre sí que permitirles investigar cómo se administra su dinero.

XI. LA CORRUPCIÓN QUE YA NO ESCANDALIZA

Durante décadas, España ha conocido escándalos que han afectado a partidos y administraciones de distinto signo.

Filesa, Gürtel, Púnica, Lezo, los ERE andaluces, Kitchen y otros procedimientos han mostrado diferentes manifestaciones de corrupción, irregularidades y abuso de poder.

Los casos conocidos durante los últimos años, relacionados con José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y otros protagonistas del entorno gubernamental, han vuelto a colocar el problema en el centro del debate público.

Las investigaciones judiciales deben determinar las responsabilidades penales concretas de cada persona.

Pero la responsabilidad política plantea preguntas adicionales.

¿Quién seleccionó a los responsables?

¿Quién los nombró?

¿Quién debía supervisar su actuación?

¿Qué mecanismos de control fallaron?

¿Qué advertencias fueron ignoradas?

¿Qué decisiones permitieron que determinadas prácticas continuasen?

Un dirigente no queda políticamente exonerado de toda responsabilidad por el simple hecho de que no se acredite su participación personal en un delito.

Los gobernantes también deben responder por su gestión, por los nombramientos realizados y por el funcionamiento de los mecanismos de control que tienen obligación de establecer.

Sin embargo, la sucesión de escándalos ha generado una peligrosa familiaridad con la corrupción.

Primero se produce la revelación.

Después llegan las negativas.

Más tarde aparecen las acusaciones contra quienes investigan o denuncian.

A continuación se anuncian medidas de regeneración.

Y finalmente otro escándalo ocupa el lugar del anterior.

El ciudadano termina acostumbrándose.

La corrupción deja de parecer una anomalía.

Se convierte en una característica aparentemente inevitable de la vida política.

Pero no hay nada inevitable en semejante degradación.

La corrupción prospera cuando los beneficios esperados superan los riesgos de ser descubierto y sancionado.

Y prospera todavía más cuando quienes deberían combatirla también obtienen ventajas de conservar las estructuras que la facilitan.

XII. LOS PARTIDOS COMO EMPRESAS DE COLOCACIÓN Y PROMOCIÓN PERSONAL

Una organización política debería seleccionar a sus candidatos atendiendo a su preparación, honradez, capacidad y compromiso con determinadas ideas.

Pero los incentivos de los aparatos partidistas pueden favorecer otros criterios.

La obediencia.

La fidelidad personal.

La ausencia de discrepancias.

La disposición a defender públicamente las decisiones de la dirección.

Y la capacidad para contribuir a la conservación del poder interno.

Quien aspira a figurar en una candidatura depende normalmente de las decisiones de su organización.

Quien desea repetir como diputado o concejal puede encontrarse obligado a demostrar fidelidad a quienes elaboran las listas.

Quien pretende ocupar un cargo ejecutivo necesita conservar la confianza de los dirigentes que pueden nombrarlo.

Así se configura una carrera profesional en la que la independencia personal puede convertirse en un inconveniente.

No todos los políticos carecen de profesión o experiencia fuera de las instituciones.

Pero quienes dependen exclusivamente de su carrera partidista tienen un incentivo económico especialmente intenso para conservarla.

La política puede transformarse entonces en un medio de vida cuyo mantenimiento prevalece sobre los compromisos proclamados.

De ahí que resulte tan importante modificar los mecanismos de selección de candidatos y reforzar la relación directa entre representantes y electores.

Un diputado debería responder prioritariamente ante quienes lo han elegido.

No ante quienes pueden garantizarle un puesto en la siguiente candidatura.

Y los partidos deberían facilitar la incorporación de personas independientes, competentes y capaces de discrepar.

Porque una organización que recompensa sistemáticamente la obediencia acaba expulsando a quienes piensan por sí mismos.

Después, cuando alcanza el Gobierno, descubre que dispone de numerosos subordinados fieles y de muy pocas personas dispuestas a advertir de los errores.

La mediocridad no aparece por casualidad.

También puede ser el resultado de un procedimiento de selección que penaliza la independencia.

XIII. VOTAR NO EQUIVALE A GOBERNAR

La democracia representativa necesita elecciones libres.

Pero no basta con celebrar votaciones periódicas para garantizar que los ciudadanos ejerzan un control efectivo sobre sus gobernantes.

Una votación permite conocer las preferencias expresadas por quienes participan entre las alternativas ofrecidas.

No demuestra que los votantes compartan todas las propuestas de la candidatura elegida.

Ni que aprueben todos los acuerdos posteriores.

Ni que autoricen cualquier decisión adoptada durante el mandato.

Un ciudadano puede votar a un partido por razones económicas y discrepar profundamente de sus propuestas educativas.

Otro puede apoyarlo por su política territorial y rechazar sus decisiones fiscales.

Otro puede elegir una candidatura simplemente porque considera peores las alternativas.

Convertir semejante diversidad de motivaciones en una autorización general constituye una simplificación interesada.

Además, en España los electores votan listas cerradas y bloqueadas para el Congreso de los Diputados.

No pueden alterar el orden de los candidatos.

Ni seleccionar individualmente a quienes consideran más adecuados.

Y una vez celebradas las elecciones, sus posibilidades de intervenir directamente en las decisiones nacionales son bastante limitadas.

El resultado es un sistema en el que los dirigentes suelen invocar la soberanía popular mientras concentran enormes facultades de decisión.

La verdadera democracia necesita elecciones, separación de poderes, respeto a los derechos individuales, participación y control permanente de los gobernantes.

Sin estos elementos, la votación periódica corre el riesgo de convertirse en una ceremonia mediante la cual los ciudadanos renuevan la autorización para que otros administren su poder.

XIV. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DERECHO A PARTICIPAR

Durante generaciones, la participación política directa estuvo limitada por enormes dificultades materiales.

Organizar consultas frecuentes resultaba costoso.

Distribuir documentación exigía tiempo y recursos.

Recoger las opiniones de millones de personas era complicado.

Hoy buena parte de esos obstáculos técnicos ha desaparecido.

Disponemos de procedimientos capaces de facilitar el acceso a información pública, recibir iniciativas ciudadanas, organizar consultas y establecer mecanismos de participación continua.

No propongo que toda decisión administrativa se someta a votación.

Tampoco que se obligue a todos los españoles a pronunciarse constantemente sobre cuestiones que desconocen.

Propongo que quienes deseen participar dispongan de procedimientos efectivos para hacerlo.

Y que esa participación vaya acompañada de información accesible, plural y comprensible.

Los ciudadanos deberían poder examinar proyectos normativos, conocer sus costes, formular observaciones y expresar sus preferencias.

En determinados asuntos podrían organizarse consultas mediante sistemas seguros y verificables.

También sería posible habilitar terminales públicos de funcionamiento sencillo, semejantes a los cajeros automáticos bancarios, para facilitar la participación de quienes carecen de dispositivos propios.

La tecnología tendría que garantizar identificación, integridad de resultados, protección de datos y secreto del voto cuando corresponda.

Pero el avance más importante no sería técnico.

Sería político.

Consistiría en reconocer que los ciudadanos no tienen por qué limitarse a intervenir una vez cada varios años.

Pueden participar en el examen y control de las decisiones públicas de manera mucho más continua.

Y esa posibilidad modificaría significativamente las relaciones entre representantes y representados.

Quizá por eso no entusiasme demasiado a quienes consideran la participación ciudadana una ceremonia que conviene celebrar de vez en cuando, pero nunca una actividad permanente de vigilancia del poder.

XV. EL JUICIO DE RESIDENCIA: UNA SOLUCIÓN QUE NUESTRA HISTORIA YA CONOCIÓ

España cuenta con un precedente histórico especialmente interesante para abordar el problema de la responsabilidad de los gobernantes.

Me refiero al juicio de residencia.

Esta institución, desarrollada en el derecho castellano y aplicada posteriormente en numerosos territorios de la Monarquía Hispánica, permitía examinar la actuación de determinados responsables públicos al finalizar el ejercicio de sus cargos.

Virreyes, gobernadores, corregidores y otros funcionarios podían quedar sometidos a procedimientos destinados a investigar posibles abusos, incumplimientos e irregularidades.

Se examinaban documentos.

Se recibían testimonios.

Podían formularse reclamaciones.

Y, cuando correspondía, se imponían responsabilidades.

Aquellos procedimientos respondían a las circunstancias de su época y no estuvieron exentos de defectos.

Pero contenían un principio de enorme valor:

Quien ha ejercido autoridad pública debe responder por su utilización.

No basta con abandonar el cargo.

No basta con perder unas elecciones.

No basta con retirarse de la política.

Quien ha administrado recursos públicos debería estar obligado a explicar qué decisiones adoptó, qué obligaciones contrajo y qué resultados obtuvo.

Naturalmente, sería necesario adaptar el procedimiento a las garantías jurídicas actuales.

Pero su finalidad continúa siendo perfectamente razonable.

Todo presidente del Gobierno, ministro, presidente autonómico, consejero, alcalde, presidente de diputación o responsable de una entidad pública debería someterse, al finalizar su mandato, a un examen independiente de su gestión.

No para castigarlo por sus opiniones.

Ni para convertir cada desacierto en delito.

Sino para establecer qué hizo con las facultades que recibió, cómo administró los recursos públicos y si incurrió en actuaciones susceptibles de generar responsabilidades.

La evaluación tendría que ser pública, rigurosa y respetuosa con los derechos de defensa.

Sus conclusiones deberían estar al alcance de cualquier ciudadano.

Y cuando apareciesen indicios de infracciones o delitos, tendrían que remitirse a los órganos competentes.

El juicio de residencia permitiría recuperar una exigencia elemental que nuestra vida política parece haber olvidado.

El cargo termina.

Las responsabilidades no necesariamente.

XVI. ANTES DE MARCHAROS, TENDRÉIS QUE RESPONDER

La recuperación del principio de los juicios de residencia debería integrarse en una reforma institucional mucho más amplia.

Habría que establecer auditorías independientes de la gestión de los principales responsables públicos.

Publicar balances comprensibles de sus actuaciones.

Examinar contratos, subvenciones y compromisos económicos.

Revisar los procedimientos de nombramiento.

Garantizar la protección de quienes denuncian irregularidades.

Exigir la reparación de perjuicios cuando existan los correspondientes fundamentos jurídicos.

Y asegurar que las sanciones e inhabilitaciones legalmente previstas se apliquen sin privilegios partidistas.

Pero estas medidas deberían acompañarse de una reforma profunda de la organización administrativa.

Es necesario revisar organismos redundantes, eliminar gastos injustificados y examinar la utilidad de las entidades financiadas con recursos públicos.

También es imprescindible fortalecer la independencia de quienes fiscalizan a los gobiernos.

La selección de determinados responsables institucionales podría realizarse entre personas previamente acreditadas por sus méritos, preparación e independencia, incorporando procedimientos de sorteo cuando resulten adecuados.

El objetivo consiste en reducir las posibilidades de que los dirigentes partidistas se repartan las instituciones destinadas a controlarlos.

Asimismo, habría que ampliar los instrumentos de participación ciudadana y mejorar la transparencia presupuestaria.

No basta con publicar miles de documentos incomprensibles.

La información tiene que presentarse de manera que cualquier persona interesada pueda examinarla.

Los ciudadanos deberían conocer cuánto cuesta cada organismo, qué funciones desempeña, qué resultados obtiene y quién responde por ellos.

Y las entidades cuya utilidad no pueda justificarse deberían revisarse seriamente.

La regeneración democrática no consiste en crear otro ministerio, otra agencia o una nueva comisión.

Consiste en establecer reglas que impidan utilizar el poder público como patrimonio partidista.

XVII. LA COMPLICIDAD DE LAS CLIENTELAS

Resultaría demasiado cómodo atribuir todos los problemas a los políticos y presentar a la sociedad como una víctima completamente ajena a su funcionamiento.

Los caciques necesitan clientelas.

Los dirigentes corruptos necesitan colaboradores.

Las redes de favoritismo necesitan beneficiarios.

Y los abusos encuentran frecuentemente protección en la tolerancia interesada de quienes reciben alguna ventaja.

Existe una costumbre especialmente dañina: condenar con indignación los abusos de los adversarios y disculpar los propios.

El enchufismo resulta intolerable hasta que favorece a un familiar.

La subvención parece escandalosa cuando la recibe una organización contraria.

El nombramiento discrecional se considera una afrenta hasta que el beneficiario pertenece a nuestro entorno.

Así se perpetúa el sistema.

No todos los ciudadanos que votan a una organización involucrada en escándalos son cómplices de sus irregularidades.

Pero quienes participan conscientemente en prácticas corruptas o se benefician de ellas contribuyen a mantener las redes clientelares.

La regeneración institucional exige también abandonar la idea de que el dinero público es un patrimonio sin dueño.

Tiene dueño.

Procede de la actividad de millones de personas y debe emplearse conforme a las finalidades públicas legítimamente establecidas.

No pertenece a los partidos.

No pertenece a los ministros.

No pertenece a los presidentes autonómicos.

Ni pertenece a los dirigentes que consiguen una mayoría parlamentaria.

Los ciudadanos no deberían agradecer como favores personales las prestaciones y servicios que reciben conforme a la ley.

Y los gobernantes deberían abandonar la costumbre de presentar como regalos propios lo que se financia mediante recursos ajenos.

XVIII. NO BASTA CON CAMBIAR DE GOBIERNO: HAY QUE CAMBIAR LAS REGLAS

España ha conocido gobiernos de distinto signo durante casi medio siglo de vigencia constitucional.

Han cambiado presidentes, ministros, mayorías parlamentarias y dirigentes de partidos.

Sin embargo, muchas de las estructuras que favorecen la concentración del poder y la dependencia partidista continúan funcionando.

La alternancia puede sustituir a quienes administran las instituciones.

Pero no garantiza que cambien los mecanismos que permiten utilizarlas para obtener ventajas.

El partido que llega al Gobierno puede conservar procedimientos que criticaba desde la oposición.

El dirigente que denunciaba los nombramientos arbitrarios puede descubrir excelentes candidatos entre sus colaboradores.

Y la organización que prometía reducir la burocracia puede acabar multiplicando organismos.

Por eso la solución no consiste en confiar eternamente en la aparición de políticos virtuosos.

Naturalmente, necesitamos gobernantes honrados y capaces.

Pero necesitamos, sobre todo, instituciones diseñadas para impedir que los deshonestos e incompetentes provoquen daños graves.

Un buen sistema político no puede depender exclusivamente de la bondad de quienes lo administran.

Debe contener controles, límites e incentivos que favorezcan la responsabilidad.

Los gobernantes deben saber que sus decisiones serán examinadas.

Que los recursos públicos no pueden utilizarse arbitrariamente.

Que las irregularidades tendrán consecuencias.

Y que abandonar un cargo no significa escapar de las responsabilidades contraídas.

La honradez personal es deseable. La rendición de cuentas debe ser obligatoria.

XIX. CONCLUSIÓN: EL ESTADO NO ES EL BOTÍN DE LOS VENCEDORES

El problema de España no consiste solamente en la existencia de políticos corruptos.

Consiste en que nuestro sistema proporciona demasiadas oportunidades para utilizar el poder en beneficio de intereses particulares y conserva insuficientes mecanismos de control ciudadano efectivo.

Los escándalos de corrupción son una manifestación del problema.

La expansión del clientelismo constituye otra.

El reparto partidista de determinados nombramientos, la dependencia económica de numerosas organizaciones, la utilización propagandística de recursos públicos y la dificultad para exigir responsabilidades completan el panorama.

Los partidos políticos no son propietarios del Estado.

Los cargos públicos no constituyen patrimonio de sus dirigentes.

Los presupuestos no son cajas privadas.

Los contribuyentes no son súbditos obligados a financiar los caprichos de quienes gobiernan.

Y ganar unas elecciones no autoriza a convertir las instituciones en instrumentos de conservación del poder.

La democracia exige elecciones libres, pero también separación de poderes, igualdad ante la ley, protección de los derechos individuales, transparencia, participación ciudadana y responsabilidad de los gobernantes.

Sin esas garantías, los partidos pueden acabar funcionando como cárteles que se disputan periódicamente la administración de un patrimonio que no les pertenece.

Unos se presentan como progresistas.

Otros como conservadores.

Otros como liberales, nacionalistas, patriotas o defensores de determinadas causas sociales.

Pero las etiquetas pierden buena parte de su significado cuando las organizaciones se dedican a conservar privilegios, distribuir cargos y mantener posiciones de influencia.

Quien pretende gobernar debería explicar, antes de solicitar el voto, qué facultades está dispuesto a devolver a los ciudadanos, qué privilegios suprimirá, qué mecanismos de control aceptará y qué responsabilidades asumirá personalmente.

Porque resulta demasiado fácil exigir sacrificios a millones de personas cuando las consecuencias de las propias decisiones pueden trasladarse a los contribuyentes.

Resulta demasiado fácil endeudar al Estado cuando las obligaciones recaerán sobre generaciones futuras.

Y resulta demasiado fácil hablar de transparencia cuando la información decisiva permanece enterrada bajo montañas de documentación administrativa.

La regeneración democrática no consiste en sustituir a unos beneficiarios del sistema por otros.

Consiste en cambiar las reglas para impedir que cualquier partido convierta el ejercicio del poder en una forma de apropiación institucional.

Joaquín Costa denunció hace más de un siglo a la oligarquía y al caciquismo españoles.

Hoy los caciques utilizan ordenadores, comparecen ante las cámaras, disponen de asesores y celebran congresos donde proclaman su compromiso con la democracia.

Han cambiado los instrumentos.

Han mejorado los procedimientos.

Han multiplicado los recursos.

Pero sigue existiendo la tentación de considerar las instituciones como territorios conquistados y los presupuestos como botines que pueden distribuirse entre los vencedores.

Y mientras los ciudadanos se limiten a elegir periódicamente a quienes administrarán semejante sistema, sin disponer de mecanismos suficientes para vigilarlo y exigir responsabilidades, la oligarquía continuará encontrando formas de perpetuarse.

La democracia no puede reducirse al derecho a elegir gobernantes.

Debe incluir el derecho efectivo a controlarlos.

Y el poder político no pertenece a quienes lo ejercen.

Constituye una responsabilidad temporal sometida a la ley, a los derechos de los ciudadanos y a la obligación de rendir cuentas.

Por eso ha llegado el momento de recuperar una exigencia que debería presidir cualquier democracia digna de ese nombre:

ANTES DE MARCHAROS, TENDRÉIS QUE RESPONDER.

Y quien no esté dispuesto a aceptar semejante condición debería dedicarse a otra actividad.

Tal vez descubra que fuera de la política resulta bastante más difícil vivir del dinero ajeno.

Carlos Aurelio Caldito Aunión Octubre de 2026