LA REBELIÓN DE LAS RATAS
ESPAÑA, LA GRAN JAULA: OCHO AÑOS DE DESASTRES, MÁS DE 2,3 BILLONES DE EUROS EN PASIVOS PÚBLICOS Y UNA INAGOTABLE INDUSTRIA DE LÁGRIMAS, SUBVENCIONES Y PROMESAS INCUMPLIDAS
De Ceuta y Melilla a las riadas, los incendios forestales, las carreteras deterioradas y las tragedias ferroviarias. De los hospitales saturados a los juzgados desbordados. Y, mientras tanto, nuestros gobernantes practican la caridad con dinero ajeno, olvidan al prójimo y nos invitan a aplaudir sus lágrimas televisadas.
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
29 de octubre de 2026
Ayer hubo otra tragedia. Hoy, otra función.
Ayer, 28 de octubre, dos trenes de alta velocidad colisionaron en las inmediaciones de Urda, provincia de Toledo, en la línea Madrid-Andalucía.
Un AVE de Renfe alcanzó a un convoy de Iryo que permanecía detenido. Varios vagones descarrilaron. Al término de la jornada, las informaciones de EFE y otros medios situaban el balance provisional en al menos 68 fallecidos y numerosos heridos.
Las informaciones iniciales sobre las circunstancias del accidente apuntaban a decisiones adoptadas en el centro de control ferroviario tras una incidencia en los sistemas de seguridad. La investigación deberá establecer exactamente qué sucedió y qué responsabilidades corresponden.
Pero, mientras los equipos de emergencia trabajaban entre los restos de los trenes, comenzaba a desarrollarse otra actividad perfectamente conocida por los españoles.
La retransmisión ininterrumpida de la desgracia.
Los presentadores adoptaban expresiones fúnebres. Los programas modificaban su contenido. Los comentaristas comenzaban a especular. Las cámaras buscaban imágenes cada vez más impresionantes.
Y nuestros dirigentes se disponían a interpretar el papel que tan bien conocen.
El del político profundamente conmovido.
El del ministro consternado.
El del presidente que no encuentra palabras para expresar su dolor.
Después llegarán las condolencias, los minutos de silencio, los abrazos, los homenajes, las fotografías y las promesas de llegar hasta las últimas consecuencias.
¡Las últimas consecuencias!
¡Qué expresión tan extraordinaria!
Llevamos décadas escuchándola.
Y, sin embargo, cada nueva desgracia devuelve a los ciudadanos las mismas preguntas.
¿Qué falló?
¿Quién debía evitarlo?
¿Qué advertencias existían?
¿Qué se hizo?
¿Qué se dejó de hacer?
¿Quién debe responder?
Porque hay algo que nuestros gobernantes parecen olvidar con demasiada facilidad: no cobran para emocionarse ante las cámaras, sino para desempeñar competentemente las obligaciones de sus cargos.
Los ministros no están para participar en concursos de sensibilidad.
Los responsables ferroviarios no están para pronunciar discursos conmovedores.
Los encargados de la conservación de las infraestructuras no están para posar junto a los restos de una catástrofe.
Y las autoridades públicas no cumplen sus obligaciones por el mero hecho de afirmar que están profundamente afectadas.
La compasión puede ser sincera.
Pero no sustituye a la diligencia.
Y una declaración de condolencias no repara una vía ferroviaria.
Érase una vez una jaula llena de ratas
Imaginemos una jaula de laboratorio.
Dentro viven varias ratas.
En un extremo, los investigadores colocan un magnífico pedazo de queso.
Encima instalan una ducha.
Cada vez que alguna rata intenta acercarse al queso, el mecanismo se activa y todas reciben un desagradable baño.
Las ratas aprenden rápidamente la lección.
Acercarse al queso tiene consecuencias.
Pero pronto descubren algo todavía más eficaz: impedir que cualquiera de sus compañeras se acerque.
De ese modo evitan que se active la ducha.
Y comienzan a atacar colectivamente a toda rata que pretenda aproximarse al alimento.
Después los investigadores sustituyen progresivamente a los animales.
Las recién llegadas desconocen la existencia del mecanismo.
Pero cada vez que intentan acercarse al queso reciben una paliza.
Aprenden.
Obedecen.
Y, finalmente, comienzan a golpear también a las nuevas compañeras.
Transcurrido cierto tiempo, ninguna rata de la primera generación permanece en la jaula.
La ducha lleva mucho tiempo desconectada.
Ninguno de los animales actuales ha experimentado su funcionamiento.
Pero todos continúan defendiendo la prohibición.
Nadie sabe por qué no puede acercarse al queso.
Sin embargo, cualquiera que lo intente será atacado inmediatamente.
Ésta es la conocida parábola de las ratas, cuyo valor reside en su fuerza como fábula, no en que exista constancia científica de un experimento realizado exactamente de esa manera.
Y ahora viene la pregunta.
¿No les recuerda a algo?
A mí, desde luego, me recuerda extraordinariamente a España.
A nuestros políticos.
A demasiados medios de comunicación.
A ciertas asociaciones.
A determinadas instituciones.
Y, sobre todo, a esos millones de ciudadanos que consideran una obligación moral defender las decisiones de sus partidos, incluso cuando son idénticas a las que condenaban mientras gobernaban sus adversarios.
Porque la jaula ya no necesita un vigilante en cada esquina.
Los propios ocupantes se encargan de mantener el orden.
Se vigilan.
Se denuncian.
Se insultan.
Y se abalanzan sobre cualquiera que tenga la osadía de formular una pregunta incómoda.
¡Marditos roedores!
¡Qué formidable maquinaria de domesticación colectiva hemos construido!
Más de 2,3 billones de euros en pasivos públicos. ¿Y dónde está el queso?
Comencemos por el dinero.
Porque todas las promesas gubernamentales, todas las campañas, todos los organismos y todas las subvenciones tienen algo en común.
Alguien debe pagarlas.
Según los datos del Banco de España recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, los pasivos financieros de las administraciones públicas ascendían en el segundo trimestre de 2026 a:
2.309.015 millones de euros.
Es decir, más de 2,3 billones de euros.
No estoy confundiendo esta magnitud con la deuda calculada conforme al Protocolo de Déficit Excesivo, que utiliza una delimitación estadística diferente. Me refiero expresamente al conjunto de pasivos financieros recogidos en la estadística.
Dos billones trescientos nueve mil quince millones.
Escriban la cifra.
Contémplenla.
Y después salgan a la calle.
Observen las carreteras.
Los hospitales.
Las escuelas.
Los juzgados.
Las estaciones ferroviarias.
Los montes abandonados.
Los barrios deteriorados.
Los pueblos que pierden habitantes.
Las familias que no consiguen acceder a una vivienda.
Los jóvenes que no pueden independizarse.
Y pregúntense cómo es posible que un aparato público de semejantes dimensiones, sostenido mediante impuestos y endeudamiento, siga encontrando tantas dificultades para prestar determinados servicios esenciales.
No afirmo que todo ese dinero haya desaparecido ni que todas las administraciones gestionen mal sus recursos.
Afirmo algo bastante más concreto: cada euro comprometido debe tener una justificación, y los ciudadanos deben poder examinarla.
Pero en España existe una costumbre formidable.
Cuando el Gobierno anuncia una inversión, espera aplausos.
Cuando anuncia una subvención, espera agradecimientos.
Cuando aumenta las prestaciones, espera reconocimiento.
Y cuando alguien pregunta de dónde procede el dinero, aparece inmediatamente una rata especialmente vigilante.
—¡Está usted atacando el Estado del bienestar!
¡No, criatura!
Estoy preguntando quién paga.
Qué resultados se obtienen.
Qué obligaciones se están contrayendo.
Y quién responderá cuando llegue la factura.
Porque una cosa es financiar servicios útiles y otra muy diferente pretender que cualquier gasto público constituye automáticamente una conquista social.
El dinero público no nace en los ministerios. Procede de los ciudadanos y de las obligaciones financieras que se contraen en su nombre.
Y cuando se gasta mal, no lo pierde el ministro que comparece sonriente ante las cámaras.
Lo perdemos todos.
España: una gran jaula con diecisiete compartimentos y una multitud de administradores
El Estado español posee una estructura territorial y administrativa de extraordinaria complejidad.
Gobierno central.
Diecisiete comunidades autónomas.
Dos ciudades autónomas.
Diputaciones provinciales.
Cabildos.
Consejos insulares.
Mancomunidades.
Ayuntamientos.
Organismos autónomos.
Agencias.
Sociedades públicas.
Fundaciones.
Consorcios.
Entidades instrumentales.
Y un número considerable de cargos directivos, asesores y responsables políticos.
No todas esas instituciones son innecesarias.
Pero su existencia tampoco las convierte automáticamente en indispensables.
Ése es el principio que debería orientar cualquier revisión de la Administración.
¿Qué funciones desempeñan?
¿Cuánto cuestan?
¿Qué resultados obtienen?
¿Existen duplicidades?
¿Se presta mejor el servicio mediante esa estructura?
¿O estamos manteniendo organizaciones cuya principal utilidad consiste en proporcionar puestos, presupuestos y capacidad de influencia a determinados grupos?
La respuesta no puede ser una consigna.
Debe ser una evaluación.
Pero hay demasiadas instituciones que parecen considerar ofensivo que se cuestione su necesidad.
Se exige austeridad a los ciudadanos.
Se reclama esfuerzo a los trabajadores.
Se explican las dificultades presupuestarias a los pensionistas.
Y, entretanto, los organismos administrativos presentan sus necesidades económicas como si fueran derechos adquiridos.
Cuando alguien propone examinar la organización territorial, aparecen inmediatamente los guardianes de la jaula.
—¡Pretende acabar con nuestra autonomía!
No.
Pretendo saber cuánto cuesta y qué resultados produce.
—¡Está atacando nuestros servicios públicos!
No.
Pretendo que funcionen.
—¡Quiere retroceder cuarenta años!
No.
Quiero que expliquen para qué necesitamos determinados organismos.
Y entonces comienza la ducha.
Ceuta y Melilla: la soberanía no se protege con ruedas de prensa
Durante estos ocho años, Ceuta y Melilla han vuelto a demostrar hasta qué punto la defensa de las fronteras españolas constituye una cuestión de Estado.
La entrada masiva de personas en Ceuta en mayo de 2021 fue una advertencia difícil de ignorar.
Y lo ocurrido durante 2026 volvió a colocar a la ciudad ante una situación extraordinariamente grave.
El informe examinado por el Consejo de Ministros el 27 de octubre de 2026 registraba 13.823 retornos a Marruecos, 7.477 plazas en recursos estatales de acogida y 3.560 menores atendidos por el sistema autonómico de protección.
No son cifras insignificantes.
Estamos hablando de miles de personas, importantes recursos públicos, extraordinarias necesidades de coordinación y serias obligaciones de seguridad.
El Gobierno ha presentado sus actuaciones como prueba de una respuesta coordinada. La magnitud de la situación permite, precisamente, examinar su previsión, sus tiempos de reacción y sus resultados.
¿Qué información tenían previamente las autoridades?
¿Qué advertencias se recibieron?
¿Qué medidas preventivas estaban previstas?
¿Cómo actuaron los responsables de Interior, Defensa y los organismos competentes?
¿Qué coordinación existió con las autoridades de las ciudades autónomas?
¿Cuánto ha costado la respuesta?
¿Qué consecuencias ha tenido para la vida cotidiana de sus habitantes?
¿Y qué garantías existen de que no volverá a producirse una situación semejante?
La soberanía española sobre Ceuta y Melilla no es materia de propaganda.
Tampoco la seguridad de sus habitantes.
Y el deber de proteger nuestras fronteras debe ejercerse junto con el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a todas las personas afectadas.
Lo que no resulta aceptable es convertir cualquier pregunta sobre la actuación de los responsables públicos en una disputa moral destinada a evitar respuestas concretas.
Las fronteras no se defienden con declaraciones sentimentales. Se defienden mediante políticas, medios, previsión, coordinación y responsabilidades.
Riadas, pueblos arrasados y políticos con botas relucientes
El 29 de octubre de 2024, las inundaciones que devastaron numerosos municipios valencianos dejaron una tragedia humana de dimensiones estremecedoras.
Murieron centenares de personas.
Desaparecieron viviendas.
Comercios.
Vehículos.
Infraestructuras.
Y miles de familias vieron alteradas sus vidas.
Durante aquellos días asistimos a escenas extraordinarias.
Vecinos ayudando a vecinos.
Voluntarios retirando barro.
Personas repartiendo alimentos.
Trabajadores de emergencias realizando esfuerzos agotadores.
Y ciudadanos anónimos ofreciendo aquello de lo que disponían.
Ésa era la solidaridad auténtica.
La del prójimo.
La de quien se arremanga y trabaja.
Pero también comenzó la correspondiente batalla política.
Las acusaciones.
Las comparecencias.
Las fotografías.
Los enfrentamientos entre administraciones.
Las visitas oficiales.
Los discursos.
Y las promesas.
¡Cuántas promesas!
Reconstrucción.
Ayudas.
Agilización de expedientes.
Coordinación.
Investigaciones.
Y aquella expresión que nunca falta:
Hasta las últimas consecuencias.
Mientras tanto, los afectados necesitaban cosas mucho más concretas.
Un techo.
Agua.
Alimentos.
Asistencia sanitaria.
Maquinaria.
Accesos.
Ayudas efectivas.
Y respuestas.
Las riadas no pueden impedirse mediante discursos.
Pero sus riesgos pueden estudiarse.
Las zonas inundables pueden identificarse.
Los planes de emergencia pueden prepararse.
Las obras de protección pueden evaluarse.
Los sistemas de aviso pueden someterse a revisión.
Y quienes desempeñan responsabilidades públicas deben responder de sus decisiones.
No basta con presentarse después de la desgracia.
Ni con lucir una expresión compungida.
Ni con abrazar a un damnificado delante de una cámara.
La obligación de prevenir no desaparece porque después sepamos llorar ante los escombros.
Los bosques quemados: la prevención no empieza cuando llega el incendio
Otra calamidad repetida.
Los incendios forestales.
Cada temporada contemplamos montes arrasados, pueblos amenazados, evacuaciones, explotaciones destruidas y trabajadores de emergencias enfrentándose a situaciones extraordinariamente peligrosas.
Los gobiernos anuncian campañas de prevención.
Los responsables regionales presentan nuevos dispositivos.
Los ministros explican que los fenómenos meteorológicos han sido excepcionales.
Y cuando el fuego se extiende, comienzan las comparecencias.
Pero el monte no empieza a necesitar cuidados cuando aparece la primera columna de humo.
La gestión forestal requiere trabajo durante todo el año.
Conocimiento del terreno.
Actuaciones sobre la vegetación.
Vías de acceso.
Disponibilidad de medios.
Personal especializado.
Y colaboración con propietarios forestales, agricultores, ganaderos y habitantes de las zonas rurales.
Las consecuencias de los incendios dependen de numerosos factores, entre ellos la meteorología y las características del territorio. Pero esa complejidad no puede convertirse en excusa para renunciar a evaluar las políticas preventivas.
¿Cuánto se ha invertido?
¿En qué actuaciones?
¿Qué trabajos estaban previstos?
¿Cuáles se ejecutaron?
¿Qué recomendaciones técnicas existían?
¿Qué se ha corregido después de los grandes incendios anteriores?
Porque hay algo verdaderamente grotesco en gastar grandes cantidades en ceremonias de reconstrucción y presentar como asunto secundario el examen de las actuaciones preventivas.
Un monte bien gestionado no suele ofrecer grandes fotografías para una campaña electoral. Un monte ardiendo, desgraciadamente, proporciona horas de televisión.
Y ahí volvemos a encontrarnos con la industria de las desgracias.
Las carreteras: baches, grietas y propaganda
En julio de 2025, la Asociación Española de la Carretera publicó un estudio según el cual el 52 % de la red examinada presentaba deterioros graves o muy graves.
Estimaba en aproximadamente 34.000 kilómetros los tramos necesitados de reconstrucción urgente.
Y calculaba un déficit de conservación de 13.491 millones de euros.
Trece mil cuatrocientos noventa y un millones.
Comparemos esa cantidad con los pasivos de nuestras administraciones.
Y después con las necesidades de los conductores.
Una carretera no se conserva sola.
El firme se deteriora.
Las estructuras envejecen.
Las señales necesitan mantenimiento.
Los sistemas de drenaje deben revisarse.
Y las reparaciones aplazadas terminan encareciéndose.
Pero conservar una carretera resulta políticamente menos vistoso que inaugurar una nueva.
Una inauguración permite cortar una cinta.
Una reparación bien hecha apenas proporciona titulares.
Y así llegamos al absurdo de contemplar señales que advierten del mal estado del firme.
Naturalmente, advertir del peligro puede resultar necesario.
Pero colocar una señal no equivale a reparar la carretera.
Es como si un restaurante anunciara solemnemente:
«Cuidado: la comida está estropeada».
Y considerara cumplidas sus obligaciones.
¡Marditos roedores!
Pagamos impuestos.
Circulamos por las carreteras.
Y cuando reclamamos conservación, los responsables públicos comienzan a explicarnos las dificultades presupuestarias.
¿Dificultades presupuestarias?
Entonces examinemos las prioridades.
Eso es precisamente lo que corresponde hacer.
El ferrocarril: ayer Urda, hoy las condolencias, mañana los expedientes
Volvamos al accidente del 28 de octubre.
A las víctimas.
A los heridos.
A sus familias.
A los equipos de emergencia.
Y a las preguntas que deben responderse.
¿Qué ocurrió en el centro de control?
¿Qué información tenían los responsables ferroviarios?
¿Qué indicaciones recibieron los maquinistas?
¿Cómo funcionaron los sistemas de seguridad?
¿Qué procedimientos eran aplicables?
¿Se cumplieron?
¿Qué decisiones pudieron contribuir al accidente?
¿Existieron fallos técnicos, humanos u organizativos?
Y, sobre todo, ¿qué medidas deben adoptarse para impedir que se reproduzcan?
Ésos son los asuntos que importan.
No cuántas veces ha declarado un ministro su consternación.
No cuántos mensajes de condolencia ha publicado.
No cuántos minutos ha permanecido ante las cámaras.
No cuántas fotografías han difundido los departamentos de comunicación.
El sistema ferroviario español necesita conservación rigurosa, inversión técnicamente justificada, procedimientos fiables y supervisión independiente.
Y cuando ocurre una catástrofe, necesita investigaciones capaces de identificar las causas y establecer las responsabilidades que procedan.
La responsabilidad penal no puede decidirse mediante una tertulia.
Pero la responsabilidad política tampoco debe desaparecer detrás de una investigación técnica.
Son planos diferentes.
Y ambos deben poder examinarse.
Las familias de los fallecidos no necesitan competir por la atención de los políticos. Necesitan asistencia, verdad, reparación y justicia.
La enseñanza: generaciones de alumnos convertidas en campo de experimentación
Y mientras tanto, la enseñanza.
Otra de nuestras grandes especialidades.
Reformas.
Contrarreformas.
Nuevas leyes.
Nuevos criterios de evaluación.
Nuevos métodos.
Nuevas asignaturas.
Nuevas denominaciones.
Y una sucesión interminable de debates sobre lo que debería aprender el alumnado.
Los resultados de PISA 2025, publicados por la OCDE en septiembre de 2026, volvieron a mostrar el deterioro del rendimiento en lectura y matemáticas en el conjunto de los países participantes.
España no puede permanecer ajena a esa preocupación.
Porque la cuestión esencial continúa siendo extraordinariamente sencilla.
¿Saben los alumnos leer correctamente?
¿Comprenden lo que leen?
¿Saben escribir?
¿Dominan las matemáticas fundamentales?
¿Conocen la historia de España dentro de la historia universal?
¿Saben situar los principales accidentes geográficos?
¿Han estudiado ciencias?
¿Son capaces de razonar y discutir sin limitarse a repetir consignas?
Una escuela no está para fabricar militantes.
Ni para convertirse en instrumento de los enfrentamientos territoriales.
Ni para sustituir conocimientos por consignas ideológicas.
Está para enseñar.
Y la enseñanza debe permitir que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para pensar por sí mismos.
Pero eso, precisamente, puede resultar inconveniente para quienes prefieren ciudadanos acostumbrados a aceptar explicaciones previamente elaboradas.
En la gran jaula, la obediencia comienza a enseñarse muy pronto.
Y quien aprende a repetir sin comprender termina convirtiéndose en un excelente consumidor de propaganda.
La sanidad: el enfermo espera; el político inaugura
Pasemos a los hospitales.
A los centros de salud.
A las listas de espera.
A los pacientes que aguardan una intervención.
A quienes necesitan pruebas diagnósticas.
A los profesionales sanitarios que soportan jornadas difíciles.
Y a las familias que conviven con la incertidumbre.
El Ministerio de Sanidad registraba a mediados de 2025 más de 830.000 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica electiva.
No hablamos de simples números.
Hablamos de personas.
Con dolor.
Con dificultades para trabajar.
Con enfermedades.
Con necesidades concretas.
Y mientras tanto asistimos a nuevas promesas sanitarias.
Nuevos anuncios.
Nuevos programas.
Nuevas estructuras.
Nuevos planes.
Y la inevitable fotografía del responsable público inaugurando instalaciones.
Muy bien.
Pero la sanidad no se mide por el número de inauguraciones.
Se mide por la asistencia que presta.
Por sus resultados.
Por sus tiempos de respuesta.
Por su capacidad para atender a los enfermos.
Por la disponibilidad de profesionales.
Y por la utilización adecuada de sus recursos.
Los pacientes no necesitan que un consejero se declare profundamente preocupado.
Necesitan atención sanitaria.
La preocupación no reduce una lista de espera.
Y la fotografía de un hospital tampoco cura a nadie.
La justicia: Dickens habría reconocido inmediatamente el negocio
Si Charles Dickens hubiera vivido en la España contemporánea, habría encontrado abundante material para una nueva versión de Casa desolada.
En aquella novela, el interminable pleito de Jarndyce y Jarndyce termina convirtiéndose en símbolo de una justicia cuyos procedimientos consumen tiempo, recursos y esperanzas.
La sátira conserva una actualidad incómoda.
Porque una justicia lenta puede terminar perjudicando a quien tiene razón.
Un procedimiento prolongado durante años puede arruinar económicamente a sus protagonistas.
Y un derecho reconocido demasiado tarde pierde parte de su eficacia.
En enero de 2026, la Sala Primera del Tribunal Supremo reconoció la existencia de importantes problemas de acumulación de recursos, con decenas de miles de asuntos pendientes.
Pero la cuestión va más allá de la estadística.
¿Cuánto cuesta defenderse judicialmente?
¿Cuánto tarda un procedimiento?
¿Qué diferencias existen entre territorios?
¿Qué medios necesitan los juzgados?
¿Cómo se garantiza la independencia de los jueces?
¿Cómo se evita que la proximidad al poder político condicione los nombramientos?
¿Y cómo se consigue que los ciudadanos puedan defender sus derechos sin quedar sometidos a una incertidumbre interminable?
Porque la justicia no debería depender de la paciencia infinita ni de la capacidad económica de quienes acuden a ella.
Y tampoco puede convertirse en un instrumento de las conveniencias partidistas.
La ley debe aplicarse conforme a los hechos y las garantías jurídicas.
No según la popularidad del acusado.
Ni según las exigencias de una multitud.
Ni según las preferencias del Gobierno.
Una justicia que tarda demasiado, cuesta demasiado y se encuentra sometida a constantes disputas sobre su independencia necesita reformas concretas, no nuevas ceremonias de compromiso institucional.
El sentimentalismo tóxico: cuando las tragedias se convierten en espectáculos televisados
Llegamos a una de las manifestaciones más irritantes de nuestra vida pública.
El espectáculo de las desgracias.
Descarrila un tren.
Se desborda un río.
Arde un pueblo.
Se derrumba una infraestructura.
Mueren ciudadanos.
Y comienza la función.
Los medios interrumpen sus programas.
Los presentadores adoptan expresiones sombrías.
Los comentaristas aparecen convertidos en especialistas instantáneos.
Las cámaras buscan testimonios.
Se retransmiten imágenes de destrucción.
Y el dolor ajeno se transforma en horas de programación.
Después llegan los políticos.
¡Ah, los políticos!
El ministro, compungido.
El presidente autonómico, profundamente afectado.
El alcalde, desolado.
El dirigente de la oposición, consternado.
Todos transmiten condolencias.
Todos prometen ayuda.
Todos aseguran que acompañan a las víctimas.
Y algunos encuentran incluso ocasión para hacerse fotografías o selfis en escenarios donde debería imponerse la discreción.
Cuando la desgracia alcanza suficiente repercusión, se organizan visitas de las más altas instituciones del Estado, incluidos los Reyes.
Una presencia institucional puede tener significado para quienes desean recibirla.
Pero ese significado no aumenta por el número de cámaras.
Ni por la longitud del séquito.
Ni por la cantidad de imágenes difundidas.
La tragedia de una familia no necesita convertirse en decorado de una representación nacional.
Y aquí conviene detenerse en una expresión que repetimos constantemente:
«Expresar solidaridad».
¿Qué significa exactamente?
¿Pronunciar unas palabras?
¿Abrazar a un damnificado?
¿Poner cara de circunstancias?
¿Guardar un minuto de silencio?
¿Hacerse una fotografía?
La solidaridad verdadera consiste en prestar ayuda.
En proporcionar alojamiento.
En llevar alimentos.
En trabajar retirando escombros.
En atender a los heridos.
En acompañar personalmente a quien lo necesita.
En facilitar recursos propios.
En cumplir las obligaciones que uno ha asumido.
Una palabra de consuelo sincera puede tener valor humano.
Pero una declaración pública no equivale a prestar asistencia.
Y un gobernante no puede presentar su emoción como sustituto de la gestión.
No se les paga para demostrar cuánto sufren delante de las cámaras. Se les paga para prevenir cuanto sea posible, responder eficazmente a las emergencias y reparar los daños que corresponda.
Después de la ceremonia vienen los expedientes.
Las solicitudes.
Los trámites.
Las indemnizaciones.
Las obras.
Las reclamaciones.
Las investigaciones.
Y ahí disminuye extraordinariamente el entusiasmo televisivo.
Los políticos regresan a sus despachos.
Las cámaras encuentran otra desgracia.
Los comentaristas descubren otro motivo de indignación.
Y los afectados continúan esperando.
Hasta la siguiente catástrofe.
Hasta la siguiente retransmisión.
Hasta la siguiente visita institucional.
Hasta la siguiente promesa.
Y hasta la siguiente ducha.
¡Qué formidable industria del sentimentalismo tóxico!
Porque hemos aprendido a confundir la expresión pública del dolor con el cumplimiento de las obligaciones.
Las lágrimas con los resultados.
Los discursos con las soluciones.
Y las fotografías con las responsabilidades.
Las víctimas no necesitan que los gobernantes lloren mejor. Necesitan que gobiernen mejor.
«Casa desolada»: cuando se ama a la humanidad y se abandona al prójimo
Y ahora llegamos a otra manifestación extraordinaria de nuestra gran jaula.
La caridad con dinero ajeno.
Charles Dickens creó en Casa desolada un personaje memorable: la señora Jellyby.
Una mujer apasionadamente entregada a una empresa filantrópica dirigida a mejorar la situación de personas residentes en territorios africanos.
Su entusiasmo por aquella causa le permite sentirse moralmente admirable.
Pero está tan ocupada intentando remediar las desgracias de quienes viven lejos que descuida las necesidades de quienes conviven con ella.
Su propia casa permanece desatendida.
Sus hijos sufren las consecuencias.
Y las obligaciones inmediatas quedan relegadas ante la extraordinaria satisfacción de trabajar por una causa universal.
La sátira de Dickens no consiste en negar que los habitantes de lugares lejanos merezcan ayuda.
Consiste en mostrar el absurdo de quien pretende salvar al mundo mientras abandona a las personas por las que tiene responsabilidades concretas.
Y, al contemplar nuestras administraciones públicas, uno no puede evitar recordar a la señora Jellyby.
El Gobierno central.
Los gobiernos autonómicos.
Las diputaciones.
Los cabildos.
Las mancomunidades.
Los ayuntamientos.
Todos administran recursos obtenidos de los ciudadanos.
Y todos tienen obligaciones determinadas.
Sin embargo, la financiación de actividades presentadas como humanitarias, solidarias, culturales o de sensibilización puede proporcionar grandes oportunidades para exhibir generosidad.
Se conceden ayudas.
Se anuncian programas.
Se financian campañas.
Se celebran jornadas.
Se organizan congresos.
Se publican carteles.
Se elaboran informes.
Y se pronuncian discursos sobre la extraordinaria sensibilidad de los responsables públicos.
Mientras tanto, pueden permanecer pendientes necesidades mucho más próximas.
Carreteras municipales deterioradas.
Ancianos solos.
Familias necesitadas.
Instalaciones públicas sin mantenimiento suficiente.
Servicios municipales deficientes.
Barrios degradados.
Y ciudadanos que llevan meses intentando obtener respuesta a una reclamación.
La existencia de esas necesidades no demuestra por sí sola que cualquier ayuda exterior sea injustificada.
Pero sí obliga a formular una pregunta elemental:
¿Con qué criterios establecen nuestros gobernantes las prioridades del gasto?
Porque los recursos son limitados.
Y cada euro empleado en una actividad deja de estar disponible para otras.
No basta con afirmar que una finalidad es noble.
Hay que explicar si corresponde a las competencias de la institución.
Si resulta necesaria.
Si está adecuadamente financiada.
Si existen otras obligaciones prioritarias.
Y si sus resultados justifican el gasto.
Pero semejantes preguntas pueden resultar incómodas.
Por eso vuelve a aparecer la ducha.
—¡Es usted insolidario!
No.
Estoy preguntando qué obligaciones tiene el ayuntamiento con sus vecinos.
—¡No le preocupa el sufrimiento de otras personas!
Sí.
Pero quiero saber por qué determinadas actividades deben financiarse precisamente con ese presupuesto.
—¡Está atacando la ayuda humanitaria!
No.
Estoy exigiendo que el dinero de los contribuyentes se administre con criterios claros y comprobables.
Y entonces comienza otra paliza colectiva.
Porque hemos convertido la solidaridad en una palabra tan poderosa que algunos pretenden utilizarla para impedir cualquier discusión sobre el gasto.
¡Qué cómodo resulta amar a toda la humanidad cuando el dinero lo ponen otros y las obligaciones inmediatas quedan desatendidas!
La caridad con dinero ajeno y el olvido del prójimo
Hay una diferencia fundamental entre la caridad personal y el gasto público.
Quien ayuda voluntariamente a otra persona utilizando sus propios recursos practica una forma de generosidad.
Quien administra fondos públicos está ejerciendo una responsabilidad sujeta a leyes, competencias, presupuestos y mecanismos de control.
Puede financiar legítimamente programas de asistencia.
Puede promover servicios sociales.
Puede impulsar actuaciones humanitarias previstas por el ordenamiento.
Pero debe justificar sus decisiones.
El presupuesto público no es una hucha personal destinada a financiar las preferencias morales de quien gobierna.
Y aquí aparece otra costumbre verdaderamente singular.
El político concede una ayuda.
El beneficiario agradece.
Los medios difunden la noticia.
Y el dirigente recibe felicitaciones por su generosidad.
Pero ¿de dónde procede el dinero?
Del contribuyente.
De los impuestos.
Del trabajo y la actividad económica de los ciudadanos.
O del endeudamiento que compromete recursos futuros.
¡Magnífico negocio!
Uno paga.
Otro reparte.
Y el tercero recibe los aplausos.
Mientras tanto, el verdadero propietario del dinero —el conjunto de los contribuyentes— permanece cuidadosamente apartado del escenario.
No niego que determinadas actuaciones públicas deban financiarse colectivamente.
Lo que rechazo es la pretensión de convertir a los administradores del presupuesto en benefactores personales.
Y, sobre todo, el recurso permanente a la supuesta nobleza de las finalidades para evitar que se examinen los gastos.
La solidaridad no debe convertirse en una patente de corso presupuestaria.
Ni una asociación puede considerarse intocable por el hecho de defender una buena causa.
Ni una subvención resulta automáticamente conveniente porque sus beneficiarios utilicen palabras conmovedoras.
Y tampoco debe confundirse la actividad de una organización con los resultados que obtiene.
Porque puede haber asociaciones que realicen un trabajo admirable.
Y otras cuyos programas merezcan una revisión profunda.
La cuestión consiste en saber cuáles son cuáles.
Pero algunos administradores de la jaula parecen preferir que nadie se acerque a ese queso.
La industria de las subvenciones: cuando resolver el problema amenaza el presupuesto
Aquí viene a cuento otra reflexión.
¿Qué ocurre cuando una organización depende económicamente de combatir un problema?
En principio, nada necesariamente censurable.
Numerosas organizaciones prestan servicios imprescindibles.
Pero existe un riesgo que merece examinarse.
Si el presupuesto de una entidad depende principalmente de que continúe existiendo un determinado problema, conviene establecer mecanismos que permitan comprobar si sus actuaciones contribuyen verdaderamente a resolverlo.
Porque, de lo contrario, podemos terminar confundiendo el éxito de la organización con su crecimiento presupuestario.
Se anuncia una campaña.
Se contrata personal.
Se organiza un congreso.
Se publican materiales.
Se financian estudios.
Y al terminar el ejercicio se proclama que el programa ha tenido una gran repercusión.
Muy bien.
¿Pero ha mejorado la situación de las personas a quienes pretendía ayudar?
¿En qué medida?
¿Con qué pruebas?
¿A qué coste?
Y si no ha funcionado, ¿qué se propone modificar?
Ésas deberían ser preguntas normales.
Sin embargo, con demasiada frecuencia se presentan como ataques contra las causas defendidas.
Y aquí conviene recordar un principio elemental.
El sufrimiento ajeno no puede convertirse en un escudo que impida examinar a quienes administran los recursos destinados a remediarlo.
Una víctima de violencia necesita protección.
Un enfermo necesita asistencia.
Una persona desempleada necesita oportunidades reales.
Un menor desatendido necesita ayuda.
Y un anciano abandonado necesita atención.
No necesitan necesariamente más propaganda.
Necesitan actuaciones eficaces.
Y cuanto más grave sea el sufrimiento, mayor debería ser la exigencia de eficacia.
La violencia conyugal, los hijos y las otras víctimas de la jaula
Uno de los asuntos que abordé en mi artículo de 2017 fue la violencia dentro de las relaciones afectivas y familiares.
Más de dos décadas después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, sigue siendo necesario examinar sus resultados, sus garantías y su relación con otras formas de violencia doméstica.
Las agresiones existen.
Las víctimas existen.
Las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas existen.
También existen hombres agredidos, menores maltratados y personas que sufren violencia en otros ámbitos familiares.
Cada caso requiere la protección y la respuesta jurídica que correspondan.
La cuestión no consiste en organizar una competición de sufrimientos.
Consiste en evitar que una desgracia se convierta en propiedad política de nadie.
Y en garantizar que las actuaciones públicas protejan eficazmente a las víctimas, respeten las garantías procesales y puedan ser evaluadas.
Lo mismo sucede con los procedimientos de separación y divorcio.
En 2025, según el INE, la custodia compartida se acordó en el 50,8 % de los divorcios de matrimonios de diferente sexo con hijos menores sujetos a decisiones de custodia.
La cifra refleja una transformación importante respecto de décadas anteriores.
Pero las estadísticas no muestran por sí solas todo el sufrimiento de las familias enfrentadas.
Los hijos no son trofeos.
No son instrumentos de negociación.
No son propiedades de sus progenitores.
Y no deberían verse obligados a elegir entre sus padres.
Cuando existen malos tratos, la protección de los menores es prioritaria.
Cuando hay conflictos familiares sin violencia, también deben buscarse soluciones que preserven sus relaciones y derechos.
Y cuando se produce una actuación judicial equivocada, deben existir mecanismos eficaces para corregirla.
Pero aquí, una vez más, demasiadas discusiones terminan convertidas en enfrentamientos ideológicos donde importan más las consignas que las personas.
Otra ducha.
Otra multitud de ratas dispuestas a atacar.
Y entretanto, los niños crecen.
Los años perdidos no regresan.
Los bandidos estacionarios y el maravilloso negocio de administrar el queso
El economista Mancur Olson utilizó la figura del bandido estacionario para explicar determinados incentivos del poder político.
Su comparación resulta sugerente.
El bandido que saquea una población y desaparece pretende obtener cuanto pueda inmediatamente.
El que desea permanecer descubre que le conviene permitir que sus víctimas produzcan riqueza, pues así podrá obtener recursos durante más tiempo.
La comparación no convierte automáticamente a cualquier Estado en una organización de saqueadores.
Pero permite formular preguntas importantes sobre los incentivos de quienes controlan los recursos públicos.
Imaginemos que una rata produce diez quesos.
El administrador de la jaula le exige cuatro para financiar las necesidades colectivas.
Después se queda con uno para mantener la estructura encargada de administrar los quesos.
Con otro organiza campañas explicando la importancia de compartirlos.
Con parte de un tercero financia una comisión que estudia por qué algunas ratas disponen de más queso que otras.
Y finalmente entrega una pequeña porción a la rata que lo había producido.
La beneficiaria aplaude emocionada.
—¡Qué generoso es nuestro ministro!
Otra rata levanta la pata.
—Perdonen, pero ese queso era suyo.
Se hace un silencio.
Después comienza el escándalo.
—¡Egoísta!
—¡Insolidaria!
—¡Enemiga del bienestar colectivo!
Y todos se abalanzan contra ella.
Desde su despacho, el ministro contempla satisfecho el resultado.
Ha conseguido que los contribuyentes agradezcan como regalos una parte de los recursos que ellos mismos han aportado.
Y que persigan a quien se atreva a recordarlo.
¡Marditos roedores!
¡Qué extraordinaria perfección ha alcanzado la jaula!
La oposición: cambiar de dueño no significa desmontar la ducha
Y ahora volvamos a los políticos que prometen sustituir al Gobierno.
Porque sería un error monumental limitar estas reflexiones a Pedro Sánchez y a quienes lo acompañan.
El problema es más antiguo.
Y continuará existiendo mientras los sucesivos gobernantes conserven las mismas tentaciones.
La oposición denuncia los abusos del Gobierno.
Promete austeridad.
Transparencia.
Independencia judicial.
Simplificación administrativa.
Reducción de gastos innecesarios.
Y regeneración institucional.
Pero ¿qué hará exactamente cuando alcance el poder?
¿Suprimirá organismos?
¿Cuáles?
¿En qué plazos?
¿Con qué consecuencias presupuestarias?
¿Revisará subvenciones?
¿Mediante qué procedimientos?
¿Publicará los resultados?
¿Reformará la organización territorial?
¿Cómo?
¿Mejorará los mecanismos de fiscalización?
¿Establecerá responsabilidades exigibles por incumplimientos graves?
¿Y aceptará someterse a las mismas exigencias que reclama para sus adversarios?
Porque los ciudadanos no necesitamos otra colección de promesas.
Necesitamos programas concretos, objetivos verificables, plazos, medios, presupuestos y rendición de cuentas.
Lo contrario es continuar participando en el mismo espectáculo.
Cambian los protagonistas.
Cambian los discursos.
Cambian las banderas.
Pero la ducha permanece.
Y el queso sigue siendo inaccesible.
Antes de marcharos, tendréis que responder
Aquí llegamos a una propuesta que considero especialmente importante.
Recuperar, mediante procedimientos modernos y plenamente respetuosos con las garantías jurídicas, el principio del juicio de residencia.
Durante siglos, el ordenamiento histórico español conoció mecanismos destinados a examinar la actuación de determinadas autoridades al terminar sus mandatos.
No se trata de reproducir literalmente aquellas instituciones.
Se trata de recuperar una idea esencial.
Quien ejerce el poder debe responder por el uso que ha hecho de él.
No basta con abandonar el cargo.
No basta con perder unas elecciones.
No basta con pronunciar un discurso de despedida.
Y tampoco basta con conseguir un nuevo puesto en algún organismo público.
Hay que rendir cuentas.
¿Qué prometió?
¿Qué hizo?
¿Cuánto gastó?
¿Qué resultados obtuvo?
¿Qué contratos autorizó?
¿Qué advertencias recibió?
¿Qué decisiones adoptó después de conocerlas?
¿Qué responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales pueden derivarse de actuaciones concretas?
Y, aunque ninguna actuación constituya delito, ¿qué consecuencias políticas deben extraerse de una gestión manifiestamente deficiente?
Porque una cosa es la responsabilidad penal, que exige delitos y pruebas.
Y otra la responsabilidad política por la gestión.
No podemos admitir que todos los fracasos queden absueltos simplemente porque no terminen en una condena judicial.
Pero tampoco podemos sustituir las garantías de la justicia por procedimientos de venganza partidista.
Lo que necesitamos es un sistema de fiscalización serio.
Con órganos independientes.
Acceso a los documentos.
Informes públicos.
Comparecencias.
Recomendaciones.
Exigencia de responsabilidades cuando procedan.
Y mecanismos que permitan comprobar si las deficiencias detectadas se corrigen.
ANTES DE MARCHAROS, TENDRÉIS QUE RESPONDER.
Todos.
Los que gobiernan.
Los que gobernaron.
Y los que pretenden gobernar mañana.
El problema más incómodo: los ciudadanos que defienden a sus carceleros
Pero sería demasiado sencillo terminar culpando exclusivamente a los gobernantes.
Porque entonces estaríamos ignorando a los principales guardianes de nuestra gran jaula.
Nosotros.
Los ciudadanos.
Las ratas que se indignan ante los abusos de los adversarios y justifican los mismos abusos cuando benefician a los suyos.
Las que reclaman austeridad cuando gobierna otro partido y celebran cualquier subvención que favorezca a sus simpatizantes.
Las que exigen independencia judicial cuando una sentencia les resulta desfavorable y aplauden a los jueces cuando sus resoluciones coinciden con sus preferencias.
Las que hablan de libertad de expresión mientras pretenden silenciar a quienes discrepan.
Las que presumen de estar informadas porque repiten lo que han escuchado en una tertulia.
Las que consideran que su fidelidad política constituye una demostración suficiente de decencia.
Las que jamás han leído un presupuesto, pero defienden apasionadamente cualquier decisión económica de su partido.
Las que jamás han examinado una ley, pero consideran ofensivo que alguien cuestione su contenido.
Las que exigen responsabilidades a los adversarios mientras encuentran mil excusas para los propios.
Y las que han convertido la política en una competición donde importa más que pierda el enemigo que conseguir una buena administración.
Ésa es la victoria más extraordinaria de los administradores de la jaula.
Ya no necesitan defender personalmente todas sus decisiones.
Disponen de multitudes de partidarios que realizan esa tarea voluntariamente.
Y cuando aparece alguien que formula preguntas, sus propios compañeros se encargan de castigarlo.
¡Qué maravilla!
El poder ahorra esfuerzos.
Los ciudadanos se enfrentan entre sí.
Y los responsables públicos continúan administrando tranquilamente sus presupuestos.
¡Marditos roedores! ¡Hasta los barrotes los pagamos nosotros!
Volvamos por última vez a nuestra jaula.
El queso permanece al fondo.
La ducha sigue instalada.
Y las ratas continúan vigilantes.
Una de ellas, más curiosa que las demás, contempla el mecanismo.
Después levanta la pata.
—Perdonen, ¿quién paga el agua?
Se hace un silencio.
Otra responde:
—La Administración de la Jaula.
—¿Y de dónde obtiene el dinero?
—De nuestras aportaciones.
—Entonces, ¿pagamos nosotros el agua con la que nos castigan?
Las demás comienzan a inquietarse.
La rata continúa:
—¿Y quién paga a los encargados de vigilar que nadie se acerque al queso?
—También nosotros.
—¿Y quién financia la comisión que estudia los peligros de comerlo?
—Nosotros.
—¿Y el ministerio encargado de protegernos?
—Nosotros.
—¿Y las campañas que nos explican por qué debemos obedecer?
—Nosotros.
La rata guarda silencio durante unos segundos.
Después formula la pregunta definitiva:
—¿Y PARA QUÉ COJONES QUEREMOS UNA JAULA QUE PAGAMOS NOSOTROS, CUYOS ADMINISTRADORES VIVEN DE NOSOTROS Y EN LA QUE, ADEMÁS, NOS CASTIGAMOS MUTUAMENTE POR INTENTAR SER LIBRES?
Entonces comienza la paliza.
Porque, aunque la ducha lleve años desconectada, algunas costumbres son difíciles de abandonar.
Y aquí tenemos la imagen de nuestra España.
Más de 2,3 billones de euros en pasivos públicos.
Carreteras necesitadas de conservación.
Hospitales con largas listas de espera.
Juzgados desbordados.
Centros escolares cuyos resultados deben mejorar.
Montes que vuelven a arder.
Poblaciones arrasadas por las riadas.
Ceuta y Melilla sometidas a graves problemas fronterizos.
Infraestructuras ferroviarias cuya seguridad exige supervisión constante.
Y, ayer mismo, otra tragedia que ha llenado de dolor a decenas de familias.
Mientras tanto, los gobiernos continúan anunciando programas.
Las administraciones distribuyen subvenciones.
Los políticos compiten en declaraciones de sensibilidad.
Los medios convierten las desgracias en espectáculos.
Y los contribuyentes seguimos pagando.
Pagando los servicios que necesitamos.
Pagando los organismos que los administran.
Pagando los errores que no se corrigen.
Pagando los intereses de nuestras obligaciones financieras.
Pagando las campañas que nos explican la extraordinaria generosidad de quienes gastan nuestro dinero.
Y pagando, por supuesto, el mantenimiento de la propia jaula.
No necesitamos que nuestros gobernantes demuestren públicamente cuánto aman a la humanidad.
Necesitamos que cumplan sus obligaciones hacia el prójimo, hacia las personas concretas cuyas vidas dependen de sus decisiones.
No necesitamos nuevos concursos de condolencias.
Necesitamos prevención, asistencia eficaz, reparación y justicia.
No necesitamos ministros que lloren ante las cámaras.
Necesitamos ministros que respondan de sus decisiones.
No necesitamos organizaciones que se proclamen indispensables.
Necesitamos examinar qué resultados obtienen con los recursos que reciben.
No necesitamos partidos que prometan regeneración mientras conservan los privilegios que denunciaban.
Necesitamos programas serios y rendición de cuentas.
Y, sobre todo, no necesitamos ciudadanos que confundan el pensamiento independiente con una traición a sus respectivos partidos.
Porque ninguna sociedad será verdaderamente libre mientras sus habitantes consideren una obligación defender a quienes mandan, incluso cuando sus decisiones perjudican a los propios ciudadanos.
La libertad no consiste en elegir cada cierto tiempo al encargado de accionar la ducha.
Consiste en impedir que alguien pueda utilizarla arbitrariamente.
Y el buen gobierno no consiste en anunciar cuánto queso se repartirá mañana.
Consiste en administrar correctamente los recursos, proteger los derechos, cumplir las leyes y responder por los resultados.
De modo que, queridos compatriotas, la próxima vez que alguien les asegure que no deben cuestionar una decisión pública, hagan algo verdaderamente peligroso.
Pregunten por qué.
Cuando les anuncien una ayuda, pregunten quién la financia.
Cuando les prometan una reforma, exijan plazos.
Cuando les presenten una tragedia convertida en espectáculo televisivo, recuerden que las lágrimas no sustituyen a las responsabilidades.
Cuando un gobernante anuncie una nueva campaña humanitaria, pregunten por sus competencias, prioridades y resultados.
Y cuando alguien les prometa salvarlos de todos los males, comprueben primero que no pretenda encerrarlos en otra jaula.
Porque el gran problema de España no consiste únicamente en las decisiones de quienes gobiernan.
También reside en nuestra extraordinaria facilidad para acostumbrarnos a los abusos, disculparlos cuando nos conviene y perseguir a quienes se atreven a denunciarlos.
¡MARDITOS ROEDORES!
¡LLEVAMOS OCHO AÑOS CONTEMPLANDO DESASTRES, PAGANDO FACTURAS, ESCUCHANDO PROMESAS, SOPORTANDO CEREMONIAS DE SENTIMENTALISMO TÓXICO Y APLAUDIENDO A QUIENES NOS EXPLICAN QUE TODO SE HACE POR NUESTRO BIEN!
¡Y ENCIMA PAGAMOS NOSOTROS LOS BARROTES, LA DUCHA, EL QUESO, LOS SUELDOS DE LOS VIGILANTES Y LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS QUE NOS INVITAN A SENTIRNOS FELICES DENTRO DE LA JAULA!
¡Qué admirable negocio!
¡Qué extraordinaria domesticación!
¡Y cuánto nos cuesta aprender a ser libres!
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Fuentes documentales de las cifras y acontecimientos citados
- INE y Banco de España: pasivos financieros de las administraciones públicas, segundo trimestre de 2026.
- EFE: accidente ferroviario de Urda, 28 de octubre de 2026.
- Renfe: comunicado oficial sobre el accidente entre Los Yébenes y Urda.
- Consejo de Ministros, 27 de octubre de 2026: situación de Ceuta.
- Asociación Española de la Carretera: informe de conservación de 2025.
- OCDE: PISA 2025, comunicado de septiembre de 2026.
- INE: nulidades, separaciones, divorcios y custodias, 2025.
